Prompt
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|---|---|
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 30979-1997-0-1801-JR-CI-03
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SUAREZ BURGOS, DAVID
ESPECIALISTA : SANCHEZ BARAZORDA PAOLA VICTORIA
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DE MARCONA,
DRA. SANCHEZ GIRAO, MONICA
DEMANDANTE : CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.,
Resolución Nro. TREINTA Y SIETE
Lima, 14 de noviembre de 2019
Al escrito que antecede; estando a lo
solicitado por la demandada: Téngase presente; Y ATENDIENDO: PRIMERO:
Que, mediante escrito de fojas 199 a 200, el demandante varia su domicilio
procesal a la casilla 853 del Colegio de Abogados, posteriormente mediante
resolución trece, de fecha 04 de julio de 1996, se dispone cumplir con lo
ejecutoriado, para lo cual el actor presento diversos escritos impulsando el
proceso hasta que se emite la resolución de fecha 14 de junio de 1999 (fojas
300), donde se dispone remitir los autos al archivo central, por encontrarse
paralizado por más de cuatro meses, resolución que ha sido notificada al actor
correctamente en su casilla N° 853, conforme es de verse de fojas 301;
SEGUNDO: Que, la parte demandante presenta su escrito de
desarchivamiento el 24 de setiembre de 2014. Al respecto la parte demandada
solicita la prescripción argumentando que han transcurrido más de diez años
desde que la sentencia quedo firme, y se solicito el desarchivamiento, debiendo
aplicarse el numeral 1 del articulo 2001° del Código Civil, resaltando que el
hecho que recientemente el demandante haya hecho uso de los actos
procesales no interrumpe el plazo de prescripción, dado que a la fecha de
presentado el escrito de desarchivamiento ya había transcurrido más de 18
años, debiendo declararse la prescripción de la ejecución de la sentencia;
TERCERO: Que, por su parte, el demandante no presenta observaciones. En
ese sentido, el articulo 2001° del Código Civil señala lo siguiente: “Prescriben,
salvo disposición diversa de la ley: 1.- A los diez años, la acción personal, la
acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.”;
CUARTO: En el caso concreto, se advierte que los autos se remitieron al
archivo general en el año 1999, por la inacción del demandante, y
posteriormente en el año 2014 se solicita el desarchivameinto, es decir, han
transcurrido más de 14 años de la inactividad de la ejecución, por tanto, se
configura el supuesto citado en el considerando precedente, siendo ello así, en
aplicación del articulo 2001° del Código Civil; SE RESUELVE: DECLARAR
FUNDADA la solicitud de prescripción de la ejecución de sentencia,
ARCHIVANDOSE DEFINITIVAMENTE LOS AUTOS Y DEVOLVIENDOSE
LOS ANEXOS.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00027-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : JUAREZ IMAN, SILVESTRE
Resolución N°VEINTITRÉS (23)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 15 de fecha 27 de febrero
de 2002, a folio 118 al 120, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por SILVESTRE
JUAREZ IMAN contra ARCOPA SA; en consecuencia, LLÉVESE
adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar
la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO SOLES CON 44 /100 SOLES, más
los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00027-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : JUAREZ IMAN, SILVESTRE
Resolución N°VEINTITRÉS (23)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 15 de fecha 27 de febrero
de 2002, a folio 118 al 120, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por SILVESTRE
JUAREZ IMAN contra ARCOPA SA; en consecuencia, LLÉVESE
adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar
la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO SOLES CON 44 /100 SOLES, más
los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00104-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMAD. Y CONGEL. DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 13/100 SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas
del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMD. Y CONGEL. DEL PACIFICO S.A. para que,
cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada
en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior
NOTIFÍQUESE. . Conforme a ley.--------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00104-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMAD. Y CONGEL. DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 13/100 SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas
del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMD. Y CONGEL. DEL PACIFICO S.A. para que,
cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada
en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior
NOTIFÍQUESE. . Conforme a ley.--------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley -------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley -------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley -------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00250-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR BIEN MUEBLE
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 58/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de diciembre de 2001 (27-29), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00347-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 11, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra AGROPESCA SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 90/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 29 de octubre y 19 de diciembre de 2001 (13-15), por lo que,
a la fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00347-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 11, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra AGROPESCA SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 90/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 29 de octubre y 19 de diciembre de 2001 (13-15), por lo que,
a la fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00685-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, Doce de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS SENTENCIA, de fecha 01 de
febrero del 2002, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP INTEGRA contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,cumpla con pagar la
suma de TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 13/100
SOLES (S/30,397.13), por concepto de aportes previsionales impagos, más el
pago de los intereses moratorios, costos y costas del proceso (folios 25).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 04 de febrero del 2002 (folios 26), y 11 de abril del 2002
(folios 27) por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS SENTENCIA,
de fecha 01 de febrero del 2002.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00067-2002-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORESY CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Diecinueve de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 02 de fecha 30 de enero
de 2003, a folio 19 a 20, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP
PROFUTURO contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA
ARCOPA; en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que
la ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE SOLES CON 53/100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, sin costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 18 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 19, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00096-2002-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HOPRIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
abril de 2002, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES, más los
intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 22 de mayo y 26 de abril de 2002 (26-27), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de abril del 2002.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00096-2002-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HOPRIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
abril de 2002, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES, más los
intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 22 de mayo y 26 de abril de 2002 (26-27), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de abril del 2002.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 20/06/2017 16:27:10
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00218-2002-0-2501-JR-LA-07
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: GIANINA OLGA
PAREDES ORBEGOZO JUEZ : JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 20/06/2017 16:30:18
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
ESPECIALISTA : GIANINA OLGA PAREDES ORBEGOZO
FIRMA DIGITAL
TERCERO : BANCO DE CREDITO DEL PERU,
DEMANDADO : FABRICA DE PROTEINAS DEL PACIFICO SA,
PESQUERA HAYDUK SA,
DEMANDANTE : CHUQUI CRUZ, CLEMENTE LUIS
Resolución Nro.: SETENTA Y SEIS
Chimbote, Doce de Junio
Del año Dos Mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito
que antecede presentado por el demandante, y estando los autos pendientes de
resolver, pasen a Despacho; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito de
fecha veintitrés de mayo del año en curso, la Empresa Pesquera Hayduk S.A. formula
oposición indicando que su representada solo interviene como tercera y sobre lo que
puede capitalizar el bien que ha sido grabado con el principio persecutorio y no sobre
las cuentas de ésta; resultando excesivo conceder una medida cautelar sobre sus
bienes, entre otros argumentos que expone; SEGUNDO: Que, mediante resolución
cincuenta de fojas 357, se confirma el auto emitido mediante resolución número
cuarenta y seis, que declara fundada la solicitud de aplicación del carácter
persecutorio sobre el inmueble que fuera de la demandada y adquirido por Pesquera
Hayduk S.A.; y se le requiere que pague la suma de S/. 28,079.95 por concepto de
capital, intereses y costos procesales; asimismo, mediante resolución número
cincuenta y seis, se remite el expediente a la Oficina de Pericias a fin de que actualice
los intereses legales hasta la fecha de pago, notificándose a Pesquera Hayduk S.A.,
quien absuelve traslado observando el informe pericial con el argumento que el
expediente se debe remitir al archivo definitivo; TERCERO: Que, conforme a la
oposición presentada por Pesquera Hayduk S.A., cabe precisar que si bien no es la
demandada; sin embargo, mediante resolución cuarenta y seis, se ha declarado
procedente la aplicación del principio persecutorio, confirmada por el Superior
Jerárquico sobre el inmueble ubicado en la zona industrial del Distrito de Coishco
Viejo; la misma que fuera adjudicada por la empresa Pesquera Hayduk S.A.; por tanto,
si en el transcurso del proceso la demandada no ha acreditado bienes propios y dicho inmueble sigue siendo de propiedad de la empresa perseguida, resultaría innecesario
y dilatorio seguir requiriendo a la demandada; y basados en el principio del proceso
laboral reconocido en el artículo I del título preliminar de la Ley Procesal del Trabajo
N° 26636 que señala: “El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de
inmediación, concentración, celeridad y veracidad. (…) El proceso se realiza procurando
que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El Juez podrá reducir
su número sin afectar la obligatoriedad de los actos que aseguren el debido proceso. El
Juez dirige e impulsa el proceso para lograr una pronta y eficaz solución de las
controversias que conoce”; por éstas consideraciones la oposición en éste extremo
tendría que ser declarada infundada; CUARTO: De lo antes indicado en el segundo
considerando cabe resaltar que la empresa perseguida ha pagado los intereses legales
conforme a lo ordenado en auto, asimismo el pago que se le ordena a la empresa
pesquera Hayduk, es la actualización de los intereses legales, y en el caso de autos ya
se ha emitido un pronunciamiento jurisdiccional que ha quedado firme declarando
fundado el pedido de aplicación del principio persecutorio contra la empresa
Pesquera Hayduk S.A., por lo que, se debe tener en cuenta que a fin de evitar mayores
dilaciones en el presente proceso y no perjudicar a la parte demandante, pues
resultaría un exceso, volver a conceder lo que ya se ha solicitado; asimismo se debe
tener en cuenta el artículo Cuarto del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, el cual establece que no se puede dejar sin efecto resoluciones
judiciales con autoridad de Cosa Juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su
ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo responsabilidad política,
administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso, pues lo que persigue
es la seguridad jurídica y los efectos de la naturaleza de cosa juzgada; por lo
tanto resulta infundada la oposición presentada por la empresa perseguida. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE: Declarar INFUNDADA LA OPOSICIÓN formulada
por la empresa Pesquera Hayduk S.A. contra el embargo en forma de retención
contenido en la resolución número SETENTA; en consecuencia, PROSÍGASE
conforme al estado del proceso; Firme que sea ésta resolución. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 10128-2002-0-1801-JR-CI-11
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : GASPAR PACHECO SARA SONIA
ESPECIALISTA : MORENO AYALA ROSA MARIBEL
POR DEFINIR : GARCIA PIEROLA, LUZ MARIA 000 PERITO JUDICIAL
DEMANDADO : CHUNGA MARTINEZ, BAKHO BRISKAN
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
RELATIVO A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : SAUCEDO ROMERO VDA DE ALCANTARA, ZOILA
ROSA
Resolución Nro. OCHENTA Y DOS
Lima, veintinueve de NOVIEMBRE
Del año dos mil diecinueve.-
TRAÍDO los autos en mérito a lo dispuesto por resolución
número treinta y ocho de 24 de Julio del 2019, ATENDIENDO:
PRIMERO.- Es de verse que por sentencia de vista contenida en la resolución número
011-11 de fecha 02 de Julio del 2010, se resolvió REVOCAR la sentencia contenida en
la resolución número cuarenta de fecha 14 de Mayo del 2009, que declaro infundada la
demanda interpuesta por la actora Zoila Rosa Saucedo Romero Viuda de Alcántara
contra la Marina de Guerra del Perú y Bakho Briskan Chunga Martínez sobre
indemnización por daños y perjuicios; REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte
la demanda y, en consecuencia, ORDENARON que los codemandados Marina de
Guerra del Perú y don Bakho Briskan Chunga Martínez abonen solidariamente a
favor de la demandante, por concepto de daños y perjuicios, la suma ascendente a S/
200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles), más los intereses respectivos desde la
desde la fecha en que se produjo el hecho generador del daño (16.10.2001); asimismo,
condenaron al codemandado Bakho Briskan Chunga Martínez al pago de costas y
costos procesales; habiendo quedado ejecutoriada la sentencia de vista , en tanto el
recurso de casación interpuesto contra la misma fuera rechazado por el Tribunal
Supremo conforme se tiene de la resolución obrante a folios 684 a 689.
SEGUNDO.- También se tiene que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
vista, por escrito de fecha 28 de Marzo del 2012, la codemandada Marina de Guerra del
Perú presentó el Certificado de Deposito Judicial N° 20120053000451 de fecha 23 de
Marzo del 2012, por el cual consignó la suma de S/ 200,000.00 a favor de la
demandante, a quien se le hizo entrega del mismo con fecha 28.06.2012, tal como
consta del cargo obrante a folios 802.
TERCERO.- Se tiene igualmente que la parte actora mediante escrito de folios 730
presentó su propuesta de liquidación de intereses la cual fuere puesto en conocimiento
de la demandada quién por escrito de folios 750 formula observación, frente a lo
cual tal como se tiene de la resolución número sesenta y cuatro de fecha 19 de Mayo
del 2014, se declaro fundadas las observaciones formuladas por la parte demandada en
su escrito de fecha 27.01.2012, a la liquidación de intereses legales presentado por la
parte actora a través de su escrito de fecha 19.12.2011 obrante a folios 730 y, en
consecuencia, se designó en forma aleatoria a un perito especializada en contabilidad
para que lleve a cabo el cálculo de la liquidación de intereses legales, siendo que del
tenor de la citada resolución no se fijó o delimitó los alcances o los parámetros que
pudieran guiar al perito para la realización de la pericia ordenada. CUARTO.- Que por escrito de fecha 16 de Abril del 2018, la perito Judicial Luz
María García Piérola presenta su Informe Pericial, por el cual concluye que la
liquidación de intereses legales ordenados a pagar por el periodo comprendido del
16.10.2001 al 08.04.2018 asciende a la suma de S/ 113,196.10.
QUINTO.- Que por escrito de fecha 08 de Agosto del 2018, la codemandada Marina de
Guerra del Perú absuelve el traslado de la liquidación de intereses legales, observando la
misma, pues indica que la liquidación no habría sido practicada conforme a las normas
legales, toda vez que al tomar el peritaje como factor acumulados, factor especifico,
estas no habrían sido practicas conforme a las tasas en el tiempo que regula la SBS y el
Banco Central de Reserva del Perú; por lo que la liquidación se encontraría errada al
utilizar la tasa de interés legal efectiva (factor capitalizable). Asimismo, por escrito de
fecha 10 de Agosto del 2018, la citada codemandada amplía su observación a la
liquidación de intereses legales bajo los mismos fundamentos que su escrito de
observación, señalando que al haberse utilizado el factor de intereses capitalizable se
había creado una distorsión y una inconsistencia al momento de realizar la liquidación
la liquidación de intereses legales, dando un monto que difiere con la realidad, además
adjunta la liquidación de intereses legales efectuados por su persona en la suma de S/
89,668.00.
SEXTO.- Que por escrito de fecha 03 de Enero del 2019, la perito judicial absuelve el
traslado de la observación y su ampliación, ratificando su Informe Pericial Contable
presentado con fecha 16.04.2018, por el cual liquida los intereses legales en la suma de
S/ 113,196.10.
SEPTIMO: Se debe indicar que la obligación de dar intereses, constituye “la
obligación accesoria consistente en dar una cantidad de cosas fungibles, que es rendida
por una obligación de capital, y que se mide en proporción al importe o valor del
capital, y al tiempo de indisponibilidad de dicho capital para el acreedor 1“ por ello para
que se puede hablar del pago de intereses debe existir una obligación principal, siendo
que la transmisión de ésta también importa la transmisión de deuda de intereses. Es por
ello, que la misma no es posible desligársela de la obligación que la origina, por ello,
también los alcances para liquidar lo que constituye su obligación accesoria.
OCTAVO: Es así que, la pretensión que fuere incoada por indemnización por daños y
perjuicios por Responsabilidad extracontractual, tal como se tiene de los alcances de
la sentencia de vista ( fundamento 4.5) siendo que se ha fijado que la indemnización
de daños corren desde el momento en que la víctima sufre efectivamente el perjuicio,
pues lo que se busca reparar íntegramente son los daños ocasionados por el actuar
ilícito .
Es por lo que en el proceso, para determinar los intereses legales devengados respecto
del monto indemniza torio fijado, se tiene que aplicar las disposiciones del Código
Civil , siendo que para éste caso lo que se regula el pago de interés compensatorio y
moratorio, el legal, convencional y el comercial, indicar igualmente que se fija
determinadas limitaciones para el citado concepto.
