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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
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EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6 |
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL-COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 10990-2007-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : INCA PAREDES LUIS MANUEL
DEMANDADO : ELVA ROSA CHAVARRY ROMERO VDA DE EFFIO
: CORPORACION SAMOA SRL,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU
CESIONARIO : BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NUMERO OCHENTA
Miraflores, Siete de julio
Del año dos mil diecisiete.-
Con la Razón que antecede, póngase a Despacho
en el día para expedir el Auto Final correspondiente; AUTOS Y VISTOS; y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de demanda de fojas cuarenta y seis a
cincuenta y dos, BANCO REPÚBLICA EN LIQUIDACIÓN interpone demanda
de EJECUCIÓN DE GARANTÍAS contra Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, doña Elva Rosa Chavarry viuda de Effio, doña Arlitta
Cecilia Gamarra Abisman, don Carlos Alberto Effio Chavarri, don José Antonio
Effio Chavarri y doña Magda Mendoza de Effio; A fin que le paguen la suma de
US$ 1,000,1405.00 (Un millón Sesenta y un mil cuatrocientos cinco y 00/100
Dólares Americanos), bajo apercibimiento de proceder al remate del bien
hipotecado. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA INTERPUESTA:
SEGUNDO: Conforme consta de la revisión de la demanda interpuesta, consta
de autos que, doña Eva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio otorgo hipoteca
a favor de BANDESCO hoy Banco República en Liquidación, sobre el inmueble
ubicado en jirón Andahuaylas numero ciento cincuenta y dos, del distrito de la
Victoria a fin de garantizar las obligaciones de inmuebles, maquinarias y equipo
industrial Sociedad Anónima, siendo modificada la escritura con fecha veintitrés
de setiembre de mil novecientos noventa y tres, garantizando a partir de
entonces las obligaciones de inmuebles, Maquinaria y Equipo Industrial
Sociedad Anónima y/o Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ampliando el monto hasta la suma de US$ 804,730.30 (ochocientos
cuatro mil setecientos treinta dólares americanos).
TERCERO: Indica también que, con fecha veinte de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad emite un
pagare a favor de Banco República por el monto de US$ 590,000.00 (
quinientos noventa mil dólares americanos), el cual venció el veinte de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, y fue protestado por falta de pago, siendo
liquidado al veintitrés de mayo de dos mil uno en la suma de un US$
1,000,1405.00 (millón sesenta y uno mil cuatrocientos cinco y 45/100 Dólares
Americanos).
CUARTO: Fundamentan jurídicamente su petitorio en lo prescrito en el artículo
1097° y siguientes del Código Civil así como en el artículo 720° y siguientes del
Código Procesal Civil que regula la tramitación del proceso de ejecución de
garantías.
TRAMITE DEL PROCESO:
QUINTO: Que, mediante resolución uno de fecha veintiocho de mayo de dos
mil uno se dicta mandato de ejecución comprendiendo en el mismo a
Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, y declarándose improcedente respecto a los
demás co-demandados.
SEXTO: Que, por escrito de fojas noventa a noventa y seis y ciento diecinueve
a ciento veintiuno, se apersona Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, interponiendo EXCEPCION DE
REPRESENTACION DEFECTUOSA O INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE
por cuanto la demanda aparece interpuesta por don Justo John Cortez Merino
quien alega ser apoderado del Centro de Servicios y Elaboración de Proyectos
de inversión (CESEPI) en representación del Banco República en Liquidación,
adjuntando un poder otorgando por escritura pública del treinta de enero de dos
mil, siendo el caso que también se le notifica la copia de otro poder por el cual
se otorga poder a persona distinta de don Cortez Merino con fecha catorce de
febrero de dos mil uno, siendo de aplicación el artículo 151 del Código Civil por
cuanto la representación otorgada a don John Cortez Habría sido revocada;
SEPTIMO Asimismo formula contradicción de manera genérica, sin señalar la
causal en la cual fundaría su contradicción, solo limitándose a argumentar, lo
siguiente:
a) Que, el pagare adjuntado fue firmado en blanco por los fiadores José
Antonio Effio Chavarri, Arlitta Cecilia Gamarra Vaisman y Magda
Mendoza de Effio, mas no por la señora Elva Rosa Chavarry Viuda de
Effio ni por su entonces Gerente General Carlos Alberto Effio Chavarry
por cuanto la firma que aparece allí no le corresponde.
