Prompt
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|---|---|
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 30979-1997-0-1801-JR-CI-03
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SUAREZ BURGOS, DAVID
ESPECIALISTA : SANCHEZ BARAZORDA PAOLA VICTORIA
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DE MARCONA,
DRA. SANCHEZ GIRAO, MONICA
DEMANDANTE : CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.,
Resolución Nro. TREINTA Y SIETE
Lima, 14 de noviembre de 2019
Al escrito que antecede; estando a lo
solicitado por la demandada: Téngase presente; Y ATENDIENDO: PRIMERO:
Que, mediante escrito de fojas 199 a 200, el demandante varia su domicilio
procesal a la casilla 853 del Colegio de Abogados, posteriormente mediante
resolución trece, de fecha 04 de julio de 1996, se dispone cumplir con lo
ejecutoriado, para lo cual el actor presento diversos escritos impulsando el
proceso hasta que se emite la resolución de fecha 14 de junio de 1999 (fojas
300), donde se dispone remitir los autos al archivo central, por encontrarse
paralizado por más de cuatro meses, resolución que ha sido notificada al actor
correctamente en su casilla N° 853, conforme es de verse de fojas 301;
SEGUNDO: Que, la parte demandante presenta su escrito de
desarchivamiento el 24 de setiembre de 2014. Al respecto la parte demandada
solicita la prescripción argumentando que han transcurrido más de diez años
desde que la sentencia quedo firme, y se solicito el desarchivamiento, debiendo
aplicarse el numeral 1 del articulo 2001° del Código Civil, resaltando que el
hecho que recientemente el demandante haya hecho uso de los actos
procesales no interrumpe el plazo de prescripción, dado que a la fecha de
presentado el escrito de desarchivamiento ya había transcurrido más de 18
años, debiendo declararse la prescripción de la ejecución de la sentencia;
TERCERO: Que, por su parte, el demandante no presenta observaciones. En
ese sentido, el articulo 2001° del Código Civil señala lo siguiente: “Prescriben,
salvo disposición diversa de la ley: 1.- A los diez años, la acción personal, la
acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.”;
CUARTO: En el caso concreto, se advierte que los autos se remitieron al
archivo general en el año 1999, por la inacción del demandante, y
posteriormente en el año 2014 se solicita el desarchivameinto, es decir, han
transcurrido más de 14 años de la inactividad de la ejecución, por tanto, se
configura el supuesto citado en el considerando precedente, siendo ello así, en
aplicación del articulo 2001° del Código Civil; SE RESUELVE: DECLARAR
FUNDADA la solicitud de prescripción de la ejecución de sentencia,
ARCHIVANDOSE DEFINITIVAMENTE LOS AUTOS Y DEVOLVIENDOSE
LOS ANEXOS.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00027-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : JUAREZ IMAN, SILVESTRE
Resolución N°VEINTITRÉS (23)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 15 de fecha 27 de febrero
de 2002, a folio 118 al 120, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por SILVESTRE
JUAREZ IMAN contra ARCOPA SA; en consecuencia, LLÉVESE
adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar
la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO SOLES CON 44 /100 SOLES, más
los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00027-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : JUAREZ IMAN, SILVESTRE
Resolución N°VEINTITRÉS (23)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 15 de fecha 27 de febrero
de 2002, a folio 118 al 120, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por SILVESTRE
JUAREZ IMAN contra ARCOPA SA; en consecuencia, LLÉVESE
adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar
la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO SOLES CON 44 /100 SOLES, más
los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00104-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMAD. Y CONGEL. DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 13/100 SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas
del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMD. Y CONGEL. DEL PACIFICO S.A. para que,
cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada
en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior
NOTIFÍQUESE. . Conforme a ley.--------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00104-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMAD. Y CONGEL. DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 13/100 SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas
del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMD. Y CONGEL. DEL PACIFICO S.A. para que,
cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada
en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior
NOTIFÍQUESE. . Conforme a ley.--------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley -------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley -------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley -------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00250-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR BIEN MUEBLE
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 58/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de diciembre de 2001 (27-29), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00347-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 11, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra AGROPESCA SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 90/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 29 de octubre y 19 de diciembre de 2001 (13-15), por lo que,
a la fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00347-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 11, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra AGROPESCA SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 90/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 29 de octubre y 19 de diciembre de 2001 (13-15), por lo que,
a la fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00685-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, Doce de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS SENTENCIA, de fecha 01 de
febrero del 2002, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP INTEGRA contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,cumpla con pagar la
suma de TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 13/100
SOLES (S/30,397.13), por concepto de aportes previsionales impagos, más el
pago de los intereses moratorios, costos y costas del proceso (folios 25).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 04 de febrero del 2002 (folios 26), y 11 de abril del 2002
(folios 27) por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS SENTENCIA,
de fecha 01 de febrero del 2002.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00067-2002-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORESY CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Diecinueve de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 02 de fecha 30 de enero
de 2003, a folio 19 a 20, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP
PROFUTURO contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA
ARCOPA; en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que
la ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE SOLES CON 53/100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, sin costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 18 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 19, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00096-2002-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HOPRIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
abril de 2002, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES, más los
intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 22 de mayo y 26 de abril de 2002 (26-27), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de abril del 2002.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00096-2002-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HOPRIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
abril de 2002, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES, más los
intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 22 de mayo y 26 de abril de 2002 (26-27), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de abril del 2002.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 20/06/2017 16:27:10
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00218-2002-0-2501-JR-LA-07
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: GIANINA OLGA
PAREDES ORBEGOZO JUEZ : JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 20/06/2017 16:30:18
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
ESPECIALISTA : GIANINA OLGA PAREDES ORBEGOZO
FIRMA DIGITAL
TERCERO : BANCO DE CREDITO DEL PERU,
DEMANDADO : FABRICA DE PROTEINAS DEL PACIFICO SA,
PESQUERA HAYDUK SA,
DEMANDANTE : CHUQUI CRUZ, CLEMENTE LUIS
Resolución Nro.: SETENTA Y SEIS
Chimbote, Doce de Junio
Del año Dos Mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito
que antecede presentado por el demandante, y estando los autos pendientes de
resolver, pasen a Despacho; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito de
fecha veintitrés de mayo del año en curso, la Empresa Pesquera Hayduk S.A. formula
oposición indicando que su representada solo interviene como tercera y sobre lo que
puede capitalizar el bien que ha sido grabado con el principio persecutorio y no sobre
las cuentas de ésta; resultando excesivo conceder una medida cautelar sobre sus
bienes, entre otros argumentos que expone; SEGUNDO: Que, mediante resolución
cincuenta de fojas 357, se confirma el auto emitido mediante resolución número
cuarenta y seis, que declara fundada la solicitud de aplicación del carácter
persecutorio sobre el inmueble que fuera de la demandada y adquirido por Pesquera
Hayduk S.A.; y se le requiere que pague la suma de S/. 28,079.95 por concepto de
capital, intereses y costos procesales; asimismo, mediante resolución número
cincuenta y seis, se remite el expediente a la Oficina de Pericias a fin de que actualice
los intereses legales hasta la fecha de pago, notificándose a Pesquera Hayduk S.A.,
quien absuelve traslado observando el informe pericial con el argumento que el
expediente se debe remitir al archivo definitivo; TERCERO: Que, conforme a la
oposición presentada por Pesquera Hayduk S.A., cabe precisar que si bien no es la
demandada; sin embargo, mediante resolución cuarenta y seis, se ha declarado
procedente la aplicación del principio persecutorio, confirmada por el Superior
Jerárquico sobre el inmueble ubicado en la zona industrial del Distrito de Coishco
Viejo; la misma que fuera adjudicada por la empresa Pesquera Hayduk S.A.; por tanto,
si en el transcurso del proceso la demandada no ha acreditado bienes propios y dicho inmueble sigue siendo de propiedad de la empresa perseguida, resultaría innecesario
y dilatorio seguir requiriendo a la demandada; y basados en el principio del proceso
laboral reconocido en el artículo I del título preliminar de la Ley Procesal del Trabajo
N° 26636 que señala: “El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de
inmediación, concentración, celeridad y veracidad. (…) El proceso se realiza procurando
que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El Juez podrá reducir
su número sin afectar la obligatoriedad de los actos que aseguren el debido proceso. El
Juez dirige e impulsa el proceso para lograr una pronta y eficaz solución de las
controversias que conoce”; por éstas consideraciones la oposición en éste extremo
tendría que ser declarada infundada; CUARTO: De lo antes indicado en el segundo
considerando cabe resaltar que la empresa perseguida ha pagado los intereses legales
conforme a lo ordenado en auto, asimismo el pago que se le ordena a la empresa
pesquera Hayduk, es la actualización de los intereses legales, y en el caso de autos ya
se ha emitido un pronunciamiento jurisdiccional que ha quedado firme declarando
fundado el pedido de aplicación del principio persecutorio contra la empresa
Pesquera Hayduk S.A., por lo que, se debe tener en cuenta que a fin de evitar mayores
dilaciones en el presente proceso y no perjudicar a la parte demandante, pues
resultaría un exceso, volver a conceder lo que ya se ha solicitado; asimismo se debe
tener en cuenta el artículo Cuarto del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, el cual establece que no se puede dejar sin efecto resoluciones
judiciales con autoridad de Cosa Juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su
ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo responsabilidad política,
administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso, pues lo que persigue
es la seguridad jurídica y los efectos de la naturaleza de cosa juzgada; por lo
tanto resulta infundada la oposición presentada por la empresa perseguida. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE: Declarar INFUNDADA LA OPOSICIÓN formulada
por la empresa Pesquera Hayduk S.A. contra el embargo en forma de retención
contenido en la resolución número SETENTA; en consecuencia, PROSÍGASE
conforme al estado del proceso; Firme que sea ésta resolución. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 10128-2002-0-1801-JR-CI-11
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : GASPAR PACHECO SARA SONIA
ESPECIALISTA : MORENO AYALA ROSA MARIBEL
POR DEFINIR : GARCIA PIEROLA, LUZ MARIA 000 PERITO JUDICIAL
DEMANDADO : CHUNGA MARTINEZ, BAKHO BRISKAN
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
RELATIVO A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : SAUCEDO ROMERO VDA DE ALCANTARA, ZOILA
ROSA
Resolución Nro. OCHENTA Y DOS
Lima, veintinueve de NOVIEMBRE
Del año dos mil diecinueve.-
TRAÍDO los autos en mérito a lo dispuesto por resolución
número treinta y ocho de 24 de Julio del 2019, ATENDIENDO:
PRIMERO.- Es de verse que por sentencia de vista contenida en la resolución número
011-11 de fecha 02 de Julio del 2010, se resolvió REVOCAR la sentencia contenida en
la resolución número cuarenta de fecha 14 de Mayo del 2009, que declaro infundada la
demanda interpuesta por la actora Zoila Rosa Saucedo Romero Viuda de Alcántara
contra la Marina de Guerra del Perú y Bakho Briskan Chunga Martínez sobre
indemnización por daños y perjuicios; REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte
la demanda y, en consecuencia, ORDENARON que los codemandados Marina de
Guerra del Perú y don Bakho Briskan Chunga Martínez abonen solidariamente a
favor de la demandante, por concepto de daños y perjuicios, la suma ascendente a S/
200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles), más los intereses respectivos desde la
desde la fecha en que se produjo el hecho generador del daño (16.10.2001); asimismo,
condenaron al codemandado Bakho Briskan Chunga Martínez al pago de costas y
costos procesales; habiendo quedado ejecutoriada la sentencia de vista , en tanto el
recurso de casación interpuesto contra la misma fuera rechazado por el Tribunal
Supremo conforme se tiene de la resolución obrante a folios 684 a 689.
SEGUNDO.- También se tiene que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
vista, por escrito de fecha 28 de Marzo del 2012, la codemandada Marina de Guerra del
Perú presentó el Certificado de Deposito Judicial N° 20120053000451 de fecha 23 de
Marzo del 2012, por el cual consignó la suma de S/ 200,000.00 a favor de la
demandante, a quien se le hizo entrega del mismo con fecha 28.06.2012, tal como
consta del cargo obrante a folios 802.
TERCERO.- Se tiene igualmente que la parte actora mediante escrito de folios 730
presentó su propuesta de liquidación de intereses la cual fuere puesto en conocimiento
de la demandada quién por escrito de folios 750 formula observación, frente a lo
cual tal como se tiene de la resolución número sesenta y cuatro de fecha 19 de Mayo
del 2014, se declaro fundadas las observaciones formuladas por la parte demandada en
su escrito de fecha 27.01.2012, a la liquidación de intereses legales presentado por la
parte actora a través de su escrito de fecha 19.12.2011 obrante a folios 730 y, en
consecuencia, se designó en forma aleatoria a un perito especializada en contabilidad
para que lleve a cabo el cálculo de la liquidación de intereses legales, siendo que del
tenor de la citada resolución no se fijó o delimitó los alcances o los parámetros que
pudieran guiar al perito para la realización de la pericia ordenada. CUARTO.- Que por escrito de fecha 16 de Abril del 2018, la perito Judicial Luz
María García Piérola presenta su Informe Pericial, por el cual concluye que la
liquidación de intereses legales ordenados a pagar por el periodo comprendido del
16.10.2001 al 08.04.2018 asciende a la suma de S/ 113,196.10.
QUINTO.- Que por escrito de fecha 08 de Agosto del 2018, la codemandada Marina de
Guerra del Perú absuelve el traslado de la liquidación de intereses legales, observando la
misma, pues indica que la liquidación no habría sido practicada conforme a las normas
legales, toda vez que al tomar el peritaje como factor acumulados, factor especifico,
estas no habrían sido practicas conforme a las tasas en el tiempo que regula la SBS y el
Banco Central de Reserva del Perú; por lo que la liquidación se encontraría errada al
utilizar la tasa de interés legal efectiva (factor capitalizable). Asimismo, por escrito de
fecha 10 de Agosto del 2018, la citada codemandada amplía su observación a la
liquidación de intereses legales bajo los mismos fundamentos que su escrito de
observación, señalando que al haberse utilizado el factor de intereses capitalizable se
había creado una distorsión y una inconsistencia al momento de realizar la liquidación
la liquidación de intereses legales, dando un monto que difiere con la realidad, además
adjunta la liquidación de intereses legales efectuados por su persona en la suma de S/
89,668.00.
SEXTO.- Que por escrito de fecha 03 de Enero del 2019, la perito judicial absuelve el
traslado de la observación y su ampliación, ratificando su Informe Pericial Contable
presentado con fecha 16.04.2018, por el cual liquida los intereses legales en la suma de
S/ 113,196.10.
SEPTIMO: Se debe indicar que la obligación de dar intereses, constituye “la
obligación accesoria consistente en dar una cantidad de cosas fungibles, que es rendida
por una obligación de capital, y que se mide en proporción al importe o valor del
capital, y al tiempo de indisponibilidad de dicho capital para el acreedor 1“ por ello para
que se puede hablar del pago de intereses debe existir una obligación principal, siendo
que la transmisión de ésta también importa la transmisión de deuda de intereses. Es por
ello, que la misma no es posible desligársela de la obligación que la origina, por ello,
también los alcances para liquidar lo que constituye su obligación accesoria.
OCTAVO: Es así que, la pretensión que fuere incoada por indemnización por daños y
perjuicios por Responsabilidad extracontractual, tal como se tiene de los alcances de
la sentencia de vista ( fundamento 4.5) siendo que se ha fijado que la indemnización
de daños corren desde el momento en que la víctima sufre efectivamente el perjuicio,
pues lo que se busca reparar íntegramente son los daños ocasionados por el actuar
ilícito .
Es por lo que en el proceso, para determinar los intereses legales devengados respecto
del monto indemniza torio fijado, se tiene que aplicar las disposiciones del Código
Civil , siendo que para éste caso lo que se regula el pago de interés compensatorio y
moratorio, el legal, convencional y el comercial, indicar igualmente que se fija
determinadas limitaciones para el citado concepto.
NOVENO: Si tenemos en cuenta la obligación que hemos indicado, en la misma
consideramos no se puede referir o determinar que se de una mora en la misma, sino
más bien se tiene una de naturaleza sancionadora, considerando que ella se paga desde
que se produjo el daño; otro aspecto que se debe tener en cuenta es que se prohíbe la
capitalización de los intereses, siendo ello permisible solo en obligaciones que se
traten de cuentas mercantiles, Bancarias según se tiene del artículo 1249 del Código
Civil.
1 Felipe Osrerling Parodi y Mario Castillo Freyre” contacto en www.castillofreyre.com Es por ello que la determinación de los intereses legales devengados por la
indemnización de daños y perjuicios extracontractuales, debe efectuarse con exclusión
de cualquier mecanismo que importe su capitalización, por cuanto ello implica una
acumulación de intereses al capital, para que produzca nuevos intereses, o sea que haya
interés de intereses, que constituye el anatocismo. Es por ello que se viene a considerar
que este no es posible realizarse con un interés efectivo.
DECIMO: Es por lo que si tenemos en cuenta que corresponde el derecho al pago de
interés del monto que se fija por indemnización , es necesario precisar que se debe
aplicar un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir nuevos
intereses.
También señalar, que en relación a la aplicación de criterios para la liquidación el
interés legal aplicable non es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil,
lo que se sostiene a nivel previsional y laboral, así como en las relaciones contractuales
salvo las situaciones ya anotadas, por ello, se ha de tener en cuenta que los intereses
legales deberán ser calculados desde la fecha en que produjo el daño (16.10.2001).
Otro tema que debe ser considerado, en atención de lo regulado para el inicio del pago
de intereses, hasta cuando se debe calcular, pues como se ha detallado en líneas
precedentes la citada sentencia de vista ordenó que los demandados paguen a favor de
la demandante por concepto de daños y perjuicios la suma de S/ 200,000.00, monto que
fuera consignado en el Banco de la Nación a favor de la demandante con fecha
23.03.2012, y entregada a la actora el junio del 2012, siendo esta la oportunidad la
que se ha de tener en cuenta para el término del calculo de intereses.
DECIMO PRIMERO .- Bajo tales alcances, y verificándose del Informe Pericial y de
la ratificación efectuada que, para el cálculo de los intereses legales la perito judicial ha
utilizado la tasa de interés legal efectiva y no así la tasa de interés nominal o simple, la
observación formulada por la codemandada Marina de Guerra del Perú debe ser
amparada; del mismo modo, es de verse que si bien la perito tuvo en cuenta desde
cuando debe calcularse los intereses no ha considerado que los mismos debían
calcularse hasta la fecha en que dio cumplimiento a la obligación PRINCIPAL, por lo
que se deberá tener en cuenta ello al momento de efectuar una nueva liquidación.
Por las consideraciones expuestas y en aplicación de los dispositivos legales invocados,
se resuelve: Declarar FUNDADA la observación formulada por la codemandada Marina
de Guerra del Perú al Informe Pericial presentado por la perito Judicial Luz María
García Piérola con fecha 16 de Abril del 2018; en consecuencia, CUMPLA la citada
perito en emitir nuevo informe tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas.-
. NOTIFÍQUESE. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 10128-2002-0-1801-JR-CI-11
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : GASPAR PACHECO SARA SONIA
ESPECIALISTA : MORENO AYALA ROSA MARIBEL
POR DEFINIR : GARCIA PIEROLA, LUZ MARIA 000 PERITO JUDICIAL
DEMANDADO : CHUNGA MARTINEZ, BAKHO BRISKAN
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
RELATIVO A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : SAUCEDO ROMERO VDA DE ALCANTARA, ZOILA
ROSA
Resolución Nro. OCHENTA Y DOS
Lima, veintinueve de NOVIEMBRE
Del año dos mil diecinueve.-
TRAÍDO los autos en mérito a lo dispuesto por resolución
número treinta y ocho de 24 de Julio del 2019, ATENDIENDO:
PRIMERO.- Es de verse que por sentencia de vista contenida en la resolución número
011-11 de fecha 02 de Julio del 2010, se resolvió REVOCAR la sentencia contenida en
la resolución número cuarenta de fecha 14 de Mayo del 2009, que declaro infundada la
demanda interpuesta por la actora Zoila Rosa Saucedo Romero Viuda de Alcántara
contra la Marina de Guerra del Perú y Bakho Briskan Chunga Martínez sobre
indemnización por daños y perjuicios; REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte
la demanda y, en consecuencia, ORDENARON que los codemandados Marina de
Guerra del Perú y don Bakho Briskan Chunga Martínez abonen solidariamente a
favor de la demandante, por concepto de daños y perjuicios, la suma ascendente a S/
200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles), más los intereses respectivos desde la
desde la fecha en que se produjo el hecho generador del daño (16.10.2001); asimismo,
condenaron al codemandado Bakho Briskan Chunga Martínez al pago de costas y
costos procesales; habiendo quedado ejecutoriada la sentencia de vista , en tanto el
recurso de casación interpuesto contra la misma fuera rechazado por el Tribunal
Supremo conforme se tiene de la resolución obrante a folios 684 a 689.
SEGUNDO.- También se tiene que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
vista, por escrito de fecha 28 de Marzo del 2012, la codemandada Marina de Guerra del
Perú presentó el Certificado de Deposito Judicial N° 20120053000451 de fecha 23 de
Marzo del 2012, por el cual consignó la suma de S/ 200,000.00 a favor de la
demandante, a quien se le hizo entrega del mismo con fecha 28.06.2012, tal como
consta del cargo obrante a folios 802.
TERCERO.- Se tiene igualmente que la parte actora mediante escrito de folios 730
presentó su propuesta de liquidación de intereses la cual fuere puesto en conocimiento
de la demandada quién por escrito de folios 750 formula observación, frente a lo
cual tal como se tiene de la resolución número sesenta y cuatro de fecha 19 de Mayo
del 2014, se declaro fundadas las observaciones formuladas por la parte demandada en
su escrito de fecha 27.01.2012, a la liquidación de intereses legales presentado por la
parte actora a través de su escrito de fecha 19.12.2011 obrante a folios 730 y, en
consecuencia, se designó en forma aleatoria a un perito especializada en contabilidad
para que lleve a cabo el cálculo de la liquidación de intereses legales, siendo que del
tenor de la citada resolución no se fijó o delimitó los alcances o los parámetros que
pudieran guiar al perito para la realización de la pericia ordenada. CUARTO.- Que por escrito de fecha 16 de Abril del 2018, la perito Judicial Luz
María García Piérola presenta su Informe Pericial, por el cual concluye que la
liquidación de intereses legales ordenados a pagar por el periodo comprendido del
16.10.2001 al 08.04.2018 asciende a la suma de S/ 113,196.10.
QUINTO.- Que por escrito de fecha 08 de Agosto del 2018, la codemandada Marina de
Guerra del Perú absuelve el traslado de la liquidación de intereses legales, observando la
misma, pues indica que la liquidación no habría sido practicada conforme a las normas
legales, toda vez que al tomar el peritaje como factor acumulados, factor especifico,
estas no habrían sido practicas conforme a las tasas en el tiempo que regula la SBS y el
Banco Central de Reserva del Perú; por lo que la liquidación se encontraría errada al
utilizar la tasa de interés legal efectiva (factor capitalizable). Asimismo, por escrito de
fecha 10 de Agosto del 2018, la citada codemandada amplía su observación a la
liquidación de intereses legales bajo los mismos fundamentos que su escrito de
observación, señalando que al haberse utilizado el factor de intereses capitalizable se
había creado una distorsión y una inconsistencia al momento de realizar la liquidación
la liquidación de intereses legales, dando un monto que difiere con la realidad, además
adjunta la liquidación de intereses legales efectuados por su persona en la suma de S/
89,668.00.
SEXTO.- Que por escrito de fecha 03 de Enero del 2019, la perito judicial absuelve el
traslado de la observación y su ampliación, ratificando su Informe Pericial Contable
presentado con fecha 16.04.2018, por el cual liquida los intereses legales en la suma de
S/ 113,196.10.
SEPTIMO: Se debe indicar que la obligación de dar intereses, constituye “la
obligación accesoria consistente en dar una cantidad de cosas fungibles, que es rendida
por una obligación de capital, y que se mide en proporción al importe o valor del
capital, y al tiempo de indisponibilidad de dicho capital para el acreedor 1“ por ello para
que se puede hablar del pago de intereses debe existir una obligación principal, siendo
que la transmisión de ésta también importa la transmisión de deuda de intereses. Es por
ello, que la misma no es posible desligársela de la obligación que la origina, por ello,
también los alcances para liquidar lo que constituye su obligación accesoria.
OCTAVO: Es así que, la pretensión que fuere incoada por indemnización por daños y
perjuicios por Responsabilidad extracontractual, tal como se tiene de los alcances de
la sentencia de vista ( fundamento 4.5) siendo que se ha fijado que la indemnización
de daños corren desde el momento en que la víctima sufre efectivamente el perjuicio,
pues lo que se busca reparar íntegramente son los daños ocasionados por el actuar
ilícito .
Es por lo que en el proceso, para determinar los intereses legales devengados respecto
del monto indemniza torio fijado, se tiene que aplicar las disposiciones del Código
Civil , siendo que para éste caso lo que se regula el pago de interés compensatorio y
moratorio, el legal, convencional y el comercial, indicar igualmente que se fija
determinadas limitaciones para el citado concepto.
NOVENO: Si tenemos en cuenta la obligación que hemos indicado, en la misma
consideramos no se puede referir o determinar que se de una mora en la misma, sino
más bien se tiene una de naturaleza sancionadora, considerando que ella se paga desde
que se produjo el daño; otro aspecto que se debe tener en cuenta es que se prohíbe la
capitalización de los intereses, siendo ello permisible solo en obligaciones que se
traten de cuentas mercantiles, Bancarias según se tiene del artículo 1249 del Código
Civil.
1 Felipe Osrerling Parodi y Mario Castillo Freyre” contacto en www.castillofreyre.com Es por ello que la determinación de los intereses legales devengados por la
indemnización de daños y perjuicios extracontractuales, debe efectuarse con exclusión
de cualquier mecanismo que importe su capitalización, por cuanto ello implica una
acumulación de intereses al capital, para que produzca nuevos intereses, o sea que haya
interés de intereses, que constituye el anatocismo. Es por ello que se viene a considerar
que este no es posible realizarse con un interés efectivo.
DECIMO: Es por lo que si tenemos en cuenta que corresponde el derecho al pago de
interés del monto que se fija por indemnización , es necesario precisar que se debe
aplicar un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir nuevos
intereses.
También señalar, que en relación a la aplicación de criterios para la liquidación el
interés legal aplicable non es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil,
lo que se sostiene a nivel previsional y laboral, así como en las relaciones contractuales
salvo las situaciones ya anotadas, por ello, se ha de tener en cuenta que los intereses
legales deberán ser calculados desde la fecha en que produjo el daño (16.10.2001).
Otro tema que debe ser considerado, en atención de lo regulado para el inicio del pago
de intereses, hasta cuando se debe calcular, pues como se ha detallado en líneas
precedentes la citada sentencia de vista ordenó que los demandados paguen a favor de
la demandante por concepto de daños y perjuicios la suma de S/ 200,000.00, monto que
fuera consignado en el Banco de la Nación a favor de la demandante con fecha
23.03.2012, y entregada a la actora el junio del 2012, siendo esta la oportunidad la
que se ha de tener en cuenta para el término del calculo de intereses.
DECIMO PRIMERO .- Bajo tales alcances, y verificándose del Informe Pericial y de
la ratificación efectuada que, para el cálculo de los intereses legales la perito judicial ha
utilizado la tasa de interés legal efectiva y no así la tasa de interés nominal o simple, la
observación formulada por la codemandada Marina de Guerra del Perú debe ser
amparada; del mismo modo, es de verse que si bien la perito tuvo en cuenta desde
cuando debe calcularse los intereses no ha considerado que los mismos debían
calcularse hasta la fecha en que dio cumplimiento a la obligación PRINCIPAL, por lo
que se deberá tener en cuenta ello al momento de efectuar una nueva liquidación.
Por las consideraciones expuestas y en aplicación de los dispositivos legales invocados,
se resuelve: Declarar FUNDADA la observación formulada por la codemandada Marina
de Guerra del Perú al Informe Pericial presentado por la perito Judicial Luz María
García Piérola con fecha 16 de Abril del 2018; en consecuencia, CUMPLA la citada
perito en emitir nuevo informe tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas.-
. NOTIFÍQUESE. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 10128-2002-0-1801-JR-CI-11
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : GASPAR PACHECO SARA SONIA
ESPECIALISTA : MORENO AYALA ROSA MARIBEL
POR DEFINIR : GARCIA PIEROLA, LUZ MARIA 000 PERITO JUDICIAL
DEMANDADO : CHUNGA MARTINEZ, BAKHO BRISKAN
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
RELATIVO A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : SAUCEDO ROMERO VDA DE ALCANTARA, ZOILA
ROSA
Resolución Nro. OCHENTA Y DOS
Lima, veintinueve de NOVIEMBRE
Del año dos mil diecinueve.-
TRAÍDO los autos en mérito a lo dispuesto por resolución
número treinta y ocho de 24 de Julio del 2019, ATENDIENDO:
PRIMERO.- Es de verse que por sentencia de vista contenida en la resolución número
011-11 de fecha 02 de Julio del 2010, se resolvió REVOCAR la sentencia contenida en
la resolución número cuarenta de fecha 14 de Mayo del 2009, que declaro infundada la
demanda interpuesta por la actora Zoila Rosa Saucedo Romero Viuda de Alcántara
contra la Marina de Guerra del Perú y Bakho Briskan Chunga Martínez sobre
indemnización por daños y perjuicios; REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte
la demanda y, en consecuencia, ORDENARON que los codemandados Marina de
Guerra del Perú y don Bakho Briskan Chunga Martínez abonen solidariamente a
favor de la demandante, por concepto de daños y perjuicios, la suma ascendente a S/
200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles), más los intereses respectivos desde la
desde la fecha en que se produjo el hecho generador del daño (16.10.2001); asimismo,
condenaron al codemandado Bakho Briskan Chunga Martínez al pago de costas y
costos procesales; habiendo quedado ejecutoriada la sentencia de vista , en tanto el
recurso de casación interpuesto contra la misma fuera rechazado por el Tribunal
Supremo conforme se tiene de la resolución obrante a folios 684 a 689.
SEGUNDO.- También se tiene que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
vista, por escrito de fecha 28 de Marzo del 2012, la codemandada Marina de Guerra del
Perú presentó el Certificado de Deposito Judicial N° 20120053000451 de fecha 23 de
Marzo del 2012, por el cual consignó la suma de S/ 200,000.00 a favor de la
demandante, a quien se le hizo entrega del mismo con fecha 28.06.2012, tal como
consta del cargo obrante a folios 802.
TERCERO.- Se tiene igualmente que la parte actora mediante escrito de folios 730
presentó su propuesta de liquidación de intereses la cual fuere puesto en conocimiento
de la demandada quién por escrito de folios 750 formula observación, frente a lo
cual tal como se tiene de la resolución número sesenta y cuatro de fecha 19 de Mayo
del 2014, se declaro fundadas las observaciones formuladas por la parte demandada en
su escrito de fecha 27.01.2012, a la liquidación de intereses legales presentado por la
parte actora a través de su escrito de fecha 19.12.2011 obrante a folios 730 y, en
consecuencia, se designó en forma aleatoria a un perito especializada en contabilidad
para que lleve a cabo el cálculo de la liquidación de intereses legales, siendo que del
tenor de la citada resolución no se fijó o delimitó los alcances o los parámetros que
pudieran guiar al perito para la realización de la pericia ordenada. CUARTO.- Que por escrito de fecha 16 de Abril del 2018, la perito Judicial Luz
María García Piérola presenta su Informe Pericial, por el cual concluye que la
liquidación de intereses legales ordenados a pagar por el periodo comprendido del
16.10.2001 al 08.04.2018 asciende a la suma de S/ 113,196.10.
QUINTO.- Que por escrito de fecha 08 de Agosto del 2018, la codemandada Marina de
Guerra del Perú absuelve el traslado de la liquidación de intereses legales, observando la
misma, pues indica que la liquidación no habría sido practicada conforme a las normas
legales, toda vez que al tomar el peritaje como factor acumulados, factor especifico,
estas no habrían sido practicas conforme a las tasas en el tiempo que regula la SBS y el
Banco Central de Reserva del Perú; por lo que la liquidación se encontraría errada al
utilizar la tasa de interés legal efectiva (factor capitalizable). Asimismo, por escrito de
fecha 10 de Agosto del 2018, la citada codemandada amplía su observación a la
liquidación de intereses legales bajo los mismos fundamentos que su escrito de
observación, señalando que al haberse utilizado el factor de intereses capitalizable se
había creado una distorsión y una inconsistencia al momento de realizar la liquidación
la liquidación de intereses legales, dando un monto que difiere con la realidad, además
adjunta la liquidación de intereses legales efectuados por su persona en la suma de S/
89,668.00.
SEXTO.- Que por escrito de fecha 03 de Enero del 2019, la perito judicial absuelve el
traslado de la observación y su ampliación, ratificando su Informe Pericial Contable
presentado con fecha 16.04.2018, por el cual liquida los intereses legales en la suma de
S/ 113,196.10.
SEPTIMO: Se debe indicar que la obligación de dar intereses, constituye “la
obligación accesoria consistente en dar una cantidad de cosas fungibles, que es rendida
por una obligación de capital, y que se mide en proporción al importe o valor del
capital, y al tiempo de indisponibilidad de dicho capital para el acreedor 1“ por ello para
que se puede hablar del pago de intereses debe existir una obligación principal, siendo
que la transmisión de ésta también importa la transmisión de deuda de intereses. Es por
ello, que la misma no es posible desligársela de la obligación que la origina, por ello,
también los alcances para liquidar lo que constituye su obligación accesoria.
OCTAVO: Es así que, la pretensión que fuere incoada por indemnización por daños y
perjuicios por Responsabilidad extracontractual, tal como se tiene de los alcances de
la sentencia de vista ( fundamento 4.5) siendo que se ha fijado que la indemnización
de daños corren desde el momento en que la víctima sufre efectivamente el perjuicio,
pues lo que se busca reparar íntegramente son los daños ocasionados por el actuar
ilícito .
Es por lo que en el proceso, para determinar los intereses legales devengados respecto
del monto indemniza torio fijado, se tiene que aplicar las disposiciones del Código
Civil , siendo que para éste caso lo que se regula el pago de interés compensatorio y
moratorio, el legal, convencional y el comercial, indicar igualmente que se fija
determinadas limitaciones para el citado concepto.
NOVENO: Si tenemos en cuenta la obligación que hemos indicado, en la misma
consideramos no se puede referir o determinar que se de una mora en la misma, sino
más bien se tiene una de naturaleza sancionadora, considerando que ella se paga desde
que se produjo el daño; otro aspecto que se debe tener en cuenta es que se prohíbe la
capitalización de los intereses, siendo ello permisible solo en obligaciones que se
traten de cuentas mercantiles, Bancarias según se tiene del artículo 1249 del Código
Civil.
1 Felipe Osrerling Parodi y Mario Castillo Freyre” contacto en www.castillofreyre.com Es por ello que la determinación de los intereses legales devengados por la
indemnización de daños y perjuicios extracontractuales, debe efectuarse con exclusión
de cualquier mecanismo que importe su capitalización, por cuanto ello implica una
acumulación de intereses al capital, para que produzca nuevos intereses, o sea que haya
interés de intereses, que constituye el anatocismo. Es por ello que se viene a considerar
que este no es posible realizarse con un interés efectivo.
DECIMO: Es por lo que si tenemos en cuenta que corresponde el derecho al pago de
interés del monto que se fija por indemnización , es necesario precisar que se debe
aplicar un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir nuevos
intereses.
También señalar, que en relación a la aplicación de criterios para la liquidación el
interés legal aplicable non es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil,
lo que se sostiene a nivel previsional y laboral, así como en las relaciones contractuales
salvo las situaciones ya anotadas, por ello, se ha de tener en cuenta que los intereses
legales deberán ser calculados desde la fecha en que produjo el daño (16.10.2001).
Otro tema que debe ser considerado, en atención de lo regulado para el inicio del pago
de intereses, hasta cuando se debe calcular, pues como se ha detallado en líneas
precedentes la citada sentencia de vista ordenó que los demandados paguen a favor de
la demandante por concepto de daños y perjuicios la suma de S/ 200,000.00, monto que
fuera consignado en el Banco de la Nación a favor de la demandante con fecha
23.03.2012, y entregada a la actora el junio del 2012, siendo esta la oportunidad la
que se ha de tener en cuenta para el término del calculo de intereses.
DECIMO PRIMERO .- Bajo tales alcances, y verificándose del Informe Pericial y de
la ratificación efectuada que, para el cálculo de los intereses legales la perito judicial ha
utilizado la tasa de interés legal efectiva y no así la tasa de interés nominal o simple, la
observación formulada por la codemandada Marina de Guerra del Perú debe ser
amparada; del mismo modo, es de verse que si bien la perito tuvo en cuenta desde
cuando debe calcularse los intereses no ha considerado que los mismos debían
calcularse hasta la fecha en que dio cumplimiento a la obligación PRINCIPAL, por lo
que se deberá tener en cuenta ello al momento de efectuar una nueva liquidación.
Por las consideraciones expuestas y en aplicación de los dispositivos legales invocados,
se resuelve: Declarar FUNDADA la observación formulada por la codemandada Marina
de Guerra del Perú al Informe Pericial presentado por la perito Judicial Luz María
García Piérola con fecha 16 de Abril del 2018; en consecuencia, CUMPLA la citada
perito en emitir nuevo informe tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas.-
. NOTIFÍQUESE. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 10128-2002-0-1801-JR-CI-11
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : GASPAR PACHECO SARA SONIA
ESPECIALISTA : MORENO AYALA ROSA MARIBEL
POR DEFINIR : GARCIA PIEROLA, LUZ MARIA 000 PERITO JUDICIAL
DEMANDADO : CHUNGA MARTINEZ, BAKHO BRISKAN
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
RELATIVO A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : SAUCEDO ROMERO VDA DE ALCANTARA, ZOILA
ROSA
Resolución Nro. OCHENTA Y DOS
Lima, veintinueve de NOVIEMBRE
Del año dos mil diecinueve.-
TRAÍDO los autos en mérito a lo dispuesto por resolución
número treinta y ocho de 24 de Julio del 2019, ATENDIENDO:
PRIMERO.- Es de verse que por sentencia de vista contenida en la resolución número
011-11 de fecha 02 de Julio del 2010, se resolvió REVOCAR la sentencia contenida en
la resolución número cuarenta de fecha 14 de Mayo del 2009, que declaro infundada la
demanda interpuesta por la actora Zoila Rosa Saucedo Romero Viuda de Alcántara
contra la Marina de Guerra del Perú y Bakho Briskan Chunga Martínez sobre
indemnización por daños y perjuicios; REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte
la demanda y, en consecuencia, ORDENARON que los codemandados Marina de
Guerra del Perú y don Bakho Briskan Chunga Martínez abonen solidariamente a
favor de la demandante, por concepto de daños y perjuicios, la suma ascendente a S/
200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles), más los intereses respectivos desde la
desde la fecha en que se produjo el hecho generador del daño (16.10.2001); asimismo,
condenaron al codemandado Bakho Briskan Chunga Martínez al pago de costas y
costos procesales; habiendo quedado ejecutoriada la sentencia de vista , en tanto el
recurso de casación interpuesto contra la misma fuera rechazado por el Tribunal
Supremo conforme se tiene de la resolución obrante a folios 684 a 689.
SEGUNDO.- También se tiene que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
vista, por escrito de fecha 28 de Marzo del 2012, la codemandada Marina de Guerra del
Perú presentó el Certificado de Deposito Judicial N° 20120053000451 de fecha 23 de
Marzo del 2012, por el cual consignó la suma de S/ 200,000.00 a favor de la
demandante, a quien se le hizo entrega del mismo con fecha 28.06.2012, tal como
consta del cargo obrante a folios 802.
TERCERO.- Se tiene igualmente que la parte actora mediante escrito de folios 730
presentó su propuesta de liquidación de intereses la cual fuere puesto en conocimiento
de la demandada quién por escrito de folios 750 formula observación, frente a lo
cual tal como se tiene de la resolución número sesenta y cuatro de fecha 19 de Mayo
del 2014, se declaro fundadas las observaciones formuladas por la parte demandada en
su escrito de fecha 27.01.2012, a la liquidación de intereses legales presentado por la
parte actora a través de su escrito de fecha 19.12.2011 obrante a folios 730 y, en
consecuencia, se designó en forma aleatoria a un perito especializada en contabilidad
para que lleve a cabo el cálculo de la liquidación de intereses legales, siendo que del
tenor de la citada resolución no se fijó o delimitó los alcances o los parámetros que
pudieran guiar al perito para la realización de la pericia ordenada. CUARTO.- Que por escrito de fecha 16 de Abril del 2018, la perito Judicial Luz
María García Piérola presenta su Informe Pericial, por el cual concluye que la
liquidación de intereses legales ordenados a pagar por el periodo comprendido del
16.10.2001 al 08.04.2018 asciende a la suma de S/ 113,196.10.
QUINTO.- Que por escrito de fecha 08 de Agosto del 2018, la codemandada Marina de
Guerra del Perú absuelve el traslado de la liquidación de intereses legales, observando la
misma, pues indica que la liquidación no habría sido practicada conforme a las normas
legales, toda vez que al tomar el peritaje como factor acumulados, factor especifico,
estas no habrían sido practicas conforme a las tasas en el tiempo que regula la SBS y el
Banco Central de Reserva del Perú; por lo que la liquidación se encontraría errada al
utilizar la tasa de interés legal efectiva (factor capitalizable). Asimismo, por escrito de
fecha 10 de Agosto del 2018, la citada codemandada amplía su observación a la
liquidación de intereses legales bajo los mismos fundamentos que su escrito de
observación, señalando que al haberse utilizado el factor de intereses capitalizable se
había creado una distorsión y una inconsistencia al momento de realizar la liquidación
la liquidación de intereses legales, dando un monto que difiere con la realidad, además
adjunta la liquidación de intereses legales efectuados por su persona en la suma de S/
89,668.00.
SEXTO.- Que por escrito de fecha 03 de Enero del 2019, la perito judicial absuelve el
traslado de la observación y su ampliación, ratificando su Informe Pericial Contable
presentado con fecha 16.04.2018, por el cual liquida los intereses legales en la suma de
S/ 113,196.10.
SEPTIMO: Se debe indicar que la obligación de dar intereses, constituye “la
obligación accesoria consistente en dar una cantidad de cosas fungibles, que es rendida
por una obligación de capital, y que se mide en proporción al importe o valor del
capital, y al tiempo de indisponibilidad de dicho capital para el acreedor 1“ por ello para
que se puede hablar del pago de intereses debe existir una obligación principal, siendo
que la transmisión de ésta también importa la transmisión de deuda de intereses. Es por
ello, que la misma no es posible desligársela de la obligación que la origina, por ello,
también los alcances para liquidar lo que constituye su obligación accesoria.
OCTAVO: Es así que, la pretensión que fuere incoada por indemnización por daños y
perjuicios por Responsabilidad extracontractual, tal como se tiene de los alcances de
la sentencia de vista ( fundamento 4.5) siendo que se ha fijado que la indemnización
de daños corren desde el momento en que la víctima sufre efectivamente el perjuicio,
pues lo que se busca reparar íntegramente son los daños ocasionados por el actuar
ilícito .
Es por lo que en el proceso, para determinar los intereses legales devengados respecto
del monto indemniza torio fijado, se tiene que aplicar las disposiciones del Código
Civil , siendo que para éste caso lo que se regula el pago de interés compensatorio y
moratorio, el legal, convencional y el comercial, indicar igualmente que se fija
determinadas limitaciones para el citado concepto.
NOVENO: Si tenemos en cuenta la obligación que hemos indicado, en la misma
consideramos no se puede referir o determinar que se de una mora en la misma, sino
más bien se tiene una de naturaleza sancionadora, considerando que ella se paga desde
que se produjo el daño; otro aspecto que se debe tener en cuenta es que se prohíbe la
capitalización de los intereses, siendo ello permisible solo en obligaciones que se
traten de cuentas mercantiles, Bancarias según se tiene del artículo 1249 del Código
Civil.
1 Felipe Osrerling Parodi y Mario Castillo Freyre” contacto en www.castillofreyre.com Es por ello que la determinación de los intereses legales devengados por la
indemnización de daños y perjuicios extracontractuales, debe efectuarse con exclusión
de cualquier mecanismo que importe su capitalización, por cuanto ello implica una
acumulación de intereses al capital, para que produzca nuevos intereses, o sea que haya
interés de intereses, que constituye el anatocismo. Es por ello que se viene a considerar
que este no es posible realizarse con un interés efectivo.
DECIMO: Es por lo que si tenemos en cuenta que corresponde el derecho al pago de
interés del monto que se fija por indemnización , es necesario precisar que se debe
aplicar un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir nuevos
intereses.
También señalar, que en relación a la aplicación de criterios para la liquidación el
interés legal aplicable non es capitalizable, conforme al artículo 1249 del Código Civil,
lo que se sostiene a nivel previsional y laboral, así como en las relaciones contractuales
salvo las situaciones ya anotadas, por ello, se ha de tener en cuenta que los intereses
legales deberán ser calculados desde la fecha en que produjo el daño (16.10.2001).
Otro tema que debe ser considerado, en atención de lo regulado para el inicio del pago
de intereses, hasta cuando se debe calcular, pues como se ha detallado en líneas
precedentes la citada sentencia de vista ordenó que los demandados paguen a favor de
la demandante por concepto de daños y perjuicios la suma de S/ 200,000.00, monto que
fuera consignado en el Banco de la Nación a favor de la demandante con fecha
23.03.2012, y entregada a la actora el junio del 2012, siendo esta la oportunidad la
que se ha de tener en cuenta para el término del calculo de intereses.
DECIMO PRIMERO .- Bajo tales alcances, y verificándose del Informe Pericial y de
la ratificación efectuada que, para el cálculo de los intereses legales la perito judicial ha
utilizado la tasa de interés legal efectiva y no así la tasa de interés nominal o simple, la
observación formulada por la codemandada Marina de Guerra del Perú debe ser
amparada; del mismo modo, es de verse que si bien la perito tuvo en cuenta desde
cuando debe calcularse los intereses no ha considerado que los mismos debían
calcularse hasta la fecha en que dio cumplimiento a la obligación PRINCIPAL, por lo
que se deberá tener en cuenta ello al momento de efectuar una nueva liquidación.
Por las consideraciones expuestas y en aplicación de los dispositivos legales invocados,
se resuelve: Declarar FUNDADA la observación formulada por la codemandada Marina
de Guerra del Perú al Informe Pericial presentado por la perito Judicial Luz María
García Piérola con fecha 16 de Abril del 2018; en consecuencia, CUMPLA la citada
perito en emitir nuevo informe tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas.-
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EXPEDIENTE Nº : 00056-2003-0-2301-JR-LA-01
RELATOR : JOSE LUIS VILCA BECERRA
DEMANDANTE : MARIANO MAMANI MAMANI
DEMANDADO : ELECTROPERU S.A.
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTATAL
ELECTROSUR S.A.
MATERIA : PÁGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCION Nº : 110
Tacna, ocho de Junio
Del año dos mil veinte.-
VISTOS: En audiencia pública, el proceso laboral, seguido por Mariano
Mamani Mamani, con la Empresa Electroperú S.A. y la Empresa Eléctrica
Pública Estatal Electrosur S.A. sobre Pago de Beneficios Económicos. Con el
Informe Oral efectuado por el abogado Aldo Patricio Soto Delgado.
Interviniendo como ponente la señora Juez Superior Begazo De La Cruz.--------
Objeto del recurso:
Es materia de revisión:
a) La resolución número treinta y uno, emitida en Audiencia
Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco,
corriente de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y
siete, que resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE LA EXCLUSION
DEL PROCESO SOLICITADA POR LA EMPRESA ELECTROPERU
S.A.
b) La resolución número treinta y dos, emitida en Audiencia
Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco,
corriente de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y
siete, que resuelve: Declarar Infundada la Excepción de Falta de
Legitimidad para obrar de la demandada, deducida por la parte
demandada. c) La resolución número treinta y tres, emitida en Audiencia
Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco,
corriente de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y
siete, que resuelve: DECLARAR INFUNDADA la Excepción de
Prescripción deducida por la parte demandada, debiendo continuarse
con el trámite del proceso.
d) La sentencia emitida mediante resolución número noventa, del ocho de
junio del dos mil diecisiete, corriente de folios mil ciento cincuenta a mil
ciento cincuenta y seis, en el extremo que decide: Declaro INFUNDADA
la demanda interpuesta por MARIANO MAMANI MAMANI, en contra de
la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL PUBLICA ESTATAL
ELECTROSUR S.A. sobre COBRO DE BENEFICIOS SOCIALES a fin
que se le abone la suma total de 271,144.52 soles suma que incluye los
intereses legales, acorde a las liquidaciones reales practicadas. En
consecuencia: a) SE DISPONE el Archivo definitivo una vez quede
consentida la presente debiendo remitirse los autos al Archivo Central de
esta Corte. Decisión recurrida por la parte demandante.
CONSIDERANDO:
1.- De la apelación de las resoluciones número treinta y uno, treinta y dos
y treinta y tres.------------------------------------------------------------------------------------
1.1.- Conforme se advierte de los escritos que corren de folios seiscientos
cincuenta y tres a seiscientos cincuenta y siete, de folios seiscientos sesenta y
tres a seiscientos sesenta y seis y de folios seiscientos setenta y uno a
seiscientos setenta y cuatro, Electricidad del Perú-Electroperú S.A. interpone
recurso de apelación de las resoluciones número treinta y uno, treinta y dos y
treinta tres, que resuelven: Declarar Improcedente la Exclusión del proceso
solicitada por la Empresa Electroperú S.A., Infundada la Excepción de Falta de
Legitimidad para obrar de la demandada, deducida por la parte demandada e
Infundada la Excepción de Prescripción respectivamente, habiéndose
concedido apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.------------
1.2.- Posteriormente, mediante resolución número cuarenta y tres, de fecha
veintiuno de marzo del año dos mil seis, corriente a folios setecientos sesenta y
uno y setecientos sesenta y dos, se resolvió declarar Fundada la Exclusión del
proceso a la Empresa Electroperú S.A. resolución que fue declara cosa
juzgada, tal como se advierte de la resolución número sesenta y uno, de fecha
veintitrés de octubre del año dos mil ocho, obrante a folios novecientos quince.- 1.3.- Atendiendo a que, la Empresa Electroperú S.A, ha sido excluida del
proceso, no tiene sentido que, se absuelvan las apelaciones que formuló dicha
empresa respecto de las resoluciones número treinta y uno, treinta y dos y
treinta y tres, por haberse producido la sustracción de la materia, más aún si
tenemos en cuenta que, conforme al artículo 369 del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al caso de autos, la falta de apelación de la sentencia
o de la resolución señalada por el Juez, determina la ineficacia de la apelación
diferida.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.- En consecuencia, atendiendo a que, la Empresa Electroperú S.A. en su
calidad de litisconsorte ha sido excluido del proceso, no formando parte de la
relación jurídico procesal, las excepciones formuladas se han sustraído del
ámbito jurisdiccional, resultando innecesario emitir pronunciamiento respecto
de las apelaciones de las resoluciones número treinta y uno, treinta y dos y
treinta y tres.-----------------------------------------------------------------------------------------
2.- Fundamentos de la pretensión impugnatoria de la sentencia.---------------
Conforme se desprende del escrito que corre de folios mil ciento setenta y
nueve a mil ciento ochenta y uno, Mariano Mamani Mamani, interpone recurso
impugnatorio sosteniendo, en lo esencial, que: a) El Juez de la causa no ha
resuelto previamente su escrito de demanda y se le ha recortado su derecho de
defensa, del estudio minucioso de los actuados tenemos que el escrito aludido
presentado con peticiones concretas fue decretado mediante resolución
número noventa del catorce de junio del dos mil diecisiete y se evidencia de su
tenor que en efecto, se ha violado el debido proceso que tutela la carta magna
en sus incisos 5 artículo 139 al decir Improcedente, precisamente se trata de la
resolución número noventa, siendo esto así, la resolución impugnada no se ha
emitido en mérito a lo actuado y a derecho; b) No se ha compulsado
debidamente las pruebas aportadas por el accionante previsto en el artículo
188, 196, 233 y siguientes del Código apuntado, no se ha interpretado en su
verdadero alcance la norma que favorece al actor preceptuado en el artículo II
del Título Preliminar de la Ley 26636 Ley Procesal de Trabajo, siendo esto así,
la resolución impugnada no se ha emitido en mérito a lo actuado ni al derecho,
pues se ha infraccionado el debido proceso que tutela la jurisdicción efectiva,
incurriéndose en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del mismo
Código; c) El Juez de la causa y la demandada no quieren entender
correctamente que los trabajadores de la empresa Electroperú y filiales
regionales Electronorte S.A., Electrosur Este S.A., Electroriente S.A.,
Electrocentro, Electrolima S.A. Electrosurmedio S.A., Hidrandina S.A.,
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., Electrosur S.A. Electronoroeste S.A., Egesur S.A., afiliados a la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del
Perú, que los trabajadores de Electroperú y filiales afiliados a la Federación de
Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú, se han venido acogiendo durante años
el beneficio mayor que otras organizaciones del del sector eléctrico pacten por
usos, costumbres y derechos adquiridos en el sector eléctrico, prueba de ello
tienen los convenios colectivos: 88-89; 89-90 período alcance y vigencia de los
beneficios tercer párrafo concordante con el acta de reunión de trabajo
Electroperú del diecinueve de abril de mil novecientos noventa, convenio
colectivo 91-92 Electroperú cláusula de salvaguarda, previstos en el artículo
188, 196 y 233 y siguientes del Código prenombrado, amparado en el artículo
54 y 57 de la Carta Magna de 1979 y convenio internacional OIT, artículo 98 y
99 que no están supeditados a las órdenes de Conade (hoy Fonafe) que no
tiene caducidad ni prescripción alguna y de cumplimiento obligatorio, que
desvirtúa los argumentos esgrimidos de la contestación a la demanda de los
escritos de Electrosur y de la sentencia apelada que plantean argumentos que
no son materia de discusión en este proceso y carece de todo sustento legal y
eficacia probatoria según se advierte en el artículo 179 del código adjetivo; d)
Del minucioso examen de los actuados tenemos que el numeral 3 del artículo
139 de la Constitución Política del Estado, expresa que es garantía de la
administración de justicia la observancia del debido proceso, precepto que
guarda concordancia con los numerales 3 y 4 del artículo 122 del Código
prenombrado que precisan que las resoluciones deberán mantener la
motivación de hecho y de derecho que corresponda, pronunciándose sobre
cada uno de los puntos controvertidos, asimismo, el numeral 6 del artículo 50
del código de marras señala que es deber del juez, fundamentar los autos y las
sentencias bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de
las normas y el de congruencia, en el caso de autos el accionante demanda
beneficios económicos derivado del pacto colectivo o laudo arbitral 91-92
Electrolima y que se declare nula la sentencia apelada venida en grado en el
proceso laboral del expediente 45-2003, como argumento de su pretensión el
actor ha señalado que la resolución judicial que impugna vulnera los derechos
de irrenunciabilidad de derechos laborales, tutela jurisdiccional efectiva y
debido proceso al haberse rechazado la demanda, más si dicho texto
constitucional reconocía la calidad de derechos adquiridos en materia laboral,
no obstante el juez de la causa al resolver declara infundada la demanda ha
omitido pronunciarse motivadamente sobre las pretensiones propuestas en el
escrito de demanda, la pericia contable efectuada por el perito judicial, las
pruebas ofrecidas por el demandante, la norma que favorece al trabajador y
asimismo ha omitido señalar la sentencia resolución número setenta y ocho
del veintinueve de mayo del dos mil nueve, emitida en mérito a lo actuado y a
derecho, las mismas que siñen a la vulneración de los derechos constitucionales invocados por el accionante, lo cual no solo vulnera la
garantía constitucional prevista en el artículo 5 de la Constitucion del estado
sino el derecho del apelante a impugnar adecuadamente el fallo que la agravia,
al haberse inobservado tales preceptos legales es evidente que la sentencia
dictada por el juzgado de origen ha incurrido en causal de nulidad; e) Es
principio del derecho laboral y constitucional la tutela jurisdiccional y el debido
proceso y la forma prescrita por ley, además de considerar la norma que
favorece al trabajador, la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, además
de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establecen el trato
igualitario, asimismo la carta magna establece que se respetan los principios de
igualdad de oportunidades sin discriminación, carácter irrenunciable de los
derechos reconocidos por la Constitución y ley, interpretación favorable al
trabajador en caso de duda insalvable. Peticiona se revoque y/ o anule la
sentencia apelada.---------------------------------------------------------------------------------
3.- Carga de la prueba en materia laboral.-----------------------------------------------
3.1.- La carga de la prueba viene a ser el conjunto de reglas de juicio que le
señala al magistrado la manera como resolverá en aquellos casos de omisión
de pruebas o pruebas insuficientes que no puede salvar ni siquiera con la
actuación de pruebas de oficio. La carga de la prueba implica reglas indirectas
de conducta para las partes que les indican cuales son los hechos que a cada
una de ellas le interesa probar que se acojan sus pretensiones.----------------------
3.2.- Conforme al artículo 27 de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo,
corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente al trabajador
probar la existencia del vínculo laboral y al empleador demandado probar el
cumplimiento de las obligaciones para con el trabajador, contenidas en las
normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y
el contrato individual del trabajo; igualmente de acuerdo al artículo 22 de la Ley
de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo 003-
97-TR corresponde al empleador la demostración de la causa del despido en el
proceso judicial, y, al trabajador la existencia del despido, su nulidad cuando la
invoque y la hostilidad de la que fuera objeto; es decir instituye el deber de las
partes de probar sus afirmaciones, en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 196 del Código Procesal Civil, que precisa que la carga de la prueba
corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión. En el
caso del demandado, su contradicción encontrará amparo si constituye una
negación pura o simple (sin necesidad de aportar prueba alguna) de todos los
hechos expuestos por el actor en la demanda y no acredita este último en
forma idónea su pretensión, ello en virtud de la máxima onus probandi incumbit ei qui dicit, no qui negat.. Vale decir que, en principio, quien alega
el hecho que constituye el presupuesto de la consecuencia jurídica que
reclama, tiene la carga procesal específica de aportar los medios probatorios
destinados a acreditar el mismo; en defecto de lo cual, tal como preceptúa el
artículo 200 del mismo cuerpo normativo, la demanda será declarada
infundada.--------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Caso de autos.--------------------------------------------------------------------------------
4.1.- De la revisión de autos tenemos que, mediante escrito que, corre de folios
siete a catorce, Mariano Mamani Mamani, interpone demanda en contra de la
Empresa Eléctrica Regional Pública Estatal Electrosur S.A., sobre Cobro de
Beneficios Sociales, para que se le abone la suma total de S/. 271,144.52
nuevos soles, suma que incluye los intereses legales, bajo apercibimiento de
procederse a la ejecución forzada. Sostiene como fundamentos fácticos de su
pretensión que, ha trabajado para la demandada desde el uno de noviembre de
mil novecientos sesenta hasta el dos de agosto del dos mil uno, computable
cuarentiún años de servicios, Status 8439/4916 Obrero/Empleado, Cargo
Técnico Electricista, última remuneración mensual real S/: 4.576.89 y
remuneración compensatoria S/. 4,861.89; que, ha sido cesado por iniciativa
del empleador por marco legal N° 871; que, la demandada como producto de
su cese por racionalización de personal, le ha abonado sus beneficios sociales
en forma apresuradamente diminuta practicando la liquidación con errores de
cálculo y omite la cantidad real perjudicándolo económicamente; que, por
convenio colectivo 91/92 Electrosur S.A. que rige a partir del uno de julio de mil
novecientos noventa y uno, se pactó al treinta y uno de marzo de mil
novecientos noventa y dos con el compromiso y acuerdo mutuo de ambas
partes de otorgar a los trabajadores los beneficios convencionales, la Cláusula
Única del Pacto Armonía Laboral del 80% del básico más los incrementos
adicionales de la remuneración fija mensual, la Cláusula de salvaguarda para
acogerse al Beneficio Mayor que otras Organizaciones Sindicales del Sub
Sector Eléctrico logren por Negociación Colectiva período 1991/1992, referido
al Pacto Colectivo o Laudo Arbitral Electrolima 91/92 por usos y costumbres,
derechos adquiridos irrenunciables e intangibles en el Sub Sector Eléctrico que
se integran a la liquidación real practicada en los de la materia previsto en el
artículo 1 del Decreto Legislativo 650 y su Reglamento Decreto Supremo 034-
91-TR amparados jerárquicamente por la Constitución Peruana 1979, Convenio
Internacional de la OIT y la ley que obran en Electrosur S.A.; que, así consta en
los Convenios Colectivos Electroperú del cuatro de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno,1987/1988 y 1989/1990 Punto Alcance y vigencia
de los beneficios, tercer párrafo que ha quedado establecido durante años en el Sub Sector Eléctrico que es materia para la litis que obran en Electrosur S.A.;
que, debe tenerse presente el artículo 49 de la Carta Magna de 1979, artículo
54, 57 y 79 de la misma, por consiguiente, la demandada está impedida
constitucionalmente de desconocer un derecho adquirido o reconocido por
convenio contractual de trabajo; que, la Ley 4916, ampliatorias y conexas, y el
Decreto Legislativo 650 y 688, normas el reconocimiento en las liquidaciones
por Compensación por Tiempo de Servicios al cese, normas legales vigentes
que la emplazada no ha tomado en cuenta, asimismo el Decreto Supremo N°
006-71-TR.-------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.- La demandada Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad-
Electrosur S.A. al contestar la demanda mediante escrito que corre de folios
veintinueve a treinta y uno señala que, luego de la suscripción del Convenio de
Negociación Colectiva del período 1991-1992 que tuvo lugar el uno de abril de
mil novecientos noventa y dos, la empresa procedió a cumplir en su totalidad
con los beneficios y pactos sindicales correspondientes como horas
extraordinarias, asignación escolar, movilidad, asignación vacacional, carga
familiar por cónyuge e hijo, bonificación por madre viuda así como por concepto
de refrigerio, estos pagos se hicieron en forma inmediata a la celebración del
convenio a favor de todos los trabajadores sindicalizados y en el caso del actor,
se cumplió con efectuar todos los pagos a su favor, dejando constancia
expresa de los mismos en planilla y en las boletas de pago respectivas, no
quedando ningún monto pendiente de pago a favor del extrabajador; que, la
liquidación practicada por el actor no obedece a datos correctos ni reales,
existiendo confusión en los conceptos demandados, careciendo de sustento
jurídico su petitorio, ya que su acción deriva de una interpretación inadecuada
de las normas legales citadas en su demanda y de los convenios colectivos
que ha ofrecido como prueba; que, el actor pretende amparar su pretensión
acogiéndose a la cláusula de salvaguarda contemplada en el convenio 1991-
1992 de Electrosur S.A. lo cual no es correcto, toda vez que en la misma se
estableció como requisito previo la aceptación de la Corporación Nacional de
Desarrollo-CONADE, lo cual nunca se dio, por tanto, todos los derechos que
pretende reclamar carecen de sustento legal, debiéndose declarar Infundada la
demanda.--------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.- El señor Juez declara Infundada la demanda porque considera que, de los
medios probatorios actuados no se verifican los mayores beneficios que
derivaron de la Negociación Colectiva tramitada ante la Autoridad de Trabajo
de Lima, dentro del Expediente signado con el N° 1209-91-1DV-NEG, menos
aún que e se haya cumplido la condición de que los mayores beneficios
acordados hubieren sido a su turno aceptados por la Corporación Nacional de Desarrollo-CONADE, lo que es observado por la parte demandada, cuando
estos resultan siendo los requisitos, las exigencias previstas por la cláusula de
salvaguarda en el Convenio Colectivo 1991/1992, pactado el treinta y uno de
marzo de mil novecientos noventa y uno y suscrito el uno de abril de mil
novecientos noventa y dos, los acuerdos son libres y voluntarios en el
procedimiento negocial, las partes se ponen de acuerdo en el nivel y
condiciones en el que convienen, los cuales deben actuar con buena fe y
lealtad, los acuerdos adoptaos debe ser de mutuo respeto y cumplimiento
obligatorio, no pudiendo modificarse unilateralmente (fundamento 14); que, la
parte demandada ha negado la pretensión del demandante, precisando que el
demandante sustenta su pretensión acogiéndola a la cláusula de salvaguarda,
contemplada en el convenio 1991-1992 de Electrosur S.A., lo cual no es
correcto, toda vez que en la misma se estableció como requisito previo la
aceptación de la Corporación Nacional de Desarrollo-CONADE, lo cual nunca
se dio; al respecto en el informe pericial no se verifica dicho requisito y no
existe en autos medios probatorios que acrediten dicho hecho, para determinar
el cumplimiento de la condición, tal como se convino y la existencia del vínculo
obligacional y su exigibilidad (fundamento 17).--------------------------------------------
4.4.- Absolviendo el grado tenemos que, la sentencia apelada se encuentra
dictada en mérito a lo actuado y a derecho por cuanto, de autos, no se han
acreditado los extremos de la pretensión, esencialmente los instrumentos que
generarían los derechos pretendidos que se derivan de los convenios
colectivos que serían extensibles a través de la cláusula de salvaguarda
invocada e inserta en el Convenio Colectivo 1991 – 1992 (folios ciento doce a
ciento quince), por lo que el juez del proceso se encuentra limitado en la
valoración de la prueba (por ausencia de estos), sobre hechos que no pueden
presumirse sino que deben ser probados.--------------------------------------------------
4.5.- Por otro lado, de la copia simple del Convenio Colectivo 1991-1992
suscrito entre ELECTROSUR S.A y el Sindicato Único de Trabajadores de
Electrosur S.A (folios ciento doce a ciento quince) en su denominada Cláusula
de Salvaguarda, literalmente se expresa lo siguiente “ELECTROSUR S.A
conviene en hacer extensivo en todos sus alcances los mayores beneficios que
pudieran derivar de la Negociación Colectiva que se tramita en el expediente
N° 1209-91-1-DV-NEG por ante la Autoridad de Trabajo de Lima, la misma que
debe contar con la aceptación de la Corporación Nacional de Desarrollo –
CONADE”.-------------------------------------------------------------------------------------------
4.6.- Del sustento probatorio obrante en autos no se verifican los mayores
beneficios que derivaron de la Negociación Colectiva tramitada ante la Autoridad de Trabajo de Lima, dentro del Expediente signado con el N° 1209-
91-1DV-NEG, menos aún que los mayores beneficios acordados hubieren sido
a su turno aceptados por la Corporación Nacional de Desarrollo – CONADE,
cuando éstos resultan siendo los requisitos, las exigencias previstas por la
cláusula de salvaguarda en el Convenio Colectivo 1991/1992, pactado el 31 de
marzo del 1991, y suscrito el 01 de abril de 1992 referido en el fundamento
anterior, supuesto este que es condición sine qua non para su ejecución lo que,
además, desestima beneficio mayor a favor del demandante con motivo del
Laudo Arbitral Electrolima 91/92.--------------------------------------------------------------
4.7.- Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos
controvertidos y fundamentar sus decisiones”, conforme establece el artículo
188 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos; en
concordancia con el artículo 196 del mismo cuerpo legal que prescribe “Salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos”; asimismo todos los medios probatorios son valorados por el Juez en
forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, sin embargo, en la
resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes
que sustentan su decisión; por tanto, no habiendo el demandante acreditado
los alcances de la Negociación Colectiva tramitada ante la Autoridad de
Trabajo, Expediente N° 1209-91-1DV-NEG, menos aún que los mayores
beneficios acordados a favor de los trabajadores de ELECTROSUR SA
hubieren sido a su turno aceptados por la Corporación Nacional de Desarrollo –
CONADE, la demanda resulta Infundada, conforme ha concluido el Juez de la
causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8.- Se ha referido en el proceso la observancia al principio de
irrenunciablidad; al respecto resulta necesario hacer referencia y analizar la
naturaleza de la existencia de derechos indisponibles, desde la perspectiva de
que su titular pueda disponer válidamente de los mismos, para luego establecer
la vigencia de dicho principio. En materia laboral, tanto a nivel constitucional
como legal se ha regulado la irrenunciabilidad de derechos (categoría válida y
similar a la indisponibilidad). Se debe tener en cuenta que el Principio de
Irrenunciabilidad limita la autonomía de la voluntad para determinados casos
relacionados con los contratos individuales de trabajo, especialmente, cuando
estos derivan de normas taxativas, hecho este que inclusive tiene derivación
Constitucional, por cuanto se protege al trabajador, inclusive, respecto de sus
actos propios cuando pretenda renunciar a derechos y beneficios que por
mandato constitucional y legal le corresponden, evitando se perjudique.----------- 4.9.- En la STC 00529-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional (haciendo
referencia a su anterior sentencia expedida en el expediente stc 0008-2005-
AI/TC), refiere que “la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin
tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral. En este
sentido el trabajador no puede despojarse, permutar, renunciar, a los
beneficios, facultades o atribuciones que le concede la norma (…) el Principio
de Irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de
disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan sobre normas
taxativas y sanciona con la invalidez la transgresión de esta pauta basilar. La
Irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de
las normas taxativas que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva
a la parte más débil de la relación laboral”.-------------------------------------------------
4.10.- Para la operatividad de este principio además se debe tener en cuenta
que el derecho pretendido forme parte del patrimonio del demandante. En
ambos casos, es decir la taxatividad de la norma (a que se refiere el Tribunal
Constitucional), traducido en la ausencia de autorización por parte de la
autoridad competente sobre la extensión de los convenios colectivos (por parte
de CONADE que es la entidad encargada de regular las remuneraciones de los
trabajadores de las empresas del Estado, conforme a lo previsto por las leyes
de presupuesto de los años 1988 a 1992) y la pertenencia del derecho, no han
sido debidamente acreditados en autos, siendo por tanto de aplicación lo
dispuesto por el artículo 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria
al caso de autos, debiendo por tanto confirmarse la recurrida, desestimándose
la pretensión impugnatoria.---------------------------------------------------------------------
Por tanto, al amparo de las normas acotadas y en mérito de las
consideraciones expuestas y de conformidad con el artículo 42 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial: ----------------------------------------
DECLARARON INNECESARIO emitir pronunciamiento respecto de la
apelación de la resolución número treinta y uno, emitida en Audiencia
Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco, corriente
de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y siete, que
resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE LA EXCLUSION DEL PROCESO
SOLICITADA POR LA EMPRESA ELECTROPERU S.A., de la resolución
número treinta y dos, emitida en Audiencia Complementaria de Ley, de fecha
ocho de agosto del dos mil cinco, corriente de folios seiscientos cuarenta y tres
a seiscientos cuarenta y siete, que resuelve: Declarar Infundada la Excepción
de Falta de Legitimidad para obrar de la demandada, deducida por la parte
demandada; y, de la resolución número treinta y tres, emitida en Audiencia Complementaria de Ley, de fecha ocho de agosto del dos mil cinco, corriente
de folios seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y siete, que
resuelve: DECLARAR INFUNDADA la Excepción de Prescripción deducida por
la parte demandada, debiendo continuarse con el trámite del proceso, por
haberse sustraído la materia del ámbito jurisdiccional. CONFIRMARON la
sentencia apelada, emitida mediante resolución número noventa, del ocho de
junio del dos mil diecisiete, corriente de folios mil ciento cincuenta a mil ciento
cincuenta y seis, en el extremo que decide: Declaro INFUNDADA la demanda
interpuesta por MARIANO MAMANI MAMANI, en contra de la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL PUBLICA ESTATAL ELECTROSUR S.A. sobre
COBRO DE BENEFICIOS SOCIALES a fin que se le abone la suma total de
271,144.52 soles suma que incluye los intereses legales, acorde a las
liquidaciones reales practicadas. En consecuencia: a) SE DISPONE el
Archivo definitivo una vez quede consentida la presente debiendo remitirse los
autos al Archivo Central de esta Corte, con lo demás que contiene. Y lo
devolvieron. Tómese Razón y Hágase Saber.---------------------------------------------
S.S.
BEGAZO DE LA CRUZ
AYCA GALLEGOS
NALVARTE ESTRADA RAZON
La Secretaria que suscribe, con la autorización del Colegiado, procede a
descargar en el Sistema Integrado Judicial, las Sentencias y Autos de
Vista para la notificación electrónica a los sujetos procesales en sus
casillas electrónicas judiciales; ello conforme a lo previsto por la
Resolución Administrativa Nro. 137-2020-CE-PJ de fecha 07 de Mayo
de 2020.
Tacna, 06 de Julio de 2020. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-
PJ, en el cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el
secretario judicial quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado
recientemente conocimiento del presente expediente y del estado; a fin de
resolver de acuerdo a las funciones asignadas mediante la resolución antes
mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00119-2003-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORESDEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP UNION VIDA ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, siete de marzo
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Dos (Sentencia) de fecha 15 de mayo
del año 2003, se resolvió declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP
UNIÓN VIDA, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO en vía
Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO; en
consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 88/100 SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas
del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución
anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada
al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento.
QUINTO: se advierte el escrito digitalizado 64-2022; presentado por el
demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO, donde
designa abogado, domicilio procesal, copias simples y autoriza, con fecha de
ingreso 21 de febrero de 2022; por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS (SENTENCIA)
de fecha 15 de mayo del año 2003.