NOVENO: Si tenemos en cuenta la obligación que hemos indicado, en la misma
consideramos no se puede referir o determinar que se de una mora en la misma, sino
más bien se tiene una de naturaleza sancionadora, considerando que ella se paga desde
que se produjo el daño; otro aspecto que se debe tener en cuenta es que se prohíbe la
capitalización de los intereses, siendo ello permisible solo en obligaciones que se
traten de cuentas mercantiles, Bancarias según se tiene del artículo 1249 del Código
Civil.
1 Felipe Osrerling Parodi y Mario Castillo Freyre” contacto en www.castillofreyre.com Es por ello que la determinación de los intereses legales devengados por la
indemnización de daños y perjuicios extracontractuales, debe efectuarse con exclusión
de cualquier mecanismo que importe su capitalización, por cuanto ello implica una
acumulación de intereses al capital, para que produzca nuevos intereses, o sea que haya
interés de intereses, que constituye el anatocismo. Es por ello que se viene a considerar
que este no es posible realizarse con un interés efectivo.
DECIMO: Es por lo que si tenemos en cuenta que corresponde el derecho al pago de
interés del monto que se fija por indemnización , es necesario precisar que se debe
aplicar un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir nuevos
intereses.
También señalar, que en relación a la aplicación de criterios para la liquidación el
interés legal aplicable non es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil,
lo que se sostiene a nivel previsional y laboral, así como en las relaciones contractuales
salvo las situaciones ya anotadas, por ello, se ha de tener en cuenta que los intereses
legales deberán ser calculados desde la fecha en que produjo el daño (16.10.2001).
Otro tema que debe ser considerado, en atención de lo regulado para el inicio del pago
de intereses, hasta cuando se debe calcular, pues como se ha detallado en líneas
precedentes la citada sentencia de vista ordenó que los demandados paguen a favor de
la demandante por concepto de daños y perjuicios la suma de S/ 200,000.00, monto que
fuera consignado en el Banco de la Nación a favor de la demandante con fecha
23.03.2012, y entregada a la actora el junio del 2012, siendo esta la oportunidad la
que se ha de tener en cuenta para el término del calculo de intereses.
DECIMO PRIMERO .- Bajo tales alcances, y verificándose del Informe Pericial y de
la ratificación efectuada que, para el cálculo de los intereses legales la perito judicial ha
utilizado la tasa de interés legal efectiva y no así la tasa de interés nominal o simple, la
observación formulada por la codemandada Marina de Guerra del Perú debe ser
amparada; del mismo modo, es de verse que si bien la perito tuvo en cuenta desde
cuando debe calcularse los intereses no ha considerado que los mismos debían
calcularse hasta la fecha en que dio cumplimiento a la obligación PRINCIPAL, por lo
que se deberá tener en cuenta ello al momento de efectuar una nueva liquidación.
Por las consideraciones expuestas y en aplicación de los dispositivos legales invocados,
se resuelve: Declarar FUNDADA la observación formulada por la codemandada Marina
de Guerra del Perú al Informe Pericial presentado por la perito Judicial Luz María
García Piérola con fecha 16 de Abril del 2018; en consecuencia, CUMPLA la citada
perito en emitir nuevo informe tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas.-
. NOTIFÍQUESE. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 10128-2002-0-1801-JR-CI-11
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : GASPAR PACHECO SARA SONIA
ESPECIALISTA : MORENO AYALA ROSA MARIBEL
POR DEFINIR : GARCIA PIEROLA, LUZ MARIA 000 PERITO JUDICIAL
DEMANDADO : CHUNGA MARTINEZ, BAKHO BRISKAN
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
RELATIVO A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : SAUCEDO ROMERO VDA DE ALCANTARA, ZOILA
ROSA
Resolución Nro. OCHENTA Y DOS
Lima, veintinueve de NOVIEMBRE
Del año dos mil diecinueve.-
TRAÍDO los autos en mérito a lo dispuesto por resolución
número treinta y ocho de 24 de Julio del 2019, ATENDIENDO:
PRIMERO.- Es de verse que por sentencia de vista contenida en la resolución número
011-11 de fecha 02 de Julio del 2010, se resolvió REVOCAR la sentencia contenida en
la resolución número cuarenta de fecha 14 de Mayo del 2009, que declaro infundada la
demanda interpuesta por la actora Zoila Rosa Saucedo Romero Viuda de Alcántara
contra la Marina de Guerra del Perú y Bakho Briskan Chunga Martínez sobre
indemnización por daños y perjuicios; REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte
la demanda y, en consecuencia, ORDENARON que los codemandados Marina de
Guerra del Perú y don Bakho Briskan Chunga Martínez abonen solidariamente a
favor de la demandante, por concepto de daños y perjuicios, la suma ascendente a S/
200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles), más los intereses respectivos desde la
desde la fecha en que se produjo el hecho generador del daño (16.10.2001); asimismo,
condenaron al codemandado Bakho Briskan Chunga Martínez al pago de costas y
costos procesales; habiendo quedado ejecutoriada la sentencia de vista , en tanto el
recurso de casación interpuesto contra la misma fuera rechazado por el Tribunal
Supremo conforme se tiene de la resolución obrante a folios 684 a 689.
SEGUNDO.- También se tiene que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
vista, por escrito de fecha 28 de Marzo del 2012, la codemandada Marina de Guerra del
Perú presentó el Certificado de Deposito Judicial N° 20120053000451 de fecha 23 de
Marzo del 2012, por el cual consignó la suma de S/ 200,000.00 a favor de la
demandante, a quien se le hizo entrega del mismo con fecha 28.06.2012, tal como
consta del cargo obrante a folios 802.
TERCERO.- Se tiene igualmente que la parte actora mediante escrito de folios 730
presentó su propuesta de liquidación de intereses la cual fuere puesto en conocimiento
de la demandada quién por escrito de folios 750 formula observación, frente a lo
cual tal como se tiene de la resolución número sesenta y cuatro de fecha 19 de Mayo
del 2014, se declaro fundadas las observaciones formuladas por la parte demandada en
su escrito de fecha 27.01.2012, a la liquidación de intereses legales presentado por la
parte actora a través de su escrito de fecha 19.12.2011 obrante a folios 730 y, en
consecuencia, se designó en forma aleatoria a un perito especializada en contabilidad
para que lleve a cabo el cálculo de la liquidación de intereses legales, siendo que del
tenor de la citada resolución no se fijó o delimitó los alcances o los parámetros que
pudieran guiar al perito para la realización de la pericia ordenada. CUARTO.- Que por escrito de fecha 16 de Abril del 2018, la perito Judicial Luz
María García Piérola presenta su Informe Pericial, por el cual concluye que la
liquidación de intereses legales ordenados a pagar por el periodo comprendido del
16.10.2001 al 08.04.2018 asciende a la suma de S/ 113,196.10.
QUINTO.- Que por escrito de fecha 08 de Agosto del 2018, la codemandada Marina de
Guerra del Perú absuelve el traslado de la liquidación de intereses legales, observando la
misma, pues indica que la liquidación no habría sido practicada conforme a las normas
legales, toda vez que al tomar el peritaje como factor acumulados, factor especifico,
estas no habrían sido practicas conforme a las tasas en el tiempo que regula la SBS y el
Banco Central de Reserva del Perú; por lo que la liquidación se encontraría errada al
utilizar la tasa de interés legal efectiva (factor capitalizable). Asimismo, por escrito de
fecha 10 de Agosto del 2018, la citada codemandada amplía su observación a la
liquidación de intereses legales bajo los mismos fundamentos que su escrito de
observación, señalando que al haberse utilizado el factor de intereses capitalizable se
había creado una distorsión y una inconsistencia al momento de realizar la liquidación
la liquidación de intereses legales, dando un monto que difiere con la realidad, además
adjunta la liquidación de intereses legales efectuados por su persona en la suma de S/
89,668.00.
SEXTO.- Que por escrito de fecha 03 de Enero del 2019, la perito judicial absuelve el
traslado de la observación y su ampliación, ratificando su Informe Pericial Contable
presentado con fecha 16.04.2018, por el cual liquida los intereses legales en la suma de
S/ 113,196.10.
SEPTIMO: Se debe indicar que la obligación de dar intereses, constituye “la
obligación accesoria consistente en dar una cantidad de cosas fungibles, que es rendida
por una obligación de capital, y que se mide en proporción al importe o valor del
capital, y al tiempo de indisponibilidad de dicho capital para el acreedor 1“ por ello para
que se puede hablar del pago de intereses debe existir una obligación principal, siendo
que la transmisión de ésta también importa la transmisión de deuda de intereses. Es por
ello, que la misma no es posible desligársela de la obligación que la origina, por ello,
también los alcances para liquidar lo que constituye su obligación accesoria.
OCTAVO: Es así que, la pretensión que fuere incoada por indemnización por daños y
perjuicios por Responsabilidad extracontractual, tal como se tiene de los alcances de
la sentencia de vista ( fundamento 4.5) siendo que se ha fijado que la indemnización
de daños corren desde el momento en que la víctima sufre efectivamente el perjuicio,
pues lo que se busca reparar íntegramente son los daños ocasionados por el actuar
ilícito .
Es por lo que en el proceso, para determinar los intereses legales devengados respecto
del monto indemniza torio fijado, se tiene que aplicar las disposiciones del Código
Civil , siendo que para éste caso lo que se regula el pago de interés compensatorio y
moratorio, el legal, convencional y el comercial, indicar igualmente que se fija
determinadas limitaciones para el citado concepto.
NOVENO: Si tenemos en cuenta la obligación que hemos indicado, en la misma
consideramos no se puede referir o determinar que se de una mora en la misma, sino
más bien se tiene una de naturaleza sancionadora, considerando que ella se paga desde
que se produjo el daño; otro aspecto que se debe tener en cuenta es que se prohíbe la
capitalización de los intereses, siendo ello permisible solo en obligaciones que se
traten de cuentas mercantiles, Bancarias según se tiene del artículo 1249 del Código
Civil.
1 Felipe Osrerling Parodi y Mario Castillo Freyre” contacto en www.castillofreyre.com Es por ello que la determinación de los intereses legales devengados por la
indemnización de daños y perjuicios extracontractuales, debe efectuarse con exclusión
de cualquier mecanismo que importe su capitalización, por cuanto ello implica una
acumulación de intereses al capital, para que produzca nuevos intereses, o sea que haya
interés de intereses, que constituye el anatocismo. Es por ello que se viene a considerar
que este no es posible realizarse con un interés efectivo.
DECIMO: Es por lo que si tenemos en cuenta que corresponde el derecho al pago de
interés del monto que se fija por indemnización , es necesario precisar que se debe
aplicar un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir nuevos
intereses.
También señalar, que en relación a la aplicación de criterios para la liquidación el
interés legal aplicable non es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil,
lo que se sostiene a nivel previsional y laboral, así como en las relaciones contractuales
salvo las situaciones ya anotadas, por ello, se ha de tener en cuenta que los intereses
legales deberán ser calculados desde la fecha en que produjo el daño (16.10.2001).
Otro tema que debe ser considerado, en atención de lo regulado para el inicio del pago
de intereses, hasta cuando se debe calcular, pues como se ha detallado en líneas
precedentes la citada sentencia de vista ordenó que los demandados paguen a favor de
la demandante por concepto de daños y perjuicios la suma de S/ 200,000.00, monto que
fuera consignado en el Banco de la Nación a favor de la demandante con fecha
23.03.2012, y entregada a la actora el junio del 2012, siendo esta la oportunidad la
que se ha de tener en cuenta para el término del calculo de intereses.
DECIMO PRIMERO .- Bajo tales alcances, y verificándose del Informe Pericial y de
la ratificación efectuada que, para el cálculo de los intereses legales la perito judicial ha
utilizado la tasa de interés legal efectiva y no así la tasa de interés nominal o simple, la
observación formulada por la codemandada Marina de Guerra del Perú debe ser
amparada; del mismo modo, es de verse que si bien la perito tuvo en cuenta desde
cuando debe calcularse los intereses no ha considerado que los mismos debían
calcularse hasta la fecha en que dio cumplimiento a la obligación PRINCIPAL, por lo
que se deberá tener en cuenta ello al momento de efectuar una nueva liquidación.
Por las consideraciones expuestas y en aplicación de los dispositivos legales invocados,
se resuelve: Declarar FUNDADA la observación formulada por la codemandada Marina
de Guerra del Perú al Informe Pericial presentado por la perito Judicial Luz María
García Piérola con fecha 16 de Abril del 2018; en consecuencia, CUMPLA la citada
perito en emitir nuevo informe tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas.-
. NOTIFÍQUESE. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 10128-2002-0-1801-JR-CI-11
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : GASPAR PACHECO SARA SONIA
ESPECIALISTA : MORENO AYALA ROSA MARIBEL
POR DEFINIR : GARCIA PIEROLA, LUZ MARIA 000 PERITO JUDICIAL
DEMANDADO : CHUNGA MARTINEZ, BAKHO BRISKAN
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
RELATIVO A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : SAUCEDO ROMERO VDA DE ALCANTARA, ZOILA
ROSA
Resolución Nro. OCHENTA Y DOS
Lima, veintinueve de NOVIEMBRE
Del año dos mil diecinueve.-
TRAÍDO los autos en mérito a lo dispuesto por resolución
número treinta y ocho de 24 de Julio del 2019, ATENDIENDO:
PRIMERO.- Es de verse que por sentencia de vista contenida en la resolución número
011-11 de fecha 02 de Julio del 2010, se resolvió REVOCAR la sentencia contenida en
la resolución número cuarenta de fecha 14 de Mayo del 2009, que declaro infundada la
demanda interpuesta por la actora Zoila Rosa Saucedo Romero Viuda de Alcántara
contra la Marina de Guerra del Perú y Bakho Briskan Chunga Martínez sobre
indemnización por daños y perjuicios; REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte
la demanda y, en consecuencia, ORDENARON que los codemandados Marina de
Guerra del Perú y don Bakho Briskan Chunga Martínez abonen solidariamente a
favor de la demandante, por concepto de daños y perjuicios, la suma ascendente a S/
200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles), más los intereses respectivos desde la
desde la fecha en que se produjo el hecho generador del daño (16.10.2001); asimismo,
condenaron al codemandado Bakho Briskan Chunga Martínez al pago de costas y
costos procesales; habiendo quedado ejecutoriada la sentencia de vista , en tanto el
recurso de casación interpuesto contra la misma fuera rechazado por el Tribunal
Supremo conforme se tiene de la resolución obrante a folios 684 a 689.
SEGUNDO.- También se tiene que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
vista, por escrito de fecha 28 de Marzo del 2012, la codemandada Marina de Guerra del
Perú presentó el Certificado de Deposito Judicial N° 20120053000451 de fecha 23 de
Marzo del 2012, por el cual consignó la suma de S/ 200,000.00 a favor de la
demandante, a quien se le hizo entrega del mismo con fecha 28.06.2012, tal como
consta del cargo obrante a folios 802.
TERCERO.- Se tiene igualmente que la parte actora mediante escrito de folios 730
presentó su propuesta de liquidación de intereses la cual fuere puesto en conocimiento
de la demandada quién por escrito de folios 750 formula observación, frente a lo
cual tal como se tiene de la resolución número sesenta y cuatro de fecha 19 de Mayo
del 2014, se declaro fundadas las observaciones formuladas por la parte demandada en
su escrito de fecha 27.01.2012, a la liquidación de intereses legales presentado por la
parte actora a través de su escrito de fecha 19.12.2011 obrante a folios 730 y, en
consecuencia, se designó en forma aleatoria a un perito especializada en contabilidad
para que lleve a cabo el cálculo de la liquidación de intereses legales, siendo que del
tenor de la citada resolución no se fijó o delimitó los alcances o los parámetros que
pudieran guiar al perito para la realización de la pericia ordenada. CUARTO.- Que por escrito de fecha 16 de Abril del 2018, la perito Judicial Luz
María García Piérola presenta su Informe Pericial, por el cual concluye que la
liquidación de intereses legales ordenados a pagar por el periodo comprendido del
16.10.2001 al 08.04.2018 asciende a la suma de S/ 113,196.10.