b) Que, el banco ejecutante nunca les concedió el crédito que solicitaron en
una oportunidad y nunca les fue entregado dinero tal como dicen
acreditarlo con las copias legalizadas de la cuenta corriente que tenían
en el Banco República en el año mil novecientos noventa y ocho en los
que no figura ningún desembolso por la suma de quinientos noventa mil
dólares americanos, siendo nulo el pagare por no ser la firma de su
gerente general e inexigible la obligación por cuanto no le fue otorgado
crédito alguno. c) TACHAN EL PAGARE al haberse falsificado la firma de su ex gerente
general;
d) OBSERVAN la liquidación y TACHAN de nulo dicho documento por qué
no adeudan nada a la ejecutante y el monto del capital consignado en la
liquidación difiere del monto por el cual se llenó el pagare que sustenta
la misma.
e) también TACHAN la tasación adjuntada por manifiestamente nulo pues
ha sido suscrito por dos peritos ingenieros que a la fecha de tasación,
esto es ocho de junio de dos mil uno se encontraban inhábiles para
ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, por escrito de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco se
apersona doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, formula
contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la cual fundaría su
contradicción, solo limitándose a argumentar lo siguiente:
a) Que, en el pagare aparece su firma, sin que nunca haya suscrito dicho
documento y ha tomado conocimiento de so co-demandada Corporación
Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada.
b) Nunca le fue concedido el crédito que solicitaron; por lo que TACHA DE
NULO el pagare al haberse falsificado su firma.
c) OBSERVA la liquidación de saldo deudor y TACHA de falso dicho
documento por diferir el monto consignado en el pagare con el monto
por el cual se lleno el pagare, también TACHA el documento que
contiene la tasación por haber sido suscrito por dos peritos inhábiles
para ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, corrido traslado de la excepción, contradicción y tachas de
doña Elva Rosa Chavarry Romero, la misma es absuelta por el demandante
mediante recurso de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve,
OPONIENDOSE a la pericia grafotécnica; absolviendo por recurso de fojas
ciento setenta y siete a ciento ochenta y seis la excepción, tacha y
contradicción interpuestas por Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada adjuntando entre otros documentos una recandelarización de pagos el cual es TACHADO por la empresa demandada
mediante recurso de fojas doscientos veintiséis a doscientos veintiocho pues
con ello no se acredita que dicho crédito haya sido concedido.
NOVENO: Que, habiendo presentado el demandante estados de cuenta
corrientes de fojas trescientos ochenta y tres a cuatrocientos uno, el co-
demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada,
TACHA dichos instrumentos por recurso de fojas cuatrocientos cuarenta y
nueve a cuatrocientos cincuenta y tres, el mismo que es rechazado por
resolución veintiocho.
DÉCIMO: Recibidos los presentes actuados de los Juzgados Civiles, se advirtió
la falta del pagaré Nº 137418 en su contenido original, disponiéndose la
realización de las acciones correspondientes, tal y conforme aparece de los
actuados de fojas 877. En mérito de ello en mérito de la copia del referido título
valor remitido por el órgano jurisdiccional, se tuvo por recompuesto el
expediente conforme a lo dispuesto por Resolución número 73 de fecha
dieciséis de mayo del dos mil once, disponiéndose las investigaciones
pertinentes ante el órgano de control y el Ministerio Público. En tal sentido
dicha copia obrante a fojas 1001, servirá de sustento en el presente proceso al
momento de resolver la causa de la misma forma que el título original
aparejado por la parte ejecutante.
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA O
INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE:
DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto a las excepción de representación
defectuosa e insuficiente del demandante, si bien la copia de poder a que hace
referencia habría sido adjuntado entre la copias presentadas por el
demandante para la notificación a los demandados, y que es presentado por el
co-demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada de
fojas ciento catorce a ciento diecisiete, los mismos se tratan de un
otorgamiento de facultades procesales, y como tal pueden ser delegados a uno
o más conforme lo señala el artículo 68 del Código Procesal Civil, y ante esta circunstancia cada uno asumiría responsabilidad por los actos procesales que
realice, prohibiendo tan solo que tal actuación lo hagan en forma conjunta salvo
para los casos de allanamiento, transacción o desistimiento; no obstante ello si
conforme lo prescribe el artículo 78 del Código Procesal Civil, la representación
judicial termina por las mismas razones que causan el cese de la
representación o el mandato, se tiene que la revocación tacita a que hace
referencia el artículo 151 del Código Civil, produce efectos cuando se le
comunica al primer representante, no existiendo tal constancia en autos,
máxime si lo recursos posteriores presentados por el demandante viene siendo
suscritos por quien a la fecha contaría con facultad de representación sin
efectuar observación alguna con lo que el acto de postulación de demanda
queda convalidado; en este sentido, se ha de desestimar la excepción
propuesta;
RESPECTO A LA TACHA INTERPUESTA:
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la TACHA DEL PAGARES, habiendo sido ofrecido
el mismo como medio probatorio, es un cuestionamiento que puede ser
interpuesto por la parte interesada, siendo que la tacha debe estar referida a
aspectos formales, debiendo tenerse presente que por resolución del superior
jerárquico cuya copia obra a fojas trescientos cincuenta y cuatro y trescientos
cincuenta y cinco se resuelve declarar improcedente la pericia grafotécnica, la
misma que constituía el único medio probatorio ofrecido por los demandados
para amparar la tacha, careciendo por consiguiente el medio probatorio alguno
que acredite dicho cuestionamiento, máxime si la parte interesada viene
tramitando la nulidad del acto jurídico allí contenido conforme copia de fojas
cuatrocientos setenta y ocho y cuatrocientos setenta y nueve, no cumpliendo
con el requisito establecido en el artículo 301 del Código Procesal Civil, esto
es acompañar la prueba respectiva, se declara: INADMISIBLE DE PLANO
dicha tacha; en consecuencia carece de objeto pronunciarse sobre la oposición
a la actuación de la pericia.