2.- TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES
Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el
letrado CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del
artículo 74º y 80 del Código Procesal Civil, quedando subrogados los
anteriores abogados.
3.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366,
donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
4.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y número celular que indica
para fines procesales. 5.- CUMPLA, el asistente judicial con remitir copias simples de lo solicitado en
el escrito 64-2022; al correo electrónico [email protected] y/o, a la casilla
electrónica N° 20336.
6.- A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes
JOSE SANTIAGO CHINININ CHAMBA y JOSSELYN ALEJANDRA PÉREZ
CARMEN para los fines pertinentes en el proceso.
7.- CUMPLA, el demandante, en el plazo de TRES DIAS con señalar su
casilla electrónica, precisándose la implementación del sistema de
notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta desde el 22 de
julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro 000428-2020-P-
CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento de imponerse
multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
8.- Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO CIVIL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00305-2003-0-2402-JR-CI-01
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : TUCTO SANTAMARIA CESAR JEAN FRANK
ESPECIALISTA : LIBIA ALBERTINA DAVILA MOGROVEJO
APODERADO : CARRILLO CHUMBE JOSMELL DAVID APODERADO DE ANGELO
VITTORINO ALFARO LOMBARDI,
TESTIGO : EDWIN ALFONSO AVILA, CARRION
GILBERTO BENJAMIN GALARRETA, CABALLERO
EULOGIO ALBERTO RETAMOZO, ARIAS
AXIA GAMIL ROMERO, SILVA
DEMANDADO : ALFARO LOMBARDI, ANGELO VITTORINO
DEMANDANTE : ELECTRO UCAYALI SA,
RESOLUCIÓN NRO. CUARENTA Y CINCO
Pucallpa, diecisiete de marzo
De dos mil veintitrés.-
DADO CUENTA: Por devueltos los autos del Superior Jerárquico, que contiene la Resolución
N° 58 de fecha 21 de diciembre de 2022 (Sentencia de Vista), la misma que resuelve:
CONFIRMAR la resolución Nro. 41, que contiene la sentencia de fecha 30 de enero de 2020,
obrante de folios 1069-1074, que resuelve: a. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda
interpuesta por la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A.,
representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulú Bernal contra Angelo Vittorino Alfaro
Lombardi. Por tanto. B. Ordeno al demandado Angelo Vittorino Alfaro Lombardi cumpla con
restituir a favor del demandante Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali – Electro
Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00, más intereses legales, que liquidarán en etapa de
ejecución, con lo demás que contiene; estando a lo resuelto, CÚMPLASE CON LO
EJECUTORIADO y prosiga la causa conforme su estado. Avocándose al conocimiento de la
presente causa el Señor Juez que suscribe e Interviniendo la secretaria cursora por disposición
superior. Notifíquese.- |
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DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL Y AFINES
EXPEDIENTE : 00305-2003-0-2402-JR-CI-01
DEMANDANTE : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI
ELECTRO UCAYALI S.A
APODERADO : JORGE LEANDRO ARBULU BERNAL
DEMANDADO : ANGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI
MATERIA : RESTITUCIÓN DE PAGO INDEBIDO E INDEMNIZACIÓN POR
DAÑOS Y PERJUICIOS
PROVIENE : PRIMER JUZGADO CIVIL DE CORONEL PORTILLO
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCUENTA Y OCHO
Pucallpa, veintiuno de diciembre
del dos mil veintidós.
VISTOS: En Audiencia Pública, conforme a la certificación que
antecede, interviniendo como magistrado ponente el señor Juez Superior Titular BERMEO
TURCHI.
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE IMPUGNACIÓN
Es materia de apelación la Resolución N° 41, que contiene la Sentencia, de fecha 30 de
enero del 2020, obrante a fojas 1069/1074, que resuelve:
“A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, interpuesta por la
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali–Electro Ucayali S.A.,
representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bernal, contra Ángelo
Vittorino Alfaro Lombardi. Por tanto.
B. ORDENO: al demandado ÁNGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI,
CUMPLA con RESTITUIR a favor del demandante Empresa Concesionaria
de Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00
(DOCE MIL Y 00/100 SOLES), más intereses legales, que se liquidarán en
etapa de ejecución.
C. IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo de Indemnización por
Daños y Perjuicios
D. Con costas y costos. (…)”
II. FUNDAMENTOS DEL MEDIO IMPUGNATORIO PROPUESTO
De folios 1080/1088, obra el recurso de apelación interpuesto por el demandante Ángelo
Victorino Alfaro Lombardi, contra la sentencia, señalando básicamente:
“Del fundamento 16 de la sentencia (…), el Juez de manera errada infiere
que el recurrente habría contratado, sin precisar documento alguno, máxime
que conforme a lo efectuado, el denominado documento orden de pedido
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(folios 08 de la demanda), conforme al reglamento interno de la Empresa
Electro Ucayali fue solicitado por el Jefe de Oficina de Prevención de Riesgos
Alex Estacio Laguna y que fue visado por 05 funcionarios dentro del cual
estuvo el recurrente ( hecho que se corrobora en el Informe OCI de fojas 12 y
punto 2).
Del fundamento 17 de la sentencia (…), en el presente caso, es de destacar
y llama la atención que el Aquo se basa en el resultado de un informe del
órgano de control realizado unilateralmente de manera privada a cuenta y
costo de la demandante, lo resaltante es que en dicho informe se concluye
que todos los funcionarios son responsables del presunto pago indebido, sin
embargo, solo se pretende ilegalmente que el recurrente pague el monto
total, a pesar de no haber firmado ningún documento de autorización de pago
ni menos aún haber recibido el servicio de protección.
Del fundamento 18 de la sentencia (…), Es falso que fui declarado rebelde,
lo demás carece de veracidad, pues no existe relación contractual, reitero la
orden de pedido fue a petición de otro funcionario y que fue autorizado por
cinco funcionarios, incluso debe destacarse que para el pago de las facturas
0223, 0245 y 0261 por el importe de 4,000 cada uno, existe 03
conformidades del Servicio y expedidos todos en fechas 17/09/2022,
23/10/2022 y 26/11/2022, respectivamente, en donde jamás tuve
conocimiento ya que me encontraba de licencia y en plena campaña. En mi
declaración de parte sólo reconozco que he puesto mi visto bueno en la
orden de pedido, esta orden luego fue procesada y otorgada la buena pro,
actos en el que el recurrente jamás participo, al igual que otros 04
funcionarios además reconocí el contenido y firma de mi pedido de licencia.
Del fundamento 19 de la sentencia, (…) es ilegal y arbitraria esta conclusión
del A quo, toda vez que no existe prueba alguna, para afirmar que el
recurrente demandado tenga relación con dicho fotocheks, pues desconozco
en absoluto (…). Del contenido de las declaraciones juradas admitidas por el
Juez en la Audiencia de Pruebas, los testigos de la demandante Gilberto
Benjamin Galarreta Caballero y Eulogio Alberto Retamozo Arias, no se ha
expresado el apercibimiento expreso en caso de incumplimiento de
adjuntarse el original, su valoración no puede exceptuarse, por el contrario,
es una prueba a valorarse, corroborándose con que no se ha prescindido de
ellas, este hecho es relevante ya que los mismos testigos de la demandante
niegan su relación con el caso. El juez valora el informe 024-SEGSA
ORIENTE ZONA PUCALLPA de fecha 14 de agosto del 2003, (…), sin haber
sido admitido, y que valorándose aun así, el contenido del punto sexto, nos
menciona de presunciones innecesarias, evidenciándose que la empresa
SEGSA ORIENTE ZONA PUCALLPA, es incapaz de demostrar que los
supuestos prestadores de servicios fueron sus “dependientes”, ya que no
muestra medio de pago alguno por servicios prestados, (…), lo que
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desbarata toda validez legal y formal de lo sostenido por SEGSA ORIENTE
para ser valorado como medio probatorio de la pretensión demandada”.
Del fundamento 20 de la sentencia, (…), se debe tener presente que en la
sentencia no se ha tenido en cuenta la testimonial de Edwin Alonso Ávila
Carrión, quien de manera categórica niega una vez más los fundamentos de
la demanda, (…), no se tomó en cuenta el artículo 49° del Estatuto de Electro
Ucayali S.A, el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución, literal w del
artículo 50° y los supuestos vigilantes que expone la empresa SEGSA
ORIENTAL S.A.
III. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA RESOLVER.
OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN.
3.1 El Artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso,
prescribe que:
“El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente”.
Asimismo, el Artículo 366° señala:
“El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho
o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio
y sustentando su pretensión impugnatoria”1.
IV. ANÁLISIS
(cid:1) Respecto al Pago Indebido
4.1 De acuerdo con el artículo 1267° del Código Civil (en adelante C.C)
“El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad
de pago, puede exigir la restitución de quien la recibió”
Podemos definir al pago indebido como aquella prestación ejecutada en favor de
una persona que no tenía el derecho a recibirla porque 1. La prestación recibida le
fue entregada por quien realmente no era el deudor, 2. La persona que recibe la
1 Debe tenerse presente que: “En virtud del aforismo brocardo (sic) tantum devolutum quantum appellantum, el órgano judicial
revisor que conoce de la apelación sólo incidirá sobre aquello que le es sometido en virtud del recurso. En la segunda instancia, la
pretensión del apelante al impugnar la resolución, es la cuestión sobre la que debe versar el recurso.” Cfr. Casación No. 1203-99-Lima,
Publicada en El Peruano el 06 de diciembre de 1999, pág. 4212. En: Código Civil y Otros. Exposición de Motivos, Concordado,
Sumillado, Jurisprudencia, Notas. Jurista Editores, Cuarta Edición, Lima (Junio) 2004, pág. 577.
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prestación no es la verdadera acreedora. Generándose un enriquecimiento indebido de
quien recibe una prestación y un empobrecimiento de devolver lo recibido y para el
segundo el derecho a reclamar lo entregado.
4.2 Es de verse de los actuados, la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali-
Electro Ucayali S.A, interpone demanda de Restitución de Pago Indebido e
Indemnización por Daños y Perjuicios, contra Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi,
solicitando lo siguiente:
“ i. La restitución del íntegro del valor de la prestación “Servicio de Protección
Personal prestada por la empresa SEGSA ORIENTE SAC a la Gerencia
General de Electro Ucayali S.A.”, y que fue prestado indebidamente a favor
del señor Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde el 17 de agosto del 2002 al
17 de noviembre del 2002, durante las 24 horas del día toda vez que desde
el 01 de setiembre del 2002, se encontraba de licencia sin goce de haberes
de su Cargo de Gerente General de Electro Ucayali SA, para postular como
candidato de la Presidencia del Gobierno Regional de Ucayali. El servicio
prestado indebidamente y que el mismo aprobó mediante orden de pedido Nº
GGP-060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, esta valorizado en S/.
12,000.00 (Doce Mil y 00/100 Soles).
ii. El pago de US$. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Dólares Americanos), por
concepto de indemnización de daños y perjuicios ocasionados a Electro
Ucayali SA, quien de buena fe realizó el pago de la contraprestación
económica por el servicio prestado indebidamente al demandado.
iii. El pago de interés legal correspondiente.
iv. Costos y costas del proceso.”
4.3 A su turno, el señor Juez A quo, mediante Resolución N° 41, de fecha 31 de enero de
2020, que obra a folios 1069 al 1074, resolvió:
“A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, interpuesta por la
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali–Electro Ucayali S.A.,
representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bernal, contra Ángelo
Vittorino Alfaro Lombardi. Por tanto.
B. ORDENO: al demandado ÁNGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI,
CUMPLA con RESTITUIR a favor del demandante Empresa Concesionaria
de Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00
(DOCE MIL Y 00/100 SOLES), más intereses legales, que se liquidarán en
etapa de ejecución.
C. IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo de Indemnización por
Daños y Perjuicios
D. Con costas y costos. (…)”
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Sustentando su decisión, respecto al primer punto controvertido, fundamentalmente en
lo siguiente:
(cid:2) Fundamento 16.
“(…), el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, en su calidad de
Gerente General de la empresa Electro Ucayali SA, habría contratado los
servicios de seguridad de la empresa SEGSA Oriente SAC, por el periodo 17
de agosto al 17 de noviembre de 2002, esto previa solicitud al jefe de la
oficina de prevención de riesgos, por lo que se emite la orden de pedido Nº
GGP-060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, aprobado por el ahora
demandado, por lo que se contrata tal servicio de seguridad durante las 24
horas, a favor de Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, en su calidad de gerente
general de la empresa Electro Ucayali SA, por cuanto este habría estado
recibiendo constantes amenazas”.
(cid:2) Fundamento 17
“Sin embargo, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante
carta Electro Ucayali/GG-1222-02 de fecha 23.08.2002, solicitó al Directorio
se le otorgue licencia sin goce de haberes del 01 de setiembre al 18 de
noviembre del 2002, con la finalidad de postular como candidato a la
presidencia del Gobierno Regional de Ucayali, pedido que le fue otorgada,
por lo que se suspende la relación laboral entre la empresa Electro Ucayali
SA, y Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi. No obstante a ello, la empresa de
seguridad siguió brindando el servicio de seguridad al ahora demandado
Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi; siendo así Electro Ucayali SA, en sesión Nº
178 de fecha 07-04-2003, acordó que se efectué acciones de control a todos
los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras,
saliendo a relucir este supuesto por lo que realizado informe esta concluye
que el ex gerente general se benefició indebidamente del mencionado
servicio, que la empresa Electro Ucayali SA, abono en tres desembolsos de
S/ 4,000.00 Soles, como son en la Factura Nº 0223, 0245 y 0261”.
(cid:2) Fundamento 18
“Por su parte el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, si bien fue
declarado rebelde, empero en su declaración de parte contenido en
audiencia de pruebas este niega que se haya beneficiado con el servicio de
seguridad, por lo que indica que “no se presentaron reportes o informes de
las personas que habrían supuestamente prestado la seguridad las 24 horas,
y que aunado a ello se le pretende perjudicar con tales acusaciones de
hecho.” Sin embargo, la demandante acredita la relación contractual que
habría existido entre esta y el demandando, que tenía el cargo de Gerente
General, así como también acredita la contratación del servicio de seguridad
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DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL Y AFINES
a realizar por la empresa SEGSA Oriente SAC, por el periodo 17 de agosto al
17 de noviembre de 2002, esto conforme el mismo demandado reconoce
tales circunstancias de hecho”.
(cid:2) Fundamento 19
“Del mismo modo, se observa a folios 79-82, fotos de los fotocheck del
personal que habría estado a cargo de la seguridad del demandado pese a
que este ya no era Gerente General de la empresa demandante, por
encontrarse suspendido su vínculo laboral. Así también del informe Nª 024-
SEGSA ORIENTE-ZONA PUCALLPA, emitida por la empresa de seguridad
esta se ratifica en el servicio de seguridad brindada al demandado Ángelo
Vittorino Alfaro Lombardi, de lo que también la demandante acredita haber
realizado los pagos en la Factura Nº 0223, 0245 y 0261.
(cid:2) Fundamento 20
“ (…), por lo que en el presente caso el vínculo entre el demandado se
encuentra totalmente acreditado, así como que la empresa realizó un pago
de un servicio de seguridad por el cual se benefició el demandado en forma
indebida, como se puede observar de los medios probatorios aportados y
actuados por esta Judicatura, y en contraparte el demandado no ha
presentado medios de prueba pertinente que puedan crear certeza de que
este no se haya beneficiado de tal servicio de seguridad, y que si bien
conforme en su alegación de sus alegatos y de la documentación presentada
adjuntada a esta, el demandante no logra acreditar supuesto diferente en
consecuencia este extremo de la demanda si corresponde ser amparada”.
(cid:1) Análisis del caso en concreto
4.4 Ahora bien, de lo glosado, este colegiado Superior, procederá a resolver los
fundamentos expuestos por el Juez A quo en la sentencia que es materia de apelación,
de la siguiente manera:
Respecto al fundamento 16:
4.5 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 16 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“ (…), el Juez de manera errada infiere que el recurrente habría contratado,
sin precisar documento alguno, máxime que conforme a lo efectuado, el
denominado documento orden de pedido (folios 08 de la demanda),
conforme al reglamento interno de la Empresa Electro Ucayali fue
solicitado por el Jefe de Oficina de Prevención de Riesgos Alex Estacio
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Laguna y que fue visado por 05 funcionarios dentro del cual estuvo el
recurrente (hecho que se corrobora en el Informe OCI de fojas 12 y punto 2).
4.6 Que, conforme es de verse del recurso de apelación antes citado, el recurrente
cuestiona este fundamento de la sentencia expedida por el A quo, basándose
principalmente en que el que el Servicio Especial de Protección Personal durante
las 24 horas del 17/08/2002 al 17/11/2002 a la empresa SEGSA ORIENTE SAC, fue
solicitado por el Jefe de Oficina de Prevención de Riesgos- Alex Estacio Laguna y que
el Juez de manera errada infiere que el recurrente habría contratado dicho servicio.
4.7 Respecto a ello, se advierte que la Orden de Pedido N° GGP-060-02, que obra a folios
08, en el que se solicita Servicio Especial de Protección Personal durante 24 horas por
el periodo del 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002, justificando, “continuas
amenazas que eran objeto el presidente, Directores y el Gerente General de la
Empresa”; no solo fue emitido por el Jefe de la Oficina de Prevención de Riesgo-
Ingeniero Alex Estacio Laguna, como señala el demandado, sino que también fue
aprobada por el ex Gerente General- Ingeniero Ángelo Alfaro Lombardi (demandado);
Del mismo modo se aprecia a folios 24, la Carta N° 11/DG, presentada por la empresa
SEGSA ORIENTE SAC, de fecha 01 de abril de 2003, en la que describe: “ El servicio
de seguridad fue solicitada por el Ingeniero Ángelo Alfaro Lombardi -Gerente General
de Electro Ucayali, cargo que ocupaba en esa fecha (…)”, descripciones que fueron
correctamente valorado por el Juez A quo, al momento de señalar que el recurrente
también contrato los Servicio Especial de Protección Personal durante las 24 horas del
17/08/2002 al 17/11/2002 a la empresa SEGSA ORIENTE SAC.
4.8 Siendo así, corresponde desestimar el agravio invocado por el demandado, respecto al
fundamento 16 de la sentencia.
Respecto al fundamento 17:
4.9 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 17 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“(…), en el presente caso, es de destacar y llama la atención que el Aquo se
basa en el resultado de un informe del órgano de control realizado
unilateralmente de manera privada a cuenta y costo de la demandante, lo
resaltante es que en dicho informe se concluye que todos los funcionarios
son responsables del presunto pago indebido, (…)”.
4.10 Respecto a este fundamento 17, y, a fin de absolver el presente agravio, se procederá
a detallar los siguientes medios probatorios.
1. Orden de Pedido N° GGP-060-02, que obra a folios 08, en donde
en el rubro descripción, señala:
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Servicio Especial de Protección Personal durante 24 horas por
el periodo del 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002.
Justificación, “continuas amenazas que eran objeto el
presidente, Directores y el Gerente General de la Empresa”;
2. Solicitud del Gerente General-Ing. Ángelo Alfaro Lombardi, folios
10, dirigida al Presidente de Directorio-Electro Ucayali S A, en la
que solicita:
“(…), solicito a usted y por intermedio suyo al Directorio,
LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, a partir del 01.09.02 al
18.11.02”
3. Carta N°: 11/DG, emitida por SEGSA ORIENTE SAC, de fecha 01
de abril de 2003, folios 24, que comunica lo siguiente:
“PRIMERO: El servicio especial de seguridad fue solicitada por
el Ingeniero Ángelo Alfaro Lombardi- Gerente General de
Electro Ucayali, cargo que ocupaba en esa fecha 17 de agosto
de 2002.
SEGUNDO: El servicio se dio desde el 17 de agosto del 2002
al 16 de noviembre del 2002 cubierto por tres efectivos de
seguridad durante las 24 horas en y a lugar donde él se
desplazaba el Gerente General Ángelo Alfaro Lombardi.
TERCERO: El servicio finalizó al término de la campaña
política del ingeniero Ángelo Alfaro Lombardi”
4. Examen Especial, del mes de junio, que obra a folios 11/21, cuyas
conclusiones señalan:
“(…), siendo responsables los siguientes funcionarios:
El Ing. Ángelo Alfaro Lombardi ex Gerente General, ha
incurrido en responsabilidad civil, por haber incumplido sus
funciones y haber propiciado para que la empresa se
perjudique económicamente por el importe de S/. 12,000.00
pagados a SEGSA ORIENTE SAC, por el “Servicio Especial de
Protección Personal durante las 24 horas del día”, del cual él
se benefició cuando estaba de Licencia de la Empresa
postulando a la Presidencia”.
4.11 Que, conforme es de verse, de lo antes glosado, el demandado, pese haber estado
gozando de licencia sin goce de haber, a partir del 01 de setiembre del 2002 al 18 de
noviembre de 2002, se benefició del Servicio Especial de Protección Personal durante
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24 horas, tal como se aprecia de la Carta N°: 11/DG, emitida por SEGSA ORIENTE
SAC, de fecha 01 de abril de 2003, folios 24, en donde comunica a la demandante
(Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali-Electro Ucayali S.A), que el
servicio solicitado (Servicio Especial de Protección Personal durante 24 horas por el
periodo del 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002); se le dio al ex Gerente General
Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde el 17 de agosto del 2002 al 16 de noviembre
del 2002, cubierto por tres efectivos de seguridad durante las 24 horas en y al lugar
donde él se desplazaba, el mismo que término cuando acabo la campaña política a la
cual estaba participando, por lo que está mal decir, por parte del demandado, que el
Juez A quo se basó solo en el resultado del Informe y que no había recibido el Servicio
Especial de Protección Personal, cuando este se encontraba gozando de licencia con
goce de haber, por tanto, corresponde desestimar el agravio invocado por el apelante.
Respecto al fundamento 18:
4.12 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 18 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“(…), Es falso que fui declarado rebelde, lo demás carece de veracidad,
pues no existe relación contractual, reitero la orden de pedido fue a
petición de otro funcionario y que fue autorizado por cinco funcionarios,
(…), jamás tuve conocimiento, ya que me encontraba de licencia y en
plena campaña. En mi declaración de parte sólo reconozco que he puesto mi
visto bueno en la orden de pedido, esta orden luego fue procesada y
otorgada la buena pro, actos en el que el recurrente jamás participo, al igual
que otros 04 funcionarios además reconocí el contenido y firma de mi
pedido de licencia.
4.13 Que, absolviendo el grado, respecto al agravio expresado por el demandado en su
escrito de apelación, en el sentido de que, “es falso que fui declarado rebelde”, de la
revisión de autos, se advierte que mediante Resolución N° 30, de fecha 05 de
setiembre de 2014, folios 928/929, el A quo, resolvió: “(…) ,1. DECLARAR REBELDE
al demandado ANGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI”.
4.14 Que, siendo así, que el argumento expresado por el apelante, carece de veracidad; por
tanto corresponde desestimar el agravio expresado en su escrito de apelación, en ese
sentido.
4.15 Por otro lado, respecto al agravio, “(…), no existe una relación contractual, reitero la
orden de pedido fue a petición de otro funcionario (…), jamás tuve conocimiento ya que
me encontraba de licencia y en plena campaña”, sobre este particular, cabe precisar
que los mismos agravios fueron materia de análisis al resolver el fundamento 17 de la
sentencia (ver punto 4.11 de la presente resolución).
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4.16 Por lo que estando a lo expuesto, el agravio esgrimido por el demandado en su escrito
de apelación debe ser desestimado.
Respecto al fundamento 19:
4.17 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 19 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“(…) Del contenido de las declaraciones juradas admitidas por el Juez en
la Audiencia de Pruebas, los testigos de la demandante Gilberto Benjamin
Galarreta Caballero y Eulogio Alberto Retamozo Arias, no se ha expresado
el apercibimiento expreso en caso de incumplimiento de adjuntarse el
original, su valoración no puede exceptuarse, por el contrario, es una
prueba a valorarse, corroborándose con que no se ha prescindido de ellas,
este hecho es relevante ya que los mismos testigos de la demandante niegan
su relación con el caso. El juez valora el informe 024-SEGSA ORIENTE
ZONA PUCALLPA de fecha 14 de agosto del 2003, (…), sin haber sido
admitido, y que valorándose aun así, el contenido del punto sexto, nos
menciona de presunciones innecesarias, evidenciándose que la empresa
SEGSA ORIENTE ZONA PUCALLPA, es incapaz de demostrar que los
supuestos prestadores de servicios fueron sus “dependientes”, ya que no
muestra medio de pago alguno por servicios prestados, (…), lo que
desbarata toda validez legal y formal de lo sostenido por SEGSA ORIENTE
para ser valorado como medio probatorio de la pretensión demandada”.
4.18 Que, absolviendo el grado, respecto al agravio expresado por el demandado en su
escrito de apelación, en el sentido de que, “Del contenido de las declaraciones juradas
admitidas por el Juez en la Audiencia de Pruebas, los testigos de la demandante
Gilberto Benjamin Galarreta Caballero y Eulogio Alberto Retamozo Arias, no se ha
expresado el apercibimiento expreso en caso de incumplimiento de adjuntarse el
original, su valoración no puede exceptuarse”.
4.19 Ahora bien, de la revisión de autos, se advierte del Acta de Audiencia de Pruebas, de
fecha 08 de agosto de 2018, que obra a folios 1048/1053, que si bien es cierto el Juez
A quo, al actuar los medios probatorios admitidos, señalo: “No se puede actuar la
declaración de testigos: Edwin Alfonso Ávila Carrión, Eulogio Alberto Retamozo Arias,
Axia Gamil Romero Silva y Gilberto Benjamin Gallareta Caballero”, debido a que no
habian concurrido a la presente diligencia, también lo es, que el A quo, al observar
que los actuados y los hechos expuestos en la Audiencia de Prueba, resultaba
necesaria la admisión y actuación de algunos medios de prueba de oficio, resolvió: 1)
“ADMITIR DE OFICIO, al presente proceso, los siguientes medios probatorios 1)
Declaración del testigo Edwin Alonso Ávila Carrión, cuyo pliego obra a folios 382, cuya
respuesta está a folios 384-385 (…), asimismo ordeno, que las declaraciones juradas
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de Gilberto Benjamín Galarreta Caballero y Eulogio Alberto Retamozo Arias, ambos de
fecha 15 de abril de 2004”, deben ser presentados en originales, los mismos que fueron
presentados por escrito de fecha 13 de agosto de 2018, que obra a folios 1054/1065.
4.20 Que, siendo así, que el argumento expresado por el apelante, carece de veracidad; por
tanto corresponde desestimar el agravio expresado en su escrito de apelación, en ese
sentido.
4.21 De igual, forma se puede advertir, respecto al agravio expresado, “El juez valora el
informe 024-SEGSA ORIENTE ZONA PUCALLPA de fecha 14 de agosto del 2003,
(…), sin haber sido admitido. De la revisión de autos, se aprecia que a folios
1022/1023, el A quo, por Resolución N° 38, de fecha 28 de mayo de 2018, admite los
siguientes medios probatorios:(…), iii) Copia del Informe Examen Especial, sobre el
Servicio de Protección Personal prestado por la Cia-SEGSA ORIENTE SA a la
Gerencia General de Electro Ucayali S.A, siendo así, y apreciándose que el Juez A
quo, sí admitió el medio probatorio cuestionado por el demandado, también carece de
veracidad, por tanto corresponde desestimar el agravio expuesto por el apelante.
Respecto al fundamento 20:
4.22 Que, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante recurso de
apelación, obrante a folios 1080/1088, cuestiona el fundamento 20 de la sentencia
materia de apelación, manifestando lo siguiente:
“(…), no se tomó en cuenta el artículo 49° del Estatuto de Electro Ucayali
S.A, el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución, literal w del artículo
50° y los supuestos vigilantes que expone la empresa SEGSA ORIENTAL
S.A”.
4.23 Que, conforme es de verse del recurso de apelación antes señalado, el demandado
cuestiona el fundamento 20, de la sentencia expedida por el A quo, basándose en lo
dispuesto en el artículo 49° del Estatuto de Electro Ucayali y el literal W, del artículo
50° del Reglamento Interno de Trabajo, por lo que resulta pertinente revisar su
contenido:
Artículo 49° del Estatuto de Electro Ucayali
“Los Gerentes responden a la Sociedad, los Accionistas y
terceros por los daños y perjuicios que ocasionan por el
incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades
y negligencia grave en el desempeño de sus funciones”.
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Artículo 50° del literal W, del Reglamento Interno de Trabajo
“La empresa considera conductas que configuran como falta
laboral entre otras las siguientes: Emplear los recursos
humanos y patrimoniales de la empresa con fines distintos a
los intereses de ésta, sea en provecho o de terceros”.
4.24 Ahora bien, en el presente caso, el demandado, invoca el artículo 49° del Estatuto de
Electro Ucayali y el literal W, del artículo 50° del Reglamento Interno de Trabajo,
señalando que el A quo, no los tomo en cuenta al momento de emitir sentencia,
estando a lo que establece dichos artículos, no se advierte de autos que el demandado
haya acreditado haber cumplido los artículos citados; así como tampoco, que haya
acreditado que en su condición de ex Gerente General de la Empresa Concesionaria
de Electricidad de Ucayali–Electro Ucayali S.A, haberse beneficiado del Servicio
Especial de Protección Personal durante 24 horas por el periodo del 17 de agosto al 17
de noviembre de 2002, conforme a las pruebas actuadas como son la Orden de
Pedido N° GGP-060-02, que obra a folios 08; Solicitud del Gerente General-Ing.
Ángelo Alfaro Lombardi, dirigida al Presidente de Directorio-Electro Ucayali S A, que
obra a folios 10, Carta N°: 11/DG, emitida por SEGSA ORIENTE SAC, de fecha 01 de
abril de 2003, folios 24, y el Examen Especial, del mes de junio, que obra a folios
11/21.
4.25 Por lo que estando a lo expuesto, el agravio esgrimido por el demandado, no puede ser
amparado.
4.26 Que, habiéndose desestimado los agravios presentado por el demandado en su
recurso de apelación; procede confirmar la sentencia venida en grado.
V. DECISIÓN
Fundamentos por los cuales, la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de
Ucayali: RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR Resolución N° 41, que contiene la Sentencia, de fecha 30 de
enero del 2020, obrante a fojas 1069/1074, que resuelve:
“A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, interpuesta por la
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali–Electro Ucayali S.A.,
representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bernal, contra Ángelo
Vittorino Alfaro Lombardi. Por tanto.
B. ORDENO: al demandado ÁNGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI,
CUMPLA con RESTITUIR a favor del demandante Empresa Concesionaria
de Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00
(DOCE MIL Y 00/100 SOLES), más intereses legales, que se liquidarán en
etapa de ejecución.
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C. IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo de Indemnización por
Daños y Perjuicios
D. Con costas y costos. (…)”
SEGUNDO: Notifíquese y devuélvase.
Señores.-
BERMEO TURCHI (Presidente)
ROSAS TORRES
CHIPANA DIAZ
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO CIVIL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00305-2003-0-2402-JR-CI-01
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : CARLOS ALBERTO BALLARDO JAPAN
ESPECIALISTA : SILLO PACORI NATTY
APODERADO : CARRILLO CHUMBE JOSMELL DAVID APODERADO DE ANGELO
VITTORINO ALFARO LOMBARDI
TESTIGO : EDWIN ALFONSO AVILA, CARRION
GILBERTO BENJAMIN GALARRETA, CABALLERO
EULOGIO ALBERTO RETAMOZO, ARIAS
AXIA GAMIL ROMERO, SILVA
DEMANDADO : ALFARO LOMBARDI, ANGELO VITTORINO
DEMANDANTE : ELECTRO UCAYALI SA.
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y UNO
Pucallpa, treinta de enero de dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS, en la fecha por las recargadas labores del juzgado, y CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES:
1. Demanda: Por escrito obrante a folios 55-69 la Empresa Concesionaria de Electricidad de
Ucayali – Electro Ucayali S.A., representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bernal,
interponen demanda sobre Restitución de Pago Indebido e Indemnización por Daños y
Perjuicios contra Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi; solicitando la siguiente Pretensión:
i. La restitución del íntegro del valor de la prestación “Servicio de Protección Personal prestada por la
empresa SEGSA ORIENTE SAC a la Gerencia General de Electro Ucayali S.A.”, y que fue prestado
indebidamente a favor del señor Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde el 17 de agosto del 2002 al
17 de noviembre del 2002, durante las 24 horas del día toda vez que desde el 01 de setiembre del
2002, se encontraba de licencia sin goce de haberes de su Cargo de Gerente General de Electro
Ucayali SA, para postular como candidato de la Presidencia del Gobierno Regional de Ucayali. El
servicio prestado indebidamente y que el mismo aprobó mediante orden de pedido Nº GGP-060-02 con
fecha 19 de agosto del 2002, esta valorizado en S/. 12,000.00 (Doce Mil y 00/100 Soles).
ii. El pago de US$. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Dólares Americanos), por concepto de indemnización de
daños y perjuicios ocasionados a Electro Ucayali SA, quien de buena fe realizó el pago de la
contraprestación económica por el servicio prestado indebidamente al demandado.
iii. El pago de interés legal correspondiente.
iv. Costos y costas del proceso.
2. Exposición de Hechos: Sustenta su pretensión en los siguientes hechos:
a. Con fecha 19-08-2002, el ing. Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, argumentando haber recibido
continuas amenazas, solicita en la vía de regularización al jefe de la oficina de prevención de riesgos,
el servicio de seguridad personal durante las 24 horas del día, emitiéndose la orden de pedido Nº GGP-
060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, por el periodo 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002, la
orden del pedido fue aprobada por Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, en su calidad de gerente general
de la empresa.
b. Mediante carta Electro Ucayali/GG-1222-02 de fecha 23.08.2002, el demandado solicito al Directorio le
otorgue licencia sin goce de haberes del 01 de setiembre al 18 de noviembre del 2002, con la finalidad
de postular como candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Ucayali, en consecuencia se
produjo la suspensión del cargo de gerente general y la suspensión de la relación laboral del
demandado.
c. A pesar de ello la Empresa de Seguridad en un error de hecho, continúo prestándole el servicio de
seguridad personal al demandado de manera indebida, toda vez que al haberse hecho efectivo la
licencia otorgada al demandado el cargo de gerente general había quedado suspendido.
d. Mi representada realizó pago por el servicio prestado indebidamente por la suma de S/12,000.00 soles
mediante tres desembolsos.
e. Electro Ucayali SA, en sesión Nº 178 de fecha 07-04-2003, dispuso que el órgano de control
institucional efectué acciones de control a todos los procesos de adquisiciones y contrataciones de
bienes, servicios y obras, (…) por lo que dicho informe concluye que el ex gerente general se benefició
indebidamente del mencionado servicio.
Pág. 1 de 6 3. Auto Admisorio: Mediante Resolución N° Uno (fs.70-71), se admite la demanda de
Restitución de Pago e Indemnización por Daños y Perjuicios en la vía de Proceso
Abreviado, y se notifica debidamente al demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi,
recién el 11 de julio de 2013, conforme se observa del cargo de notificación que obra fs. 921; y
que si bien por Resolución Nº 08 que corre a fs. 136-138, en que se declara Improcedente la
sulicitud de nulidad de acto procesal; y por Resolución Nº 46 que corre a fs. 401-406, se habría
emitido Sentencia, declarándose Fundada en Parte la demanda, mismas que fue apelada por el
demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, siendo asi el Colegiado Superior Resolviendo
ambos apelaciones en Resolución Nº 54 que corre a folios 445-454, Resuelve Revocar la
Resolución Nº 08 que corre a fs. 136-138, y reformando declara Fundada la nulidad de las
constancias de notificación, así mismo declara nula la Sentencia contenido en la Resolución Nº
46 que corre a fs. 401-406, por falta de medios probatorios suficientes, y por cuanto la nulidad
de las constancias de notificación, afectan también esta resolución, en consecuencia devueltos
los autos por resolución de fecha 20.07.2006 Declara la nulidad de todo lo actuado hasta la
notificación del demandado con la demanda, así también continuando el proceso por Resolución
N° Sesenta y Nueve de fecha 29-05-2013, se declara la nulidad de oficio de todo lo actuado
Hasta folios 864.
4. Rebeldía Procesal: Pese haberse notificado debidamente al demandado Ángelo Vittorino
Alfaro Lombardi, este no contestó la demanda, por Resolución Nº Treinta que corre a fs. 928-
929, se le declara Rebelde, y en la misma se declara saneado el proceso por la existencia de
una relación jurídica procesal válida entre las partes.
5. Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de medios probatorios: por Resolución
N° Treinta y Ocho (fs. 1022-1024), se fija puntos controvertidos y se admite medios probatorios
de las partes, con excepción del demandado declarado rebelde, por tener tal condición.
6. Audiencia de Pruebas: En acta que contiene la Audiencia de Pruebas de fecha 08 de agosto
de 2018 que corre a fs. 1137-1140, se actuó medios probatorios de las partes, como la
declaración de parte del demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, y el reconocimiento de
orden de pedido Nº GGP-060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, y carta Electro Ucayali/GG-1222-02 de
fecha 23.08.2002; cuyos documentos el demandado reconoce haber sido suscritos por su
persona, y en la Resolución Nº Treinta y Nueve contenida en el acta de audiencia de
pruebas se resuelve admitir como medios probatorios de oficio la declaración del testigo Edwin
Alonso Ávila Carrión, que se encuentra a fs. 382, 384-385; el documento de fecha 14 de mayo
de 2004; las declaraciones juradas de Gilberto Benjamín Galarreta Caballero, Eulogio Alberto
Letamoso Arias de fecha 15 de abril de 2004, y la publicación en el Diario Impetu de fecha 03
de mayo de 2003, ordenándose en el mismo ponerse los autos a despacho una vez concluida el
plazo para presentación de alegatos.
7. Alegatos y se pone los autos a despacho: por escrito que corre a fs. 1061-1065, el
demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, presenta alegatos, por intermedio de su abogado,
así mismo por resolución N° Cuarenta que corre a fs. 1066, se ordena poner los autos a
despacho para Sentenciar.
II. ANÁLISIS:
8. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva conforme lo establece el inciso
tercero del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, para el ejercicio o defensa de
sus derechos o intereses, lo que implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus
derechos o intereses legítimos, ella debe ser atendido por un órgano jurisdiccional dotado de un
conjunto de garantías mínimas (debido proceso) en tal sentido “El derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva constituye un deber del Estado, por lo que este no puede excusarse de conceder tutela jurídica a
todo aquel que la solicite1”, ello en concordancia a lo normado en el Artículo I del Título Preliminar
del Código Procesal Civil.
1 Cas. N° 1542-2007/Lima, publicada en el diario oficial El Peruano el 01/09/2009, pp. 22484-22485.
Pág. 2 de 6 9. Es finalidad de todo proceso civil el resolver el conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica que las partes someten a los Órganos
Jurisdiccionales aplicando para ello el derecho que corresponda a las partes para lograr la paz
social, principio consagrado en el Artículo III del Título Preliminar del Código Adjetivo citado.
10. Es principio de lógica jurídica que las partes prueben los hechos que alegan. Este principio
rector en materia procesal ha sido recogido por el artículo 196º del Código Procesal Civil, que
establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que
configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Los
medios probatorios tienen la finalidad de acreditar los hechos expuestos por las partes y
producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de
fundamentar su decisión. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 188° del Código
Procesal Civil, la finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos expuestos por las
partes, producir certeza en el Juzgador respecto de los puntos controvertidos y fundamentar
sus decisiones. Asimismo el artículo 197° de la citada normativa indica que todos los medios
probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada.
11. Respecto a la prueba, Michele Taruffo señala que: “la función principal de la prueba es ofrecer al
juzgador información fiable acerca de la verdad de los hechos en litigio. En realidad, al comienzo de un
proceso los hechos se presentan en forma de enunciados facticos caracterizados por un estatus epistémico
de incertidumbre. Así en cierto sentido, decidir sobre los hechos significa resolver esa incertidumbre y
determinar, a partir de los medios de prueba presentados si se ha probado la verdad o falsedad de esos
enunciados (…)".
Respecto a la Institución del Pago Indebido y Restitución de Dinero
12. El artículo 1267° del Código Civil dispone “El que por error de hecho o de derecho entrega a
otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de quien la recibió.”; ahora si
bien es cierto la CASACION N° 7458-2013-LIMA señala “(…) ”El que por error de hecho o de
derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de quien la recibió”, …
se refiere a la facultad de restitución que ostenta en el contexto de una relación obligatoria, la parte que
por error de hecho o de derecho realiza un desplazamiento patrimonial que carezca de causa, entonces
para que se configure el supuesto de hecho señalado en el mencionado artículo se requiere que una de las
partes haya precisamente incurrido en error de hecho o derecho en el pago es decir se haya confundido,
(…)”2; del mismo Cazeaux y Trigo Represas señalan que “solo es verdaderamente pago por
error el que se cumplimenta entre partes ligadas obligacionalmente pero con prestación
distinta a la debida o con equivocación en cuanto a ciertas modalidades circunstanciales”3
13. En este contexto, según nuestro ordenamiento, el que recibe el pago indebido no está obligado
al resarcimiento del daño sino a restituir lo recibido indebidamente, empero esta esfera de
restitución, no es únicamente acogida como el pago indebido realizado por error de hecho o
derecho, sino también en la naturaleza del proceso de enriquecimiento sin causa, aspecto que
cristaliza el Colegiado Supremo en la CASACION N° 513-2008-PIURA que señala “(…) se
debe advertir una distinción entre el enriquecimiento indebido y la indemnización de daños y
perjuicios, pues aquel busca reclamar aquel valor con el que se ha enriquecido el demandado
(aspecto restitutorio), mas no busca indemnizar los daños y perjuicios pues aquella busca
indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el demandante (aspecto resarcitorio).”4; es así
que se debe de tener también presente que esta naturaleza de pago indebido por error de
hecho o derecho, se extiende a otras disciplinas de acuerdo al supuesto por el cual se
denuncia; al respecto BIANCA, Massimo señala “el pago indebido precisamente ha quedado
como una particular hipótesis de enriquecimiento injustificado, caracterizada por la ejecución
de una prestación “no debida” y del derecho de repetición respecto el accipiens”5
2 CASACION N° 7458-2013-LIMA, EL PERUANO 30-03-2016, C. 5to, p. 75457.
3 Cazeaux, Pedro y Felix A. Trigo Represas. Compendio de derecho de las obligaciones. Tomo II. La Plata: Librería Editora
Platense, 1986, p. 516
4 CASACION N° 513-2008-PIURA, EL PERUANO, 04-09-2008, pp. 22976
5 BIANCA, Massimo Diriti civile. 5. La Responsabilita. Milano: Giuffre, 1994, p. 792 (…) DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del
derecho civil patrimonial. Volumen I. Op. Cit, p.96
Pág. 3 de 6 14. Asimismo, el articulo III del Título Preliminar de Código Procesal Civil dispone “El Juez debe
atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que la
finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia”; de ello la CASACION N° 52-2007-LIMA
señala “(…) El proceso no es un fin en sí mismo sino un medio para resolver los conflictos de
intereses tal como lo prescribe el articulo III del Título Preliminar de Código Procesal Civil
(…) que si bien existen principios de vinculación y de formalidad de las normas procesales,
también se contempla el principio de elasticidad en virtud del cual las exigencias de las
citadas normas se adecuarán a los fines del proceso, principio contemplado en el artículo IX
in fine del Código Procesal Civil (…)”6; es así que en el caso que nos ocupa de restitución de
dinero, primordialmente, no solo se resolverá el concepto de error de hecho y derecho sino
también el carácter o aspecto restitutorio del enriquecimiento o pago indebido injustificado,
sustancia requerida para atender la finalidad concreta del presente proceso.
Análisis del caso
15. Conforme se advierte de autos el recurrente Empresa Concesionaria de Electricidad de
Ucayali – Electro Ucayali S.A., representada por su apoderado Jorge Leandro Arbulu Bermal,
interponen demanda solicitando “La restitución del íntegro del valor de la prestación “Servicio de
Protección Personal prestada por la empresa SEGSA ORIENTE SAC a la Gerencia General de Electro
Ucayali S.A.”, y que fue prestado indebidamente a favor del señor Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde
el 17 de agosto del 2002 al 17 de noviembre del 2002, durante las 24 horas del día toda vez que desde el
01 de setiembre del 2002, se encontraba de licencia sin goce de haberes de su Cargo de Gerente General
de Electro Ucayali SA, para postular como candidato de la Presidencia del Gobierno Regional de Ucayali. El
servicio prestado indebidamente y que el mismo aprobó mediante orden de pedido Nº GGP-060-02 con
fecha 19 de agosto del 2002, esta valorizado en S/. 12,000.00 (Doce Mil y 00/100 Soles); El pago de US$.
5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Dólares Americanos), por concepto de indemnización de daños y perjuicios
ocasionados a Electro Ucayali SA, quien de buena fe realizo el pago de la contraprestación económica por
el servicio prestado indebidamente al demandado.”; Siendo así y a fin de un mejor resolver es
necesario absolver los puntos controvertidos fijados en autos.
Primer Punto de Controversia: Determinar si resulta procedente ordenar la restitución del
íntegro del valor de la prestación “Servicio de Protección Personal prestado por la empresa
SEGSA Oriente SAC, a la Gerencia General de Electro Ucayali SA”, y que fue prestado
indebidamente, a favor del señor Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, desde el 17 de agosto
de 2002 al 17 de noviembre de 2020, durante las 24 horas del día.
16. Como se puede advertir de la presente causa, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi,
en su calidad de Gerente General de la empresa Electro Ucayali SA, habría contratado los
servicios de seguridad de la empresa SEGSA Oriente SAC, por el periodo 17 de agosto al 17 de
noviembre de 2002, esto previa solicitud al jefe de la oficina de prevención de riesgos, por lo
que se emite la orden de pedido Nº GGP-060-02 con fecha 19 de agosto del 2002, aprobado
por el ahora demandado, por lo que se contrata tal servicio de seguridad durante las 24 horas,
a favor de Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, en su calidad de gerente general de la empresa
Electro Ucayali SA, por cuanto este habría estado recibiendo constantes amenazas.
17. Sin embargo, el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, mediante carta Electro
Ucayali/GG-1222-02 de fecha 23.08.2002, solicitó al Directorio se le otorgue licencia sin goce de
haberes del 01 de setiembre al 18 de noviembre del 2002, con la finalidad de postular como
candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Ucayali, pedido que le fue otorgada, por lo
que se suspende la relación laboral entre la empresa Electro Ucayali SA, y Ángelo Vittorino
Alfaro Lombardi. No obstante a ello, la empresa de seguridad siguió brindando el servicio de
seguridad al ahora demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi; siendo así Electro Ucayali SA,
en sesión Nº 178 de fecha 07-04-2003, acordó que se efectué acciones de control a todos los
procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras, saliendo a relucir este
supuesto por lo que realizado informe esta concluye que el ex gerente general se benefició
indebidamente del mencionado servicio, que la empresa Electro Ucayali SA, abono en tres
desembolsos de S/ 4,000.00 Soles, como son en la Factura Nº 0223, 0245 y 0261.
6 CASACION N° 52-2007-LIMA, EL PERUANO 02-09-2008, pp. 22751-22752
Pág. 4 de 6 18. Por su parte el demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, si bien fue declarado rebelde,
empero en su declaración de parte contenido en audiencia de pruebas este niega que se haya
beneficiado con el servicio de seguridad, por lo que indica que “no se presentaron reportes o
informes de las personas que habrían supuestamente prestado la seguridad las 24 horas, y que aunado a
ello se le pretende perjudicar con tales acusaciones de hecho.” Sin embargo, la demandante acredita
la relación contractual que habría existido entre esta y el demandando, que tenía el cargo de
Gerente General, así como también acredita la contratación del servicio de seguridad a realizar
por la empresa SEGSA Oriente SAC, por el periodo 17 de agosto al 17 de noviembre de 2002,
esto conforme el mismo demandado reconoce tales circunstancias de hecho.
19. Del mismo modo, se observa a folios 79-82, fotos de los fotocheck del personal que habría
estado a cargo de la seguridad del demandado pese a que este ya no era Gerente General de la
empresa demandante, por encontrarse suspendido su vínculo laboral. Así también del informe
Nª 024-SEGSA ORIENTE-ZONA PUCALLPA, emitida por la empresa de seguridad esta se ratifica
en el servicio de seguridad brindada al demandado Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi, de lo que
también la demandante acredita haber realizado los pagos en la Factura Nº 0223, 0245 y 0261.
20. Al respecto nuestra jurisprudencia en la CAS Nº 1496-98- LIMA señala “El que por error de
hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la devolución a quien la
recibió. El pago indebido se cumple entre personas verdaderamente vinculadas por una relación
obligacional como acreedor y deudor, siendo indebido el cumplimiento de una prestación que no se ajusta
a los términos pactados.”7; por lo que en el presente caso el vínculo entre el demandado se
encuentra totalmente acreditado, así como que la empresa realizó un pago de un servicio de
seguridad por el cual se benefició el demandado en forma indebida, como se puede observar de
los medios probatorios aportados y actuados por esta Judicatura, y en contraparte el
demandado no ha presentado medios de prueba pertinente que puedan crear certeza de que
este no se haya beneficiado de tal servicio de seguridad, y que si bien conforme en su
alegación de sus alegatos y de la documentación presentada adjuntada a esta, el demandante
no logra acreditar supuesto diferente en consecuencia este extremo de la demanda si
corresponde ser amparada.
Segundo Punto de Controversia: Determinar si resulta procedente el pago de US$5,000.00
(Cinco Mil 00/100 Dólares Americanos), por concepto de indemnización por daños y
perjuicios ocasionados a Electro Ucayali S.A., más intereses legales.
21. Sobre la responsabilidad civil supone necesariamente un conflicto entre dos o más
personas, en el cual una de ellas es responsable de reparar el daño a la otra (víctima); quien
podrá recurrir al órgano jurisdiccional para exigir una reparación, esto significa que el perjuicio
padecido por quien sufrió el daño, será atenuado económicamente por quien lo ocasionó; de
donde resulta suficiente la existencia víctima y daño para estar ante un supuesto de
responsabilidad. De este modo, esta disciplina está referida al aspecto fundamental de
indemnizar daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se trate de daños
producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente
contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista
entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional.
22. Lizardo Taboada Córdova, refiere: “…la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto
fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se trate
de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente
contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre los
sujetos ningún vínculo de orden obligacional. Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento
de una obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil
contractual (…). Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica
previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia, no del incumplimiento de una
obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, nos
encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad civil extracontractual… ”8
7 CAS Nº 1496-98- LIMA EL PERUANO 22-01-99
8 Taboada Córdoba, Lizardo “Elementos de la Responsabilidad Civil”, Edit. Grijley, 1ra reimpresión, Set. 2001, 25-26
Pág. 5 de 6 23. Se puede advertir del presente punto controvertido que la parte demandante si bien solicita la
indemnización por daños y perjuicios, empero, no precisa los conceptos indemnizables por el
cual se resolverá la Quantum indemnizatorio, de lo que tampoco se ha establecido la relación
de causalidad o nexo causal esta debe ser entendida como el nexo o relación existente
entre el hecho determinante del daño y el daño propiamente dicho, es una relación de causa
efecto que establece hechos susceptibles de ser considerados hechos determinantes del daño,
por lo que si bien en el punto controvertido anterior se acredita que el demandado hizo uso
para fines personales la seguridad contratada y pagada por la empresa demandante, pero no
basta tal consideración sino que en efecto los conceptos indemnizables patrimonial y extra
patrimonial tendrán que ser establecidos e identificados por el demandante que en el presente
caso no sucedió, en consecuencia de ser que el Juzgador se pronuncie sobre conceptos
indemnizables no formulados en el petitorio se estaría cometiendo una incongruencia procesal
motivando algo sobre el cual no se ha pedido.
24. Al respecto la CASACION Nº 2599-2014-LIMA señala “Los jueces se encuentran obligados por
un lado a no dar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a fundar sus decisiones
jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, lo que significa que tienen las obligaciones de
pronunciarse respecto a las alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos postulatorios
como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios; y por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues
de lo contrario se produce una incongruencia, que altera la relación procesal transgrediéndose las
garantías del debido proceso.”, siendo así no corresponde ordenarse el pago de indemnización por
daños y perjuicios, por cuanto no ha delimitado cuáles son los conceptos indemnizatorios a
favor de la empresa demandante, por otra parte, tampoco precisa cómo así llega a la
conclusión del monto reclamado, máxime que dentro de sus argumentaciones por dicho
concepto, refiere el desmedro en relación al pago realizado, y que es el sustento de la
restitución, la cual ya le fue otorgada.
25. Asimismo, en cuanto al tema de los intereses legales reclamados, al tratarse de un proceso
sobre restitución de dinero por pago indebido, derivado de un servicio prestado al demandado
cuando no le correspondía, a la postre ha generado un enriquecimiento sin causa, resulta de
aplicación lo dispuesto en el artículo 1954° del Código Civil: “Aquel que se enriquece
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo” en concordancia y aplicación
supletoria con el último párrafo del artículo 1985° del mismo Código que señala: "(...) El
monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el
daño"; por lo que en este extremo debe concederse a la parte demandante el pago de los intereses
legales al haberse solicitado en la demanda, la misma que será liquidada en la etapa de ejecución de
sentencia.
26. Conforme el artículo 412° del Código Procesal Civil, el pago de costos y costas no requiere ser
demandado y se encuentra a cargo de la parte vencida, en consecuencia corresponde
condenarse el pago de costas y costos, solo respecto al extremo amparado.
III. DECISIÓN.
Por tales consideraciones y Administrando Justicia a Nombre de la Nación, SE RESUELVE:
A. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda, interpuesta por la Empresa Concesionaria de
Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali S.A., representada por su apoderado Jorge
Leandro Arbulu Bernal, contra Ángelo Vittorino Alfaro Lombardi. Por tanto.
B. ORDENO: al demandado ÁNGELO VITTORINO ALFARO LOMBARDI, CUMPLA con
RESTITUIR a favor del demandante Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali
– Electro Ucayali S.A., la suma de S/12,000.00 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES), más
intereses legales, que se liquidarán en etapa de ejecución.
C. IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo de Indemnización por Daños y Perjuicios
D. Con costas y costos. Interviniendo la secretaria que certifica, por disposición superior. Notifíquese.-
Pág. 6 de 6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00429-2003-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : SEA FROST SAC ,
DEMANDANTE : AFP UNION VIDA ,
Resolución N° SIETE (07)
Paita, Doce de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° SEIS (SENTENCIA), de fecha 20 de
junio del 2005, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP UNION VIDA contra SEAFROST SAC, en consecuencia se
ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado SEAFROST SAC.,
cumpla con pagar la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON
67/100 SOLES (S/3,414.67), por concepto de aportes previsionales impagos,
más el pago de los intereses moratorios, costos, sin costas del proceso (folios
21-22).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 24 y 27 de junio del 2005 (folios 23-24), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los
términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio. TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° SEIS
(SENTENCIA), de fecha 20 de junio del 2005.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00504-2003-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N°OCHO (08)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 06 de fecha 07 de Octubre
de 2004, a folio 27 a 28, se declaro fundada la demanda sobre
ejecución de pago de APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP
PROFUTURO contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A-
ARCOPA; en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución, hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTIOCHO NUEVOS SOLES CON 73 /100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, sin costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, conforme se observa de
la constancia de notificación de folio 34, se debe disponer el archivo
provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del Juzgado; toda
vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo se remiten los
proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00533-2003-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° SEIS (06)
Paita, Dieciocho de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 05 de fecha 20 de junio
de 2005, a folio 23 a 24, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA,
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA. en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOCE MIL UNO CON
03/100 SOLES.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 24 y 27 de
junio de 2004; (folios 25 a 26), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 18 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CINCO
(SENTENCIA), de fecha 20 de junio del 2005.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00723-2003-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : GORDILLO BEDOYA, SHIRLEY MABEL
DEMANDADO : EMPRESA DE ELECRTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU SA
EMPRESA ELECTRICA ESTATAL EGESUR SA.
DEMANDANTE : TORRES QUENTA, LUCIANO
SENTENCIA
Resolución N° 171
Tacna, doce de enero
Del año dos mil dieciocho.-
I. ASUNTO:
Determinar si corresponde amparar o desestimar la demanda formulada por
Luciano Torres Quenta sobre Pago de Beneficios Sociales ascendente a la suma de
S/.517,772.75, en contra de la Empresa Eléctrica Estatal EGESUR S.A.
II. ANTECEDENTES:
1. Demanda.- A fojas 22/27, el demandante interpone demanda de cobro de
beneficios sociales, en contra de la demanda su ex empleadora, solicitando se
le abone la suma total de S/.517,772.75 Nuevos Soles, por los conceptos de
beneficios sociales.
Hechos en que sustenta la demanda.- A) Que trabajó para la emplazada
EGESUR S.A., anteriormente ELECTROPERU TACNA, desde el 01 de junio de
1966 hasta el 30 de setiembre de 1994, teniendo un record de 31 años de
servicios comprendido en la Ley 24401, STATUS 8439/4916 obrero/empleado
comprendido en la Ley 24401 (sin tope) en el cargo de liniero, siendo su
última remuneración real mensual de S/. 1,236.02 y remuneración
1 compensatoria real de S/. 2,170.36. B) Cesó por racionalización de personal,
marco legal artículo 14 de la Ley N° 24514 C) Que producto de su cese
colectivo la demandada le ha abonado sus beneficios sociales en forma
diminuta, omitiendo los beneficios sociales conforme al Convenio Colectivo
91/92 ELECTROLIMA suscrito el 13 de agosto de 1993 , concordante con la
Cláusula de Salvaguarda del Convenio Colectivo 91/92 ELECTROPERÚ Tacna,
del sistema interconectado multiregional por ser afiliados a la Federación de
Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú, por derechos adquiridos por uso y
costumbres en el sub sector eléctrico. D) Dicho Convenio rige a partir del 01
de julio de 1991, cuya cláusula de salvaguarda permite acogerse al beneficio
mayor que otras organizaciones sindicales del Sub Sector Electricidad logren
por Convenio Colectivo 91/92, conceptos que no le han sido abonados, pese
haber sostenido reuniones con la emplazada en sus oficinas de la Sub
Estación para tratar y demostrar los errores en las planillas y los adeudos
laborales que les tiene pendiente, y demás argumentos que expone con dicho
propósito.
2. Admisión.- A fojas 28, obra en autos la resolución número uno, mediante la
cual se admite la demanda, corriéndose traslado al demandado.
3. Excepción de Falta de Legitimidad para obrar del demandado,
Excepción de Prescripción y Contestación de Demanda.- A folios 119 la
entidad demandada deduce las excepciones mencionadas y posteriormente
procede a contestar la demanda en los siguientes términos: A) Que el
demandante no ha laborado para la entidad demandada, por tanto no se tiene
la obligación legal de abonar los beneficios sociales y reintegros a quien no ha
sido su trabajador, sino que el demandante laboró para ELECTROPERU y ceso
en dicha empresa el 30 de Setiembre de 1994, habiéndole cancelado todos
sus derechos y beneficios sociales, así como la indemnización que conforme a
ley le correspondió en ese momento. B) Además que el demandante no pudo
haber laborado en la empresa demanda puesto que esta se constituyó recién
en el año 1995.
4. Audiencia Única.- A folios 166/167 corre el acta de audiencia única, y a
folios 181/184 se continúa la misma, donde se emite la Resolución N° 07
que declara Infundada la Excepción de falta de legitimidad para obrar del
demandado y mediante la Resolución N° 8 se declara infundada la
Excepción de Prescripción, y en consecuencia se declara saneado el proceso;
2 no se invita a conciliar por inasistencia de la parte demandada; se fijan como
puntos controvertidos: A) La existencia de una relación de dependencia y
subordinación del demandante a la demandada, y B) El incumplimiento de las
obligaciones laborales de la parte demandada. Mediante la Resolución N° 9
se declara inadmisible la oposición formulada por la demandada contra el
medio probatorio del punto 12 de la demanda; y mediante la Resolución N°
10 se declara Improcedente la oposición formulada por el demandante en
cuanto a las pruebas 9 y 10; procediendo a actuarse los medios probatorios
debidamente ofrecidos.
5. Nulidad.- Mediante Resolución de Vista N° 46 se declara nulo todo lo actuado
desde fojas 185, entre otros aspectos.
6. Denuncia Civil.- A folios 193 la entidad demandada formula Denuncia Civil
contra ELECTROPERU S.A., y mediante resolución N° 129 se declara fundada
la misma. A folios 1082 se apersona la empresa ELECTROPERU S.A., contesta
la demanda y formula las excepciones de falta de legitimidad para obrar del
demandado y de prescripción extintiva, siendo estas resueltas en la Audiencia
complementaria, cuya acta obra a fojas 1890/1893, declarándose la primera
infundada, mientras que la segunda fundada; y luego de que este último
extremo es apelado por el demandante, mediante la resolución de vista N°
05, que obra a fojas 1956/1963, la Sala Laboral Permanente lo confirma,
declarándose nulo todo lo actuado en el proceso respecto a ELECTROPERU
S.A.
7. Desistimiento.- A folios 993 el demandante presenta desistimiento de los
medios probatorios de los numerales 9 y 10 de su demanda, siendo aprobado
tal, mediante la resolución N° 56, que corre a folios 994.
8. Informe Pericial.- A folios 1080/1084 obra el Informe Pericial elaborado por
el Perito Contable Jesús Huabloche López.
9. Sentencias.- Mediante Resolución N° 74, que obra a fojas 1080/1130 se
emite la Sentencia que declara Fundada en parte la demanda, la misma que
es anulada mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 94 y
que corre a folios 1240/1245; posteriormente, se emite la Sentencia
contenida en la resolución N° 104, que corre a folios 1352/1355 y que
declara improcedente la demanda; sin embargo esta última es anulada
mediante la Sentencia de Vista contenida en la resolución N° 119 y que corre
3 a folios 1602, ordenándose que se emita nuevo pronunciamiento; por lo que
siendo el estado del proceso, el de emitir sentencia;
III. FUNDAMENTOS:
Derecho a la tutela Jurisdiccional
1. Toda persona tiene de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, conforme lo
precisa el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado,
para el ejercicio y defensa de sus derechos o intereses, como manifestación
de acceder a la jurisdicción; sin embargo ello no quiere decir que la
judicatura, se sienta en la obligación de estimar favorablemente toda
pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de acogerla
y brindarle una sensata y razonada ponderación en torno a su procedencia o
legitimidad.1; lo que implica que la tutela judicial, no significa necesariamente
que el órgano jurisdiccional tenga que declarar fundada una demanda, sino
que este se pronuncie sobre las pretensiones que los justiciables le formulen.
Delimitación del problema
2. Conforme al petitorio de demanda y los puntos controvertidos, lo que
corresponde dilucidar es la existencia, naturaleza, y periodo de la relación
laboral entre el demandante y la demandada; de otro lado establecer si la
demandada ha cumplido con sus obligaciones laborales conforme a ley, y si
cumplió además del pago de los beneficios convencionales como son en este
proceso según alegación del demandante, el Beneficio Mayor del Pacto
Colectivo o Laudo Arbitral 91/92 ELECTROLIMA suscrito el 13 de agosto de
1993, concordante con la Cláusula de Salvaguarda del Convenio Colectivo
91/92 ELECTROPERU-TACNA; sustentando el demandante haber ingresado a
laborar desde el 01 de junio de 1966 hasta el 30 de setiembre de 1994.
Carga probatoria, importancia y distribución:
3. Según se establece en el artículo 27° de la Ley 26636, corresponde a las
partes probar sus afirmaciones y esencialmente al trabajador la existencia del
vínculo laboral, en tanto, que al empleador demandado el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo. Del texto
normativo se desprende que contiene la distribución de cargas probatorias
acordes con la naturaleza de la relación jurídica laboral, correspondiendo al
1 Sentencia Expediente 0763-2005-AA/TC (Fundamento Jurídico 8).
4 trabajador la prueba del hecho constitutivo básico; esto es, la existencia de la
relación laboral (o la modalidad, régimen, etcétera, de ella que invoca); en
tanto, que corresponde al empleador, en atención a la posición privilegiada
que tiene respecto del material probatorio, en general, acreditar los hechos
extintivos. En otros términos, bastará con que el trabajador acredite que
prestó servicios por un tiempo determinado y bajo determinadas
circunstancias o régimen (lo cual constituye, en buena cuenta, el hecho
generador), para que se declaren las consecuencias (pago de beneficios
sociales, indemnización por despido arbitrario, compensación por tiempo de
servicios, vacaciones truncas, etcétera); salvo que la demandada acredite que
“cumplió” con tales pagos (hecho extintivo). A contrario, merced a la
referida carga probatoria, de no acreditarse por el trabajador la existencia del
vínculo laboral o la naturaleza del mismo, deberá desestimarse la demanda de
pago de beneficios derivados de aquella.
4. Que, la importancia de la eficacia de la prueba, conforme lo determina el
artículo 25 de la Ley N°26636, Ley Procesal del Trabajo, radica en la
capacidad de las partes legitimadas en un proceso, de producir la prueba
necesaria que pueda formar convicción del juzgador sobre la
existencia o la inexistencia de los hechos que serán objeto de
probanza, así en su contenido se incluye la posibilidad de su ofrecimiento, su
admisión, su actuación, su producción, su conservación y su valoración.
Analizando el caso de autos se tiene lo siguiente:
5. De los medios probatorios ofrecidos por el demandante tenemos los
siguientes documentos: a) “Ampliación Liquidación BB. SS. N° 231-94 por
convenio colectivo 94/95- Recibo de Beneficios Sociales – C.T.S.” que obra a
fojas 18, b) Recibo de Indemnización – C.T.S., que obra a fojas 19, así como
el documento que obra fojas 20; los mismos que fueron emitidos por la
empresa ELECTROPERU S.A. en favor de Luciano Torres Quenta,
evidenciándose el vínculo laboral que en su momento existió entre el
demandante y referida empresa. Asimismo, del contenido de referidos
documentos y más aun de la propia versión del demandante, según su escrito
de demanda, se tiene que la empresa ELECTROPERU S.A. ha cancelado los
beneficios sociales que le correspondían a este; siendo en todo caso un
cumplimiento con cálculo impreciso de los montos lo reclamado por la parte
demandante; puesto que, según refiere este, su empleador ha cometido
errores al computar el total de sus beneficios sociales, al omitir los beneficios
5 convencionales recogidos en la Cláusula de Salvaguarda del Convenio
Colectivo de 1991-1992, mismo que obra a folios 8/11 del expediente.
6. Entonces, cabe el análisis del “Convenio Colectivo 1991-1992”, celebrado el
06 de febrero de 1992 entre los representantes de la empresa ELECTROPERU
S.A. y de otro lado, los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de
ELECTROPERU CENTRALES ARICOTA y Anexos, así como del Sindicato Único
de Trabajadores de ELECTROPERU S.A.-SUTESIS-T, para el periodo entre el
1° de julio de 1991 al 30 de junio de 1992; el mismo que en su Cláusula de
Salvaguarda establece: “ELECTROPERU S.A. se compromete a hacer
extensivo en todos sus alcances los beneficios no convenidos en la presente o
montos mayores que otras Organizaciones Sindicales del Sub-Sector
Electricidad logren por Convenio Colectivo periodo 1991/1992”; cláusula en
mérito de la cual, a criterio del demandante, su empleador debió otorgarle los
mayores beneficios sociales considerando lo contenido en el “Convenio
Colectivo o Laudo Arbitral 1991/1992 ELECTROLIMA”. Ciertamente a fojas
220/223, obra en copia certificada este último documento al que hace alusión
el demandante, ”Laudo Arbitral” de fecha 13 de agosto 1993, que resuelve la
reclamación colectiva presentada por el Sindicato de Trabajadores de
Electrolima a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad-
ELECTROLIMA S.A.- correspondiente al periodo 1991-1992, expediente N°
1643-91-3DV-NEC.
7. Según lo mencionado, cabe citar el Decreto Ley N° 25593 “Ley que regula
las relaciones laborales de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad
privada”, específicamente su artículo 43, el cual en su texto aplicable al caso
de autos (antes de ser modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 27912,
publicado el 08-01- 2003) señalaba que: “La convención colectiva de trabajo
tiene las características siguientes: a) Modifica de pleno derecho los aspectos
de la relación de trabajo sobre los que incide. Los contratos individuales
quedan automáticamente adaptados a aquella y no podrán contener
disposiciones contrarias en perjuicio del trabajador. b) Rige desde el día
siguiente al de caducidad de la convención anterior o, si no la hubiera, desde
la fecha de presentación del pliego, excepto las estipulaciones para las que se
señale plazo distinto o que consistan en obligaciones de hacer o de dar en
especie, que regirán desde la fecha de su suscripción. c) Tendrá duración no
menor de un (01) año, pudiendo las partes establecer plazos mayores para la
convención en su conjunto o para parte de la misma. d) Caduca de modo
6 automático al vencimiento de su plazo, salvo en aquello que se haya pactado
con carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente su
renovación o prórroga total o parcial. e) Continuará en vigencia, hasta el
vencimiento de su plazo, en caso de fusión, traspaso, venta, cambio de giro
del negocio y otras situaciones similares. f) Deberá formalizarse por escrito en
tres (03) ejemplares, uno para cada parte y el tercero para su presentación a
la Autoridad de Trabajo con el objeto de su registro y archivo.”.
8. Asimismo la citada norma en su Cuarta Disposición Transitoria y Final,
señala en su texto original (antes de ser derogada por el Artículo 4 de la Ley
N° 27912, publicado el 08-01-2003) el cual es aplicable para el caso de
autos: “La negociación colectiva en trámite o la primera negociación colectiva
cuya convención, laudo o resolución rija a partir de la vigencia del presente
Decreto Ley, deberá incluir la revisión integral de todos los pactos y convenios
colectivos vigentes sobre condiciones de trabajo y remuneraciones. A falta de
acuerdo se procederá conforme a las normas establecidas en el presente
Decreto Ley.” (aplicable para el caso de autos); esto implica que a partir de la
vigencia del Decreto Ley en comentario los pactos y convenios colectivos
suscritos antes de su vigencia, necesariamente tenían que pasar por un
proceso de revisión integral, en la negociación colectiva en trámite o la
primera negociación o laudo o resolución a partir de su vigencia; nótese que
la Corte Suprema de la República ha señalado, en la Casación Laboral No.
6072-2012 Del Santa de fecha 15 de abril del 20132, señala en su
considerando décimo primero “De otro lado, en el plano del Derecho Colectivo,
con la promulgación del Decreto Ley No. 25593, Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo, de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y dos; implicó una
revisión integral de los convenios colectivos, poniendo a las organizaciones
sindicales en la posición de volver a discutir cada uno de los derechos que, hasta
ese momento, venían percibiendo; así se desprende de lo previsto en la Cuarta
Disposición Transitoria y Final al señalar “la primera negoción colectiva cuya,
convención, laudo o resolución rija a partir de la vigencia del presente Decreto
Ley, deberá incluir la revisión integral de todos los pactos y convenios colectivos
vigentes sobre condiciones de trabajo y remuneraciones. A falta de acuerdo se
procederá conforme a las normas establecidas en el presente Decreto Ley.
2
Consultado 12.01.2018 en https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/faebde804276b7e78d6b8d5fde5b89d6/CAS+LAB+6072-
2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=faebde804276b7e78d6b8d5fde5b89d6
7 9. Así las cosas, teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo 1991/1992 es
anterior a la vigencia del Decreto Ley N° 25593 “Ley que regula las relaciones
laborales de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada”,
recae sobre el mismo los efectos de su Cuarta Disposición Transitoria y Final;
entonces se entiende que referido Convenio Colectivo en su momento debió
ser sujeto de un proceso de revisión, lo cual no ha sido debidamente
acreditado por la parte demandante, entendiéndose que el mismo caducó una
vez cumplido su plazo de vigencia; en consecuencia al estar contenidos los
derechos reclamados por el demandante en un Convenio Colectivo del cual no
se acredita que haya cumplido con lo establecido por la normatividad citada,
corresponde declarar infundada la demanda; todo ello aunado a que
literalmente, el Convenio colectivo 1991/1992 refiere en su cláusula de
salvaguarda que “ELECTROPERU S.A. se compromete a hacer extensivo en
todos sus alcances los beneficios no convenidos en la presente o montos
mayores que otras Organizaciones Sindicales del Sub-Sector Electricidad
logren por Convenio Colectivo periodo 1991/1992”; sin embargo lo
pretendido por el demandante es acogerse a los beneficios de un Laudo
Arbitral, aspecto que tampoco da certeza de la fundabilidad de la demanda.
10. En aplicación del artículo 49 de la Ley 26636 “Ley Procesal de Trabajo”, los
trabajadores están exentos de condena de costas y costos del proceso.
Por tanto, estando a los fundamentos que anteceden a las normas legales glosadas,
Impartiendo Justicia a Nombre de la Nación.
IV.- DECISION:
1. DECLARAR INFUNDADA en todos sus extremos la demanda interpuesta por
LUCIANO TORRES QUENTA en contra de la EGESUR S.A. sobre Cobro de||
Beneficios Sociales; sin costas ni costos del proceso; en consecuencia:
a) SE DISPONE el Archivo Definitivo una vez quede consentida la presente,
por ante el Archivo Central de esta Corte.
8 |
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Secretario De Sala: MIRANDA PEREZ, SANDRA
Fecha: 25/08/2015 16:54:37
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00723-2003-19-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
RELATOR : MARQUEZ QUINTO, ROSALINA
DEMANDADO : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU SA
ELECTROPERU SA.