QUINTO.- Que por escrito de fecha 08 de Agosto del 2018, la codemandada Marina de
Guerra del Perú absuelve el traslado de la liquidación de intereses legales, observando la
misma, pues indica que la liquidación no habría sido practicada conforme a las normas
legales, toda vez que al tomar el peritaje como factor acumulados, factor especifico,
estas no habrían sido practicas conforme a las tasas en el tiempo que regula la SBS y el
Banco Central de Reserva del Perú; por lo que la liquidación se encontraría errada al
utilizar la tasa de interés legal efectiva (factor capitalizable). Asimismo, por escrito de
fecha 10 de Agosto del 2018, la citada codemandada amplía su observación a la
liquidación de intereses legales bajo los mismos fundamentos que su escrito de
observación, señalando que al haberse utilizado el factor de intereses capitalizable se
había creado una distorsión y una inconsistencia al momento de realizar la liquidación
la liquidación de intereses legales, dando un monto que difiere con la realidad, además
adjunta la liquidación de intereses legales efectuados por su persona en la suma de S/
89,668.00.
SEXTO.- Que por escrito de fecha 03 de Enero del 2019, la perito judicial absuelve el
traslado de la observación y su ampliación, ratificando su Informe Pericial Contable
presentado con fecha 16.04.2018, por el cual liquida los intereses legales en la suma de
S/ 113,196.10.
SEPTIMO: Se debe indicar que la obligación de dar intereses, constituye “la
obligación accesoria consistente en dar una cantidad de cosas fungibles, que es rendida
por una obligación de capital, y que se mide en proporción al importe o valor del
capital, y al tiempo de indisponibilidad de dicho capital para el acreedor 1“ por ello para
que se puede hablar del pago de intereses debe existir una obligación principal, siendo
que la transmisión de ésta también importa la transmisión de deuda de intereses. Es por
ello, que la misma no es posible desligársela de la obligación que la origina, por ello,
también los alcances para liquidar lo que constituye su obligación accesoria.
OCTAVO: Es así que, la pretensión que fuere incoada por indemnización por daños y
perjuicios por Responsabilidad extracontractual, tal como se tiene de los alcances de
la sentencia de vista ( fundamento 4.5) siendo que se ha fijado que la indemnización
de daños corren desde el momento en que la víctima sufre efectivamente el perjuicio,
pues lo que se busca reparar íntegramente son los daños ocasionados por el actuar
ilícito .
Es por lo que en el proceso, para determinar los intereses legales devengados respecto
del monto indemniza torio fijado, se tiene que aplicar las disposiciones del Código
Civil , siendo que para éste caso lo que se regula el pago de interés compensatorio y
moratorio, el legal, convencional y el comercial, indicar igualmente que se fija
determinadas limitaciones para el citado concepto.
NOVENO: Si tenemos en cuenta la obligación que hemos indicado, en la misma
consideramos no se puede referir o determinar que se de una mora en la misma, sino
más bien se tiene una de naturaleza sancionadora, considerando que ella se paga desde
que se produjo el daño; otro aspecto que se debe tener en cuenta es que se prohíbe la
capitalización de los intereses, siendo ello permisible solo en obligaciones que se
traten de cuentas mercantiles, Bancarias según se tiene del artículo 1249 del Código
Civil.
1 Felipe Osrerling Parodi y Mario Castillo Freyre” contacto en www.castillofreyre.com Es por ello que la determinación de los intereses legales devengados por la
indemnización de daños y perjuicios extracontractuales, debe efectuarse con exclusión
de cualquier mecanismo que importe su capitalización, por cuanto ello implica una
acumulación de intereses al capital, para que produzca nuevos intereses, o sea que haya
interés de intereses, que constituye el anatocismo. Es por ello que se viene a considerar
que este no es posible realizarse con un interés efectivo.
DECIMO: Es por lo que si tenemos en cuenta que corresponde el derecho al pago de
interés del monto que se fija por indemnización , es necesario precisar que se debe
aplicar un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir nuevos
intereses.
También señalar, que en relación a la aplicación de criterios para la liquidación el
interés legal aplicable non es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil,
lo que se sostiene a nivel previsional y laboral, así como en las relaciones contractuales
salvo las situaciones ya anotadas, por ello, se ha de tener en cuenta que los intereses
legales deberán ser calculados desde la fecha en que produjo el daño (16.10.2001).
Otro tema que debe ser considerado, en atención de lo regulado para el inicio del pago
de intereses, hasta cuando se debe calcular, pues como se ha detallado en líneas
precedentes la citada sentencia de vista ordenó que los demandados paguen a favor de
la demandante por concepto de daños y perjuicios la suma de S/ 200,000.00, monto que
fuera consignado en el Banco de la Nación a favor de la demandante con fecha
23.03.2012, y entregada a la actora el junio del 2012, siendo esta la oportunidad la
que se ha de tener en cuenta para el término del calculo de intereses.
DECIMO PRIMERO .- Bajo tales alcances, y verificándose del Informe Pericial y de
la ratificación efectuada que, para el cálculo de los intereses legales la perito judicial ha
utilizado la tasa de interés legal efectiva y no así la tasa de interés nominal o simple, la
observación formulada por la codemandada Marina de Guerra del Perú debe ser
amparada; del mismo modo, es de verse que si bien la perito tuvo en cuenta desde
cuando debe calcularse los intereses no ha considerado que los mismos debían
calcularse hasta la fecha en que dio cumplimiento a la obligación PRINCIPAL, por lo
que se deberá tener en cuenta ello al momento de efectuar una nueva liquidación.
Por las consideraciones expuestas y en aplicación de los dispositivos legales invocados,
se resuelve: Declarar FUNDADA la observación formulada por la codemandada Marina
de Guerra del Perú al Informe Pericial presentado por la perito Judicial Luz María
García Piérola con fecha 16 de Abril del 2018; en consecuencia, CUMPLA la citada
perito en emitir nuevo informe tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas.-
. NOTIFÍQUESE. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 10128-2002-0-1801-JR-CI-11
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : GASPAR PACHECO SARA SONIA
ESPECIALISTA : MORENO AYALA ROSA MARIBEL
POR DEFINIR : GARCIA PIEROLA, LUZ MARIA 000 PERITO JUDICIAL
DEMANDADO : CHUNGA MARTINEZ, BAKHO BRISKAN
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
RELATIVO A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : SAUCEDO ROMERO VDA DE ALCANTARA, ZOILA
ROSA
Resolución Nro. OCHENTA Y DOS
Lima, veintinueve de NOVIEMBRE
Del año dos mil diecinueve.-
TRAÍDO los autos en mérito a lo dispuesto por resolución
número treinta y ocho de 24 de Julio del 2019, ATENDIENDO:
PRIMERO.- Es de verse que por sentencia de vista contenida en la resolución número
011-11 de fecha 02 de Julio del 2010, se resolvió REVOCAR la sentencia contenida en
la resolución número cuarenta de fecha 14 de Mayo del 2009, que declaro infundada la
demanda interpuesta por la actora Zoila Rosa Saucedo Romero Viuda de Alcántara
contra la Marina de Guerra del Perú y Bakho Briskan Chunga Martínez sobre
indemnización por daños y perjuicios; REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte
la demanda y, en consecuencia, ORDENARON que los codemandados Marina de
Guerra del Perú y don Bakho Briskan Chunga Martínez abonen solidariamente a
favor de la demandante, por concepto de daños y perjuicios, la suma ascendente a S/
200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles), más los intereses respectivos desde la
desde la fecha en que se produjo el hecho generador del daño (16.10.2001); asimismo,
condenaron al codemandado Bakho Briskan Chunga Martínez al pago de costas y
costos procesales; habiendo quedado ejecutoriada la sentencia de vista , en tanto el
recurso de casación interpuesto contra la misma fuera rechazado por el Tribunal
Supremo conforme se tiene de la resolución obrante a folios 684 a 689.
SEGUNDO.- También se tiene que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
vista, por escrito de fecha 28 de Marzo del 2012, la codemandada Marina de Guerra del
Perú presentó el Certificado de Deposito Judicial N° 20120053000451 de fecha 23 de
Marzo del 2012, por el cual consignó la suma de S/ 200,000.00 a favor de la
demandante, a quien se le hizo entrega del mismo con fecha 28.06.2012, tal como
consta del cargo obrante a folios 802.
TERCERO.- Se tiene igualmente que la parte actora mediante escrito de folios 730
presentó su propuesta de liquidación de intereses la cual fuere puesto en conocimiento
de la demandada quién por escrito de folios 750 formula observación, frente a lo
cual tal como se tiene de la resolución número sesenta y cuatro de fecha 19 de Mayo
del 2014, se declaro fundadas las observaciones formuladas por la parte demandada en
su escrito de fecha 27.01.2012, a la liquidación de intereses legales presentado por la
parte actora a través de su escrito de fecha 19.12.2011 obrante a folios 730 y, en
consecuencia, se designó en forma aleatoria a un perito especializada en contabilidad
para que lleve a cabo el cálculo de la liquidación de intereses legales, siendo que del
tenor de la citada resolución no se fijó o delimitó los alcances o los parámetros que
pudieran guiar al perito para la realización de la pericia ordenada. CUARTO.- Que por escrito de fecha 16 de Abril del 2018, la perito Judicial Luz
María García Piérola presenta su Informe Pericial, por el cual concluye que la
liquidación de intereses legales ordenados a pagar por el periodo comprendido del
16.10.2001 al 08.04.2018 asciende a la suma de S/ 113,196.10.
QUINTO.- Que por escrito de fecha 08 de Agosto del 2018, la codemandada Marina de
Guerra del Perú absuelve el traslado de la liquidación de intereses legales, observando la
misma, pues indica que la liquidación no habría sido practicada conforme a las normas
legales, toda vez que al tomar el peritaje como factor acumulados, factor especifico,
estas no habrían sido practicas conforme a las tasas en el tiempo que regula la SBS y el
Banco Central de Reserva del Perú; por lo que la liquidación se encontraría errada al
utilizar la tasa de interés legal efectiva (factor capitalizable). Asimismo, por escrito de
fecha 10 de Agosto del 2018, la citada codemandada amplía su observación a la
liquidación de intereses legales bajo los mismos fundamentos que su escrito de
observación, señalando que al haberse utilizado el factor de intereses capitalizable se
había creado una distorsión y una inconsistencia al momento de realizar la liquidación
la liquidación de intereses legales, dando un monto que difiere con la realidad, además
adjunta la liquidación de intereses legales efectuados por su persona en la suma de S/
89,668.00.
SEXTO.- Que por escrito de fecha 03 de Enero del 2019, la perito judicial absuelve el
traslado de la observación y su ampliación, ratificando su Informe Pericial Contable
presentado con fecha 16.04.2018, por el cual liquida los intereses legales en la suma de
S/ 113,196.10.
SEPTIMO: Se debe indicar que la obligación de dar intereses, constituye “la
obligación accesoria consistente en dar una cantidad de cosas fungibles, que es rendida
por una obligación de capital, y que se mide en proporción al importe o valor del
capital, y al tiempo de indisponibilidad de dicho capital para el acreedor 1“ por ello para
que se puede hablar del pago de intereses debe existir una obligación principal, siendo
que la transmisión de ésta también importa la transmisión de deuda de intereses. Es por
ello, que la misma no es posible desligársela de la obligación que la origina, por ello,
también los alcances para liquidar lo que constituye su obligación accesoria.
OCTAVO: Es así que, la pretensión que fuere incoada por indemnización por daños y
perjuicios por Responsabilidad extracontractual, tal como se tiene de los alcances de
la sentencia de vista ( fundamento 4.5) siendo que se ha fijado que la indemnización
de daños corren desde el momento en que la víctima sufre efectivamente el perjuicio,
pues lo que se busca reparar íntegramente son los daños ocasionados por el actuar
ilícito .
Es por lo que en el proceso, para determinar los intereses legales devengados respecto
del monto indemniza torio fijado, se tiene que aplicar las disposiciones del Código
Civil , siendo que para éste caso lo que se regula el pago de interés compensatorio y
moratorio, el legal, convencional y el comercial, indicar igualmente que se fija
determinadas limitaciones para el citado concepto.
NOVENO: Si tenemos en cuenta la obligación que hemos indicado, en la misma
consideramos no se puede referir o determinar que se de una mora en la misma, sino
más bien se tiene una de naturaleza sancionadora, considerando que ella se paga desde
que se produjo el daño; otro aspecto que se debe tener en cuenta es que se prohíbe la
capitalización de los intereses, siendo ello permisible solo en obligaciones que se
traten de cuentas mercantiles, Bancarias según se tiene del artículo 1249 del Código
Civil.
1 Felipe Osrerling Parodi y Mario Castillo Freyre” contacto en www.castillofreyre.com Es por ello que la determinación de los intereses legales devengados por la
indemnización de daños y perjuicios extracontractuales, debe efectuarse con exclusión
de cualquier mecanismo que importe su capitalización, por cuanto ello implica una
acumulación de intereses al capital, para que produzca nuevos intereses, o sea que haya
interés de intereses, que constituye el anatocismo. Es por ello que se viene a considerar
que este no es posible realizarse con un interés efectivo.
DECIMO: Es por lo que si tenemos en cuenta que corresponde el derecho al pago de
interés del monto que se fija por indemnización , es necesario precisar que se debe
aplicar un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir nuevos
intereses.
También señalar, que en relación a la aplicación de criterios para la liquidación el
interés legal aplicable non es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil,
lo que se sostiene a nivel previsional y laboral, así como en las relaciones contractuales
salvo las situaciones ya anotadas, por ello, se ha de tener en cuenta que los intereses
legales deberán ser calculados desde la fecha en que produjo el daño (16.10.2001).
Otro tema que debe ser considerado, en atención de lo regulado para el inicio del pago
de intereses, hasta cuando se debe calcular, pues como se ha detallado en líneas
precedentes la citada sentencia de vista ordenó que los demandados paguen a favor de
la demandante por concepto de daños y perjuicios la suma de S/ 200,000.00, monto que
fuera consignado en el Banco de la Nación a favor de la demandante con fecha
23.03.2012, y entregada a la actora el junio del 2012, siendo esta la oportunidad la
que se ha de tener en cuenta para el término del calculo de intereses.
DECIMO PRIMERO .- Bajo tales alcances, y verificándose del Informe Pericial y de
la ratificación efectuada que, para el cálculo de los intereses legales la perito judicial ha
utilizado la tasa de interés legal efectiva y no así la tasa de interés nominal o simple, la
observación formulada por la codemandada Marina de Guerra del Perú debe ser
amparada; del mismo modo, es de verse que si bien la perito tuvo en cuenta desde
cuando debe calcularse los intereses no ha considerado que los mismos debían
calcularse hasta la fecha en que dio cumplimiento a la obligación PRINCIPAL, por lo
que se deberá tener en cuenta ello al momento de efectuar una nueva liquidación.
Por las consideraciones expuestas y en aplicación de los dispositivos legales invocados,
se resuelve: Declarar FUNDADA la observación formulada por la codemandada Marina
de Guerra del Perú al Informe Pericial presentado por la perito Judicial Luz María
García Piérola con fecha 16 de Abril del 2018; en consecuencia, CUMPLA la citada
perito en emitir nuevo informe tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas.-
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EXPEDIENTE Nº : 00056-2003-0-2301-JR-LA-01
RELATOR : JOSE LUIS VILCA BECERRA
DEMANDANTE : MARIANO MAMANI MAMANI
DEMANDADO : ELECTROPERU S.A.
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTATAL
ELECTROSUR S.A.
MATERIA : PÁGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCION Nº : 110
Tacna, ocho de Junio
Del año dos mil veinte.-
VISTOS: En audiencia pública, el proceso laboral, seguido por Mariano
Mamani Mamani, con la Empresa Electroperú S.A. y la Empresa Eléctrica
Pública Estatal Electrosur S.A. sobre Pago de Beneficios Económicos. Con el
Informe Oral efectuado por el abogado Aldo Patricio Soto Delgado.