EMPRESA ELECTRICA ESTATAL EGESUR SA.
DEMANDANTE : TORRES QUENTA, LUCIANO
AUTO DE VISTA
RESOLUCION No. 05
Tacna, diecisiete de julio
De dos mil quince.-
VISTOS.- El cuaderno de apelación derivado del proceso laboral seguido por
Luciano Torres Quenta, con Empresa de Electricidad del Perú SA -
ELECTROPERU SA. Actuando como ponente el señor Juez Superior Ayca
Gallegos.
Objeto del recurso.- Es materia de revisión la Resolución número ciento
cincuenta y dos, corriente de folios doscientos cuarenta y seis a doscientos
cuarenta y ocho en copias certificadas, que declara Fundada la Excepción de
Prescripción deducida por el denunciado civil Electricidad del Perú -
ELECTROPERU S.A., por consiguiente se declara nulo lo actuado respecto de
Electricidad del Perú - ELECTROPERU S.A., debiendo continuar el proceso
conforme a su estado procesal.
FUNDAMENTOS.
Primero (Pretensión impugnatoria).- Conforme se desprende del escrito que
corre en copias certificadas a folios doscientos cincuenta y uno a dos cientos
cincuenta y tres, el demandante Luciano Torres Quenta, interpone recurso
impugnatorio de apelación contra el auto. Sostiene que efectivamente a laborado
en la Empresa de Electricidad del Perú SA - ELECTROPERU SA, por mas de
treinta y tres años de labor ininterrumpida, motivo por el cual no se le ha cancelado
sus beneficios sociales; asimismo, la empresa ha interpuesto excepción de
prescripción por que se ampara en la constitución del 1993, pero sin embargo el
trabajador ha laborado mediante la constitución del 79, vigente para ese entonces
y como es cierto que el articulo 2001 del Código Civil, señala que la prescripción prescribe a los 10 años, por lo que hay contradicción. Como bien es cierto que la
Empresa tiene la facultad de liquidar beneficios pendientes a los trabajadores, en
este caso no se ha cumplido pese a existir normas procesales y jurídicas y bajo el
Principio de que los Beneficios Económicos son Irrenunciables; ahora bien, la
Constitución del Estado reconoce a los trabajadores los beneficios solicitados y
que si ha habido modificaciones de la Constitución de Estado, los trabajadores no
pueden ser perjudicados y tienen que ser canceladas por el tiempo trascurrido
antes de la vigencia de la Constitución del 1993; que es un derecho adquirido
mediante las leyes laborales y Constitucionales la no privación de un derecho
adquirido mediante las relaciones laborales, por lo que no debe ser afectado el
trabajador que ha prestado servicios a la empleadora.
Segundo (Prescripción Extintiva en el ámbito laboral. Marco normativo).- 2.1.
Que, habiéndose desarrollado la relación laboral entre el uno de junio de mil
novecientos sesenta y seis y el treinta de septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro (según refiere la parte accionante al momento de demandar –
que corre en copias certificadas a fojas uno a seis), siendo que la demanda de
cobro de beneficios sociales se presentó el quince de octubre del dos mil tres,
conforme se aprecia del cargo de recepción que corre en copias certificadas a folio
uno, es preciso determinar la norma aplicable. Así tenemos que la Constitución
Política de mil novecientos setenta y nueve (sustituida por la Constitución de mil
novecientos noventa y tres) establecía en el segundo párrafo del artículo 49 que la
acción de cobro (de remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores)
prescribía a los quince años. La Constitución de mil novecientos noventa y tres no
hace referencia alguna al respecto, aplicándose las normas del Código Civil.
Posteriormente, mediante Ley 26513, publicada el veintiocho de julio de mil
novecientos noventa y cinco, se estableció que las acciones por derechos
derivados de la relación laboral prescribirían a los tres años desde que resultan
exigibles. Dicha norma fue modificada mediante Ley número 27022, publicada el
veintitrés de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho, estableciendo
como plazo de prescripción dos años, contados a partir del día siguiente en que
se extingue el vínculo laboral, señalando que la prescripción iniciada antes de la
vigencia de la misma, se rige por la ley anterior; finalmente en julio del año dos mil
se publica la Ley número 27321 en cuyo artículo único se establece que las
acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los cuatro
años, contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral,
precisando lo mismo que la anterior que la prescripción iniciada antes de su
vigencia se rige por la ley anterior. Semejante precepto se encuentra en el artículo
2122 del Código Civil (norma que regía los supuestos anteriores a la vigencia de
las leyes citadas). Así las cosas es necesario acotar lo siguiente: la aplicación de la
norma anterior es posible únicamente si, cuando entró en vigencia la nueva ley, ya se encontraba en curso el plazo de prescripción. En cuanto a este momento (es
decir del inicio del plazo), excepción hecha de la Ley 26513 (que establecía el
inicio del cómputo desde que la obligación es exigible), las sucesivas normas han
consagrado el criterio de que el término de prescripción empieza a correr a partir
del día siguiente del cese de la relación laboral.
2.2. En efecto, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, mediante Casación Laboral número 5433-
2013-Junín ha desarrollado el tema de la sucesión normativa, señalando de
manera expresa que tanto en la Ley 26513 como en la 27022 el inicio de decurso
prescriptorio es el mismo, es decir desde el día siguiente a la extinción del vínculo
laboral. En efecto, el Supremo Tribunal, literalmente, señala:
“…Sin embargo debemos tener en cuenta que tanto en la Ley 26513
como en la Ley 27022, el inicio del decurso prescriptorio es el
mismo, es decir, desde el día siguiente a la extinción del vínculo
laboral, pues debe atenerse a la especial naturaleza de las relaciones
laborales, la cual lleva ínsita a ella el elemento de subordinación y el
temor reverencial del trabajador respecto de su empleador, el cual
fenece en el momento extinción del vínculo de trabajo, de modo que a
partir del día siguiente a suceso, el trabajador se encuentra en
capacidad real de reclamar cualquier saldo, reintegro o derecho que el
empleador le adeudare y que, por diferentes causas objetivas
(desinformación) o subjetivas (temor a fracturar la confianza o buena fe
laboral) no pudo reclamar durante la vigencia de la relación laboral.”
(Subrayado añadido)
2.4. Conforme se desprende de lo expuesto, en cualquier caso, el punto de partida
para el cómputo de la prescripción lo constituye la extinción del vínculo laboral, de
manera que si hubo continuidad laboral durante la sucesión normativa, habrá que
considerar la normatividad vigente al momento del cese laboral. Ahora bien, en el
presente caso concurren hasta cuatro regímenes normativos y que es preciso
considerar; a saber:
a) Cómputo de la prescripción a partir de la vigencia de la Constitución
de 1993 y hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 26513. Como
se ha referido, la Constitución de 1993 no contiene norma relativa a la
prescripción de los derechos laborales, no existiendo tampoco norma legal
especial al respecto, siendo de aplicación el Código Civil de mil novecientos
ochenta y cuatro, el cual establece en el artículo 2001 que prescriben a los
diez años la acción personal, corriendo el plazo desde el día en que puede
ejercitarse la acción.
b) Computo de la prescripción conforme la Primera Disposición
Complementaria de la Ley 26513. El veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco se publica la Ley 26513, que de manera expresa regula el
tema, estableciendo literalmente la referida Disposición Complementaria que
las acciones por derechos laborales derivados de la relación laboral
prescriben a los tres años desde que resulten exigibles; este precepto resulta
de aplicación para todos aquellos derechos que eran exigibles hasta el
veintitrés de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho; esto
porque la Ley 27022, que establece nuevas reglas para la prescripción, fue
publicada ese día, entrando en vigencia al día siguiente; es decir, el
veinticuatro de diciembre). Ahora bien, la Segunda Disposición Transitoria de
esta Ley (la 27022) establecía que la prescripción iniciada antes de su
entrada en vigencia se rige por la ley anterior. Esto quiere decir que todos los
derechos que eran exigibles hasta el veintidós de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho (esto porque el cómputo de la prescripción
empieza el día siguiente) habían iniciado la prescripción el veintitrés del
mismo mes y, por lo tanto, como todavía no se encontraba vigente la Ley
27022, aplicando su Segunda Disposición Transitoria, deberían continuar
sujetas a la normatividad anterior, prescribiendo conforme se vencían los
términos para cada derecho exigible, de manera que cualquier adeudo
correspondiente a este período prescribió el veintitrés de diciembre del año
dos mil uno. Resulta importante destacar en este punto que, no habiendo
norma expresa en la Ley 26513 sobre los supuestos en que al momento de
entrar en vigencia la misma el plazo prescriptorio ya estaba transcurriendo,
debe de aplicarse extensivamente (para este período) el artículo 2122 del
Código Civil, el cual establece que la prescripción se rige por la ley anterior.
Esto quiere decir que los plazos iniciados con anterioridad a la Ley 26513
continúan conforme legislación anterior, es decir diez años (siendo el plazo
que más favorece al trabajador).
c) Computo de la prescripción conforme a la Ley 27022. Conforme
artículo único de esta Ley, las acciones por derechos derivados de la relación
laboral prescriben a los dos años, contados a partir del día siguiente en
que se extingue el vínculo laboral. El precepto resulta de fácil aplicación,
ya que, conforme a él, en tanto esté vigente la relación laboral no se inicia el
cómputo de la prescripción, rigiendo esta regla a partir del veinticuatro de
diciembre del año mil novecientos noventa y ocho hasta el veintidós de julio
del año dos mil, en que se publicó la Ley 27321, que empezó a regir al día
siguiente. Si esto es así, de no haber interrupción de la relación laboral al
momento de la entrada en vigencia de la nueva ley, no se produce decurso
prescriptorio y, por tanto, son aplicables, plenamente, las reglas de la última
Ley. En caso de haber interrupción deberá empezar a computarse el plazo a
partir de cada interrupción (producida antes de la entrada en vigencia de la
nueva Ley). d) Computo de la prescripción conforme a la Ley 27321. Esta ley
contiene una regulación semejante a la que ella misma deroga, pero
incrementa el plazo de la prescripción a cuatro años; es decir, a partir del
veinticuatro de julio del año dos mil las acciones por derechos derivados de la
relación laboral prescriben a los cuatro años, contados desde el día
siguiente en que se extingue el vínculo laboral, precisando luego, en la
Segunda Disposición Complementaria que la prescripción iniciada antes de la
vigencia de la ley, se rige por la Ley anterior. Esto quiere decir que si, por
ejemplo, la relación laboral cesó el veintiuno de julio del año dos mil,
empezando a correr, por tanto, el plazo prescriptorio el día veintidós, cuando
todavía no estaba en vigencia la Ley 27321, sino la 27022, entonces, se
aplica esta última, prescribiendo la acción a los dos años.
Tercero (Caso de autos).- 3.1. En el presente caso tenemos que, conforme se
desprende del escrito que corre en copias certificadas a fojas ciento cincuenta y
nueve a ciento sesenta y seis, la Empresa Electricidad del Perú S.A. –
ELECTROPERU S.A. deduce la Excepción de Prescripción Extintiva,
argumentando que el demandante, laboró en Electroperú Tacna (EGESUR) desde
el uno de junio de mil novecientos sesenta y seis hasta el treinta de septiembre de
mil novecientos noventa y cuatro; asimismo, se evidencia del sello de recepción de
la demanda de cobro de beneficios sociales este ha sido interpuesta el quince de
octubre de dos mil tres; esto es, nueve años con quince días luego de la fecha de
cese; ahora bien, cabe precisar que al momento del cese del demandante no
existía un plazo de prescripción específico para las acciones de naturaleza laboral,
y en la Constitución Política de mil novecientos noventa y tres (no preveía ningún
plazo); ante tal situación las controversias se remitían a los plazos de prescripción
establecida en el artículo 2001 numeral 3 del Código Civil. También refiere que al
no existir un plazo de prescripción especifico para el caso de las acciones de
naturaleza laboral en el código sustantivo los jueces adoptaban el plazo previsto
que es a los tres años en lo relativo a la prescripción para el pago de
remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vinculo no laboral,
concluyendo que la acción contenida en la presente demanda se encuentra
prescrita.
3.2. A continuación mediante resolución número ciento cuarenta y ocho se pone en
conocimiento a la parte demandante para su absolución; ahora bien, el
demandante, hace referencia a que la excepción de prescripción ha sido declarada
infundada anteriormente, conforme obra en copias certificadas a fojas doscientos
diecisiete a doscientos dieciocho.
3.3. El señor Juez mediante la resolución número ciento cincuenta y dos, corriente
de folios doscientos cuarenta y seis a doscientos cuarenta y ocho en copias
certificadas, declara Fundada la Excepción de Prescripción deducida por Electricidad del Perú - ELECTROPERU S.A., por consiguiente se declara nulo lo
actuado respecto de Electricidad del Perú - ELECTROPERU S.A., bajo el
argumento central que tratándose de un derecho ya exigible desde el uno de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro, éste ha prescrito indefectiblemente
para el demandante el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, tal
cual lo ha consagrado la Ley número 26513, en su Primera Disposición Transitoria,
fijando un nuevo plazo prescriptorio de tres años contados a partir de la exigibilidad
del derecho; y teniendo en cuenta que la presente demanda ha sido interpuesta
con fecha quince de octubre del dos mil tres, el plazo establecido ha vencido
largamente.
3.4. Absolviendo el grado tenemos que, la conclusión arribada por el señor Juez
de la causa resulta medularmente correcta por cuanto en el presente caso
tenemos que, el señor A quo declara fundada la excepción de prescripción porque
considera que mediante la Ley número 26513 publicada en el diario El Peruano
con fecha veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, en su primera
disposición complementaria, transitoria, derogatoria y finales en su primer artículo
señala: “Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a
los 03 años desde que resulten exigibles”; asimismo, la Corte Suprema de la
República en la Casación Laboral número 5433-2013-Junín ha establecido que
dicha exigibilidad es entendida a partir del cese del trabajador al encontrarse en
una situación real de exigibilidad del cumplimiento de sus derechos laborales; en
tal sentido, se puede concluir que el punto de partida para el cómputo de la
prescripción lo constituye la extinción del vínculo laboral, de manera que si hubo
continuidad laboral durante la sucesión normativa, habrá que considerar la
normatividad vigente al momento del cese laboral; ahora bien, debemos precisar
que con relación a la prescripción, se debe tomar en cuenta las normar propias del
derecho laboral; toda vez, que en el presente caso tenemos que, conforme se ha
precisado en el considerando que precede, y según lo admiten las partes, la
relación laboral culminó el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y
cuatro; es decir, en plena vigencia de la Constitución de mil novecientos noventa y
tres, y en ese entonces era aplicable lo dispuesto por el Artículo 2001º inciso 1) del
Código Civil, fijando como plazo prescriptorio de diez años contados a partir de la
extinción del vínculo laboral; ahora bien, al encontrarse en pleno decurso el plazo
de prescripción, se promulgo la Ley número 26513, que entró en vigencia el
veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco, que en su Primera
Disposición Transitoria, fijó como nuevo plazo prescriptorio de tres (03) años,
norma que es de aplicación inmediata conforme se dispone en su Novena
Disposición Transitoria; que señala: “Las normas procesales son de aplicación
inmediata, incluso a los procesos en trámite (…)”; asimismo en su Décima
Disposición Transitoria precisa que la presente ley entra en vigencia desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial El Peruano; todo ello es en razón, al
Principio de la aplicación inmediata de la ley, que se encuentra consagrada en la
Constitución Política del Perú; de igual modo se encuentra descrita en la Primera
Disposición Complementaria del Decreto Supremo número 001-96-TR, Reglamento de
la Ley de Fomento del Empleo, señala que la prescripción iniciada antes de la vigencia
de la ley, se rige por la norma anterior, pero si transcurre el nuevo período de
prescripción conforme a la nueva ley, ésta surtirá sus efectos aún cuando la legislación
anterior concediera un plazo mayor; ahora bien, cabe señalar que en el presente
proceso la acción prescribió el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y
ocho, pues a dicha fecha transcurrieron tres años que señala la ley, siendo de
aplicación este plazo aun cuando conforme a la legislación anterior el plazo era
mayor (se insiste, esto por disposición del artículo 2122º del Código Civil); de
manera que habiendo presentado la demanda el recurrente el día quince de
octubre del dos mil tres, la acción en este caso ha prescrito indefectiblemente.
Ahora bien, en cuanto a los agravios formulados por el abogado del demandante
en su recurso de apelación de que no se ha tenido en cuenta el carácter
irrenunciable de los derechos laborales; la parte recurrente no ha tomado en
consideración que uno de los principios que está presente en todo Estado de
Derecho, es la seguridad jurídica, el cual, en palabras del Tribunal Constitucional,
sustenta a los institutos de la caducidad y prescripción. Por ello, válidamente se
afirma que “todo prescribe, todo caduca, a menos que la Ley diga lo contrario”, y ello,
fundamentalmente porque existen determinados derechos que no es el caso de autos
que legalmente están clasificados como imprescriptibles. En tal virtud, de manera
concreta, reiterando que tanto la prescripción como la caducidad, son institutos de
naturaleza sustantiva y procesal, que tienen por finalidad garantizar el principio rector
seguridad jurídica. Entonces, podemos afirmar lo expuesto por el A quo en el tercer
fundamento de la resolución materia de grado, que los derechos laborales son
plenamente prescriptibles, por lo que no se puede pasar por alto las disposiciones
legales que regulan dicho plazo, bajo el argumento del carácter irrenunciable de
los derechos laborales.
Sin perjuicio de lo expuesto, sostiene la parte recurrente que, con relación a este
tema existe cosa juzgada, haciendo referencia a la resolución número ocho, que
declara infundada la excepción de prescripción deducida por la demandada
Empresa Eléctrica Estatal EGESUR SA. Tal argumento, empero, no resulta
amparable, toda vez que no se puede considerar que hay cosa juzgada si no
concurre la triple identidad a que se contrae el artículo 452º del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos. Esto es: a) cuando las partes o
quienes de ellos deriven sus derechos sean los mismos; b) tengan el mismo
petitorio; y c) el interés para obrar sea el mismo. Bajo tales premisas normativas
conforme se advierte de la copia del Acta de Audiencia Única que corre a fojas doscientos veintinueve a doscientos treinta y tres; es necesario advertir que ello se
resolvió respecto de la excepción formulada por la por la demandada Empresa
Eléctrica Estatal EGESUR SA, mas no del denunciado civil que es la Empresa de
Electricidad del Perú SA - ELECTROPERU SA, quien deduce la excepción de
prescripción que corre en copias a fojas ciento sesenta y cuatro a ciento sesenta y
seis, que es resuelta mediante resolución número ciento cincuenta y dos siendo
esta materia de grado; en tal sentido, nos encontramos ante otro demandado, por
lo que no resulta amparable el argumento de que en el presente caso el tema de la
excepción ya fue resuelto, debiendo desestimarse la pretensión impugnatoria.
Por tanto, al amparo de las normas acotadas, en mérito de las consideraciones
expuestas y de conformidad con el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial:
CONFIRMARON la Resolución número ciento cincuenta y dos, corriente de folios
doscientos cuarenta y seis a doscientos cuarenta y ocho en copias certificadas,
que declara Fundada la Excepción de Prescripción deducida por el denunciado
civil Electricidad del Perú - ELECTROPERU S.A., por consiguiente se declara nulo
lo actuado respecto de Electricidad del Perú - ELECTROPERU S.A., debiendo
continuar el proceso conforme a su estado procesal. Y los devolvieron. Tómese
Razón y Hágase Saber.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
BEGAZO DE LA CRUZ
AYCA GALLEGOS. |
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Juez: GALLARDO ORTEGA, LUZ VERONICA
Fecha: 09/03/2016 18:53:51
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
18° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00557-2003-0-1801-JR-LA-15
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
ESPECIALISTA : DE LA CRUZ ESPINO, NADIA CLAUDIA
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: DE LA CRUZ ESPINO,
NADIA CLAUDIA DEMANDADO : AUSTRAL GROUP S.A.A .., ..
Fecha: 14/03/2016 09:02:16
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDANTE : GONZALES CASTROS, FELIPE
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE
Lima, nueve de marzo de dos mil dieciséis
Dando cuenta en la fecha por las vacaciones judiciales; Por devueltos los autos
provenientes de la Séptima Sala Laboral de Lima a fojas 211, la misma que
confirma la Sentencia expedida mediante resolución número nueve de fecha 30 de
enero de 2015 que declara fundada en parte la demanda; y estando al escrito de
fecha 03 de marzo de 2016: Al deposito que se adjunta; Téngase por consignado el
monto de S/.10,370.49 Soles por concepto de la obligación principal, mediante
Certificado de Deposito Judicial N° 2016004601286, en consecuencia, ENDOCESE y
ENTREGUESE el referido deposito al actor, dejándose constancia en autos; y
prosiguiéndose el estado de los actuados; REMITASE a la perito adscrita al juzgado
a fin de que proceda efectuar la liquidación de intereses legales.
Asimismo, en merito a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 012-2016-P-
CSJLI-PJ de fecha 08 de enero de 2016, se le concede a las partes el TERMINO DE
DIEZ DIAS de notificada con la presente resolución a fin de que consignen CASILLA
ELECTRONICA; BAJO APERCIBIMIENTO DE IMPONÉRSELE UNA MULTA
ASCENDENTE A UNA URP; debe de tenerse presente que el acceso de los abogados
a las casilla electrónicas es gratuita y permite visualizar las notificaciones de los
órganos jurisdiccionales incluso en el mismo día de su emisión.
Notifíquese.-
Interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior.
Notifíquese.- |
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Juez: GALLARDO ORTEGA, LUZ VERONICA
Fecha: 09/03/2016 18:53:51
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
18° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00557-2003-0-1801-JR-LA-15
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
ESPECIALISTA : DE LA CRUZ ESPINO, NADIA CLAUDIA
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: DE LA CRUZ ESPINO,
NADIA CLAUDIA DEMANDADO : AUSTRAL GROUP S.A.A .., ..
Fecha: 14/03/2016 09:02:16
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDANTE : GONZALES CASTROS, FELIPE
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE
Lima, nueve de marzo de dos mil dieciséis
Dando cuenta en la fecha por las vacaciones judiciales; Por devueltos los autos
provenientes de la Séptima Sala Laboral de Lima a fojas 211, la misma que
confirma la Sentencia expedida mediante resolución número nueve de fecha 30 de
enero de 2015 que declara fundada en parte la demanda; y estando al escrito de
fecha 03 de marzo de 2016: Al deposito que se adjunta; Téngase por consignado el
monto de S/.10,370.49 Soles por concepto de la obligación principal, mediante
Certificado de Deposito Judicial N° 2016004601286, en consecuencia, ENDOCESE y
ENTREGUESE el referido deposito al actor, dejándose constancia en autos; y
prosiguiéndose el estado de los actuados; REMITASE a la perito adscrita al juzgado
a fin de que proceda efectuar la liquidación de intereses legales.
Asimismo, en merito a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 012-2016-P-
CSJLI-PJ de fecha 08 de enero de 2016, se le concede a las partes el TERMINO DE
DIEZ DIAS de notificada con la presente resolución a fin de que consignen CASILLA
ELECTRONICA; BAJO APERCIBIMIENTO DE IMPONÉRSELE UNA MULTA
ASCENDENTE A UNA URP; debe de tenerse presente que el acceso de los abogados
a las casilla electrónicas es gratuita y permite visualizar las notificaciones de los
órganos jurisdiccionales incluso en el mismo día de su emisión.
Notifíquese.-
Interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior.
Notifíquese.- |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00081-2004-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° Seis (06)
Paita, Diecisiete de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 05 de fecha 26 de junio
de 2005, a folio 24 al 25, se declaro fundada la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PROFUTURO AFP, contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO NUEVOS
SOLES CON 40/100 SOLES, más los intereses moratorios, con costos, sin
costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 27 de Junio de
2005; (folios 27), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 18 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CINCO
(SENTENCIA), de fecha 20 de junio del 2005.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00113-2004-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° SEIS (06)
Paita, Cuatro de julio
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 05 de fecha 20 de junio de
2005, a folio 16 a 17, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP PROFUTURO,
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ARCOPA
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de DIECINUEVE CON 23/100 SOLES, más
los intereses moratorios, con costos, y sin costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
sido válidamente notificadas con fecha 24 y 27 de junio de 2005; (folios
18 a 19), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida
la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Del análisis del expediente, corresponde requerir a la demandada el
pago integro ordenado en autos, también es de advertir que pese a
estar debidamente notificadas las partes, el demandante no efectuó ni
ejerció actos de impulso procesal, tendientes a dar cumplimiento de lo
dispuesto en sentencia; en tal virtud y estando a que este despacho se
encuentra en liquidación de expedientes tramitados bajo el amparo de
la ley 26636.
4. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CINCO
(SENTENCIA), de fecha 20 de junio del 2002.
2. REQUERIR a la parte demandante para que en el plazo de TRES
DIAS HABILES, CUMPLA con acreditar su interés procesal en
continuar con la tramitación de este proceso, y asimismo solicitar
lo que a su derecho convenga, según el estado actual del
proceso, bajo apercibimiento de archivar definitivamente el mismo
en caso de incumplimiento.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00307-2004-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
PERITO : CPC HUABLOCHE LOPEZ, JESUS
REPRESENTANTE : SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL REPRESENTADO
POR PETRONILA DEL CARMEN NAJAR OJEDA ,
DEMANDADO : EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S AENAPU S A,
APODERADO JULIO CESAR FERNANDEZ L
DEMANDANTE : NAVIDEZ MENDOZA, RUBEN RAFAEL
Resolución Nro. 106
Tacna dieciocho de julio
del año dos mil dieciocho.-
I. ASUNTO:
Proveyendo conforme a ley el Escrito Nro. 015679-2018.- Estando al escrito
presentado por Humberto Ayma Riveros abogado patrocinante a Rubén Rafael
Navidez Mendoza y a lo solicitado corresponde proveer como sigue;
II. FUNDAMENTOS:
1. Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 50º del
Código Procesal Civil, son deberes de los Jueces en el proceso, dirigirlo y velar
por su rápida solución.
2. Que, a fojas setecientos treinta y seis y siguientes corre la sentencia expedida
mediante resolución número setenta y seis de fecha diez de enero del dos mil
catorce, declarando Fundada en Parte la demanda, señalando textualmente:
“(…) En consecuencia SE ORDENA que: la demandada ENAPU S.A. pague al demandante la suma de S/.
34,242.07 (TREINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTIDOS CON 07/100 NUEVOS SOLES),
en tanto que el litis consorte necesario pasivo SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL. (SERTEDI),
pague también al demandante la suma de 14,598.82 (CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTIOCHO
CON 82/100 NUEVOS SOLES), con los intereses legales laborales que se calcularán en ejecución de
sentencia, por los conceptos de: Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, vacaciones legales,
gratificaciones, horas extras, remuneración insoluta por pago de viáticos, pago por bonificación de pacto
colectivo, respectivamente e INFUNDADO en los extremos de la demanda respecto de la indemnización por
despido arbitrario, pago de ayuda escolar (gratificación) del 2004. Sin costas y costas respecto de ENAPU S.A.; y con costas y costas respecto del litis consorte pasivo EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
DIVERSOS SRL (SERTEDI).(…)”; confirmada por el superior mediante sentencia de
Vista resolución numero ochenta y ocho de fecha treinta de diciembre del dos
mil catorce, obrante a fojas ochocientos veintiséis y siguientes.
3. Que estando a lo señalado en sentencia, mediante resolución noventa y dos
obrante a fojas ochocientos setenta y siete, se requiere a ENAPU S.A. y a
SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL(SERTEDI), como Litis consorte
necesario pasivo para que cumplan con lo ordenado en sentencia, absolviendo
el requerimiento la parte litisconsorcial con escrito de folios novecientos
trece y siguientes indicado la imposibilidad de poder cumplir el mandato
ello en razón que a la fecha no está realizando actividades por encontrarse
suspendido como contribuyente en la SUNAT, por una sanción del Organismo
Superior de las contrataciones del Estado (OSCE) mediante Resolución Nº
0777-2016-TCE-S2 de fecha 26 de abril del 2016, sancionándolo con doce
meses de inhabilitación temporal, luego mediante escrito obrante a fojas
novecientos cuarenta y cuatro adjunta la Resolución Nº 2999-2016-TCE-S2
de fecha 22 de diciembre del 2016 del Organismo Superior de las
contrataciones del Estado (OSCE), sancionándolo con trece meses de
inhabilitación temporal, emitiéndose posteriormente la resolución número
noventa y cuatro mediante la cual se le requiere de forma reiterativa a
SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL(SERTEDI), cumpla con pagar a la
parte demandante conforme esta ordenado en sentencia, sin embargo apela
resolución noventa y cuatro mediante escrito de fojas novecientos ochenta y
seis, adjuntando ahora la Resolución Nº 0268-2017-TCE-S4 de fecha 03 de
marzo del 2017 del Organismo Superior de las contrataciones del Estado
(OSCE), sancionándolo con ocho meses de inhabilitación temporal,
formándose el cuaderno respectivo y elevándose al superior, para luego
emitirse el Auto de Vista resolución numero dos con la cual confirma el
requerimiento de pago.
4. Que estando a lo referido debe tenerse en cuenta que la ejecución de las
resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la
tutela judicial, y atendiendo a lo señalado por el Tribunal Constitucional “el
derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una concreción
específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela
jurisdiccional y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una
vía expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden
procesal (…). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales
garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, se a
repuesta en su derecho y compensada, si hubiera lugar a ello, por el daño
sufrido”. En tal sentido queda claro que existe el deber jurídico de
cumplimiento irrestricto y concreto de la parte vencida en juicio de realizar
todas las gestiones necesarias, dentro de su competencia a fin de dar cabal y
efectivo cumplimiento a la sentencia.
5. Por otro lado, estando a la solicitud del demandante de requerir a la entidad
demandada SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL(SERTEDI), como Litis
consorte necesario pasivo, para que cumpla con lo dispuesto en la sentencia
expedida en autos, ya que la misma ha quedado firme y a la fecha no ha dado
cumplimiento, más aun teniendo en cuenta que si bien la entidad demandada
fue sancionada con inhabilitación temporal con tres resoluciones diferentes, al
tiempo transcurrido la misma no ha efectuado ninguna acción que fuera
comunicado a este juzgado desde abril del dos mil diecisiete, transcurriendo
en exceso plazo razonable, por lo tanto resulta procedente efectuar el
requerimiento en mérito a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que señala que toda persona o autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, en
consecuencia y estando a las consideraciones antes expuestas;
III. DECISION:
REQUERIR EN FORMA REITERATIVA a la parte demandada SERVICIOS
TEMPORALES DIVERSOS SRL. (SERTEDI) como Litis consorte necesario
pasivo, debidamente representada por su Gerente Doña Petrolina del Carmen
Najar, CUMPLA con pagar a favor del demandante la suma de S/. 14,598.82
(catorce mil quinientos noventa y ocho con 82/100 nuevos soles), ello en el plazo
de 10 DIAS de notificado con la presente resolución, dejando subsistente el
apercibimiento decretado mediante resolución numero noventa y seis de imponer
multa ascendente a DOS Unidades de Referencia Procesal en caso de
incumplimiento. Notifíquese a las partes.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00307-2004-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
PERITO : CPC HUABLOCHE LOPEZ, JESUS
REPRESENTANTE : SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL
REPRESENTADO POPR PETRONILA DEL CARMEN NAJAR OJEDA ,
DEMANDADO : EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S AENAPU S A,
APODERADO JULIO CESAR FERNANDEZ L
DEMANDANTE : NAVIDEZ MENDOZA, RUBEN RAFAEL
Resolución Nro. 103
Tacna, doce de abril
del año dos mil dieciocho.-
DE OFICIO: Estando a la resolución número cinco de fecha veintidós de marzo del dos mil
dieciocho con la que se mandó reservar el Escrito Nº 30336-2017 hasta que sea devuelta
debidamente diligenciada la cedula y habiendo sido recepcionada conforme al cargo obrante a
fojas mil veinticuatro, se procede a proveer como sigue; AL PRINCIPAL .- VISTOS: La
liquidación de intereses legales presentado por el demandante a fojas novecientos veintidós y
siguientes; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de actuados de este proceso se tiene que
a fojas setecientos treinta y seis obra la sentencia resolución numero setenta y seis de fecha
diez de enero del dos mil catorce, la cual declara Fundada en Parte la demanda señalando
textualmente: “(…) SE ORDENA que: la demandada ENAPU S.A. pague al demandante la suma de S/.
34,242.07 (TREINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTIDOS CON 07/100 NUEVOS SOLES), en tanto
que el litis consorte necesario pasivo SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL. (SERTEDI), pague también al
demandante la suma de 14,598.82 (CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTIOCHO CON 82/100 NUEVOS
SOLES), con los intereses legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia, por los conceptos de:
Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, vacaciones legales, gratificaciones, horas extras, remuneración
insoluta por pago de viáticos, pago por bonificación de pacto colectivo, respectivamente e INFUNDADO en los
extremos de la demanda respecto de la indemnización por despido arbitrario, pago de ayuda escolar (gratificación) del
2004. (…)”; siendo confirmado por el superior mediante Sentencia de Vista resolución numero
ochenta y ocho de fecha treinta de diciembre del dos mil catorce obrante a fojas ochocientos
veintiséis y siguientes, quedando ejecutoriada la sentencia de primera instancia mediante
resolución noventa y dos obrante a fojas ochocientos setenta y siete, asimismo se le requirió al
demandado cumpla con lo ordenado en sentencia. Posteriormente a fojas ochocientos ochenta
y cinco obra el escrito presentado por Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A. con el
cual adjunta Deposito Judicial N° 2016014601960 por el monto de S/. 34,242.07 soles, dando
así cumplimiento a lo ordenado en sentencia. SEGUNDO.- Que, conforme se aprecia del
escrito que corre a fojas novecientos veintidós más anexos, el abogado de la parte demandante presenta Informe Pericial contable sobre liquidación de intereses legales, el cual
concluye que los intereses legales generados asciende a la suma de S/. 16,273.93 soles, sin
tener en cuenta que en la hoja de cálculo de intereses legales adjuntada al escrito señala
fechas usadas como referencia para el cálculo correspondiente, las cuales no se ajustan con
las fechas consignadas en el presente proceso. Asimismo dicho informe, se corre traslado a la
entidad demandada con resolución número ciento uno obrante a fojas mil veinte, sin que hasta
la fecha esta sea absuelta. TERCERO.- Que, tal como se extrae del Decreto Ley N° 25920,
sobre el pago de intereses por adeudos laborales se debe aplicar el interés legal fijado por el
Banco Central de Reserva del Perú, el cual no es capitalizable; asimismo, la citada norma legal
deja sin efecto el D.S. N° 033-85-TR (norma referido al incumplimiento del pago oportuno de la
Compensación por Tiempo de Servicios, remuneraciones devengadas y otros), proscribiendo la
capitalización de intereses en todo adeudo pendiente de pago o en ejecución a la fecha de
vigencia de dicho decreto, es decir, desde el 03 de diciembre de 1992, no cabe la posibilidad
de calcular intereses legales capitalizados respecto de cualquier adeudo laboral. Asimismo,
dicho decreto ley establece también que el interés legal sobre los montos adeudados por el
empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y
hasta el día de su pago efectivo. CUARTO.- Que, conforme a lo establecido en el artículo 78°
de la Ley 26636, Ley Procesal de Trabajo, el cálculo de intereses y otros similares se liquidan
por la parte vencedora con el auxilio pericial respectivo de ser necesario, en caso la otra parte
observe dicha liquidación deberá sustentarla en una liquidación de similar naturaleza;
asimismo, teniendo controversia sobre ello, el Juez decide cuál es la liquidación correcta y en
caso sea indispensable podrá recurrir a los peritos contables con los que cuenta el juzgado o
los que designe. QUINTO.- Que, conforme se tiene de la propuesta de liquidación de intereses
legales alcanzado por el demandante, este especifica fechas erróneas teniendo como
consecuencia que los factores utilizados para el cálculo de interés legales también sean
erróneos, pese a que se observa que a fojas ochocientos ochenta y cuatro obra el Deposito
Judicial N° 2016014601960 de fecha 14 de noviembre del 2016, por el monto total de la deuda
ordenada en sentencia equivalente a S/ 34,242.07 soles, evidenciándose que no se tomó en
cuenta la fecha de dicho deposito. En consecuencia, se considera errada la liquidación
practicada por el demandante; por lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
26636, debe remitirse autos al perito judicial adscrito al juzgado a fin que preste su
colaboración y emita informe pericial respecto de los intereses legales laborales por los
conceptos señalados en sentencia. Por tanto, de acuerdo a lo expuesto y de conformidad con
el artículo 121 del C.P.C. ; SE RESUELVE: REMITIR LOS ACTUADOS al perito judicial
adscrito al juzgado C.P.C Verónica Huanacuni Vilca, a fin que preste su colaboración y emita
informe pericial respecto del cálculo de intereses legales laborales, conforme a lo señalado en
sentencia obrante a fojas 736 a 748, por concepto de Reintegro de CTS, Vacaciones
Legales, Gratificaciones, Horas Extras, Viáticos y Bonificación Extraordinaria por Pacto
Colectivo, relacionado con la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A.; en
consecuencia, notifíquese a la perito para su conocimiento. Hágase saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Juez: CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Fecha: 27/03/2017 08:14:51
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00307-2004-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
CORTE SUPERIOR DE TACNA ESPECIALISTA : TUMBA CHURA, ROSSMERY
Secretario: TUMBA CHURA,
ROSSMERY
Fecha: 27/03/2017 09:30:52 PERITO : CPC HUABLOCHE LOPEZ, JESUS
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA REPRESENTANTE : SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL
FIRMA DIGITAL
REPRESENTADO POPR PETRONILA DEL CARMEN NAJAR OJEDA ,
DEMANDADO : EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S AENAPU S A,
APODERADO JULIO CESAR FERNANDEZ L
DEMANDANTE : NAVIDEZ MENDOZA, RUBEN RAFAEL
Resolución Nro.96
Tacna Quince de Marzo del Año dos Mil Diecisiete.-
Al escrito con Registro Nº5825-2017: (Al principal y al Otrosí Digo) AUTOS, VISTOS y
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1 del artículo
50º del Código Procesal Civil, son deberes de los Jueces en el proceso, dirigirlo y velar por su
rápida solución; SEGUNDO.- Complementando lo dicho, es necesario tener presente que la
ejecución de resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela
judicial. En efecto, en la sentencia 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, el
Tribunal Constitucional ha dejado establecido que “[e]l derecho a la ejecución de resoluciones
judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el
derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una
vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). El
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia
se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia
favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido”
[fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento, se ha precisado en otra sentencia que
“la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre
tutela y ejecución al establecer que “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios
términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a
la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-
AA/TC, fundamento 64). Así las cosas, queda claro que existe el deber jurídico (de la parte
vencida) de cumplimiento irrestricto, específico y concreto del mandato judicial y, por ende, de
realizarse todas las gestiones necesarias (objetivas y concretas) para tal fin. TERCERO: Así
también, debe tenerse presente que conforme a lo previsto por el artículo 109 del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente caso: “Son deberes de las partes, Abogados y
apoderados: 1. Proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e
intervenciones en el proceso; 2. No actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos
procesales; 3. Abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes en sus
intervenciones; 4. Guardar el debido respeto al Juez, a las partes y a los auxiliares de justicia; 5.
Concurrir ante el Juez cuando este los cite y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales; y
6. Prestar al Juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales, bajo apercibimiento
de ser sancionados por inconducta con una multa no menor de tres ni mayor de cinco Unidades
de Referencia Procesal.” Por su parte, el artículo 288 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, prevé que: “Son deberes del Abogado Patrocinante: 1.- Actuar como
servidor de la Justicia y como colaborador de los Magistrados; 2.- Patrocinar con sujeción a los
principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe; (…).” De tales normas se infiere
que es deber de las partes conducirse de forma coherente y con probidad en todas sus
actuaciones, es decir, evitar realizar actuaciones contraproducentes al desarrollo del proceso - venire contra factum- en la medida que si se constata ello se podría extraer conclusiones en
contra de sus intereses, tal como lo preceptúa el artículo 282 del Código Procesal Civil (“El Juez
puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta
que éstas asumen en el proceso…”). De igual forma, el propio ordenamiento legal le impone a
las partes y a sus abogados el deber de colaborar con la administración de justicia para que el
proceso alcance su finalidad, lo que demanda en el nuevo modelo del proceso laboral que “…
adecúen su conducta a los parámetros de buena fe procesal, entendida como aquella conducta
exigible a toda persona en el marco de un proceso por ser socialmente admitida como correcta.”
(Cfr. Cas. Lab. N° 2906-2012, Junín de 13 de mayo de 2013, considerando segundo; Cas. Lab.
N° 2688-2011, La Libertad de 14 de marzo de 2012, considerando cuarto; entre otras sentencias
casatorias relevantes).”CUARTO: En el presente caso, mediante sentencia de fojas setecientos
treinta y seis y siguientes, se dispone con fallo Declarando fundada en parte la demanda de fojas
90 al 97, interpuesta por Rubén Rafael Navidez Mendoza en contra de ENAPU s.a., y como litis
consorte necesario pasivo a la empresa de servicios temporales diversos SRL (SETERDI), sobre
cobro de beneficios sociales. 2.- en consecuencia se ordena que: la demandada Enapu s.a.
pague al demandante la suma de s/. 34,242.07 (treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos
con 07/100 nuevos soles), en tanto que el litis consorte necesario pasivo SERVICIOS
TEMPORALES DIVERSOS SRL. (SERTEDI), pague también al demandante la suma de
14,598.82 (CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTIOCHO CON 82/100 NUEVOS SOLES), con
los intereses legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia, por los conceptos
de: Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, vacaciones legales, gratificaciones,
horas extras, remuneración insoluta por pago de viáticos, pago por bonificación de pacto
colectivo, (…). Al respecto, mediante resolución noventa y cuatro de fecha primero de febrero
del año dos mil diecisiete.se resuelve requerira la SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS
SRL(SERTEDI), como Litis consorte necesario pasivo para que cumpla con pagar a favor del
demandante la suma de 14,598.82 (CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTIOCHO CON 82/100
NUEVOS SOLES), absolviendo el requerimiento con escrito de folios novecientos noventa y
cuatro y siguientes refiriendo que deacuerdo al requerimiento se ha indicado la imposibilidad
de poder cumplir el mandato ello en razón que a la fecha no está realizando actividades por
encontrarse suspendido el riesgo como contribuyente en la SUNAT, y por una sanción del
Organismo Superior de las contrataciones del Estado (OSCE) y por ello se solicita la
suspensión del proceso hasta que se reinicie sus actividades. Solicitando la suspensión
tener presente la Empresa Demandada que “el derecho a la ejecución de sentencias y
resoluciones judiciales forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Su
reconocimiento se encuentra contenido en el inciso 2) del mismo artículo 139.º, en el que se
menciona que “ninguna autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en
autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución”.”Después de haberse obtenido un
pronunciamiento judicial definitivo, válido y razonable, el derecho analizado garantiza que las
sentencias y resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios términos, ya que, de suceder lo
contrario, los derechos o intereses de las personas allí reconocidos o declarados no serían
efectivos sin la obligación correlativa de la parte vencida de cumplir efectivamente con lo
ordenado mediante las sentencias judiciales.” Sin embargo, a petición de la parte demandante,
ser procede a requerir nuevamente a la empresa demandada cumpla con pagar a favor del
demandante la suma de 14,598.82 (catorce mil quinientos noventiocho con 82/100 nuevos
soles), pero, esta vez, bajo apercibimiento imponerse multa de dos (02) unidades de referencia
procesal en caso de incumplimiento en caso de incumplimiento. Por tanto, conforme a las
consideraciones expuestas y normas acotadas SE RESUELVE: REQUERIR de forma reiterativa
a la parte demandada SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL. (SERTEDI), debidamente
representada por su Gerente Doña Petrolina del Carmen Najar cumpla con pagar a favor del
demandante la suma de 14,598.82 (catorce mil quinientos noventa y ocho con 82/100
nuevos soles), bajo apercibimiento imponerse multa de dos (02) unidades de referencia
procesal en caso de incumplimiento en caso de incumplimiento.- AL OTROSI DIGO.- Estese a lo
antes decretado.-. Regístrese y Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Juez: CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Fecha: 18/10/2016 18:22:22
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00307-2004-0-2301-JR-LA-01
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: TUMBA CHURA,
ROSSMERY MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
Fecha: 19/10/2016 08:16:00
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL JUEZ : CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL ESPECIALISTA : TUMBA CHURA, ROSSMERY
PERITO : CPC HUABLOCHE LOPEZ, JESUS
REPRESENTANTE : SERVICIOS TEMPORALES DIVERSOS SRL
REPRESENTADO POPR PETRONILA DEL CARMEN NAJAR OJEDA ,
DEMANDADO : EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S AENAPU S A,
APODERADO JULIO CESAR FERNANDEZ L
DEMANDANTE : NAVIDEZ MENDOZA, RUBEN RAFAEL
Resolución Nro.92
Tacna, diecisiete de octubre
Del Año dos mil dieciséis.-
Al Escrito N° 18950 -2016.- El presente expediente fue remitido por la Primera
Sala Constitucional y Social transitoria de la Corte Suprema de la Republica: AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO.- PRIMERO.- Que a fojas ochocientos veintiséis y siguientes
obra la sentencia de vista de fecha Treinta de Diciembre del año dos mil catorce , la
misma que confirma la sentencia de primera instancia que falla declarando fundada
en parte la demanda interpuesta, resolución en contra de la cual se interpuso recurso
de casación el mismo que fue declarado improcedente por la Segunda Sala
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Segundo.- Estando a lo reseñado se tiene que la sentencia de primera instancia
emitida con resolución sesenta y seis de fecha diez de enero del año dos mil
catorce, ha quedado ejecutoriada de conformidad con el artículo 123° del Código
Procesal Civil, el cual es de aplicación supletoria al caso de autos. Por las
consideraciones antes expuestas y normatividad invocada; SE RESUELVE: 1) Declarar
EJECUTORIADA la sentencia expedida mediante resolución sesenta y seis de fecha
diez de enero del año dos mil catorce obrante a fojas setecientos treinta y seis y
siguientes. 2) REQUERIR a la ENAPU S.A., para que en un plazo de diez días cumpla con
REMITIR información correspondiente con documentación sustentadora con relación
al cumplimiento de la sentencia que ordena que la demandada ENAPU S.A. pague al
demandante la suma de S/. 34,242.07 (TREINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTIDOS
CON 07/100 NUEVOS SOLES), en tanto que el litis consorte necesario pasivo SERVICIOS
TEMPORALES DIVERSOS SRL. (SERTEDI), pague también al demandante la suma de
14,598.82 (CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTIOCHO CON 82/100 NUEVOS SOLES), con
los intereses legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia, por los
conceptos de: Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, vacaciones
legales, gratificaciones, horas extras, remuneración insoluta por pago de viáticos,
pago por bonificación de pacto colectivo, respectivamente. Bajo apercibimiento de
imponerle multas compulsivas y progresivas en caso de incumplimiento. Hágase Saber. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00446-2004-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y GONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Dieciséis de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 02 de
noviembre de 2004, a folio 16 al 17, se declaro fundada la demanda
sobre PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA,
contra ARMADORES Y GONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de SEISCIENTOS CUARENTA
Y OCHO NUEVOS SOLES CON 47/100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, sin costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de febrero
de 2005; (folios 18), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme
y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 19 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 02 de Noviembre del 2004.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00465-2004-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA
ARCOPA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N°SIETE (07)
Paita, 16 de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 05 de fecha 15 de
diciembre de 2004, a folio 28 al 29, se declaro fundada la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP
PROFUTURO, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA
ARCOPA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que
la ejecutada cumpla con cancelar la suma de OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES CON 46/100 SOLES, más los
intereses moratorios, con costos, sin costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 18 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 35, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00626-2004-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMANDORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Dieciséis de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 15 de diciembre
de 2004, a folio 13 al 14, se declaro fundada la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA, contra
ARMANDORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA , en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA NUEVOS SOLES CON
04/100 SOLES, más los intereses moratorios, con costos, sin costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 22 de diciembre de 2004; (folios
16), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 19 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 15 de diciembre del 2004.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
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SEGUNDA SALA LABORAL
EXPEDIENTE N°: 00214-2004-0-1801-JR-LA-07
DEMANDANTE: ALEX ESTEBAN VASQUEZ HUAMAN
DEMANDADO : AUSTRAL GROUP S.A.A.
MATERIA : PAGO DE REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
Resolución N° 05
Lima, trece de setiembre
Del dos mil diecinueve.-
VISTOS: En Audiencia Pública, e interviniendo como Juez Superior
ponente la señora Runzer Carrión; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Es materia de apelación la Sentencia N° 055-2016 de fecha 31 de
Marzo de 2016, que declara Fundada en parte la demanda, y ordena el pago de
horas extras y reintegro de beneficios sociales en la suma de S/.6,115.20 soles e
Infundado el extremo de utilidades de los años 1997 a 2002.
SEGUNDO: Sobre la Sentencia, la demandada Austral Group S.A.A. impugna la
misma mediante escrito que corre de fojas 636 a 638, señalando los siguientes
agravios: 1) el monto de las utilidades de 1996 no es mas de S/.4,000.00 Soles, sino
de más de S/.1,600.00 Soles según informe pericial de autos, incluso hubo un
exceso de pago de utilidades de más de S/.5,000.00 Soles; 2) El demandante se
desempeñó como Contador de Flota, por tanto, esto es como, Personal de
Dirección según las boletas de pago obrantes en autos, y también fue reconocido
por el mismo en la Diligencia Investigadora, por lo que no corresponde el pago de
horas extras otorgado en la recurrida;
1 TERCERO: De conformidad con el artículo 370° del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, en la apelación, la competencia del superior sólo alcanza
a éste y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional
revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo,
conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los
agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la
expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera,
según el caso) instancia;
CUARTO: Respecto al primer agravio vertido por la parte demandada, es de
apreciarse que en efecto del Informe Pericial N° 045-2007-PJ-HARD de fecha 23 de
abril de 2007, de fojas 317 a 318; aprobado por las partes y no observado por la
parte demandante, se ha determinado un pago en exceso a favor del demandante
respecto a los ejercicios 1995 por S/.2,625.06 Soles y 1996 por S/.2,454.38, esto es
un pago en exceso de utilidades de S/.5,079.44 Soles a favor del demandante; por
lo que es arreglado a derecho descontar esta suma de la suma total ordenada a
pagar a favor del trabajador, deviniendo en fundado el agravio vertido por la
demandada;
QUINTO: Sobre el segundo agravio señalado por la demandada respecto al
pago de horas extras, cabe señalar que conforme al artículo 5 del TUO de la Ley de
Trabajo, horario y trabajo en sobretiempo- Decreto Supremo 007-2002-TR
concordado con el artículo 11° del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley
de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2002-TR; no se encuentran comprendidos en la jornada máxima
los trabajadores de Dirección, los trabajadores que prestan servicios intermitentes
de espera, custodia o vigilancia, trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y
trabajadores de confianza cuyas características se encuentran definidas en el
Artículo 43° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobada por
Decreto Supremo Nº 003-97-TR, exceptuándose de lo previsto en este artículo, a los
trabajadores de confianza sujetos a un control efectivo del tiempo de trabajo.
Siendo que, en el caso de autos, se ha acreditado que el demandante es un
trabajador de confianza conforme a lo estipulado en el artículo 43° de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral aprobada por Decreto Supremo Nº 003-97-
2 TR; al habérsele designado en las boletas de pago como tal, no siendo de dirección
como señala la demandada, pues el actor no es contador, hecho no negado por
ésta, y además se encuentra incluido en la excepción que hace referencia el artículo
11 antes citado; conforme se advierte de las pruebas aportadas por el demandante
a fojas 29-41 no tachados por la demandada conservando su eficacia probatoria,
como son los registros de entrada y salida, informes de fojas 337 a fojas 447
contratos de fojas 462 a fojas 477 en los que en la cláusula tercera se indica que el
trabajador seguirá desempeñando sus funciones encomendadas en los horarios
que dispone la empresa, pese a considerarse cargo de confianza, asimismo se le
efectuaba descuento por tardanzas (fs.448-459) y según la propia declaración de la
demandada a fojas 530-531, por lo que las horas extras le corresponde de los años
2001 y 2002 por el monto de S/.2,061.01 conforme liquidó el juez de la causa en
virtud del informe pericial que no fue materia de observación por ninguna de las
partes; en consecuencia, ello tiene incidencia en el pago de las gratificaciones y
compensación por tiempo de servicios, razones por las que cabe amparar el pago
de horas extras peticionados y su incidencia de dicho concepto de la Compensación
por Tiempo de Servicios, Gratificaciones y Vacaciones truncas; debiendo por ende
confirmarse la recurrida en dichos extremos;
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Unipersonal, con la autoridad que le
confiere el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, impartiendo
justicia en nombre de la Nación:
DECISIÓN:
REVOCO la Sentencia N° 055-2016 de fecha 31 de Marzo de 2016, en la parte que
declara Fundada el extremo de Utilidades la misma que REFORMANDOLA la declaro
Infundada;
CONFIRMO la sentencia en la parte que declara fundada el pago de las horas extras y
su incidencia en el pago de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y
vacaciones truncas;, en consecuencia, ORDENO que la demandada abone al
demandante la suma de S/.4,076.66 (CUATRO MIL SETENTA Y SEIS CON 66/100
SOLES) por los conceptos puntualizados más los intereses legales y financieros que
se liquidarán en ejecución de sentencia con costas y costos.
3 En los seguidos por ALEX ESTEBAN VASQUEZ HUAMAN contra EMPRESA AUSTRAL
GROUP S.A.A.; sobre Pago de Beneficios Sociales y otro; y los devolvieron al juzgado
de origen.
RUNZER CARRIÓN
4 |
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EXPEDIENTE : 00214-2004-0-1801-JR-LA-07
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS
ECONOMICOS
DEMANDADO : AUSTRAL GROUP S.A.A. ,
DEMANDANTE : VASQUEZ HUAMAN, ALEX ESTEBAN
Señores:
VALENZUELA BARRETO
RUNZER CARRION
ALMEIDA CARDENAS
Resolución N° 1
Lima, 09 de Octubre del 2017.
Por recibido los autos y ATENDIENDO: Primero:
Es materia de revisión la sentencia expedida en autos de fecha veintiocho de
mayo del dos mil dieciséis que declara fundada en parte la demanda y ordena
pagar al demandante la suma de S/. 6,115.20 nuevos soles; Segundo:
Mediante Resolución Administrativa N° 182-10-CE-PJ, de fecha veinte de
mayo del dos mil diez, publicada en el Diario Oficial el Peruano el día cuatro
de junio del dos mil diez, se dispone el desdoblamiento de las Salas Laborales
en Tribunales Unipersonales, la misma que resolverán en última instancia las
causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no supere las 70 URP; Tercero:
Asimismo, debe tenerse presente el último Pleno Jurisdiccional Supremo en
materia laboral realizado en la ciudad de Lima, lo días 08 y 09 de mayo del
dos mil catorce, en la que se acordó por unanimidad que los tribunales
unipersonales pueden conocer de los recursos de apelación en causas cuya
cuantía reconocida en la sentencia no supere las 70 Unidades de Referencia
Procesal (URP); aún cuando exista reconocimiento de una pretensión no
cuantificable; Cuarto: Siendo ello así, no obstante haber sido resuelto
anteriormente por un Tribunal Colegiado y estando a la cuantía determinada
en la sentencia expedida en primera instancia, corresponde su conocimiento a
los Tribunales Unipersonales prevista en la Sexta Disposición Transitoria de la
Ley N° 29497, vigente desde el dieciséis de enero del año dos mil diez y
ratificada por el II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral de mayo
del dos mil catorce; más aún , si la Corte Suprema en la Casación N° 11482-
2013 La Libertad modificó el criterio jurídico adoptado en casos anteriores, en
atención a la exigencia de duración razonable de un proceso judicial más
célere, con prevalencia de los principios de economía y celeridad procesal; por
lo que teniendo en cuenta la carga procesal asumida por la Sala en el presente
año judicial, de conformidad con lo previsto por el articulo 131 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; SEÑÁLARON la Vista de la Causa para el día
DOS DE JULIO del próximo año; en audiencia pública que se iniciará a las
DIEZ de la mañana, con el Magistrado designado por ley. Asimismo, en
atención a la Resolución N° 012-2016-P-CSJLI/PJ, que dispone la
implementación del SINOE: Requiérase a la parte demandada para que dentro
del término de cinco días cumplan con señalar su casilla electrónica. |
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Juez: GALLARDO ORTEGA, LUZ VERONICA
Fecha: 22/03/2017 18:16:10
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
Demandante: Jose Dolores Ayala Antón
Demandado: Pesquera Industrial El Ángel S.A.
CORTE SUPERIOR DE LIMA Materia: Reintegro de Remuneraciones
Secretario: CANCHAPOMA
AGUIRRE, YEKATERINE
Fecha: 22/03/2017 18:28:57 Expediente Nº 00232-2004-0-1801-JR-LA-11.
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D FI. RJu Md Aic Dia Il G: IL TI AM LA /LIMA Especialista Legal: Canchapoma Aguirre, Yekaterine
SENTENCIA Nº 079-2017-18°- JTTL
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO
Lima, veintiuno de marzo
Del año dos mil diecisiete.-
Puesto a Despacho y conforme se advierte de autos mediante Sentencia de
Vista de fecha 05 de marzo de 2015, la Tercera Sala Laboral de Lima, ha
declarado Nula la Sentencia de fecha 27 de mayo de 2010, y teniendo en
cuenta lo señalado por el Superior, se procede a emitir nuevo
pronunciamiento
I. ANTECEDENTES:
Resulta de autos, que por escrito corriente de fojas 18 a 24, don JOSE
DOLORES AYALA ANTON interpone demanda de Reintegro de
Remuneraciones contra su empleadora PESQUERA INDUSTRIAL EL
ANGEL S.A., a fin de que cumpla con pagarle la suma de S/.95,267.73
(Noventa y cinco mil doscientos sesenta y siete con 73/100 nuevos soles).
II. EXPOSICIÓN POSTULATORIA EXPRESADA POR LAS PARTES
Del demandante:
Funda su acción en las citas legales que hace mención y en el hecho de
haber laborado para la emplazada desde el 26 de octubre de 1976 hasta la
actualidad, indica que la demandada vino cumpliendo el pago de sus
remuneraciones por participación de pesca en 22.40% del precio que el
armador percibe por la venta de la materia prima, la que se distribuye a
prorrata entre todos los miembros de la tripulación, conforme lo prevé el
D.S. N° 009-76-TR respetando la cotización internacional en el precio de
venta de pescado según información REUTERS, pero es el caso que a partir
de enero de 1994 hasta la actualidad comenzó a reducirle el precio de venta
internacional, siendo que el 19 de mayo de 1998 le hace firmar un convenio
para que se redujera la remuneración por participación de pesca en 18% del
precio determinado por la propia empresa, de acuerdo a un promedio
estimado, so pretexto de la reforma total de la embarcación, convenio que
en la presente instancia lo impugna por ser contrario a lo estipulado en el
Decreto Supremo N° 009-76-TR, en tanto no puede renunciar a su
remuneración por mandato constitucional, por lo que solicita el reintegro
1 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
de remuneraciones por participación de pesca en 22.40% del precio
REUTERS y la continuación del pago de dicho porcentaje; razones todas
ellas por las cuales acude a la presente judicatura.
De la demandada:
Admitida que fuera la demanda, mediante resolución número uno, a fojas
25, se corrió traslado a la demandada, siendo que mediante escrito de fojas
39 a 56, deduce las excepciones de prescripción y falta de agotamiento de la
vía previa, y contestando la demanda la niega y contradice en todos sus
extremos, señalando que el Decreto Supremo N° 009-76-TR, no le es de
aplicación a la empresa, en primer término, porque el ámbito de aplicación
del mismo está constituido por las empresas propietarias de pequeñas
Embarcaciones dedicadas a la Extracción de Anchoveta y sus trabajadores,
y al no ostentar tal condición, nunca estuvo obligada al pago de la
remuneración a su personal en base a las pautas de tal cuerpo normativo; y
en segundo lugar, porque el artículo IV, del Título Preliminar del Código
Civil permite colegir que toda norma especial o excepcional, como es el
D.S. N° 009-76-TR, debe ser interpretada restrictivamente y no
extensivamente, en tal medida no puede interpretarse que el Decreto
Supremo en mención comprende a toda empresa pesquera.
III. DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
Citadas las partes a la Audiencia Única, la misma se llevó a cabo en los
términos que obran en el acta que corre en autos de fojas 85 a 87;
oportunidad en la que se declaró fundada la excepción de prescripción
respecto del periodo demandado comprendido de enero de 1994 al 23 de
diciembre de 1998 e Improcedente la excepción de caducidad;
estableciéndose la validez de la relación jurídica procesal, teniéndose por
saneado el proceso, se fijaron los puntos controvertidos, se actuaron los
medios probatorios presentados por las partes, y habiendo precluido la
etapa postulatoria y probatoria, se emitió sentencia con fecha 27 de mayo
de 2010, la misma que corre de fojas 382 a 396, siendo apelada por el
demandante, se elevaron los actuados al Superior, por lo que mediante
Sentencia de Vista de fecha 18 de julio de 2012, la Tercera Sala Laboral,
Revocó la Resolución No 06 expedida en Audiencia única, que declara
fundada la excepción de incompetencia de enero de 1994 a diciembre de
1998, y Reformándola la declararon Infundada, asimismo, Revocaron la
sentencia de fecha 27 de mayo de 2010 y Reformándola la declararon
Fundada; que mediante escrito de fojas 526 a 552, la demandada interpone
recurso de casación contra la sentencia de vista de fecha 18 de julio de 2012,
siendo que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la República, mediante sentencia CAS.LAB
N° 1997-2013 LIMA, de fecha 21 de junio de 2013 (fojas 560 a 565), declaró
2 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
fundado el recurso de casación interpuesto por la emplazada y en
consecuencia Nula la sentencia de vista de fecha 18 de julio de 2012 y
ordenaron que la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de
Lima expida nuevo fallo; de manera tal, que mediante resolución de vista
de fecha 05 de marzo de 2015, que obra de fojas 572 a 577, la Tercera Sala
Laboral de Lima Revocó el Auto (Resolución No 06) expedido en la
audiencia única de fecha 09 de junio de 2005, que declara fundada la
excepción de prescripción y Reformándola la declararon infundada;
declararon nula la Sentencia recurrida, disponiendo que se emita nueva
sentencia, por lo que siendo ese su estado, corresponde emitir nuevo
pronunciamiento.
IV. ANALISIS DEL CASO:
PRIMERO: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia. Asimismo de acuerdo a lo señalado por el
artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable
en vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.-
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA:
Que, es principio fundamental en el derecho laboral que las partes
acrediten los hechos que alegan y que conforme al artículo 27º de la Ley
Procesal de Trabajo, el trabajador debe acreditar esencialmente la existencia
de la relación laboral, el despido cuando lo alegue, su nulidad cuando lo
invoque y la hostilidad de la que fuere objeto; y asimismo el demandado
debe probar el cumplimiento de las obligaciones legales, convencionales, la
costumbre, las que contenga el reglamento interno y el contrato individual
de trabajo; que por otro lado el artículo 196º del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente, dispone que la carga de la prueba corresponde a
quien afirma los hechos, teniendo los medios probatorios la finalidad de
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez
respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones.
TERCERO: DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Atendiendo a lo resuelto en Audiencia única, corresponde emitir
pronunciamiento respecto a determinar:
1. Reintegro de remuneraciones por participación de pesca y precio
reducido de las ventas del pescado desde el 24 de diciembre de 1998
hasta la fecha de cese.
3 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
2. La continuación de pago de la remuneración del 22.40% por
participación de Pesca con el precio de venta internacional.
3. Costas y costos e intereses.
CUARTO: DEL DECRETO SUPREMO N° 009-76-TR - CONTRATO DE
TRABAJO PESQUERO DE LOS PESCADORES ANCHOVETEROS AL
SERVICIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE
ANCHOVETA:
4.1 Que, mediante Decreto Ley N° 21558, del 20 de julio de 1976 se
reprivatizó la extracción de la anchoveta para su transformación en harina
y aceite, constituyéndose las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta, a las que les fueron transferidos los trabajadores de la empresa
estatal PESCA PERÚ, que para efectos del régimen laboral de estas
pequeñas empresas se dictó el Decreto Supremo N° 009-76-TR, del 21 de
julio de 1976, que en su Segunda Disposición Final, señala “Sólo rigen para
las relaciones entre las Pequeñas Empresas de extracción de Anchoveta y los
pescadores a su servicio, las remuneraciones y condiciones de trabajo
taxativamente indicados en el presente Decreto Supremo”.
4.2 Que, asimismo dicho cuerpo legal, en su artículo 13°, dispone: “La
remuneración que percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la pesca de
anchoveta será una participación por tonelada métrica de pesca descargada(…)”, y
en su segunda disposición transitoria precisa “La participación por tonelada
métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13 queda fijada en S/. 280.00
que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá por la venta de
anchoveta a PESCA PERÚ (…)”; quedando así claro que este criterio
remunerativo es privativo de los pescadores al servicio de las PEEAS.
4.3 Que, como precedente vinculante tenemos la Casación N° 3846-2006-
ICA, del 04 de agosto de 2009, que en su séptimo considerando, precisa los
requisitos para considerar una empresa dentro del ámbito del Decreto
Supremo N° 009-76-TR: “ Que, de acuerdo a los términos del artículo 2° de este
Decreto Ley, para ser calificado como una pequeña empresa de extracción de
Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de sociedad
comercial de Responsabilidad Limitada conforme al Decreto Ley N° 21435 (Ley de
la Pequeña Empresa); ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no
exceda en su conjunto de 620 toneladas métricas; iii) Sus ingresos percibidos no
deberían exceder del límite establecido en el artículo 3° del Decreto Ley 21435,esto
es 820 sueldos mínimos vitales de la provincia de Lima; y iv) Dedicarse a su
actividad económica sólo con las embarcaciones y redes transferidas por pesca Perú,
salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas”., siendo que
en su noveno considerando indica “ Que, de este modo el Decreto Supremo N°
009-76-TR regula en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y
4 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transformación de la flota
pesquera de Pesca Perú, pues como lo reafirma expresamente en la Segunda
Disposición Final sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas de
extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que cualquier
contrato de trabajo que no vincula a un trabajador pesquero con una empresa que
reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley N° 25558
quedara fuera de su marco y ámbito de regulación y ello es así en razón que el
hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo constituyó precisamente
la actividad productiva de los pescadores en las embarcaciones objeto de la
transferencia antes invocada.”.
4.4 En atención a lo transcrito, adviértase que los requisitos señalados son
concurrentes, por lo que la falta de uno de ellos (estar inscrita como
sociedad comercial de responsabilidad limitada) imposibilita la
clasificación de una persona jurídica como pequeña empresa de extracción
de anchoveta, así en el caso de autos y conforme se advierte del contenido
de la copia (fojas 29 a 31) certificada notarialmente del Aumento de Capital,
que otorga la demandada, ésta con su razón social Pesquera Industrial El
Ángel S.A. -PIAGESA, se encuentra inscrita en la partida electrónica N°
00155772, ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos como
Sociedad Anónima; concluyéndose así que al no cumplir con el requisito
de estar inscrita como sociedad comercial de responsabilidad limitada, a no
califica como pequeña empresa y en tal sentido no le son aplicables ni
exigibles las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 009-76-TR.
QUINTO: DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 1985, 1988 Y EL
DECRETO LEGISLATIVO N° 757- LEY MARCO PARA EL
CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA:
5.1 Que, la Federación de Pescadores del Perú, en representación de los
trabajadores y la Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, la
Asociación de Armadores Pesqueros del Sur y la Asociación de Armadores
Pesqueros del Perú en representación de la parte empleadora, suscribieron
un convenio colectivo el 12 de junio de 1985, conforme al cual la
participación de pesca sería del 22.4%, liquidada sobre la base del 10% de
la cotización C&F Hamburgo, información REUTER, de la TM de harina
de pescado menos US $ 30.00 por flete, cuando se trate de descargas
efectuadas en fábricas de la Empresa Estatal PESCA PERÚ.
5.2 Que, el 30 de mayo de 1988, la misma organización sindical y la
Corporación Nacional de Armadores Pesqueros, en representación de la
Asociación de Empleadores mencionadas, modificaron el sistema de
determinación del precio de la materia prima al siguiente: precio de la TM
5 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
de harina de pescado CANDF Hamburgo información REUTER del
último día del mes anterior menos el descuento de US $ 44.00 por flete,
bajo los porcentajes de 8.5% en el caso de las descargas de fábricas
asociadas a la SNP y de 10% en el caso de PESCA PERÚ convirtiéndose a
moneda nacional del tipo de cambio que reciba el exportador.
5.3 Que, al no indicar expresamente lo contrario, el beneficio pactado en
el convenio colectivo de 1985 – con la precisión efectuada en 1988- tiene
duración indefinida, conforme a la legislación entonces vigente sobre
negociación colectiva (DS N° 006-71-TR), que en igual sentido al no
haberse precisado que la obligación recaía en las PEEAS, dicho convenio
colectivo resulta aplicable a todo el sector de la Pesca Industrial.
5.4 Que, no obstante ello, es de advertir que el actor está peticionando el
reintegro por participación de pesca desde el año 1994 a diciembre 2003, al
respecto se debe tener en cuenta que el Decreto Legislativo N° 757, que
entró en vigencia el 13 de setiembre de 1991, en el inciso b) de su Segunda
Disposición Complementaria, prohibió los sistemas de reajuste
automático de remuneraciones en función a diversos índices, entre otros,
el valor de la moneda extranjera, aún cuando provengan de convenios
colectivos, según el profesor Javier Neves, este mandato conforma lo que
la doctrina califica como una norma de derecho necesario absoluto, por que
excluye totalmente la presencia de la autonomía colectiva en un cierto
campo, esto afecta al Convenio colectivo de 1985, modificado en 1988,
que regula sistemas indexados de aumentos remunerativos, resultando
así que dichos convenios colectivos quedarían paralizados en su
aplicación ante lo dispuesto por el Decreto Legislativo en referencia.
5.5 Que, adicionalmente a ello, es de advertir entonces que dicho cuerpo
normativo por un lado derogó tácitamente los preceptos de los Decretos
Supremos N° 009-76-TR y 015-76-PE, que establecían los reajustes
automáticos de remuneraciones, y por otro lado derogó expresamente en
el inciso b) de su Primera Disposición Final, el Decreto Supremo N° 014-89-
PE del 24 de noviembre de 1989 y la Ley N° 25200 del 23 de febrero de
1990, normas que en su oportunidad reunificaron los criterios a nivel
nacional para el pago de las empresas transformadoras a las extractoras,
con esta derogación se suprimió la base que servía de referencia a la
participación de pesca del 22.4%, quedando entonces dicho porcentaje base
sin sustento normativo.
5.6 Que, en atención a todo lo expuesto, este despacho conviene en
desestimar también la pretensión postulada por el actor, en tanto la base
que propone para el cálculo (reintegro) de sus remuneraciones precio
6 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
según cotización REUTER no ha sido establecida por la sucesión normativa
de la materia.
SEXTO: DE LA REDUCCION DE LA REMUNERACIÓN
(PARTICIPACION POR PESCA):
6.1. Que, conforme se advierte de la teoría del caso formulada por el
actor en su demanda, este indica que la emplazada en mayo de 1998 le
hace firmar un convenio para que se redujera su participación por pesca en
18%, sin embargo impugna dicho acuerdo por ser contrario a lo estipulado
en el D.S. 009-76-TR, y que además al ser una remuneración no puede
renunciar por mandato constitucional.
6.2. Que, el artículo 30º, inciso b), del Texto Único Ordenado (TUO) del
Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por D.S. Nº 003-97-TR, y el artículo 49
de su reglamento, aprobado mediante D.S. Nº 001-96-TR, consideran la
reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría como un acto
de hostilidad equiparable al despido, es decir que aquello se encuentra
proscrito por nuestro ordenamiento jurídico por ser actos que afectan
principios como la irrenunciabilidad de derechos y derechos adquiridos.
6.3. El fundamento de la existencia de un sistema legal de protección a la
remuneración se encuentra en la naturaleza alimentaria que ésta tiene. En
efecto el legislador entiende que para el trabajador la remuneración
constituye su medio de subsistencia, por lo que se hace necesario introducir
normas que permitan que el trabajador perciba una contraprestación lo
más ajustada posible a la que está establecido en el contrato de trabajo.
6.4. Que, si bien en términos generales se entiende que la remuneración
percibida por un trabajador debería ir incrementándose, así también debe
considerarse la situación contemplada bajo los términos de la Ley Nº 9463,
cuyos alcances son precisados por el Tribunal Constitucional (TC) en la
sentencia de fecha 21 de mayo de 2004, recaída en el Expediente 009-2004-
AA/TC, señalando “(…)Al respecto, la posibilidad de reducir las
remuneraciones está autorizada expresamente por la Ley N.º 9463, del 17 de
diciembre de 1941, siempre que medie aceptación del trabajador (…)”.
6.5. Que, así la reducción será consensuada si es realizada de manera
voluntaria, es decir, si existe un acuerdo libre, espontáneo y expreso entre
el trabajador y el empleador, tal como se regula en la Ley N 9463; en dicho
sentido, teniendo a vista el CONVENIO DE PARTICIPACION DE PESCA
DE LA TRIPULACION DE LA E/P “DON CARLOS”, que corre a fojas 02,
suscrito por el actor y la demandada se advierte que en la clausula
segunda de dicho documento, se estipula “Por el presente documento las
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
partes acuerdan reducir la base para establecer el cálculo de la
remuneración de el Trabajador al 18% del precio determinado por el
Empleador de acuerdo al precio promedio estimado que semanalmente
comunica la Sociedad Nacional de Pesquería…”, resultando que dicho
documento no ha sido materia de tacha, observación u articulación alguna
por el demandante, por lo que mantiene entonces pleno valor y eficacia
probatoria, así y no habiéndose alegado ni acreditado alguna forma de
coacción, intimidación u otro vicio en la manifestación de voluntad del
actor para suscribir el mismo, se tiene por cierto que ambas partes
acordaron y pactaron en virtud a la ley N 9463 la reducción consensuada
de la participación por pesca, conforme a los términos del indicado
documento, por lo tanto, no estamos frente a una decisión arbitraria que
lesiona el entorno laboral del trabajador; consecuentemente corresponde
desestimar el presente extremo demandado.
SEPTIMO: DEL PAGO DE COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO:
Que, el pago de estos conceptos corren a cargo de la parte vencida, empero
debe estarse a lo dispuesto por el artículo 49° de la Ley Procesal del Trabajo
– Ley N° 26636, esto es, que los trabajadores están exentos de la condena
en costos y costas.
Por estas considerativas y demás que fluyen de autos, administrando
justicia a nombre de la Nación, de conformidad con el artículo 138º de la
Constitución Política del Perú.
FALLO:
Declarando INFUNDADA la demanda interpuesta por JOSE DOLORES
AYALA ANTON en consecuencia SE ABSUELVE DE LA INSTANCIA a
CORPORACION PESQUERA INCA S.A. (Sucesora procesal de
PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL S.A.) y, CONSENTIDA O
EJECUTORIADA que sea la presente resolución, ARCHÍVESE
DEFINITIVAMENTE los de la materia, sin costas ni costos.- HÁGASE
SABER.-
8 |
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EXPEDIENTE : 00233-2004-0-1801-JR-LA-18
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MANCILLA CONTRERAS, EMILIA ROCIO
ESPECIALISTA : MENESES CARDENAS LIZBETH
DEMANDADO : GRUPO SINDICATO PESQUERO ,
DEMANDANTE : ROMERO MORENO, JOSE ALFREDO SEGUNDO
Resolución Nro.46
Lima, 09 de mayo del 2019
Por recibido los autos a la fecha del Centro de Distribución General – CDG, en cumplimiento de
la Resolución Administrativa N° 060-2018-CE-PJ publicado en el diario oficial “El Peruano”;
PROSIGUIENDO CON EL ESTADO DE LA CAUSA y ATENDIENDO:
De la revisión exhaustiva de autos, se advierte:
PRIMERO: Por sentencia de vista recaída en la resolución tres de fecha 18 de mayo del 2015, el
Superior en Grado declaro la nulidad de la sentencia N°99-2013-04-JETT-CFT de fecha 21 de
mayo del 2013, básicamente porque él A quo no se pronuncio respecto de los puntos
controvertidos señalados en audiencia única, recomendándose al Juez de origen hacer uso de lo
normado por el artículo 28° de la Ley 26636 a fin de emitir decisión con arreglo a derecho.
SEGUNDO: Los puntos controvertidos fijados en audiencia (fs.298 parte pertinente), refieren:
- Determinar si le corresponde al actor el reintegro de Remuneraciones derivada del
incumplimiento de los Convenios Colectivos de 1985 y 1988 desde el año 1998 al 2003.
- Determinar si le corresponde al actor el pago de los Beneficios Sociales derivados de los
reintegros de remuneraciones desde el año 1998 al 2003
TERCERO: El Informe Revisorio (fs.385/386) e Informe Pericial (fs.563) no resultan suficientes a
efectos de emitir decisión debidamente sustentada, en tal sentido y conforme a lo señalado por
el Superior Jerárquico en la sentencia de vista (fs.704 parte pertinente), se dispone lo siguiente:
A) COMISIONAR al Perito adscrito a esta sede judicial a efectos de que se apersone al
domicilio real de la demandada y con vista de la documentación pertinente, cumpla con
emitir en informe pericial, que señale explícitamente, lo siguiente:
- Montos que el actor percibió como incremento en sus remuneraciones a consecuencia
de los convenios colectivos 1985 y 1988 en el periodo comprendido desde Mayo del
año 1998 a diciembre del 2003.
- Los montos que corresponden al actor, por concepto de CTS y Utilidades con incidencia
en los montos que habría dejado de percibir el demandante por convenios colectivos de
de 1985 y 1998 durante el periodo 1998 al 2003.
Dicho informe deberá ser, necesariamente, emitido en el plazo que la ley establece para
ello (artículo 37°1 de la Ley 26636), bajo responsabilidad funcional.
B) De conformidad con lo establecido por Resolución Administrativa N° 012-2016-P-
CSJLI/PJ, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de enero del 2016: CUMPLAN
1 Artículo 37.- PLAZO DEL INFORME PERICIAL.- El informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) días.
Es puesto en conocimiento de las partes, las que pueden formular
sus observaciones en el término de cinco (5) días, acompañando de ser pertinente, pericias de parte.
Las observaciones deben ser resueltas por el Juez y sólo en el caso de ser declaradas fundadas total o parcialmente se ordenará
que se emita un nuevo informe sobre las modificaciones o aclaraciones queprecise.
Página 1 de 2 las partes con señalar Casilla Electrónica en un plazo de DOS días de notificados que
fueren, bajo apercibimiento de multa.
C) Dejar sin efecto el pase de autos a despacho para sentenciar señalado por resolución
cuarenta y cuatro de fecha 27 de octubre del 2016.
Avocándose al conocimiento de la causa la señora Juez que suscribe y Secretaria Judicial
que da cuenta por disposición superior.-
NOTIFIQUESE.-
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EXPEDIENTE : 00233-2004-0-1801-JR-LA-18
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MANCILLA CONTRERAS, EMILIA ROCIO
ESPECIALISTA : MENESES CARDENAS LIZBETH
DEMANDADO : GRUPO SINDICATO PESQUERO ,
DEMANDANTE : ROMERO MORENO, JOSE ALFREDO SEGUNDO
Resolución Nro.46
Lima, 09 de mayo del 2019
Por recibido los autos a la fecha del Centro de Distribución General – CDG, en cumplimiento de
la Resolución Administrativa N° 060-2018-CE-PJ publicado en el diario oficial “El Peruano”;
PROSIGUIENDO CON EL ESTADO DE LA CAUSA y ATENDIENDO:
De la revisión exhaustiva de autos, se advierte:
PRIMERO: Por sentencia de vista recaída en la resolución tres de fecha 18 de mayo del 2015, el
Superior en Grado declaro la nulidad de la sentencia N°99-2013-04-JETT-CFT de fecha 21 de
mayo del 2013, básicamente porque él A quo no se pronuncio respecto de los puntos
controvertidos señalados en audiencia única, recomendándose al Juez de origen hacer uso de lo
normado por el artículo 28° de la Ley 26636 a fin de emitir decisión con arreglo a derecho.
SEGUNDO: Los puntos controvertidos fijados en audiencia (fs.298 parte pertinente), refieren:
- Determinar si le corresponde al actor el reintegro de Remuneraciones derivada del
incumplimiento de los Convenios Colectivos de 1985 y 1988 desde el año 1998 al 2003.
- Determinar si le corresponde al actor el pago de los Beneficios Sociales derivados de los
reintegros de remuneraciones desde el año 1998 al 2003
TERCERO: El Informe Revisorio (fs.385/386) e Informe Pericial (fs.563) no resultan suficientes a
efectos de emitir decisión debidamente sustentada, en tal sentido y conforme a lo señalado por
el Superior Jerárquico en la sentencia de vista (fs.704 parte pertinente), se dispone lo siguiente:
A) COMISIONAR al Perito adscrito a esta sede judicial a efectos de que se apersone al
domicilio real de la demandada y con vista de la documentación pertinente, cumpla con
emitir en informe pericial, que señale explícitamente, lo siguiente:
- Montos que el actor percibió como incremento en sus remuneraciones a consecuencia
de los convenios colectivos 1985 y 1988 en el periodo comprendido desde Mayo del
año 1998 a diciembre del 2003.
- Los montos que corresponden al actor, por concepto de CTS y Utilidades con incidencia
en los montos que habría dejado de percibir el demandante por convenios colectivos de
de 1985 y 1998 durante el periodo 1998 al 2003.
Dicho informe deberá ser, necesariamente, emitido en el plazo que la ley establece para
ello (artículo 37°1 de la Ley 26636), bajo responsabilidad funcional.
B) De conformidad con lo establecido por Resolución Administrativa N° 012-2016-P-
CSJLI/PJ, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de enero del 2016: CUMPLAN
1 Artículo 37.- PLAZO DEL INFORME PERICIAL.- El informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) días.
Es puesto en conocimiento de las partes, las que pueden formular
sus observaciones en el término de cinco (5) días, acompañando de ser pertinente, pericias de parte.
Las observaciones deben ser resueltas por el Juez y sólo en el caso de ser declaradas fundadas total o parcialmente se ordenará
que se emita un nuevo informe sobre las modificaciones o aclaraciones queprecise.
Página 1 de 2 las partes con señalar Casilla Electrónica en un plazo de DOS días de notificados que
fueren, bajo apercibimiento de multa.
C) Dejar sin efecto el pase de autos a despacho para sentenciar señalado por resolución
cuarenta y cuatro de fecha 27 de octubre del 2016.
Avocándose al conocimiento de la causa la señora Juez que suscribe y Secretaria Judicial
que da cuenta por disposición superior.-
NOTIFIQUESE.-
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA - LEY N°26636
Sede Judicial Alimar (Cdra. 26 de la Av. Arenales, cruce con Av. 2 de Mayo, Distrito de San Isidro)
Expediente N° 00259-2004-0-1801-JR-LA-01°
Señoras:
SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
RESOLUCIÓN N° 41
Lima, 17 de septiembre del 2021.
DADO CUENTA: A los escritos N° 83111-2021 y N° 84562-2021
presentado por la parte demandada con fecha 20 y 24 de agosto de 2021: A lo
expuesto, téngase presente; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme se aprecia del escrito de la referencia, la parte demandada
interpone el presente medio impugnatorio contra la Resolución N° 39 que contiene la
sentencia de vista de fecha 30 de junio de 2021, que resuelve: CONFIRMAR la
Resolución N° 35, que contiene la sentencia N° 205-2019-EMC de fecha 30 de
octubre del 2019 de fojas 446 a 461, la cual declaró FUNDADA EN PARTE la
demanda de fojas 158 a 176, sobre pago de beneficios sociales; en consecuencia
ordeno que la demandada cumpla con pagar al actor los intereses financieros
generados por incumplimiento de la obligación de depositar la compensación por
tiempo de servicios en la oportunidad correspondiente, monto que asciende a la suma
de S/. 3,440.12 soles e infundados los demás extremos demandados, con costas y
costos a liquidarse en ejecución de sentencia.
SEGUNDO: El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter
extraordinario -que no da lugar a una instancia adicional-, por el cual el Estado busca
controlar la adecuada aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos y, de
esta forma brindar seguridad a las partes, así como unificar los criterios
jurisprudenciales.
TERCERO: Al respecto, el artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo, aprobada por la
Ley N° 26636 y modificado por la Ley Nº 27021, siguiendo el contenido del artículo
384° del Código Procesal Civil, señala: "el recurso de casación tiene por finalidad
asegurar la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho
Laboral, Provisional y de Seguridad Social, así como la unificar la jurisprudencia en
materia laboral a nivel nacional".
CUARTO: Asimismo, se debe tener en cuenta que las causales de procedencia así
como los requisitos formales y de fondo del recurso de casación los encontramos en
los artículos 55°, 56° y 57° de las normas acotadas; dicho ello, se procede a calificar
el recurso de casación presentado por la parte demandada, verificándose de los
actuados que dicho recurso no cumple con uno de los requisitos de procedencia
señalados en el inciso b) del artículo 55° de la Ley Procesal de Trabajo modificado por
la Ley 27021, que dispone: el recurso de casación procede únicamente en los
siguientes supuestos: b). Si la pretensión es de naturaleza económica y está
expresada en dinero, solo procederá si la cuantía supera las 100 Unidades de
Referencia Procesal determinada conforme al artículo 6º de esta Ley, si el
recurso es interpuesto por el demandante y como lo establece la sentencia
recurrida, si lo interpone el demandado. En ese sentido, se advierte de la sentencia
de vista, que el monto ordenado a pagar al demandado EXPRESO CRUZ DEL SUR SA.
asciende a la suma total de S/. 3, 440.12 soles; monto que no supera las 100 URP
fijadas para el año 2021; por estas consideraciones, se resuelve: DECLARAR:
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la
Resolución N° 39, que contiene la sentencia de vista de fecha 30 de junio del 2021.
Avocándose al conocimiento del presente proceso el señor Juez Superior de esta
Superior Sala, quien suscribe la presente resolución por disposición de la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitida mediante Resolución Administrativa
N° 000005-2021-P-CSJLI-PJ de fecha 06 de enero de 2021, quienes suscriben la
presente resolución. Notifíquese. - |
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
Expediente N° : 00259-2004-0-1801-JR-LA-01
Demandante : Urbano Matta Campos
Demandado : Expreso Cruz del Sur S.A.
Materia : Pago de Beneficios Sociales
Juzgado de 25° Juzgado Especializado de Trabajo
:
origen Transitorio de Lima
RESOLUCIÓN N° 39
Lima, 30 de junio del 2021.-
VISTOS:
En Audiencia Pública, interviniendo como ponente la
Juez Superior Quilca Molina, se expide la siguiente decisión judicial:
a) ASUNTO:
Vino en revisión, por apelación de la demandada:
La Resolución N° 35, que contiene la sentencia N° 205-2019-EMC de
fecha 30 de octubre del 2019 de fojas 446 a 461, la cual declaró FUNDADA
EN PARTE la demanda de fojas 158 a 176, en los seguidos por Urbano
Matta Campos contra Expreso Cruz del Sur S.A. sobre pago de beneficios
sociales; en consecuencia ordeno que la demandada cumpla con pagar al
actor los intereses financieros generados por incumplimiento de la obligación
de depositar la compensación por tiempo de servicios en la oportunidad
correspondiente, monto que asciende a la suma de S/. 3,440.12 soles e
infundados los demás extremos demandados, con costas y costos a
liquidarse en ejecución de sentencia.
b) ANTECEDENTES:
El accionante solicitó el pago de S/. 179,385.21 soles por concepto de
reintegro de tarifa por viaje, dominicales, horas extras, viáticos, descuento
indebido y beneficios sociales contra la demandada, quien contestó negando
Página 1 de 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
todas las pretensiones y además dedujo las excepciones de prescripción
extintiva, caducidad, oposiciones y tachas, las mismas que fueron
declaradas infundadas mediante la Resolución N° 04. Posteriormente, el
Juzgado expide la sentencia en donde declara fundada en parte la demanda
(F. 335 a 343), decisión que fue declarada nula por la Primera Sala Laboral
Permanente de Lima y ordenaron al Juez de la causa emita nuevo
pronunciamiento (F. 367 a 371). Finalmente, el Juzgado emitió nuevo
pronunciamiento, decisión que fue apelada por la demandada conforme obra
a fojas 466 a 471.
c) EXPRESION DE AGRAVIOS:
1. A la fecha no ha podido acreditar los pagos de la Compensación por
Tiempo de Servicios dentro de los periodos establecidos por el artículo
21° del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de
Servicios, Decreto Supremo N° 001-97-TR, puesto que no cuenta con los
registros por tener una antigüedad mayor a cinco años.
2. Asimismo, no le correspondía presentar los documentos solicitados
mediante la Resolución N° 32, de fecha 16 de mayo del 2019 esto
conforme lo establece el artículo 21° del Decreto Supremo N° 001-98-TR
y el inciso 3.4 del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1310.
3. Que, la sentencia apelada, refleja a todas luces una vulneración del
debido proceso y a la debida motivación, amparados por el artículo 139°
de la Constitución Política del Perú.
FUNDAMENTOS:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la Resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SEGUNDO: Los principios, dispositivo y de congruencia procesal que rigen el
recurso de apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver la
apelación, deberá pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios
invocados por el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la
Resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte.
De la sentencia apelada
TERCERO: En cuanto al único extremo apelado por la demandada, cabe
precisar que el artículo 5° del Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos,
vigente desde el 24 de diciembre de 1992, prevé que "los empleadores o las
empresas cualquiera que sea su forma de constitución y siempre que no formen
parte del Sector Público Nacional, estarán obligadas a conservar los libros,
correspondencia y otros documentos relacionados con el desarrollo de su actividad
empresarial, por un período que no excederá de 5 (cinco) años contado a partir de
la ocurrencia del hecho o la emisión del documento o cierre de las planillas de
pago, según sea el caso. Transcurrido el período a que se refiere el párrafo
anterior, los empleadores podrán disponer de dichos documentos para su reciclaje
o destrucción, a excepción de las planillas de pago que deberán ser remitidas a la
Oficina de Normalización Previsional. En todo caso, inclusive en lo relativo a
materia laboral, luego de transcurrido el mencionado período, la prueba de los
derechos que se pudieran derivar del contenido de los documentos citados, será de
quien alegue el derecho".
CUARTO: Asimismo, el Decreto Supremo N° 001-98-TR, vigente desde el 28 de
enero de 1998, señala en su artículo 21° que "los empleadores están obligados a
conservar sus planillas, el duplicado de las boletas y las constancias
correspondientes, hasta cinco años después de efectuado el pago. Luego de
transcurrido el indicado plazo, la prueba de los derechos que se pudieran derivar
del contenido de los citados documentos, será de cargo de quien alegue el
derecho".
Página 3 de 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
QUINTO: Actualmente, tal como lo ha señalado la demandada, el artículo 3.4,
del Decreto Legislativo N° 1310, Ley que Aprueba Medidas Adicionales de
Simplificación Administrativa, vigente desde el 30 de diciembre de 2010, indica
que: "Para todo efecto legal, los empleadores están obligados a conservar los
documentos y constancias de pago de las obligaciones laborales económicas
solamente hasta cinco años después de efectuado el pago. Las instancias
administrativas, inspectivas, judiciales y arbitrales deben observar esta
disposición en sus actuaciones (...)".
SEXTO: Según se aprecia, desde los años noventa, se ha regulado el tiempo en
que un empleador está obligado a conservar los documentos y constancias de
pago de obligaciones laborales económicas, entendiéndose que resulta
irrazonable que las entidades empleadoras se mantengan a la expectativa de
reclamos laborales sin un límite temporal, pues ello atenta contra la llamada
seguridad jurídica; así como, tampoco es razonable que las empleadoras se
encuentren obligadas a resguardar documentación laboral de data antigua por
los inconvenientes logísticos que implicaría ello.
SÉPTIMO: Considerando lo anterior, resulta contrario a ley que se solicite
documentos de tipo laboral, con un data anterior mayor a los cinco años de
ocurrencia del hecho que haya dado lugar a la expedición del documento. En el
presente caso, tenemos que se le ha reconocido al demandante el pago por
intereses financieros producto de los depósitos de CTS extemporáneos
reconocidos por la demandada en la liquidación de beneficios sociales de fecha
15 de mayo del 2004 (F. 30 a 31), por lo que se infiere que la demanda estaba
obligada a guardar los documentos pertinentes del demandante desde el año
2000 al 2004; en tanto que ya no existía obligación de conservar archivos
anteriores al 2000, debiendo la demandada exhibir al momento de contestar la
demanda, esto el 28 de setiembre de 2004, los referidos registros
correspondientes a los años 2000 al 2004, siendo que dicho periodo fue materia
de reclamo en la demanda. Siendo así, el agravio en este extremo deviene en
inamparable.
Página 4 de 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
OCTAVO: Finalmente, respecto a la vulneración al debido proceso, y teniendo
en consideración lo antes expuesto, la Sentencia materia de apelación ha sido
expedida por el Juez de la causa en estricta sujeción a lo actuado en el proceso y
a las pruebas aportadas por las partes litigantes en los respectivos actos
postulatorios, las cuales han sido valoradas por el Juzgador con su sana crítica y
en forma conjunta, tal como lo establece taxativamente el artículo 30º de la Ley
Procesal del Trabajo N° 26636, debiéndose de desestimar lo alegado por la
apelante, correspondiendo confirmarse lo resuelto por el A quo.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del
artículo 5º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636, este Colegiado, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR la Resolución N° 35, que contiene la sentencia N° 205-
2019-EMC de fecha 30 de octubre del 2019 de fojas 446 a 461, la cual
declaró FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas 158 a 176, sobre pago
de beneficios sociales; en consecuencia ordeno que la demandada cumpla
con pagar al actor los intereses financieros generados por incumplimiento
de la obligación de depositar la compensación por tiempo de servicios en
la oportunidad correspondiente, monto que asciende a la suma de S/.
3,440.12 soles e infundados los demás extremos demandados, con
costas y costos a liquidarse en ejecución de sentencia.
En los seguidos por Urbano Matta Campos contra Expreso Cruz del Sur S.A.,
sobre Pago de Beneficios Sociales; y lo devolvieron al juzgado de origen.-
Notifíquese.-
MQM/er
SERPA VERGARA IRRAZABAL NUÑEZ
QUILCA MOLINA
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EXPEDIENTE : 09342-2004-0-1801-JR-CI-03
MATERIA : MEDIDA CAUTELAR FUERA DEL PROCESO
JUEZ : ROMAN PEREZ, JAIME
ESPECIALISTA : GIRALDO BRAVO PEDRO ROMANO
DEMANDADO : EMAPE ,
DEMANDANTE : FITH INDUSTRIES PERU SA
RESOLUCION NUMERO: 113
Lima, quince de enero del dos mil veinte.-
Al escrito que antecede: Autos y
Vistos y Atendiendo: Primero: Que, Systhemis SAC., presenta su
liquidación de gastos arbitrales, ascendente a la suma de US$
29,587.05 dólares americanos el cual está constituido por los
honorarios profesionales de los árbitros: US$ 4,395.60 dólares
americano para cada uno siendo 03 hacen un total de US$ 13,186.80
dólares americanos más US$ 2,197.50 para el secretario arbitral y la
suma de US$ 14,204.55 dólares americanos, por honorarios del
abogado Eduardo del Aguila Reategui; Segundo: Que, la codemandada
EMAPE formula observación en los términos que se contrae su escrito
de fecha 01 de diciembre del 2014; Tercero: Que, mediante resolución
integrada número 33 del 23 de noviembre del 2006 se dispuso el pago
de los gastos arbitrales; Cuarto: Que, debemos precisar que los costos
en el arbitraje son los gastos efectuados directamente en el proceso por
una de las partes, para la persecución y defensa de su derecho, como
lo es el pago de los honorarios del abogado. Mientras que los gastos
arbitrales comprende los honorarios y gastos del tribunal arbitral, del
secretario, de la institución arbitral y de los peritos o de cualquier otra
asistencia requerida por el tribunal arbitral; Quinto: Que, al haberse
dispuesto en autos el pago de los gastos arbitrales corresponde
reconocer dichos conceptos los cuales comprende: honorarios y gastos
del tribunal arbitral, del secretario arbitral, de la institución arbitral y
de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal
arbitral, el mismo que asciende a US$ 4,395.60 dólares americano
para cada arbitro, y siendo tres los miembros del, hacen un total de
US$ 13,186.80 dólares americanos, más US$ 2,197.50 dólares
americanos para el secretario arbitral; Sexto: Que, no está incluido en
dicho rubro los costos de los honorarios del abogado Dr. Eduardo del
Aguila Reátegui, ascendente a US$ 14,204.55 dólares americanos, por
cuanto en la sentencia no se ha ordenado el pago de los costos
arbitrales, entendiéndose estos como los gastos efectuados
directamente en el proceso por una de las partes, para la persecución y
defensa de su derecho, como lo es el pago de los honorarios
profesionales del abogado; por lo que dicho concepto no puede ser
reconocido; en consecuencia. SE DECLARA: FUNDADA en parte la
observación propuesta por EMAPE y cumpla la parte demandada con cancelar por concepto de gastos arbitrales la suma de US$ 4,395.60
dólares americanos por cada arbitro y siendo 03 árbitros hacen un
total de US$ 13,186.80 dólares americanos, más US$ 2,197.50 dólares
americanos por honorarios del secretario arbitral. Y cumplan las partes
con señalar casilla electrónica en el plazo de TRES días, bajo
apercibimiento de imponer multa.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 19° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 09342-2004-0-1801-JR-CI-03
MATERIA : MEDIDA CAUTELAR FUERA DEL PROCESO
JUEZ : ROMAN PEREZ, JAIME
ESPECIALISTA : GIRALDO BRAVO PEDRO ROMANO
DEMANDADO : EMAPE ,
DEMANDANTE : FITH INDUSTRIES PERU SA
RESOLUCION NUMERO: 113
Lima, quince de enero del dos mil veinte.-
Al escrito que antecede: Autos y
Vistos y Atendiendo: Primero: Que, Systhemis SAC., presenta su
liquidación de gastos arbitrales, ascendente a la suma de US$
29,587.05 dólares americanos el cual está constituido por los
honorarios profesionales de los árbitros: US$ 4,395.60 dólares
americano para cada uno siendo 03 hacen un total de US$ 13,186.80
dólares americanos más US$ 2,197.50 para el secretario arbitral y la
suma de US$ 14,204.55 dólares americanos, por honorarios del
abogado Eduardo del Aguila Reategui; Segundo: Que, la codemandada
EMAPE formula observación en los términos que se contrae su escrito
de fecha 01 de diciembre del 2014; Tercero: Que, mediante resolución
integrada número 33 del 23 de noviembre del 2006 se dispuso el pago
de los gastos arbitrales; Cuarto: Que, debemos precisar que los costos
en el arbitraje son los gastos efectuados directamente en el proceso por
una de las partes, para la persecución y defensa de su derecho, como
lo es el pago de los honorarios del abogado. Mientras que los gastos
arbitrales comprende los honorarios y gastos del tribunal arbitral, del
secretario, de la institución arbitral y de los peritos o de cualquier otra
asistencia requerida por el tribunal arbitral; Quinto: Que, al haberse
dispuesto en autos el pago de los gastos arbitrales corresponde
reconocer dichos conceptos los cuales comprende: honorarios y gastos
del tribunal arbitral, del secretario arbitral, de la institución arbitral y
de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal
arbitral, el mismo que asciende a US$ 4,395.60 dólares americano
para cada arbitro, y siendo tres los miembros del, hacen un total de
US$ 13,186.80 dólares americanos, más US$ 2,197.50 dólares
americanos para el secretario arbitral; Sexto: Que, no está incluido en
dicho rubro los costos de los honorarios del abogado Dr. Eduardo del
Aguila Reátegui, ascendente a US$ 14,204.55 dólares americanos, por
cuanto en la sentencia no se ha ordenado el pago de los costos
arbitrales, entendiéndose estos como los gastos efectuados
directamente en el proceso por una de las partes, para la persecución y
defensa de su derecho, como lo es el pago de los honorarios
profesionales del abogado; por lo que dicho concepto no puede ser
reconocido; en consecuencia. SE DECLARA: FUNDADA en parte la
observación propuesta por EMAPE y cumpla la parte demandada con cancelar por concepto de gastos arbitrales la suma de US$ 4,395.60
dólares americanos por cada arbitro y siendo 03 árbitros hacen un
total de US$ 13,186.80 dólares americanos, más US$ 2,197.50 dólares
americanos por honorarios del secretario arbitral. Y cumplan las partes
con señalar casilla electrónica en el plazo de TRES días, bajo
apercibimiento de imponer multa.- |
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EXPEDIENTE : 09342-2004-0-1801-JR-CI-03
MATERIA : MEDIDA CAUTELAR FUERA DEL PROCESO
JUEZ : ROMAN PEREZ, JAIME
ESPECIALISTA : GIRALDO BRAVO PEDRO ROMANO
DEMANDADO : EMAPE ,
DEMANDANTE : FITH INDUSTRIES PERU SA
RESOLUCION NUMERO: 113
Lima, quince de enero del dos mil veinte.-
Al escrito que antecede: Autos y
Vistos y Atendiendo: Primero: Que, Systhemis SAC., presenta su
liquidación de gastos arbitrales, ascendente a la suma de US$
29,587.05 dólares americanos el cual está constituido por los
honorarios profesionales de los árbitros: US$ 4,395.60 dólares
americano para cada uno siendo 03 hacen un total de US$ 13,186.80
dólares americanos más US$ 2,197.50 para el secretario arbitral y la
suma de US$ 14,204.55 dólares americanos, por honorarios del
abogado Eduardo del Aguila Reategui; Segundo: Que, la codemandada
EMAPE formula observación en los términos que se contrae su escrito
de fecha 01 de diciembre del 2014; Tercero: Que, mediante resolución
integrada número 33 del 23 de noviembre del 2006 se dispuso el pago
de los gastos arbitrales; Cuarto: Que, debemos precisar que los costos
en el arbitraje son los gastos efectuados directamente en el proceso por
una de las partes, para la persecución y defensa de su derecho, como
lo es el pago de los honorarios del abogado. Mientras que los gastos
arbitrales comprende los honorarios y gastos del tribunal arbitral, del
secretario, de la institución arbitral y de los peritos o de cualquier otra
asistencia requerida por el tribunal arbitral; Quinto: Que, al haberse
dispuesto en autos el pago de los gastos arbitrales corresponde
reconocer dichos conceptos los cuales comprende: honorarios y gastos
del tribunal arbitral, del secretario arbitral, de la institución arbitral y
de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal
arbitral, el mismo que asciende a US$ 4,395.60 dólares americano
para cada arbitro, y siendo tres los miembros del, hacen un total de
US$ 13,186.80 dólares americanos, más US$ 2,197.50 dólares
americanos para el secretario arbitral; Sexto: Que, no está incluido en
dicho rubro los costos de los honorarios del abogado Dr. Eduardo del
Aguila Reátegui, ascendente a US$ 14,204.55 dólares americanos, por
cuanto en la sentencia no se ha ordenado el pago de los costos
arbitrales, entendiéndose estos como los gastos efectuados
directamente en el proceso por una de las partes, para la persecución y
defensa de su derecho, como lo es el pago de los honorarios
profesionales del abogado; por lo que dicho concepto no puede ser
reconocido; en consecuencia. SE DECLARA: FUNDADA en parte la
observación propuesta por EMAPE y cumpla la parte demandada con cancelar por concepto de gastos arbitrales la suma de US$ 4,395.60
dólares americanos por cada arbitro y siendo 03 árbitros hacen un
total de US$ 13,186.80 dólares americanos, más US$ 2,197.50 dólares
americanos por honorarios del secretario arbitral. Y cumplan las partes
con señalar casilla electrónica en el plazo de TRES días, bajo
apercibimiento de imponer multa.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 26° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00321-2004-0-1801-JR-LA-16
MATERIA : INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y NORMAS
LABORALES
JUEZ : GALLARDO ORTEGA, LUZ VERÓNICA
ESPECIALISTA : MANTILLA HUAMAN, YHALYN KATTYA
DEMANDADO : EMPRESA MINERA DEL CENTRO
DOE RUN PERÚ SRL
DEMANDANTE : SEGURA POMA, EUGENIO
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y NUEVE
Lima, treinta de septiembre
Del año dos mil veintidós. -
DANDO CUENTA: Por recibido los autos provenientes de la
Primera Sala Laboral Transitoria (folios 652).- Avocándose a la causa la Magistrada
que suscribe en mérito a lo establecido en la Resolución Administrativa N° 000228-
2022-P-CSJL, e interviniendo la Secretaria Judicial que da cuenta; y, conforme a lo
resuelto por el superior en grado mediante Sentencia de Vista, contenida mediante
Resolución Número CUARENTA Y OCHO, de fecha 24/08/2022, que confirma la
Sentencia de fecha 30/12/2021, que declaró fundada en parte la demanda, siendo ello
así; CÚMPLASE LO EJECUTORIADO, en consecuencia; REQUIÉRASE a la
demandada DOE RUN PERÚ S.R.L, a fin de que cumpla con pagar a favor de la parte
demandante la suma de US$5.64 (DÓLARES AMERICANOS), por concepto de
reintegro de compensación por tiempo de servicios y S/1,360.50 (UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y 50/100 SOLES), por concepto de reintegro de
gratificación legal. Y encontrándose la demandada en un proceso concursal OFICIESE
AL INDECOPI para que cumpla con registrar la acreencia del demandante, como una
acreencia de primer orden, al tener el pago de beneficios sociales carácter alimentario.
Una vez tomando conocimiento de la presente resolución, cumpla el demandante con
solicitar fecha de programación para el diligenciamiento del Oficio, a través del
aplicativo “Tu Juez Te Escucha”.
Notifíquese. – |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
Expediente N° : 00321-2004-0-1801-JR-LA-16
Demandante : EUGENIO SEGURA POMA
Demandado : DOE RUN PERU SRL y otro.
Materia : Pago de Beneficios Sociales
Juzgado : 26° Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de
Lima
Vista de Causa : 24.05.2022
RESOLUCIÓN N° 48
Lima, 24 de agosto del 2022.
Observando las formalidades previstas por los artículos
131° y 132° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e
interviniendo como Tribunal Unipersonal la Juez Superior Quilca Molina, esta
Sala Laboral emite la siguiente decisión judicial:
a) MATERIA:
Vino en revisión, por apelación de la demandada
La Resolución N° 44, que contienen la Sentencia N°00187-2021-26°
JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a folios 573 a 591 del
expediente, mediante la cual se declaró: sustraída la materia del ámbito
jurisdiccional y concluido el proceso sin declaración sobre el fondo,
respecto a la pretensión de reintegro de compensación por tiempo de
servicios oponible a CENTROMIN PERÚ S.A., el cual va desde el 02 de
julio de 1970 hasta el octubre de 1997; y FUNDADA EN PARTE la
demanda interpuesta por EUGENIO SEGURA POMA contra DOE RUN
PERU S.R.L., sobre pago de beneficios económicos. En consecuencia, se
ordena que la demandada DOE RUN PERU S.R.L. cumpla con pagar a
favor de la parte demandante la suma de US$ 5.64 DÓLARES
AMERICANOS y S/. 2,266.31 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 31/100 SOLES) por el concepto de reintegros de
compensación por tiempo de servicios (US$ 5.64), reintegro de
gratificaciones legales (S/.1360.50) y reintegro de incremento 10% de
FONAVI (S/. 905.81). Más intereses legales y financieros que se
liquidarán en ejecución de sentencia. Con costas y costos del proceso.
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
b) ANTECEDENTES:
El demandante postula como pretensión que las codemandadas le paguen
la suma de S/. 59,418.15, por los conceptos de reintegro de incremento
de FONAVI, reintegro de gratificaciones, incremento de IPSS-ONP,
gratificaciones vacacionales, entre otros, sustenta su demanda señalando
que ingresó a laborar para CENTROMIN PERU SA desde el 02 de julio de
1970 al 22 de octubre de 1997, y que con fecha 23 de octubre de 1997 se
produjo una transferencia a favor de la empresa Doe Run Perú SRL, lo
cual significó la continuación del vínculo laboral; se corre traslado a la
demandada CENTROMIN DEL PERU SA, contestó la demanda negando
que le adeude suma alguna al actor; DOE RUN PERU SRL, mediante
escrito inserto de fojas 244 a 251, contestó la demanda indicando que no
le adeuda reintegro al actor por los conceptos que pretende. Luego, en la
Audiencia Única, de fecha 16 de enero del 2016, se declaró saneado el
proceso, no prosperando la conciliación se fijaron los puntos
controvertidos y actuaron los medios probatorios. Seguido el proceso, el A
quo emitió la Sentencia del 16 de setiembre del 2016, la que apelada fue
elevada a la Primera Sala Laboral Transitoria, la que, a través de la
Sentencia de Vista del 26 de agosto del 2021, declaró Nula la sentencia
apelada; devueltos los autos el Juez emitió la Sentencia del 30 de
diciembre del 2021, la que es apelada por DOE RUN PERU SRL EN
LIQUIDACIÓN, conforme se aprecia de fojas 600 a 609.
c) AGRAVIOS:
Contra la Sentencia DOE RUN PERU SRL EN LIQUIDACION, alega que:
1. La sentencia impugnada en el sexto considerando establece el grado
responsabilidad de las demandadas, señalando: “SEXTO: En lo que
respecta al GRADO DE RESPONSABILIDAD de las demandadas: Si bien
es cierto que la empresa Doe Run Perú S.R.L señala con fecha 24 de
octubre de 1997, suscribió un contrato de transferencia (…)”, el mismo
que conforme es de verse se determina por los periodos en que cada
una de las empresas fue empleador, considerando inclusive en el
numeral 8.4 el Contrato de Transferencia de Acciones celebrado entre
CENTROMIN y DRP, en el que expresamente se establece que
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
CENTROMIN PERU, asumirá y será responsable de cualquier
obligación legal o convencional generada por el vínculo laboral con los
trabajadores, lo cual no significa, que no exista la continuidad en la
labor desempeñada por el ex trabajador. De igual forma, se comete
error al determinar que el trabajador no puede verse perjudicado por el
acuerdo establecido entre las codemandadas, ya que, es ajeno a dicho
acuerdo, determinando además que la obligación se asumirá en forma
solidaria entre las codemandadas, debiendo ser en forma
mancomunada, cada una por el periodo en que fuera empleador del
demandante, correspondiendo asumir a mi representada cualquier
adeudo a favor del demandante recién a partir del 23 de octubre de
1998.
2. Respecto de la Compensación de Tiempo de Servicios, en el
considerando séptimo se ha determinado el pago de reintegro a favor
del demandante, ante ello debemos indicar que no se ha considerado
que ha cumplido a cabalidad con el abono de este concepto de cada
uno de los trabajadores con arreglo a las disposiciones contenidas en el
Decreto Legislativo N° 650, así como de las Convenciones Colectivas de
Trabajo, cumpliendo con otorgarle al demandante oportunamente las
copias de las hojas de las liquidaciones de compensación por tiempo de
servicios, las mismas que les eran depositadas y de conocimiento del
trabajador. Y no habiendo sido impugnadas tienen carácter
cancelatorio en su oportunidad, lo cual no ha sido considerado por el
Juez al realizar las liquidaciones de la compensación por tiempo de
servicios, los cuales demuestran que la demandada le entregó al
demandante en su debida oportunidad las liquidaciones de la CTS y la
reserva acumulada, toda vez que, en ellas se consigna la firma y huella
del accionante, por lo que, no se podría pretender incrementar
liquidaciones que ya se han dado por canceladas.
3. Debe tenerse en cuenta que, el incremento de FONAVI que se estaría
adicionando a la CTS, fue otorgado por la Ley N° 25981, la cual se
encontró vigente hasta el 18 de mayo de 1998, fecha anterior a la que
mi representada fue empleador del demandante. No habiéndose, tenido
presente en la impugnada que dicho cálculo tampoco puede efectuarse
hasta la fecha del cese, cuando el derecho se dejó sin efecto en el año
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
1998. Sin perjuicio de lo manifestado, no se ha tenido en cuenta el
Informe presentado por CENTROMIN con fecha 18 de octubre del 2016,
en el que se evidencia que dicha empresa cumplió oportunamente con
el incremento del concepto de FONAVI en su remuneración el cual
repercutió en las liquidaciones de CTS, que se han liquidado
debidamente en su oportunidad. En relación al reintegro por FONAVI
10%, en la sentencia impugnada se aprecia en el considerando octavo
que la Ley N° 25981, estuvo vigente desde el 01 de mayo de 19993
hasta el 18 de mayo de 1998, fecha anterior a la que mi representada
fuera empleador del demandante, por cuanto no se podría imputar
dicho incremento a mi representada. No habiéndose tenido presente en
la impugnada que dicho cálculo tampoco puede efectuarse hasta la
fecha de cese, cuando el derecho se dejó sin efecto en 1998.
4. En cuanto al pago del 3.3% SNP, se estableció en el considerando
décimo que no aparece que se haya cumplido con el aumento del 3.3%
de la Ley N° 26504, se otorgó a partir de agosto de 1995, no teniendo
en cuenta que este incremento se dio cuando el trabajador tenía como
empleador a CENTROMIN, es decir, al momento de la aplicación del
incremento del 3.3% el demandante no era trabajador de mi
representada lo cual no ha sido considerado en la sentencia, además
que se encuentra debidamente acreditado con las planillas de pago que
sí se cumplió con otorgar el incremento de 3.3% conforme a Ley.
Haciéndose un cálculo errado considerando beneficios convencionales
que ya han sido considerados en su momento sin hacer la distinción
que no todos los beneficios son computables.
5. Respecto del reintegro de gratificaciones, en la sentencia impugnada de
igual forma se estimó que los incrementos por FONAVI 10% y SNP
3.3%, debieron ser considerados para el cálculo de las gratificaciones,
los cuales fueron debidamente pagados, conforme se aprecia de la Hoja
de Liquidación de Beneficios Sociales, por lo que, no se adeuda monto
alguno al actor. En la sentencia se establece que este beneficio resulta
de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y
tiempo de prestación de servicios del trabajador, asimismo, el artículo
2° establece que el monto de cada una de las gratificaciones es
equivalente a las remuneraciones que percibía el trabajador en la
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio,
consecuentemente, no se ha realizado una debida valoración de los
medios probatorios considerando que no se cumplió con los pagos,
cuando de las planillas, liquidaciones y boletas de pago, así como de la
liquidación de beneficios sociales, se acredite que se ha cumplido
conforme a Ley, por lo que, se deberá revocar la impugnada.
6. Respecto al reintegro de vacaciones, en la sentencia impugnada se
considera que de igual forma, que los incrementos por FONAVI 10% y
SNP 3.3%, debieron ser considerados para el cálculo de las
gratificaciones del demandante; los cuales fueron debidamente
pagados, conforme se aprecia de la hoja de liquidación de beneficios
sociales, por lo que, no se adeuda monto alguno por dicho concepto al
actor. Se hace un cálculo que no corresponde, sin tener en cuenta que
se ha considerado todos los conceptos que por Ley le corresponde en
las vacaciones, volviendo a liquidar indebidamente por periodos que no
corresponden. En consecuencia, no se ha realizado una debida
valoración de los medios probatorios considerando que no se cumplió
con los pagos, cuando de las planillas, liquidaciones y boletas de pago,
así como de la liquidación de beneficios sociales se acredita que se ha
cumplido conforme a Ley.
7. Finalmente, también se reconoce en el décimo tercer considerando un
monto de S/. 1,481.00 por concepto de ONP, el cual no ha sido
fundamentado; sin embargo, forma parte del monto liquidado,
incumpliendo el Principio de Congruencia.
RAZONAMIENTO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente.
SEGUNDO: Los principios dispositivos y de congruencia procesal que rigen el
recurso de apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver la
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
apelación, deberá pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios
invocados por el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la
resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte.
Consideraciones del Tribunal Unipersonal:
TERCERO: Respecto del primer agravio en relación a la forma de pago, el
apelante señala como agravio que en la sentencia se ha determinado que las
codemandadas deberían responder en forma solidaria, lo que no sería correcto,
pues correspondería que se ordene el pago mancomunado. Al respecto, es de
indicar que, de la lectura de la sentencia, específicamente del considerando
quinto, se aprecia que el Juez señaló: “5.2 Del contrato de transferencia. (…). Es
así que, del tenor de la referida estipulación contractual se aprecia claramente
que el régimen de cumplimiento de obligaciones y asunción de responsabilidades
entre Centromin y Doe Run Perú S.R.L, no contempló la solidaridad sino la
mancomunidad respecto de los adeudos que se generen durante el concreto
periodo por el cual cada una desempeño el rol de empleador de sus
trabajadores”, es así, teniendo en cuenta lo citado anteriormente, queda claro
que el Juez no determinó la responsabilidad solidaria como señala el apelante,
por ende, este agravio carece de fundamento.
CUARTO: Respecto del segundo y tercer agravio, de la lectura de éstos se
entiende que el apelante básicamente señala que no se ha considerado que ha
cumplido a cabalidad con el abono de la CTS con arreglo a las disposiciones
contenidas en el Decreto Legislativo N° 650, cumpliendo con otorgarle al
demandante oportunamente las copias de las hojas de las liquidaciones, por lo
que, al no haber sido impugnadas tienen carácter cancelatorio; que el
incremento de FONAVI fue otorgado por la Ley N° 25981, el cual se encontró
vigente hasta el 18 de mayo de 1998, fecha anterior a la que su representada
fue empleador del demandante, indica además que no se ha tenido presente
que dicho cálculo tampoco puede efectuarse hasta la fecha del cese porque el
derecho se dejó sin efecto en 1998 y no se ha tenido en cuenta el Informe
presentado por CENTROMIN con fecha 18 de octubre del 2016, se evidencia
que dicha empresa cumplió oportunamente con el incremento del concepto de
FONAVI en su remuneración el cual repercutió en las liquidaciones de CTS.
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
QUINTO: Al respecto, es de indicar en relación a la calidad remunerativa del
concepto FONAVI que conforme al artículo 24° de la Constitución Política, el
pago de la remuneración constituye un derecho de naturaleza fundamental, y
de acuerdo al artículo 6° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus
servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o la denominación
que se le dé, siempre que sea de su libre disposición, concepción que se
enmarca dentro de la teoría del salario como conjunto de percepciones
económicas del trabajador, la cual ha sido recogida también por el
ordenamiento laboral español (artículo 26° de la Ley del Estatuto de
Trabajadores de España) y en la mayoría de los ordenamientos de
Latinoamérica. En virtud a esta teoría, legalmente recogida en nuestro
ordenamiento, el salario consiste en la totalidad de las percepciones
económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya sea que retribuyan el
trabajo efectivo o los períodos de descanso.
SEXTO: En concordancia con lo señalado respecto a la remuneración,
Monereo Pérez, sostiene que la remuneración que se otorga al trabajador en
contraprestación por sus servicios tiene un carácter “totalizador” y de “vis
atractiva” o de concepción total y comprensiva de cuantos beneficios perciba
como contraprestación de sus servicios (Monereo Pérez, José Luis. Algunas
reflexiones sobre la caracterización técnico-jurídica del Derecho del Trabajo.
Madrid, 1996, pg.13), por lo que se entiende que todo aquello que se devenga
en contraprestación a los servicios del trabajador tiene carácter de
remuneración.
SÉPTIMO: Señalado lo anterior, tenemos que en cuanto al pago por
incremento por FONAVI, cabe precisar que la contribución al Fondo Nacional
de Vivienda-FONAVI, fue creada mediante Decreto Ley N° 22591, de fecha 1 de
julio de 1979, con la finalidad de facilitar la adquisición de viviendas por parte
de los trabajadores. Posteriormente, con el Decreto Ley N° 25981, vigente a
partir del 1 de enero de 1993, se modificó la tasa de la contribución al FONAVI,
a cargo de los trabajadores dependientes, y mediante su artículo 2° se
estableció que: “Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están
afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
diciembre, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir
7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento sería equivalente al 10% de la
parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la
contribución al FONAVI”.
OCTAVO: Es decir que el Estado con el afán que los trabajadores
dependientes, aportantes al FONAVI no vean mermados sus ingresos,
estableció un incremento correspondiente al 10% del haber mensual del mes de
enero de 1993, lo que en buena cuenta, significó un incremento en las
remuneraciones de los trabajadores peruanos, por ello es posible concluir que
el referido incremento, si bien posee carácter retributivo, al haberse otorgado
como contraprestación por el trabajo desempeñado, este tuvo que haberse
incrementado en enero de 1993, cuando el actor tenía como empleador a
Centromin.
NOVENO: Del cuarto agravio, referido al incremento del 3.3%, la parte apelante
también señala que este incremento se dio cuando el trabajador tenía como
empleador a CENTROMIN, además que se encuentra debidamente acreditado
con las planillas de pago que sí se cumplió con otorgar el incremento de 3.3%
conforme a Ley y que se realizó un cálculo errado considerando beneficios
convencionales que ya han sido considerados en su momento sin hacer la
distinción que no todos los beneficios son computables.
DÉCIMO: En efecto, en relación a estos extremos, referidos a los reintegros de:
1) FONAVI, se tiene que mediante el artículo 2° del Decreto Ley N° 25981, se
dispuso que los trabajadores cuyas remuneraciones estén afectas a la
contribución al FONAVI tendrán derecho a percibir un aumento de
remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, equivalente al 10% de la
parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 y del 01 de mayo de
1993, que esté afecto a la contribución al FONAVI, siendo entonces, que a
partir de esa fecha, el incremento pasó a ser parte de su remuneración, y, 2)
Por incremento de 3.3% dispuesto por la Ley Nº 26504, de fecha 18 de julio
de 1995, que establecía en su artículo 5º, que: “La remuneración de los
trabajadores asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones a que
se refiere el Decreto Ley Nº 19990 se incrementará en un 3.3%”; el mismo que
entró en vigencia a partir del 01 de agosto de 1995.
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
UNDÉCIMO: Respecto a los incrementos citados en el considerando anterior, el
primero de ellos correspondía que debía otorgarse desde enero del 1993, en los
que según manifestación del propio demandante en su escrito postulatorio, la
demandada cumplió con otorgarle, para luego considerarlo en el básico desde
1993, sin embargo el demandante solicita el reintegro del mismo, pues
considera que el monto del incremento fue mayor; lo mismo sucede con el otro
incremento dispuesto por la Ley Nº 26504, que se efectuó en agosto de 1995,
sobre el cual también sostiene que realizó un pago diminuto; sin embargo, debe
recordarse que sobre estos mismos extremos el demandante ya había
interpuesto una demanda representado por su Sindicato, el mismo que
concluyó por desistimiento de la pretensión, lo que de acuerdo a lo previsto en
el artículo 344° del Código Procesal Civil, produce los efectos de una
demanda infundada con la calidad de cosa juzgada, lo que ha sido resuelto
por esta Superior Sala mediante Sentencia de Vista del 26 de agosto de
2021, precisando que dichos reclamos alcanzan hasta 1997, es decir,
jurídicamente se entiende que al demandante se le pagó los incrementos
demandados, de acuerdo a ley y que no existe reintegro alguno; entonces,
tampoco existe reintegro alguno con respecto a periodo de 1998 a 2003, por
ende, se estiman los agravios invocados y se revoca la sentencia a infundada
respecto al monto otorgado por FONAVI en tanto que el incremento del 3.3% no
ha sido otorgado.
DUODÉCIMO: Ahora, en relación a los reintegros por CTS y Gratificaciones,
la parte apelante señala que tales reintegros obedecen a los incrementos por
FONAVI 10% y SNP 3.3%; sin embargo, es de indicar que de la lectura del
considerando noveno y décimo primero sobre reintegro de CTS y gratificaciones,
respectivamente, se observa que el Juez para su otorgamiento no sustentó en lo
referido por dicha parte, sino señaló que en la liquidación se incluyen los
conceptos establecidos en el numeral 8.3 de la sentencia, que tienen naturaleza
remunerativa y computable y que no fueron incluidos, como se aprecia a fojas
589, debiéndose tener en cuenta además que la parte apelante no ha
cuestionado en concreto los conceptos establecidos ni los montos otorgados en
estos extremos. Por lo que, se desestiman dichos agravios.
DECIMOTERCERO: Respecto al agravio referido al reintegro de vacaciones, es
de señalar que, en la sentencia apelada se ha desarrollado en el considerando
décimo segundo el Reintegro de Gratificación Vacacional, el cual ha sido
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
desestimado, como se aprecia a fojas 590, por ende, al no haberse amparado
esta pretensión, evidentemente no existe el agravio en contra del apelante.
DECIMOCUARTO: Finalmente, respecto del agravio sobre que, en el décimo
tercer considerando, se establece un monto de S/. 1,481.00 por concepto de
ONP, el cual no ha sido fundamentado. Al respecto, es de indicar que de la
lectura de la sentencia se observa que en el décimo tercer considerando sobre
el Reintegro de Incremento de SNP 3.3% -ONP, el A quo declaró infundada esta
pretensión, y no ordeno el pago del referido monto como alega el apelante, por
lo que este agravio carece de sustento.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del
artículo 5º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636, este Tribunal Unipersonal,
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO:
1. REVOCAR la Resolución Nº 44, que contienen la Sentencia N°00187-
2021-26° JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a folios
573 a 591 del expediente, en el extremo que ordenó el pago por
reintegro del 10% de FONAVI y , REFORMANDOLA, se declara
Infundado este extremo.
2. CONFIRMAR la Resolución Nº 44, que contienen la Sentencia
N°00187-2021-26° JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a
folios 573 a 591 del expediente, en el extremo que declaró: sustraída la
materia del ámbito jurisdiccional y concluido el proceso sin
declaración sobre el fondo, respecto a la pretensión de reintegro de
compensación por tiempo de servicios oponible a CENTROMIN
PERÚ S.A., el cual va desde el 02 de julio de 1970 hasta el octubre
de 1997.
3. CONFIRMAR la Resolución Nº 44, que contienen la Sentencia
N°00187-2021-26° JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a
folios 573 a 591 del expediente, en el extremo que declaró FUNDADA
EN PARTE la demanda sobre pago de beneficios económicos. En
consecuencia, se ordena que la demandada DOE RUN PERU S.R.L.
cumpla con pagar a favor de la parte demandante la suma de US$ 5.64
10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
DÓLARES AMERICANOS por concepto de reintegro de compensación
por tiempo de servicios y S/. 1,360.50 (MIL TRESCIENTOS SESENTA
CON 50/100 SOLES) por el concepto de reintegros de gratificaciones
legales. Más intereses legales y financieros que se liquidarán en
ejecución de sentencia. Con costas y costos del proceso.
En los seguidos por SEGURA POMA EUGENIO contra DOE RUN PERU SRL y
otro, sobre incumplimiento de disposiciones y normas laborales, y devuélvanse
los autos al Juzgado de origen. Notifíquese. -
QUILCA MOLINA
11 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Expediente : N° 00321-2004-16
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
Resolución Número 45
Lima, treinta y uno de marzo
de dos mil veintidós
Dando cuenta al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha 12 de enero de 2022: A
lo Expuesto: Al Principal: Téngase por subsanado la omisión advertida, y al recurso de apelación,: y
encontrándose exonerada de la presentación del arancel judicial, por encontrarse en proceso de
liquidación, de acuerdo a lo señalado en la Resolución Administrativa N° 00002-2022-CE-PJ, se
procede en emitir el siguiente pronunciamiento:
Autos y Vistos: Considerando:
Primero: El Recurso de Apelación interpuesto por esta parte contra la Resolución N° 44 de fecha 30
de diciembre de 2021, que resuelve declarar fundada en parte la demanda.
Segundo: Que, habiendo fundamentado la demandada sus agravios de hecho y derecho contra la
Resolución impugnada, y, en aplicación del inciso 1) artículo 53° de la Ley Procesal del Trabajo Ley N°
26636, se RESUELVE:
2.1 CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el Recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la Resolución N° 44 de fecha 30 de diciembre de 2021.
2.2 ELEVAR los presentes actuados al Superior con la debida nota de atención
NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | S E N T E N C I A N° 00187 - 2021 - 26° JETTL
Expediente : N° 00321-2004-16°JLL
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CUATRO
Lima, treinta de diciembre
del año dos mil veintiuno
I. PARTE EXPOSITIVA.
DEMANDA
EUGENIO SEGURA POMA, interpone demanda (Fojas 91/100, subsanada, Fojas 102/106) contra la
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ S.A. – CENTROMIN – PERÚ y DOE RUN PERU S.R.L.,
sobre pago de beneficios sociales por la suma de S/. 59, 418.15 Soles.
Petitorio:
Solicita el pago de la suma de S/. 59,418.15 Soles, por concepto de:
- Reintegro del incremento de FONAVI desde enero de 1993 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad por el periodo comprendido desde el 02
de noviembre de 1991 al 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro del Incremento IPSS-ONP del periodo comprendido desde el 01 de agosto de 1995
hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Gratificaciones Vacacionales del periodo que va del 02 de noviembre de 1991 hasta
el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios por el periodo comprendido desde 01 de
enero de 1991 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de la CTS reserva acumulada por el periodo comprendido hasta el 31 de diciembre de
1990.
- Intereses Financieros;
- Intereses Legales;
- Con costas y costos, alegando:
Fundamentación Fáctica:
a) Refiere que con fecha 02 de julio de 1970 ingresó a laborar para la Centromín Perú hasta el 22 de
octubre de 1997 de manera ininterrumpida en la sección de residuos anódicos, ocupación de
gruero en la Unidad de Producción de La Oroya.
Expediente N° 00321-2004-16
Página 1 de 20 b) Que, manifiesta que con fecha 23 de octubre de 1997 se produjo la transferencia a favor de la
empresa Doe Run Perú S.R.L., la cual solo significó la continuación del vínculo laboral bajo la
dirección de un nuevo empleador, habiéndolo hecho hasta el 14 de setiembre de 2003 sin
interrupciones.
c) Puntualiza que a su cese percibió como sueldo básico la suma de S/. 57.63 Soles percibiendo
además otros conceptos de forma fija, continua y permanente durante 33 años, 02 meses y 13
días.
d) Afirma que sus ex empleadoras no han efectuado el cálculo de la CTS-reserva acumulada de
forma correcta ya que han aplicado un tipo de cambio dólar equivocado mientras que del periodo
cancelatorio, los depósitos se han efectuado de forma diminuta.
e) Aduce que, si bien existieron incrementos por concepto de FONAVI, estos se han calculado
teniendo como base la remuneración básica sin considerar las otras remuneraciones percibidas de
forma fija, continua y permanente, que también estuvieron afectas al FONAVI.
f) Menciona que respecto al incremento del Decreto Ley 26504, la norma legal dispuso a partir de
agosto de 1995 un incremento del 3.3% sobre las remuneraciones de los asegurados, sin
embargo, la demandada ha efectuado el cálculo respectivo únicamente en base al salario básico y
no sobre los complementos salariales también percibidos.
g) Finalmente, en cuanto a las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, señala que la
demandada ha omitido en incluir las remuneraciones complementarias variables o imprecisas
como horas extras, nocturno, sustitutorios de combustible y leche, trabajo días descanso, feriados,
domingos, entre otros.
Admisión de la demanda: Mediante la Resolución Número Dos del 20 de octubre de 2004 (Fojas 107),
se admitió a trámite la demanda y se corrió el traslado de ley.
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:
EMPRESA DOE RUN PERU S.R.L.
Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2004 (Fojas 244/251), la emplazada deduce la excepción
de cosa juzgada contestando a su vez la demanda en los términos expuestos a continuación.
Fundamentación Fáctica:
a) Manifiesta que el demandante afirma equivocadamente que el monto de la reserva acumulada de
la CTS al 31 de diciembre de 1990 debió haberse hecho en función del tipo de cambio dólar de S/.
0.80, ya que lo esencial es que se haga en función del tipo de cambio vigente a la fecha de
depósito, lo cual aplica igualmente para el periodo posterior cancelatorio que corrió desde el 01 de
enero de 1991 hasta setiembre de 2003.
b) Refiere que al computar el incremento de FONAVI en el haber básico su efecto multiplicador ha
sido mayor en los colaterales habiéndose hecho un pago en exceso al accionante. Mientras que en
cuanto a las remuneraciones vacacionales, se tiene que estas fueron computadas en función de lo
acordado en el convenio colectivo y acorde a la ley de la materia, esto es habiéndose computado
las remuneraciones fijas y permanentes además del básico.
c) Menciona que el incremento del 3.3% ONP no solo se calculó sobre el básico sino también sobre
todas las remuneraciones fijas y permanentes. Asimismo, en lo que atañe al rubro de
gratificaciones de julio y diciembre se sabe que éste fue liquidado conforme a lo pactado en el
convenio colectivo 1997-1998 y 1998-2003, esto es, incluyéndose los salarios fijos y permanentes.
Expediente N° 00321-2004-16
Página 2 de 20 CENTROMIN PERÚ S.A.
Por escrito de fecha 08 de noviembre de 2004 (Fojas 124/131) deduce las excepciones de cosa juzgada,
de prescripción extintiva y de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, en tanto que
a su vez formula la contestación a la demanda en los siguientes términos, alegando:
Fundamentación Fáctica:
a) Refiere que el demandante ingresó a laborar como obrero desde el 02 de julio de 1970 hasta el 22 de
octubre de 1997, fecha en que renunció voluntariamente, continuando sus labores en Doe Run Perú.
b) Niega adeudar algún concepto por CTS al demandante quien ha calculado este beneficio en función de
conceptos que carecen de fijeza, llámese refrigerio, tóxico, kerosene, sobretiempo, asignación familiar,
bono nocturno, domingos y feriados.
c) Respecto, a los reintegros por incremento de FONAVI y ONP, gratificaciones y otros, señala que estos
han sido pagados de acuerdo a ley y al existir ambigüedad en el petitorio demandado, ello impide a su
representada efectuar una defensa a cabalidad.
AUDIENCIA ÚNICA:
De fojas 270/271 corre el acta de audiencia única de fecha 15 de febrero de 2005 en virtud de la cual se
suspendió debido a haberse dispuesto oficiar al Décimo Octavo Juzgado Laboral de Lima a fin de que remitan
las piezas procesales principales del proceso recaído en el Expediente Número 08209-1998-16. Es así que,
habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado, con fecha 17 de enero de 2006 (Fojas 291/294)
se celebró la continuación de la audiencia, en virtud de la cual se declararon infundadas las excepciones de
prescripción extintiva, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda deducida por Centromín
Perú así como igualmente infundada la excepción de cosa juzgada deducida por ambas codemandadas. Ahora
bien, en virtud de la Sentencia de Vista de fecha 26 de agosto de 2021 (Fojas 535/550) se revocó el auto
contenido en la Resolución Número 10 emitida en Audiencia Única de fecha 17 de enero de 2006 en el extremo
que declaró infundada la excepción de cosa juzgada y reformándola la declaró fundada en parte uno de los
extremos. Es así que, bajo esos antecedentes, se declaró saneado el proceso al existir una relación jurídica
procesal válida; dejándose constancia de la imposibilidad de conciliación entre las partes por mantener éstas
sus puntos de vista; procediéndose a fijar los puntos controvertidos y admitiéndose y actuándose los medios de
prueba aportados por las partes al proceso; dándose finalmente por concluida la presente diligencia.
EMISIÓN DE SENTENCIA
En ese contexto, no existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del
artículo 47°1 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, su estado es el de emitir sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso, como conducto objetivo de la función jurisdiccional, persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual
es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria2.
1 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los medios
probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
Expediente N° 00321-2004-16
Página 3 de 20 1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la
paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los
principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia
correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas
legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de
trabajo.
3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad
cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
De conformidad con la Sentencia de Vista contenida en la Resolución Número 40 de fecha 26 de agosto
de 2021 (Fojas 549) con el acta de audiencia única de fecha 17 de enero de 2006 (Fojas 291/294), se
fijaron como puntos controvertidos de la litis, los que a continuación se describen, los mismos que en lo
que atañe al marco temporal serán adaptados a lo resuelto por el Superior Jerárquico:
1. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegro de compensación por tiempo de servicios –
reserva acumulada y semestrales- bajo el sustento de la aplicación errónea del tipo de cambio dólar
2. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegros por FONAVI desde enero de 1998 al 14 de
setiembre de 2003.
3. Determinar si le corresponde al actor el pago por reintegro de gratificación vacacional –al no haberse
incluido los rubros computables de altura, asignación familiar, trabajo domingo, bonificación altura,
trabajo sierra, bonificación Kerosene, tóxico, leche; del periodo comprendido desde enero de 1998
hasta el 14 de setiembre de 2003.
4. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegro de incremento de la Ley 26504 desde enero
de 1998 al 14 de setiembre de 2003.
5. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegro de gratificación de Fiestas Patrias y Navidad
del periodo julio de 1998 al 14 de setiembre de 2003.
2 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto por esta Ley son
de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
Expediente N° 00321-2004-16
Página 4 de 20 ANTECEDENTES:
Mediante Sentencia de Vista de fecha 26 de agosto de 2021 (Fojas 535/550) se declaró la nulidad de la
Sentencia contenida en la Resolución N° 33 de fecha 16 de setiembre de 2016 (Fojas 450/461) que
declaró fundada en parte la demanda tras haber declarado fundada en parte el auto emitido en audiencia
única que resolvió la excepción de cosa juzgada deducida por la demandada. Por lo que, dispuso que se
emita nuevo pronunciamiento acorde a las directivas impartidas por el Superior Jerárquico.
CUARTO: RELACIÓN LABORAL
4.1. Conforme se aprecia del certificado de trabajo de fecha 29 de octubre de 2003 (Fojas 3); no existe
controversia que el demandante prestó sus servicios en la Unidad de Producción de La Oroya desde el 02
de julio de 1970 hasta el 14 de setiembre de 2003, habiendo entablado su relación laboral inicialmente con
Centromín Perú hasta el 23 de octubre de 1997 mientras que a partir del 24 de octubre de 1997 hasta el
14 de setiembre de 2003 tuvo por empleador a Doe Run Perú S.R.L. producto de la compra venta de
acciones celebrada entre ambas personas jurídicas con fecha 23 de octubre de 1997 a través de la cual
se transfirió el citado centro de producción a la última de las mencionadas, aspecto sobre el que se
volverá más adelante.
QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEMANDADAS.
5.1. La solidaridad en nuestro ordenamiento legal.
El Artículo 1183 del Código Civil, señala textualmente: “La solidaridad no se presume. Sólo la ley o
el título de la obligación la establecen en forma expresa.”
5.2. Del contrato de transferencia.
A ese propósito, acudiendo al tenor del Testimonio del Contrato de Transferencia de Acciones de
fecha 23 de octubre de 1997, en el punto 8.4 del citado contrato (fojas 142/145, parte pertinente) se
señala que: “(…) Centromín acuerda que cualquier obligación legal o convencional generada por el
vínculo laboral con los trabajadores mencionados hasta la fecha de suscripción del presente contrato será
de su exclusiva responsabilidad, incluyendo remuneraciones, beneficios, pensiones y contribuciones
sociales en los términos señalados en el balance proyectado.” Es así que, del tenor de la referida
estipulación contractual se aprecia claramente que el régimen de cumplimiento de obligaciones y asunción
de responsabilidades entre Centromín y Doe Run Perú S.R.L. no contempló la solidaridad sino la
mancomunidad respecto de los adeudos que se generen durante el concreto periodo por el cual cada una
desempeñó el rol de empleador de sus trabajadores.
Entonces, bajo esa premisa no cabe sino concluir que la EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ
S.A. sería responsable de asumir las obligaciones laborales generadas hasta el 23 de octubre de 1997
fecha en que se produce la transferencia de acciones antes invocada mientras que los adeudos o
reintegros que eventualmente se generen a partir del 24 de octubre de 1997 hasta el 14 de setiembre de
2003 serían de cargo exclusivo de la empresa DOE RUN PERU S.R.L. Sin embargo, como quiera que en
virtud de la Sentencia de Vista de fecha 26 de agosto de 2021 (Fojas 535/550) se revocó el auto que
declaró infundada la excepción de cosa juzgada y reformándolo lo declaró fundada en parte abarcando así
los derechos económicos reclamados hasta el año 1997, salvo el reintegro de la compensación por tiempo
de servicios, por consiguiente es claro que subsiste la controversia en torno a los reintegros devengados
en los siguientes marcos temporales: 1970-1990 (reintegro de CTS-reserva acumulada), 1991-2003
(reintegro de CTS periodos semestrales y mensuales), 1998-2003 (reintegro FONAVI, gratificación
vacacional, gratificaciones legales, incremento SNP), de acuerdo con los puntos controvertidos descritos
en el apartado tercero de este fallo. Bajo ese entendido, recurriendo a la delimitación temporal de la
responsabilidad de cada una de las demandadas frente a los adeudos laborales pretendidos cabe arribar
Expediente N° 00321-2004-16
Página 5 de 20 a la conclusión de que a Centromín Perú le serían oponibles los derechos pecuniarios insertos en el
periodo que corrió desde el 02 de julio de 1970 hasta octubre de 1997 en tanto que a Doe Run Perú le
serían atribuibles aquellos inmersos en el periodo comprendido entre noviembre de 1997 y setiembre de
2003.
SEXTO: DE LA QUIEBRA JUDICIAL POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL
PERÚ S.A. (CENTROMIN PERÚ)
6.1. Ahora bien, atendiendo a que se ha declarado e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de
SUNARP, la quiebra de la demandada, CENTROMIN PERÚ En Liquidación, se tiene que en dicho asiento
se hace constar lo siguiente: “Por Resolución N° 01 del 06.07.2018 consentida por Resolución N° 02 del
07.08.2018 expedidas por la Dra. María del Rosario Matos Cuzcano, Juez Supernumeraria del 5° Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial, se declara: la quiebra de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. En Liquidación, en
consecuencia, extinguido el patrimonio de la mencionada persona jurídica, declarándose por el presente acto la
incobrabilidad de sus deudas”
6.2 En vista de lo anteriormente descrito, cabe señalar que las obligaciones contraídas por dicha
empresa frente a sus trabajadores así como las que eventualmente se declaren en juicio frente a la parte
demandante de este proceso, han devenido incobrables, conllevando ello a la imposibilidad jurídica de la
ejecución o cumplimiento de su objeto, por cuanto la declaración judicial de quiebra de una sociedad,
comporta, con su inscripción, la extinción del patrimonio de la persona jurídica, en tanto aquel constituye la
unidad abstracta que comprende todos los derechos y obligaciones de la empresa (bienes, cargas, activos
y pasivos), más aún si nuestro ordenamiento jurídico tampoco ha previsto la transmisibilidad de los
créditos laborales ciertos o contingentes de la emplazada hacia alguna otra entidad que patrimonialmente
los asuma.
6.3 En ese orden de ideas, estando a que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 321 inciso
1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, el proceso concluye sin declaración sobre el fondo
cuando se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional, es preciso comprender que esta figura
conclusiva se distingue en su aspecto cronológico, en que se debe tratar de eventos sobrevenidos
temporalmente al planteamiento de la demanda, así como que también debe tratarse de hechos que
harían superflua la continuación del proceso hacia la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de la
controversia, esto es, que deben suscitarse circunstancias que modifiquen la concreta situación sustancial
que sustenta el proceso, pudiéndose reconducirse dicha causal a los supuestos siguientes:
i) La muerte de una de las partes, si el proceso tiene por objeto derechos
personalísimos;
ii) La imposibilidad (material o jurídica) para el actor de obtener el objeto
(mediato) de su pretensión;
iii) La modificación de la Ley reguladora del caso que hace a la situación ya no
tutelable;
iv) La modificación de la fuente de la relación, vaciando de objeto la
controversia;
v) La extinción del derecho objeto de controversia, por ejemplo, a causa del
cumplimiento extraprocesal de la prestación reclamada, con la consecuente
satisfacción del actor.
En resumen, afirma Eugenia Ariano Deho que “se presentaría una “sustracción de la materia” de un
proceso pendiente cuando por hechos sobrevenidos al planteamiento de la demanda, el actor
obtiene extraprocesalmente lo que pretendía o cuando lo que pretendía ha devenido ya imposible
de obtener”.
Expediente N° 00321-2004-16
Página 6 de 20 6.4 Vistas así las cosas y acorde con lo expuesto en los considerandos anteriores, se tiene que, al haber
devenido extinto el patrimonio de uno de los empleadores del accionante y por ende, al tornarse imposible
imputarle a aquel el cumplimiento de los derechos pretendidos en su demanda respecto a su periodo,
entonces, en aplicación del artículo 321 inciso 1) del Código Procesal Civil, se entiende sustraída la
materia del ámbito jurisdiccional y concluido el proceso sin declaración sobre el fondo, respecto a
la pretensión de reintegro de compensación por tiempo de servicios oponible a CENTROMIN PERÚ
S.A., el cual va desde el 02 de julio de 1970 hasta el octubre de 1997 entendiéndose por tanto que
el proceso continúa únicamente con DOE RUN PERÚ en lo que concierne al periodo objeto de
pronunciamiento que se encuentra comprendido entre el 01 de noviembre de 1997 y el 14 de
setiembre de 2003 respecto a la compensación por tiempo de servicios por fundamento del tipo de
cambio y de enero de 1998 hasta el 14 de setiembre de 2003 respecto a los demás derechos
reclamados, a saber, FONAVI, ONP, Gratificaciones Legales y Gratificación Vacacional.
ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS CONTROVERTIDOS
SETIMO: PRETENSIONES RECLAMADAS.
7.1. Conforme se observa del tenor de la demanda es de apreciar que la causa se circunscribe a
determinar si le asiste al actor amparar los siguientes conceptos:
- Reintegro del incremento de FONAVI desde enero de 1998 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad por el periodo comprendido desde julio
de 1998 al 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro del Incremento IPSS-ONP del periodo comprendido desde enero de 1998 hasta el 14 de
setiembre de 2003.
- Gratificación Vacacional por el periodo enero de 1998 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios por la aplicación de tipo de cambio dólar del
periodo comprendido desde noviembre de 1997 al 14 de setiembre de 2003.