Interviniendo como ponente la señora Juez Superior Begazo De La Cruz.--------
Objeto del recurso:
Es materia de revisión:
a) La resolución número treinta y uno, emitida en Audiencia
Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco,
corriente de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y
siete, que resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE LA EXCLUSION
DEL PROCESO SOLICITADA POR LA EMPRESA ELECTROPERU
S.A.
b) La resolución número treinta y dos, emitida en Audiencia
Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco,
corriente de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y
siete, que resuelve: Declarar Infundada la Excepción de Falta de
Legitimidad para obrar de la demandada, deducida por la parte
demandada. c) La resolución número treinta y tres, emitida en Audiencia
Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco,
corriente de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y
siete, que resuelve: DECLARAR INFUNDADA la Excepción de
Prescripción deducida por la parte demandada, debiendo continuarse
con el trámite del proceso.
d) La sentencia emitida mediante resolución número noventa, del ocho de
junio del dos mil diecisiete, corriente de folios mil ciento cincuenta a mil
ciento cincuenta y seis, en el extremo que decide: Declaro INFUNDADA
la demanda interpuesta por MARIANO MAMANI MAMANI, en contra de
la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL PUBLICA ESTATAL
ELECTROSUR S.A. sobre COBRO DE BENEFICIOS SOCIALES a fin
que se le abone la suma total de 271,144.52 soles suma que incluye los
intereses legales, acorde a las liquidaciones reales practicadas. En
consecuencia: a) SE DISPONE el Archivo definitivo una vez quede
consentida la presente debiendo remitirse los autos al Archivo Central de
esta Corte. Decisión recurrida por la parte demandante.
CONSIDERANDO:
1.- De la apelación de las resoluciones número treinta y uno, treinta y dos
y treinta y tres.------------------------------------------------------------------------------------
1.1.- Conforme se advierte de los escritos que corren de folios seiscientos
cincuenta y tres a seiscientos cincuenta y siete, de folios seiscientos sesenta y
tres a seiscientos sesenta y seis y de folios seiscientos setenta y uno a
seiscientos setenta y cuatro, Electricidad del Perú-Electroperú S.A. interpone
recurso de apelación de las resoluciones número treinta y uno, treinta y dos y
treinta tres, que resuelven: Declarar Improcedente la Exclusión del proceso
solicitada por la Empresa Electroperú S.A., Infundada la Excepción de Falta de
Legitimidad para obrar de la demandada, deducida por la parte demandada e
Infundada la Excepción de Prescripción respectivamente, habiéndose
concedido apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.------------
1.2.- Posteriormente, mediante resolución número cuarenta y tres, de fecha
veintiuno de marzo del año dos mil seis, corriente a folios setecientos sesenta y
uno y setecientos sesenta y dos, se resolvió declarar Fundada la Exclusión del
proceso a la Empresa Electroperú S.A. resolución que fue declara cosa
juzgada, tal como se advierte de la resolución número sesenta y uno, de fecha
veintitrés de octubre del año dos mil ocho, obrante a folios novecientos quince.- 1.3.- Atendiendo a que, la Empresa Electroperú S.A, ha sido excluida del
proceso, no tiene sentido que, se absuelvan las apelaciones que formuló dicha
empresa respecto de las resoluciones número treinta y uno, treinta y dos y
treinta y tres, por haberse producido la sustracción de la materia, más aún si
tenemos en cuenta que, conforme al artículo 369 del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al caso de autos, la falta de apelación de la sentencia
o de la resolución señalada por el Juez, determina la ineficacia de la apelación
diferida.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.- En consecuencia, atendiendo a que, la Empresa Electroperú S.A. en su
calidad de litisconsorte ha sido excluido del proceso, no formando parte de la
relación jurídico procesal, las excepciones formuladas se han sustraído del
ámbito jurisdiccional, resultando innecesario emitir pronunciamiento respecto
de las apelaciones de las resoluciones número treinta y uno, treinta y dos y
treinta y tres.-----------------------------------------------------------------------------------------
2.- Fundamentos de la pretensión impugnatoria de la sentencia.---------------
Conforme se desprende del escrito que corre de folios mil ciento setenta y
nueve a mil ciento ochenta y uno, Mariano Mamani Mamani, interpone recurso
impugnatorio sosteniendo, en lo esencial, que: a) El Juez de la causa no ha
resuelto previamente su escrito de demanda y se le ha recortado su derecho de
defensa, del estudio minucioso de los actuados tenemos que el escrito aludido
presentado con peticiones concretas fue decretado mediante resolución
número noventa del catorce de junio del dos mil diecisiete y se evidencia de su
tenor que en efecto, se ha violado el debido proceso que tutela la carta magna
en sus incisos 5 artículo 139 al decir Improcedente, precisamente se trata de la
resolución número noventa, siendo esto así, la resolución impugnada no se ha
emitido en mérito a lo actuado y a derecho; b) No se ha compulsado
debidamente las pruebas aportadas por el accionante previsto en el artículo
188, 196, 233 y siguientes del Código apuntado, no se ha interpretado en su
verdadero alcance la norma que favorece al actor preceptuado en el artículo II
del Título Preliminar de la Ley 26636 Ley Procesal de Trabajo, siendo esto así,
la resolución impugnada no se ha emitido en mérito a lo actuado ni al derecho,
pues se ha infraccionado el debido proceso que tutela la jurisdicción efectiva,
incurriéndose en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del mismo
Código; c) El Juez de la causa y la demandada no quieren entender
correctamente que los trabajadores de la empresa Electroperú y filiales
regionales Electronorte S.A., Electrosur Este S.A., Electroriente S.A.,
Electrocentro, Electrolima S.A. Electrosurmedio S.A., Hidrandina S.A.,
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., Electrosur S.A. Electronoroeste S.A., Egesur S.A., afiliados a la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del
Perú, que los trabajadores de Electroperú y filiales afiliados a la Federación de
Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú, se han venido acogiendo durante años
el beneficio mayor que otras organizaciones del del sector eléctrico pacten por
usos, costumbres y derechos adquiridos en el sector eléctrico, prueba de ello
tienen los convenios colectivos: 88-89; 89-90 período alcance y vigencia de los
beneficios tercer párrafo concordante con el acta de reunión de trabajo
Electroperú del diecinueve de abril de mil novecientos noventa, convenio
colectivo 91-92 Electroperú cláusula de salvaguarda, previstos en el artículo
188, 196 y 233 y siguientes del Código prenombrado, amparado en el artículo
54 y 57 de la Carta Magna de 1979 y convenio internacional OIT, artículo 98 y
99 que no están supeditados a las órdenes de Conade (hoy Fonafe) que no
tiene caducidad ni prescripción alguna y de cumplimiento obligatorio, que
desvirtúa los argumentos esgrimidos de la contestación a la demanda de los
escritos de Electrosur y de la sentencia apelada que plantean argumentos que
no son materia de discusión en este proceso y carece de todo sustento legal y
eficacia probatoria según se advierte en el artículo 179 del código adjetivo; d)
Del minucioso examen de los actuados tenemos que el numeral 3 del artículo
139 de la Constitución Política del Estado, expresa que es garantía de la
administración de justicia la observancia del debido proceso, precepto que
guarda concordancia con los numerales 3 y 4 del artículo 122 del Código
prenombrado que precisan que las resoluciones deberán mantener la
motivación de hecho y de derecho que corresponda, pronunciándose sobre
cada uno de los puntos controvertidos, asimismo, el numeral 6 del artículo 50
del código de marras señala que es deber del juez, fundamentar los autos y las
sentencias bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de
las normas y el de congruencia, en el caso de autos el accionante demanda
beneficios económicos derivado del pacto colectivo o laudo arbitral 91-92
Electrolima y que se declare nula la sentencia apelada venida en grado en el
proceso laboral del expediente 45-2003, como argumento de su pretensión el
actor ha señalado que la resolución judicial que impugna vulnera los derechos
de irrenunciabilidad de derechos laborales, tutela jurisdiccional efectiva y
debido proceso al haberse rechazado la demanda, más si dicho texto
constitucional reconocía la calidad de derechos adquiridos en materia laboral,
no obstante el juez de la causa al resolver declara infundada la demanda ha
omitido pronunciarse motivadamente sobre las pretensiones propuestas en el
escrito de demanda, la pericia contable efectuada por el perito judicial, las
pruebas ofrecidas por el demandante, la norma que favorece al trabajador y
asimismo ha omitido señalar la sentencia resolución número setenta y ocho
del veintinueve de mayo del dos mil nueve, emitida en mérito a lo actuado y a
derecho, las mismas que siñen a la vulneración de los derechos constitucionales invocados por el accionante, lo cual no solo vulnera la
garantía constitucional prevista en el artículo 5 de la Constitucion del estado
sino el derecho del apelante a impugnar adecuadamente el fallo que la agravia,
al haberse inobservado tales preceptos legales es evidente que la sentencia
dictada por el juzgado de origen ha incurrido en causal de nulidad; e) Es
principio del derecho laboral y constitucional la tutela jurisdiccional y el debido
proceso y la forma prescrita por ley, además de considerar la norma que
favorece al trabajador, la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, además
de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establecen el trato
igualitario, asimismo la carta magna establece que se respetan los principios de
igualdad de oportunidades sin discriminación, carácter irrenunciable de los
derechos reconocidos por la Constitución y ley, interpretación favorable al
trabajador en caso de duda insalvable. Peticiona se revoque y/ o anule la
sentencia apelada.---------------------------------------------------------------------------------
3.- Carga de la prueba en materia laboral.-----------------------------------------------
3.1.- La carga de la prueba viene a ser el conjunto de reglas de juicio que le
señala al magistrado la manera como resolverá en aquellos casos de omisión
de pruebas o pruebas insuficientes que no puede salvar ni siquiera con la
actuación de pruebas de oficio. La carga de la prueba implica reglas indirectas
de conducta para las partes que les indican cuales son los hechos que a cada
una de ellas le interesa probar que se acojan sus pretensiones.----------------------
3.2.- Conforme al artículo 27 de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo,
corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente al trabajador
probar la existencia del vínculo laboral y al empleador demandado probar el
cumplimiento de las obligaciones para con el trabajador, contenidas en las
normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y
el contrato individual del trabajo; igualmente de acuerdo al artículo 22 de la Ley
de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo 003-
97-TR corresponde al empleador la demostración de la causa del despido en el
proceso judicial, y, al trabajador la existencia del despido, su nulidad cuando la
invoque y la hostilidad de la que fuera objeto; es decir instituye el deber de las
partes de probar sus afirmaciones, en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 196 del Código Procesal Civil, que precisa que la carga de la prueba
corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión. En el
caso del demandado, su contradicción encontrará amparo si constituye una
negación pura o simple (sin necesidad de aportar prueba alguna) de todos los
hechos expuestos por el actor en la demanda y no acredita este último en
forma idónea su pretensión, ello en virtud de la máxima onus probandi incumbit ei qui dicit, no qui negat.. Vale decir que, en principio, quien alega
el hecho que constituye el presupuesto de la consecuencia jurídica que
reclama, tiene la carga procesal específica de aportar los medios probatorios
destinados a acreditar el mismo; en defecto de lo cual, tal como preceptúa el
artículo 200 del mismo cuerpo normativo, la demanda será declarada
infundada.--------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Caso de autos.--------------------------------------------------------------------------------
4.1.- De la revisión de autos tenemos que, mediante escrito que, corre de folios
siete a catorce, Mariano Mamani Mamani, interpone demanda en contra de la
Empresa Eléctrica Regional Pública Estatal Electrosur S.A., sobre Cobro de
Beneficios Sociales, para que se le abone la suma total de S/. 271,144.52
nuevos soles, suma que incluye los intereses legales, bajo apercibimiento de
procederse a la ejecución forzada. Sostiene como fundamentos fácticos de su
pretensión que, ha trabajado para la demandada desde el uno de noviembre de
mil novecientos sesenta hasta el dos de agosto del dos mil uno, computable
cuarentiún años de servicios, Status 8439/4916 Obrero/Empleado, Cargo
Técnico Electricista, última remuneración mensual real S/: 4.576.89 y
remuneración compensatoria S/. 4,861.89; que, ha sido cesado por iniciativa
del empleador por marco legal N° 871; que, la demandada como producto de
su cese por racionalización de personal, le ha abonado sus beneficios sociales
en forma apresuradamente diminuta practicando la liquidación con errores de
cálculo y omite la cantidad real perjudicándolo económicamente; que, por
convenio colectivo 91/92 Electrosur S.A. que rige a partir del uno de julio de mil
novecientos noventa y uno, se pactó al treinta y uno de marzo de mil
novecientos noventa y dos con el compromiso y acuerdo mutuo de ambas
partes de otorgar a los trabajadores los beneficios convencionales, la Cláusula
Única del Pacto Armonía Laboral del 80% del básico más los incrementos
adicionales de la remuneración fija mensual, la Cláusula de salvaguarda para
acogerse al Beneficio Mayor que otras Organizaciones Sindicales del Sub
Sector Eléctrico logren por Negociación Colectiva período 1991/1992, referido
al Pacto Colectivo o Laudo Arbitral Electrolima 91/92 por usos y costumbres,
derechos adquiridos irrenunciables e intangibles en el Sub Sector Eléctrico que
se integran a la liquidación real practicada en los de la materia previsto en el
artículo 1 del Decreto Legislativo 650 y su Reglamento Decreto Supremo 034-
91-TR amparados jerárquicamente por la Constitución Peruana 1979, Convenio
Internacional de la OIT y la ley que obran en Electrosur S.A.; que, así consta en
los Convenios Colectivos Electroperú del cuatro de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno,1987/1988 y 1989/1990 Punto Alcance y vigencia
de los beneficios, tercer párrafo que ha quedado establecido durante años en el Sub Sector Eléctrico que es materia para la litis que obran en Electrosur S.A.;
que, debe tenerse presente el artículo 49 de la Carta Magna de 1979, artículo
54, 57 y 79 de la misma, por consiguiente, la demandada está impedida
constitucionalmente de desconocer un derecho adquirido o reconocido por
convenio contractual de trabajo; que, la Ley 4916, ampliatorias y conexas, y el
Decreto Legislativo 650 y 688, normas el reconocimiento en las liquidaciones
por Compensación por Tiempo de Servicios al cese, normas legales vigentes
que la emplazada no ha tomado en cuenta, asimismo el Decreto Supremo N°
006-71-TR.-------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.- La demandada Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad-
Electrosur S.A. al contestar la demanda mediante escrito que corre de folios
veintinueve a treinta y uno señala que, luego de la suscripción del Convenio de
Negociación Colectiva del período 1991-1992 que tuvo lugar el uno de abril de
mil novecientos noventa y dos, la empresa procedió a cumplir en su totalidad
con los beneficios y pactos sindicales correspondientes como horas
extraordinarias, asignación escolar, movilidad, asignación vacacional, carga
familiar por cónyuge e hijo, bonificación por madre viuda así como por concepto
de refrigerio, estos pagos se hicieron en forma inmediata a la celebración del
convenio a favor de todos los trabajadores sindicalizados y en el caso del actor,
se cumplió con efectuar todos los pagos a su favor, dejando constancia
expresa de los mismos en planilla y en las boletas de pago respectivas, no
quedando ningún monto pendiente de pago a favor del extrabajador; que, la
liquidación practicada por el actor no obedece a datos correctos ni reales,
existiendo confusión en los conceptos demandados, careciendo de sustento
jurídico su petitorio, ya que su acción deriva de una interpretación inadecuada
de las normas legales citadas en su demanda y de los convenios colectivos
que ha ofrecido como prueba; que, el actor pretende amparar su pretensión
acogiéndose a la cláusula de salvaguarda contemplada en el convenio 1991-
1992 de Electrosur S.A. lo cual no es correcto, toda vez que en la misma se
estableció como requisito previo la aceptación de la Corporación Nacional de
Desarrollo-CONADE, lo cual nunca se dio, por tanto, todos los derechos que
pretende reclamar carecen de sustento legal, debiéndose declarar Infundada la
demanda.--------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.- El señor Juez declara Infundada la demanda porque considera que, de los
medios probatorios actuados no se verifican los mayores beneficios que
derivaron de la Negociación Colectiva tramitada ante la Autoridad de Trabajo
de Lima, dentro del Expediente signado con el N° 1209-91-1DV-NEG, menos
aún que e se haya cumplido la condición de que los mayores beneficios
acordados hubieren sido a su turno aceptados por la Corporación Nacional de Desarrollo-CONADE, lo que es observado por la parte demandada, cuando
estos resultan siendo los requisitos, las exigencias previstas por la cláusula de
salvaguarda en el Convenio Colectivo 1991/1992, pactado el treinta y uno de
marzo de mil novecientos noventa y uno y suscrito el uno de abril de mil
novecientos noventa y dos, los acuerdos son libres y voluntarios en el
procedimiento negocial, las partes se ponen de acuerdo en el nivel y
condiciones en el que convienen, los cuales deben actuar con buena fe y
lealtad, los acuerdos adoptaos debe ser de mutuo respeto y cumplimiento
obligatorio, no pudiendo modificarse unilateralmente (fundamento 14); que, la
parte demandada ha negado la pretensión del demandante, precisando que el
demandante sustenta su pretensión acogiéndola a la cláusula de salvaguarda,
contemplada en el convenio 1991-1992 de Electrosur S.A., lo cual no es
correcto, toda vez que en la misma se estableció como requisito previo la
aceptación de la Corporación Nacional de Desarrollo-CONADE, lo cual nunca
se dio; al respecto en el informe pericial no se verifica dicho requisito y no
existe en autos medios probatorios que acrediten dicho hecho, para determinar
el cumplimiento de la condición, tal como se convino y la existencia del vínculo
obligacional y su exigibilidad (fundamento 17).--------------------------------------------
4.4.- Absolviendo el grado tenemos que, la sentencia apelada se encuentra
dictada en mérito a lo actuado y a derecho por cuanto, de autos, no se han
acreditado los extremos de la pretensión, esencialmente los instrumentos que
generarían los derechos pretendidos que se derivan de los convenios
colectivos que serían extensibles a través de la cláusula de salvaguarda
invocada e inserta en el Convenio Colectivo 1991 – 1992 (folios ciento doce a
ciento quince), por lo que el juez del proceso se encuentra limitado en la
valoración de la prueba (por ausencia de estos), sobre hechos que no pueden
presumirse sino que deben ser probados.--------------------------------------------------
4.5.- Por otro lado, de la copia simple del Convenio Colectivo 1991-1992
suscrito entre ELECTROSUR S.A y el Sindicato Único de Trabajadores de
Electrosur S.A (folios ciento doce a ciento quince) en su denominada Cláusula
de Salvaguarda, literalmente se expresa lo siguiente “ELECTROSUR S.A
conviene en hacer extensivo en todos sus alcances los mayores beneficios que
pudieran derivar de la Negociación Colectiva que se tramita en el expediente
N° 1209-91-1-DV-NEG por ante la Autoridad de Trabajo de Lima, la misma que
debe contar con la aceptación de la Corporación Nacional de Desarrollo –
CONADE”.-------------------------------------------------------------------------------------------
4.6.- Del sustento probatorio obrante en autos no se verifican los mayores
beneficios que derivaron de la Negociación Colectiva tramitada ante la Autoridad de Trabajo de Lima, dentro del Expediente signado con el N° 1209-
91-1DV-NEG, menos aún que los mayores beneficios acordados hubieren sido
a su turno aceptados por la Corporación Nacional de Desarrollo – CONADE,
cuando éstos resultan siendo los requisitos, las exigencias previstas por la
cláusula de salvaguarda en el Convenio Colectivo 1991/1992, pactado el 31 de
marzo del 1991, y suscrito el 01 de abril de 1992 referido en el fundamento
anterior, supuesto este que es condición sine qua non para su ejecución lo que,
además, desestima beneficio mayor a favor del demandante con motivo del
Laudo Arbitral Electrolima 91/92.--------------------------------------------------------------
4.7.- Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos
controvertidos y fundamentar sus decisiones”, conforme establece el artículo
188 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos; en
concordancia con el artículo 196 del mismo cuerpo legal que prescribe “Salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos”; asimismo todos los medios probatorios son valorados por el Juez en
forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, sin embargo, en la
resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes
que sustentan su decisión; por tanto, no habiendo el demandante acreditado
los alcances de la Negociación Colectiva tramitada ante la Autoridad de
Trabajo, Expediente N° 1209-91-1DV-NEG, menos aún que los mayores
beneficios acordados a favor de los trabajadores de ELECTROSUR SA
hubieren sido a su turno aceptados por la Corporación Nacional de Desarrollo –
CONADE, la demanda resulta Infundada, conforme ha concluido el Juez de la
causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8.- Se ha referido en el proceso la observancia al principio de
irrenunciablidad; al respecto resulta necesario hacer referencia y analizar la
naturaleza de la existencia de derechos indisponibles, desde la perspectiva de
que su titular pueda disponer válidamente de los mismos, para luego establecer
la vigencia de dicho principio. En materia laboral, tanto a nivel constitucional
como legal se ha regulado la irrenunciabilidad de derechos (categoría válida y
similar a la indisponibilidad). Se debe tener en cuenta que el Principio de
Irrenunciabilidad limita la autonomía de la voluntad para determinados casos
relacionados con los contratos individuales de trabajo, especialmente, cuando
estos derivan de normas taxativas, hecho este que inclusive tiene derivación
Constitucional, por cuanto se protege al trabajador, inclusive, respecto de sus
actos propios cuando pretenda renunciar a derechos y beneficios que por
mandato constitucional y legal le corresponden, evitando se perjudique.----------- 4.9.- En la STC 00529-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional (haciendo
referencia a su anterior sentencia expedida en el expediente stc 0008-2005-
AI/TC), refiere que “la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin
tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral. En este
sentido el trabajador no puede despojarse, permutar, renunciar, a los
beneficios, facultades o atribuciones que le concede la norma (…) el Principio
de Irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de
disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan sobre normas
taxativas y sanciona con la invalidez la transgresión de esta pauta basilar. La
Irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de
las normas taxativas que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva
a la parte más débil de la relación laboral”.-------------------------------------------------
4.10.- Para la operatividad de este principio además se debe tener en cuenta
que el derecho pretendido forme parte del patrimonio del demandante. En
ambos casos, es decir la taxatividad de la norma (a que se refiere el Tribunal
Constitucional), traducido en la ausencia de autorización por parte de la
autoridad competente sobre la extensión de los convenios colectivos (por parte
de CONADE que es la entidad encargada de regular las remuneraciones de los
trabajadores de las empresas del Estado, conforme a lo previsto por las leyes
de presupuesto de los años 1988 a 1992) y la pertenencia del derecho, no han
sido debidamente acreditados en autos, siendo por tanto de aplicación lo
dispuesto por el artículo 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria
al caso de autos, debiendo por tanto confirmarse la recurrida, desestimándose
la pretensión impugnatoria.---------------------------------------------------------------------
Por tanto, al amparo de las normas acotadas y en mérito de las
consideraciones expuestas y de conformidad con el artículo 42 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial: ----------------------------------------
DECLARARON INNECESARIO emitir pronunciamiento respecto de la
apelación de la resolución número treinta y uno, emitida en Audiencia
Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco, corriente
de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y siete, que
resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE LA EXCLUSION DEL PROCESO
SOLICITADA POR LA EMPRESA ELECTROPERU S.A., de la resolución
número treinta y dos, emitida en Audiencia Complementaria de Ley, de fecha
ocho de agosto del dos mil cinco, corriente de folios seiscientos cuarenta y tres
a seiscientos cuarenta y siete, que resuelve: Declarar Infundada la Excepción
de Falta de Legitimidad para obrar de la demandada, deducida por la parte
demandada; y, de la resolución número treinta y tres, emitida en Audiencia Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco, corriente
de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y siete, que
resuelve: DECLARAR INFUNDADA la Excepción de Prescripción deducida por
la parte demandada, debiendo continuarse con el trámite del proceso, por
haberse sustraído la materia del ámbito jurisdiccional. CONFIRMARON la
sentencia apelada, emitida mediante resolución número noventa, del ocho de
junio del dos mil diecisiete, corriente de folios mil ciento cincuenta a mil ciento
cincuenta y seis, en el extremo que decide: Declaro INFUNDADA la demanda
interpuesta por MARIANO MAMANI MAMANI, en contra de la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL PUBLICA ESTATAL ELECTROSUR S.A. sobre
COBRO DE BENEFICIOS SOCIALES a fin que se le abone la suma total de
271,144.52 soles suma que incluye los intereses legales, acorde a las
liquidaciones reales practicadas. En consecuencia: a) SE DISPONE el
Archivo definitivo una vez quede consentida la presente debiendo remitirse los
autos al Archivo Central de esta Corte, con lo demás que contiene. Y lo
devolvieron. Tómese Razón y Hágase Saber.---------------------------------------------
S.S.
BEGAZO DE LA CRUZ
AYCA GALLEGOS
NALVARTE ESTRADA RAZON
La Secretaria que suscribe, con la autorización del Colegiado, procede a
descargar en el Sistema Integrado Judicial, las Sentencias y Autos de
Vista para la notificación electrónica a los sujetos procesales en sus
casillas electrónicas judiciales; ello conforme a lo previsto por la
Resolución Administrativa Nro. 137-2020-CE-PJ de fecha 07 de Mayo
de 2020.
Tacna, 06 de Julio de 2020. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-
PJ, en el cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el
secretario judicial quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado
recientemente conocimiento del presente expediente y del estado; a fin de
resolver de acuerdo a las funciones asignadas mediante la resolución antes
mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00119-2003-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORESDEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP UNION VIDA ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, siete de marzo
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Dos (Sentencia) de fecha 15 de mayo
del año 2003, se resolvió declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP
UNIÓN VIDA, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO en vía
Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO; en
consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 88/100 SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas
del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución
anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada
al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento.
QUINTO: se advierte el escrito digitalizado 64-2022; presentado por el
demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO, donde
designa abogado, domicilio procesal, copias simples y autoriza, con fecha de
ingreso 21 de febrero de 2022; por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS (SENTENCIA)
de fecha 15 de mayo del año 2003.
2.- TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES
Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el
letrado CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del
artículo 74º y 80 del Código Procesal Civil, quedando subrogados los
anteriores abogados.
3.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366,
donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
4.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y número celular que indica
para fines procesales. 5.- CUMPLA, el asistente judicial con remitir copias simples de lo solicitado en
el escrito 64-2022; al correo electrónico [email protected] y/o, a la casilla
electrónica N° 20336.
6.- A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes
JOSE SANTIAGO CHINININ CHAMBA y JOSSELYN ALEJANDRA PÉREZ
CARMEN para los fines pertinentes en el proceso.
7.- CUMPLA, el demandante, en el plazo de TRES DIAS con señalar su
casilla electrónica, precisándose la implementación del sistema de
notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta desde el 22 de
julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro 000428-2020-P-
CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento de imponerse
multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
8.- Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO CIVIL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00305-2003-0-2402-JR-CI-01
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : TUCTO SANTAMARIA CESAR JEAN FRANK
ESPECIALISTA : LIBIA ALBERTINA DAVILA MOGROVEJO
APODERADO : CARRILLO CHUMBE JOSMELL DAVID APODERADO DE ANGELO
VITTORINO ALFARO LOMBARDI,
TESTIGO : EDWIN ALFONSO AVILA, CARRION
GILBERTO BENJAMIN GALARRETA, CABALLERO
EULOGIO ALBERTO RETAMOZO, ARIAS
AXIA GAMIL ROMERO, SILVA
DEMANDADO : ALFARO LOMBARDI, ANGELO VITTORINO
DEMANDANTE : ELECTRO UCAYALI SA,
RESOLUCIÓN NRO. CUARENTA Y CINCO
Pucallpa, diecisiete de marzo
De dos mil veintitrés.-
DADO CUENTA: Por devueltos los autos del Superior Jerárquico, que contiene la Resolución
N° 58 de fecha 21 de diciembre de 2022 (Sentencia de Vista), la misma que resuelve:
CONFIRMAR la resolución Nro. 41, que contiene la sentencia de fecha 30 de enero de 2020,
obrante de folios 1069-1074, que resuelve: a. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda
interpuesta por la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A.,
representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulú Bernal contra Angelo Vittorino Alfaro
Lombardi. Por tanto. B. Ordeno al demandado Angelo Vittorino Alfaro Lombardi cumpla con
restituir a favor del demandante Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali – Electro
Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00, más intereses legales, que liquidarán en etapa de
ejecución, con lo demás que contiene; estando a lo resuelto, CÚMPLASE CON LO
EJECUTORIADO y prosiga la causa conforme su estado. Avocándose al conocimiento de la
presente causa el Señor Juez que suscribe e Interviniendo la secretaria cursora por disposición
superior. Notifíquese.- |
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DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL Y AFINES
EXPEDIENTE : 00305-2003-0-2402-JR-CI-01
DEMANDANTE : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI
ELECTRO UCAYALI S.A
APODERADO : JORGE LEANDRO ARBULU BERNAL
DEMANDADO : ANGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI
MATERIA : RESTITUCIÓN DE PAGO INDEBIDO E INDEMNIZACIÓN POR
DAÑOS Y PERJUICIOS
PROVIENE : PRIMER JUZGADO CIVIL DE CORONEL PORTILLO
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCUENTA Y OCHO
Pucallpa, veintiuno de diciembre
del dos mil veintidós.
VISTOS: En Audiencia Pública, conforme a la certificación que
antecede, interviniendo como magistrado ponente el señor Juez Superior Titular BERMEO
TURCHI.
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE IMPUGNACIÓN
Es materia de apelación la Resolución N° 41, que contiene la Sentencia, de fecha 30 de
enero del 2020, obrante a fojas 1069/1074, que resuelve:
“A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, interpuesta por la
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali–Electro Ucayali S.A.,
representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bernal, contra Ángelo
Vittorino Alfaro Lombardi. Por tanto.
B. ORDENO: al demandado ÁNGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI,
CUMPLA con RESTITUIR a favor del demandante Empresa Concesionaria
de Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00
(DOCE MIL Y 00/100 SOLES), más intereses legales, que se liquidarán en
etapa de ejecución.
C. IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo de Indemnización por
Daños y Perjuicios
D. Con costas y costos. (…)”
II. FUNDAMENTOS DEL MEDIO IMPUGNATORIO PROPUESTO
De folios 1080/1088, obra el recurso de apelación interpuesto por el demandante Ángelo
Victorino Alfaro Lombardi, contra la sentencia, señalando básicamente:
“Del fundamento 16 de la sentencia (…), el Juez de manera errada infiere
que el recurrente habría contratado, sin precisar documento alguno, máxime
que conforme a lo efectuado, el denominado documento orden de pedido
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(folios 08 de la demanda), conforme al reglamento interno de la Empresa
Electro Ucayali fue solicitado por el Jefe de Oficina de Prevención de Riesgos
Alex Estacio Laguna y que fue visado por 05 funcionarios dentro del cual
estuvo el recurrente ( hecho que se corrobora en el Informe OCI de fojas 12 y
punto 2).
Del fundamento 17 de la sentencia (…), en el presente caso, es de destacar
y llama la atención que el Aquo se basa en el resultado de un informe del
órgano de control realizado unilateralmente de manera privada a cuenta y
costo de la demandante, lo resaltante es que en dicho informe se concluye
que todos los funcionarios son responsables del presunto pago indebido, sin
embargo, solo se pretende ilegalmente que el recurrente pague el monto
total, a pesar de no haber firmado ningún documento de autorización de pago
ni menos aún haber recibido el servicio de protección.
Del fundamento 18 de la sentencia (…), Es falso que fui declarado rebelde,
lo demás carece de veracidad, pues no existe relación contractual, reitero la
orden de pedido fue a petición de otro funcionario y que fue autorizado por
cinco funcionarios, incluso debe destacarse que para el pago de las facturas
0223, 0245 y 0261 por el importe de 4,000 cada uno, existe 03
conformidades del Servicio y expedidos todos en fechas 17/09/2022,
23/10/2022 y 26/11/2022, respectivamente, en donde jamás tuve
conocimiento ya que me encontraba de licencia y en plena campaña. En mi
declaración de parte sólo reconozco que he puesto mi visto bueno en la
orden de pedido, esta orden luego fue procesada y otorgada la buena pro,
actos en el que el recurrente jamás participo, al igual que otros 04
funcionarios además reconocí el contenido y firma de mi pedido de licencia.