7.2 Asimismo, en el escrito de demanda (Fojas 91/100), el accionante alega que su remuneración
indemnizable estuvo conformada por los conceptos de: jornal básico, horas extras, nocturno,
bonificaciones sustitutorias de combustible, leche, trabajos en días de descanso, feriados, domingos y
otros cuyo reintegro debe efectuarse.
7.3. No obstante, si bien el actor exige el reintegro de determinados beneficios sociales refiriendo
expresamente las partidas precitadas no fueron computadas en el cálculo de los mismos. No es menos
cierto que como quiera que del tenor de la demanda se visualiza que el demandante alude a “otros”
conceptos que también habrían sido excluidos de su remuneración computable, a fin de no afectar el
carácter indisponible de las normas que rigen los beneficios sociales demandados cabe delimitar los
conceptos o ingresos percibidos por el actor entre noviembre de 1997 y setiembre de 2003, cuales son, de
acuerdo con lo que se desprende del Informe de Revisión de Planilla adjunto al Exhorto proveniente del
Segundo Juzgado Mixto de Yauli- La Oroya remitido a este Juzgado en mérito al Oficio N° 321-2004-16-
JTL-CEM-BVB de fecha 21 de agosto de 2006 (Fojas 329, Anexo, Fojas 331/346), de cuyo mérito se
evidencia que el demandante percibió los siguientes retribuciones, a saber: ganancia normal,
domingo/feriado trabajado, nocturno o nocturno 1 y 2, vacacional, dominical 55%, bonificación tiempo de
servicios, bonificación altura, asignación familiar (esposa e hijo), refrigerio, gratificación vacacional, otros
pagos, día descanso DL 713, bono comida, sobretiempo, bonificación tóxico, asignación vivienda, control
comercial, bono cambio ropa, feriados enero/mayo/julio/dic, asignación 1 mayo, normalidad operación,
asignación escolar, asignación utilidades, bonificación trabajo sierra, reintegro afecto, asignación 5
diciembre, gain sharing, bono trab, feriado 1° mayo, paz laboral, bonificación alta temperatura, asignación
vivienda, bonificación KZM, bonificación leche, gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. Entonces, en
ese escenario resulta necesario establecer qué conceptos deben conformar la remuneración computable
del actor.
Expediente N° 00321-2004-16
Página 7 de 20 OCTAVO: REMUNERACIÓN COMPUTABLE
8.1. Noción de Remuneración.
De conformidad con el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, modificado por la Ley N°
28051, del 02 de agosto del 2003; señala: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo
que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación
que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador
directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o
cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de
los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza
laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.”
A mayor abundamiento, de acuerdo con lo previsto por el artículos 9° del Texto Único Ordenado
de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR,
constituye remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente
perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la
denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición, pese a que sus montos puedan
variar en razón de incrementos y otros motivos.
De otro lado, el literal a) del artículo 19° del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de
Servicios precitada, establece que “No se consideran remuneraciones computables las gratificaciones
extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o aceptadas en los procedimientos de
conciliación…”.
Así, siguiendo el tenor de lo preceptuado en las disposiciones legales precitadas, de ellas se
desprende la regla según la cual “donde no hay prestación de servicios efectiva no se puede presumir la
condición remunerativa de lo que se haya entregado al trabajador, sino al contrario, la ley, el convenio
colectivo, la costumbre, contrato o el propio empresario deben reconocer tal condición. Esto es que, no
podrá presumirse la condición remunerativa de las percepciones económicas que reciba el trabajador en
razón a un título distinto al de los servicios prestados efectivamente. En ese orden de ideas, repárese que
aún cuando la percepción económica percibida por el trabajador guarde cierta periodicidad, no podrá
reputársela como remuneración si no satisface la característica de contraprestatividad. De ahí que solo
pueda considerarse remuneración a aquellas ventajas patrimoniales relacionadas de modo directo con la
prestación de servicios, en la medida que la presunción de salariedad opera en un ámbito restringido, esto
es, respecto a todo lo relacionado directamente con la prestación de servicios efectiva del trabajador”3.
En este sentido, los ingresos de los trabajadores tendrán carácter remunerativo si concurren las
siguientes características: i) Contraprestativo; ii) De libre disposición; iii) Incremento Patrimonial; y, iii)
Regularidad
8.2 De las percepciones no remunerativas:
Es un hecho que todo concepto excluido del concepto legal de remuneración, será una percepción
no salarial, salvo que legalmente se disponga lo contrario. A ese respecto, cabe enfatizar que “las
exclusiones a las que se refieren los artículos 19 (citado supra) y 20 de la Ley de la CTS no son
excepcionales, dado que existen muchos conceptos que pese a no encontrarse expresamente previstos
dentro de ese listado, sin embargo, no satisfacen las características propias de una remuneración, según
lo prescrito en el precitado artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR”4. Ejemplo de ello son las
gratificaciones entregadas por voluntad unilateral del empleador y motivadas en la particular situación
financiera de la empresa, o en virtud de determinados resultados o éxitos empresariales, las cuales
3 Véase Arce Ortiz, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú: Desafíos y Deficiencias. Segunda Edicion Actualizada.
Palestra Editores. Lima. 2013. Pág. 329/331.
4 Op. Cit. Pág. 352.
Expediente N° 00321-2004-16
Página 8 de 20 ciertamente no son propiamente liberalidades del patrón (pues aquellas, a diferencia de éstas, poseen un
elevado valor patrimonial), empero, comparten con éstas, la voluntariedad de su otorgamiento por el
empleador y lo que es esencial, la causa de su atribución residenciada en un hecho o motivo específico,
distinto y ajeno a la prestación efectiva de servicios. Es así que, bajo esa premisa, es de señalar que
aquellas gratificaciones que guarden las características anotadas no pueden merecer calificación salarial,
pues más allá de la periodicidad que hayan guardado o de los requisitos a los que haya estado sujeto para
su exigibilidad, carecen de carácter contraprestativo.
8.3 Atendiendo a que el demandante peticiona el reintegro de determinados beneficios económicos
alegando que la demandada efectuó el cálculo respectivo sobre la base de una remuneración
indemnizable diminuta, entonces estando al tenor de la pretensión incoada, corresponde a esta Judicatura
analizar la naturaleza de cada uno de los ingresos percibidos por el accionante a fin de determinar si le
asiste el reintegro que solicita. Es así que a esos efectos, esta Judicatura se sustentará en el mérito del
Informe de Revisión de Planilla adjunto al Exhorto proveniente del Segundo Juzgado Mixto de Yauli- La
Oroya remitido a este Juzgado en mérito al Oficio N° 321-2004-16-JTL-CEM-BVB de fecha 21 de agosto
de 2006 (Fojas 329, Anexo, Fojas 331/346), así como de la liquidación de beneficios sociales y boletas de
haberes (Fojas 05/19, Fojas 04), de las liquidaciones de compensación por tiempo de servicios (Fojas
30/67) y el convenio colectivo 1997-1998 (Fojas 220/239), en los cuales se regularon la mayoría de los
conceptos reclamados -y percibidos- por el actor; siendo así:
I. En cuanto al concepto de Bonificación Sustitutoria Leche (Bonificación Leche/Bonificación Sustitutoria) de
acuerdo con lo previsto en el punto 3.14 del convenio colectivo 1997-1998, la Empresa conviene en otorgar una
bonificación determinada por día trabajado en sustitución de la dotación de leche. Esta bonificación es aplicable solo
para los trabajadores que laboran en La Oroya en las áreas productivas de Fundición y Refinerías y en las secciones
de mantenimiento y talleres vinculadas directamente con la producción; exonerándose a la empresa de los saldos que
hubieran por concepto de provisión de leche. En tal sentido, considerando que dicha partida fue percibida por el actor
entonces ello implica que este cumplió con los requisitos estipulados en el convenio colectivo para acceder a ese
beneficio; sin embargo, dado que el concepto en alusión no representó un incremento patrimonial para el trabajador
por cuanto su otorgamiento tuvo por objeto cubrir el gasto irrogado en el consumo de leche, el cual era otrora
asumido por el empleador, tan es así que la percepción del citado ingreso exoneraba a la empresa de la entrega de
dicho producto en especie, entonces al amparo de lo previsto por el artículo 19° inciso c) del Decreto Supremo N°
001-97-TR cabe declarar no remunerativo ni computable la bonificación sustitutoria de leche.
II. En cuanto al concepto de Ganancia Compartida o Gain Sharing se sabe que éste fue regulado en el convenio
colectivo de 1997-1998 bajo el siguiente tenor: “Doe Run Perú ha diseñado un sistema de Ganancia Compartida del
cual participarán sus trabajadores (…). Queda claramente establecido que no se trata de un incremento de
remuneraciones sino de una ganancia que se obtiene únicamente cuando Doe Run Perú con la participación y
esfuerzo de todos sus trabajadores, alcance sus objetivos empresariales, especialmente en materia de seguridad,
salud ocupacional y producción y se superen las metas económicas presupuestadas”. En tal sentido, atendiendo a
que de conformidad con el artículo 19° literal b) del Decreto Supremo N° 001-97-TR, no constituyen remuneraciones
computables cualquier forma de participación en las utilidades, partiendo de que en el caso la referida partida tuvo por
propósito hacer partícipe a los empleados de los resultados positivos en las ganancias o productividad del empleador
entonces en virtud de su naturaleza cabe sostener su encuadramiento en el dispositivo normativo precitado y por
ende corresponde decretar el carácter no remunerativo ni computable del rubro en cuestión.
III. En cuanto al concepto de Bonificación Alta Temperatura se sabe que éste fue regulado en el convenio colectivo de
1997-1998 bajo el siguiente tenor: “La Empresa pagará una bonificación (…) por cada día trabajado en altas
temperaturas, a todos los trabajadores obreros que labores a una temperatura de 30 grados centígrados o más”. En
tal sentido, considerando que dicha partida retribuyó determinadas condiciones ambientales bajo las cuales se
ejecutó la prestación, entonces corresponde decretar su carácter remunerativo al ser de naturaleza
contraprestativa y de libre disponibilidad, sujetándose su cómputo en la liquidación de los beneficios sociales que
se amparen a su percepción efectiva -la cual presupone que en el caso sub examine se cumplió la condición que
supedita su exigilidad- y a las |
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Expediente : N° 00321-2004-16JTTL
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Lima, siete de diciembre
de dos mil veintiuno. -
Por recibidos los autos procedentes de la Primera Sala Laboral Transitoria de Lima: atendiendo a
que mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución Número 40 de fecha 26 de agosto de 2021
se declaró nula la Sentencia N° 266-2016-08° JTTL-ENSF contenida en la Resolución N° 33 de fecha
16 de setiembre del 2016 (de fojas 450 a 461) en virtud de la cual se declaró fundada en parte la
demanda; se tiene que procediendo en rigor de las directivas impartidas por el Superior Jerárquico, al
amparo de lo prescrito por el artículo 47 inciso 1) de la Ley Procesal del Trabajo-Ley 26636:
REINGRESEN LOS AUTOS A DESPACHO PARA SENTENCIAR.- Avocándose al conocimiento de la
presente causa, el señor Juez que suscribe, interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por
disposición superior.
Notifíquese conforme a ley. - |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
EXPEDIENTE N.° 00321-2004-0-1801-JR-LA-16
RESOLUCIÓN N° 40
Lima, 26 de agosto del 2021.
En Audiencia Pública, de fecha 23 de julio del año
en curso, interviniendo como Juez Superior ponente la Señora Serpa Vergara, se
expide la siguiente resolución:
ASUNTO
Resoluciones materia de apelación:
1. La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha 17 de enero de 2006,
a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró INFUNDADA la excepción de
prescripción extintiva deducida por CENTROMIN PERÚ S.A.
2. La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha 17 de enero de 2006,
a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró INFUNDADA la excepción de cosa
juzgada deducida por DOE RUN PERÚ S.R.L.
3. La Sentencia N° 266-2016-08° JTTL-ENSF (Resolución N° 33) del 16 de
setiembre del 2016, de fojas 450 a 461, que declara FUNDADA en parte la
demanda interpuesta por EUGENIO SEGURA POMA, contra CENTROMIN
PERÚ S.A, y DOE RUN PERÚ S.A, pague a favor del actor la suma de S/
14,852.16 soles (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 16/100 SOLES), y DOE RUN PERÚ S.R.L, pague a favor del actor la
suma de S/ 25,237.31 soles (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE SOLES, CON 31/100 SOLES), haciendo un total de S/ 40,086.47 soles
(CUARENTA MIL OCHENTA Y SEIS CON 47/100 SOLES), más los intereses
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
financieros y legales con respecto a los demás beneficios sociales que se
liquidaran en ejecución de sentencia, con costas y costos.
AGRAVIOS
La demandada CENTROMIN PERÚ EN LIQUIDACIÓN; en su escrito de
impugnación contra la Resolución N° 10 que obra de fojas 302 a 303, expresa como
agravios:
Respecto a la excepción de prescripción extintiva.
1. Se basa en que el accionante finalizó el vínculo laboral con CENTROMIN
PERÚ S.A, el día 23 de octubre de 1997, y que entre esa fecha y la presentación
de la demanda (setiembre del 2004), ha transcurrido aproximadamente 07 años
sin existencia de vínculo laboral, razón por la cual es aplicable la Ley N° 26513
que establece que el plazo de prescripción de asuntos de carácter laboral es de
03 años desde que resultan exigibles.
2. El A quo no ha diferenciado el tipo de personas jurídicas que suscribieron el
contrato de Transferencias de Acciones y Aumento de Capital entre Centromin
Perú S.A y Doe Run Perú S.R.L, mientras que una de ellas es una empresa
regida por Capital Privado, y la otra es una Empresa Estatal y supervisada por
Organismos del Estado.
3. El actor al cobrar en su totalidad los depósitos de su Compensación por Tiempo
de Servicios y todos los beneficios que le correspondían hasta octubre de 1997,
automáticamente ponía fin al vínculo laboral con Centromin Perú S.A, siendo
suficiente para que el plazo prescriptorio empiece a partir de dicha fecha de
cese.
La demandada DOE RUN PERÚ S.R.L; en su escrito de impugnación contra la
Resolución N° 10 que obra de fojas 311 a 313, expresa como agravios:
Respecto a la excepción de cosa Juzgada.
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
1. EL presente proceso es idéntico al que ya fue resuelto dentro del Expediente
N°183416-1998-08209-0 , Secretario Ardiles, seguido por el Sindicato de
Trabajadores Metalúrgicos Doe Run Perú La Oroya División, al cual estaba
afiliado el actor. El Sindicato demando en representación de 2,054 trabajadores
sobre Reintegro de Beneficios Sociales y otros por considerarlo diminuto,
efectivamente el proceso concluyó por desistimiento después de la firma de un
Acta Extrajudicial. En cumplimiento del Actas las demandadas pagaron la suma
de S/2,000.00 a cada uno de los trabajadores. afiliados al sindicato, entre ellos, al
accionante, se ha dado la triple identidad.
2. La demandada ya desembolso la suma de S/2,000.00 soles por el concepto de
pago por reintegro de compensación por tiempo de servicios (CTS y otros), el 06
de octubre del 2000, conforme es de verse en el respectivo recibo firmado por el
ahora accionante. (anexo 1-I de la contestación de demanda.
3. Siendo así, el interés para obrar del actor ya no existe, dado a que ya se le
abonó el reintegro de beneficios sociales y reintegro de remuneraciones que
ahora vuelve a peticionar.
La demandada, DOE RUN PERÚ S.R.L en su escrito de impugnación contra la
SENTENCIA que obra de fojas 468 a 474, expresa como agravios:
1. El artículo 1° del Decreto Ley N° 25981 dispuso que los trabajadores cuyas
remuneraciones se encuentran afectas al FONAVI tendrán derecho a percibir un
aumento de remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, equivalente al 10%
de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993, por tanto, la
referencia "haber mensual", la debemos entender como todas las
remuneraciones que perciba el trabajador en un determinado periodo de pago
(mensual), la debemos entender como todas las remuneraciones que percibió el
trabajador en un determinado periodo de pago (mensual), de manera fija y
permanente, por ello no estarían comprendidas las remuneraciones
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
complementarias, variables e imprecisas, ya que estas se perciben de manera
irregular u esporádica, así como las condiciones de trabajo.
2. En ese contexto se violenta el debido proceso, pues al no establecerse la forma
de cálculo para establecer la remuneración diaria que formaría parte del
incremento por concepto de FONAVI, (considerando noveno), señala que dicho
beneficio es equivalente a S/1.05 soles FONAVI diaria; sin embargo, al
momento de calcular señala "3102 días * 1.38 con lo cual se acredita que realiza
un cálculo incorrecto.
3. Asimismo, del análisis de la sentencia apelada (considerando décimo), se
aprecia que el cálculo para el incremento del 3.3% de la ONP resulta errado
cuando señala 2892 días * 0.50, Este monto de cálculo es errado toda vez que el
A quo no ha evaluado correctamente las boletas de pago adjunta en el anexo 1-I
de la contestación de la demanda presentada el 22 de noviembre del 2004, en
dichas boletas se aprecia que al costado del básico se le aumenta 1.00 soles y no
0.50 céntimos, con esta aclaración se deja en claro que los cálculos efectuados
son errados.
La demandada, CENTROMIN PERÚ EN LIQUIDACIÓN en su escrito de
impugnación contra la SENTENCIA que obra de fojas 489 a 492, expresa como
agravios:
Reintegro del Incremento 10% FONAVI Ley N° 25981 del 01de enero de 1993
1. En la sentencia no se está considerando erróneamente los montos abonados por
la empresa por el concepto del incremento 10% FONAVI del 01 de enero de
1993 al 23 de octubre de 1997 cuyo monto pagado fue el 10% del sueldo básico
de enero de 1993, este incremento pasa a formar parte del sueldo básico y este
tuvo efecto en las ganancias colaterales al sueldo básico y este tuvo efecto en
las ganancias colaterales asociadas al sueldo que también se vieron
incrementadas, el monto abonado por la empresa se detalla en el cuadro que se
adjunta.
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
2. En ese sentido, no correspondería abonar ningún reintegro por incremento
FONAVI - Ley N° 25981, a Centromin Perú S.A, debido a que lo calculado en
la sentencia menos lo abonado por la empresa resulta negativo.
Reintegro del Incremento 3% SNP del Decreto Ley N° 26504 del 01 de agosto
de 1995 al 23 de octubre de 1997.
1. En la Sentencia del asunto, no se está considerando erróneamente los montos
abonados por la empresa por el concepto del incremento 3.3% SNP del
01/08/1995 al 23/10/1997, cuyo monto pagado fue del 3.3% del sueldo básico
de agosto de 1995, este incremento al básico tuvo su efecto en las demás
ganancias colaterales asociadas al básico que también se vieron incrementadas
los montos pagados por la empresa por este concepto se detallan en el cuadro
que se adjunta.
2. En ese sentido, no correspondería abonar ningún reintegro por incremento
SNP Decreto Ley N° 26504 a Centromin Perú S.A, debido a que lo calculado en
la sentencia menos lo abonado por la empresa resulta negativo.
Reintegro de la Compensación por Tiempo de Servicios por efecto del
incremento 10% FONAVI.
3. El cálculo de las liquidaciones Compensación por Tiempo de Servicios
efectuados en la sentencia del asunto se encuentran errados.
4. Se adjunta las liquidaciones Compensación por Tiempo de Servicios pagadas
por la empresa tanto de la reserva acumulativa del 02/07/1970 al 31/12/1990,
como los periodos semestrales del 01/01/1991 al 30/04/1997.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a
ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor
circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo,
conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de
agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso)
instancia.
EN CUANTO A LOS AUTOS APELADOS
SEGUNDO: Respecto al auto contenido en la Audiencia Única en la Resolución N°
10, que declara infundada la excepción de prescripción extintiva. Conviene indicar
que, conforme lo tiene expuesto MONROY GÁLVEZ, que la excepción de
prescripción extintiva es: “un medio de defensa destinado a extinguir el ejercicio específico
del derecho de acción respecto de una pretensión procesal determinada, por haber sido
interpuesta fuera del plazo previsto por la norma positiva para dicha pretensión1”. En ese
sentido, se puede definir a la prescripción como aquella institución que se basa en el
transcurrir del tiempo, teniendo como efecto inmediato el hacer perder al titular de un
derecho el ejercicio de la acción para hacerlo efectivo; de tal suerte que si el titular de
un derecho, durante un considerable tiempo no reclama el mismo, se extingue la
posibilidad de exigir legalmente el ejercicio de éste.
TERCERO: De acuerdo a la doctrina la prescripción extintiva es una institución
jurídica según la cual, el transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el
sujeto tiene, para exigir un derecho ante los Tribunales2.
CUARTO: Siendo así, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 27321, vigente a partir del
24 de julio del 2000 a la fecha, las acciones por derechos derivados de la relación
laboral prescriben a los 4 años contados desde el día siguiente en que se extingue el
vínculo laboral, siendo que la prescripción iniciada antes de la vigencia de ésta ley se
rige por la ley anterior.
1 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Temas de proceso civil”, librería Studium Lima-Perú, pág. 80.
2 RUBIO CORREA, Marcial. “La extinción de Acciones y Derechos en el Código Civil”, Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1990, Pág. 16.
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
QUINTO: Asimismo, resulta necesario tener en cuenta que para la correcta aplicación de
los plazos de prescripción es necesario remitirnos al artículo 2122° del Código Civil y lo
señalado en el tercer acuerdo del pleno jurisdiccional de 1997, el cual determina que “el
plazo de prescripción de los beneficios de carácter laboral se computa conforme a la norma vigente
al momento que la obligación sea exigible salvo que por norma posterior se estipule un plazo
distinto, en cuyo caso la prescripción operará en el que venza primero”.
SEXTO: En el caso de autos, que si bien la prestación de servicios ha sido de manera
ininterrumpida desde el 02 de julio de 1970 hasta el 22 de octubre de 1997 para la
demandada CENTROMIN PERÚ, continuando laborando para DOE RUN PERÚ
S.R.L hasta el 14 de setiembre del 2003, sin embargo debe tenerse en cuenta que la
transferencia de acciones de la demandada CENTROMIN PERÚ, EN LIQUIDACIÓN
a la empresa DOE RUN PERÚ S.R.L, dicha transferencia no constituyo de forma
alguna el cese entre el actor y la primera empresa sino el cambio de empleador, en tal
sentido con dicha transferencia de acciones no se produjo su cese, por lo que
corresponde en este caso la aplicación de la Ley N° 27321, cuyo plazo de prescriptorio
es de 04 años, y no la Ley N° 26513, siendo su plazo de prescripción de 03 años desde
la fecha de cese, en consecuencia al haber interpuesto su demanda el 20 de setiembre
del 2004 tal como se aprecia del sello de recepción del Centro de Distribución
General de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 01, siendo así, se advierte
que el plazo prescriptorio no se ha cumplido, razones por las cuales debe
confirmarse el auto impugnado.
SÉPTIMO: Respecto a la excepción de cosa juzgada propuesta, debe precisar que,
esta excepción tiene su base constitucional en el inciso 3 del artículo 139° de la
Constitución Política del Estado, el cual establece como principio y derecho de la
función jurisdiccional, la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución
ejecutoriada; asimismo, esta excepción es una institución procesal invocada por quien
quiere hacer valer el carácter incuestionable e irrevisable de una sentencia ya
pronunciada, y por ende, destinada a denunciar una cuestión de orden público (la
7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
cosa juzgada), de lo que se infiere su efecto perentorio (HINOSTROZA MIGUEZ,
Alberto. “Manual de Consulta Rápida del Proceso Civil”; Lima: Editorial Grijley. 2001, pp.
496).
OCTAVO: En virtud a lo aunado, para que opere la cosa juzgada deben concurrir tres
elementos en el proceso fenecido, cuya tramitación se pretende nuevamente: 1) los
sujetos (eadem personae); 2) el objeto (eadem res), y 3) la causa (eadem causa petendi). Una
segunda consideración es que la sentencia del proceso fenecido haya resuelto la
pretensión (objeto) que se plantea en proceso posterior, de acuerdo a la sentencia
recaída en el expediente N° 08376-2006-PA/TC.
NOVENO: Por otro lado, procesalmente se encuentra contenido en el artículo 453°
del Código Procesal Civil, la que refiere que ésta es procedente cuando hay identidad
de procesos, es decir, cuando las partes, el petitorio y el interés para obrar son los
mismos. Igualmente, es preciso mencionar que esta excepción permite al demandado
denunciar que el interés para obrar del demandante ya no existe, dado que lo hizo
valer en un anterior proceso, donde quedó totalmente agotado al haberse expedido un
pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia y al haber culminado un
anterior proceso.
DÉCIMO: La demandada sustenta la excepción alegando que la demanda que corre
en autos se relaciona a REINTEGRO DE COMPENSACIÖN DE COMPENSACIÓN
POR TIEMPO DE SERVCIOS, tal como se puede apreciar con las prueba que
acompaña se determina claramente que existió un proceso seguido por el Sindicato
contra las Empresas Centromin Perú S.A y DOE RUN PERÜ S.R.L ante el 16° Juzgado
Laboral de Lima Expediente N°8209-98-183416, proceso que fue archivado al haberse
solucionado el problema laboral seguido entre las partes. en el cual el actor a raíz de
este arreglo conciliatorio percibió la suma de S/2,000 dos mil soles, poniendo punto
final al reclamo sobre reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios y otros.
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
UNDÉCIMO: El actor al absolver la excepción de Cosa Juzgada, a fojas 253 a 254,
refiere que, conforme puede apreciar de los fundamentos de la excepción de cosa
juzgada deducida por co-demandada DOE RUN PERÚ S.R.L los argumentos
esgrimidos para sustentar lo articulación deducida no corresponde a los presupuestos
en que se sustenta una excepción de cosa Juzgada; porque se desprende que estos
corresponderían más bien a una excepción de desistimiento de la pretensión
contemplada en el inciso 9 del artículo 446° del Código Procesal Civil y no una
excepción de cosa juzgada dado que se había dado el desistimiento.
DUODÉCIMO: En el presente caso el demandante peticiona en su escrito de
demanda de fojas 21 a 100, subsanada a fojas 102 a 106 que la demandada cumpla con
el REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES Y BENEFICIOS SOCIALES tales como:
•
Reintegro Incremento Fonavi D.L N° 25981 (01 de enero de 1993 al 14 de
setiembre del 2003)
•
Reintegro Gratificación Fiestas Patrias. (02 de noviembre de 1991 al 14 de
setiembre del 2003)
•
Reintegro Gratificación Navidad. (02 de noviembre de 1991 al 14 de setiembre
del 2003)
•
Reintegro Gratificación Vacaciones (02 de noviembre de 1991 al 14 de setiembre
del 2003)
•
Reintegro Incremento ONP. (02 de noviembre de 1991 al 14 de setiembre del
2003)
•
Compensación por Tiempo de Servicios Periodo Acumulado: (del 02 de julio de
1970 al 31 de diciembre de 1990), remuneración computable.
- Básico
- Refrigerio.
- Altura.
- Trabajo en día de descanso.
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
- Bonificación Sustitutoria Kerosene.
- Sobretiempo.
- Nocturno.
- Domingo Trabajado.
- Bonificación Sustitutoria leche
- Promedio de Gratificación Vacacional.
-Domingo Trabajado.
-Promedio Asignación Familiar.
- Trabajo en Sierra.
- Toxico.
- Feriado Trabajado.
- Promedio de Gratificación Fiestas Patrias.
- Promedio de Gratificación Navidad.
- Quinquenio.
•
Compensación por Tiempo e Servicios Periodo Cancelatorio: (01 de enero de
1991 al 14 de setiembre del 2003)
DECIMOTERCERO: Por otro lado el SINDICATO DE TRABAJADORES
METALÚRGICOS DOE RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN en el Expediente
N°8209-98-183416, como se observa de las copias de las piezas procesales que obran de
fojas 146 a 157 interponen demanda de reintegro de beneficios sociales y pago de
remuneraciones insolutas tales como:
•
Reintegro pro Tiempo de Servicios 25% y 30%; Bonificaciones por Tiempo de
Servicios.
•
Reintegro por otros pagos (Bonificación por Toxico, Trabajo Nocturno; Altas
Temperaturas, Asignación Familiar, Trabajo Domingos, Bonificación por Altura,
Refrigerio, Trabajo en Sierra, Bonificación Kerosene, Zapatos, Leche, Toxico por
nivel según Convenios Colectivo.
•
Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios
10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
(cid:1)
Acumulada al 31 de diciembre de 1990.
(cid:1)
Reintegro de Depósitos Semestrales.
(cid:1)
Reintegro de Gratificaciones de Julio y Diciembre de 1991 a 1997.
(cid:1)
Reintegro Aumento 10% FONAVI.
(cid:1)
Reintegro de 3.3% SNP Decreto Ley N° 26504.
(cid:1)
Reintegro de Vacaciones de los años 1991 a 1997.
(cid:1)
Reintegro de Gratificación Vacacional.
(cid:1)
Reintegro por Gratificación Vacacional.
(cid:1)
Reintegro por Descanso Semanal obligatorio (dominical).
(cid:1)
Reintegro 10.23%y 3% AFP (Ley N° 25897).
DECIMOCUARTO: En atención a lo expuesto, corresponde analizar si concurren los
03 elementos, expuestos en el sétimo considerando, entre el proceso fenecido por el
desistimiento del proceso y pretensión del SINDICATO DE TRABAJADORES
METALÚRGICOS DOE RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN, recaído en el
Expediente N°8209-98-183416 y este proceso.
DECIMOQUINTO: Respecto al primer requisito, se aprecia de la boletas de pago
presentado por el propio demandante, que obra a foja 05 a 29, que el actor se
encontraba afiliado al SINDICATO DE TRABAJADORES METALÚRGICOS DOE
RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN, tal es así que se le hacía el descuento
correspondiente, además se verifica de la copia certificada de las piezas procesales del
Expediente N°8209-98-183416, que obran de folio 146 a 166, que el accionante ha
recibido S/2,000.00 soles, recibo de fojas 166, monto que fue abonado en virtud a los
acuerdos que tuvieron con la demandada, y que concluyó con el desistimiento
realizado por dicho Sindicato de fojas 162 a 163, corroborando con ello, que estuvo
representado por el Sindicato.
DECIMOSEXTO: Entonces teniendo en cuenta que el artículo 8° inciso a) y c) del
Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Decreto Supremo N° 010-2003-TR, establecía: “Son fines y funciones de las organizaciones
sindicales: a) Representar el conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, en los
conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. c) Representar o defender a
sus miembros en las controversias o reclamaciones de carácter individual, salvo que el
trabajador accione directamente en forma voluntaria o por mandato de la ley, caso en el cual el
sindicato podrá actuar en calidad de asesor. (...)".
DECIMOSÉPTIMO: Estando a que la causa seguida por el Sindicato contra la
demanda, y en la que sustenta la excepción propuesta fue tramitada bajo los alcances
de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, que en su artículo 23° en cuanto a las
excepciones, en su segundo párrafo señala: " Lo resuelto en un litigio en el que es parte un
sindicato produce los efectos de la cosa juzgada para todos aquellos a los que representó.".
por lo tanto, ciñéndose la demandada a lo establecido en la norma especial procesal
laboral, propuso correctamente la excepción de cosa juzgada, sin perjuicio, de que
también los Jueces pueden subsanar algún error en la denominación de la excepción
de acuerdo al principio iura novit curia, regulado por el artículo VII del título
Preliminar del Código Procesal Civil.
.
DECIMOCTAVO: Así tenemos que las pretensiones en ambas causas son la
siguientes:
EXTREMOS DEMANDADOS EN LA PRETENSIONES EN EL EXPEDIENTE
PRESENTE CAUSA Expediente N°321- N°8209-98, interpuesto por el
2004 SINDICATO DE TRABAJADORES
Reintegro de compensación por tiempo Reintegro de Compensación por tiempo
de servicios: de Servicios.
De la reserva acumulada y las De la Reserva acumulada y las
semestrales. semestrales.
Por haber utilizado tipo de cambio del por no haber considerado todos los
dólar distinto. conceptos percibidos,
Reintegro de incremento FONAVI D.L. Reintegro del incremento FONAVI D.L.
12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
N° 25981 N° 25981
Por no haber considerado adicionalmente Al haber considerado únicamente el
al básico todos los conceptos que percibía básico, sin considerar los colaterales.
en forma fija y permanente.
Reintegro de Remuneración Vacacional Reintegro de Remuneración Vacacional
Por no haber considerado el promedio de Por no haber considerado el promedio de
las remuneraciones complementarias. las remuneraciones complementarias.
Reintegro del Incremento del Decreto Reintegro del Incremento del Decreto
Ley N° 26504 Ley N° 26504
Por no haber considerado adicionalmente Por haber considerado únicamente el
al básico todos los conceptos que percibía básico, sin considerar las remuneraciones
en forma fija y permanente. colaterales o complementarias.
Reintegro de Gratificaciones por Fiestas Reintegro de Gratificaciones de julio y
Patrias y Navidad, desde 1991 diciembre de 1991 a 1997.
Por no haber considerado el promedio de Por no haber considerado que
las remuneraciones complementarias adicionalmente a la remuneración básica
variables o imprecisas. debe considerase la remuneración
imprecisa,
Carece de objeto mencionar lo demás
extremos que fueron materia de la
demanda del Sindicato.
DECIMONOVENO: Siendo así, se verifica que existen conceptos, en los que se
presentan la triple identidad entre la demanda interpuesta por el SINDICATO DE
TRABAJADORES METALÚRGICOS DOE RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN y la
demanda de autos, tales como: 1) el Reintegro del incremento del 10% dispuesto por el
Decreto Ley 25981 - FONAVI, al considerar que la demandada no contempló todos los
conceptos remunerativos percibidos para efectos de determinar el incremento; 2)
Reintegro de aumento 3% SNP - Ley 26504, al no haber considerado todos los conceptos
13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
percibidos, los que tenía incidencia en otros beneficios. 3) el Reintegro de Gratificación de
Julio y diciembre; reintegro por gratificación vacacional, en los que no se consideró en la
remuneración computable otros pagos tales como: (altura, asignación familiar, trabajo
domingo; Bonificación por altura; trabajo en sierra, bonificación Kerosene, toxico, leche;
precisando que dichos reclamos alcanzan hasta 1997, ya que la demanda fue
interpuesta el 2008conceptos que coinciden con los que son materia de autos; siendo
así, debe revocarse la resolución, declararse fundada en parte la excepción de cosa
juzgada, y de conformidad con lo establecido en el artículo 451, numeral 5, se declara
nulo todo lo actuado con respecto a los extremos señalados.
EN CUANTO A LA SENTENCIA
VIGÉSIMO: En cuanto a la compensación por tiempo de servicios debe precisarse
que no se da la triple identidad, pues si bien es cierto en ambos procesos reclama este
beneficio, sin embargo, en la demanda interpuesta por el Sindicato, el sustento de su
pretensión era que no se habían considerado todos los conceptos en la remuneración
computable, sin embargo, en la presente demanda, denuncia un pago diminuto, al
haber considerado un cambio del dólar diminuto, por lo que el sustento del reintegro
no es el mismo.
VIGÉSIMO PRIMERO: Al haberse declarado fundada en parte la excepción de cosa
juzgada, en salvaguarda del derecho a la doble instancia, consagrado en el artículo
139° inciso 6) de la Constitución Política del Estado y de acuerdo a lo previsto en el
artículo 171° del Código Procesal Civil, corresponde que el Aquo emita nuevo
pronunciamiento, determinando si corresponde los reintegros sobre los extremos y
periodos que han quedado subsistentes, tales como: Reintegro de compensación por
tiempo de servicios, únicamente considerando el sustento de la demanda en cuanto
al cambio del dólar; Reintegro de FONAVI - Decreto Ley N° 25981; Reintegro del 3%
por SNP - Ley 26504, Reintegro de Gratificación de Fiestas Patrias y Navidad por el
periodo 1998 a 2003, Reintegro de Gratificación Vacacional 1998 a 2003.
14 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Laboral Transitoria de la Corte
Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR: La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha
17 de enero de 2006, a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró
INFUNDADA la excepción de prescripción extintiva deducida por
CENTROMIN PERÚ S.A.
2. REVOCAR: La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha 17
de enero de 2006, a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró
INFUNDADA la excepción de cosa juzgada deducida por DOE RUN
PERÚ S.R.L. REFORMÁNDOLA se declara FUNDADA en parte un
extremo.
3. NULO: La Sentencia N° 266-2016-08° JTTL-ENSF (Resolución N° 33) del
16 de setiembre del 2016, de fojas 450 a 461, que declara FUNDADA en
parte la demanda y se DISPONE que el Juez de la causa emita nuevo
pronunciamiento teniendo en cuenta las considerativas contenidas en la
presente resolución.
En los seguidos por EUGENIO SEGURA POMA contra CENTROMIN PERÚ S.A,
Y DOE RUN PERÚ S.A sobre Incumplimiento de disposiciones y normas laborales
y, los devolvieron al Juzgado de Origen. Notifíquese.-
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
15 |
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EXP. 00321-2004-0-1801-JR-LA-16°
Juez: Elizabeth Noemí Salas Fuentes
Espec. Legal: González Torres, Patricio
SENTENCIA Nº 266 - 2016 - 08ºJTTL-ENSF
RESOLUCIÓN Nº TREINTA Y TRES
Lima, dieciséis de septiembre del dos mil dieciséis
VISTOS: Resulta de autos que de fojas 91
a 100 y subsana a fojas 102 a 106 don EUGENIO SEGURA POMA, interpone demanda
incumplimiento de disposiciones contra las empresas mineras CENTROMIN PERÚ
SA., y DOE RUN PERÚ SRL. Funda su demanda en el hecho de haber ingresado a
laborar para CENTROMIN PERÚ S.A. en su Unidad de Producción de la Oroya en
calidad de Grueso 2da., desde el 02 de julio 1970 al 22 de Octubre de 1997, sin
interrupción en la sección de residuos anódicos; luego para Doe Run Perú SRL., de la
misma Unidad Minera, en la misma condición de obrero del 23 de octubre de 1997 al
14 de Septiembre de 2006. con ultima remuneración de S/. 57.63. Precisa que su ex
empleadora le abonó las remuneraciones en forma diminuta e incompleta de los
conceptos demandados.
Admitida la demanda, se corrió traslado a
las demandadas, siendo que Centromin Perú SA., mediante escrito de fojas 124 a 131
deduce la excepción de prescripción extintiva, excepción oscuridad y ambigüedad en
la forma de proponer la demanda y excepción de cosa juzgada y contesta la demanda
negando y contradiciendo en todos sus extremos, asimismo indica que el demandante
ingreso a trabajar en calidad de obrero desde el 02 de Julio de 1970 hasta el 22 de
Octubre de 1997, sin embargo negamos que mi representada adeude suma alguna al
reclamante por supuesto reintegro de CTS y que estos se hayan efectuado en forma
diminuta violando las normas legales.
Por su partes, Doe Run Perú SRL.,
mediante escrito de fojas 244 a 251 deduce la excepción de cosa juzgada y contesta la
demanda, negándola en los extremos, siendo que mi representada contesta la demanda
solamente por el periodo que va del 24 de octubre de 1997 al 14 de septiembre de 2003,
por que es el único perdió que le corresponde antes de ser CENTOMIN PERU SA.,
asimismo indica que mi representada siempre ha pagado la remuneración vacacional
conforme a la convención colectiva de trabajo.
Citadas las partes a Audiencia Única, esta
se llevó con el acta de fojas 270 a 271, asimismo, continuando con la Audiencia Única,
esta se llevó a cabo en los términos que corren en el acta de fojas 291 a 294,
oportunidad en la que se declaró INFUNDADO las excepciones de de prescripción
extintiva, excepción oscuridad y ambigüedad en la forma de proponer la demanda y excepción de cosa juzgada. Asimismo se declara saneado el proceso, se dejó constancia
que de que no se ha podido arribar a una conciliación por mantener las partes sus
puntos de vista, se fijaron los puntos controvertidos y se admitieron y se actuaron los
medios probatorios ofrecidos por las partes, y tramitado el proceso conforme a su
naturaleza, corresponde emitir pronunciamiento:
CONSIDERANDO.-
PRIMERO.- OBJETO DEL PROCESO: La finalidad concreta de todo proceso es
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, haciendo
efectivo los derechos sustanciales, y a través de ello, lograr su finalidad abstracta, esto
es la paz social en justicia. Como consecuencia, toda persona tiene derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con
sujeción a un debido proceso, con la finalidad que se resuelva el conflicto de intereses o
la incertidumbre jurídica que lo afecta.
SEGUNDO.- CARGA DE LA PRUEBA: En materia de pruebas es principio rector que
quien afirma hechos que configuran su pretensión o quien los niega alegando hechos
nuevos debe acreditarlos conforme lo dispone el artículo 196º del Código Procesal
Civil, de aplicación supletoria, siendo menester precisar que conforme lo dispuesto por
el artículo 27° de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636, corresponde a las partes probar
sus afirmaciones1.
TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 197° del Código Procesal Civil,
de aplicación supletoria al proceso laboral, el juzgador debe valorar en forma conjunta
todos los medios probatorios aportados por las partes, utilizando su apreciación
razonada, estudiando la prueba en sus elementos comunes, así como sus conexiones
directas o indirectas, para poder obtener sus conclusiones en busca de la verdad que es
el fin supremo del proceso, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 25º de la
Ley Procesal del Trabajo Nº 266362.
CUARTO.- Que, no existe controversia respecto a la vinculación laboral, periodo
laborado y cargo asumido, encontrándose acreditado con el certificado de trabajo
obrante a fojas 03, liquidación de Beneficios Sociales obrante a fojas 04, así como de lo
manifestado por las propias partes; por lo que se concluye que el actor ingresó a
laborar para las demandadas desde el 02 de julio 1970 hasta el 14 de Setiembre de 2006,
ostentado el último título de operador Grueso 2da, acumulando un récord laboral de
33 años, 02 meses y 13 días.
QUINTO.- RESPECTO A LOS PUNTOS CONTROVERTIDO: A efecto de emitir un
pronunciamiento de mérito y congruente respecto de los extremos demandados en
concordancia con lo establecido en el inciso 3) del artículo 48º de la Ley Procesal del
Trabajo, cabe puntualizar que en el presente caso del texto de demanda y fijación de
puntos controvertidos corresponderá emitir pronunciamiento respecto de los
siguientes puntos controvertidos determinar si le corresponde al actor el pago de los
siguientes conceptos:
1 Artículo 27º de la Ley Procesal del Trabajo, inciso 1) Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral. 2). Al empleador
demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo. 3) Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la
existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.
2 Artículo 25º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636: Los medios probatorios en el proceso laboral tienen por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los hechos controvertidos y fundamentar
sus decisiones. 1. Determinar cual de las demandadas o ambas son las obligadas a satisfacer la pretensión del
actor en el presente proceso;
2. Establecer el monto que de ser el caso le correspondería al demandante por concepto de Reintegro
de Compensación por tiempo de servicios por todo el vinculo laboral demandado;
3. Incremento del FONAVI por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 1993 hasta el 14 de
septiembre de 2003;
4. Gratificaciones de julio y diciembre del periodo que va desde el 02 de noviembre de 1991 hasta el
14 de septiembre del 2003;
5. Incremento IPSS-ONP del periodo comprendido desde el 01 de agosto de 1995 hasta el 14 de
septiembre del 2003;
6. El monto que de ser el caso le correspondieran por concepto de gratificaciones vacacional por el
periodo de 02 de noviembre de 1991 al 14 de septiembre del 2003, extremos que deberán de ser
analizados y merituados para resolver la presente causa.
SEXTO.- En lo que respecta al GRADO DE RESPONSABILIDAD de las demandadas:
Si bien es cierto que la empresa Doe Run Perú S.R.L. señala con fecha 24 de octubre
de1997, suscribió un contrato de Transferencia de Acciones, Aumento de Capital Social
y Suscripción de Acciones de la Empresa Metalúrgica la Oroya S.A. “Metal oroya S.A.”
otorgada por Centromin Perú S.A.; tal y como es corroborada con la copia de la
Escritura Pública obrante de fojas 142 a 145 en el cual se establece que “CENTROMIN
ACUERDA QUE CUALQUIER OBLIGACIÓN LEGAL O CONVENCIONAL
GENERADA POR EL VÍNCULO LABORAL CON LOS TRABAJADORES
MENCIONADOS HASTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO SERA DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD” hasta la fecha del cese
del actor la suscripción de este contrato no ha generado interrupción alguna,
habiéndose mantenido en el mismo cargo y con el mismo título de Gruero 2da, como se
advierte del Cerificado de Trabajo obrante a fojas 3; esto significa que a partir del
23.10.1998 Doe Run Perú SRL., asumió su personal con contrato de trabajo, entre el cual
se encuentra comprendido el demandante, también lo es que esta transferencia se ha
efectuado entre las partes contratantes, lo que no puede perjudicar los derechos del
trabajador que fue ajeno a dicho acuerdo, tanto más si el actor no puede verse
perjudicado ante el cambio de empleador, por lo que estando al Principio de
Continuidad y a la “indivisibilidad de la obligación por la naturaleza de la prestación”,
regulada por el artículo 1175° del Código Civil, se determina que la obligación
ordenada debe ser asumida en forma solidaria entre las empresas demandadas
Centromin Perú SA y Doe Run Perú S.R.L.;
SÉPTIMO.- Respecto al reintegro de la COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
SERVICIOS, debe tenerse en cuenta que son los artículos 9º, 12º, 16º y 18º del Decreto
Supremo Nº 001-97-TR, definen la remuneración base de su calculo y los conceptos que
la integran y su forma de incorporación, mientras que el artículo 21º del referido
cuerpo normativo, determina la obligación de los empleadores de depositar en los
meses de mayo y noviembre de cada año tantos dozavos de la remuneración
computable percibida por el trabajador en los meses de abril y octubre
respectivamente, como meses completos haya laborado en el semestre respectivo. La
fracción de mes se depositará por treintavos; no obstante dado el periodo de servicios
de la accionante debe tenerse en cuenta también lo previsto en el Decreto de Urgencia
Nº 127-2000, Decreto de Urgencia Nº 115-2001, Decreto de Urgencia Nº 019-2002 y
Decreto de Urgencia Nº 013-2003, que determinan que la compensación por tiempo de
servicios que se devengue incluso desde el 01 de enero del 2001 hasta el 31 de octubre
del 2004, se deposita mensualmente en la entidad elegida por el trabajador razón de
8.33% de la remuneración percibida en dicho mes. En el caso de autos, el actor
demanda el reintegro de la CTS manifestando que “hago presente que la emplazada debió integrar el 10% de FONAVI en forma completa, es en esta reclamación que debe
reintegrarse los montos reales en las liquidaciones de CTS”; lo que significa que el actor
reclama el reintegro con la incidencia del 10% de FONAVI; siendo ello así, corresponde
efectuar el siguiente cuadro:
CCCCOOOOMMMMPPPPEEEENNNNSSSSAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPOOOORRRR TTTTIIIIEEEEMMMMPPPPOOOO DDDDEEEE SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOOSSSS
PPPPEEEERRRRIIIIOOOODDDDOOOO
DDDDEEEEPPPPOOOOSSSSIIIITTTTOOOOSSSS TTTTIIIIEEEEMMMMPPPPOOOO RRRREEEEMMMM
Total Prom.
DDDDEEEELLLL AAAALLLL AAAA MMMM DDDD Remuneración Gratificación IIIINNNNDDDDEEEEMMMM CCCCTTTTSSSS
RRRREEEESSSSEEEERRRRVVVVAAAA AAAACCCCUUUUMMMMUUUULLLLAAAADDDDAAAA
23,55 3,93 27,48 13,74
jun-91 00002222----jjjjuuuunnnn----77770000 00002222----jjjjuuuunnnn----77771111
48,78 8,13 56,91 28,46
jun-92 00002222----jjjjuuuunnnn----77771111 00002222----jjjjuuuunnnn----77772222
229,32 38,22 267,54 133,77
jun-93 00002222----jjjjuuuunnnn----77772222 00002222----jjjjuuuunnnn----77773333
179,27 29,88 209,15 104,57
jun-94 00002222----jjjjuuuunnnn----77774444 00002222----jjjjuuuunnnn----77775555
316,92 52,82 369,74 184,87
jun-95 00002222----jjjjuuuunnnn----77775555 00002222----jjjjuuuunnnn----77776666
336,71 56,12 392,83 196,41
jun-96 00002222----jjjjuuuunnnn----77777777 00002222----jjjjuuuunnnn----77778888
452,79 75,47 528,26 264,13
jun-97 00002222----jjjjuuuunnnn----77778888 00002222----jjjjuuuunnnn----77779999
2.610,23 435,04 3.045,27 1.522,63
jun-98 00002222----jjjjuuuunnnn----77779999 00002222----jjjjuuuunnnn----88880000
947,54 157,92 1.105,46 552,73
jun-99 00002222----jjjjuuuunnnn----88880000 00002222----jjjjuuuunnnn----88881111
1.028,62 171,44 1.200,06 600,03
jun-00 00002222----jjjjuuuunnnn----88881111 00002222----jjjjuuuunnnn----88882222
1.063,24 177,21 1.240,45 620,22
jun-01 00002222----jjjjuuuunnnn----88882222 00002222----jjjjuuuunnnn----88883333
1.145,98 191,00 1.336,98 668,49
jun-02 00002222----jjjjuuuunnnn----88883333 00002222----jjjjuuuunnnn----88884444
1.142,20 190,37 1.332,57 666,28
jun-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88884444 00002222----jjjjuuuunnnn----88885555
1.238,96 206,49 1.445,45 722,73
jul-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88885555 00002222----jjjjuuuunnnn----88886666
1.239,96 206,66 1.446,62 723,31
ago-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88886666 00002222----jjjjuuuunnnn----88887777
1.240,96 206,83 1.447,79 723,89
sep-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88887777 00002222----jjjjuuuunnnn----88888888
1.241,96 206,99 1.448,95 724,48
oct-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88888888 00002222----jjjjuuuunnnn----88889999
1.242,96 207,16 1.450,12 725,06
nov-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88889999 00002222----jjjjuuuunnnn----99990000
1.243,96 207,33 1.451,29 725,64
dic-03 00002222----jjjjuuuunnnn----99990000 00002222----ddddiiiicccc----99990000
1.244,96 207,49 1.452,45 726,23
PPPPEEEERRRRIIIIOOOODDDDOOOO SSSSEEEEMMMMEEEESSSSTTTTRRRRAAAALLLLEEEESSSS 11110000,,,,666622227777,,,,66667777
abr-91 01-ene-91 30-abr-91 0 4 0 23,55 3,93 27,48 9,16
oct-91 01-may-91 31-oct-91 0 6 0 11,58 1,93 13,51 6,76
abr-92 01-nov-91 30-abr-92 0 6 0 48,78 8,13 56,91 28,46
oct-92 01-may-92 31-oct-92 0 6 0 41,30 6,88 48,18 24,09
abr-93 01-nov-92 30-abr-93 0 6 0 229,32 38,22 267,54 133,77
oct-93 01-may-93 31-oct-93 0 6 0 229,32 38,22 267,54 133,77
abr-94 01-nov-93 30-abr-94 0 6 0 179,27 29,88 209,15 104,57
oct-94 01-may-94 31-oct-94 0 6 0 102,44 17,07 119,51 59,76 abr-95 01-nov-94 30-abr-95 0 6 0 316,92 52,82 369,74 184,87
oct-95 01-may-95 31-oct-95 0 6 0 316,00 52,67 368,67 184,33
abr-96 01-nov-95 30-abr-96 0 6 0 336,71 56,12 392,83 196,41
oct-96 01-may-96 31-oct-96 0 6 0 336,71 56,12 392,83 196,41
abr-97 01-nov-96 30-abr-97 0 6 0 452,79 75,47 528,26 264,13
oct-97 01-may-97 31-oct-97 0 6 0 417,96 69,66 487,62 243,81 11112222,,,,333399992222,,,,99997777
abr-98 01-nov-97 30-abr-98 0 6 0 940,04 156,67 1.096,71 548,36
oct-98 01-may-98 31-oct-98 0 6 0 1.619,57 269,93 1.889,50 944,75
abr-99 01-nov-98 30-abr-99 0 6 0 2.610,23 435,04 3.045,27 1.522,63
oct-99 01-may-99 31-oct-99 0 6 0 1.028,62 171,44 1.200,06 600,03
abr-00 01-nov-99 30-abr-00 0 6 0 947,54 157,92 1.105,46 552,73
oct-00 01-may-00 31-oct-00 0 6 0 867,63 144,61 1.012,24 506,12
dic-00 01-nov-00 31-dic-00 0 2 0 289,21 48,20 337,41 56,24
DDDDEEEEPPPPOOOOSSSSIIIITTTTOOOOSSSS MMMMEEEENNNNSSSSUUUUAAAALLLLEEEESSSS -
nov-00 01-nov-00 30-nov-00 0 1 0 1.063,24 1.063,24 88,57
dic-00 01-dic-00 31-dic-00 0 1 0 1.444,17 1.444,17 120,30
ene-01 01-ene-01 31-ene-01 0 1 0 1.145,98 1.145,98 95,46
feb-01 01-feb-01 28-feb-01 0 1 0 1.072,72 1.072,72 89,36
mar-01 01-mar-01 31-mar-01 0 1 0 1.174,78 1.174,78 97,86
abr-01 01-abr-01 30-abr-01 0 1 0 910,88 910,88 75,88
may-01 01-may-01 31-may-01 0 1 0 1.020,01 1.020,01 84,97
jun-01 01-jun-01 30-jun-01 0 1 0 973,41 973,41 81,09
jul-01 01-jul-01 31-jul-01 0 1 0 3.058,84 1.049,63 4.108,47 342,24
ago-01 01-ago-01 31-ago-01 0 1 0 1.250,14 1.250,14 104,14
sep-01 01-sep-01 30-sep-01 0 1 0 2.771,50 2.771,50 230,87
oct-01 01-oct-01 31-oct-01 0 1 0 1.038,00 1.038,00 86,47
nov-01 01-nov-01 30-nov-01 0 1 0 1.769,90 1.769,90 147,43
dic-01 01-dic-01 31-dic-01 0 1 0 3.223,35 2.185,29 5.408,64 450,54
ene-02 01-ene-02 31-ene-02 0 1 0 1.142,27 1.142,27 95,15
feb-02 01-feb-02 28-feb-02 0 1 0 1.203,66 1.203,66 100,26
mar-02 01-mar-02 31-mar-02 0 1 0 1.328,13 1.328,13 110,63
abr-02 01-abr-02 30-abr-02 0 1 0 1.360,14 1.360,14 113,30
may-02 01-may-02 31-may-02 0 1 0 1.076,94 1.076,94 89,71
jun-02 01-jun-02 30-jun-02 0 1 0 1.249,57 1.249,57 104,09
jul-02 01-jul-02 31-jul-02 0 1 0 5.402,66 1.226,79 6.629,45 552,23
ago-02 01-ago-02 31-ago-02 0 1 0 1.068,15 1.068,15 88,98
sep-02 01-sep-02 30-sep-02 0 1 0 1.483,24 1.483,24 123,55
oct-02 01-oct-02 31-oct-02 0 1 0 1.267,83 1.267,83 105,61
nov-02 01-nov-02 30-nov-02 0 1 0 1.897,49 1.897,49 158,06
dic-02 01-dic-02 31-dic-02 0 1 0 3.934,06 2.508,91 6.442,97 536,70
ene-03 01-ene-03 31-ene-03 0 1 0 1.238,96 1.238,96 103,21
feb-03 01-feb-03 28-feb-03 0 1 0 1.380,47 1.380,47 114,99
mar-03 01-mar-03 31-mar-03 0 1 0 1.412,42 1.412,42 117,65
abr-03 01-abr-03 30-abr-03 0 1 0 1.377,66 1.377,66 114,76
may-03 01-may-03 31-may-03 0 1 0 1.169,77 1.169,77 97,44
jun-03 01-jun-03 30-jun-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
jul-03 01-jul-03 31-jul-03 0 1 0 1.270,80 1.308,35 2.579,15 214,84
ago-03 01-ago-03 31-ago-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86 sep-03 01-sep-03 30-sep-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
oct-03 01-oct-03 31-oct-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
nov-03 01-nov-03 30-nov-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
dic-03 01-dic-03 31-dic-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86 10,402,32
TTTTOOOOTTTTAAAALLLL DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMPPPPEEEENNNNSSSSAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPOOOORRRR TTTTIIIIEEEEMMMMPPPPOOOO DDDDEEEE SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOO 22222222,,,,777799995555,,,,22229999
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.12,397.97 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERU el monto de S/. 10,398.00
Nuevos Soles.
NOVENO.- El INCREMENTO DEL 10% DEL HABER MENSUAL se encontraba
regulado por el Decreto Ley N° 25981 del 1ero de mayo de 1993 al 18 de mayo de
1998: Para los efectos de resolver este extremo se debe tener presente que la Ley 25981
dispuso en su artículo 2°, que los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones
están afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
Diciembre de 1992, percibirían un incremento de remuneraciones a partir del 01 de
Enero de 1993, el cual era equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes
de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI, que en cuanto a la
remuneración afecta a este tributo, se debe tener en cuenta que: en el primer párrafo
del artículo sexto del Decreto Ley Nº 22591 que creo la contribución FONAVI, señala
que se considera remuneración para los efectos de aplicar la tasa de dicha contribución
toda cantidad que se abone en efectivo por concepto de retribución de servicios
personales, lo cual fue complementado por el Decreto Supremo número 113-79-EF de
fecha 14 de Agosto de 1979, dispositivo éste que establece las normas reglamentarias
para aplicar las contribuciones que crean recursos del FONAVI, y que en su artículo 8
señaló que para efecto de la afectación por FONAVI se considera remuneración toda
cantidad que se abone en efectivo sea cual fuere su origen, naturaleza y denominación
por concepto de retribución de servicios personales. En el caso de autos, se advierte
que 331 a 346 se verifica que Doe Run Perú no cumplió con pagar respecto al Decreto
Ley Nº 22591, asimismo; del Informe Pericial Nº 071-1JET-PJ-EMMM de fecha 18 de
septiembre de 2012de fojas 387al 402, se aprecia que Centromin del Perú de la misma
forma se verifica que tampoco ha cumplido con pagar respecto al Decreto Ley Nº
22591. Es así que las demandadas no efectuaron pago alguno por este concepto durante
todo el periodo laborado, esto es el 01 de enero del año 1993 al 14 de septiembre del
2003, por lo que corresponde amparar este extremo por el monto de S/. 3,877.65
Nuevos Soles, como se detalla en el siguiente cuadro:
ANALISIS DEL INCREMENTO FONAVI
CONCEPTOS
NÚMERO DE DÍAS ene-93
Normal 117.80
Dom. Fer. 11.78
Nocturo 21.66
Reajuste BTS 7.70
Altura 1.54
Otros Pagos 164.11
Remuneración Total 324.60
Incremento Fonavi 32,46
FONAVI DIARIO 1,05 TOTAL
Cálculo del reintegro desde el 01-01-93 al 14-09-2003
( 3693 días)
3102 días x 1.38 S/. 3,877,65
TOTAL PAGAR
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.1500 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERÚ el monto de S/. 2377.00 Nuevos
Soles.
DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto se refiere al REINTEGRO DE GRATIFICACIONES,
al respecto, debe tenerse en cuenta que la Ley No.27735 en su Artículo 1º establece el
derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a percibir
dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la
Navidad. Este beneficio resulta de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de
trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador, asimismo, el Artículo 2º
establece que el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la
remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar
el beneficio. Para este efecto, se considera como remuneración, a la remuneración básica
y a todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie
como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la denominación que se
les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se excluyen los conceptos contemplados
en el Artículo 19º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios. Por lo que corresponde efectuar la liquidación
de este concepto con las remuneraciones percibidas según copia de boletas (fojas 38, 43 y
61) y cuadros remunerativos (foja 336, 333, 339, 342, 345), así como se verificar parte de
su cumplimiento por parte de la demandada DOE RUN PERU de las gratificaciones de
julio y diciembre 2000, 2002 y de julio de 1998 y 2008, por su parte CENTROMIN del
Perú a fojas 387 se verifica el pago de gratificaciones a fojas 388 a 390, 392 a 394, 396, 398,
400, 401 del cual ha cumplimiento con pagar parte de la demandada al demandante, sin
embargo falta periodos de las cuales las demandada no han cumplido con pagara, por lo
que se calculara en el siguiente cuadro:
PERIODO jul-91 dic-91 jul-92 dic-92
GANANCIA NORAL 7,64 97,56 119,68
GANAN POR PORBRETIEMPO 24,64 39,68
NOCTURNO HASTA LAS 12 PM 10,8 12,4
BON. SUBSUELO PER 4,34 8,86 8,68 16,4
BONO CATE 14,14
130% TRA POR DECANSO 21,76
100<% TRA. DIA FERIADO
CONT. COL.MIN.DESC 9,66
BONOS COMIDA
NOCTURNO DESP 12 PM 9,72 3,2
VACACIONES
ASIG ESPOSA 3,2 422,6
FRATI VACAC 21,76
GRATIFICAC 15
LEY DOMINICAL 10908 11,44 18,26 25,76
SACARPOLVO NEGRO 50,7 1EN/1MAY/28-29JUL/25DI 4,16
BON POR ALTURA 6,5
REINT AFECTOS 3,2
BON.TIEMPO SERRV 3,78 7,5
ASIG, FAMILIAR HIJOS
REAJUSTER POR CONV COLC 13,65 1,56
REFRIGERIO 3,5 6,15 7 43,52
SOBRE POR VAC 163,2
BONO ESCOLAR
TRABAJO SIERRA 1,3 1,4 1,1
PAGO UNI /DIA MINERO 6,7
BON 1 DE MAYO
ASIG. ESPECIAL
PAGO TRANSITORIO 12
MOVILIDAD 23,68
INCREMENTO FONAVI
BON EMB. Y DES 3,2 5,6
LIC, SINDICAL 2,8 65
TOTAL 61,77 75,65 60,96 769,76 968,14
PERIODO jul-93 dic-93 jul-94 dic-94 jul-95 dic-95
GANACIA 155,52 229,32 210,21 179,27 316,92 316,92
S TIEMPO
NOCTURNA 32,9 27,3 45,58 5,32 36,47 36,47
DOMICICAL 25,92 38,22 38,22 25,61 52,82 59,89
R. VACA 230,49
BTS 10,78 15,96 15,96 21,42 22,12 22,12
OTROS PAGOS 1,96 2,8 70,5
SUB. ALTURA 52,88 137,44 2,6 3,36 3,36 3,36
ASOG. FAMI 9,6 11,2 7,68
ASIG. ESCOLA 180 9,6 12 11,2
GRATI VACAC 485
OTROS PAGOS 52 7,88 45,19 22,88
DOMI/FERI 38,22 55,45 29,09
R VAE 41,3
BON SUT 30,1 43,05
FONAVI 32,46
TOTAL 824,7 194,42 89,06 83,56 181,17 137,63 1510,52
jul-96 dic-96 jul-97 dic-97
BASICO 397,93 417,96 417,96 411,36
SOBRE TIEMPO 56,89
DOM, FERIADOS 63,37 39,40 39,40 50,65
NOCTURNO 44,64 45,15 41,15 32,48
B. VACACIONES
DOMINICAL 63,22 71,66 71,66 23,56
MON, SUST 48,65 49,78 49,78
BTS 28,35 29,96 29,96 9,08
SUB. ALTURA 3,9 4,06 4,06 1,96 ASIG. FAMILIAR 9,37 9,37
ASIG. ESCOLAR 17,3 11,76 11,76
GRATIFICACIONES
OTROS PAGOS 23,09 1451,7 820,00
BONF. POR ALTURA
BONIF. TIEMPO DE SERVICIO
FONAVI 10% 32,46 32,46 32,46 32,46
REINTEGR 10.23% Y 3% SPP
216,97 1.660,75 209,05 887,06 2.973,83
PERIODO jul-98 dic-98 jul-99 dic-99 jul-00 dic-00 jul-01 dic-01 jul-02 dic-02 jul-03
BASICO 1.064,30 2.610,26 949,62 311,06 2.818,35 1.444,17 3.058,94 3.223,35 5.402,26 3.934,06 1.176,37
DERECHO DE
VACACIONES
GANANCIA NORMAL 477,96 525,96 525,96 558,36 558,36 590,76 590,76 623,16 6,23,16 655,56 655,56
DOM/FER.TRAB 43,83 43,83 49,23 54,63
43,83 43,86 49,23 54,63
NOCTURNO 31,50 34,65 6,93 7,63 7,63 58,31 8,33 54,6 54,6 49,7 9,94
7,28 7,98 47,88 52,50 25,50 9,59 57,54 62,58 52,15 11,34 68,04
REIN, VACA
DOMINICAL 47,90 59,57 58,69 63,46 63,22 67,18 67,18 74,07 79 37,2
B. SUSTITUTORIA 31,92 35,14 35,14 37,94 37,94 41,3 41,3 45,08 45,08 49,17 49,14
26,04 28,70 28,70 31,64 31,64 34,44 34,44 37,52 37,52 40,88 40,88
B. TDS 33,46 36,82 36,82 39,09 39,09 41,35 41,35 43,62 43,62 45,89 45,89
B. ALTURA 6,50 4,90 4,90 5,32 5,32 5,88 5,88 6,44 6,44 7,00 7,00
4,48
ADIG. FAMILIAR 5,11 5,62 6,07 6,60 7,19 7,19 7,84
5,10
ASIG. POR HIJO 5,62 17,92 3,04 3,36 3,6 3,6
REFRIGERIO 14,98 16,52 16,52 17,92 19,46 19,46 21,28 21,28 23,27 23,34
GRATIFICACION VACAC 1557,9
GRATI FF.PP. 17,50,73 19,10,60 2.552,49
GRATI FF.NN. 1576,33 1919,99 2095,34 2337,79
OTROS PAGOS
B. TOXICO 7 7,7 7,7 8,4 8,4 9,24 9,24 10,08 10,00 10,92 10,92
B. COMIDA 5,48 103,86 109,26 109,26
D. COM 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 462 5,04 5,04
DIA DE DESC 98,46 103,86
FERIADO EN 87,66 93,06 93,06 98,46 4,2 4,62 96,93 90,26
B. TRAB 3,22 3,5 3,78 3,78 4,2 60,37
SUB TIE 78,89 150,2 104,38 46,5 50,7
B. TRABAJP 139,67 138,09 397,96
BONO 87,66
NORMALIDAD
SIERRA 3,5
ALTURA
TOTAL 26,76 1.777,64 116,94 244,91 262,81 2.450,87 281,56 2.339,56 4.911,33 2.627,24 148,56
15.188,18
PAGADO POR LAS DEMANDADAS
1919,99 2552,49
2737,79
17,50,73
1778,48
1447,5
10436,25 - 20,640,67 = 11,056,95
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.456.43 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERÚ el monto de S/. 16,075.24
Nuevos Soles, es decir: SOLO Doe Run Perú el monto de S/. 11,056.95 Nuevos Soles
DÉCIMO.- INCREMENTO DEL REMUNERACIONES DEL 3.3% DE LA ONP La ley
26504 dispuso en su artículo 5°, que la remuneración de los trabajadores asegurados
obligatorios al Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley Nº 19990
se incrementará en un 3,3%. En tal sentido, para efectos de conocer el monto del
incremento dispuesto por la norma en mención, debe considerarse que la ley se ha
encargado de establecer los conceptos que constituyen remuneración, así, el artículo 6°
del Decreto Supremo Nº 003-97-TR señala que constituye remuneración para todo
efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en
especie, cualquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su
libre disposición. Por otro lado, el artículo 9° del referido dispositivo establece que no
constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en el artículo
19 y 20 del Decreto Legislativo Nº 650. Cabe agregar que, conforme a lo previsto por la
Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 26504, el incremento dispuesto por ella
debe aplicarse a partir del 01 de agosto de 1995. Debe tenerse presente que de los
cuadro remunerativo de planillas obrante de fojas 331 a 346 y a fojas 387 al 402 no se
aprecia pago alguno por este concepto durante todo el periodo laborado, del periodo
de calculo de agosto de 1998 al 14 de septiembre del 2003, por lo que corresponde
amparar este extremo de la demanda por el monto de S/. 1,481.00 Nuevos Soles, según
el siguiente detalle:
CONCEPTO ago-95
jornal diario 339,12
Nocturno 31,08
Altura 3,64
Asignaci. Familiar 8,52
Otros Pagos 21,64
Bonif. Doming 60,22
AL MES 464,22
INCREMENTO ONP 14,97
DIARIO 0.50
Cálculo del reintegro desde el 01-08-98 al 14-
09-2003 ( 2962 días)
2892 días x 0.50 1481 Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.300.00 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERU el monto de S/. 1,181.00 Nuevos
Soles
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, respecto al REINTEGRO DE REMUNERACIÓN
VACACIONAL el artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 713, establece que los
trabajadores en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a
aquél en el que adquieren el derecho, percibirán una remuneración por el trabajo
realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y una
indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso;
asimismo, el artículo 22° de la Norma acotada establece que el récord trunco
vacacional será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la
remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente,
señalando además que el monto de las remuneraciones indicadas será el que se
encuentre percibiendo en la oportunidad en que se efectué el pago. En el caso de autos,
el actor demanda este extremo manifestando que la demandada ha omitido incluir en
las remuneraciones vacacionales los conceptos colaterales, para lo cual se entiende por
remuneración vacacional, la remuneración que el trabajador percibe en el mes que le
corresponde el goce de sus vacaciones, para lo cual se advierte que efectivamente el
actor percibía por este concepto el básico, sin embargo, al mismo tiempo percibía los
colaterales como conceptos separados como se advierte de fojas 387 a 402; siendo ello
así, corresponde solo amparar este extremo por los conceptos de FONAVI 10% y SNP
3.3% desde el periodo de 1998 al 14 de setiembre del 2003, entiéndase por los periodos
de 1998 al 2003 11 años) y truncos del 2003 (8 meses 11 días), por lo que le corresponde
el monto de S/. 419.10 Nuevos Soles:
REINTEGRO DE VACACIONES
1991-1992 32,46
1992-1993 32,46
1993-1994 32,46
1994-1995 32,46
1995-1996 32,46
1996-1997 32,46
1997-1998 32,46
1998-1999 32,46
1999-2000 32,46
2000-2001 32,46
2001-2002 32,46
2002-2003 32,46
2003-2004 29,58
TOTAL POR REINTEGRAR 419,1
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.194.76 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERÚ el monto de S/. 224.34 Nuevos
Soles
DÉCIMO TERCERO.- De las pretensiones amparadas se tiene que le corresponde al
actor los siguientes conceptos: CONCEPTOS MONTO
CTS 22,795,29
FONAVI 3,877,65
REIN. GRATI 11,513,88
REIN. VACA 419,12
ONP 1481,00
MONTA A PAGAR 40,086,47
DÉCIMO TERCERO.-Del monto indicado anteriormente se disgregara de la siguiente
forma, tanto para CENTROMIN PERÚ S.A. deberá pagar la suma de S/.14,852.16, y Doe
Run Perú pagara la suma de S/.25,237.31
CENTROMIN
PERU DOE RUN PERU
12397,97 10398,00
1500,00 2377,00
456,43 11056,95
300,00 1181,00
197,76 224,36
14852,16 25237,31
DÉCIMO TERCERO.- Por lo que le corresponde el monto de S/. 40,086.47 nuevos
soles, más los intereses legales, de conformidad con el artículo 3º del Decreto Ley Nº
259203, con costas y costos que se liquidaran en ejecución de sentencia; de las demás
pruebas actuadas y no glosadas no enerva el criterio del Juzgador, por lo que
habiéndose efectuado la valorización razonada y conjunta sobre las pruebas aportadas
y que obran en autos, en mérito a lo actuado y a los considerándoos precedentes,
Impartiendo Justicia a nombre de la Nación:
FALLO: Declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas 91 a 100 y subsana a
fojas 102 a 106 interpuesta por EUGENIO SEGURA POMA, contra CENTROMIN
PERÚ S.A. y DOE RUN PERÚ S.R.L., en consecuencia ORDENO que el demandado
CENTROMIN PERÚ S.A. pague a favor del actor la suma de S/. 14,852.16 Nuevos Soles
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS NUEVOS SOLES CON 16/100
CÉNTIMOS), y DOE RUN PERÚ S.R.L. pague favor del actor la suma de S/. 25,237.31
Nuevos Soles (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE NUEVOS SOLES
CON 31/100 CÉNTIMOS), haciendo un total de /. 40,086.47 nuevos soles (CUARENTA MIL
OCHENTA Y SEIS NUEVOS SOLES CON 47/100 CÉNTIMOS), más los intereses financieros
y legales con respecto a los demás beneficios sociales, que se liquidaran en ejecución de
sentencia; con costas y costos. HÁGASE SABER.-
3 Artículo 3.- El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél
en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún
daño. |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA - LEY N° 26636
Sede Judicial Alimar (Cdra. 26 de la Av. Arenales, cruce con Av. 2 de Mayo, Distrito de San Isidro)
Expediente N° 00356-2004-0-1801-JR-LA-28°
Señor:
VALENZUELA BARRETO
RESOLUCIÓN N° 65
Lima, 15 de septiembre del 2022.