Del fundamento 19 de la sentencia, (…) es ilegal y arbitraria esta conclusión
del A quo, toda vez que no existe prueba alguna, para afirmar que el
recurrente demandado tenga relación con dicho fotocheks, pues desconozco
en absoluto (…). Del contenido de las declaraciones juradas admitidas por el
Juez en la Audiencia de Pruebas, los testigos de la demandante Gilberto
Benjamin Galarreta Caballero y Eulogio Alberto Retamozo Arias, no se ha
expresado el apercibimiento expreso en caso de incumplimiento de
adjuntarse el original, su valoración no puede exceptuarse, por el contrario,
es una prueba a valorarse, corroborándose con que no se ha prescindido de
ellas, este hecho es relevante ya que los mismos testigos de la demandante
niegan su relación con el caso. El juez valora el informe 024-SEGSA
ORIENTE ZONA PUCALLPA de fecha 14 de agosto del 2003, (…), sin haber
sido admitido, y que valorándose aun así, el contenido del punto sexto, nos
menciona de presunciones innecesarias, evidenciándose que la empresa
SEGSA ORIENTE ZONA PUCALLPA, es incapaz de demostrar que los
supuestos prestadores de servicios fueron sus “dependientes”, ya que no
muestra medio de pago alguno por servicios prestados, (…), lo que
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desbarata toda validez legal y formal de lo sostenido por SEGSA ORIENTE
para ser valorado como medio probatorio de la pretensión demandada”.
Del fundamento 20 de la sentencia, (…), se debe tener presente que en la
sentencia no se ha tenido en cuenta la testimonial de Edwin Alonso Ávila
Carrión, quien de manera categórica niega una vez más los fundamentos de
la demanda, (…), no se tomó en cuenta el artículo 49° del Estatuto de Electro
Ucayali S.A, el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución, literal w del
artículo 50° y los supuestos vigilantes que expone la empresa SEGSA
ORIENTAL S.A.
III. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA RESOLVER.
OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN.
3.1 El Artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso,
prescribe que:
“El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente”.
Asimismo, el Artículo 366° señala:
“El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho
o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio
y sustentando su pretensión impugnatoria”1.
IV. ANÁLISIS
(cid:1) Respecto al Pago Indebido
4.1 De acuerdo con el artículo 1267° del Código Civil (en adelante C.C)
“El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad
de pago, puede exigir la restitución de quien la recibió”
Podemos definir al pago indebido como aquella prestación ejecutada en favor de
una persona que no tenía el derecho a recibirla porque 1. La prestación recibida le
fue entregada por quien realmente no era el deudor, 2. La persona que recibe la
1 Debe tenerse presente que: “En virtud del aforismo brocardo (sic) tantum devolutum quantum appellantum, el órgano judicial
revisor que conoce de la apelación sólo incidirá sobre aquello que le es sometido en virtud del recurso. En la segunda instancia, la
pretensión del apelante al impugnar la resolución, es la cuestión sobre la que debe versar el recurso.” Cfr. Casación No. 1203-99-Lima,
Publicada en El Peruano el 06 de diciembre de 1999, pág. 4212. En: Código Civil y Otros. Exposición de Motivos, Concordado,
Sumillado, Jurisprudencia, Notas. Jurista Editores, Cuarta Edición, Lima (Junio) 2004, pág. 577.
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prestación no es la verdadera acreedora. Generándose un enriquecimiento indebido de
quien recibe una prestación y un empobrecimiento de devolver lo recibido y para el
segundo el derecho a reclamar lo entregado.
4.2 Es de verse de los actuados, la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali-
Electro Ucayali S.A, interpone demanda de Restitución de Pago Indebido e
Indemnización por Daños y Perjuicios, contra Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi,
solicitando lo siguiente:
“ i. La restitución del íntegro del valor de la prestación “Servicio de Protección
Personal prestada por la empresa SEGSA ORIENTE SAC a la Gerencia
General de Electro Ucayali S.A.”, y que fue prestado indebidamente a favor
del señor Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde el 17 de agosto del 2002 al
17 de noviembre del 2002, durante las 24 horas del día toda vez que desde
el 01 de setiembre del 2002, se encontraba de licencia sin goce de haberes
de su Cargo de Gerente General de Electro Ucayali SA, para postular como
candidato de la Presidencia del Gobierno Regional de Ucayali. El servicio
prestado indebidamente y que el mismo aprobó mediante orden de pedido Nº
GGP-060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, esta valorizado en S/.
12,000.00 (Doce Mil y 00/100 Soles).
ii. El pago de US$. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Dólares Americanos), por
concepto de indemnización de daños y perjuicios ocasionados a Electro
Ucayali SA, quien de buena fe realizó el pago de la contraprestación
económica por el servicio prestado indebidamente al demandado.
iii. El pago de interés legal correspondiente.
iv. Costos y costas del proceso.”
4.3 A su turno, el señor Juez A quo, mediante Resolución N° 41, de fecha 31 de enero de
2020, que obra a folios 1069 al 1074, resolvió:
“A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, interpuesta por la
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali–Electro Ucayali S.A.,
representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bernal, contra Ángelo
Vittorino Alfaro Lombardi. Por tanto.
B. ORDENO: al demandado ÁNGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI,
CUMPLA con RESTITUIR a favor del demandante Empresa Concesionaria
de Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00
(DOCE MIL Y 00/100 SOLES), más intereses legales, que se liquidarán en
etapa de ejecución.
C. IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo de Indemnización por
Daños y Perjuicios
D. Con costas y costos. (…)”
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Sustentando su decisión, respecto al primer punto controvertido, fundamentalmente en
lo siguiente:
(cid:2) Fundamento 16.
“(…), el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, en su calidad de
Gerente General de la empresa Electro Ucayali SA, habría contratado los
servicios de seguridad de la empresa SEGSA Oriente SAC, por el periodo 17
de agosto al 17 de noviembre de 2002, esto previa solicitud al jefe de la
oficina de prevención de riesgos, por lo que se emite la orden de pedido Nº
GGP-060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, aprobado por el ahora
demandado, por lo que se contrata tal servicio de seguridad durante las 24
horas, a favor de Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, en su calidad de gerente
general de la empresa Electro Ucayali SA, por cuanto este habría estado
recibiendo constantes amenazas”.
(cid:2) Fundamento 17
“Sin embargo, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante
carta Electro Ucayali/GG-1222-02 de fecha 23.08.2002, solicitó al Directorio
se le otorgue licencia sin goce de haberes del 01 de setiembre al 18 de
noviembre del 2002, con la finalidad de postular como candidato a la
presidencia del Gobierno Regional de Ucayali, pedido que le fue otorgada,
por lo que se suspende la relación laboral entre la empresa Electro Ucayali
SA, y Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi. No obstante a ello, la empresa de
seguridad siguió brindando el servicio de seguridad al ahora demandado
Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi; siendo así Electro Ucayali SA, en sesión Nº
178 de fecha 07-04-2003, acordó que se efectué acciones de control a todos
los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras,
saliendo a relucir este supuesto por lo que realizado informe esta concluye
que el ex gerente general se benefició indebidamente del mencionado
servicio, que la empresa Electro Ucayali SA, abono en tres desembolsos de
S/ 4,000.00 Soles, como son en la Factura Nº 0223, 0245 y 0261”.
(cid:2) Fundamento 18
“Por su parte el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, si bien fue
declarado rebelde, empero en su declaración de parte contenido en
audiencia de pruebas este niega que se haya beneficiado con el servicio de
seguridad, por lo que indica que “no se presentaron reportes o informes de
las personas que habrían supuestamente prestado la seguridad las 24 horas,
y que aunado a ello se le pretende perjudicar con tales acusaciones de
hecho.” Sin embargo, la demandante acredita la relación contractual que
habría existido entre esta y el demandando, que tenía el cargo de Gerente
General, así como también acredita la contratación del servicio de seguridad
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DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL Y AFINES
a realizar por la empresa SEGSA Oriente SAC, por el periodo 17 de agosto al
17 de noviembre de 2002, esto conforme el mismo demandado reconoce
tales circunstancias de hecho”.
(cid:2) Fundamento 19
“Del mismo modo, se observa a folios 79-82, fotos de los fotocheck del
personal que habría estado a cargo de la seguridad del demandado pese a
que este ya no era Gerente General de la empresa demandante, por
encontrarse suspendido su vínculo laboral. Así también del informe Nª 024-
SEGSA ORIENTE-ZONA PUCALLPA, emitida por la empresa de seguridad
esta se ratifica en el servicio de seguridad brindada al demandado Ángelo
Vittorino Alfaro Lombardi, de lo que también la demandante acredita haber
realizado los pagos en la Factura Nº 0223, 0245 y 0261.
(cid:2) Fundamento 20
“ (…), por lo que en el presente caso el vínculo entre el demandado se
encuentra totalmente acreditado, así como que la empresa realizó un pago
de un servicio de seguridad por el cual se benefició el demandado en forma
indebida, como se puede observar de los medios probatorios aportados y
actuados por esta Judicatura, y en contraparte el demandado no ha
presentado medios de prueba pertinente que puedan crear certeza de que
este no se haya beneficiado de tal servicio de seguridad, y que si bien
conforme en su alegación de sus alegatos y de la documentación presentada
adjuntada a esta, el demandante no logra acreditar supuesto diferente en
consecuencia este extremo de la demanda si corresponde ser amparada”.
(cid:1) Análisis del caso en concreto
4.4 Ahora bien, de lo glosado, este colegiado Superior, procederá a resolver los
fundamentos expuestos por el Juez A quo en la sentencia que es materia de apelación,
de la siguiente manera:
Respecto al fundamento 16:
4.5 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 16 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“ (…), el Juez de manera errada infiere que el recurrente habría contratado,
sin precisar documento alguno, máxime que conforme a lo efectuado, el
denominado documento orden de pedido (folios 08 de la demanda),
conforme al reglamento interno de la Empresa Electro Ucayali fue
solicitado por el Jefe de Oficina de Prevención de Riesgos Alex Estacio
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Laguna y que fue visado por 05 funcionarios dentro del cual estuvo el
recurrente (hecho que se corrobora en el Informe OCI de fojas 12 y punto 2).
4.6 Que, conforme es de verse del recurso de apelación antes citado, el recurrente
cuestiona este fundamento de la sentencia expedida por el A quo, basándose
principalmente en que el que el Servicio Especial de Protección Personal durante
las 24 horas del 17/08/2002 al 17/11/2002 a la empresa SEGSA ORIENTE SAC, fue
solicitado por el Jefe de Oficina de Prevención de Riesgos- Alex Estacio Laguna y que
el Juez de manera errada infiere que el recurrente habría contratado dicho servicio.
4.7 Respecto a ello, se advierte que la Orden de Pedido N° GGP-060-02, que obra a folios
08, en el que se solicita Servicio Especial de Protección Personal durante 24 horas por
el periodo del 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002, justificando, “continuas
amenazas que eran objeto el presidente, Directores y el Gerente General de la
Empresa”; no solo fue emitido por el Jefe de la Oficina de Prevención de Riesgo-
Ingeniero Alex Estacio Laguna, como señala el demandado, sino que también fue
aprobada por el ex Gerente General- Ingeniero Ángelo Alfaro Lombardi (demandado);
Del mismo modo se aprecia a folios 24, la Carta N° 11/DG, presentada por la empresa
SEGSA ORIENTE SAC, de fecha 01 de abril de 2003, en la que describe: “ El servicio
de seguridad fue solicitada por el Ingeniero Ángelo Alfaro Lombardi -Gerente General
de Electro Ucayali, cargo que ocupaba en esa fecha (…)”, descripciones que fueron
correctamente valorado por el Juez A quo, al momento de señalar que el recurrente
también contrato los Servicio Especial de Protección Personal durante las 24 horas del
17/08/2002 al 17/11/2002 a la empresa SEGSA ORIENTE SAC.
4.8 Siendo así, corresponde desestimar el agravio invocado por el demandado, respecto al
fundamento 16 de la sentencia.
Respecto al fundamento 17:
4.9 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 17 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“(…), en el presente caso, es de destacar y llama la atención que el Aquo se
basa en el resultado de un informe del órgano de control realizado
unilateralmente de manera privada a cuenta y costo de la demandante, lo
resaltante es que en dicho informe se concluye que todos los funcionarios
son responsables del presunto pago indebido, (…)”.
4.10 Respecto a este fundamento 17, y, a fin de absolver el presente agravio, se procederá
a detallar los siguientes medios probatorios.
1. Orden de Pedido N° GGP-060-02, que obra a folios 08, en donde
en el rubro descripción, señala:
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Servicio Especial de Protección Personal durante 24 horas por
el periodo del 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002.
Justificación, “continuas amenazas que eran objeto el
presidente, Directores y el Gerente General de la Empresa”;
2. Solicitud del Gerente General-Ing. Ángelo Alfaro Lombardi, folios
10, dirigida al Presidente de Directorio-Electro Ucayali S A, en la
que solicita:
“(…), solicito a usted y por intermedio suyo al Directorio,
LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, a partir del 01.09.02 al
18.11.02”
3. Carta N°: 11/DG, emitida por SEGSA ORIENTE SAC, de fecha 01
de abril de 2003, folios 24, que comunica lo siguiente:
“PRIMERO: El servicio especial de seguridad fue solicitada por
el Ingeniero Ángelo Alfaro Lombardi- Gerente General de
Electro Ucayali, cargo que ocupaba en esa fecha 17 de agosto
de 2002.
SEGUNDO: El servicio se dio desde el 17 de agosto del 2002
al 16 de noviembre del 2002 cubierto por tres efectivos de
seguridad durante las 24 horas en y a lugar donde él se
desplazaba el Gerente General Ángelo Alfaro Lombardi.
TERCERO: El servicio finalizó al término de la campaña
política del ingeniero Ángelo Alfaro Lombardi”
4. Examen Especial, del mes de junio, que obra a folios 11/21, cuyas
conclusiones señalan:
“(…), siendo responsables los siguientes funcionarios:
El Ing. Ángelo Alfaro Lombardi ex Gerente General, ha
incurrido en responsabilidad civil, por haber incumplido sus
funciones y haber propiciado para que la empresa se
perjudique económicamente por el importe de S/. 12,000.00
pagados a SEGSA ORIENTE SAC, por el “Servicio Especial de
Protección Personal durante las 24 horas del día”, del cual él
se benefició cuando estaba de Licencia de la Empresa
postulando a la Presidencia”.
4.11 Que, conforme es de verse, de lo antes glosado, el demandado, pese haber estado
gozando de licencia sin goce de haber, a partir del 01 de setiembre del 2002 al 18 de
noviembre de 2002, se benefició del Servicio Especial de Protección Personal durante
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24 horas, tal como se aprecia de la Carta N°: 11/DG, emitida por SEGSA ORIENTE
SAC, de fecha 01 de abril de 2003, folios 24, en donde comunica a la demandante
(Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali-Electro Ucayali S.A), que el
servicio solicitado (Servicio Especial de Protección Personal durante 24 horas por el
periodo del 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002); se le dio al ex Gerente General
Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde el 17 de agosto del 2002 al 16 de noviembre
del 2002, cubierto por tres efectivos de seguridad durante las 24 horas en y al lugar
donde él se desplazaba, el mismo que término cuando acabo la campaña política a la
cual estaba participando, por lo que está mal decir, por parte del demandado, que el
Juez A quo se basó solo en el resultado del Informe y que no había recibido el Servicio
Especial de Protección Personal, cuando este se encontraba gozando de licencia con
goce de haber, por tanto, corresponde desestimar el agravio invocado por el apelante.
Respecto al fundamento 18:
4.12 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 18 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“(…), Es falso que fui declarado rebelde, lo demás carece de veracidad,
pues no existe relación contractual, reitero la orden de pedido fue a
petición de otro funcionario y que fue autorizado por cinco funcionarios,
(…), jamás tuve conocimiento, ya que me encontraba de licencia y en
plena campaña. En mi declaración de parte sólo reconozco que he puesto mi
visto bueno en la orden de pedido, esta orden luego fue procesada y
otorgada la buena pro, actos en el que el recurrente jamás participo, al igual
que otros 04 funcionarios además reconocí el contenido y firma de mi
pedido de licencia.