AUTOS y VISTOS: Al escrito N° 94767-2022 presentado por la parte
demandada con fecha 31 de agosto de 2022: A lo expuesto, téngase presente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme se aprecia del escrito de la referencia, la parte demandada
interpone el presente medio impugnatorio contra la Resolución N° 64 que contiene la
Sentencia de Vista de fecha 16 de agosto de 2022, que resuelve: CONFIRMAR: La
Sentencia N° 00092-2021-26°JETTL de fecha 30 de junio del 2021, obrante de fojas
1433 a 1451, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia,
ORDENO a la demandada cumpla con pagar a la actora la suma de S/ 6 541,90
(SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100 SOLES) a titulo de
reintegro de cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación por
productividad gerencia. Asimismo, MODIFICANDO el monto ORDENO a la
demandada realizar las gestiones necesarias ante la entidad financiera depositaria, a
fin de que la actora pueda cobrar la totalidad de la compensación por tiempo de
servicios en el monto ascendente a S/ 42 029,69 SOLES (CUARENTA Y DOS MIL
VEINTE Y NUEVE CON 69/100 SOLES); más intereses legales, sin costas ni costos
del proceso.
SEGUNDO: El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter
extraordinario -que no da lugar a una instancia adicional-, por el cual el Estado busca
controlar la adecuada aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos y, de
esta forma brindar seguridad a las partes, así como unificar los criterios
jurisprudenciales.
TERCERO: Al respecto, el artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo, aprobada por la
Ley N° 26636 y modificado por la Ley Nº 27021, siguiendo el contenido del artículo
384° del Código Procesal Civil, señala: "el recurso de casación tiene por finalidad
asegurar la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho
Laboral, Provisional y de Seguridad Social, así como la unificar la jurisprudencia en
materia laboral a nivel nacional".
CUARTO: En ese sentido, se advierte de la Sentencia de Vista obrante de fojas 1481 al
1486, que el monto ordenado a pagar al actor supera las 100 URP fijadas para el
presente año; asimismo, se debe tener en cuenta que las causales de procedencia así
como los requisitos formales y de fondo del recurso de casación los encontramos en
los artículos 55°, 56° y 57° de las normas acotadas; dicho ello, se procede a calificar el
recurso de casación presentado por la parte demandada; verificándose de los actuados
que el apelante (demandada) fue notificado con la resolución materia de impugnación
el 1 de septiembre del año en curso a su domicilio procesal, conforme se advierte del
cargo de notificación que obra a fojas 1486 de autos (reverso); por lo que,
encontrándose el presente medio impugnatorio dentro del plazo establecido en el
artículo 57° de la Ley Procesal citada; y, teniendo en cuenta que dicho recurso cumple
con los requisitos de admisibilidad exigidos por la norma procesal acotada, SE
RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la parte
demandada contra la Resolución N° 64 que contiene la Sentencia de Vista de fecha
16 de agosto de 2022, obrante a fojas 1481/1486; disponiéndose, ELEVAR los autos
al Superior Jerárquico con la debida nota de atención a efectos que se pronuncien de
acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley. Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE N.° 00356-2004-0-1801-JR-LA-28
TRIBUNAL UNIPERSONAL
RESOLUCIÓN N° 64
Lima, 16 de agosto del 2022
VISTOS:
En Audiencia Pública de fecha 15 de julio del año en curso, interviniendo como Juez
Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO:
Resolución materia de apelación: Es materia de impugnación:
(cid:1) La Sentencia N° 00092-2021-26°JETTL de fecha 30 de junio del 2021, obrante de
fojas 1433 a 1451, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia,
ORDENA a la demandada cumpla con pagar a la actora la suma de S/ 6 541,90 Soles
a titulo de reintegro de cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación
por productividad gerencia. Asimismo, ORDENA a la demandada realizar las gestiones
necesarias ante la entidad financiera depositaria, a fin de que la actora pueda cobrar el
saldo de la compensación por tiempo de servicios en el monto ascendente a S/ 18
029,69 Soles; más intereses legales, sin costas ni costos del proceso.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 57).- Que,
de fojas 1454 a 1458, obra el escrito de apelación de la demandada Banco de la
Nación, donde expresa como agravios:
1 Que, la sentencia apelada ha afectado el principio y derecho constitucional del debido
proceso, toda vez que no ha efectuado una valoración conjunta y razonada de los
medios de prueba actuados y aportados al proceso, ya que dichas gratificaciones de
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enero, febrero y julio 2004 ya fueron cancelados, conforme se acredita con el
documento histórico de planillas de la demandante.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 57).- Que,
de fojas 1462 a 1463, obra el escrito de apelación de la demandante, donde expresa
como agravios:
1. Que, no procede descontar los S/ 24 000,00 Soles, que se ordenó en la Sentencia N°
287-2012-3° JTTL emitida por el Tercer Juzgador Laboral Transitoria de Lima, puesto
que en dicho proceso judicial la demandante canceló dicho importe ordenado a pagar,
conforme se advertirá del Certificado de Depósito Judicial N° 2015009300208, en la
cual, la demandante consigno a favor del demandado el monto de S/ 24 000,00 Soles,
deposito que fue custodiado y entregado al demandado.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, mediante Casación N° 626-01-Arequipa se estableció que “El Juez
Superior tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones
resueltas por el juez inferior, sin embargo cabe precisar que la extensión de los
poderes a la instancia de alzada está presidida por un postulado que limita su
procedimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum quantum devolutum, en
virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de
los agravios que afectan al impugnante”1; en ese sentido, sólo se debe pronunciar
sobre los agravios planteados por la demandada en la apelación (de la sentencia), y lo
resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios).
SEGUNDO.- Antes de resolver los agravio conviene precisar que, en el Acta de
Audiencia Única llevada a cabo el 27 de mayo de 2005, obrante a fojas 690/vuelta, se
fijaron los siguientes puntos controvertidos: "1. Determinar si a la actora le corresponde
los beneficios sociales que solicita, a saber, el cobro de la compensación por tiempo
de servicios de todo su periodo laboral, el pago de la bonificación por productividad
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
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del periodo 2004, el pago del Bono por Desempeño Laboral 2004, la participación de
utilidades del periodo 2004, las remuneraciones insolutas de julio y agosto del año
2004 y el reintegro de las cinco gratificaciones anuales del periodo 2004 por
incidencia de la bonificación por productividad. 2. Determinar si la demandante ha
sido despido arbitrariamente, en consecuencia si le corresponde el pago por
indemnización por despido arbitrario."
TERCERO.- Además, es principio fundamental en el derecho laboral que las partes
acrediten los hechos que alegan, en ese entendido el artículo 27° de la Ley Procesal
de Trabajo N° 26636 dispone: “Artículo 27.- CARGA DE LA PRUEBA.- Corresponde a
las partes probar sus afirmaciones y esencialmente: 1. Al trabajador probar la
existencia del vínculo laboral. (esto es la prestación personal de un servicio,
subordinado, remunerado) 2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre,
el reglamento interno y el contrato individual de trabajo. 3. Al empleador la causa del
despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y
la hostilidad de la que fuera objeto”. Asimismo, el artículo196° del Código Procesal Civil
–aplicable supletoriamente- establece: “Salvo disposición legal diferente, la carga de
probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, o a quien
los contradice alegando hechos nuevos”. Por último, el primer párrafo del artículo 25 de
la Ley 26636 regula: “Artículo 25.- FINALIDAD.- Los medios probatorios en el proceso
laboral tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir
certeza en el Juez respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus
decisiones”.
CUARTO.- Respecto al agravio primero de la demandada referentes a las cinco
gratificaciones, que la demandante reclama el reintegro de las cinco gratificaciones
anuales percibidas en enero, febrero, marzo, julio y diciembre del año 2004, acusando
la no inclusión del rubro mensual de "productividad" ascendente a S/ 1 691,87 Soles,
dichas gratificaciones anuales fueron reguladas en diversos convenios colectivos de
alcance general, que se remontan al año 1993 en adelante, los mismos que obran a
fojas 1248 a 1287, según dicha reglamentación convencional, el Banco de la Nación se
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comprometió a otorgar a sus empleados, cinco gratificaciones anuales, equivalente a
cada una a una remuneración mensual ordinaria, siendo su oportunidad de pago la
siguiente: "1. Una remuneración ordinaria mensual con el adelanto de la gratificaciones
por descanso vacacional, enero. 2. Una remuneración ordinaria mensual por
escolaridad, en febrero. 3. Una remuneración ordinaria mensual en diciembre (Fiestas
Patrias). 4. Una remuneración ordinaria en diciembre (Fiestas Navideñas). 5. Una
remuneración ordinaria mensual al cumplir un años mas de servicio.", siendo así,
conforme a lo debidamente fundamentado por el Juzgador en el considerando Decimo,
se advierte de las Boletas de Pago, obrante a fojas 744 a 746 y 736, que la
demandada percibió las gratificaciones anuales en los meses de enero (gratificación
por adelanto vacacional y gratificación vacacional), febrero (gratificación escolaridad),
julio (gratificación convencional por fiestas patrias) y diciembre (gratificación
convencional por Navidad), siendo la pretensión del accionante del año 2004,
únicamente fueron percibidos por dicho años según se exigibilidad, la gratificación de
adelanto vacacional, gratificación por cumplimiento de años de servicios (ambas en
enero), gratificación por escolaridad (febrero) y la gratificación por fiestas patrias (julio),
ello por haber laborado hasta agosto de 2004; sin embargo, a pesar de tener carácter
remunerativo el Bono Gerencial, dicho concepto no fue incluido en el pago de dichas
gratificaciones en el año 2004, siendo así, corresponde conforme a lo liquidado por el
Juzgador, otorgar el reintegro respectivo considerando los importes mensuales
entregados a titulo de dicha bonificación en cada oportunidad de pago de las citadas
gratificaciones; por lo que, no corresponde amparar los agravios de la demandada
respecto a este extremo.
QUINTO.- En cuanto al agravio primero de la demandante sobre Compensación
por Tiempo de Servicios, si bien el Juzgador de conformidad al artículo 51° del
Decreto Supremo 001-97-TR, que prescribe: "Si el trabajador es despedido por
comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico al empleador, éste
deberá notificar al depositario para que la compensación por tiempo de servicios y sus
intereses quede retenida por el monto que corresponda en custodia por el depositario,
a las resultas del juicio que promueva el empleador.", a la totalidad del monto de S/ 42
029,69 Soles por Compensación por Tiempo de Servicios amparados en este proceso,
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ordenó la retención de la compensación por tiempo de servicios por el monto de S/ 24
000,00 Soles, ello en atención a la Carta DEF/92.2621 N° 483-2004 de fecha 23 de
agosto de 2004, mediante la cual la demandada requirió al Banco Sudameris, retener
el monto total de la CTS de la actora, por cuanto la demandada habría iniciado un
proceso contra la demandante sobre indemnización por daños y perjuicios, proceso
que fue amparo a favor del Banco de la Nación por indemnización por daños y
perjuicios por falta grave, tal como se puede observar del reporte del Sistema
Integrado Judicial (al cual también tiene acceso las partes del proceso), donde en
virtud de la Sentencia N° 287-2012-3°JTTL de fecha 07 de noviembre de 2012 emitida
por el Tercer Juzgado Transitorio Laboral de Lima, declaró fundada la demanda
interpuesta por el Banco de la Nación contra la demandante, compeliéndola a ésta al
pago del importe de S/ 24 000,00 Soles amparado a titulo de indemnización por daños
y perjuicios derivados de falta grave del trabajador, constituyendo dicha decisión una
resolución firme con calidad de cosa juzgada al no presentarse en el Sistema Integrado
de Judicial la presentación de recurso impugnatorio alguno por las partes; sin embargo,
en aplicación al principio de veracidad y a la prohibición de enriquecimiento indebido,
no procedería descontar los S/ 24 000,00 Soles, que se ordenó en la Sentencia N°
287-2012-3° JTTL emitida por el Tercer Jugado Laboral Transitoria de Lima, puesto
que, en dicho proceso judicial la demandante cancelo dicho importe ordenado a pagar,
conforme se verifica del Certificado de Depósito Judicial N° 2015009300208 que obra a
fojas 1461, en la cual, la demandante consigno a favor del demandando el monto de S/
24 000,00 Soles, deposito que fue custodia y entregada al demandado por el Tercer
Juzgado Laboral Transitorio de Lima; por lo expuesto, al descontar el Juzgador el
integro de lo que realmente se le debe a la demandante por Compensación por Tiempo
de Servicios, estaría doblemente pagándosele al demandado indebidamente un monto
que ya cobro, hecho que configuraría un manifiesto enriquecimiento indebido a favor
del demandado, razón por la cual, debe ordenarse pagar a favor de la demandante el
integro de su Compensación por Tiempo de Servicios equivalente al monto de S/ 42
029,69 Soles, siendo así corresponde amparar el agravio de la demandante
respecto a este extremo.
Página 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del
artículo 5º de la Ley Procesal del Trabajo N.º 26636: este Tribunal Unipersonal, con
la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO
CONFIRMAR: La Sentencia N° 00092-2021-26°JETTL de fecha 30 de junio del 2021,
obrante de fojas 1433 a 1451, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en
consecuencia, ORDENO a la demandada cumpla con pagar a la actora la suma de S/
6 541,90 (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100 SOLES) a titulo
de reintegro de cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación por
productividad gerencia. Asimismo, MODIFICANDO el monto ORDENO a la
demandada realizar las gestiones necesarias ante la entidad financiera depositaria, a
fin de que la actora pueda cobrar la totalidad de la compensación por tiempo de
servicios en el monto ascendente a S/ 42 029,69 SOLES (CUARENTA Y DOS MIL
VEINTE Y NUEVE CON 69/100 SOLES); más intereses legales, sin costas ni costos
del proceso.
En los seguidos por MARIA OTILIA LA TORRE ORTIZ DE RODRIGUEZ contra
BANCO DE LA NACIÓN; sobre reintegro de beneficios sociales; y devolvieron a su
Juzgado de Origen. Notifíquese.-
JVB/r.l.c.
VALENZUELA BARRETO
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Expediente : N° 00356-2004-28
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
Resolución Número 60
Lima, catorce de junio
del dos mil veintidós.-
DE OFICIO: De la revisión de los actuados se aprecia que hubo
un error material en la Resolución N° 59, al señalarse que el escrito presentado el 13 de julio de 2021
fuera remitido por la demandada:
DICE:
" (….)Dando cuenta al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha
13 de julio de 2021:"
DEBIENDO DECIR:
" (….)Dando cuenta al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha
19 de julio de 2021:"
En ese sentido, CORRIJASE, conforme a lo dispuesto en el Artículo 407° del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente a los procesos laborales, señala: “Antes que la resolución cause ejecutoria, el
Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno corregir cualquier error material evidente
que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de
la resolución” (sic).------------------------------
Asimismo, y sin perjuicio de lo señalado se aprecia que con fecha 13 de julio de 2021, la parte
demandante presentó su escrito de apelación, no obstante, dicho recurso no fue resuelto por lo que en
el presente acto se procede en dar cuenta al citado recurso:
Dando cuenta del escrito presentado por la parte DEMANDANTE con fecha 13 de julio de 2021: A
lo Expuesto: Al Principal: Al recurso de apelación, al recurso de apelación: y encontrándose
exonerado de presentación de tasas judiciales por el auxilio judicial obrante en autos, se procede en
emitir el siguiente pronunciamiento:
Primero: El Recurso de Apelación interpuesto por esta parte contra la sentencia recaída en la
Resolución N° 57 de fecha 30 de junio de 2021 que resuelve declarar fundada en parte la demanda.
Segundo: Que, habiendo fundamentado la parte demandante sus agravios de hecho y derecho contra
la Resolución impugnada, y en aplicación del inciso 1) artículo 53° de la Ley Procesal del Trabajo Ley
N° 26636, se RESUELVE:
2.1 CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el Recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia recaída en la Resolución N° 57 de fecha 30 de junio de 2021.
2.2 ELEVAR los presentes actuados al Superior con la debida nota de atención
Notificándose. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Expediente : N° 00356-2004-28
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
Señor Juez:
En cumplimiento de mis funciones informo a usted, que conforme a lo
ordenado por Resolución N° 58, procedo en dar una razón revisando el Sistema Integral de Justicia - SIJ,
se observa que en los datos ingresados correspondiente a las partes no se encuentran ingresados de
forma completa, tal como se observa en la presente imagen.
Por lo que, para efectos del ingreso de escritos en forma electrónica
es necesario que los datos ingresados en el Sistema Integral de Justicia se encuentren precisados en
forma completa, siendo así, se ha procedido realizar la actualización de datos en el presente expediente a
fin de que no haya inconveniente al momento de presentar escritos por la demandada,
Lo que informo a usted para los fines pertinentes.
Lima 01 de marzo de 2022
Resolución Número 59
Lima, uno de marzo
del dos mil veintidós.-
Vista la Razón que antecede, téngase presente, y a la razón
emitida por la Especialista Legal, en cuanto que de la revisión el Sistema Integral de Justicia - SIJ, se ha
advertido que los datos ingresados de las partes no se encontraban debidamente registrados de forma
completa, por lo que, se ha procedido en actualizar el expediente en el SIJ
- 1 - Por tanto, no habiendo la parte demandada presentado su escrito de apelación de sentencia en el plazo
de Ley, de acuerdo a los inconvenientes advertidos y descritos líneas arriba, factores no imputable a la
parte emplazada, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 50 del Código
Procesal Civil aplicable supletoriamente al proceso laboral y a fin de no causar indefensión a la parte
demandada, procédase en resolver su recurso de apelación de sentencia.
Al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha 13 de julio de 2021: A lo Expuesto: Al
Recurso de apelación y y encontrándose la demandada exonerado de presentación de tasa judiciales
conforme a lo señalado en el inciso g, del artículo 24º del Texto Único Ordenado del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, y habiendo presentado el citado recurso dentro del
término de ley: Autos y Vistos: Atendiendo: Primero: Mediante sentencia recaída en la Resolución N°
57 de fecha 30 de junio de 2021, se resuelve declarar fundada en parte la demanda. Segundo: El recurso
de apelación interpuesto por esta parte se encuentra debidamente fundamentado al haber señalado sus
agravios de hecho y derecho dentro del plazo de ley, en ese sentido, y de conformidad con el inciso 1) del
Artículo 53° de la Ley Procesal de Trabajo, Ley 26636, se Resuelve: CONCEDER EL RECURSO DE
APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO interpuesta por la parte demandada contra la sentencia
recaída en la Resolución N° 57, debiendo remitirse los actuados al Superior en Grado con la debida nota
de atención.----------------------------------
NOTIFIQUESE.-
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S E N T E N C I A N° 00092 - 2021 - 26° JETTL
Expediente : N° 00356-2004-28°JTTL
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
RESOLUCIÓN NUMERO CINCUENTA Y SIETE
Lima, treinta de junio
De dos mil veintiuno.-
I. PARTE EXPOSITIVA
DEMANDA:
MARIA OTILIA LA TORRE ORTIZ DE RODRÍGUEZ, interpone demanda (Fojas 132/153, modificación y
ampliación de demanda, Fojas 363/375) contra el BANCO DE LA NACIÓN, sobre Reintegro de
Beneficios Sociales.-
Petitorio:
Demanda el pago de los siguientes conceptos:
1. El desembolso de la compensación por tiempo de servicios del periodo 01 de febrero de 1974
hasta el 11 de agosto de 2004, retenida indebidamente por la emplazada.
2. El pago del bono de desarrollo laboral del periodo 2004.
3. El pago de los sueldos o remuneraciones insolutas de los meses de julio 2004 y agosto 2004.
4. El pago del concepto de “productividad” del periodo 2004 en el importe que se consignó en la
boleta de junio 2004, el cual no ha sido objeto de pago.
5. El pago de la indemnización por despido arbitrario.
6. El reintegro de gratificaciones anuales del periodo 2004 (enero, febrero, marzo, julio y diciembre),
por incidencia de la productividad.
7. El pago de la participación de utilidades del periodo 2004.
Fundamentos de hecho:
a. Refiere haber ingresado a prestar servicios a favor del Banco de la Nación desde el 01 de febrero
de 1974 ocupando diversos puestos de trabajo.
b. Manifiesta qué, si bien en una primera oportunidad sucedió un incidente con un faltante de dinero,
pero que, sin embargo, después procedió la suscrita a reponerlo.
c. Arguye que, debido a ello, la emplazada no le pagó los sueldos de julio y agosto del año 2004, así
como tampoco le pagaron el bono por desarrollo laboral para el que fue evaluada y aprobada en
el mes de marzo con la más alta calificación; sumándose a lo anterior, el que la entidad omitió en
reconocerle el concepto de productividad.
d. Afirma que entre otro de los atropellos de los que fue objeto, estuvo la retención indebida del
importe de la compensación por tiempo de servicios.
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e. Sostiene que a la fecha de su cese, el 11 de agosto de 2004, venía desempeñando el cargo de de
Administradora de Agencia en el Ministerio del Interior, con una última remuneración de S/.
5,704.93 con un horario de 8:00 a 17:00 horas.
f. Precisa que la Compensación por Tiempo de Servicios, pese a haber sido materia de depósitos
bancarios, estos no han podido ser cobrados por la suscrita.
g. Subraya que su ex empleador resolvió no otorgarle el bono por desempeño laboral pese a que la
accionante había obtenido excelentes calificaciones en las evaluaciones que rindió en los meses
de marzo y julio de 2004.
h. Argumenta que para el periodo 2004, se determinó que el concepto de productividad ascendía al
importe de S/. 20,302.44 soles, de acuerdo con la boleta de junio de 2004, empero, el referido
rubro no ha sido objeto de pago hasta la fecha, en tanto que, tampoco ha sido considerado en la
liquidación que se le practicara.
i. Sobre el despido alega que se le imputo el hecho de que con fecha 22 de marzo de 2004 realizó
retiros de dinero en las sumas de S/. 33,000.00 y S/. 19,994.78, sin que exista documentación
sustentatoria de ese evento, más aun si el banco señaló que tales retiros fueron regularizados con
fechas 23 de marzo de 2004 y 26 de marzo de 2004, además de habérsele atribuido el retiro de
S/. 14,000.00 soles de la cuenta de un cliente del banco, sin que hasta la fecha se haya efectuado
la devolución de ese importe.
j. Respecto a lo anterior, expone que al no haberse acreditado los sucesos que se le imputan y que
motivaron su despido injustificado, le asiste el derecho a una indemnización.
Admisión de la demanda: Mediante Resolución N° 02 de fecha 19 de noviembre de 2004 (Fojas 376) se
admite a trámite la demanda y se corre traslado a la emplazada a fin de que absuelva en el plazo de ley.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:
La emplazada dedujo la excepción de prescripción extintiva por los periodos anteriores al 23 de diciembre
de 1998, así como a su vez formuló contradicción en los términos que expone en su escrito de fecha 11
de noviembre de 2004 (Fojas 600/629), aduciendo:
Fundamentos de hecho:
a. Reconoce que la accionante no despedida arbitrariamente sino por falta grave tipificada en los
incisos de a) y c) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR.
b. Manifiesta que la recurrente ha cumplido con el depósito de la compensación por tiempo de
servicios por todo el periodo durante el cual pervivió el vínculo laboral.
c. Afirma que conforme lo establecido en la Sesión de Directorio N° 1500 de fecha 03 de marzo de
2004 establece que dicho concepto será abonado en dos partes, en mayo y octubre de 2004 (50%
distribuido entre trabajadores activos a la fecha de pago con contrato vigente al 31 de marzo de
2004; 50% distribuidos, a repartirse entre los activos a la fecha de pago con contrato vigente al 30
de setiembre de 2004), de modo que, no le corresponde la segunda parte del bono en alusión.
d. Arguye que a la actora se le pagó el monto de S/. 8,368.26 soles, tal y como se aprecia de las
planillas de junio de 2004, razón por la cual no existe adeudo alguno por ese título.
e. Subraya que ha cumplido con pagarle las remuneraciones de julio y agosto de 2004, conforme se
acredita con la boleta de julio suscrita por la actora así como con la liquidación de beneficios
sociales. Además de ello, resalta que no tiene certeza si la entidad ha generado utilidades del
ejercicio 2004.
f. Aduce que la entidad, en usos de las facultades conferidas por el artículo 51° del Decreto
Supremo N° 001-97-TR, ha procedido a retener de la CTS, tan es así que se le demandado ante
la autoridad judicial por indemnización por daño y perjuicios causados contra la institución.
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AUDIENCIA ÚNICA:
Con fecha 27 de mayo de 2005, se celebró la audiencia única, en la cual se declaró infundada la
excepción de prescripción extintiva, razón por la cual se decreto saneado el proceso al verificarse la
validez de la relación jurídica procesal procediéndose con la fijación de los puntos controvertidos, así
como con la admisión y actuación de los medios de prueba aportados al proceso por las partes.
EMISIÓN DE SENTENCIA:
De modo que, no existiendo pruebas pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47° de
la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, su estado es el de emitir sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso como conducto objetivo de la función jurisdiccional persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el
cual es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria1.
1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios
generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las
circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 del 24 de junio de 1996, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas
legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de
trabajo.
1 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto
por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
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3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad
cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: ASUNTOS DE CONTROVERSIA.
En acto de Audiencia Única se fijaron como puntos controvertidos los siguientes (Acta de Fojas
690/vuelta, parte pertinente):
1. Determinar si a la actora le corresponde los beneficios sociales que solicita, a saber, el cobro de la
compensación por tiempo de servicios de todo su periodo laboral, el pago de la bonificación por
productividad del periodo 2004, el pago del Bono por Desempeño Laboral 2004, la participación de
utilidades del periodo 2004, las remuneraciones insolutas de julio y agosto del año 2004 y el
reintegro de las cinco gratificaciones anuales del periodo 2004 por incidencia de la bonificación por
productividad.
2. Determinar si la demandante ha sido despedido arbitrariamente, en consecuencia si le corresponde
el pago por indemnización por despido arbitrario.
Si bien en el listado de medios probatorios consignados en el escrito de demanda (Fojas 149, parte
pertinente), la actora señala que de las boletas de pago que acompaña se acredita que no se le ha
abonado las vacaciones, cierto es que, de la revisión del petitorio y los fundamentos de hecho de la
demanda y su modificación (Fojas 140, Fojas 363/368), no se aprecia que la demandante haya
insertado dentro de los conceptos pretendidos, el pago de remuneración vacacional, de modo que,
atendiendo al principio de congruencia procesal, cuya fuerza preceptiva conmina al Juzgador a no
pronunciarse sobre extremos no peticionados, extralimitándose en su fallo; entonces, no procede emitir
pronunciamiento sobre la acreencia de remuneración vacacional, circunscribiéndose el objeto de esta
decisión, únicamente a los conceptos peticionados.
ANTECEDENTES.
Dado que en mérito a la Sentencia de Vista de fecha 24 de febrero último se dispuso declarar la nulidad
de la Sentencia Número 022-2019 contenida en la Resolución Número 50 de fecha 28 de febrero de 2019
que declaró fundada en parte la demanda de autos como consecuencia de haberse declarado la nulidad
de la Resolución Número 20 de fecha 11 de setiembre de 2008 que declaró improcedente el pedido de
cesión de derechos acarreando la nulidad de la sentencia recaída en autos, señalando el Colegiado
Superior en el fundamento decimotercero que lo que correspondía en autos, “(…) era dar trámite a lo
solicitado verificando el cumplimiento de la formalidad de la cesión de derechos, y considerando que
cuando una persona cede a un tercero su derecho a percibir el pago por parte de la Entidad demandada,
ello lo habilita a ser sucesor procesal, para que se continúe el proceso ocupando el lugar de la
demandante”. Es así que, habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado por el Superior Jerárquico
emitiéndose a esos efectos la Resolución Número 55 de fecha 20 de mayo de 2021; por consiguiente los
autos han quedado expeditos para emitir nuevo pronunciamiento de fondo, el cual se procede a
desarrollar a través de los considerandos que siguen a continuación.
ANÁLISIS DE LOS HECHOS
CUARTO: DE LA RELACIÓN LABORAL Y DEL PERIODO OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO.
De la revisión de la liquidación de remuneraciones de la actora (Fojas 748) así como del mérito del
certificado de trabajo de fecha 12 de agosto de 2004 (Fojas 898), es cierto que constituye un hecho
probado que entre las partes se instauró una relación laboral cuya vigencia estuvo comprendida desde el
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01 de febrero de 1974 hasta el 24 de marzo de 1984, adscrita al Régimen Laboral Público, en tanto que,
a partir del 25 de marzo de 1984 hasta el 11 de agosto de 2004, la relación de trabajo se adscribió al
régimen laboral privado, periodo éste, respecto del cual esta Judicatura es competente a efectos de emitir
pronunciamiento entorno a los beneficios sociales, remuneraciones e indemnización por despido
arbitrario reclamados por la demandante. Siendo así, cabe dejar sentado que la presente controversia se
circunscribe al periodo regido por los preceptos del régimen laboral privado, que va, como se mencionó,
desde el 25 de marzo de 1984 al 11 de agosto de 2004.
QUINTO: DE LAS REMUNERACIONES INSOLUTAS.
Estando a que la demandante aduce que la emplazada no le abono las remuneraciones del mes de julio
de 2004 y de los 11 días del mes de agosto de 2004 (Fojas 143), teniendo en cuenta que cesó por
despido el día 11 de agosto de 2004 (Fojas 898); a ese respecto, sin embargo, cabe mencionar que del
tenor de la boleta del mes de julio 2004 debidamente suscrita por la accionante (Fojas 735), se constata
el ingreso neto ascendente a S/. 1983.12 soles, siendo de precisar que durante ese mes la actora se
encontraba gozando de licencia sin goce de haber por enfermedad (Fojas 885). Asimismo, en lo que
concierne al pago de los 11 días del mes de agosto de 2004, es de apreciar del tenor de la liquidación de
remuneraciones (Fojas 748), que la actora percibió la remuneración proporcional a los once días del mes
de agosto, ascendente a un importe neto de S/. 444.25 Soles, de forma que, aún cuando haya
consignado su disconformidad en la hoja de liquidación respectiva, cierto es que en el proceso no ha
cuestionado algún defecto en el cálculo del haber devengado en el periodo en comentario, sino, por el
contrario, aduce no haber recibido salario alguno por los meses de julio y agosto de 2004, de manera
que, con lo verificado en el proceso, debe desestimarse este extremo de la pretensión.
SEXTO: DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.
Siguiendo lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado por el
Decreto Supremo N° 001-97-TR, la compensación por tiempo de servicios debe calcularse sobre la base
de la remuneración computable es la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente
perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la
denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Así, sobre los periodos previstos
para su depósito en reserva acumulada, en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N°
650, se estipuló que: “Los empleadores irán entregando al depositario correspondiente, dentro del primer
semestre de cada año a partir de 1991 y con efecto cancelatorio, la compensación por el tiempo de
servicios acumulado al 31 de diciembre de 1990”. Asimismo, se señala que “El empleador está facultado
a efectuar depósitos con efecto cancelatorio dentro del segundo semestre del año, adicionalmente al que,
de manera obligatoria, debe realizar en el primer semestre”, siendo que, este beneficio social se
depositará en monto no menor al que corresponda al pago de un año de compensación por tiempo de
servicios, del más remoto al más próximo, con carácter cancelatorio y en un plazo máximo de diez años
contado a partir del 13 de marzo de 1991. De otra parte, se tiene que, a partir del 01 de enero de 1991, el
concepto en comentario, debe ser depositado semestralmente, en los meses de mayo y noviembre de
cada año, en un quantum ascendente a tantos dozavos de la remuneración computable percibida por el
trabajador en los meses de abril y octubre respectivamente, como meses completos haya laborado en el
semestre respectivo, de acuerdo con el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 650.
6.1. En ese orden de ideas, dado que en su recurso de fecha 19 de octubre de 2004 (Fojas 365), la
demandante sostiene que pese a que la emplazada ha efectuado los depósitos de la compensación por
tiempo de servicios de todo su periodo laboral, hasta la fecha no ha podido cobrar dicho beneficio social,
toda vez que la emplazada lo ha retenido indebidamente por la supuesta sustracción de S/. 14,000.00
que se le imputa, pero que, según afirma, no ha sido acreditada; entonces, cabe dejar sentado que la
accionante reconoce el hecho del depósito de la CTS, siendo lo cuestionado, la imposibilidad de su cobro
en la entidad bancaria depositaria del aludido beneficio social.
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6.2. En tal sentido, partiendo por que lo reconocido por la accionante, en efecto, se confirma con el
mérito del histórico de depósitos de CTS obrante en autos (Fojas 751/752) y de las liquidaciones y
cheque de gerencia respectivos (Fojas 753/826, Fojas 858, Fojas 831, Fojas 886/889, Fojas 911),
actuados estos de los cuales se acredita que la demandada le depósito el citado beneficio social por el
periodo que va desde el 25 de marzo de 1984 al 11 de agosto de 2004. Sin embargo, en relación a la
retención, es de acotar que por Carta DEF/92.2621 N° 483-2004 de fecha 23 de agosto de 2004, la
emplazada requirió al Banco Wiese Sudameris, retener el monto total de la CTS de la actora por cuanto
se daría inicio de la acción judicial de indemnización por daños y perjuicios, al amparo del artículo 51° del
DS 001-97-TR.
6.3. En ese sentido, estando a que el artículo 51° del DS 001-97-TR, prescribe que “Si el trabajador es
despedido por comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico al empleador, éste deberá
notificar al depositario para que la compensación por tiempo de servicios y sus intereses quede retenida
por el monto que corresponda en custodia por el depositario, a las resultas del juicio que promueva el
empleador. La acción legal de daño y perjuicios deberá interponerse dentro de los treinta días naturales
de producido el cese ante el Juzgado de Trabajo respecto conforme a lo previsto en la Ley Procesal del
Trabajo, debiendo acreditar el empleador ante el depositario el inicio de la citada acción judicial. Esta
acción no perjudica la acción penal que pudiera corresponder.
6.4. Ahora bien, del tenor de la disposición normativa glosada, es necesario acotar que con fecha 13
de setiembre de 2004, la emplazada entabló contra la demandante una demanda de indemnización por
daños y perjuicios por el importe de S/. 41,000.00 soles, sustentando su pretensión en la comisión de
faltas graves previstas en los literales a) y c) del artículo 25° del DS N° 003-97-TR, las cuales motivaron
su despido efectivo hacia el 11 de agosto de 2004 (Fojas 1069/1073, Fojas 943/970). Sobre ese
particular, cabe acotar que del reporte del Sistema Integrado Judicial (al cual, también tienen acceso las
partes del proceso), se verifica que en virtud de la Sentencia N° 287-2012-3°JTTL de fecha 07 de
noviembre de 2012 emitida por el Tercer Juzgado Transitorio Laboral de Lima, se declaró fundada la
demanda interpuesta por el Banco de la Nación contra la accionante, compeliéndola a ésta al pago del
importe de S/.24,000.00 soles amparado a título de indemnización por daños derivados de falta grave del
trabajador, constituyendo dicha decisión una resolución firme con calidad de cosa juzgada al no
visualizarse en el Sistema Integrado de Judicial la presentación de recurso impugnatorio alguno por las
partes.
6.5. Bajo esa premisa, resulta procedente la retención de la compensación por tiempo de servicios
dispuesta por el empleador. Sin embargo, al ascender el total de dicho beneficio social a la suma de S/.
42,029.69 soles, en tanto que, el monto amparado judicialmente a favor del Banco de la Nación por
indemnización por daños y perjuicios por falta grave alcanza el monto de S/. 24,000.00, entonces, existe
un saldo favorable a la actora, que asciende a S/. 18,029.69 soles, el mismo que queda fuera del ámbito
de la retención y por ende, debe ser pasible de cobro por parte de la accionante. De ahí que, procede
amparar en parte este extremo de lo peticionado.
SÉTIMO: DE LAS UTILIDADES DEL EJERICIO 2004.
La participación de utilidades se configura como un derecho laboral irrenunciable contemplado en el
artículo 29° de la Constitución Política y previsto en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, en virtud
del cual los trabajadores de las empresas dedicadas, entre otras cosas, a la actividad económica de la
demandada, participan en un 10% de las utilidades de aquella, distribuyéndose dicho porcentaje en un
50% en función a los días laborados y 50% en proporción a las remuneraciones de cada trabajador.
7.1. Ahora bien, dado que en este proceso, la demandante solicita el pago de la participación de
utilidades del ejercicio 2004, aduciendo su falta de pago. Empero, del tenor del Informe Pericial N° 82-
2016-PJ-JC (Fojas 1203, no observado por la actora) concordado con la hoja de distribución de utilidades
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de ese periodo (Fojas 1170/1194), se advierte que la emplazada cumplió con abonarle a la demandante
el citado beneficio social en el importe de S/. 920.70 soles, motivo por el cual, no procede amparar este
extremo de lo peticionado.
OCTAVO: DEL PAGO DEL BONO POR DESEMPEÑO LABORAL DEL PERIODO 2004.
En sus actos postulatorios, la demandante sostiene que la emplazada no le ha abonado el concepto de
“Bono por Desarrollo Laboral” del periodo 2004, pese a que tenía derecho al mismo al haber sido
evaluada en marzo y julio de 2004, habiendo obtenido calificaciones satisfactorias para ello. Sobre ello, la
emplazada ha adjuntado a los autos, la “Política Remunerativa del Banco de la Nación para el Ejercicio
2004” en cuyo Anexo 1, se establecen los criterios de distribución del otorgamiento del Bono
Extraordinario por Desempeño Laboral-BDL 2004 (Fojas 1355/1363), en el cual se señala que la BDL se
pagará en función de los siguientes requisitos: a) el último resultado de la aplicación del Sistema de
Evaluación por Desempeño Laboral y b) el factor de valoración según la Escala de Topes de Ingreso
Máximo Anual (TIMA) por categorías, precisándose asimismo que del monto del BDL se deducirá en
forma proporcional los días no laborados por inasistencias injustificadas, licencia sin goce de haber,
suspensiones disciplinarias y el exceso de los 20 primeros días de inasistencias por descanso médico.
Por tanto, no obstante que de las boletas del periodo 2004, no se ha acreditado el pago de la partida
BDL, cierto también es que, al constituirse dicho concepto como uno sujeto al cumplimiento de
determinados requisitos, además de estar afecto a los periodos de ausencia de prestación, no habiendo
cumplido la accionante con sustentar suficientemente la realización de las condiciones descritas en la
norma interna de aplicación del BDL, no es exigible el pago del bono en cuestión, más aún si por el
periodo que va de marzo a julio de 2004, la accionante gozó de 136 días de licencia por enfermedad,
según la hoja de trámite de cese cuyo contenido no ha sido objetado por la demandante (Fojas 885).
NOVENO: DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD DEL PERIODO 2004
9.1. Estando a que la demandante sostiene que para el periodo 2004 se determinó a su favor la suma
de S/. 20,302.44 soles por bonificación por productividad, según la boleta de junio de 2004, sin embargo,
alega su falta de pago. En ese sentido, cabe destacar que con vista de la boleta del mes de junio de 2004
(Fojas 1352), debidamente suscrita por la actora, se acredita que en ésta percibió el concepto de
productividad bajo la denominación de Product. R.S. 009-97-EF y DS 224-98-EF ascendente a S/.
10,151.22 soles, sobre el cual se descontaron los rubros de abono concepto variable 1 e ingreso no
remunerativo 1, quedando un neto a título de productividad de S/. 1691.87 soles. Ahora bien, a efectos de
esclarecer la naturaleza y legitimidad de tales descuentos aplicados sobre el rubro de productividad,
reclamado en autos, cabe exponer algunas consideraciones previas.
9.2. Debe queda establecido que el rubro de “productividad” fue la denominación informar del
concepto de Bono por Productividad Gerencial regulado por las Resoluciones Supremas que a
continuación se mencionan:
i. Resolución Suprema N° 104-94-EF (Fojas 1288/1290), su fecha 07 de setiembre de 1994, en
virtud de la cual se aprobó el otorgamiento a los funcionarios y trabajadores activos de una bonificación
por concepto de productividad, a título de bonificación extraordinaria por productividad en base a la
evaluación semestral del rendimiento en el desempeño efectivo del trabajo.
ii.- Mediante Resolución Suprema N° 121-95-EF (Fojas 1291/1293), norma del sector Economía
expedida el 20 de octubre de 1995, se autorizó al Banco a otorgar adicionalmente a lo establecido en la
Resolución Suprema que antecede, “una bonificación por concepto de productividad estableciendo los
montos máximos a otorgarse”, precisando además que tal bonificación se reconocerá a cada trabajador
previa evaluación específica y personal, en función al rendimiento por el trabajo efectivo que realice, el
cual condicionará su pago.
- 7 - Expediente N° 00356-2004-28°JLL
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iii. A tenor de la Resolución Suprema N° 009-97-EF (Fojas 1294/1296)), su fecha 30 de enero de
1997, se autorizó al Banco a otorgar a partir del 01 de noviembre de 1996, a sus trabajadores,
adicionalmente a lo establecido por las Resoluciones precitadas, una bonificación por productividad en
los montos ahí señalados. Se vuelve a indicar que la aludida bonificación se otorgará previa evaluación
específica y personal de cada trabajador, teniendo en cuenta el rendimiento y eficiencia laboral.
iv. Asimismo, por Resolución Suprema N° 224-98-EF, su fecha 06 de noviembre de 1998
se aprobó la política remunerativa del personal sujeto a negociación colectiva de las entidades que se
encuentran bajo el ámbito de la OIOE (Oficina de Instituciones y Organismos del Estado), disponiéndose
en su artículo 2 inciso d) que en virtud de la política remunerativa aprobada, la negociación colectiva
iniciada durante 1998 deberá considerar, entre otros, lo siguiente: «d. Se podrán mantener el monto de
las bonificaciones extraordinarias, asignaciones especiales u otros pagos que perciba el trabajador
periódicamente. Alternativamente, las entidades podrán acordar la sustitución del importe de todos estos
beneficios por una Bonificación Única Mensual».
9.3. Sobre el carácter remunerativo de la Bonificación por Productividad Gerencial. Si bien las
resoluciones supremas citadas precedentemente señalan y califican a la bonificación comentada como
concepto extraordinario, eventual, no computable y sujeto a condición, cabe determinar si ello fue así en los
hechos, en función de la concepción legal de la remuneración.
i) De la percepción remunerativa: Tanto el artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR y el artículos 9° del Texto Único
Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo
N° 001-97-TR, enseñan que constituye remuneración computable la remuneración básica y todas
las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como
contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de
su libre disposición, pese a que sus montos puedan variar en razón de incrementos y otros motivos.
De otro lado, el literal a) del artículo 19° del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de
Servicios precitada, señala que “No se consideran remuneraciones computables las gratificaciones
extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o aceptadas en los procedimientos de
conciliación…”. Por tanto, siguiendo el tenor de lo preceptuado en las disposiciones legales citadas
supra, se entiende que, en principio, donde hay prestación de servicios efectiva se debe afirmar la
condición remunerativa de lo que se haya entregado al trabajador, entonces, solo puede
considerarse remuneración a aquellas ventajas patrimoniales relacionadas de modo directo
con la prestación de servicios”2, mientras que, contrariamente, son liberalidades del patrón las
sumas cuya causa de atribución se halla residenciada en un hecho o motivo específico, distinto y
ajeno a la prestación efectiva de servicios.
ii) Percepción y forma de pago de la Bonificación Gerencial: partiendo del hecho de que la
referida bonificación fue de libre disponibilidad para el trabajador, toda vez que no se condicionó el
disfrute de la misma en modo alguno, reportando antes bien una ventaja patrimonial para su titular,
es importante destacar que de la revisión de las boletas obrantes en autos (Fojas 1297/1352, Fojas
1367/1371) y liquidaciones de compensación por tiempo de servicios (Fojas 352/599), se advierte
que, a partir del año 2000 hacia adelante, la emplazada otorgó a la actora los conceptos
mensuales rubricados con los nombres de Abono por Regularizar A, Concepto No Remunerativo
A, Concepto Variable 1, Préstamo A e Ingreso No Remunerativo 1, siendo que su percepción se
verificó por el periodo que va de enero a mayo y de julio a noviembre de cada año. Empero, de la
documentación descrita, también se observa que tales rubros mensuales se descontaron
sistemáticamente en los meses de junio y diciembre desde el año 2000 hasta el año 2004 (junio),
2 Véase Arce Ortiz, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú: Desafíos y Deficiencias. Segunda Edición Actualizada. Palestra
Editores. Lima. 2013. Pág. 329/331.
- 8 - Expediente N° 00356-2004-28°JLL
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sobre los montos semestrales abonados en esas fechas, a título de la Bonificación por
Productividad Gerencial, consignándose esta bonificación bajo los nombres de Bo. Pro. RS. 009-
97-EF y DS-224-98-EF. En ese orden de ideas, es válido concluir que las percepciones de Abono
por Regularizar A, Concepto No Remunerativo A, Concepto Variable 1, Préstamo A e Ingreso No
Remunerativo 1 constituyeron pagos fijos y a cuenta o mensualizados de la Bonificación
Gerencial, de modo que, ese hecho no hace más que confirmar la continuidad y regularidad
mensual que caracterizó a la bonificación en alusión, además de corroborarse con ello, su
carácter incondicional, desvirtuando así lo estipulado en las Resoluciones Supremas antes
mencionadas, por cuanto si bien en los documentos, dicha bonificación se encontraba supeditada
a una evaluación de desempeño semestral (periodo enero-junio y julio-diciembre), conforme se
puede apreciar de la hoja de evaluación de desempeño del primer semestre del año 2004 (Fojas
709); cierto es que, en los hechos, el desembolso de anticipos antes de que inclusive se llegue a
verificar la condición suspensiva a la que supuestamente estaba sujeto el pago de la bonificación
refleja su exigibilidad inmediata e incondicional. Por consiguiente, no queda sino postular que los
conceptos Abono por Regularizar A, Concepto No Remunerativo A, Concepto Variable 1,
Préstamo A e Ingreso No Remunerativo 1 correspondieron a pagos mensuales de la Bonificación
por Productividad Gerencial a partir del año 2000, motivo por el cual, cabe atribuirle carácter
remunerativo al concepto en cuestión, al configurarse como una percepción regular, de libre
disposición y contraprestativa.
9.4. En conclusión, habiéndose establecido que la Bonificación por Productividad Gerencial a partir del año
2000 ostentó naturaleza remunerativa, siendo que aquella se pagó mediante los conceptos mensuales de
Abono por Regularizar A, Concepto No Remunerativo A, Concepto Variable 1, Préstamo A e Ingreso No
Remunerativo 1, los cuales (con el objeto de simular su condición de préstamos) fueron descontados
sistemáticamente en los meses de junio y diciembre, sobre los importes totales asignados a dicha
bonificación; corresponde, bajo esas consideraciones y sin perjuicio del carácter salarial del concepto en
cuestión, desestimar el extremo de la pretensión relativo al pago de la bonificación por productividad
gerencial del periodo 2004 (junio 2004), por cuanto ésta le fue reconocida en su integridad a la actora, pues,
como ya se determinó, los descuentos que figuran en la boleta del mes de junio de 2004 (Fojas 1352) bajo las
denominaciones de concepto variable 1 e ingreso no remunerativo 1, no fueron sino los pagos otorgados a
cuenta del referido beneficio entre enero y mayo de ese año, no representando aquellos ningún recorte de la
bonificación peticionada.
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 00356-2004-0-1801-JR-LA-28
RESOLUCIÓN N° 53
Lima, veinticuatro de febrero
Del año dos mil veintiuno. -
VISTOS
En Audiencia Pública, de fecha 19 de enero del año en curso, interviniendo como
Juez Superior ponente la Señora Serpa Vergara, se expide la siguiente resolución:
Resoluciones materia de apelación:
1. Resolución N° 7, emitida en Audiencia Única, que resuelve declarar
INFUNDADA la excepción de Prescripción propuesta por la demandada.
2. Resolución N° 20, de fecha 11 de setiembre de 2008, que declaró
IMPROCEDENTE el pedido de cesión de derechos.
3. La Sentencia N° 022-2019-26° JETTL, Resolución N° 50, de fecha 28 de febrero de
2019, obrante de fojas 1374 a 1387 que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda
interpuesta por MARÍA OTILIA LA TORRE ORTIZ DE RODRÍGUEZ; en
consecuencia, se ordena a la demandada BANCO DE LA NACIÓN S.A., cumpla
con pagar a la actora la suma de S/.6,541.90 (SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 90/100 SOLES), debiendo asimismo la emplazada
realizar las gestiones necesarias ante la entidad financiera depositaria, a fin de que
la actora pueda cobrar la compensación por tiempo de servicios en el monto
ascendente a S/. 18,029.69 (DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE CON 69/100
SOLES); más intereses legales, sin costas ni costos procesales.
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AGRAVIOS:
El demandado, en su recurso de apelación (Resolución N° 7) de fojas 695 a 700,
expresa como agravios:
1. Que, la apelada no se pronuncia sobre nuestros argumentos, toda vez que,
consideramos que debe calcularse el plazo de prescripción desde la fecha en que
los supuestos beneficios reclamados son exigibles.
2. Que, solo resultaría exigibles derechos de carácter laboral a partir del 23 de
diciembre de 1998 (fecha de la dación de la Ley N°27022), cuyo plazo prescriptorio
comienza a computarse desde la fecha de cese del trabajador y que en su
Disposición Transitoria y Final estableció claramente que, la prescripción iniciada
antes de su vigencia, se rige por la ley anterior.
3. Que, la Ley N° 27321 señala que la prescripción iniciada antes de la vigencia de
esta Ley se rige por la ley anterior, es por ello que dicha Ley no resulta aplicable al
presente caso, por cuanto los períodos reclamados por la actora son conceptos del
año 1995, los cuales ya habrían prescrito, estableciéndose la ultra actividad de la
Ley 26513.
La demandante, en su recurso de apelación de la Resolución N° 20, de fojas 1017
a 1019, expresa como agravios:
1. La apelada incurre en error toda vez que afecta el Principio Constitucional del
artículo 2°, Inc. 24-A, que dice que nadie está impedido de hacer lo que ella no
prohíbe, de modo que no está prohibido la cesión de derechos.
2. Que, contraviene además el artículo 62° de la Carta Magna que prevé la Libertad
Contractual y el artículo 1206° del Código Civil.
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La demandada, en su recurso de apelación Sentencia de fojas 1400 a 1409, expresa
como agravios:
1. La Sentencia apelada afecta el Principio y Derecho Constitucional del
debido proceso, toda vez que no ha efectuado una valoración conjunta y
razonada de los medios de prueba actuados y aportados al proceso.
- Que, la apelada sostiene que a la actora le corresponde la percepción de las
bonificaciones extraordinarias por productividad, sin razonar que dicha
bonificación surgió a raíz del proceso de reestructuración al que fue sometido el
Banco.
- Que, de acuerdo al desarrollo reglamentario, se señala claramente y de manera
expresa el carácter no remunerativo de dicha bonificación.
2. Se realiza una interpretación errónea de lo que debe entenderse por
remuneración y la naturaleza de las bonificaciones entregadas a la demandante.
- Que, a lo largo del proceso se ha establecido que las bonificaciones entregadas al
accionante no cumplieron con ninguna de las características necesarias para ser
considerados como conceptos de carácter remunerativo.
3. La Productividad Gerencial no tiene carácter remunerativo, razón por la cual
no proceden los reintegros amparados en las gratificaciones ni en la
compensación por tiempo de servicios.
- Que, estando a las características y naturaleza de este concepto, de conformidad
con el artículo 7° del Decreto Supremo 003-97-TR y los artículos 19° y 20° del
Decreto Supremo N° 650 se concluye que esta bonificación no tiene carácter
remunerativo, mucho menos pueden ser compensables ni pensionables.
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La demandante, en su recurso de apelación (Sentencia) de fojas 1411 a 1413,
expresa como agravios:
1. Que, la A quo no ha considerado sobre la pretensión de Bonificación de
Productividad Gerencial.
- Que, dicho concepto, como se aprecia de las boletas de pago de remuneraciones,
le fueron abonados al demandante a partir del año 2000 en forma mensual,
continua y periódica aunque bajo de diferentes denominaciones.
2. Que, la apelada no ha considerado sobre la pretensión de bonificación de
Productividad Sindical.
- Que, dicho bono inicialmente fue abonado al actor en un monto fijado en el
convenio y en un solo pago hasta 1999, para luego ser abonado con diferentes
denominaciones, dicha bonificación fue entregada a los trabajadores siempre y
cuando cumplan con la exigencia de puntualidad, asistencia y eficiencia., tampoco
se ha considerado la Casación N° 69-2005-LIMA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. La
apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está regida por
Principios específicos que orientan su actuación entre los cuales destacan: el
“Tantum devolutum quantum apellatum”, y el de la prohibición de la “reformatio in
peius”.
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De la Resolución N° 7
SEGUNDO: Debemos tener presente que de acuerdo con la opinión del autor nacional
Marcial Rubio Correa: “La Prescripción Extintiva es una institución jurídica, según la
cual, el transcurso de un determinado lapso de tiempo extingue la acción que el sujeto
tiene, para exigir un derecho ante los Tribunales.” (Rubio Correa, Marcial: La extinción
de Acciones y Derechos en el Código Civil, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima 1990, página 16).
TERCERO: En el Derecho Laboral Peruano, la prescripción ha sido objeto de diversas
regulaciones a través del tiempo, entre las que se encuentra la Ley Nº 26513, publicada
el 28 de Julio de 1995, que establecía en su Primera Disposición Transitoria que las
acciones derivadas de la relación laboral prescriben a los tres años desde que resulten
exigibles, norma que es recogida posteriormente por la Primera de las Disposiciones
Complementarias, Transitorias y Derogatorias del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR y también por el
Decreto Supremo 05-95-TR; norma que se aplicó a todos los reclamos laborales, cuyos
trabajadores cesaron hasta el 22 de Diciembre de 1998 hacía atrás y cuyo plazo
prescriptorio no haya trascendido de los tres años; que con fecha 23 de Diciembre de
1998, se publica la Ley Nº 27022, que en la parte de sus Disposiciones Transitorias y
Finales, deroga la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Derogatoria del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, así como las
demás normas que se opusieran a la presente Ley; estableciendo, en su artículo único
que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los dos
años, contados a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral; que a su
vez esta norma es derogada por la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y
Final de la Ley Nº 27321, publicada el 22 de Julio del 2000, estableciendo un periodo
prescriptorio de cuatro años, norma que a la fecha se encuentra vigente.
CUARTO: Que, dado que la Ley Nº 26513, estableció que el plazo de prescripción
se computaba a partir de que la obligación sea exigible, se determinó que los
derechos laborales dada la situación de subordinación jurídica en la que se
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encuentra el trabajador frente a su empleador, muchas veces, no obstante que el
empleador no cumple con pagar algunos derechos laborales, el trabajador
priorizando su permanencia en el trabajo o con la expectativa que su empleador le
pague, no acuden a los órganos jurisdiccionales a reclamar judicialmente sus
derechos sino esperan a que concluya el vínculo laboral.
QUINTO: En ese sentido se ha pronunciado de la Sala de Derechos Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República al resolver con fecha 06 de
Octubre de 1997 la Casación N° 802-96 PIURA y la Casación N° 623-98 LIMA del 15 de
Setiembre de 1999; en la que se establece que el plazo de prescripción se computa
desde la fecha del cese del trabajador por cuanto es desde esa fecha que la
obligación resulta exigible; en consecuencia para efectos del cómputo de la
prescripción de los extremos demandados por el accionante se debe tener en
cuenta su fecha de cese.
SEXTO: Que, si bien es cierto el actor como parte de su pretensión solicita el pago
de sus beneficios sociales por el período 1 de febrero de 1974 hasta el 23 de
diciembre de 1998, pero al haber continuado laborando hasta el 11 de agosto de
2004, a la presentación de la demanda el 12 de octubre de 2004, cuando ya se
encontraba vigente el plazo de cuatro años previsto en la Ley Nº 27321, aún no
había vencido dicho plazo, por lo que se desestima los agravios de la demandada y
se confirma la resolución que declara infundada la excepción de prescripción
propuesta por la demandada.
De la Resolución N° 20
SETIMO: Que, el artículo 1206 del Código Civil define a la cesión de derechos
como "(…) el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el
derecho de exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un
título distinto. La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor." Estableciendo
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en sus artículos 1207° y 1208°, la forma de la cesión de derechos y que puede
cederse derechos que sean materia de controversia judicial.
OCTAVO: Que, por otro lado, el artículo 108° numeral 3, del Código Procesal
Civil, establece “por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al
reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido. Se presenta la sucesión
procesal cuando: (…) 3 el adquiriente por actos entre vivos de un derecho discutido, sucede
en el proceso al enajenante. (… )”.
NOVENO: En autos, la demandante mediante escrito que obra a fojas 980 y 981,
de fecha 28 de mayo de 2008, solicitó que se constituyan en sucesores procesales los
señores Nora Inés Espinoza La Torre y Roy Elmer Remer Ramírez Carbajal, al
haberles cedido sus derechos, indicando: "(...) que por la cesión de los derechos
patrimoniales que efectúo, los nuevos titulares de los derechos discutidos en la presente
causa judicial son doña Nora Inés Espinoza La Torre y Roy Elmer Remer Ramírez Carbajal,
quienes se constituyen en los nuevos acreedores de lo que se ordene pagar en la sentencia al
demandado, debiendo precisar que la cesión la efectúo de la siguiente manera: 80% de los
derechos le cedo a Nora Inés Espinoza La Torre y el 20% Roy Elmer Remer Ramírez
Carbajal, de conformidad al artículo 1206 del Código Civil (...) de modo tal que los
cesionarios Nora Inés Espinoza La Torre y Roy Elmer Remer Ramírez Carbajal se
constituyen sucesores procesales de mi parte (...)".
DÉCIMO: Que, sin embargo, mediante Resolución N° 20, de fecha 11 de setiembre
de 2008, que obra a folio 1010, se declaró IMPROCEDENTE el pedido de cesión de
derechos, siendo el único argumento, que lo solicitado no se encuentra
contemplado en la legislación laboral.
DÉCIMO PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo IX del Título Preliminar del
Código Civil, las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las
relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otra leyes, siempre que no sean
incompatibles con su naturaleza; y en cuanto a las normas procesales, la tercera
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Disposición Final de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, señala que en lo no
previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal
Civil.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, en el caso de autos, si bien es cierto es principio del
derecho de trabajo la irrenunciabilidad de derechos, sin embargo, cuando el
trabajador realiza el acto de cesión a un tercero que no es su empleador, no
contraviene el principio antes invocado pues no tiene como base la existencia de
una relación laboral entre la ex trabajadora y a los que cede sus derechos, por lo
tanto, dicho acto jurídico es la manifestación de la autonomía de voluntad de las
personas para ceder y adquirir un derecho litigioso que entra al campo civil, por lo
tanto, es de aplicación las normas del Código Civil.
DÉCIMO TERCERO: Entonces, lo que correspondía en autos, era dar trámite a lo
solicitado verificando el cumplimiento de la formalidad de la cesión de derechos, y
considerando que cuando una persona cede a un tercero su derecho a percibir el
pago por parte de la Entidad demandada, ello lo habilita a ser sucesor procesal,
para que se continúe el proceso ocupando el lugar de la demandante.
DÉCIMO CUARTO: Que, al no haber resuelto debidamente la sucesión procesal
solicitada en virtud a la cesión de derechos que invocó la demandante el Colegiado
considera que se ha incurrido en causal insalvable, al vulnerarse el derecho al
debido proceso y la defensa de la parte procesal por lo que, de conformidad a lo
establecido en el el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y
el artículo 171° del Código Procesal Civil, corresponde declarar nula la Resolución
20, y por consiguiente la Sentencia, a efectos de que sea tramitada debidamente la
sucesión procesal solicitada, y de ser el caso, se prosiga la causa con intervención
de los sucesores procesales.
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Por las consideraciones expuestas, Primera la Sala Laboral Transitoria de la Corte
Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR Resolución N° 7, emitida en Audiencia Única, que resuelve
declarar INFUNDADA la excepción de Prescripción propuesta por la demandada.
2. DECLARAR NULA Resolución N° 20, de fecha 11 de setiembre de 2008, que
declaro IMPROCEDENTE el pedido de cesión de derechos, DISPUSIERON que se
emita resolución con arreglo a ley, teniendo en cuenta las observaciones que
contiene la presente resolución, e insubsistente todo lo actuado hasta la Sentencia.
En los seguidos por LA TORRES ORTIZ DE RODRIGUEZ MARIA OTILIA
contra BANCO DE LA NACIÓN sobre INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
ARBITRARIO Y OTROS.
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA - LEY N° 26636
Sede Judicial Alimar (Cdra. 26 de la Av. Arenales, cruce con Av. 2 de Mayo, Distrito de San Isidro)
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26°
Señores:
VALENZUELA BARRETO
SERPA VERGARA
RESOLUCIÓN N° 48
Lima, 13 de diciembre del 2021.
AUTOS y VISTOS: Al escrito N° 123557-2021 presentado por la parte
demandante con fecha 25 de noviembre de 2021: A lo expuesto, téngase presente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme se aprecia del escrito de la referencia, la parte demandante
interpone el presente medio impugnatorio contra la Resolución N° 46 que contiene la
sentencia de vista de fecha 9 de noviembre de 2021, que resuelve: REVOCARON la
Sentencia Nº 084-2020-14°JTTL, (Resolución Nº 39), de fecha 29 de setiembre del 2020,
obrante de folios 1297 a 1307, que declara fundada en parte la demanda; y,
REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda en todos sus extremos; en
consecuencia, ORDENARON el archivamiento definitivo del proceso una vez quede
consentida o ejecutoriada la presente sentencia, sin costos ni costas.
SEGUNDO: El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario -
que no da lugar a una instancia adicional-, por el cual el Estado busca controlar la
adecuada aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos y, de esta forma brindar
seguridad a las partes, así como unificar los criterios jurisprudenciales.
TERCERO: Al respecto, el artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo, aprobada por la Ley
N° 26636 y modificado por la Ley Nº 27021, siguiendo el contenido del artículo 384° del
Código Procesal Civil, señala: "el recurso de casación tiene por finalidad asegurar la correcta
aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Provisional y de
Seguridad Social, así como la unificar la jurisprudencia en materia laboral a nivel nacional".
CUARTO: En ese sentido, se advierte del escrito de demanda obrante de fojas 85 al 102
que la pretensión económica del actor supera las 100 URP fijadas para el presente año;
asimismo, se debe tener en cuenta que las causales de procedencia así como los requisitos
formales y de fondo del recurso de casación los encontramos en los artículos 55°, 56° y 57°
de las normas acotadas; dicho ello, se procede a calificar el recurso de casación presentado
por la parte demandante; verificándose de los actuados que el apelante (demandante) fue
notificado con la resolución materia de impugnación el 12 de noviembre del año en curso a
su casilla electrónica, conforme se advierte del cargo de notificación que obra a fojas 865
de autos; por lo que, encontrándose el presente medio impugnatorio dentro del plazo
establecido en el artículo 57° de la Ley Procesal citada; y, teniendo en cuenta que dicho
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por la norma procesal acotada,
SE RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la parte
demandante; contra la Resolución N° 46 que contiene la sentencia de vista de fecha 9 de
noviembre de 2021, obrante a fojas 857/864; disponiéndose, ELEVAR los autos al
Superior Jerárquico con la debida nota de atención a efectos que se pronuncien de
acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley. Avocándose al conocimiento del presente
proceso los señores Jueces Superiores, por disposición de la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lima, emitida mediante Resolución Administrativa N° 000005-
2021-P-CSJLI-PJ de fecha 06 de enero de 2021, quienes suscriben la presente resolución.
Notifíquese.- |
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA DE LIMA - SEDE ALIMAR
Expediente Nº 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
SENTENCIA
Resolución Nº 46
Lima, 09 de noviembre de dos mil veintiuno.
En Audiencia Pública, de fecha 12 de octubre del año en curso, interviniendo como
Juez Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
Resolución materia de apelación:
La Sentencia Nº 084-2020-14°JTTL, (Resolución Nº 39), de fecha 29 de setiembre del
2020, obrante de folios 1297 a 1307, que declara fundada en parte la demanda,
interpuesta por Eduardo Eladio Garcia Alfaro, y otorga el pago de gratificaciones
extrarodinarias por productividad, correspondientes el periodo comprendido entre el
año 2000 al 2003, que debieron ser pagados en los meses de mayo 2001 a mayo
2004, mas intereses legales, con costos y costas.
AGRAVIOS:
La demandada Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito de apelación de
Sentencia, de fecha 17 de noviembre de 2020, de folios 824 a 830, expresa como
agravios lo siguiente:
• Apela la sentencia en el extremo que declara fundada la pretensión de pago de
gratificaciones extraordinaria por productividad, bajo la premisa que Telefónica del
Perú S.A.A., no habría cumplido con "acreditar las metas de ingresos y gastos" de
cada ejercicio; sin embargo, no se ha tenido en consideración que la emplazada
cumplió con comunicar las metas de ingresos y gastos, a su vez, los resultados
obtenidos por los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, por lo que no corresponde
ordenar el pago de dichos conceptos.
• Telefónica del Perú S.A.A., cumplió con comunicar las metas de ingresos y
gastos, por lo tanto, no existe obligación de pagar la gratificación extraordinaria por Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
productividad, por que las organizaciones sindicales no alcanzaron las metas
propuestas.
• Respecto a los años 2001, 2002 y 2003, conforme a la Carta N° REC-421-A-007-
06, dirigida al Sindicato Unitario de Trabajadores, se le hace de conocimiento de los
trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A., que no se habían alcanzado las metas
trazadas.
• Respecto al año 2004, mediante Carta N° Carta N° R EC-440-A-00245-05, dirigida
al Sindicato Unitario de Trabajadores, se le hace de conocimiento de los trabajadores
de Telefónica del Perú S.A.A., que no se habían alcanzado las metas trazadas para
dicho ejercicio.
• No obstante lo precisado, el juzgado, no ha tenido en consideración que la
demandada si cumplió con comunicar las metas de ingresos y gastos por cada
ejercicio, e inclusive, que las organizaciones sindicales no cumplieron con la condición
suspensiva (superar las metas de ingresos y gastos), regulada por convenio colectivo,
por lo cual no existe obligación de pagar por Telefónica del Perú S.A.A.
• Que, en todo caso, la falta de comunicación de las metas de ingresos y gastos, no
supone la percepción de la gratificación extraordinaria por productividad, toda vez que
para que ello ocurra, es necesario superar dichos presupuestos.
• No se ha tenido en consideración los reiterados pronunciamientos emitidos por la
Corte Suprema de Justicia de la República, respecto al no otorgamiento de la
gratificación extraordinaria por productividad.
CONSIDERANDO:
1.- Que, mediante Casación N° 626-01-Arequipa se establece que “El Juez Superior
tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el
juez inferior, sin embargo cabe precisar que la extensión de los poderes a la instancia
de alzada está presidida por un postulado que limita su procedimiento, recogido por el
aforismo tantum appellatum quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de
alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al
2 Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
impugnante”1; en ese sentido, sólo se debe pronunciar sobre los agravios planteados
por la demandada en la apelación (de la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en
relación a ellos (agravios).
2.- Es preciso recordar que en el proceso laboral, regulado por la Ley Procesal de
Trabajo, Ley N° 26636, corresponde a las partes probar sus afirmaciones a fin de
producir certeza en el Juzgador sobre los hechos controvertidos, tal como lo dispone el
Artículo 27º de dicha norma; de allí que recae en el demandante, la carga de probar
que le corresponde el pago no honrado sobre remuneración vacacional por descanso
adquirido y no gozado e indemnización vacacional, mientras que a la parte
demandada le corresponde probar lo contrario o de ser el caso, que ha cumplido pagar
tales beneficios.
3.- El artículo 30° de la Ley Procesal de Trabajo, señala que “Todos los medios
probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada”; precisando que por apreciación o valoración de la prueba se entiende el
proceso por el cual el juez califica el mérito de cada medio probatorio explicando en la
sentencia el grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver la
causa; asimismo, el principio de la unidad de la prueba regula la norma y señala que la
prueba se aprecia en su conjunto, pues la certeza no se obtiene con una evaluación
aislada y fragmentaria, tomadas una por una, sino apreciado en su totalidad. Las
pruebas que individualmente estudiadas pudiesen aparecer como débiles o imprecisas
pueden complementarse entre sí, de tal modo que unidas lleven al ánimo del juez a la
convicción acerca de la existencia o inexistencia de los hechos discutidos en la litis.
4.- El actor Eduardo Eladio Garcia Alfaro con la demanda de fojas 85 a 102, solicita se
ordene a Telefónica Del Perú S.A.A., la suma de S/ 288,662.29 por concepto de
reintegro de remuneraciones por homologación del haber básico, reintegros de
gratificaciones de julio y diciembre, reintegro de gratificación vacacional, reintegro de
compensación por tiempo de servicios, reintegro de utilidades y por el no pago de la
gratificación extraordinaria por productividad de los años 2000, 2001, 2002 y 2003; al
respecto, precisa que el 14 de junio de 1996 la demandada suscribió un convenio
colectivo en cuya cláusula quinta, referida a Acuerdos sobre Remuneraciones y
Condiciones de Trabajo, se pactó en su numeral 4 el otorgamiento de dos
remuneraciones básicas mensuales en calidad de gratificación extraordinaria por
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
3 Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
productividad, la que sería pagada el 31 de mayo de cada año, a partir del año 1996,
indica que la empresa demandada incumplió con los mismos, pues la gratificación
extraordinaria por productividad de los años 2000, (Que debió abonarse en el mes de
marzo del 2001), 2001, (Que debió abonarse en el mes de marzo del 2002), 2002,
(Que debió abonarse en el mes de marzo del 2003), y 2003 (Que debió abonarse en
el mes de marzo del 2004), que afirma nunca le fueron pagadas.
5.- Por su parte la demandada, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en
todos sus extremos señalando que no se configura algún supuesto de discriminación
salarial con el homólogo propuesto, toda vez que el hecho de provenir de dos
empresas distintas no genera un derecho automático de nivelación u homologación
salarial, sin embargo, la demandada ha llevado a cabo un proceso de homologación
de las remuneraciones de los trabajadores provenientes de la ex Entel Perú con las de
los trabajadores de la ex Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y que ello se ha
ocurrido en forma consensuada con las organizaciones sindicales; respecto a la
gratificación extraordinaria por productividad refiere que a partir del año 2000, la
empresa no tuvo obligación de otorgar esta gratificación en la medida que no se
cumplieron con la condiciones mediante Convenio Colectivo del año 1996, las mismas
que consistían en lograr la superación simultánea de las metas presupuestadas de
ingresos y gastos por cada ejercicio anual.
6.- En Audiencia Única de fecha 28 de abril del 2005, obrante a fojas 162 a 164, se
determinaron como puntos controvertidos lo siguiente: “i) Determinar si se ha
producido discriminación en las remuneraciones del actor con relación a otros
trabajadores en las mismas condiciones; ii) Si como consecuencia de lo anterior, le
corresponde reintegros en sus remuneraciones por homologación de la remuneración
básica desde junio 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, en el cargo de Experto; iii)
De ser el caso si le corresponde al actor el pago de reintegros de gratificaciones
ordinarias, vacaciones, gratificaciones por productividad, compensación por tiempo de
servicios y utilidades desde el 2001 al cese del actor; por efecto de los reintegros por
homologación".
7.- Que, la sentencia recurrida, declara infundada la demanda respecto a la pretensión
de homologación de remuneraciones conforme lo percibido por el trabajador Felix
Salomon Alarco Gonzales, en razón que no cumple con acreditar los criterios
establecidos por la Casación 208-2005-PASCO, el mismo que es de observancia
4 Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
obligatoria para resolver dicha pretensión, asimismo, respecto a las pretensiones
acumuladas de pago de reintegro de beneficios sociales, al encontrar sustento en la
pretensión principal de reintegro de sueldo básico, son declaradas infundadas las
pretensiones de reintegro de remuneraciones; sin embargo declara fundada la
demanda de pago de "Gratificación Extraordinaria por Productividad" correspondiente
a los periodos 2001, 2002, 2003 y 2004, ordenando el pago de S/ 42,246.50 por dicho
concepto, extremo que es materia de apelación por Telefónica del Perú S.A.A.
8.- Estando a lo señalado, a efectos de resolver la presente controversia, debe
dilucidarse si al actor le correspondía percibir el pago por concepto de gratificación
extraordinaria por productividad, fijada en el convenio colectivo del 14 de Junio de
1996.
9.- Que, el pago por el mencionado concepto fue establecido mediante Convenio
Colectivo de fecha 14 de Junio de 1996, obrante de fojas 53 a 61, que en su cláusula
quinta sobre “Remuneraciones y Condiciones de Trabajo” en cuanto a la
Gratificación Extraordinaria por Productividad acuerda que “Las partes convienen en
que el importe de la Gratificación Extraordinaria por Productividad será equivalente a
dos remuneraciones básicas mensuales, y se otorgará el 31 de mayo de cada año. La
percepción de la Gratificación Extraordinaria estará sujeta a la evaluación anual
que se realice para el cumplimiento de las metas presupuestadas de ingresos y
gastos señalados para el año evaluado. Las Organizaciones Sindicales de
Trabajadores y la Federación de Trabajadores de la Telefónica del Perú S.A. tendrán
conocimiento de dichas metas antes del 31 de marzo de cada año, excepto para el
año de 1996 en que dichas metas presupuestadas serán de conocimiento de las
Organizaciones Sindicales de Trabajadores y la Federación de Trabajadores de la
Telefónica del Perú S.A. a la firma del presente Convenio (…)”
10.- Que, el inciso 2) de artículo 28 de la Constitución Política de 1993, “La convención
colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado”, es decir, obliga a las
partes que celebraron el convenio colectivo, esto es, a las personas representadas en
la suscripción de la convención colectiva, otorga un referente normativo que implica
que todo sus efectos, se aplican automáticamente a las relaciones individuales de
trabajo; y en cuanto a la Convención Colectiva de Trabajo, el artículo 42° del Decreto
Supremo N° 010-2003-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas
de Trabajo, nos dice que “(…) tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron.
5 Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
Obliga a estas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea
aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las
empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de
dirección o desempeñan cargos de confianza”.
11.- En el caso de autos, en el Convenio Colectivo de fecha 14 de Junio de 1996 (fojas
53 a 61) se puede apreciar que la percepción de la gratificación extraordinaria por
productividad, se encontraba sujeta a condiciones suspensivas de cumplimiento de
metas presupuestadas de ingresos y gastos señalados para el año evaluado, y
de que dichas metas serán puestas en conocimiento de las Organizaciones Sindicales
y la Federación de Trabajadores antes del 31 de Marzo de cada año; por lo que, para
determinar si le corresponde al demandante, el pago del beneficio denominado
gratificación extraordinaria por productividad, resulta necesario verificar si se cumplió o
no con las metas presupuestadas y comunicadas por la entidad demandada, para los
ejercicios económicos 2000, 2001, 2002 y 2003.
12.- En ese sentido, en autos obran los siguientes documentos: i) A fojas 771, la Carta
REC-421-A-007-06, de fecha 21 de junio de 2006 dirigida al Sindicato Unitario de
Trabajadores de Telefónica del Perú S.A., mediante la cual se les informa que las
metas presupuestadas para los ejercicios anuales 1997, 1998, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006 no han sido cumplidas, ii) A fojas 772, Carta ZO/PIU-698-
A0131-2004, de fecha 23 de enero de 2004, dirigida al Sindicato de Trabajadores de
Telefónica - Piura, donde se informa que las metas presupuestadas de ingresos y
gastos para el ejercicio 2002, no han sido alcanzados, y, iii) A fojas 773, la Carta
REC-440-A00139-04, de fecha 25 de marzo de 2004 dirigida a la Federación de
Trabajadores de Telefónica del Perú, mediante el cual se le informa que las metas
presupuestadas de ingresos para el ejercicio 2003 no han sido cumplidas; Carta
ZO/PIU-698-355-2004de fecha 30 de junio del 2004, dirigida a la Federación de
Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A. en el cual da respuesta a la Carta N° 35-
04-STEP-SP de fecha 09 de junio del 2004, mediante la cual comunica que “(...)
lamentamos no poder atender vuestra solicitud por cuanto las metas presupuestadas
de ingresos y gastos para el año 2003, no fueron superadas en dicho ejercicio”;
documentos que al ser puestos en conocimientos de las organizaciones sindicales no
han sido materia de observación o desacuerdo, conforme es, de verse de los
documentos obrantes en autos.
6 Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
13.- Que, al respecto, debe tenerse en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema
de Justicia en casos similares, quien a través de la Casación Laboral N° 4460-2009-
LA LIBERTAD, ha señalado lo siguiente: “Cuarto.- En ese contexto, con relación a la
denuncia contenida en el apartado i) del numeral 2 de la presente resolución, referida
la interpretación de la Cláusula Quinta del Convenio Colectivo de Trabajo de catorce
de junio de mil novecientos noventa y seis, esta Suprema Corte ha establecido a partir
de su Sentencia Casatoria número 3282-2006-PIURA, que el hecho de que la
empresa demandada no haya comunicado a los trabajadores las metas a cumplir no
puede constituir argumento suficiente para amparar el derecho reclamado, pues la
obtención de la gratificación extraordinaria establecida en el citado convenio, al estar
sujeta a acondiciones formales y de fondo, que deben ser cumplidas, no pueden
obviarse. Una de esas condiciones, que resulta fundamental para obtener el pago del
bono, es que se logren las metas propuestas para los ejercicios reclamados, la
ausencia de cumplimiento de ello acarrea la imposibilidad de pagar el bono”; por otro
lado en la Casación N° 3720-2010-Lima, se estableció que: "Es preciso recordar que
este Supremo Tribunal en casos similares ha establecido que uno de los requisitos o
condiciones que resulta fundamental para obtener el pago de la referida gratificación,
es que se logren las metas propuestas para los ejercicios reclamados, caso contrario
no procede el pago de dicha gratificación".
14.- En ese sentido, se advierte de autos que no se han alcanzado las metas
presupuestadas en los periodos reclamados por el demandante, conforme se ha
señalado en el Considerando N° 12; y siendo determinante dicho requisito para la
percepción de la Gratificación Extraordinaria por Productividad reclamada, no
corresponde al demandante percibir dicha gratificación, pues aun cuando la
demandada no cumplió con comunicar oportunamente las metas a alcanzar, tal
situación por sí sola, no es suficiente para dar lugar al pago de las gratificaciones
extraordinarias por productividad, conforme lo acordado en el Convenio Colectivo de
fecha 14 de Junio de 1996 (fojas 53 a 61), por lo que, corresponde revocar la apelada,
y declarar infundada la demanda en todos sus extremos.
Por estas consideraciones, la Primera Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.
7 Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
HA RESUELTO
REVOCARON la Sentencia Nº 084-2020-14°JTTL, (Resolución Nº 39), de fecha 29
de setiembre del 2020, obrante de folios 1297 a 1307, que declara fundada en parte la
demanda; y, REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda en todos sus
extremos; en consecuencia, ORDENARON el archivamiento definitivo del proceso una
vez quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia, sin costos ni costas.
En los seguidos por EDUARDO ELADIO GARCIA ALFARO, contra TELEFÓNICA
DEL PERÚ S.A.A., sobre Homologación de remuneraciones, y pago de
gratificacion extrarodinaria; y los devolvieron al Juzgado de Origen. Notifíquese.-
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 14° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS
ECONOMICOS
JUEZ : GALLARDO ORTEGA, LUZ VERONICA
ESPECIALISTA : MANTILLA HUAMAN, YHALYN KATTYA
DEMANDADO : TELEFONICA DEL ,
DEMANDANTE : GARCIA ALFARO, EDUARDO ELADIO
Razón:
Señorita Magistrada en cumplimiento de mis funciones informo lo siguiente:
Que debido a la Emergencia Sanitaria que estamos atravesando, desde el 16 de marzo de los corrientes el
Gobierno Central dispuso el Aislamiento Social Obligatorio cuarentena, asimismo mediante Decreto
Supremo N° 116-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, hasta el 31 de julio de
2020; posterior a ello, se establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia
Social y con ello la Corte Superior de Justicia de Lima también estableció mecanismos y protocolos para
retomar las labores en forma progresiva. Que, tal situación ha provocado se suspenda toda labor
presencial en dichos meses, lo que ha ocasionado una paralización en las labores desempeñadas por la
servidora, desde las fechas antes indicadas, siendo que, recién desde el 01 de Julio de lo corrientes por
disposición de la Corte Superior de Justicia de Lima, se ha habilitado la facultad del trabajo mixto
(presencial y remoto), asumiendo la suscrita hasta el 21 de julio la asistencia en forma mixta, ocasionando
una avance progresivo y no habitual; ello por cuanto en dicha fecha adquirí mis implementos necesarios
(compra de laptop e internet) para elaborar el trabajo mixto en la indicada fecha 21 de julio. Asimismo se
informa que al acudir en forma interdiaria el avance de las actividades al 100 % resulta imposible por
cuanto los días que se asiste en forma presencial solo es de 05 horas, tiempo en el cual es empleado para
tomar los apuntes de los expedientes que serán trabajos remotamente, por cuanto los expedientes no se
encuentra digitalizados en su totalidad, asimismo los días que se asiste en forma presencial es para
entregar los certificados de depósito judicial los mismos que al tener carácter alimentario requieren la
prioridad del caso, por otro lado se informa que el Asistente Judicial tampoco se da abasto para poder
compaginar todos los escritos pendientes, ni tampoco poder avanzar en forma continua las notificaciones
de los expedientes por el tiempo limitado que se tiene. Aunado a ello al ser un Juzgado liquidador en el
mes de octubre se estaba efectuado una depuración total de los expedientes que se encuentren para el
envío al Archivo Central, para emitir la resolución de archivo provisional, para elevar al Superior, entre
otras funciones. Asimismo, informo que la semana del 23 al 29 de noviembre me encontraba haciendo
uso de mis vacaciones. Es todo cuanto tengo por informar.
Lima, 15 de diciembre de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y UNO
Lima, quince de diciembre
De año dos mil veinte. -
Dando cuenta en la fecha a través del trabajo remoto y mixto implementado por
el Juzgado para afrontar la carga procesal producto de la emergencia sanitaria que
viene afrontando el país. – COVID19, Al escrito ingresado el 17 de noviembre de 2020
presentado por la demandada: Al principal, primer, segundo otrosí digo: Estando
dentro del término de Ley cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 52° y
53° de la Ley Procesal de Trabajo – Ley 26636, la apelación que FORMULA LA
DEMANDADA contra la Resolución TREINTA Y NUEVE que contiene la
SENTENCIA de fecha 29 de setiembre de 2020 que declaró FUNDADA EN PARTE
LA DEMANDA consecuentemente, conforme a lo dispuesto por el Artículo 371° del
Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos, Se Resuelve:
CONCÉDASE LA APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO y elévense los
autos a la Instancia Superior, con la debida nota de atención, devuelto que sean los
cargos de notificación de la presente resolución. Asimismo, por variada su domicilio
procesal físico Casilla N° 4690 del Colegio de Abogados y por señalada su CASILLA
ELECTRÓNICA N° 108030 para los efectos de las notificaciones.
Notificándose. - |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
Demandante: García Alfaro Eduardo Eladio
Demandado: TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
Materia: Reintegro de Remuneraciones y Pago de Beneficios Sociales.
Expediente: Nº 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
Especialista Legal: Yhalyn Kattya Mantilla Huamán
SENTENCIA Nº 084 - 2020-14°- JTTL
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y NUEVE
Lima, veintinueve de setiembre
Del año dos mil veinte.-
I. ANTECEDENTES:
Resulta de autos, que con el escrito corriente de fojas 85 a 102, don
EDUARDO ELADIO GARCIA ALFARO, interpone DEMANDA SOBRE
REINTEGRO DE REMUNERACIONES Y PAGO DE BENEFICIOS
SOCIALES contra TELEFONICA DEL PERU S.A.A a fin que cumpla con
abonarle la suma de S/. 288,662.29 (Doscientos ochenta y ocho mil
seiscientos sesenta y dos con 29/100 nuevos soles) por homologación del
haber básico, reintegros de gratificaciones de julio y diciembre, reintegro de
gratificación vacacional, reintegro de compensación por tiempo de servicios,
reintegro de utilidades y por el no pago de la gratificación extraordinaria por
productividad de los años 2001, 2002, 2003 y 2004..
II. EXPOSICIÓN POSTULATORIA EXPRESADA POR LAS PARTES
Del demandante:
Funda su acción en las citas legales que hace mención, y en el hecho de
haber ingresado a laborar para la demandada antes denominada Empresa
Nacional de Telecomunicaciones desde el 01 de julio de 1980, siendo que
después de la fusión de Entel Perú con la ex Compañía Peruana de Teléfonos
S.A., los trabajadores de Entel Perú continuaron con la relación laboral en
idénticas condiciones que las originales para un nuevo empleador, que
finalmente se convirtió en Telefónica del Perú S.A.A., sin embargo al
consolidarse ambas organizaciones se presentaron diversos problema en el
ámbito laboral, sobre todo por el hecho de existir notables diferencias
remunerativas entre el personal proveniente de Entel Perú y el que provenía
de CPT S.A. pues no obstante realizar ambos idénticas funciones y bajo las
mismas condiciones, los últimos son mejor remunerados, por lo que solicita
que la demandada cumpla con homologar su remuneración básica con la
que percibe un trabajador proveniente de la ex CPT S.A. considerando que
su categoría de Experto, y que por lo tanto debería percibir S/.8,969.92
nuevos soles tal como se le otorga al señor Felix Salomon Alarco Gonzales
Finalmente, en cuanto a la gratificación extraordinaria por productividad,
precisa que el 14 de junio de 1996 la demandada suscribió un convenio
colectivo en cuya cláusula quinta, referida a Acuerdos sobre PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
Remuneraciones y Condiciones de Trabajo, se pactó en su numeral 4 el
otorgamiento de dos remuneraciones básicas mensuales en calidad de
gratificación extraordinaria por productividad, la que sería pagada el 31 de
mayo de cada año, a partir del año 1996, indica que la empresa demandada
incumplió con los mismos, pues la gratificación extraordinaria por
productividad de los años 2001, 2002, 2003 y 2004 no le fue pagada; razones
todas ellas por las cuales acude a la presente judicatura.
De la demandada:
Admitida a trámite la demanda mediante la resolución número uno, a fojas
103, se corrió traslado de ley, siendo que la demandada mediante escrito de
fojas 134 a 152, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en
todos sus extremos señalando que la existencia de diferencias remunerativas
no ha obedecido a ninguna voluntad discriminatoria de la empresa, sino que
ha sido el resultado de la agrupación bajo una misma empresa, de
trabajadores provenientes de dos empresas distintas, bajo el marco del
proceso privatizador de los servicios de Telecomunicaciones en el Perú, por
consiguiente, la sola verificación de una diferencia remunerativa heredada
de la administración estatal de dos empresas distintas no genera un derecho
automático de nivelación u homologación salarial, sostiene que mediante
convenio colectivo de 30 de marzo de 1995, se acordó que la empresa
efectuaría un aumento de sueldos y salarios específico y particular para los
trabajadores provenientes de ex Entel, con el objeto de aminorar la diferencia
que pudiera existir con los suelos y salarios básicos que perciben los
trabajadores provenientes de la CPTSA, posteriormente mediante convenio
colectivo de fecha 14 de unió de 1996, se llegó a un nuevo acuerdo respecto a
que se encuentra totalmente satisfecho el propósito que tuvieran al suscribir
las actas de fecha 30 de marzo de 1995, sobre la base de ello, señala que
resulta incontrovertible que en la empresa se ha llevado a cabo un proceso
de homologación de las remuneraciones de los trabajadores provenientes de
la ex Entel Perú con las de los trabajadores de la ex Compañía Peruana de
Teléfonos S.A. y que ello se ha ocurrido en forma consensuada con las
organizaciones sindicales, por lo que el proceso no sólo ha sido debidamente
fiscalizado, sino que también ha alcanzado un resultado exitoso. Con
respecto a la gratificación extraordinaria por productividad refiere que a
partir del año 2000, la empresa no tuvo obligación de otorgar esta
gratificación en tanto el convenio colectivo del 14 de junio de 1996, tuvo
como fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999.
III. DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
Citadas las partes a la Audiencia Única, la misma se llevó a cabo en los
términos que obran en el acta que corre en autos de fojas 162 a 164;
oportunidad en la que se declaró saneado el proceso, dejándose constancia
de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio por mantener cada
una de las partes sus propios puntos de vista; se fijaron los puntos PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
controvertidos, se actuaron los medios probatorios presentados por las
partes; y habiendo precluido la etapa postulatoria y probatoria, corresponde
al estado de la causa emitir sentencia.
IV. ANÁLISIS DEL CASO:
PRIMERO: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el
artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable en
vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. -
SEGUNDO: DE LA CARGA DE LA PRUEBA:
Que, conforme lo dispone el artículo 27° de la Ley 26636 Ley Procesal del
Trabajo, corresponde a las partes probar sus afirmaciones, y esencialmente al
trabajador probar la existencia del vínculo laboral, la existencia del despido,
su nulidad cuando la invoque y la hostilidad; mientras que corresponde al
empleador probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las
normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno
de trabajo, el contrato individual de trabajo y la causa del despido.
TERCERO: DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Que, estando a lo resuelto en Audiencia Única, se fijan como puntos
controvertidos, respecto de determinar:
1. Si se ha producido discriminación en las remuneraciones del actor con
relación a otros trabajadores en las mismas condiciones.
2. Si como consecuencia de lo anterior, le corresponde reintegros en sus
remuneraciones por homologación de la remuneración básica desde junio
2001 hasta el 31 de octubre de 2004, en el cargo de Experto.
3. De ser el caso si le corresponde al actor el pago de reintegros de
gratificaciones ordinarias, vacaciones, gratificaciones por productividad,
compensación por tiempo de servicios y utilidades desde el 2001 al cese del
actor; por efecto de los reintegros por homologación.
CUARTO: DE LA RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES:
Conforme se desprende de las Boletas de Pago del actor (fojas 02/30), se
tiene que su fecha de ingreso fue el 16 01/07/1980 lo que se desprende
también de lo manifestado por las partes en sus escritos de demanda y
contestación, lo cual constituye declaración asimilada en el presente proceso,
teniéndose así por acreditada la existencia de vínculo laboral entre las partes. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
QUINTO: DE LA HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIÓN BÁSICA:
A) DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD:
5.1. Los principios laborales constitucionales son aquellas reglas rectoras
que informan la elaboración de las normas de carácter laboral, con la
finalidad de servir de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución
de conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración
normativa; la relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad,
lo que hace que el empleador devengue en la parte “fuerte” e “imponente” y
el trabajador en la parte “débil” e “impotente”. Para hacer frente a ello se
afirman los principios protectores o de igualación compensatoria, mediante
los cuales, reconociéndose la existencia asimétrica de la relación laboral se
promueve, por la vía constitucional y legal, la búsqueda de un equilibrio
entre los sujetos que la conforman1.
5.2. La frase muy conocida “de a igual trabajo, igual remuneración” si bien
no tiene un sustento legal que lo ampare, resultando un apotegma jurídico,
sin embargo sus raíces las podemos encontrar en el conjunto de los
denominados derechos de segunda generación recogidos en algunos
instrumentos generales del Sistema Universal tales como el Acta
Internacional de Derechos Humanos contenidas en las cláusulas generales
sobre derechos humanos que aparecen en la Carta de las Naciones en la que
entre sus rasgos comunes se identifica el principio de igualdad o no
discriminación, lo cual representa la idea de justicia en la normativa sobre
derechos humanos, tratándose de una cláusula que contiene derechos
implícitos que vienen siendo incorporados en Tratados Internacionales.
5.3. Así en el Convenio Nº 100 y la recomendación Nº 90 de la
Organización Internacional del Trabajo se enumera una serie de medidas
para promover y garantizar la aplicación del “principio de igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina
por un trabajo de igual valor”; en el Convenio Nº 100 se prevé que las tasas
de remuneración deben fijarse sin consideraciones relativas al sexo del
trabajador; además, se exige que la mano de obra de los trabajadores y las
trabajadoras obtengan igual remuneración por “trabajos de igual valor” y no
sencillamente por “el mismo” trabajo o un trabajo “similar”; la aplicación de
este principio supone comparar los trabajos entre sí para determinar su valor
relativo.
5.4. Pues bien considerando que para efectos de interpretar los derechos
reconocidos en la Constitución Peruana de 1993, se debe recurrir a los
Tratados Internacionales, conforme a lo prescrito en la Cuarta Disposición
Transitoria y Final que textualmente señala: “Las normas relativas a los
1 Mesinas Montero, Federico y otro: PROBLEMAS Y SOLUCIONES LABORALES: Guía de Casos de
Controversia s Laborales resueltos por los Tribunales; Manual Operativo 2. Gaceta Jurídica. primera
edición. Enero 2008. pags.9-10. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados
por el Perú”, sobre el marco de los instrumentos internacionales citados y los
parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia
acotada al referirse a la aplicación del principio derecho a la igualdad, por lo
que la presente causa debe resolverse bajo su imperio regulador que se
expande a todas las personas en virtud de no acreditar ningún atisbo de
discriminación; por ende, luego de haber satisfecho dicha prioridad, se debe
verificar del análisis de los actuados, la adjudicación de beneficios a favor
del trabajador con quien se ha efectuado la comparación remunerativa.
B) DE LA DIFERENCIA REMUNERATIVA
5.5. Que, como bien indica el demandante, en el año 1994, la empresa
española Telefónica del Perú S.A.A. ganó la buena pro de las acciones que
tenía el Estado en la Ex - Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y en el mes de
noviembre del mismo año se produjo la fusión entre la Compañía Peruana
de Teléfonos S.A. y ENTEL PERÚ S.A. en virtud de la cual la primera
compañía absorbió a la segunda empresa, tomando la denominación de
Telefónica del Perú S.A.A. asumiendo el activo y pasivo de ambas empresas;
circunstancia que originó que también los trabajadores terminaran siendo
dependientes de la demandada, pero ocasionándose una desproporción en
cuanto a las remuneraciones, puesto que los trabajadores de ENTEL PERÚ
S.A. que funcionaba a nivel de provincias percibían remuneraciones
menores a los que ganaban los trabajadores de la Compañía Peruana de
Teléfonos que funcionaba a nivel de Lima, desproporción que conforme es
de apreciarse de las circunstancias descritas no es atribuible a la
codemandada Telefónica del Perú S.A.A., sino que estas obedecían a las
particulares categorías remunerativas y niveles salariales que existían en las
empresas de origen ENTEL PERÚ S.A. y CPT S.A., por lo que el sustento de
la desproporción que podría existir entre un mismo nivel de trabajador en
cuanto a sus remuneraciones, no podría en principio estar sustentado en
actos de discriminación perse.
5.6. Pues bien, atendiendo al hecho reconocido de la disparidad
remunerativa, y aun cuando de conformidad con el artículo 28º de la
Constitución inciso 2) segundo párrafo, la convención colectiva tiene fuerza
vinculante en el ámbito de lo concertado, también es cierto que de acuerdo a
lo establecido en el artículo 43º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
modificado por el artículo 2º de la Ley Nº 27912, publicado el 08 de enero de
2003, la convención colectiva de trabajo tiene entre sus características
modificar de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los
que incide. Los contratos individuales quedan automáticamente adaptados a
aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en perjuicio del
trabajador; siendo ello así y estando al reconocimiento de remuneraciones PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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diferentes dentro de una misma categoría ocupacional como consecuencia
de la fusión de las empresas, se debe verificar si tal situación se ha dado en
relación al accionante y para ello, deberá tener en cuenta el precedente de
observancia obligatoria emitido por la Primera Sala Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante
Casación Nº 208-2005-PASCO del 12 de diciembre del 2005, que en su
sétimo considerando establece criterios mínimos a ser tomados en
consideración para comparar la situación de dos trabajadores, señalando que
tiene decisiva importancia establecer: “a) la procedencia del homólogo con el
cual se realizan las comparaciones; b) la categoría o nivel ocupacional al
que pertenece el homólogo y el demandante; c) la antigüedad laboral en la
empresa, las labores realizadas de ser el caso, diferenciar en forma
disgregada los conceptos remunerativos que se perciban en ambos casos,
entre otros que se consideren necesarios”.
5.7. En este punto, cabe precisar que el precedente Pasco, resulta
plenamente aplicable para el caso de autos, habida cuenta que ya la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República, como ente máximo jurisdiccional, en la CAS, LAB N° 17623-
2013 LIMA, de fecha 09 de diciembre de 2014, ha establecido “CUARTO: Del
análisis del caso. (…) 4.4. Finalmente, señala que no es de aplicación al presente
caso la Casación N° 208-2005 Pasco, toda vez que considera que dicha ejecutoria
abarca reintegros del haber básico y remuneraciones complementarias; distinto al
caso de autos que versa sobre homologación de remuneraciones; sin embargo, no se
tiene en cuenta que el caso que nos ocupa versa sobre una petición de
reintegro de sueldo básico, por efecto de la evaluación y nueva
categorización, en el que el actor sustenta que mantiene la misma categoría
que sus supuestos homólogos o pares y; pese a ello, percibe una
remuneración inferior. En ese sentido, es factible la aplicación de esta
sentencia Casatoria, en razón a que establece los criterios mínimos a ser tomados
en consideración para comparar la situación de dos trabajadores, señalando que tiene
decisiva importancia establecer: “a) la procedencia del homólogo con el cual se
realizan las comparaciones; b) la categoría o nivel ocupacional al que pertenece el
homólogo y el demandante; c) la antigüedad laboral en la empresa, las labores
realizadas de ser el caso, diferenciar en forma disgregada los conceptos
remunerativos que se perciban en ambos casos, entre otros que se consideren
necesarios”; por tanto, advirtiéndose que el caso sublitis estriba en el
reintegro del sueldo básico por efecto de la nueva categorización (ello
según se advierte de la teoría del caso desarrollada por el actor en su
demanda, entendida como aquella versión que construye cada una de las
partes respecto de la forma en que se dieron los hechos, mencionando las
pruebas que lo sustentan y la norma en que respaldan su pretensión), siendo
que el demandante sostiene que pese a ostentar el mismo cargo que sus
compañeros provenientes de la ex CPT percibe una remuneración inferior,
como expresamente señala en su escrito de demanda a fojas 88/89 parte PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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pertinente, y que además solicita la comparación con el trabajador homólogo
Sr. Félix Salomón Alarco Gonzales (fojas 88/89), es decir, que fundamenta su
pretensión en la comparación con un trabajador que él considera su análogo,
todo ello determina que resulte plenamente aplicable el precedente Pasco.
C) DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CASACIÓN N° 208-
2005-PASCO
5.8. Que, para el caso sub litis, se tendrá entonces como referencia de
comparación al trabajador Félix Salomón Alarco Gonzales, propuesto por el
actor en su teoría del caso desarrollada en la demanda, es decir, como
fundamento de su causa petendi, sobre este último concepto el Tribunal
Constitucional en la sentencia de fecha 05 de abril de 2004, recaída en el
Expediente N° 0569-2003-AC/TC, ha precisado:
“11. El objeto litigioso está constituido por dos elementos que la doctrina
denomina petitum y causa petendi. “Si el petitum consiste en la solicitud de
una resolución judicial idónea para la realización de un bien de la vida
(entendido en la acepción más amplia), la causa petendi estará constituida por
la indicación y la determinación del hecho constitutivo del derecho al bien
perseguido, además del hecho que determina el interés de obrar en juicio.
La causa petendi es entonces la razón, el porqué, o, más exactamente, aún el
título de la demanda”(Giannozzi Giancarlo “La modificazione della domanda
nel processo civile”Giuffré, Milano, 1958, pág. 15).
5.9. Por lo que estando a que el hecho constitutivo que lleva al actor a
solicitar el reintegro del haber básico, según determina este Juzgado, es la
diferencia existente con el trabajador Félix Salomón Alarco Gonzales, y que
ha identificado el accionante como homólogo en su acto postulatorio ( fojas
88/89) y con quien desea se efectúe la comparación a fin de constatar la
disparidad injustificada que denuncia; se considerarán por tanto los datos
consignados respecto a dicho trabajador, en atención a los Informes
Revisorios que obran en autos; en este sentido, y en virtud a la referida
casación, debe procederse a analizar la categoría, antigüedad y nivel del
supuesto trabajador homólogo propuesto y del demandante.
5.10. Que, ahora bien, en cuanto a la procedencia del homólogo, no existe
controversia respecto a que el trabajador Sr. Félix Salomón Alarco Gonzales
proviene de la Ex CPT S.A. (Compañía Peruana de Teléfonos), mientras que
el actor registra como empresa de origen ENTEL PERU S.A. (Empresa
Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A.).
5.11. En cuanto a la antigüedad laboral en la empresa; se debe tener en
cuenta que no es materia de controversia el hecho de que al fusionarse las
empresas ENTEL PERÚ S.A. y CPT S.A. los trabajadores se incorporaron a la
demandada con una diferencia salarial básica entre las mismas; asimismo,
constituye un hecho aceptado por ambas partes que la demandada a partir PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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de la fusión ejecutó un programa de homologación de cargos y funciones y
estableció nuevas categorías para todo su personal; por lo que del Informe
Pericial N° 008-SMCC-2°-JLL-PJ, de fojas 399 a 401, se advierte:
Trabajador Fecha de ingreso
EDUARDO ELADIO GARCÍA (demandante) 01/07/1980
FELIX SALOMON ALARCO GONZALES (homologo) 01/01/1979
(cid:1)
De lo cual se evidencia que, el actor ingresó a laborar
aproximadamente 01 año y 06 meses después que el Sr. Félix Salomon
Alarco Gonzales; determinándose así que no se cumplió con este
requisito, contemplado en el sétimo considerando literal c) de la
Casación Nº 208-2005-PASCO, del 12 de diciembre del 2005,
precedentemente transcrita.
5.12. Que, asimismo, en cuanto a la categoría o nivel ocupacional; si bien el
accionante y el homólogo propuesto en junio de 2001 y em abril de 1999,
respectivamente pasaron a ocupar el cargo de Experto (enelcasodel homologo
Experto III) , empero respecto a las áreas donde se han desempeñado, antes y
después de la recategorización estando al Informe Pericial de fojas 570 a 573,
así como a las boletas de pago que corren en autos, advertimos que el actor a
Junio desde enero de 1997 a mayo de 2001 se desempeñaba como Analista II,
en la Presidencia del Directorio, luego en Superv. Egresos, posteriormente en
la Gerencia de Inspecciones, en la Jefatura Inspectoría, Jefatura Control y
Gestión, en la Gerencia de larga distancia, y finalmente en la Sub Gerencia de
Control y Soporte Comercial, mientras que el supuesto homologo desde mayo
de 1996 se desempeñó como Jefe de Departamento, luego Coordinador “A”, y
para Abril de 1999 ya ocupaba el cargo de Experto III hasta su cese en marzo
de 2002, laborando en la Sub Gerencia Calidad y Energía, luego en la VP Eje
de Recursos Materiales, en la Jefatura de Plataformas de gestión, y luego en
la Jefatura Calidad, Gestión y Administración; de lo que se evidencia
claramente que las áreas en donde se ha desempeñado el homólogo
propuesto antes y después de la recategorización resultan disimiles al caso
del accionante, y por lo tanto ello reporta una diferencia significativa en
cuanto a la trayectoria laboral de este homólogo que resulta ser diversa a la
generada por el actor, evidenciándose correlativamente con ello que las
funciones desarrolladas tampoco fueron las mismas, al laborar en puestos
disímiles y con las implicancias que ello reporta (conocimientos, experiencia y
pericias diversas); por lo que se evidencia que no se cumplió con este
requisito, contemplado el séptimo considerando, literal b) de la Casación
Nº 208-2005-PASCO, del 12 de diciembre del 2005, precedentemente
transcrita, desestimándose respecto al citado homólogo la comparación por
analogía que el actor demanda. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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5.13. Que, así estando a que los criterios mínimos para comparar la situación
del demandante y la del homologo propuesto son concurrentes, la ausencia
de uno de ellos, evidencia la existencia de una causa justificada para la
disparidad, máxime si se debe tener en cuenta lo establecido por el Tribunal
Constitucional, en lo referente al principio de igualdad, que en su sentencia
de fecha 05 de octubre del 2004, Exp. 1875-2004-AA/TC, ha señalado que:
“(…) la igualdad es un principio derecho que instala a las personas, situadas en
idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o
identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de
modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona
de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de
razones”; en su quinto fundamento de la sentencia refiere: “(…) el principio de
igualdad no se encuentra reñido con el reconocimiento legal de la diferencia de trato,
en tanto este se sustente en una base objetiva, razonable, racional y proporcional. El
tratamiento jurídico de las personas debe ser igual, salvo en lo atinente a la diferencia
de sus “calidades accidentales” y a la naturaleza de las cosas que las vinculan co
existencialmente. (…) El principio de igualdad no impide al operador del derecho
determinar, entre las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las
diferencias que las mismas circunstancias prácticas establecen de manera
indubitable”. (El subrayado es nuestro)”; en este sentido, siguiendo la
interpretación que el Tribunal Constitucional realiza sobre dicho principio, se
advierte que son válidas las distinciones que tengan como sustento una base
objetiva, razonable, racional y proporcional; es así que como hemos señalado
en el caso de autos resulta completamente válida la diferencia remunerativa
del actor con el homólogo propuesto, ya que al efectuarse la disquición y
discernimiento de la evaluación del sueldo básico de éste con el trabajador
propuesto, se evidencia que tal disparidad obedece a particularidades
objetivas de cada caso, como es el hecho de provenir de diferentes empresas
de origen y tener el homólogo una antigüedad laboral mucho más amplia que
la del actor; por lo que no habiéndose cumplido los términos de la Casación
Nº 208-2005-PASCO del 12 de diciembre del 2005, la cual es de observancia
obligatoria en el presente caso, corresponde desestimarse la demanda de
homologación de remuneraciones, ya que el trato diferenciado se encuentra
justificado, no afectándose como se ha indicado el principio derecho a la
igualdad, al estar basado en una causa objetiva y razonable, como resulta
ser la ser la antigüedad laboral, y la diferente trayectoria ocupacional, y lo
que ello implica (conocimientos, experiencia y funciones diversas), por lo
que corresponde desestimar la demanda en el extremo de reintegro de
remuneración básica.
5.14. Asimismo, en cuanto a las pretensiones acumuladas de Pago de
reintegro de beneficios sociales y convencionales, al estar sustentadas todas
ellas, en la pretensión principal de reintegro de sueldo básico, conforme a la
conclusión establecida en el numeral precedente, también deben ser
desestimadas en todos sus extremos. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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SEXTO: NATURALEZA DEL OTORGAMIENTO DE LA
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR PRODUCTIVIDAD:
6.1. Que, el artículo 29° del Decreto Supremo N° 011-92-TR, Reglamento
de la Ley de Relaciones Colectivas, señala que las cláusulas normativas de
los convenios colectivos se interpretan como normas jurídicas, toda vez que
establece: “Artículo 29°: En las convenciones colectivas son cláusulas normativas
aquellas que se incorporan automáticamente a los contratos individuales de trabajo y
los que aseguran o protegen su cumplimiento. Durante su vigencia se interpretan
como normas jurídicas (…)”.
6.2. Que, como se advierte de autos en el Convenio Colectivo del 14 de
Junio de 1996, en el numeral 4, de la clausula quinta (fojas 54/55), referido a
la Gratificación Extraordinaria por Productividad, se establece:
“Las partes convienen en que el importe de la Gratificación
Extraordinaria por Productividad será el equivalente a dos
remuneraciones básicas mensuales, y se otorgará el 31 de mayo de
cada año. La percepción de la Gratificación Extraordinaria estará
sujeta a la evaluación anual que se realice para el cumplimiento de
las metas presupuestadas de ingresos y gastos señalados para el año
evaluado. Las Organizaciones Sindicales de Trabajadores y la
Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. tendrán
conocimiento de dichas metas antes del 31 de marzo de cada año
excepto para el año 1996 en que dichas metas presupuestadas serán
de conocimiento de las Organizaciones Sindicales de Trabajadores y
la Federación de Trabajadores de la Telefónica del Perú S.A. a la
firma del presente Convenio. Cuando el inicio del Goce Vacacional
se produzca después de la suscripción del presente Convenio y solo
por los períodos 1996 y 1997, la empresa otorgará un préstamo que
no devengará intereses equivalente al 50% de la gratificación
Extraordinaria por Productividad, el mismo se deducirá del importe
total que por concepto de dicha Gratificación Extraordinaria perciba
el trabajador al 31 de mayo de 1997, no teniendo la obligación el
trabajador de reintegrar el monto del préstamo aún cuando no se
cumpla con las metas presupuestadas. A partir del 01 de Enero de
1998, la percepción de la Gratificación Extraordinaria estará sujeta
a la evaluación anual que se realice para el cumplimiento de la meta
presupuestada de ingresos y gasto señaladas para cada año. La
gratificación se otorgará el 31 de mayo de cada año siguiente, no
otorgándose préstamo alguno antes de esa fecha. Los trabajadores
con derecho a la Gratificación Extraordinaria por Productividad
serán aquellos que al 30 de noviembre de 1995 hayan superado el
periodo de prueba y mantengan vinculo laboral a la fecha de
suscripción del presente convenio”. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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Asimismo, en el numeral 17 de la referida clausula (fojas 37), respecto a la
Vigencia del Convenio, se estableció, que sus cláusulas tienen el carácter de
permanente a excepción de los párrafos 2, 6, 12, 13 y 16 de la cláusula quinta;
por tanto la referida a la Gratificación Extraordinaria (párrafo 4) es
permanente.
6.3. Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, en el expediente 3282-2006 Piura, ha
manifestado que:
“al analizar el Convenio de 1996, se aprecia en el contenido de la
cláusula quinta, punto 4, que se acordó otorgar una Gratificación
Extraordinaria por Productividad; quedando sujeta dicha
Bonificación al cumplimiento de tres condiciones suspensivas, sobre
a) el cumplimiento de una meta económica de ingresos; b) el
cumplimiento de una meta económica de gastos; y, c) que ambas
metas presupuestadas sean de conocimiento de la organización
sindical a la firma del citado convenio; de lo cual se concluye que
las partes acordaron que el otorgamiento del beneficio a la
percepción de la gratificación extraordinaria por productividad, se
sujetaba al logro de una situación particular que en el Convenio
Colectivo se entiende como Productividad y que resulta de la
evaluación de montos de ingresos y gastos presupuestados y
establecidos como metas a ser conseguidas (…) siendo que estas
metas de ingresos y gastos, son elementos complementarios
constitutivos de la productividad que motiva el otorgamiento de la
gratificación extraordinaria”.
6.4. Que, resulta pertinente recordar que la condición es una modalidad
del acto jurídico, la cual es entendida como la cláusula por la cual el autor o
autores del negocio jurídico hacen depender su eficacia o resolución de un
acontecimiento futuro e incierto por el cual se llama condición al mismo
suceso futuro e incierto del que se hace depender la eficacia o la resolución
del negocio. León Barandiaran, señala que el acto es condicional cuando sus
efectos están subordinados a un acontecimiento incierto y futuro (VIDAL
RAMÍREZ, Fernando. Teoría General del Acto Jurídico, pagina 249-250).
6.5. Que, como se colige de lo expuesto, la controversia, está en
determinar si la demandada cumplió o no con los términos del Convenio
acotado, pues, no se cuestiona los términos en los cuales se suscribió el
Convenio, ni las condiciones en los que se iba a otorgar el derecho que es
materia de la presente acción; por lo tanto tenemos que de acuerdo a la
cláusula acotada, las condiciones d |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 34° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 65149-2004-0-1801-JR-CI-17
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : VIDAL CCANTO EDDY LUZ
ESPECIALISTA : QUISPE LLACCUA MARIA ASUNTA
DEMANDADO : VIVEROS LOS INCAS SA ,
RANSA COMERCIAL SA ,
TRANSPORTES CONTRATISTAS VIRGEN DEL
ROSARIO SCRL ,
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SA SUCESOR PROCESAL DE LATINA SEGUROS Y
REASEGUROS ANTES SUL AMERICA COMPAÑIA ,
HANNCCO SALGADO, LEONARDO
DEMANDANTE : MARTINEZ CONTRERAS, VICTOR WALTHER
Resolución Nro. 84
Lima, siete de noviembre
del dos mil diecisiete.-
DANDO CUENTA: Téngase por recibido los autos por
la Segunda Sala Civil; Estando a lo resuelto por el Máximo Tribunal
Supremo, téngase presente. Estando a lo resuelto por la Segunda Sala
Civil mediante Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de abril del dos
mil quince, CÚMPLASE lo ejecutoriado, en consecuencia, póngase a
conocimiento de las partes.-
Al escrito con ingreso N° 160784-2017, presentado
por Martínez Contreras Walther: Estando a lo solicitado. Habiéndose
confirmado la sentencia de fecha 28 de diciembre del 2012, en el
extremo que declaró fundada en parte la demanda, y ordena que los
demandados Ransa Comercial S.A., Contratistas Virgen del Rosario
S.C.R.L. y Leonardo Hanncco Salgado Paguen en forma solidaria al
demandante la suma de S/. 59,750.00 más intereses legales que
correrán desde la fecha que se produjo el daño, conforme al último
párrafo del artículo 1985 del Código Civil, con costas y costos del
proceso; REQUIÉRASE a la entidad demanda RANSA COMERCIAL
S.A., a efecto de que en el plazo de cinco días cumpla con pagar la
suma de S/. 59,750.00 soles, bajo apercibimiento de iniciarse la
ejecución forzada; Al Primer Otrosí: Téngase presente por el área de
notificaciones la Casilla Electrónica N° 242; Al Segundo Otrosí:
Téngase presente. Avocándose al conocimiento de la presente causa la
Magistrada Titular que suscribe.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00048-2005-10
MATERIA : NULIDAD DE DESPIDO
DEMANDADO : SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD
DEMANDANTE : ARLENE NANCY VARGAS ROMERO
AUTO DE VISTA
Resolución N° : 05
Tacna, diecinueve de diciembre
De dos mil diecisiete.-
I. VISTOS: El cuaderno de apelación derivado del expediente principal seguido
por Arlene Nancy Vargas Romero en contra del Seguro Social de Salud
ESSALUD. Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Gordillo Cossio.
1.- Materia de revisión.- Es materia de revisión la resolución N° 147, su fecha
13 de marzo del año 2017, corriente en copia certificada a folios 222/224, que
resuelve declarar improcedente el pedido de efectuar nuevo apercibimiento a la
Entidad demandada, la misma que ha sido solicitada por la demandante Arlene
Nancy Vargas Romero
2.- Fundamentos de la apelación.-
Que, en la resolución impugnada no se ha tomado en cuenta lo resuelto en el
Auto de Vista, resolución número 134, expedido por esta Sala Laboral, de
fecha 17 de mayo de dos mil dieciséis, que confirma en parte, el auto apelado,
disponiendo el pago de S/ 138,563.34 soles a favor de la demandante por
concepto de remuneraciones devengadas, anulando la resolución apelada en
el extremo que dispone la aplicación de aportaciones y retención por impuesto
a la renta. Señala la demandante que existe un error en la motivación del Auto
recurrido, ya que se funda en la sentencia, pero en ninguna parte de la misma
se establece que los pagos devengados de sus remuneraciones estarán
sujetos a descuentos, por lo que debe de hacerse efectivo el apercibimiento de
multa.
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Apelación y nulidad.-
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A tenor de la previsión contenida en el artículo 382 del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al caso de autos, el recurso de apelación contiene
intrínsecamente el de nulidad, de manera que, formulado un recurso
impugnatorio, además del expreso cuestionamiento que sobre el fondo puedan
formular la partes, debe entenderse también lo hacen sobre la forma, de
manera que habilita al órgano jurisdiccional para pronunciarse sobre la validez
misma de la decisión, aunque las partes procesales no hayan recurrido
expresamente con tal propósito; con más razón si se advierte que la pretensión
impugnatoria se sustenta en aspectos vinculados al debido proceso y
valoración de las pruebas ofrecidas. Tal es el caso de autos; en efecto, al
formular su apelación (fojas 22/23) la parte demandante impugna la sentencia
afirmando que le causa agravio, debido a la conculcación de sus derechos y
vulneración al debido proceso; en otros términos, cuestiona el cumplimiento del
deber de congruencia procesal. Siendo esto así, estima el Colegiado que
resulta necesario analizar si la resolución venida en grado no adolece de
alguna causal que la invalide.
SEGUNDO: Deber de congruencia procesal y tutela judicial efectiva.-
Atendiendo a lo que se tiene expuesto, es preciso tener presente que el artículo
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil consagra el Principio de
Congruencia Procesal el cual importa, para el órgano jurisdiccional, la
imposición del deber de sujetar su decisión al mérito de lo actuado y a derecho.
Desde tal perspectiva, se debe distinguir entre congruencia procesal externa e
interna. La primera impone la necesidad que la decisión guarde estricta
correspondencia con las pretensiones de las partes, de manera que el
magistrado se halla vinculado por las afirmaciones que ellas formulen, no
estándole permitido, en general, bajo ningún concepto, aportar hechos al
proceso o modificar, oficiosamente, las pretensiones del actor, pronunciándose
de manera distinta o ir más allá de lo que las partes pretenden. Por la segunda,
se impone al juez un deber de coherencia, en tanto reclama que la decisión
esté constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí,
formulados sin violar los principios de identidad, contradicción y tercio excluido,
de manera que las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden
adecuada correspondencia y concordancia, no debiendo formularse juicios
contrastantes entre sí y que al oponerse se anulen recíprocamente. Hecha esta
precisión, resulta evidente que incorporar al proceso pretensiones que nunca
se formularon, constituye una manifiesta infracción del deber de sujeción al
mérito de lo actuado. En tales supuestos, toda vez que se trata de aspectos
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
medulares, también resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 171 del
Código Procesal Civil, en la medida que la incongruencia (externa o interna),
impide que el proceso alcance su finalidad.
TERCERO: Principio iura novit curia.-
Íntimamente relacionado con lo anterior, y tan importante como aquello, es el
tema referido a la aplicación del derecho que corresponde al caso de autos. En
efecto, el mismo Artículo VII del Título Preliminar del Código Adjetivo citado,
señala en su primera parte que el “El juez debe aplicar el derecho que
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya
sido erróneamente”. Del texto normativo se desprende (en consonancia con el
principio dispositivo) que si bien las partes tienen el monopolio con respecto de
los hechos, el Juez lo tiene con respecto del derecho aplicable al caso de
autos, de manera que también constituye parte del principio de congruencia
procesal la estricta sujeción al derecho. Bajo tal premisa normativa, no se
ajusta a derecho aquella decisión que aplica normas que no corresponden al
supuesto de hecho invocado por las partes. Que, cuando la aplicación
incorrecta de la norma incide sobre el fondo de lo resuelto, nos encontramos
ante una irregularidad trascendente y, por lo tanto, insanable en sede de
revisión sin que al mismo tiempo se lesione el derecho a la instancia plural, por
lo que también bajo dicho supuesto resulta de aplicación el artículo 171 del
Código Procesal Civil.
CUARTO: Cumplimiento de resoluciones judiciales.-
Conforme lo establece el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está obligada a acatar y
a dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa,
emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus
alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala.
QUINTO: Sobre la Retención de Tributos en ejecución de sentencia.-
La resolución recurrida (en el extremo de la deducción por pago de impuestos)
dispone en su Sétimo considerando “(…)Séptimo.- Que respecto que a la
deducción por pago de impuestos de ley, se tiene que la Sentencia expedida
en autos, no ha exonerado ni ha declarado inafecta a la demandante del pago
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
de los mismos, toda vez que tratándose de remuneraciones devengadas estas
se sujetan a lo dispuesto en el D.S. N°179-2004 y su reglamento el D.S. N°122-
94-EF. Por estas consideraciones y normatividad invocada; (…)”. Téngase
presente que dicho extremo fue resuelto mediante auto de vista contenido en la
resolución número 134 de fecha diecisiete de mayo del dos mil diecisiete,
obrante en copia certificada a fojas 134 a 159, en la que se resolvió: “(…)
Confirmaron En Parte la resolución número ciento veinte, corriente de folios mil
doscientos cuarentiocho a mil doscientos cincuentiséis, de fecha nueve de julio
del dos mil quince, en el extremo que resuelve declarar fundada en parte la
observación al informe pericial formulada por la demandante Arlene Nancy
Vargas Romero,(…) Se establecen como remuneraciones devengadas por un
monto ascendente a ciento treinta y ocho mil quinientos sesenta y tres con
34/100 nuevos soles (S/. 138,563.34 nuevos soles), según el cálculo efectuado
en el considerando décimo segundo de la presente resolución. Anularon la
misma resolución en el extremo que dispone la aplicación de aportaciones y
retención por impuesto a la renta, en cumplimiento de sus leyes pertinentes.
(…)”. Al respecto, el Tribunal Constitucional en STC 01538-2010-PA/TC, de
fecha 19 de agosto de 2010, en su fundamento 2 indica textualmente “Sobre el
particular este Tribunal ha señalado en forma reiterada que mediante el
derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa
juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las
resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas
mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o
porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el
contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser
dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de
terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el
caso en el que se dictó (STC 4587- 2004-AA/TC fundamento 38). Más
precisamente, este Tribunal ha establecido que “(…) el respeto de la cosa
juzgada (…) impide que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una
resolución posterior, aunque quienes lo hubieran dictado entendieran que la
decisión inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable, sino tampoco por
cualquier otra autoridad judicial, aunque esta fuera de instancia superior,
precisamente, porque habiendo adquirido el carácter firme, cualquier clase de
alteración importaría una afectación del núcleo esencial del derecho” (STC
0818-2000-AA/TC, fundamento 4)”; igualmente en el fundamento 5 de la misma
sentencia, se afirma “De las sentencias recaídas en el proceso judicial
subyacente sobre pago de remuneraciones devengadas, se aprecia que
ninguna de ellas admite excepción alguna a su cumplimiento total en los
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
propios términos en que ella misma se expresa. En razón de ello el pedido de
deducción de la recurrente sobre las remuneraciones ordenadas a pagar en la
sentencia constituye un acto procesal que tiene como finalidad última frustrar el
cumplimiento cabal y total de lo ordenado en la sentencia (…), de modo tal que
la desestimatoria de dicho pedido bajo ningún concepto conlleva a la
vulneración de los derechos constitucionales alegados por la recurrente,
máxime si lo ordenado en la sentencia no establece hipótesis alguna de
excepción para su cumplimiento total; y es que las sentencias judiciales se
ejecutan en sus propios términos y no dejan margen de acción para que su
cumplimiento sea pensado, merituado y/o evaluado por la parte encargada de
ejecutarla, no existiendo en el caso de autos motivos razonables para proceder
a su incumplimiento toda vez que el pedido de deducción (pago por concepto
de prestaciones de salud, ONP o AFP y pagos por impuesto a la renta)
constituye un asunto cuya dilucidación está íntimamente vinculada con el fondo
de la cuestión controvertida en el proceso judicial subyacente; por lo que debía
ser discutida en el mismo proceso judicial y no en la etapa de ejecución de
sentencia”.
Esta posición es reiterada por la Casación Laboral Nº 1907-2012-Lambayeque
de fecha 05 de noviembre de 2012, en cuyo fundamento sexto refiere “(…) los
jueces laborales no pueden determinar las retenciones a cargo del empleador
del impuesto a la renta o de cualquier otro tributo o aportación sobre los
reintegros de remuneraciones ordenados a pagar a favor del trabajador en
sede judicial”.
SEXTO: Caso de autos y análisis.-
6.1. En el presente caso, conforme se desprende del escrito que obra, en
copias certificadas, a folios 221 la parte demandante solicita efectuar
apercibimiento de multa a la parte demandada Seguro Social de Salud
ESSALUD, ello ante el incumplimiento del pago de acuerdo a la sentencia
laboral, emitida en el presente proceso, la cual tiene calidad de cosa juzgada.
6.2. Que, revisado el presente cuadernillo de apelación (derivado del
expediente principal), tenemos que, la sentencia de primera instancia de fecha
18 de enero de 2012 (fs. 30/38) que declara fundada la demanda de nulidad de
despido, y la sentencia de vista de fecha 03 de julio de 2012 (fs. 41/52), que la
confirma, disponiendo la reposición de la demandante en el cargo que venía
desempeñando a la fecha de su despido, o en otro de igual categoría y nivel
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
remunerativo; así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir
desde la fecha de despido hasta su efectiva reposición, y el recurso de
casación sobre dicha sentencia de vista fue declarado improcedente (fs. 55/56).
Luego se emite el Auto de Vista contenido en la resolución número 134 de
fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciséis (134/159), en el cual se resuelve
confirmar en parte, el auto apelado, disponiendo el pago de S/ 138,563.34
nuevos soles a favor de la demandante por concepto de remuneraciones
devengadas, anulando la resolución apelada en el extremo que dispone la
aplicación de aportaciones y retención por impuesto a la renta.
6.3. Que, por otro lado, resulta que el pedido de efectuar apercibimiento de
multa a la parte demandada Seguro Social de Salud ESSALUD, ello ante el
incumplimiento del pago de acuerdo a la sentencia con calidad de cosa juzgada
y a lo dispuesto en el auto de vista de fecha diecisiete de mayo del dos mil
dieciséis (134/159) se sustenta en el incumplimiento del mandato judicial
contenido en dichas resoluciones judiciales, como aparece de los descuentos
efectuados por la demandada por concepto de impuestos y aportaciones,
según la boleta de pago de remuneración del mes de febrero de 2017 obrante
a fojas 214.
6.4. Ahora bien, revisado el cuadernillo de apelación y el sistema integrado
judicial del expediente principal se tiene que, en efecto, el Juzgado de Trabajo
Transitorio de Tacna declaró fundada la demanda de reposición interpuesta por
Arlene Nancy Vargas Romero en contra del Seguro Social de Salud ESSALUD,
pronunciamiento que fue confirmado mediante Sentencia de Vista emitida por
ésta Superior Sala Laboral de fecha 03 de julio del 2012 (resolución 102),
habiéndose interpuesto recurso de casación contra dicha resolución el cual fue
declarado improcedente mediante casación laboral número 6501-2012 Tacna,
encontrándose el presente proceso en etapa de ejecución.
6.5. Dicho ello, en sede de revisión, se puede concluir que el presente proceso
se encuentra en ejecución de sentencia, por lo que es imperativo el
cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas, como ser la Sentencia
(fs.30/38), la Sentencia de Vista (fs.41/52 ) y el Auto de Vista contenido en la
resolución número 134 (fs.134/159) el cual dispone en el numeral 5.6 : “Por
otro lado, se desprende de las sentencias citadas en los puntos precedentes
que, en ningún momento establecen que se deba efectuar retención alguna o
pago de tributo a que se refiere la resolución apelada, por lo que debe
declararse la nulidad de dicho extremo y confirmarse el extremo que manda
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
pagar la suma de S/. 138,563.34, por el monto establecido en el cuadro
precedente y los conceptos allí detallados, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 171 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al caso de
autos.”. En consecuencia al no haber tenido en cuenta dicho mandato al
momento de emitirse la resolución recurrida número ciento cuarenta y siete
incurre en incongruencia procesal trascendente que no puede ser corregida por
la Sala, sin que al mismo tiempo se desnaturalice su función revisora (ya que,
materialmente, tendría que actuar como órgano de primera instancia,
debiéndose tener en cuenta que el Juez de la causa es el Juez de ejecución y
no esta Sala), debiendo disponerse la ejecución de la sentencia en sus propios
términos conforme al mandato imperativo contenido en el artículo 4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; por lo que se ha configurado causal de nulidad
insalvable, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 171 del
Código Procesal Civil, debiendo en consecuencia emitirse nuevo
pronunciamiento, teniendo en cuenta lo fundamentado en la presente
resolución.
Por las consideraciones expuestas, ejerciendo la función jurisdiccional
con la independencia de criterio que otorga nuestra Constitución Política
del Estado (Art. 139.2);
ANULARON la resolución apelada contenida en la resolución N° 147, su fecha
trece de marzo del año dos mil diecisiete, corriente a fojas 222/224, que
declara improcedente el pedido de efectuar apercibimiento de multa a la parte
demandada Seguro Social de Salud ESSALUD, la misma que ha sido solicitada
por la demandante Arlene Nancy Vargas Romero; ORDENARON al señor
Juez, emitir nueva resolución, corrigiendo las irregularidades advertidas y
teniendo en cuenta lo fundamentado en la presente resolución. Procédase por
Secretaria de Sala conforme sanciona el artículo 383 del Código Procesal Civil
y, una vez hecho, archívese. T.R. Y H.S.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
BERMEJO RIOS
LIMACHE NINAJA
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00079-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 19 de mayo
de 2005, a folio 16 a 17, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP HORIZONTE
SA, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 74/100 SOLES, más los intereses moratorios, con
costos sin costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 26 y 27 de
mayo de 2005; (folios 18 a 19), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 18 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 19 de mayo del 2005.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00089-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFO UNION VIDA SA ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, Doce de julio
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° TRES SENTENCIA, de fecha 11 de
abril del 2007, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP UNIÓN VIDA S.A. contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A. ARCOPA; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO (Pago de aportes previsionales) en vía Ejecutiva, en consecuencia
se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. ARCOPA,cumpla con pagar la suma
de DOCE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 03/100 SOLES
(S/12,514.03),por concepto de aportes previsionales impagos, más el pago de
los intereses moratorios, costos y costas del proceso (folios 25).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 03 y 09 de mayo del 2005, según constancias de
notificación (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: se da cuenta del escrito con número de atención 92-2022,
presentado por la parte ejecutada, ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA. ARCOPA; mediante el cual designa abogado, precisa domicilio
procesal solicita copias simples y autoriza, con fecha de ingreso 24 de febrero
de 2020
CUARTO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
QUINTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES SENTENCIA,
de fecha 11 de abril del 2011.
2. TENGASE por Designado al Abogado Cesar Antonio Vega Rodríguez, con
registro ICAP 1404; otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil, quedando subrogados los anteriores abogados.
3. TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en Casilla Judicial Nº 240
de la Mini Central de notificaciones de Paita y casilla electrónica Nº
20366, donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente
causa.
4. TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero de celular que
indica para fines procesales.
5. CUMPLA el demandado con adjuntar el arancel conforme al cuadro de
aranceles judiciales del año 2022 aprobado mediante resolución
administrativa N° 000002-2022-CE-PJ; a fin de cumplir con lo solicitado,
teniendo en consideración que los folios son 27.
6. Al Otrosí Digo: Téngase presente lo regulado en el artículo 171 del TUO
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
7. CUMPLA el demandante, en el plazo de TRES DIAS con señalar su casilla
electrónica, precisándose la implementación del sistema de notificación
vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta desde el 22 de julio de
2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro. 000428-2020-P-CSJPI-
PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento de imponerse multa
de (01 URP) en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que suscribe
interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00138-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, Diez de abril
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° CUATRO, de fecha 05 de mayo del 2006, se
resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte ejecutante AFP
INTEGRA contra la ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A, cumpla con
pagar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ CON 60/100 SOLES
(S/45,010.60) por concepto de aportes previsionales impagos contenidos en
las liquidaciones para cobranza anexados a la demanda, más los intereses
moratorios que se devenguen a partir del día siguiente de la fecha de la
liquidación puesta a cobro hasta la fecha efectiva del pago total de la
obligación, concepto que se liquidará en ejecución de sentencia. ORDENA
el pago de costos y costas (folios 38-39).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 10 Y 11 de mayo del 2006; (folios 40 y
41), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación
del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las
especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales ubicados en la
sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura, ello, con el fin
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”,
por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el
plazo de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos
con las resoluciones que emanen del presente proceso, bajo
apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de incumplimiento;
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA), de
fecha 05 de mayo del 2006.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento
de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
3. REQUERIR a la parte demandada ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA cumpla con lo ordenado en la resolución N° 03 de fecha
05 de mayo de 2006.
4. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez
que suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por
disposición superior.
5. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00138-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, Diez de abril
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° CUATRO, de fecha 05 de mayo del 2006, se
resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte ejecutante AFP
INTEGRA contra la ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A, cumpla con
pagar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ CON 60/100 SOLES
(S/45,010.60) por concepto de aportes previsionales impagos contenidos en
las liquidaciones para cobranza anexados a la demanda, más los intereses
moratorios que se devenguen a partir del día siguiente de la fecha de la
liquidación puesta a cobro hasta la fecha efectiva del pago total de la
obligación, concepto que se liquidará en ejecución de sentencia. ORDENA
el pago de costos y costas (folios 38-39).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 10 Y 11 de mayo del 2006; (folios 40 y
41), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación
del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las
especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales ubicados en la
sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura, ello, con el fin
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”,
por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el
plazo de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos
con las resoluciones que emanen del presente proceso, bajo
apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de incumplimiento;
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA), de
fecha 05 de mayo del 2006.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento
de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
3. REQUERIR a la parte demandada ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA cumpla con lo ordenado en la resolución N° 03 de fecha
05 de mayo de 2006.
4. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez
que suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por
disposición superior.
5. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00176-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP UNION VIDA SA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, quince de noviembre
Del año dos mil veintiuno. -
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Sentencia) de fecha 13 de octubre del año 2014, se resolvió declarar
FUNDADA la demanda formulada por AFP UNION VIDA S.A., sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado cumpla con pagar la suma de VEINTICINCO MIL TRECE MIL CON 14/100
SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que,
estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la
calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil. TERCERO: Que en atención al escrito digitalizado número. 232-2021, designo
abogado, domicilio procesal y autorizamos, de fecha 18 de agosto de 2021. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Sentencia) de
fecha 13 de octubre del año 2014.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia.
3. TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR
ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil; subrogando a la anterior letrada.
4. TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240 DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366, donde se le
notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa. 5. TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica para fines
procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE SANTIAGO
CHINININ CHAMBA y JOSSELYNN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN para los fines
pertinentes en el proceso.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el magistrado e interviniendo el especialista
legal que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00176-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP UNION VIDA SA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, quince de noviembre
Del año dos mil veintiuno. -
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Sentencia) de fecha 13 de octubre del año 2014, se resolvió declarar
FUNDADA la demanda formulada por AFP UNION VIDA S.A., sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado cumpla con pagar la suma de VEINTICINCO MIL TRECE MIL CON 14/100
SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que,
estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la
calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil. TERCERO: Que en atención al escrito digitalizado número. 232-2021, designo
abogado, domicilio procesal y autorizamos, de fecha 18 de agosto de 2021. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Sentencia) de
fecha 13 de octubre del año 2014.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia.
3. TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR
ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil; subrogando a la anterior letrada.
4. TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240 DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366, donde se le
notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa. 5. TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica para fines
procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE SANTIAGO
CHINININ CHAMBA y JOSSELYNN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN para los fines
pertinentes en el proceso.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el magistrado e interviniendo el especialista
legal que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00205-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARCOPA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, veintisiete de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
09 de enero del año 2006, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP HORIZONTE , sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma DOCE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 51/100 SOLES, más los intereses moratorios
pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente
notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito
por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. TERCERO:Se
advierte del escrito digitalizado número 23-2021 no proveído en su momento,
donde designa abogado, domicilio procesal y autorización, de fecha 10 de
febrero de 2021, presentado por el demandado. CUARTO: Se advierte de la
misma manera el escrito digitalizado número 37-2021 no proveído en su
momento, donde designa abogado, domicilio procesal y autorización, de fecha
20 de febrero de 2021, presentado por el demandado Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
Ejecución) de fecha 09 de enero del año 2006.
2.-TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES
Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del
artículo 74º y 80 del Código Procesal Civil.
3.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366,
donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
4.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica
para fines procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE
SANTIAGO CHINININ CHAMBA y JOSSELYN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN
para los fines pertinentes en el proceso.
5.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
6.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00221-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 11 de abril de
2007, a folio 44, se declaro fundada la demanda sobre OBLIGACION
DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA, contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
CON 75/100 SOLES, más los intereses devengados, con costos y
costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 03 y 09 de
mayo de 2007; (folios 45 a 46), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 11 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00221-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 11 de abril de
2007, a folio 44, se declaro fundada la demanda sobre OBLIGACION
DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA, contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
CON 75/100 SOLES, más los intereses devengados, con costos y
costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 03 y 09 de
mayo de 2007; (folios 45 a 46), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 11 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00631-2005-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : GIANINA OLGA PAREDES ORBEGOZO
DEMANDADO : PESQUERA MAUI S.A. ,
DEMANDANTE : ALVAREZ CRUZ, OSWALDO
Resolución Nro.: CINCUENTA Y CUATRO
Chimbote, Dieciocho de Setiembre
Del año Dos Mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha
debido a la sobrecarga procesal que existe en éste Juzgado y estando con el escrito que
antecede presentado por el demandante; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución número cincuenta y tres, se declaró fundada en parte la demanda, interpuesta
por Oswaldo Álvarez Cruz contra la demandada Pesquera Maui S.A., sobre reintegro de
remuneraciones por participación de pesca, ordenando que la demandada cumpla con
pagar al actor la suma de S/. 4,566.41 Soles más intereses legales, costas y costos del
proceso; SEGUNDO: Que de la revisión de los actuados se advierte que dicha resolución ha
sido notificado al demandante y empresa demandada con fecha veintitrés y veintidós de
agosto del año en curso, respectivamente; conforme se desprende de las constancias de
notificación que obran en autos, y pese al tiempo transcurrido no han formulado recurso
de apelación dentro del plazo que otorga el artículo 53° de la Ley Procesal del Trabajo N°
26636. Por lo que, de conformidad con las consideraciones expuestas; SE RESUELVE:
DECLÁRESE CONSENTIDA la sentencia emitida en autos, contenida en la resolución
número CINCUENTA Y TRES; en consecuencia, NOTIFÍQUESE a la demandada a fin de que
cumpla dentro del QUINTO DÍA de notificada, con ABONAR, a favor del demandante la
suma de S/. 4,566.41 (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 41/100
SOLES), por concepto de reintegro de remuneraciones por participación de pesca; bajo
apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento. Por otro lado, y en atención a que
este despacho, a la fecha, viene aplicando el Sistema de Notificación Electrónica –SINOE en
tenor de lo dispuesto por la resolución Administrativa N° 1139-2016-P-CSJSA/PJ de fecha
10 de agosto del 2016, emitido por la Presidencia de esta Corte; que es concordante con el
"Artículo 155-D de la ley Orgánica del poder judicial, REQUIÉRASE a las partes, para que
en el plazo de CINCO DÍAS, cumplan con señalar su CASILLA ELECTRÓNICA, bajo
apercibimiento de imponerle multa en caso de incumplimiento, haciéndole saber que en
caso de no poseer tal casilla electrónica pueden requerirlo de manera gratuita a través de
la oficina de Servicios Judiciales de esta Corte Superior de Justicia. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Juez: CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Fecha: 22/02/2017 17:26:22
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 01168-2005-0-2301-JR-CI-02
MATERIA : IMPUGNACION DE DESPIDO
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: DIAZ PLATA, JESSICA
Fecha: 22/02/2017 17:51:55 JUEZ : CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA ESPECIALISTA : DIAZ PLATA, JESSICA
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION REP POR SR ,
DEMANDANTE : SOLIS TALAVERA, JAIME DUILIO
Resolución Nro.114
Tacna, veintidós de febrero del dos mil diecisiete.-
AUTOS, VISTO: El escrito 4116-2017 presentado por la parte demandante Y
CONSIDERANDO: Primero.- Que el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del
Poder Judicial establece que “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y a dar
cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido
o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala (…)” ; el derecho a la
ejecución de resoluciones judiciales, tiene un reconocimiento constitucional (en su
condición de derecho fundamental) y un reconocimiento internacional (a nivel
interamericano). Por otro lado, el Tribunal Constitucional en el Expediente 02813-2007-
PA/TC, ha interpretado el contenido de este derecho al señalar que: las sentencias y
resoluciones judiciales no se conviertan en simples declaraciones de intención sin
efectividad alguna. Ello obedece a que el ideal de justicia material consustancial al
Estado Democrático y Social de Derecho que emerge de los principios, valores y
derechos constitucionales, requiere una concreción, no solo con el pronunciamiento
judicial que declara o constituye el derecho o impone la condena, sino mediante su
efectivización o realización material” ; por tanto, el derecho a la ejecución de las
resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla y que la
parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea
repuesto en su derecho y compensada si fuera el caso, y no quede en un ideal ilusorio.
Segundo: Que, de los actuados del presente proceso se tiene que se ha emitido la
Sentencia de Vista que ha confirmado la Sentencia apelada contenida en la resolución
número noventa y siete que falla declarando Fundada en parte la demanda y ordena que
la entidad demandada reponga al demandante en el cargo de Jefe de Sección Caja de la
Sucursal Tacna del Banco de la Nación, que desempeñaba al momento del despido o en otro de similar nivel de remuneración y categoría, la misma que ha sido declarada
ejecutoriada. Que siendo ello así, de conformidad con el artículo 123 del Código
Procesal Civil y a lo solicitado por la parte demandante, SE RESUELVE: Requerir a
la Entidad demandada Banco de la Nación - Sucursal Tacna, cumpla con Reponer
definitivamente al demandante Jaime Duilio Solis Talavera, como Jefe de Sección
Caja de la Sucursal Tacna del Banco de la Nación que desempeñaba al momento del
despido o en otro de similar nivel de remuneración y categoría, debiendo de Informar a
esta Judicatura sobre el cumplimiento del presente mandato y del Funcionario
encargado del cumplimiento del mismo, el que asumirá de forma solidaria las
responsabilidades de ley; todo ello en el plazo de quince días hábiles, bajo
apercibimiento de imponer multas compulsivas y progresivas en caso de
incumplimiento, para tal efecto cúrsese Oficio a la Entidad con copias certificadas de la
Sentencia, Sentencia de Vista, Resolución ciento once y la presente resolución. Al
otrosí: Expídase las copias certificadas de las piezas procesales que se solicitan y que
figuran en original en el presente expediente, las cuales serán a costo y gestión de la
parte solicitante.- Tómese Razón y Hágase Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario De Sala: HUANCA LUPACA LILA NORAH
Fecha: 08/04/2016 16:54:25
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
EXPEDIENTE : 01168-2005
MATERIA : DESPIDO FRAUDULENTO E INCAUSADO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : SOLIS TALAVERA, JAIME DUILIO
SENTENCIA DE VISTA
Resolución Nro. 105
Tacna, veintidós de marzo
Del dos mil dieciséis.-
I. VISTOS: El recurso de apelación de folios 2138/2150, formulado por Aldo Patricio
Soto Delgado, abogado patrocinador del Banco de la Nación, producida la vista de la
causa en audiencia pública, con lo informado por el abogado de la parte demandante y
los autos elevados a esta Superior Sala. Interviniendo como ponente el señor Gordillo
Cossio.
1. Materia de grado: Viene en agrado de apelación la sentencia contenida en la
resolución número noventa y siete, su fecha 05 de agosto de 2015, de folios 2081/2092,
que declara: 1) Fundada en parte la primera demanda ingresada con el número 01168-
2005-0-2301-JR-CI-02, sobre Reposición en el Trabajo por Despido Fraudulento e
Incausado, interpuesta por Jaime Duilio Solís Talavera, en contra del Banco de la
Nación sucursal Tacna. 2) Ordena que la entidad demandada reponga al demandante en
el cargo de Jefe de Sección Caja de la Sucursal Tacna del Banco de la Nación, que
desempeñaba al momento del despido o en otro de similar nivel de remuneración y
categoría, dentro del plazo de diez días de notificada. 3) Infundada la demanda respecto
al Pago de Remuneraciones dejadas de percibir desde la interposición de la demanda
hasta la efectiva reposición. 4) Infundada la segunda demanda ingresada con el número
2005-00325-0-2301-JR-LA-1, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios derivados
de la Comisión de Falta Grave, interpuesta por el Banco de la Nación, en contra de
Jaime Duilio Solís Talavera. 5) Sin costas ni costos.
2. Fundamentos de la apelación:
2.1. Conforme al escrito de apelación que corre a folios 2138/2150, presentado por Aldo
Patricio Soto Delgado, abogado patrocinador del Banco de la Nación, sostiene que de
acuerdo a lo señalado por el demandante; y, en la sentencia recurrida, la carta de
imputación de cargos fue notificada al demandante el 31 de mayo de 2005, respecto de
hechos que tomó conocimiento la demandada con fecha 16 de mayo de 2005, mediante
Informe EF/92.1100 Nro. 026-2005, emitido por el OCI, produciéndose el despido con
fecha 08 de agosto de 2005, lo cual supuestamente transgrede el principio de
1 inmediatez, ya que entre la fecha de notificación del descargo del demandante – 08 de
junio de 2005 y la notificación de la carta de despido – 08 de agosto de 2005, han
transcurrido 02 meses, quedando evidenciado la vulneración del principio de
inmediatez.
2.2. Respecto de la acreditación de la causa justa de despido, no se ha producido
despido fraudulento en contra del demandante. El Banco de la Nación en el
cumplimiento de sus funciones de fiscalización; y, en aplicación de la Directivas y
Circulares que el demandante incumplió en el desempeño de sus funciones, asimismo
con el Informe EF/92.1100 Nº 026-2005, emitido por Auditoría Interna, resulta ser
prueba contundente de la negligencia del demandante en el desempeño de sus
funciones, por cuanto está demostrado que el actor no tenía las facultades ni
autorización suficiente para hacer efectivo dicho título valor, con el cual incumplió con
lo establecido en la Circular EF/92.4200-2520 Nro. 021-2002 de fecha 28 de noviembre
de 2002.
2.3. Finalmente, señala que la resolución recurrida le ocasiona perjuicio de naturaleza
real, por cuanto al amparar la demanda de reposición laboral del demandante, la
consecuencia lógica es que no se ampare nuestra pretensión de indemnización por daños
y perjuicios derivados de la comisión de falta grave.
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Consideraciones normativas aplicables al caso de autos.-
1.1 La extinción de la relación laboral, mediante el despido de un trabajador,
comporta una manifestación de poder que se reconoce al empleador (artículo 9 del
decreto supremo 003-97-TR), el que ha traído como consecuencia a través del tiempo
un diseño de protección al respecto, el que ha venido evolucionando doctrinaria y
jurisprudencialmente en razón de la amplitud e intensidad de dicho poder que fue desde
absoluto, limitado y ahora considerado como excepcional. Al respecto, se ha coincidido
que el despido es originado por un conflicto que se deriva de una relación laboral previa
en la que el trabajador deja de prestar sus servicios por decisión unilateral de su
empleador, la que puede ser justificada en la medida que se presenten las causales que
configuran el cese o extinción de la relación laboral, o en su caso arbitraria (en sus
diversas manifestaciones) que conlleven una lesión de algún derecho constitucional y
origine luego una actividad jurisdiccional como respuesta. Al respecto, el artículo 31 del
decreto supremo 003-97-TR, establece una protección previa al despido, al diseñar un
procedimiento con tal fin, cuando expresa que el empleador no podrá despedir por causa
relacionada con la conducta o capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un
plazo razonable no menor de seis días para que pueda defenderse por escrito de los
2 cargos que se le formulan.