4.13 Que, absolviendo el grado, respecto al agravio expresado por el demandado en su
escrito de apelación, en el sentido de que, “es falso que fui declarado rebelde”, de la
revisión de autos, se advierte que mediante Resolución N° 30, de fecha 05 de
setiembre de 2014, folios 928/929, el A quo, resolvió: “(…) ,1. DECLARAR REBELDE
al demandado ANGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI”.
4.14 Que, siendo así, que el argumento expresado por el apelante, carece de veracidad; por
tanto corresponde desestimar el agravio expresado en su escrito de apelación, en ese
sentido.
4.15 Por otro lado, respecto al agravio, “(…), no existe una relación contractual, reitero la
orden de pedido fue a petición de otro funcionario (…), jamás tuve conocimiento ya que
me encontraba de licencia y en plena campaña”, sobre este particular, cabe precisar
que los mismos agravios fueron materia de análisis al resolver el fundamento 17 de la
sentencia (ver punto 4.11 de la presente resolución).
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4.16 Por lo que estando a lo expuesto, el agravio esgrimido por el demandado en su escrito
de apelación debe ser desestimado.
Respecto al fundamento 19:
4.17 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 19 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“(…) Del contenido de las declaraciones juradas admitidas por el Juez en
la Audiencia de Pruebas, los testigos de la demandante Gilberto Benjamin
Galarreta Caballero y Eulogio Alberto Retamozo Arias, no se ha expresado
el apercibimiento expreso en caso de incumplimiento de adjuntarse el
original, su valoración no puede exceptuarse, por el contrario, es una
prueba a valorarse, corroborándose con que no se ha prescindido de ellas,
este hecho es relevante ya que los mismos testigos de la demandante niegan
su relación con el caso. El juez valora el informe 024-SEGSA ORIENTE
ZONA PUCALLPA de fecha 14 de agosto del 2003, (…), sin haber sido
admitido, y que valorándose aun así, el contenido del punto sexto, nos
menciona de presunciones innecesarias, evidenciándose que la empresa
SEGSA ORIENTE ZONA PUCALLPA, es incapaz de demostrar que los
supuestos prestadores de servicios fueron sus “dependientes”, ya que no
muestra medio de pago alguno por servicios prestados, (…), lo que
desbarata toda validez legal y formal de lo sostenido por SEGSA ORIENTE
para ser valorado como medio probatorio de la pretensión demandada”.
4.18 Que, absolviendo el grado, respecto al agravio expresado por el demandado en su
escrito de apelación, en el sentido de que, “Del contenido de las declaraciones juradas
admitidas por el Juez en la Audiencia de Pruebas, los testigos de la demandante
Gilberto Benjamin Galarreta Caballero y Eulogio Alberto Retamozo Arias, no se ha
expresado el apercibimiento expreso en caso de incumplimiento de adjuntarse el
original, su valoración no puede exceptuarse”.
4.19 Ahora bien, de la revisión de autos, se advierte del Acta de Audiencia de Pruebas, de
fecha 08 de agosto de 2018, que obra a folios 1048/1053, que si bien es cierto el Juez
A quo, al actuar los medios probatorios admitidos, señalo: “No se puede actuar la
declaración de testigos: Edwin Alfonso Ávila Carrión, Eulogio Alberto Retamozo Arias,
Axia Gamil Romero Silva y Gilberto Benjamin Gallareta Caballero”, debido a que no
habian concurrido a la presente diligencia, también lo es, que el A quo, al observar
que los actuados y los hechos expuestos en la Audiencia de Prueba, resultaba
necesaria la admisión y actuación de algunos medios de prueba de oficio, resolvió: 1)
“ADMITIR DE OFICIO, al presente proceso, los siguientes medios probatorios 1)
Declaración del testigo Edwin Alonso Ávila Carrión, cuyo pliego obra a folios 382, cuya
respuesta está a folios 384-385 (…), asimismo ordeno, que las declaraciones juradas
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de Gilberto Benjamín Galarreta Caballero y Eulogio Alberto Retamozo Arias, ambos de
fecha 15 de abril de 2004”, deben ser presentados en originales, los mismos que fueron
presentados por escrito de fecha 13 de agosto de 2018, que obra a folios 1054/1065.
4.20 Que, siendo así, que el argumento expresado por el apelante, carece de veracidad; por
tanto corresponde desestimar el agravio expresado en su escrito de apelación, en ese
sentido.
4.21 De igual, forma se puede advertir, respecto al agravio expresado, “El juez valora el
informe 024-SEGSA ORIENTE ZONA PUCALLPA de fecha 14 de agosto del 2003,
(…), sin haber sido admitido. De la revisión de autos, se aprecia que a folios
1022/1023, el A quo, por Resolución N° 38, de fecha 28 de mayo de 2018, admite los
siguientes medios probatorios:(…), iii) Copia del Informe Examen Especial, sobre el
Servicio de Protección Personal prestado por la Cia-SEGSA ORIENTE SA a la
Gerencia General de Electro Ucayali S.A, siendo así, y apreciándose que el Juez A
quo, sí admitió el medio probatorio cuestionado por el demandado, también carece de
veracidad, por tanto corresponde desestimar el agravio expuesto por el apelante.
Respecto al fundamento 20:
4.22 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 20 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“(…), no se tomó en cuenta el artículo 49° del Estatuto de Electro Ucayali
S.A, el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución, literal w del artículo
50° y los supuestos vigilantes que expone la empresa SEGSA ORIENTAL
S.A”.
4.23 Que, conforme es de verse del recurso de apelación antes señalado, el demandado
cuestiona el fundamento 20, de la sentencia expedida por el A quo, basándose en lo
dispuesto en el artículo 49° del Estatuto de Electro Ucayali y el literal W, del artículo
50° del Reglamento Interno de Trabajo, por lo que resulta pertinente revisar su
contenido:
Artículo 49° del Estatuto de Electro Ucayali
“Los Gerentes responden a la Sociedad, los Accionistas y
terceros por los daños y perjuicios que ocasionan por el
incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades
y negligencia grave en el desempeño de sus funciones”.
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Artículo 50° del literal W, del Reglamento Interno de Trabajo
“La empresa considera conductas que configuran como falta
laboral entre otras las siguientes: Emplear los recursos
humanos y patrimoniales de la empresa con fines distintos a
los intereses de ésta, sea en provecho o de terceros”.
4.24 Ahora bien, en el presente caso, el demandado, invoca el artículo 49° del Estatuto de
Electro Ucayali y el literal W, del artículo 50° del Reglamento Interno de Trabajo,
señalando que el A quo, no los tomo en cuenta al momento de emitir sentencia,
estando a lo que establece dichos artículos, no se advierte de autos que el demandado
haya acreditado haber cumplido los artículos citados; así como tampoco, que haya
acreditado que en su condición de ex Gerente General de la Empresa Concesionaria
de Electricidad de Ucayali–Electro Ucayali S.A, haberse beneficiado del Servicio
Especial de Protección Personal durante 24 horas por el periodo del 17 de agosto al 17
de noviembre de 2002, conforme a las pruebas actuadas como son la Orden de
Pedido N° GGP-060-02, que obra a folios 08; Solicitud del Gerente General-Ing.
Ángelo Alfaro Lombardi, dirigida al Presidente de Directorio-Electro Ucayali S A, que
obra a folios 10, Carta N°: 11/DG, emitida por SEGSA ORIENTE SAC, de fecha 01 de
abril de 2003, folios 24, y el Examen Especial, del mes de junio, que obra a folios
11/21.
4.25 Por lo que estando a lo expuesto, el agravio esgrimido por el demandado, no puede ser
amparado.
4.26 Que, habiéndose desestimado los agravios presentado por el demandado en su
recurso de apelación; procede confirmar la sentencia venida en grado.
V. DECISIÓN
Fundamentos por los cuales, la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de
Ucayali: RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR Resolución N° 41, que contiene la Sentencia, de fecha 30 de
enero del 2020, obrante a fojas 1069/1074, que resuelve:
“A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, interpuesta por la
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali–Electro Ucayali S.A.,
representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bernal, contra Ángelo
Vittorino Alfaro Lombardi. Por tanto.
B. ORDENO: al demandado ÁNGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI,
CUMPLA con RESTITUIR a favor del demandante Empresa Concesionaria
de Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00
(DOCE MIL Y 00/100 SOLES), más intereses legales, que se liquidarán en
etapa de ejecución.
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C. IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo de Indemnización por
Daños y Perjuicios
D. Con costas y costos. (…)”
SEGUNDO: Notifíquese y devuélvase.
Señores.-
BERMEO TURCHI (Presidente)
ROSAS TORRES
CHIPANA DIAZ
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO CIVIL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00305-2003-0-2402-JR-CI-01
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : CARLOS ALBERTO BALLARDO JAPAN
ESPECIALISTA : SILLO PACORI NATTY
APODERADO : CARRILLO CHUMBE JOSMELL DAVID APODERADO DE ANGELO
VITTORINO ALFARO LOMBARDI
TESTIGO : EDWIN ALFONSO AVILA, CARRION
GILBERTO BENJAMIN GALARRETA, CABALLERO
EULOGIO ALBERTO RETAMOZO, ARIAS
AXIA GAMIL ROMERO, SILVA
DEMANDADO : ALFARO LOMBARDI, ANGELO VITTORINO
DEMANDANTE : ELECTRO UCAYALI SA.
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y UNO
Pucallpa, treinta de enero de dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS, en la fecha por las recargadas labores del juzgado, y CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES:
1. Demanda: Por escrito obrante a folios 55-69 la Empresa Concesionaria de Electricidad de
Ucayali – Electro Ucayali S.A., representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bernal,
interponen demanda sobre Restitución de Pago Indebido e Indemnización por Daños y
Perjuicios contra Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi; solicitando la siguiente Pretensión:
i. La restitución del íntegro del valor de la prestación “Servicio de Protección Personal prestada por la
empresa SEGSA ORIENTE SAC a la Gerencia General de Electro Ucayali S.A.”, y que fue prestado
indebidamente a favor del señor Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde el 17 de agosto del 2002 al
17 de noviembre del 2002, durante las 24 horas del día toda vez que desde el 01 de setiembre del
2002, se encontraba de licencia sin goce de haberes de su Cargo de Gerente General de Electro
Ucayali SA, para postular como candidato de la Presidencia del Gobierno Regional de Ucayali. El
servicio prestado indebidamente y que el mismo aprobó mediante orden de pedido Nº GGP-060-02 con
fecha 19 de agosto del 2002, esta valorizado en S/. 12,000.00 (Doce Mil y 00/100 Soles).
ii. El pago de US$. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Dólares Americanos), por concepto de indemnización de
daños y perjuicios ocasionados a Electro Ucayali SA, quien de buena fe realizó el pago de la
contraprestación económica por el servicio prestado indebidamente al demandado.
iii. El pago de interés legal correspondiente.
iv. Costos y costas del proceso.
2. Exposición de Hechos: Sustenta su pretensión en los siguientes hechos:
a. Con fecha 19-08-2002, el ing. Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, argumentando haber recibido
continuas amenazas, solicita en la vía de regularización al jefe de la oficina de prevención de riesgos,
el servicio de seguridad personal durante las 24 horas del día, emitiéndose la orden de pedido Nº GGP-
060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, por el periodo 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002, la
orden del pedido fue aprobada por Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, en su calidad de gerente general
de la empresa.
b. Mediante carta Electro Ucayali/GG-1222-02 de fecha 23.08.2002, el demandado solicito al Directorio le
otorgue licencia sin goce de haberes del 01 de setiembre al 18 de noviembre del 2002, con la finalidad
de postular como candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Ucayali, en consecuencia se
produjo la suspensión del cargo de gerente general y la suspensión de la relación laboral del
demandado.
c. A pesar de ello la Empresa de Seguridad en un error de hecho, continúo prestándole el servicio de
seguridad personal al demandado de manera indebida, toda vez que al haberse hecho efectivo la
licencia otorgada al demandado el cargo de gerente general había quedado suspendido.
d. Mi representada realizó pago por el servicio prestado indebidamente por la suma de S/12,000.00 soles
mediante tres desembolsos.
e. Electro Ucayali SA, en sesión Nº 178 de fecha 07-04-2003, dispuso que el órgano de control
institucional efectué acciones de control a todos los procesos de adquisiciones y contrataciones de
bienes, servicios y obras, (…) por lo que dicho informe concluye que el ex gerente general se benefició
indebidamente del mencionado servicio.
Pág. 1 de 6 3. Auto Admisorio: Mediante Resolución N° Uno (fs.70-71), se admite la demanda de
Restitución de Pago e Indemnización por Daños y Perjuicios en la vía de Proceso
Abreviado, y se notifica debidamente al demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi,
recién el 11 de julio de 2013, conforme se observa del cargo de notificación que obra fs. 921; y
que si bien por Resolución Nº 08 que corre a fs. 136-138, en que se declara Improcedente la
sulicitud de nulidad de acto procesal; y por Resolución Nº 46 que corre a fs. 401-406, se habría
emitido Sentencia, declarándose Fundada en Parte la demanda, mismas que fue apelada por el
demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, siendo asi el Colegiado Superior Resolviendo
ambos apelaciones en Resolución Nº 54 que corre a folios 445-454, Resuelve Revocar la
Resolución Nº 08 que corre a fs. 136-138, y reformando declara Fundada la nulidad de las
constancias de notificación, así mismo declara nula la Sentencia contenido en la Resolución Nº
46 que corre a fs. 401-406, por falta de medios probatorios suficientes, y por cuanto la nulidad
de las constancias de notificación, afectan también esta resolución, en consecuencia devueltos
los autos por resolución de fecha 20.07.2006 Declara la nulidad de todo lo actuado hasta la
notificación del demandado con la demanda, así también continuando el proceso por Resolución
N° Sesenta y Nueve de fecha 29-05-2013, se declara la nulidad de oficio de todo lo actuado
Hasta folios 864.
4. Rebeldía Procesal: Pese haberse notificado debidamente al demandado Ángelo Vittorino
Alfaro Lombardi, este no contestó la demanda, por Resolución Nº Treinta que corre a fs. 928-
929, se le declara Rebelde, y en la misma se declara saneado el proceso por la existencia de
una relación jurídica procesal válida entre las partes.
5. Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de medios probatorios: por Resolución
N° Treinta y Ocho (fs. 1022-1024), se fija puntos controvertidos y se admite medios probatorios
de las partes, con excepción del demandado declarado rebelde, por tener tal condición.
6. Audiencia de Pruebas: En acta que contiene la Audiencia de Pruebas de fecha 08 de agosto
de 2018 que corre a fs. 1137-1140, se actuó medios probatorios de las partes, como la
declaración de parte del demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, y el reconocimiento de
orden de pedido Nº GGP-060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, y carta Electro Ucayali/GG-1222-02 de
fecha 23.08.2002; cuyos documentos el demandado reconoce haber sido suscritos por su
persona, y en la Resolución Nº Treinta y Nueve contenida en el acta de audiencia de
pruebas se resuelve admitir como medios probatorios de oficio la declaración del testigo Edwin
Alonso Ávila Carrión, que se encuentra a fs. 382, 384-385; el documento de fecha 14 de mayo
de 2004; las declaraciones juradas de Gilberto Benjamín Galarreta Caballero, Eulogio Alberto
Letamoso Arias de fecha 15 de abril de 2004, y la publicación en el Diario Impetu de fecha 03
de mayo de 2003, ordenándose en el mismo ponerse los autos a despacho una vez concluida el
plazo para presentación de alegatos.
7. Alegatos y se pone los autos a despacho: por escrito que corre a fs. 1061-1065, el
demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, presenta alegatos, por intermedio de su abogado,
así mismo por resolución N° Cuarenta que corre a fs. 1066, se ordena poner los autos a
despacho para Sentenciar.
II. ANÁLISIS:
8. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva conforme lo establece el inciso
tercero del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, para el ejercicio o defensa de
sus derechos o intereses, lo que implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus
derechos o intereses legítimos, ella debe ser atendido por un órgano jurisdiccional dotado de un
conjunto de garantías mínimas (debido proceso) en tal sentido “El derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva constituye un deber del Estado, por lo que este no puede excusarse de conceder tutela jurídica a
todo aquel que la solicite1”, ello en concordancia a lo normado en el Artículo I del Título Preliminar
del Código Procesal Civil.
1 Cas. N° 1542-2007/Lima, publicada en el diario oficial El Peruano el 01/09/2009, pp. 22484-22485.
Pág. 2 de 6 9. Es finalidad de todo proceso civil el resolver el conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica que las partes someten a los Órganos
Jurisdiccionales aplicando para ello el derecho que corresponda a las partes para lograr la paz
social, principio consagrado en el Artículo III del Título Preliminar del Código Adjetivo citado.
10. Es principio de lógica jurídica que las partes prueben los hechos que alegan. Este principio
rector en materia procesal ha sido recogido por el artículo 196º del Código Procesal Civil, que
establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que
configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Los
medios probatorios tienen la finalidad de acreditar los hechos expuestos por las partes y
producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de
fundamentar su decisión. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 188° del Código
Procesal Civil, la finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos expuestos por las
partes, producir certeza en el Juzgador respecto de los puntos controvertidos y fundamentar
sus decisiones. Asimismo el artículo 197° de la citada normativa indica que todos los medios
probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada.
11. Respecto a la prueba, Michele Taruffo señala que: “la función principal de la prueba es ofrecer al
juzgador información fiable acerca de la verdad de los hechos en litigio. En realidad, al comienzo de un
proceso los hechos se presentan en forma de enunciados facticos caracterizados por un estatus epistémico
de incertidumbre. Así en cierto sentido, decidir sobre los hechos significa resolver esa incertidumbre y
determinar, a partir de los medios de prueba presentados si se ha probado la verdad o falsedad de esos
enunciados (…)".
Respecto a la Institución del Pago Indebido y Restitución de Dinero
12. El artículo 1267° del Código Civil dispone “El que por error de hecho o de derecho entrega a
otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de quien la recibió.”; ahora si
bien es cierto la CASACION N° 7458-2013-LIMA señala “(…) ”El que por error de hecho o de
derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de quien la recibió”, …
se refiere a la facultad de restitución que ostenta en el contexto de una relación obligatoria, la parte que
por error de hecho o de derecho realiza un desplazamiento patrimonial que carezca de causa, entonces
para que se configure el supuesto de hecho señalado en el mencionado artículo se requiere que una de las
partes haya precisamente incurrido en error de hecho o derecho en el pago es decir se haya confundido,
(…)”2; del mismo Cazeaux y Trigo Represas señalan que “solo es verdaderamente pago por
error el que se cumplimenta entre partes ligadas obligacionalmente pero con prestación
distinta a la debida o con equivocación en cuanto a ciertas modalidades circunstanciales”3
13. En este contexto, según nuestro ordenamiento, el que recibe el pago indebido no está obligado
al resarcimiento del daño sino a restituir lo recibido indebidamente, empero esta esfera de
restitución, no es únicamente acogida como el pago indebido realizado por error de hecho o
derecho, sino también en la naturaleza del proceso de enriquecimiento sin causa, aspecto que
cristaliza el Colegiado Supremo en la CASACION N° 513-2008-PIURA que señala “(…) se
debe advertir una distinción entre el enriquecimiento indebido y la indemnización de daños y
perjuicios, pues aquel busca reclamar aquel valor con el que se ha enriquecido el demandado
(aspecto restitutorio), mas no busca indemnizar los daños y perjuicios pues aquella busca
indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el demandante (aspecto resarcitorio).”4; es así
que se debe de tener también presente que esta naturaleza de pago indebido por error de
hecho o derecho, se extiende a otras disciplinas de acuerdo al supuesto por el cual se
denuncia; al respecto BIANCA, Massimo señala “el pago indebido precisamente ha quedado
como una particular hipótesis de enriquecimiento injustificado, caracterizada por la ejecución
de una prestación “no debida” y del derecho de repetición respecto el accipiens”5
2 CASACION N° 7458-2013-LIMA, EL PERUANO 30-03-2016, C. 5to, p. 75457.
3 Cazeaux, Pedro y Felix A. Trigo Represas. Compendio de derecho de las obligaciones. Tomo II. La Plata: Librería Editora
Platense, 1986, p. 516
4 CASACION N° 513-2008-PIURA, EL PERUANO, 04-09-2008, pp. 22976
5 BIANCA, Massimo Diriti civile. 5. La Responsabilita. Milano: Giuffre, 1994, p. 792 (…) DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del
derecho civil patrimonial. Volumen I. Op. Cit, p.96
Pág. 3 de 6 14. Asimismo, el articulo III del Título Preliminar de Código Procesal Civil dispone “El Juez debe
atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que la
finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia”; de ello la CASACION N° 52-2007-LIMA
señala “(…) El proceso no es un fin en sí mismo sino un medio para resolver los conflictos de
intereses tal como lo prescribe el articulo III del Título Preliminar de Código Procesal Civil
(…) que si bien existen principios de vinculación y de formalidad de las normas procesales,
también se contempla el principio de elasticidad en virtud del cual las exigencias de las
citadas normas se adecuarán a los fines del proceso, principio contemplado en el artículo IX
in fine del Código Procesal Civil (…)”6; es así que en el caso que nos ocupa de restitución de
dinero, primordialmente, no solo se resolverá el concepto de error de hecho y derecho sino
también el carácter o aspecto restitutorio del enriquecimiento o pago indebido injustificado,
sustancia requerida para atender la finalidad concreta del presente proceso.
Análisis del caso
15. Conforme se advierte de autos el recurrente Empresa Concesionaria de Electricidad de
Ucayali – Electro Ucayali S.A., representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bermal,
interponen demanda solicitando “La restitución del íntegro del valor de la prestación “Servicio de
Protección Personal prestada por la empresa SEGSA ORIENTE SAC a la Gerencia General de Electro
Ucayali S.A.”, y que fue prestado indebidamente a favor del señor Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde
el 17 de agosto del 2002 al 17 de noviembre del 2002, durante las 24 horas del día toda vez que desde el
01 de setiembre del 2002, se encontraba de licencia sin goce de haberes de su Cargo de Gerente General
de Electro Ucayali SA, para postular como candidato de la Presidencia del Gobierno Regional de Ucayali. El
servicio prestado indebidamente y que el mismo aprobó mediante orden de pedido Nº GGP-060-02 con
fecha 19 de agosto del 2002, esta valorizado en S/. 12,000.00 (Doce Mil y 00/100 Soles); El pago de US$.
5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Dólares Americanos), por concepto de indemnización de daños y perjuicios
ocasionados a Electro Ucayali SA, quien de buena fe realizo el pago de la contraprestación económica por
el servicio prestado indebidamente al demandado.”; Siendo así y a fin de un mejor resolver es
necesario absolver los puntos controvertidos fijados en autos.
Primer Punto de Controversia: Determinar si resulta procedente ordenar la restitución del
íntegro del valor de la prestación “Servicio de Protección Personal prestado por la empresa
SEGSA Oriente SAC, a la Gerencia General de Electro Ucayali SA”, y que fue prestado
indebidamente, a favor del señor Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde el 17 de agosto
de 2002 al 17 de noviembre de 2020, durante las 24 horas del día.
16. Como se puede advertir de la presente causa, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi,
en su calidad de Gerente General de la empresa Electro Ucayali SA, habría contratado los
servicios de seguridad de la empresa SEGSA Oriente SAC, por el periodo 17 de agosto al 17 de
noviembre de 2002, esto previa solicitud al jefe de la oficina de prevención de riesgos, por lo
que se emite la orden de pedido Nº GGP-060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, aprobado
por el ahora demandado, por lo que se contrata tal servicio de seguridad durante las 24 horas,
a favor de Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, en su calidad de gerente general de la empresa
Electro Ucayali SA, por cuanto este habría estado recibiendo constantes amenazas.
17. Sin embargo, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante carta Electro
Ucayali/GG-1222-02 de fecha 23.08.2002, solicitó al Directorio se le otorgue licencia sin goce de
haberes del 01 de setiembre al 18 de noviembre del 2002, con la finalidad de postular como
candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Ucayali, pedido que le fue otorgada, por lo
que se suspende la relación laboral entre la empresa Electro Ucayali SA, y Ángelo Vittorino
Alfaro Lombardi. No obstante a ello, la empresa de seguridad siguió brindando el servicio de
seguridad al ahora demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi; siendo así Electro Ucayali SA,
en sesión Nº 178 de fecha 07-04-2003, acordó que se efectué acciones de control a todos los
procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras, saliendo a relucir este
supuesto por lo que realizado informe esta concluye que el ex gerente general se benefició
indebidamente del mencionado servicio, que la empresa Electro Ucayali SA, abono en tres
desembolsos de S/ 4,000.00 Soles, como son en la Factura Nº 0223, 0245 y 0261.
6 CASACION N° 52-2007-LIMA, EL PERUANO 02-09-2008, pp. 22751-22752
Pág. 4 de 6 18. Por su parte el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, si bien fue declarado rebelde,
empero en su declaración de parte contenido en audiencia de pruebas este niega que se haya
beneficiado con el servicio de seguridad, por lo que indica que “no se presentaron reportes o
informes de las personas que habrían supuestamente prestado la seguridad las 24 horas, y que aunado a
ello se le pretende perjudicar con tales acusaciones de hecho.” Sin embargo, la demandante acredita
la relación contractual que habría existido entre esta y el demandando, que tenía el cargo de
Gerente General, así como también acredita la contratación del servicio de seguridad a realizar
por la empresa SEGSA Oriente SAC, por el periodo 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002,
esto conforme el mismo demandado reconoce tales circunstancias de hecho.
19. Del mismo modo, se observa a folios 79-82, fotos de los fotocheck del personal que habría
estado a cargo de la seguridad del demandado pese a que este ya no era Gerente General de la
empresa demandante, por encontrarse suspendido su vínculo laboral. Así también del informe
Nª 024-SEGSA ORIENTE-ZONA PUCALLPA, emitida por la empresa de seguridad esta se ratifica
en el servicio de seguridad brindada al demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, de lo que
también la demandante acredita haber realizado los pagos en la Factura Nº 0223, 0245 y 0261.
20. Al respecto nuestra jurisprudencia en la CAS Nº 1496-98- LIMA señala “El que por error de
hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la devolución a quien la
recibió. El pago indebido se cumple entre personas verdaderamente vinculadas por una relación
obligacional como acreedor y deudor, siendo indebido el cumplimiento de una prestación que no se ajusta
a los términos pactados.”7; por lo que en el presente caso el vínculo entre el demandado se
encuentra totalmente acreditado, así como que la empresa realizó un pago de un servicio de
seguridad por el cual se benefició el demandado en forma indebida, como se puede observar de
los medios probatorios aportados y actuados por esta Judicatura, y en contraparte el
demandado no ha presentado medios de prueba pertinente que puedan crear certeza de que
este no se haya beneficiado de tal servicio de seguridad, y que si bien conforme en su
alegación de sus alegatos y de la documentación presentada adjuntada a esta, el demandante
no logra acreditar supuesto diferente en consecuencia este extremo de la demanda si
corresponde ser amparada.
Segundo Punto de Controversia: Determinar si resulta procedente el pago de US$5,000.00
(Cinco Mil 00/100 Dólares Americanos), por concepto de indemnización por daños y
perjuicios ocasionados a Electro Ucayali S.A., más intereses legales.
21. Sobre la responsabilidad civil supone necesariamente un conflicto entre dos o más
personas, en el cual una de ellas es responsable de reparar el daño a la otra (víctima); quien
podrá recurrir al órgano jurisdiccional para exigir una reparación, esto significa que el perjuicio
padecido por quien sufrió el daño, será atenuado económicamente por quien lo ocasionó; de
donde resulta suficiente la existencia víctima y daño para estar ante un supuesto de
responsabilidad. De este modo, esta disciplina está referida al aspecto fundamental de
indemnizar daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se trate de daños
producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente
contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista
entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional.
22. Lizardo Taboada Córdova, refiere: “…la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto
fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se trate
de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente
contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre los
sujetos ningún vínculo de orden obligacional. Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento
de una obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil
contractual (…). Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica
previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia, no del incumplimiento de una
obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, nos
encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad civil extracontractual… ”8
7 CAS Nº 1496-98- LIMA EL PERUANO 22-01-99
8 Taboada Córdoba, Lizardo “Elementos de la Responsabilidad Civil”, Edit. Grijley, 1ra reimpresión, Set. 2001, 25-26
Pág. 5 de 6 23. Se puede advertir del presente punto controvertido que la parte demandante si bien solicita la
indemnización por daños y perjuicios, empero, no precisa los conceptos indemnizables por el
cual se resolverá la Quantum indemnizatorio, de lo que tampoco se ha establecido la relación
de causalidad o nexo causal esta debe ser entendida como el nexo o relación existente
entre el hecho determinante del daño y el daño propiamente dicho, es una relación de causa
efecto que establece hechos susceptibles de ser considerados hechos determinantes del daño,
por lo que si bien en el punto controvertido anterior se acredita que el demandado hizo uso
para fines personales la seguridad contratada y pagada por la empresa demandante, pero no
basta tal consideración sino que en efecto los conceptos indemnizables patrimonial y extra
patrimonial tendrán que ser establecidos e identificados por el demandante que en el presente
caso no sucedió, en consecuencia de ser que el Juzgador se pronuncie sobre conceptos
indemnizables no formulados en el petitorio se estaría cometiendo una incongruencia procesal
motivando algo sobre el cual no se ha pedido.
24. Al respecto la CASACION Nº 2599-2014-LIMA señala “Los jueces se encuentran obligados por
un lado a no dar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a fundar sus decisiones
jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, lo que significa que tienen las obligaciones de
pronunciarse respecto a las alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos postulatorios
como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios; y por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues
de lo contrario se produce una incongruencia, que altera la relación procesal transgrediéndose las
garantías del debido proceso.”, siendo así no corresponde ordenarse el pago de indemnización por
daños y perjuicios, por cuanto no ha delimitado cuáles son los conceptos indemnizatorios a
favor de la empresa demandante, por otra parte, tampoco precisa cómo así llega a la
conclusión del monto reclamado, máxime que dentro de sus argumentaciones por dicho
concepto, refiere el desmedro en relación al pago realizado, y que es el sustento de la
restitución, la cual ya le fue otorgada.
25. Asimismo, en cuanto al tema de los intereses legales reclamados, al tratarse de un proceso
sobre restitución de dinero por pago indebido, derivado de un servicio prestado al demandado
cuando no le correspondía, a la postre ha generado un enriquecimiento sin causa, resulta de
aplicación lo dispuesto en el artículo 1954° del Código Civil: “Aquel que se enriquece
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo” en concordancia y aplicación
supletoria con el último párrafo del artículo 1985° del mismo Código que señala: "(...) El
monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el
daño"; por lo que en este extremo debe concederse a la parte demandante el pago de los intereses
legales al haberse solicitado en la demanda, la misma que será liquidada en la etapa de ejecución de
sentencia.
26. Conforme el artículo 412° del Código Procesal Civil, el pago de costos y costas no requiere ser
demandado y se encuentra a cargo de la parte vencida, en consecuencia corresponde
condenarse el pago de costas y costos, solo respecto al extremo amparado.
III. DECISIÓN.
Por tales consideraciones y Administrando Justicia a Nombre de la Nación, SE RESUELVE:
A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, interpuesta por la Empresa Concesionaria de
Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A., representada por su apoderado Jorge
Leandro Arbulu Bernal, contra Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi. Por tanto.
B. ORDENO: al demandado ÁNGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI, CUMPLA con
RESTITUIR a favor del demandante Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali
– Electro Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES), más
intereses legales, que se liquidarán en etapa de ejecución.
C. IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo de Indemnización por Daños y Perjuicios
D. Con costas y costos. Interviniendo la secretaria que certifica, por disposición superior. Notifíquese.-
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