1.2 El Tribunal Constitucional ha diseñado a través de sus sentencias diversos tipos
de despido (STC 976-2001-AA/TC, entre otras), que implican restitución en el centro
de trabajo, no sin antes desarrollar la denominada protección preventiva del despido,
desarrollando el artículo 27 de la Constitución Política, a efecto de que se prevenga,
evite o impida la extinción de la relación laboral que en los trabajadores del sector
público está contemplado en el decreto legislativo 276 y en el régimen privado en lo
dispuesto por el decreto supremo 003-97-TR materializado en el artículo 31 (como ya lo
señalamos), cuya disposición prohíbe al empleador despedir al trabajador sin haberle
imputado la causa justa de despido y a la vez otorgarle un plazo no menor de 6 días
naturales para que pueda defenderse de dichos cargos, salvo los casos de falta grave
flagrante; caso contrario originaría una contravención al debido proceso, cuyo contenido
no solamente es de configuración legal, sino también de tipo constitucional, que en
muchos casos da lugar a la restitución del trabajador a su puesto habitual.
1.3 Se ha establecido a nivel de jurisprudencia, a través del Tribunal Constitucional,
regímenes tanto sustantivo como procesal de protección adecuada contra el despido
arbitrario, tanto con un carácter resarcitorio como uno reparador. Por un lado
existe un sistema de protección adecuada contra el despido arbitrario, según lo recoge el
artículo 34 del decreto supremo 003-97-TR; pero también existe un régimen de
protección via jurisdiccional con eficacia restitutoria, que en su momento se atribuyó al
amparo constitucional, y a la fecha también se ha extendido a la legislación ordinaria
laboral, en casos distintos al previsto para los casos de nulidad de despido previstos en
el artículo 29 de la anotada normativa. Para ello, el máximo intérprete de la
Constitución, refiere en el fundamento 15 de la sentencia recaída en el expediente Nº
0976-2001-AA/TC, que a lo largo de su abundante jurisprudencia ha establecido que
para efectos restitutorios (readmisión en el empleo), derivados de despidos arbitrarios o
con infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
o los Tratados relativos a Derechos Humanos, se generen en los tres casos siguientes: a)
Despido nulo, modalidad establecida en el artículo 29 del decreto legislativo 728, y
como consecuencia de la necesidad de proteger, entre otros, derechos tales, como los
previstos en el inciso 2) del artículo 2º, inciso 1) del artículo 26º e inciso 1) del artículo
28º de la Constitución y otros expresamente reconocidos; b) El despido incausado,
también previsto en la STC 0976-2001-AA/TC, aparece como consecuencia del caso
Telefónica, establecido en la sentencia de fecha 11 de julio de 2001 expediente Nº 1124-
2002-AA/TC, ello a efectos de cautelar la vigencia del artículo 22 de la Constitución
Política que expresamente indica “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del
3 bienestar social y un medio de realización de la persona”. Este despido, denominado
incausado, se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o
mediante comunicación escrita sin expresarle causa, derivada de la conducta o la labor,
que la justifique; y asimismo, el Tribunal desarrolla el denominado c) despido
fraudulento, cuya modalidad fue ya diseñada en el expediente 0628-2001-AA/TC de
fecha 10 de julio de 2002, estableciendo que se produce el despido fraudulento cuando
“se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de
manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se
cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede
cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios,
o asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de
tipicidad, como lo ha señalado en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal
(Exp. Nº 425-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción
de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. Nº 628-2001-AA/TC) o mediante la
“fabricación de pruebas”. En consecuencia, la extinción unilateral de la relación laboral
que se funde únicamente en la sola voluntad del empleador estaría afectada de nulidad,
más aun cuando no se otorgó previamente al trabajador una protección preventiva
haciéndole llegar una comunicación antelada con la imputación de cargos, para su
descargo correspondiente.
1.4 De autos, se cuestiona un despido fraudulento, cuya consecuencia, en caso de
acreditarse, es de efecto restitutorio del actor a su centro de trabajo, ello considerando
que el despido injustificado propiamente no tiene como efectos la readmisión del
demandante, según el diseño de protección frente al despido, salvo la afectación de
derechos fundamentales. Conforme lo dispone el Tribunal Constitucional en el
fundamento 15 de su STC 976-2001-AA/TC, en estos supuestos, al no existir realmente
causa justa de despido ni, al menos, hechos de cuya trascendencia o gravedad
corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa
justa conforme a ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa,
razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo. Distinto
será el tratamiento cuando se haya verificado los elementos de tipicidad, configurando
causa de despido y se haya observado el procedimiento establecido en la ley, también el
efecto será distinto cuando exista vulneración de derechos fundamentales al debido
proceso material, considerando los aspectos de razonabilidad y proporcionalidad en la
facultad sancionadora del empleador.
Para efectos de determinar la existencia de un despido fraudulento, se deben considerar
los supuestos en que se produce, esto es: i) Cuando se le imputa al trabajador hechos
notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, ii) Cuando se le atribuye una falta no
prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, iii) Cuando se produce la
4 extinción de la relación laboral con vicio de voluntad, iv) Mediante la fabricación de
pruebas. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la STC
976-2001-AA/TC (fundamento 15) indica que se produce el denominado despido
fraudulento, cuando: Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el
engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones
laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones
procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente
inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista
legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la
relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas. Lo que
corresponde entonces, es verificar si la imputación de la causa (atribuida al trabajador),
como justificadora de la extinción laboral (despido) equivale a una falta típicamente
constituida como tal y que en razón a la facultad disciplinaria del empleador se haya
adoptado la medida que es ahora cuestionada. Verificar además, si los hechos atribuidos
son inexistentes, falsos o imaginarios, si se ha fabricado la prueba, ha existido vicio de
la voluntad u otra actitud (del empleador) auspiciada por el engaño con el solo objeto de
extinguir el vínculo laboral. Solo en estos casos se configura el denominado despido
fraudulento, inclusive a pesar de haber la demandada observado el procedimiento
regular previsto en la norma; caso contrario el cuestionamiento no es típico de esta
modalidad.
1.5 Debido Proceso en el Despido.-
a. Formalidad Previa.- En relación a lo precedentemente establecido, referido a la
protección preventiva del despido, es esencial la estricta observancia formal del
procedimiento, ello como contenido del derecho constitucional al Debido Proceso.
El despido, es un acto unilateral de la voluntad del empleador por virtud del cual,
este decide poner fin a la relación del trabajo; entonces, ante la proclividad del
ejercicio abusivo de la facultad de despedir, se ha impuesto la exigencia de la
causalidad, tanto así que si la extinción del vínculo no se funde en una causa justa
previamente establecida en la ley, se puede calificar el despido como arbitrario. Al
respecto el Tribunal Constitucional estima que frente al despido arbitrario, le cabe
determinar la existencia o inexistencia de respeto al orden constitucional, y en esa
perspectiva si se ha producido el respeto o la afectación de los derechos
fundamentales allí consagrados. La lesión de derechos fundamentales (por ejemplo
el debido proceso con amplia gama de derechos individuales), constituye, per se, un
acto inconstitucional, cuya validez no es en modo alguno permitida por nuestro
supra ordenamiento, debiéndose disponer, en tal caso, la tutela más amplia y
efectiva al afectado en el ejercicio pleno de su derecho amenazado o vulnerado.
5 El acto del despido, contiene requisitos formales y de fondo, ello a fin de
salvaguardar los derechos fundamentales y la dignidad del trabajador, como
también garantizar su derecho de defensa. Al respecto, el procedimiento previo al
despido está previsto en nuestra legislación interna (D.S 003-97-TR), la que
establece que el empleador no podrá despedir al trabajador por causa relacionada
con su conducta o capacidad si previamente no le concede un plazo razonable para
que se defienda de los cargos formulados en su contra, o para que demuestre su
capacidad o corrija su deficiencia (derecho que además está protegido por el
Convenio 158 de la OIT). En consecuencia, el empleador que ha tomado
conocimiento de una causa justa de despido debe remitir al trabajador una
comunicación escrita formulando la imputación de la falta, abriendo el
procedimiento previo al despido, a fin de que este pueda ejercer su derecho de
defensa respecto a los cargos imputados o tener la oportunidad de acreditar su
capacidad o corregir la deficiencia que se le atribuye. Si la causa justa que se le
imputa al trabajador está relacionada a su capacidad laboral el plazo tendrá una
duración mínima de treinta días naturales dentro del cual el trabajador debe
demostrar su capacidad o corregir su deficiencia, y en caso se le impute falta grave
vinculada a su conducta el plazo mínimo será de seis días naturales (artículo 31 del
D.S. 003-97-TR).
b. Requisito de Fondo: Tipicidad, Nuestro ordenamiento laboral (Como lo expresa
Carlos Blancas Bustamante en El Despido en el Derecho Laboral Peruano, Jurista
Editores, 2013-Lima) en materia de regulación del despido, ha adoptado el sistema
de enumeración taxativa para definir la falta grave, razón por la cual únicamente se
reputa como tal aquella conducta del trabajador que se encuentra tipificada; tanto
así, si una infracción manifiestamente importante o intensa, no se encuentra
expresamente señalada en la ley, siendo falta y grave, no es tal en el estricto sentido
jurídico que se le asigna, como motivo justificado de terminación de la relación
contractual. En virtud a lo dispuesto por el artículo 22 del decreto supremo 003-97-
TR, la tipificación de las faltas graves debe ajustarse al “principio de legalidad”,
que supone una serie de requisitos de fondo y forma, con una triple exigencia de ley
previa (anterior a los hechos), ley escrita (debe ser formal) y ley estricta (precisa en
cuanto a su enunciación y no extensible por analogía).
La necesidad de respetar el principio de legalidad o la tipicidad de la falta grave en
el campo laboral (dice Carlos Blancas), como requisito esencial para la validez del
despido, ha sido puesta de relieve por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
que reconoce su fundamento conforme al artículo 2.24.d de la Constitución Política
del Estado, el principio de tipicidad impone que los hechos (actos u omisiones)
6 tipificados como infracciones punibles deben ser establecidos de forma expresa e
inequívoca (STC 1112-98-AA/TC).
c. La Inmediatez, está relacionada al límite temporal que se impone al empleador en
cuanto desarrolla su facultad sancionadora. En nuestro ordenamiento dicho
principio está regulado por el artículo 31 del decreto supremo 003-97-TR, descrito
precedentemente, y se constituye en un requisito esencial que condiciona
formalmente el despido que pueda ejecutar el empleador, como decisión unilateral
y su observancia conducirá a la estricta observancia de la causa justa imputable al
trabajador.
El Tribunal Constitucional, en STC 00543-2007-PA/TC, fundamento 7, define dos
etapas de este Principio: i) El proceso de cognición que estaría conformado por
todos los hechos que ocurren después de la comisión de la falta por el trabajador, lo
que significa, primero, tomar conocimiento, de la falta, a raíz de una acción propia,
a través de los órganos que dispone la empresa o a raíz de una intervención de
terceros. En segundo lugar debe calificarse, encuadrar o definir la conducta
descubierta como una infracción tipificada por la ley, susceptible de ser sancionada.
En tercer lugar, debe comunicarse a los órganos de control y de dirección de la
empleadora, que representan la instancia facultada para tomar decisiones, ya que
mientras el conocimiento de la falta permanezca en los niveles subalternos, no
produce ningún efecto para el computo de cualquier termino que recaiga bajo la
responsabilidad de la empresa (comentario a la casación 1917-2003-Lima); es
decir, que se tome conocimiento pleno de los hechos sucedidos para posteriormente
tomar decisiones en el marco de las facultades sancionadoras del empleador. ii) El
proceso volitivo, que se refiere a la activación de los mecanismos decisorios del
empleador para configurar la voluntad del despido, ya que este por esencia
representa un acto unilateral de voluntad manifiesta o presunta del patrono. El
inicio de este proceso está dado por la evolución de la gravedad de la falta, por las
repercusiones que causan al nivel de productividad y a las relaciones laborales
existentes en la empresa, y el examen de los antecedentes del trabajador infractor y
la conducta desarrollada en el centro de trabajo, para establecer si excedía los
márgenes de confianza depositados en él. La segunda etapa está dada por la toma
de decisión que depende de la complejidad que tenga la organización empresarial,
ya que mientras mayor sea ésta, las instancias que intervengan en la solución
deberán ser numerosas y, por el contrario, mientras más simple sea, como el caso
de un empresario individual que dirija su propia pequeña empresa, bastará con su
sola decisión, la que podrá ser adoptada en el más breve plazo. En consecuencia
(refiere el fundamento 8 de la anotada sentencia del Tribunal), los términos y plazos
existentes entre ambas etapas es variado y se dan de acuerdo a la complejidad de la
falta cometida, resultando el Principio de Inmediatez sumamente elástico, lo que
quiere decir que se encuentra relacionado con el denominado plazo razonable, lo
7 que no implica un determinado periodo de tiempo fijo sin que se considere las
situaciones excepcionales que puedan presentarse a fin de establecer certeramente
la falta cometida.
En caso no medie un plazo razonable entre el momento del conocimiento de la
comisión de falta grave, el inicio del procedimiento de despido y la imposición de
la sanción; es decir exista un periodo de tiempo que se prolongue indebidamente, en
observancia del Principio de Inmediatez se entenderá que el empleador ha
condonado la falta cometida, además de haber decidido (tácitamente) mantener
vigente el vínculo laboral.
1.6 Contenido de la falta graves prevista en el artículo 25, inciso a) del decreto
supremo 003-97-TR; el verdadero alcance de la disposición contenida en el artículo 25
inciso a) del decreto supremo 003-97-TR (que también fue referida) debe entenderse a
la forma concreta en que el trabajador debe cumplir su prestación, o al cumplimiento de
las obligaciones específicas de la función que desempeña el mismo y en cuanto esta
afecta la buena fe laboral, no debe confundirse con un supuesto deber de “fidelidad” del
trabajador hacia el empleador (como lo expresa Blancas Bustamante en El Despido en
el Derecho Laboral Peruano, Jurista Editores, 2013, pg. 210), su exigencia proviene de
la ley y posee contenido netamente jurídico e incluso patrimonial. La conducta del
trabajador renuente a cumplir cabalmente sus obligaciones o a no realizar las
prestaciones que le corresponden, vulnera la buena fe laboral y cuando adquiere ribetes
de gravedad merece ser sancionada con el despido; por otro lado, dentro de ese mismo
razonamiento, se debe verificar la existencia, intensidad y carácter subjetivo de los
daños causados (atribución), por cuanto el hecho de expresarse en la sentencia que la
falta en su contexto no fue intencional, sino en todo caso un proceder negligente del
trabajador, dicho análisis se condice con la naturaleza de un despido con contenido
fraudulento, lo que afecta el deber de una debida motivación (aparente) que resta
eficacia a la decisión.
SEGUNDO: Hechos ocurridos en el caso de autos que motivan la decisión.-
2.1. De lo actuado en el proceso, a folios 550 y siguientes aparece la demanda
interpuesta por Jaime Duilio Solís Talavera, en contra del Banco de la Nación,
pretendiendo que se declare inaplicable e ineficaz la Carta de fecha 27 de julio de 2005,
entregada notarialmente el día 08 de agosto de 2005, por la cual en forma fraudulenta e
incausada y transgrediendo el debido proceso referido al principio de inmediatez, se
impone sanción disciplinaria del despido de su trabajo, violando su derecho al trabajo;
y, consecuentemente, se disponga su inmediata reposición en el cargo que desempeñaba
a la fecha del despido, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la
interposición de la demandada hasta la efectiva reposición, más los costos y costas del
proceso.
8 2.2. Se admite provisionalmente la demanda (folios618/619), mediante escrito de fecha
18 de setiembre de 2006 (folios 629/632) cumpliéndose el mandato de subsanación.
Admitida la demanda en vía del proceso ordinario laboral (folio 633), se corre traslado y
se declara rebelde a la parte demandada, citando para Audiencia de Ley.
2.3. Por resolución número veinticuatro de fecha 29 de enero de 2007(folios
1175/1176), declara fundado el pedido de acumulación solicitado por el demandado, en
consecuencia, se dispone la acumulación del proceso 2005-325 tramitado en el mismo
juzgado, al proceso signado con el número 2005-1168, que es el más antiguo y
señalando fecha para Audiencia Complementaria.
2.4. De autos a folios 781 y siguientes, se aprecia la Demanda de Indemnización por
Daños y Perjuicios derivados de comisión falta grave en contra de Jaime Duilio Solís
Talavera, peticionando que la parte emplazada pague a favor de su representada, Banco
de la Nación, la suma de S/. 300,000.00 nuevos soles (trescientos mil con 00/100
nuevos soles), por el grave perjuicio económico y moral que ha ocasionado al haber
incurrido en grave falta en el desempeño de sus funciones, en su calidad de Jefe de la
sección Caja de la Sucursal Tacna del Banco de la Nación, más las costas, costos, gastos
e intereses legales que genere la deuda.
2.5. Se emite sentencia (folios2081/2092), declarando: 1) Fundada en parte la primera
demanda ingresada con el número 01168-2005-0-2301-JR-CI-02, sobre Reposición en
el Trabajo por Despido Fraudulento e Incausado, interpuesta por Jaime Duilio Solís
Talavera, en contra del Banco de la Nación sucursal Tacna. 2) Ordena que la entidad
demandada reponga al demandante en el cargo de Jefe de Sección Caja de la Sucursal
Tacna del Banco de la Nación, que desempeñaba al momento del despido o en otro de
similar nivel de remuneración y categoría, dentro del plazo de diez días de notificada.
3) Infundada la demanda respecto al Pago de Remuneraciones dejadas de percibir
desde la interposición de la demanda hasta la efectiva reposición. 4) Infundada la
segunda demanda ingresada con el número 2005-00325-0-2301-JR-LA-1, sobre
Indemnización por Daños y Perjuicios derivados de la Comisión de Falta Grave,
interpuesta por el Banco de la Nación, en contra de Jaime Duilio Solís Talavera. 5) Sin
costas ni costos.
III. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN.-
3.1 Conforme a lo previsto por el artículo 31 del decreto supremo 003-97-TR, se ha
establecido una protección preventiva del despido arbitrario que se materializa en el
procedimiento previo a la extinción de la relación laboral (a iniciativa del empleador), el
9 que prohíbe al empleador despedir al trabajador sin haberle imputado la causa justa de
despido y otorgarle un plazo no menor de 6 días naturales para que pueda defenderse de
dichos cargos, salvo el caso de falta grave flagrante, caso contrario se produce una
vulneración del derecho constitucional al debido proceso, que trae como consecuencia
la reposición del trabajador.
3.2 En el caso de autos, la entidad demandada ha observado el procedimiento antes
descrito, cursando al efecto la carga de imputación de cargos y posteriormente la Carta
de Despido (al demandante) por haberse configurado la causal prevista en el inciso a)
del artículo 25 del Texto Unico Ordenado del decreto legislativo 728, sobre
Incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena
fe laboral y la Inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo. Considerando que la
pretensión es calificada como uno de despido fraudulento, el que además tiene efectos
restitutorios, corresponde entonces al demandante la carga de probar el fraude en las
imputaciones.
3.3 Los supuestos en que se produce un despido fraudulento, se presenta en los
siguientes casos: i) Cuando se le imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes,
falsos o imaginarios, ii) Cuando se le atribuye una falta no prevista legalmente,
vulnerando el principio de tipicidad, iii) Cuando se produce la extinción de la relación
laboral con vicio de voluntad, iv) Mediante la fabricación de pruebas. Al respecto, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la STC 976-2001-AA/TC
(fundamento 15) indica que se produce el denominado despido fraudulento, cuando: Se
despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de
manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se
cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede
cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios
o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de
tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o
mediante la fabricación de pruebas. Lo que corresponde entonces, es verificar si la
imputación de la causa (atribuida al trabajador), como justificadora de la extinción
laboral (despido) equivale a una falta típicamente constituida como tal y que en razón a
la facultad disciplinaria del empleador se haya adoptado la medida que es ahora
cuestionada. Verificar además, si los hechos atribuidos son inexistentes, falsos o
imaginarios, si se ha fabricado la prueba, ha existido vicio de la voluntad u otra actitud
(del empleador) auspiciada por el engaño con el solo objeto de extinguir el vínculo
laboral. Solo en estos casos se configura el denominado despido fraudulento, inclusive a
10 pesar de haber la demandada observado el procedimiento regular previsto en la norma;
caso contrario el cuestionamiento no es típico de esta modalidad.
3.4 La estructura organizativa de la entidad demandada (Banco de la Nación) no es
simple, sino compleja, en razón de que funciona a nivel nacional, con una sede
principal, sucursales ( de tipo A,B,C) y agencias (de tipo A y B, y agencia C en
provincias), además de contar con instrumentos de gestión (MOF, ROF, RIT, etc.) que
también representan cierta complejidad por sus niveles jerárquicos y el innumerable
detalle de funciones de sus servidores en general, sirviendo solo de ejemplo el
instrumento que va de fs.32 a 50, denominado Manual de Organización y Funciones
Sucursales A, B y C; Agencias A y B y Agencias C – Provincias.
Tan es así que para efectos de determinar la existencia de irregularidades
administrativas y como consecuencia de ello identificar faltas disciplinarias, tiene que
intervenir (como en el caso de autos) el Organo de Control Interno, quien tiene a su
cargo detectar y levantar observaciones, efectuar exámenes y análisis de los
procedimientos administrativos y otros, para luego emitir las conclusiones y
recomendaciones correspondientes (dicho instrumento para el presente caso -examen
especial- corre a fs. 128/140). Por otro lado, la emisión de las cartas de preaviso y de
despido, son redactadas en la sede central de la entidad demandada, según aparece del
lugar de expedición que consigna “San Isidro” (Lima), y al demandante se le hace
conocer de las mismas indistintamente en las ciudades de Arequipa y Tacna (según
aparece de dichos documentos).
En razón a lo expresado, desde la expedición de la carta de preaviso de fecha 31 de
mayo de 2005 (fs. 14/15) a la carta de despido de fecha 27 de julio de 2005 (fs. 25/26)
(aproximadamente un mes diecisiete días), no ha transcurrido un plazo excesivo que la
haga injustificadamente prolongado e irrazonable, mas aun si se tiene en cuenta que la
norma no ha previsto un periodo de tiempo fijo para el ejercicio de la facultad
sancionadora del empleador en la toma de su decisión, debiendo considerarse para ello
una actuación razonable en cuanto al plazo se refiere (menos de dos meses); por lo que,
no aparece una evidente e irrazonada vulneración al principio de inmediatez a que se
refiere el artículo 31 del decreto supremo 003-97-TR, no siendo por tanto dicho
supuesto un argumento debidamente justificado para dar merito a la pretensión.
3.5 En cuanto, al extremo de atribución de faltas disciplinarias que implique un ejercicio
abusivo del poder disciplinario del empleador demandado y que tiene que ver con
factores de tipicidad y cargos inexistentes o incompatibles con las funciones del
demandante que configuran la existencia de un despido fraudulento, tenemos los
siguientes hechos:
11 3.5.1 Formalmente la demanda, es adaptada al proceso laboral (fs. 550 y siguientes),
por cuanto esta vía es igualmente satisfactoria que el proceso constitucional (que
inicialmente tuvo lugar), y por el contenido que en él se cuestiona, y que obviamente
requiere de debate probatorio.
3.5.2 De autos aparece la Carta de preaviso de despido de fecha 31 de mayo de 2005,
donde se atribuye, al demandante, falta laboral que constituye causa justa de despido,
tipificada en el inciso a) del artículo 25 del Texto Unico Ordenado del decreto
legislativo 728, aprobado por decreto supremo 003-97-TR (argumentando el actor que
la entidad bancaria efectuó una investigación previa por parte del Organo de Control
Interno).
3.5.3 El demandante realiza su descargo mediante Carta de fecha 09 de junio de 2005;
y según este se debió proceder inmediatamente al despido el día 10 de junio del mismo
año. Sin embargo, se le cursa la Carta EF/92.32300 N° 538-2005 fechada el 27 de
julio de 2005 y la entrega notarial fue el 08 de agosto de 2005. En consecuencia -
indica-, entre la fecha de descargo realizada por el actor y la entrega de la carta de
despido ha mediado 1 mes y 28 días, transgrediendo el |
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PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO-SEDE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
PÁGINA 1 DE 1
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Central
EXPEDIENTE : 01486-2005-0-2301-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : OCHOA ARAGÓN, FREDDY FIDEL
ESPECIALISTA : GOMEZ CAYRO, MARIA
MARTILLERO : KONG EYZAGUIRRE, JUAN PABLO
PERITO : FLORES CANO, JOSE ANTONIO
BERRIOS CHALCO, JESUS ARNALDO
PEÑALOZA ARANA, ELOYNA LUCIA
LINARES PEREZ, SALVADOR VIRGILIO
DEMANDADO : CUEVA CASTILLO, FLORA
CHIPANA CHIPANA, EUSEBIO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución N°71
Tacna, dos mil veinte
Noviembre, diecisiete.-
Acorde a la autorización excepcional dispuesta por Resolución Administrativa N°
000156-2020-CE-PJ, dado que sobrevino la declaratoria de estado de emergencia por el
COVID 19 y puesto en la fecha por el encargado de mesa de partes, por la excesiva carga
procesal que soporta el juzgado.- Se provee el escrito N°5436-2020: Estando a la
reposicion interpuesta y siendo el estado el de resolver; VISTOS: El recurso de reposición
interpuesto por BANCO DE CREDITO DEL PERU; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, el
recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el Juez los revoque, conforme a
lo dispuesto por el artículo 362 del Código Procesal Civil y estando a que el mismo se ha
interpuesto dentro del plazo establecido por el artículo 363 del Código antes acotado;
Segundo.- Que, el decreto contra el que se interpone el recurso es uno que resuelve que “se
provee el escrito N° 4167- 2020: AL PRINCIPAL Y OTROSI: A la observación del informe
pericial, en los términos expuestos, corrase traslado a la parte demandante y al perito
nombrado en autos por el plazo de tres días y a los autos”.Tercero.- Que el BANCO DE
CREDITO DEL PERU interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion setenta de
fecha nueve de Octubre del dos mil veinte, argumentando que la observación efectuada por la
ejecutada FLORA CUEVA CASTILLO al informe pericial se encuentra fuera del plazo de ley
debido a que dicho informe pericial ya fue aprobado por el juzgado; y revisado los autos se
tiene que a fojas 537 obra la resolución 68 de fecha 15 de Julio del 2020 la misma que se
resuelve; APROBAR el informe pericial de interés compensatorios por la suma de
(S/7,966.02) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 02/100 NUEVOS SOLES ; y
los intereses moratorios por la suma de (S/.5,756.38) CINCO MIL SETECIENTOSCINCUENTA
Y SEIS CON 38/100 NUEVOS SOLES; por tanto el recurso de reposición interpuesto contra de
la resolución número setenta de fojas 549, debe declararse fundado, en consecuencia, SE
RESUELVE: Declarar FUNDADO EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por BANCO
DE CREDITO DEL PERU, contra la Resolución numero setenta de fecha nueve de Octubre del
dos mil veinte que obra a fojas 549, por lo tanto se dispone declarar NULA la resolución 70 de
fecha nueve de Octubre del 2020 y proveyendo con arreglo a ley el escrito N°4167-2020; A
lo solicitado, no ha lugar y estese a la resolución 68 de fecha 15 de Julio del 2020. Tómese
Razón y Hágase Saber.- Se provee el escrito virtual N°5623: Tengase presente y estese a
lo resuelto en la presente resolución.-. |
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EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : MENDOZA DURAND RONALD YURI
TERCERO : FLORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA
SAC LIQUIDADORA Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSERVAS
SANTA ADELA SA ,
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN
EIRL ,
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTIN MARTIN
Resolución Nro. SETENTA Y OCHO
Chimbote, nueve de mayo
Del dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito N° 21384-2023
presentado por la parte demandante, Y CONSIDERANDO;
PRIMERO: Que, mediante resolución setenta y siete, se declara FUNDADA la
aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte demandante, en contra del
tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., sobre el
bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS N°
1798 (MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la demandada
EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., hasta por la suma de S/ 5, 311.42
soles
SEGUNDO: El artículo 53 de la Ley N° 26636, prescribe: “…El plazo para la
apelación de autos es de tres (3) días”; lo que guarda concordancia con lo señalado en
el artículo 376 del Código Procesal Civil.
TERCERO: Que, en efecto, del Sistema de Notificaciones, se observa que se notificó a
la referida empresa con la resolución setenta y siete el día el 26.09.2022; en tal sentido,
se observa que ha transcurrido en exceso el plazo para interponer el recurso de
apelación correspondiente. Por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 123° del Código Procesal Civil, debe
declararse consentida la resolución número setenta y siete; Por estas consideraciones, SE
RESUELVE:
1) DECLARAR CONSENTIDA la resolución número SETENTA Y SIETE , que
declara FUNDADA la aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte
demandante, en contra del tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., sobre el bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en
AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue
de propiedad de la demandada EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C.,
2) REQUIÉRASE al tercero perseguido EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., a fin que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES de notificado,
CUMPLA con pagar a favor de la parte actora la suma de S/ 5, 311.42 soles, bajo
apercibimiento de ejecución forzosa sobre el bien inmueble citado, en caso de
incumplimiento. Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : MENDOZA DURAND RONALD YURI
TERCERO : FLORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA
SAC LIQUIDADORA Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSERVAS
SANTA ADELA SA ,
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTIN MARTIN
Resolución Nro. SETENTA Y SIETE
Chimbote, tres de junio
Del año dos mil veintidos.-
AUTOS Y VISTOS, y dado cuenta con el estado del
proceso, y con el escrito N° 29954-2022 presentado por el demandante; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Previamente se debe señalar que mediante resolucion setenta y cinco se dispuso
que se notifique a INDECOPI con la finalidad que INFORME DOCUMENTADO en donde:
A) precisar si se le ha pagado total o parcialmente los créditos laborales reconocidos por
concepto de capital e intereses que fueron ordenados en autos, debiendo adjuntar para ello la
documental que así lo acredite; C) señalar los motivos por los cuales la demandada
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., no ha cumplido con pagar los créditos laborales
reconocidos al demandante; y, D) señalar la situación actual de la demandada
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., precisando si se encuentra en disolución, quiebra y/o
liquidado; no obstante se advierte que con la documentación remitida por INDECOPI con fecha
05.04.2019 es suficiente para emitir pronunciamiento, siendo así prescíndase del informe
requerido a INDECOPI a través de la resolución setenta y cinco.
SEGUNDO: Que, resulta del caso que mediante resolución número setenta y cuatro, se declaró
improcedente la aplicación del principio persecutorio contra el Banco de Crédito del Perú –
BCP, sobre el bien inmueble ubicado en Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14) –
Florida Baja, que fue de propiedad de la demandada, hasta por la suma de S/ 5,311.42 SOLES;
siendo así, la parte demandante solicitó la aplicación del principio persecutorio en contra del
tercero Empresa de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L. (en adelante tercero),
fundamentándose en que actualmente el inmueble de la demandada fue adquirido por el tercero
mediante compra y venta, conforme se aprecia del Certificado Literal de la SUNARP que se
adjunta, entre otros. TERCERO: Que, habiéndose corrido el traslado pertinente, el tercero a través de la resolución
setenta y cinco para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES de notificado, CUMPLA
con absolver lo pertinente, bajo apercibimiento de aplicarse el Principio Persecutorio, en caso de
incumplimiento; siendo notificado válidamente con dicha resolucion y sus anexos, conforme es
de verse del SINOJ con fecha 19.08.2020 y 11.09.2020 respectivamente; no habiendo cumplido
con absolver hasta la fecha, razón por la cual se procede a resolver.
CUARTO: Mediante escrito de fecha 05.04.2019 INDECOPI remite el Oficio N° 0095-
2019/CCO-INDECOPI, en el que se precisó que al no existir ninguna entidad liquidadora que
tenga intención de asumir el procedimiento de liquidación de la demandada, se dio por
concluido el procedimiento concursal y se dispuso el archivo.
QUINTO: La SUNARP Chimbote, mediante escrito de fecha 27.03.2019, remitió el Oficio Nº
533-2019-ZR N VII-SEDE HUARAZ –PUBLICIDAD/ ORVM adjuntando la copia literal de la
partida Nº P09033466 del predio ubicado en el PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV.
ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14) – CHIMBOTE, la misma que cumplió con
lo ordenado, a través del Oficio N° 533-2019, Z.RN°VII-SEDE HUARAZ-
PUBLICIDAD/ORVM, del cual se aprecia que el actual propietario es la EMPRESA DE
CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.,
SEXTO: Que, en ese orden, resulta aplicable al caso lo regulado en el Artículo 3° del Decreto
Legislativo N° 856, que señala que la acción persecutoria recae sobre los bienes del negocio,
entre otras, cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como consecuencia de ello
se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su declaración judicial de
quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de negocios efectuadas
dentro de los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del acreedor. Asimismo,
lo regulado en el Artículo 4° del referido cuerpo legal: “La preferencia o prioridad también se
ejerce cuando en un proceso judicial el empleador no ponga a disposición del juzgado bien o
bienes libres suficientes para responder por los créditos laborales adeudados materia de la
demanda”. Además de ello, la Corte Suprema a través de la Sentencia de Casación N° 1303-
2003, estableció que: “la acción de persecutoriedad de los beneficios sociales reposa en el
hecho que la relación laboral genera una vinculación de tipo personal y además patrimonial
entre el empleador y el trabajador, teniendo por finalidad apremiar los bienes del empleador o
empresario deudor, pues éstos constituyen la garantía para el pago de las acreencias
laborales; no se trata de identificar quién o quienes ejercen actualmente la propiedad de los
bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros
adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza de que pertenecieron al empleador deudor (…)”, de igual manera, la Sentencia de Casación
N° 1097-2001, refiere que: “(…) y eventualmente, realizarlos. Para ello debe integrarse a la
relación procesal éste tercero en quien va a recaer la decisión del proceso, para que tenga
acceso al derecho de defensa.”
SETIMO: Que, de lo expuesto, se tiene que el bien ubicado en el Pueblo Joven Florida Baja
Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14) – Chimbote, se encuentra inscrito con la
Partida Literal P09033466, sobre el cual se ha solicitado se aplique la acción persecutoria,
perteneció al empleador deudor (demandada), sin embargo en la actualidad el propietario es la
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.; que si bien es cierto que
dicha empresa (tercero) adquirió el inmueble el 04/07/2017, libre de gravámenes y/o cargas, ello
no quiere decir que no exista acreencias laborales que siguen a los bienes de la demandada,
conforme a lo regulado en el Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 856 (véase sexto
Considerando). En ese sentido, se tiene que la ex empresa liquidadora a través de la figura legal
de Dación de Pago transfirió parte del inmueble de la demandada a la CASA BANCERO S.A.,
y éste a su vez transfirió como compra-venta al BCP, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la
CASA BANCERO S.A. no se encontraba dentro del primer orden de preferencia o
prioridad del pago de créditos laborales; entonces, tenemos que la compra-venta celebrado
entre Casa Banchero S.A. a favor del BCP es irregular, así como la compra-venta celebrado
entre el BCP y la Empresa de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L., y al haberse cumplido los
requisitos de la normativa señalada en autos, corresponde declarar FUNDADO el pedido de
aplicación del Principio Persecutorio sobre el inmueble de la demandada en contra del tercero
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., solicitada por la parte
demandante. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
FUNDADA la aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte demandante, en
contra del tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., sobre
el bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798
(MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la demandada EMPRESA
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., hasta por la suma de S/ 5, 311.42 soles; en
consecuencia, REQUIÉRASE al tercero perseguido EMPRESA DE CONSERVAS DE
PESCADO BELTRAN E.I.R.L., a fin que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES de
notificado, CUMPLA con pagar a favor de la parte actora la suma de S/ 5, 311.42 soles, bajo
apercibimiento de ejecución forzosa sobre el bien inmueble citado, en caso de
incumplimiento. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MENDOZA GALARRETA ROSA DEL PILAR
ESPECIALISTA : HONORIO MARTINEZ KARINA RUDY
TERCERO : FLORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA SAC
LIQUIDADORA Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA
SA ,
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTIN MARTIN
Resolución Nro. SETENTA Y CUATRO
Chimbote, treinta y uno de enero
Del año dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha, con las
recargadas labores del juzgado, y siendo el estado del proceso, corresponde emitir
pronunciamiento; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Resulta del caso que, mediante sentencia contenida en la resolución número
TREINTA Y SEIS, obrante de folios 267 a 269, resuelve declarar FUNDADA la demanda
sobre PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR, en contra de CONSERVAS SANTA ADELA
S.A.C., ordenando el pago de S/ 3,151.93 SOLES por concepto de capital, más el pago de
intereses legales, costos y costas del proceso, que se liquidarán en ejecución de sentencia; la
misma que ha sido declarada consentida con resolución número TREINTA Y SIETE de autos,
y mediante resolución número CUARENTA se aprueba los intereses legales, siendo la suma
total S/ 1,803.29 soles (véase folio 300), es preciso señalar que la demandada no ha cumplido
con pagar dichas sumas a pesar de los requerimientos realizados, conforme obra en autos.
SEGUNDO.- Posteriormente la parte demandante solicita se aplique el principio persecutorio
en contra del Banco de Crédito del Perú (en adelante BCP) conforme el escrito inserto de folios
455 y 456, pedido que fue resuelto mediante resolución número SESENTA Y UNO, que
declaró improcedente tanto la excepción de prescripción, como la extromisión formulada por el
BCP, y se requiere a la liquidadora FIORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN Y
GERENCIA S.A.C. para que cumpla con pagar el monto ordenado en autos, reservándose el
pronunciamiento de la aplicación del principio persecutorio, resolución que al ser apelada,
confirma el pronunciamiento respecto de la excepción y la extromisión; de igual forma, deja sin
efecto el requerimiento a la empresa liquidadora, disponiendo que la empresa liquidadora
FIORENTINA S.A.C., cumpla con brindar información respecto del bien inmueble que tiene la
demandada, entre otros; devuelto el expediente al juzgado, se dispone cursar oficio a
INDECOPI a fin que informe lo ordenado por el Superior en Grado, remitiendo la información a través del Oficio N° 0095-2019/CCO-INDECOPI obrante de folios 695 al 731, en los
siguientes términos: i) actualmente Santa Adela S.A. se encuentra disuelta, liquidada y en
quiebra, y que su procedimiento concursal se encuentra en archivo por cuanto no existe empresa
que desee asumir su administración, ii) mediante Resolución N° 0375-2011/INDECOPI-LAL de
fecha 15.06.2011 se reconoció al demandante la suma de S/ 13,894.57 por concepto de capital y
la suma de S/ 2,634.18 por concepto de intereses legales, que corresponden al primero orden de
preferencia, iii) la demandada era poseedora de 03 vehículos, los cuales la ex empresa
liquidadora FLORENTINA S.A.C., no les ha entregado los bienes y los documentos contables
de la demandada, iv) la ex empresa liquidadora FLORENTINA S.A.C., fue sancionada con
inhabilitación permanente debido a que transfirió en dación de pago el único inmueble a
acreedores que NO SON DE PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA, cuando entregó en dación
de pago a CASA BANCHERO S.A. y al señor FELIPE TORRES MONTES (acreedores
reconocidos en el procedimiento concursal), el bien inmueble ubicado en Pueblo Joven Florida
Baja Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14), está valorizado en US$ 919 925,38,
transfiriéndose dicha propiedad; por cuanto ha efectuado pagos de los créditos labores
reconocidos en un orden distinto a lo establecido en el art. 42° de la Ley General del Sistema
Concursal.
TERCERO.- A fin de mejor resolver, este Despacho en uso de sus facultades oficiosas requirió
a la SUNARP Chimbote, la remisión del certificado literal P09033466 del predio ubicado en el
PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14)
– CHIMBOTE, la misma que cumplió con lo ordenado, a través del Oficio N° 533-2019,
Z.RN°VII-SEDE HUARAZ-PUBLICIDAD/ORVM obrante a folios 591 al 693, del cual se
aprecia que el actual propietario es la EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., ver folios 691.
CUARTO.- Resulta aplicable al caso el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856, que
respecto a la acción persecutoria refiere que esta recae sobre los bienes del negocio, en las
siguientes ocasiones: a. Cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como
consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su
declaración judicial de quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de
negocios efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del
acreedor; b. (…). (Subrayado y negrita es nuestro); asimismo, la Corte Suprema a través de la
Sentencia de Casación N°1303-2003 estableció que: “la acción de persecutoriedad de los
beneficios sociales reposa en el hecho que la relación laboral genera una vinculación de tipo
personal y además patrimonial entre el empleador y el trabajador, teniendo por finalidad
apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, pues éstos constituyen la garantía
para el pago de las acreencias laborales; no se trata de identificar quién o quienes ejercen
actualmente la propiedad de los bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los
bienes, tener la certeza de que pertenecieron al empleador deudor ...", de igual manera, la
Sentencia de Casación N°1097-2001 refiere que: “... y eventualmente, realizarlos. Para ello
debe integrarse a la relación procesal éste tercero en quien va a recaer la decisión del
proceso, para que tenga acceso al derecho de defensa.”
QUINTO.- De lo expuesto, se tiene que el bien inscrito con el certificado literal P09033466
ubicado en el PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G
LOTE 11-14) – CHIMBOTE, sobre el cual se ha solicitado se aplique la acción persecutoria,
perteneció al empleador deudor, sin embargo en la actualidad el propietario es la EMPRESA
DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L. (véase folio 691); y si bien, sobre
dicho inmueble existe una garantía hipotecaria por ante el Banco de Crédito del Perú – BCP,
(véase folio 616), ello no implica que este último sea el propietario de tal inmueble, de acuerdo
a lo regulado en el Artículo 1097° del Código Civil1, y conforme a lo establecido por el
Tribunal Constitucional en la Sentencia de fecha 18 de diciembre del 2007, recaída en el Exp.
N° 00122-2007-PA/TC, cuando señala que el carácter persecutorio de los derechos laborales se
extiende incluso, hacia los bienes que su empleador haya transferido a terceros,
independientemente si ese tercero adquiriente tuvo o no buena fe al hacerse de la
propiedad del bien, siendo que esto último no está en discusión, sino tan sólo que el bien
perteneció a la demandada; en la misma línea, también debemos traer a colación el Pleno
Nacional Laboral del 2012, que en el Tema 4 sobre crédito laboral frente al tercero
adquiriente, ha concluido que la “la preferencia del crédito laboral si es oponible frente al
tercero adquiriente de buena fe, pues el fraude que se refiere el Decreto Legislativo N° 856 es
el fraude a ley más no al fraude entre acreedores”. Asimismo, debe aplicarse lo establecido en
la ejecutoria de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de
la República, recaída en el Exp. N° CAS-1097-2011-LIMA, cuando establece el siguiente
criterio: “No se trata de identificar quien o quienes ejercen actualmente la posesión de los
bienes de la empresa originaria, o si hay vínculo familiar o personal de los terceros
adquirientes con el empleador, lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza de
que pertenecieron al empleador deudor y eventualmente realizarlos”. En ese sentido, y
estando a la aplicación del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856 y de lo señalado
anteriormente, no se han dado los presupuestos para amparar la persecutoriedad del bien
peticionado por la parte demandante sobre el inmueble ubicado en PUEBLO JOVEN
FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14), al no haberse
acreditado los presupuestos exigidos por la norma, razón por la cual, deviene en
1 Artículo 1097.- Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier
obligación, propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los
derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. (Código Civil) IMPROCEDENTE la aplicación del principio de persecutorio en contra de BANCO DE
CRÉDITO DEL PERÚ – BCP, solicitada por el demandante, quedando expedito el derecho de
la parte actora de solicitarlo sobre el actual propietario. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1. IMPROCEDENTE la aplicación del Principio Persecutorio en contra del BANCO DE
CREDITO DEL PERU – BCP, sobre el bien inmueble que fue de la demanda
CONSERVAS SANTA ADELA S.A., ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ.
G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, hasta por la suma total de S/ 5,311.42 SOLES,
dejando a salvo su derecho.
2. Al escrito de la parte demandante, DESE CUENTA en la siguiente resolución.
3. LLÁMESE LA ATENCIÓN a la secretaria judicial anterior por no haber dado cuenta
oportuna del presente expediente. Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por
disposición Superior. NOTIFÍQUESE.- |
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EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02.
MATERIA : PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR.
RELATOR : VENEROS LAVERIÁN, ANA MARÍA.
DEMANDADO : CONSERVAS SANTA ADELA S.A.
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTÍN MARTÍN.
RESOLUCION NÚMERO: SESENTA Y SIETE.
Chimbote, veintiuno de setiembre
Del dos mil diecisiete.
AUTO EMITIDO POR LA SALA LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
SANTA
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número sesenta y uno de fecha 06 de febrero del 2017,
que declara improcedente la excepción de prescripción formulada por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal
Chimbote; improcedente la extromisión interpuesta por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal Chimbote,
requiere a la liquidadora Fiorentina Empresa de Administración y Gerencias S.A.C, Liquidadora y
Representante de la empresa Conservas Santa Adela S.A. a fin de que cumpla con pagar al actor la suma de
S/ 5,311.42 soles, bajo apercibimiento de ejecución forzada; reservar el pronunciamiento de la aplicación del
principio persecutorio.
FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
El abogado del Banco de Crédito del Perú – Sucursal Chimbote, mediante su recurso
impugnatorio, sostiene que: a) Respecto a la excepción de prescripción de la acción, el actor pretende exigir el
pago de su crédito laboral después de cuatro años de expedida la sentencia; sin embargo, las pretensiones
laborales no son imprescriptible, es así que, según la Ley N° 27321, tienen cuatro años de vigencia,
b) Respecto a la extromisión, no valora que su transferente Casa Banchero S.A.C conviene en la escritura
pública de compraventa que se encuentra al día en el pago de los beneficios sociales, no tiene por objetivo el
cierre o abandono del centro de trabajo ni eludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales, se obliga a
solucionar contingencia derivada de acciones persecutorias por crédito laboral; y, c) Respecto al extremo de la
acción persecutoria y oposición, no debió dejar la posibilidad abierta que dicha obligación deba ser asumida
por el BCP cuando este no tuvo responsabilidad en la omisión de pago de la entidad liquidadora, ni mucho
menos fue el comprador del bien concursado.
El abogado de la liquidadora Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C, mediante
su recurso impugnatorio sostiene que: a) Se afecta su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional al
requerir (recién en etapa de ejecución) cumpla con pagar al actor, sin que previamente se les de la oportunidad de ejercer su derecho de defensa; b) El inmueble afectado fue adquirido legalmente por el banco
como consecuencia de la compraventa celebrado entre Casa Banchero S.A.C y la institución financiera; y, c)
Los créditos del demandante han sido reconocidos y cancelados, indicando además que en la actualidad aún
no termina la liquidación de la demandada; entre otros argumentos
FUNDAMENTOS DE SALA:
PRIMERO: El artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso, establece
que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte
o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente. Si bien es cierto que el recurso de apelación es el medio que hace tangible el
principio de la doble instancia[1] [previsto en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil], el cual
es un recurso ordinario o de alzada, que supone el examen de los resultados de la primera instancia, mediante
el cual el Juez Superior ad quem examina la corrección y regularidad de la resolución dictada por el Juez a
quo, según los motivos de agravio que aduzca el apelante. También lo es que en la actividad recursiva se tiene
como principio de limitación llamado tantum devolutum quantum appellatum[2], el cual es principio y garantía
jurisdiccional que el órgano que conoce la apelación únicamente se pronunciará sobre los agravios invocados
por el apelante.
SEGUNDO: Que, mediante sentencia contenida en la resolución número treinta y seis (folios 267 a 269), se
declaró fundada la demanda sobre pago de asignación familiar del período 1990 al 2004, ordenado que la
demandada cumpla con pagar la suma de S/ 3,151.93 soles, más intereses legales, costas y costos; siendo
que, mediante escrito de fecha 28 de junio del 2016 (folios 418), el actor solicitó se señale bienes libres
suficientes para responder por los créditos laborales adeudados, bajo apercibimiento de aplicarse el principio
persecutorio; y, mediante escrito de fecha 02 de agosto del 2016 (folios 455 a 456), el actor solicitó se aplique
el principio persecutorio sobre el bien inmueble ubicado en la Av. Enrique Meiggs N° 1798 Mz. G, Lt 11-14,
Florida Baja-Chimbote, solicitando se notifique al Banco de Crédito del Perú, a lo que dicha entidad bancaria
formula excepción de prescripción de la acción laboral, al haber vencido el plazo de cuatro años, en aplicación
a la Ley N° 27321; asimismo solicita la extromisión del proceso y formula oposición a la pretensión
persecutoria al haber adquirido el inmueble con posterioridad al origen del reclamo del demandante; siendo
declarado improcedente mediante resolución que viene en alzada
TERCERO: Que, respecto a la prescripción deducida por el Banco de Crédito del Perú, se advierte que el
presente proceso se encuentra en ejecución de sentencia desde el 25 de agosto del 2010 (folios 278), fecha
en que fue notificada la demandada a fin de que cumpla con abonar la suma ordenada en sentencia; en tal
sentido, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2001 del Código Civil, el plazo de prescripción
(1) “El fundamento de la doble instancia se encuentra ligado a la falibilidad humana y a la idea de un posible error en la resolución judicial; de allí
que este principio constituye una garantía para los ciudadanos, ya que la decisión judicial cuyo error se denuncia es llevada ante un colegiado
especializado, a fin de ser analizada nuevamente.” [CAS N° 3353-2000-Ica. Publicado el 02 de febrero del 2000].
2 “La actividad recursiva en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios el de limitación conocido como `Tantum
Apellatum Quantum Devolutum´ sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el órgano revisor al resolver la
impugnación debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante…” STC 7022-2006-PA/TC. de la acción que nace de una ejecutoria es a los diez años; verificándose de autos que, el actor ha venido
desarrollando actos procesales para la ejecución de la sentencia; en tal contexto, no se ha incurrido en causal
de prescripción, tanto más si, en la etapa de ejecución de sentencia no es posible deducir como medio de
defensa la prescripción; por lo que, la venida en grado debe ser confirmada en este extremo.
CUARTO: Que, respecto a la extromisión y la oposición a la acción persecutoria solicitada por el banco de
Crédito del Perú, por esta institución procesal de la extromisión “excepcionalmente, en cualquier momento el
Juez por resolución debidamente motivada, puede separar del proceso a un tercero legitimado, por considerar
que el derecho o interés que lo legitimaba ha desaparecido o haber comprobado su inexistencia”, conforme lo
establece el artículo 107 del Código Procesal Civil; sin embargo de autos, se desprende de que el Banco de
Crédito del Perú es un tercero que en la actualidad es propietario del bien inmueble sito en Pueblo Joven
Florida Baja Av. Enrique Meiggs N° 1798, Mz. G Lote 11-14, que fuera de propiedad de la demandada; por
tanto, dicha entidad bancaria tiene interés que lo legitima para intervenir en el presente proceso; sin embargo,
según el estado de los autos no se ha emitido pronunciamiento respecto a la procedencia de la aplicación del
principio persecutorio; en tal contexto, se debe desestimar lo solicitado por el referido banco.
QUINTO: Que, respecto al requerimiento de pago a la liquidadora Fiorentina Empresa de
Administración y Gerencia S.A.C.; conforme se verifica de folios 311 a 316, el 01 de abril del 2002, se
publicó en el diario oficial “El Peruano”, la insolvencia de Conservas Santa Adela, conforme a la Resolución
N° 1598-2001/CRP-ODI-CCPLL, de fecha 31 de octubre del 2001, confirmada por Resolución N° 0146-
2002/TDC-INDECOPI de fecha 01 de marzo del 2002; asimismo, el 17 de setiembre del 2002, se acordó la
reestructuración patrimonial de la demandada designando a Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia
S.A.C. como administradora de la empresa, siendo variado dicho procedimiento a disolución y liquidación con
fecha 30 de marzo del 2007; asimismo, el 30 de abril del 2009, la Junta de Acreedores de Conservas Santa
Adela, decidió variar el estado del procedimiento de disolución y liquidación a reestructuración patrimonial,
designando a Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C. como administradora de la empresa;
no obstante ello, mediante Resolución N° 078-2009/INDECOPI-LAL, de fecha 12 de junio del 2009, se declaró
la nulidad del acuerdo por el que se aprobó el Plan de Reestructuración de Conservas Santa Adela, quedando
vigentes los demás acuerdos adoptados; siendo que, conforme se verifica de la Partida registral N° 11002634
de la Zona Registral Chimbote (folios 467), se ha inscrito la disolución y liquidación irreversible de la
demandada, toda vez que, por Resolución N° 0626-2010/INDECOPI-LAL del 28 de mayo del 2010, la
Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de La Libertad, resolvió declarar de oficio la disolución y
liquidación de Conservas Santa Adela S.A. En Liquidación con carácter de irreversible, nombrándose en el
cargo de Liquidador a la Sociedad Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C.
SEXTO: Que, el artículo 16 de la Ley del Sistema Concursal, regula los créditos generados con posterioridad
al inicio del concurso; siendo que en su numeral 16.1 y 16.2, establece normas aplicables sobre la condición
de los créditos en el procedimiento concursal ordinario; en tal sentido, si bien es cierto, durante el
procedimiento de reestructuración patrimonial, se presentan dos tipos de créditos: los créditos concursales y
los créditos post concursales; siendo los primeros aquellos originados hasta la “fecha de corte”, esto es, de
difusión del concurso; y, los segundos, son los devengados con posterioridad a tal momento; siendo que,
sobre éstos últimos no se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema Concursal; en tal sentido, al no estar sujetos a los acuerdos destinados a la reestructuración del
patrimonio en crisis por ser ajenos al procedimiento, son tratados y pagados según lo acordado en los
contratos o instrumentos que lo originan; asimismo, en este procedimiento, se restringe la facultad de
reconocimiento de créditos no pudiendo extenderse a los créditos post concursales, motivo por el cual el
deudor no puede oponer su situación concursada para suspender sus pagos o proteger su patrimonio del
crédito post concursal, pudiendo por este motivo iniciarse acciones de pago o ejecutar su patrimonio del
deudor.
SÉTIMO: Que, por otro lado, el numeral 16.3 del artículo 16 en mención, regula lo referido a la condición de
los créditos en el procedimiento de disolución y liquidación; así los créditos generados con posterioridad a la
fecha en que se efectúa la publicación establecida en el artículo 323 serán susceptibles de reconocimiento; en
tal sentido, este dispositivo normativo “ (…)configura un fuero de atracción de créditos en el que participan del
concurso todos los créditos que mantenga el deudor concursando sin importar la fecha de asunción de los
mismos, es decir, no se presenta diferencia alguna entre créditos concursales y post concursales, todo lo
contrario, cualquier crédito generado frente al deudor va a formar parte de la masa concursal y, por ende, será
susceptible de ser reconocido por la autoridad concursal a efectos de que participe en la Junta de
Acreedores”4.
OCTAVO: Que, de autos se advierte que, mediante sentencia (folios 267 a 269) se ordenó a la demandada
cumpla con abonar a la accionante la suma de S/ 3,151.93 soles por asignación familiar; asimismo, mediante
resolución número cuarenta (folios 300) se requirió a la demandada cumpla con pagar a favor de la
demandante la suma de S/ 1,803.29 soles por concepto de intereses legales del período enero de 1990 a
diciembre del 2010, y por resolución cincuenta y seis (folios 413) se requirió a la demandada el pago de S/
356.20 soles por intereses legales del período enero del 2011 hasta octubre del 2015.
NOVENO: Que, en tal contexto, conforme a los numerales 16.3 del artículo 16 y 83.5 del artículo 88 de la Ley
General del Sistema Concursal – Ley N° 27809, encontrándose la demandada en el supuesto de disolución y
liquidación irreversible, la liquidadora es quien deberá cumplir con el pago de los créditos una vez que haya
obtenido liquidez, como resultado de la realización de activos; teniendo en cuenta el orden de preferencia
establecido en el numeral 42.1 del artículo 42 de la cita Ley, el mismo que establece como primer orden las
remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores; en tal sentido, siendo la empresa
liquidadora de la demandada, Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C, y, conforme al artículo
88 de la Ley 27809, es la liquidadora quien deberá cumplir con el pago de los créditos reconocidos por la
Comisión, y los créditos que no hayan sido reconocidos, empero que se encuentran registrados en sus libros
contables, con observancia del artículo 42 de la Ley 27809; por lo que, habiendo sido declarada la demandada
en disolución y liquidación irreversible (folios 467), el pago de los créditos reconocidos y de los créditos no
reconocidos, deberán efectuarse conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Sistema
Concursal; siendo así, la venida en grado, se debe confirmar según los términos de la presente resolución. Por
estas consideraciones, la Sala Laboral Permanente de esta Corte Superior:
3 Art. 32° de la Ley N° 27809: “Consentida o firme la resolución que dispone la difusión del procedimiento, la Comisión de Procedimientos
Concursales del Indecopi dispondrá la publicación semanal en el diario oficial El Peruano de un listado de los deudores que, en la semana
precedente, hayan quedado sometidos a los procedimientos concursales.”
4 FLINT BLANK, Pinkas: Ley General del Sistema Concursal Anotada, Editora Jurídica Grijley E.I.R.L, Lima-Perú, pg, 97. RESUELVE:
CONFIRMARON la resolución la resolución número sesenta y uno de fecha 06 de febrero del 2017, que
declara improcedente la excepción de prescripción formulada por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal
Chimbote, improcedente la extromisión interpuesta por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal Chimbote; y,
requiere a la liquidadora Fiorentina Empresa de Administración y Gerencias S.A.C. Liquidadora y
Representante de la Empresa Conservas Santa Adela S.A. a fin de que cumpla con pagar al actor la suma de
S/ 5,311.42 soles; dejando sin efecto, el apercibimiento decretado en la recurrida; y, los DEVOLVIERON a su
Juzgado de origen. Juez Superior Ponente Carmen Cavero Lévano.
S.S.
Cavero Lévano, C.
Chiu Pardo, W.
Espinoza Lugo, N. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 05406-2005-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : BAUTISTA GARCIA, TERESA NOELIA
DEMANDADO : PROIME CONTRATISTAS GENERALES S.A. ,
DEMANDANTE : FUERZA AEREA DEL PERU ,
Resolución Nro. DIECINUEVE
Miraflores, dieciséis de febrero
De dos mil veintidós.-
DADO CUENTA el escrito N° 49152-2021 que
antecede, luego de vencido el periodo vacacional y en observancia de la
Resolución Administrativa N° 000051-2022-P-CSJLI-PJ, que autoriza el
trabajo remoto con fines de descarga en el Sistema Integrado Judicial-
SIJ, Al Primer y Segundo Otrosí: téngase presente, y por APERSONADO
al proceso al Procurador Público de la FUERZA AEREA DEL PERU, señalando
como Casilla Electrónica N° 517; y ATENDIENDO:
Primero: Conforme se advierte de autos, mediante resolución número doce,
se declaró fundada la demanda y en consecuencia, se ordenó que la
demandada PROME CONTRATISTAS GENERALES S.A., cumpla con pagar a
favor de la demandante FUERRZA AEREA DEL PERU, la suma de US$
45,148.80 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, más lo
interese legales, con costas y costos; sentencia que fue confirmada por el
Superior Jerárquico conforme obra fojas 175 a fojas 178.
Segundo: Mediante resolución número quince de autos, se requirió al
ejecutado a fin de que cumplan con pagar al ejecutante, bajo apercibimiento
de darse inicio a la ejecución forzada; que de los cargos de notificación que
obra de fojas 207 a fojas 208 de autos, se advierte que la parte ejecutada
ha sido debidamente notificada con la resolución antes precisada.
Tercero: Asimismo mediante el escrito que antecede, la parte ejecutante
solicita se dé inicio a la ejecución forzada; por lo que siendo ello así, y
haciendo efectivo el apercibimiento decretado en autos, se ORDENA: dar
inicio a la ejecución forzada, hasta que los ejecutados, cumplan con pagar
al demandante la suma antes precisada.
Cuarto: El ejecutante FUERZA AEREA DEL PERU, solicita que en vía de
ejecución forzada se decrete Medida Cautelar de Embargo en Forma de
Retención sobre las cuentas y demás derechos de crédito que pudiera
registrar la demandada en el sistema financiero hasta por la suma de US$
45,048.380 dólares americanos. Quinto: Que todo juzgador a pedido de parte puede dictar medida cautelar
antes de iniciado un proceso o dentro de éste, debiendo seguirse para tal
efecto las normas dispuestas en el artículo 610 y siguientes del Código
Procesal Civil, dictándose la medida cautelar en la forma en que fuere
solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr
la eficacia de la decisión definitiva, siempre que: 1) que de los fundamentos
expuestos por el demandante se considere verosímil el derecho invocado, 2)
que de los fundamentos expuestos por el actor se considere necesaria la
emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la demora del
proceso, y 3) que la medida cautelar solicitada resulte adecuada para
garantizar la eficacia de la pretensión.
Sexto: Que en tal sentido, una medida cautelar podrá ser dictada siempre
que de los fundamentos expuestos por la parte solicitante se considere
necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la
demora del proceso, siendo éste un requisito concurrente con la
verosimilitud del derecho invocado; que la verosimilitud del derecho
significa la probabilidad de la existencia de elementos que justifiquen la
creencia en la veracidad de los hechos expuestos por el solicitante de la
medida cautelar, el solicitante de dicha medida, deberá demostrar al
juzgador, que la pretensión principal que se intenta garantizar, tiene una
posibilidad razonable de ser declarada fundada al expedirse la resolución
final.
Séptimo: El artículo 657º del Código Procesal Civil regula el Embargo en
forma de Retención, a través del cual se permite afectar los derechos de
crédito u otros bienes del afectado que se encuentren en posesión de
terceros. En este sentido y en la línea de la modernización del Despacho
Judicial, se aplicará la Directiva 001-2015-CE-PJ, denominada “Normas para
el Trámite, Diligenciamiento y Ejecución de Embargos Electrónicos en
Forma de Retención sobre Cuentas Existentes en Entidades Financieras”,
aprobada pro R.A. 084-2015-CE-PJ, la misma que permite el Embargo
Electrónico sólo en el caso de los embargos en forma de retención sobre
cuentas bancarias que mantienen los demandados en las entidades
financieras asociadas a la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), en
soles o en dólares americanos de los Estados Unidos de América.
Octavo: Por eso, en el extremo exclusivo de las cuentas bancarias que se
mantienen en dichas entidades se procederá con arreglo a la precitada
Directiva, mientras que de manera tradicional respecto a los demás
conceptos y Entidades que no pertenezcan a dicha Asociación.
Sétimo: Que estando a lo solicitado y advirtiéndose de autos la existencia
del auto final favorable a la parte ejecutante, se hace necesario una
decisión preventiva en la forma solicitada; por tanto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 610º, 615° y 657º y siguientes del Código
Adjetivo, SE RESUELVE: Declarar FUNDADO el pedido formulado; en
consecuencia, SE CONCEDE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN
FORMA DE RETENCIÓN (Art. 657º del Código Procesal Civil) hasta por la
suma de US$ 45,048.80 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y
OCHO Y 80/100 DOLARES AMERICANOS), sobre las cuentas y demás
derechos de crédito que tuviera el ejecutado EMPRESA PROIME
CONTRATISTAS GENERALES S.A., con RUC N° 20103335125, que
tenga en su poder el BANCO DE CREDITO DEL PERU, BANCO
INTERBANK, BANCO FINANCIERO, MI BANCO, BANCO DE
COMERCIO, BBVA BANCO CONTINENTAL SCOTIABANK BANCO
GNB; entidades que deberán informar al Juzgado sobre la retención
realizada (total o parcial) o si los afectados no son clientes o registran
cuentas sin fondos, sujetándose la medida al Embargo Electrónico Bancario,
y con respecto al BANCO DE LA NACION, deberán notificárseles
mediante cedulas de notificación a sus domicilios correspondientes;
Al Tercer Otrosí: Téngase por DELEGADA las facultades de
representación procesal a favor de los letrados que se indican. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE BARRANCO - MIRAFLORES)
EXPEDIENTE : 00060-2006-0-1809-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : ALMEYDA QUINTANA JULIO MOISES
ESPECIALISTA : SOLIS ROJAS, JORGE
DEMANDADO : BARTRA ZUZUNAGA, IRMA RAQUEL
ZUZUNAGA WEILL DE BARTRA, EMILIA RAQUEL
DEMANDANTE : HOSP NAC EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ESSALUD
,
SENTENCIA
Resolución Nro. TREINTA Y SIETE
Miraflores, 19 de Setiembre de 2022
VISTOS: Los seguidos por HOSPITAL NACIONAL EDGARDO
REBAGLIATI MARTINS – DE LA RED ASISTENCIAL DEL SEGURO SOCIAL
contra IRMA RAQUEL BARTRA ZUZUNAGA y EMILIA RAQUEL ZUZUBAGA
WEILL DE BARTRA sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO. -
I. ASUNTO:
1.1. Sobre la demanda y sus pretensiones contenidas en ella:
Por escrito de fojas 36 a 41, el HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI
MARTINS – DE LA RED ASISTENCIAL DEL SEGURO SOCIAL. interpone
demanda contra IRMA RAQUEL BARTRA ZUZUNAGA y EMILIA RAQUEL
ZUZUBAGA WEILL DE BARTRA, a efecto que cumpla con el pago de S/8,489.83
Soles por concepto de OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, más intereses
legales, costas y costos del proceso.
1.2. Fundamentos de la demanda:
Expone como fundamentos de hecho los siguientes puntos básicamente:
a) Que la demandada Irma Raquel Bartra Zuzunaga ingreso por emergencia en tres
oportunidades; a) Del 13 de febrero de 2003 al 15 de febrero de 2003; b) Del 18 de
febrero de 2003 al 27 de febrero de 2003; y, c) Del 17 de marzo de 2003 al 18 de marzo
de 2003.
b) En dichos actos, la codemandada Emilia Zuzunaga Weill de Bartra garantizó su
atención según Pagaré N° 0046709 por suma de S/1,055.15 Soles, Pagaré N° 0048109
por suma de S/5,916.07 Soles y Pagaré N° 0171886 por suma de S/.1,518.61 Soles
c) Señala que la demandada no cumplió con el pago del monto adeudado por ello se
procedió a citar a la misma a una Audiencia de Conciliación Extrajudicial, la misma
que concluyó por inasistencia de la demandada; y, en resguardo de su derecho se ve
obligada a iniciarle la presente acción.
1.3. La contestación de la demanda y sus fundamentos: 1.3.1. Por Resolución OCHO y VEINTIUNO de fojas 65 y 161, respectivamente; las
demandadas son declaradas REBELDES.
1.4 Desarrollo del Proceso. -
i. Habiéndose interpuesto la demanda a fojas 36 a 41, esta fue admitida a través de la
Resolución UNO, de fecha 11 de diciembre de 2006 (fojas 42) en la vía de Proceso
Abreviado;
ii. Por Resoluciones OCHO y VEINTIUNO de fojas 65 y 161 respectivamente; las
demandadas son declaradas REBELDES.
iii. Mediante Resolución VEINTIDOS de fojas 167; se declara Saneado el Proceso; y,
en consecuencia, una relación jurídica procesal válida entre las partes procesales.
iv. A través de la Resolución TREINTA Y UNO de fojas 184 a 185; se fija Puntos
Controvertidos, se admiten y actúan los medios de prueba ofrecidos, y se dispone el
Juzgamiento Anticipado del proceso acorde al artículo 473° del Código Procesal
Civil, poniéndose los autos en Despacho para sentenciar. Por lo que se emite la
sentencia correspondiente, de acuerdo a los siguientes fundamentos; y; -
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, prescribe que
el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivo
los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta sea lograr la paz social en justicia;
SEGUNDO: Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido
proceso; que, el Juez deberá atender a que la finalidad correcta del proceso en resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz
social en justicia, como lo prescribe los artículos Primero y Tercero del Título Preliminar
del Código Procesal Civil;
TERCERO: En este orden de ideas tenemos que los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el Juez
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; asimismo, la carga de
la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos siendo, que todos los medios probatorios serán
valorados por el juez en forma conjunta mediante su apreciación razonada. Sin embargo, en
la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que
sustenten su decisión conforme lo preceptúan los artículos 188°, 196° y 197° del Código
Procesal Civil,
CUARTO: En cuanto al fondo cabe señalar que el auto de fijación de Puntos
Controvertidos, admisión y calificación de medios probatorios, obrante de folios 184 a 185,
se han fijado los siguientes Puntos Controvertidos: a) Determinar si procede amparar la
demanda interpuesta sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, por la suma puesta a cobro
incluidos los intereses legales por atenciones médicas; b) Determinar si procede condenar a
las demandadas al pago de costos y costas del proceso.
QUINTO: Que, la naturaleza jurídica del derecho a probar, está constituida como un
derecho subjetivo que le permite a quien afirma o niega una pretensión, utilizar dentro del proceso. Conforme a los principios que lo delimitan y le dan contenido, todos los medios
probatorios pertinentes que resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de
sustento a su pretensión o a su defensa; de conformidad con lo prescrito el artículo 196° del
Código Procesal Civil;
SEXTO: Del estudio de autos se advierte que la parte actora, viene en peticionar el
pago de S/8,489.83 Soles (Demanda, fojas 36, Petitorio), acompañando como medios
probatorios que sustentan su pretensión los siguientes: a) El mérito del Pagaré N° 0046709
por suma de S/.1,055.15 Soles de fojas 33; b) El mérito de la Liquidación de Prestación de
Salud Nro. 002-032807 de fojas 26 a 27, que acredita la prestación de servicios a la
demandada Irma Raquel Bartra Zuzunaga, realizada del 13 al 15 de febrero de 2003; c) El
mérito del Pagaré N° 0048109 por suma de S/.5,916.07 Soles de fojas 33; d) El mérito de
la Liquidación de Prestación de Salud Nro. 002-033220 de fojas 31 a 32, que acredita la
prestación de servicios a la demandada Irma Raquel Bartra Zuzunaga realizada del 18 al 27
de febrero de 2003; e) El mérito de la Boleta de Venta N° 06529 por suma de S/.1,518.61
Soles de fojas 34; f) El mérito de la Liquidación de Prestación de Salud Nro. 002-033958
de fojas 35, que acredita la prestación de servicios a la demandada Irma Raquel Bartra
Zuzunaga realizada del 17 al 18 de marzo de 2003, con los cuales acredita la pretensión
demandada, en el presente extremo;
SÉPTIMO: Siendo ello así y habiéndose efectuado el análisis de los medios probatorios
ofrecidos por las partes, podemos concluir conforme al artículo 1229° del Código Civil,
que la presente acción resulta amparable;
OCTAVO: Respecto al pago de los intereses peticionados, acorde con lo establecido en
los Artículos 1246 del Código Civil, la demandada debe cumplir con el pago de intereses
legales, los cuales deberán liquidarse en la etapa técnica de ejecución; y, considerando
además que, de las pruebas aportadas se encuentra acreditada la pretensión de la obligación
de dar suma de dinero, más no así la extinción de la obligación. -
NOVENO: Conforme al artículo 412° del Código Procesal Civil referente a la condena
en costas y costos; señala que el reembolso de las costas y costos del proceso no requieren
ser demandados y es de cargo de la parte vencida.
DÉCIMO: Estando a lo antes expuesto y habiendo el Juzgador efectuado la valoración
conjunta de los medios probatorios ofrecidos conforme al artículo 197° del Código
Procesal Civil y de los hechos conforme a las reglas de la sana crítica y la lógica el Señor
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, administrando
justicia a Nombre de la Nación:
FALLA: ----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Declarando FUNDADA la demanda promovida por HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS – DE LA RED ASISTENCIAL DEL SEGURO
SOCIAL contra IRMA RAQUEL BARTRA ZUZUNAGA y EMILIA RAQUEL
ZUZUBAGA WEILL DE BARTRA sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO; en consecuencia, ORDENO que los demandados cumplan de manera
solidaria con el pago de S/8,489.83 Soles por concepto de OBLIGACIÓN DE DAR
SUMA DE DINERO, más intereses legales, costas y costos del proceso.
2.- HÁGASE SABER. - |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00068-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
agosto de 2007, a folios 32, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
31/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 19 de setiembre de 2007 (folios
33-34), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 20 de agosto del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00068-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
agosto de 2007, a folios 32, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
31/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 19 de setiembre de 2007 (folios
33-34), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 20 de agosto del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00084-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
agosto de 2006, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOCE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON 12/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 04 y 05 de
setiembre de 2006 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de agosto del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00084-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
agosto de 2006, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOCE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON 12/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 04 y 05 de
setiembre de 2006 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de agosto del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00090-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N°OCHO (08)
Paita, Veinticinco de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 04 de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folio 36, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP
HORIZONTE contra ARMANDORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO;
en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 21/100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 25 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00090-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N°OCHO (08)
Paita, Veinticinco de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 04 de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folio 36, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP
HORIZONTE contra ARMANDORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO;
en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 21/100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 25 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00092-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 19 de
setiembre de 2006, a folios 39, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES, más los intereses
devengado y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 26 y 27 de setiembre de 2006 (folios 40-41), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 19 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00092-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 19 de
setiembre de 2006, a folios 39, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES, más los intereses
devengado y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 26 y 27 de setiembre de 2006 (folios 40-41), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 19 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00094-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CIENTO TREINTA CON 42/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, por lo que, a la Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE: Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00124-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de enero de 2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00124-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de enero de 2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
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