DECIMO TERCERO Que, respecto a la TACHA DE LA TASACION DEL BIEN
HIPOTECADO. Habiéndose rechazado el mismo por resolución de fojas ciento veintidós y ciento treinta y seis: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
alguno;
DÈCIMO CUARTO: Que, con relación a la TACHA de Liquidación de saldo
deudor y hoja recandelarización de pagos, debemos señalar que, con relación
a la tacha de documentos, siendo finalidad restarle eficacia probatoria al
documento mismo, mas no al acto jurídico contenido en él, esta buscará que el
documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida
conforme a lo prescrito en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil.
DÈCIMO QUINTO De tales artículos también se puede deducir que las
causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la
ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe
bajo sanción de nulidad, situaciones que no pueden ser alegadas por las parte,
por cuanto los referidos documentos no pueden ser establecidos como falsos
pues han sido emitidos válidamente por el referido órgano emisor y no poseen
una determinada formalidad para su validez.
DÈCIMO SEXTO: Respecto al tema, la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº
216 - 2010 LIMA. EJECUCIÓN DE GARANTÍA Lima, de fecha uno de diciembre del
año dos mil diez, expedida por LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, ha señalado lo siguiente:
Quinto.- El artículo 720 segundo párrafo del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley número 26791, aplicable por razones de
temporalidad, exige únicamente que se anexe a la demanda el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo
deudor; así, en la Casación número mil doscientos sesenta y seis - dos
mil uno -Arequipa se ha establecido que"(...) incorporar la exigencia de
presentación de otros documentos aparte de los requeridos en el artículo
720 del Código Procesal Civil, conllevaría la desnaturalización del
proceso de ejecución de garantías (..)".Como se puede
apreciar, nuestra legislación procesal no establece cuál debe ser el
contenido mínimo de una liquidación de saldo deudor, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo remitirse a los criterios
fijados por la Corte Suprema de Justicia de la República en las
diversas ejecutorias expedidas al respecto”. (El énfasis es propio).
RESPECTO A LA CONTRADICCIÓN FORMULADA EN EL PROCESO:
DECIMO SEPTIMO Que, respecto a la contradicción, según lo establece el
artículo 720 del Código Procesal Civil, las causales de contradicción en el
proceso de ejecución de garantías se restringen a las siguientes: a) Nulidad
formal del título (Esto es del documento que contiene la garantía, testimonio de
constitución de hipoteca); b) inexigibilidad de la obligación (lo que significa que
la obligación se encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometido a
condición o cargo pendiente de cumplimiento); c)cumplimiento o pago de la
obligación; d) Extinción de la obligación por cualquier otro medio distinto al
pago) y, e) Prescripción de la obligación;
DECIMO OCTAVO: Que, en el presente caso los ejecutados no han cumplido
con formular su contradicción señalando la causal en la cual se amparan, sino
solo formulan su contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la
cual fundarían su contradicción, solo limitándose a argumentar, de manera
genérica,
DECIMO NOVENO: Que, respecto al proceso de Ejecución de Garantía,
conforme lo establece el artículo 720 del Código Procesal Civil “Procede la
ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las
formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre
contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo” ( el
énfasis es propio).
VIGÈSIMO : Asimismo, se aprecia claramente, que la referida hipoteca cubre
cualquier obligación pecuniaria desprendida en contra de los deudores
emplazados a favor de la entidad bancaria ejecutante, incluyendo por lo tanto el
titulo valor puesto a cobro el cual atendiendo al principio de literalidad
contemplado en el artículo 4º de la Ley de Títulos Valores. Adicionalmente a fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos diez, el banco ejecutante ha
acreditado la relación que existía entre el cliente y el Banco, no siendo la sola
existencia de un proceso judicial que busca la nulidad de la referida cambial
sustento para enervar su efecto probatorio en el proceso, pues para ello sería
menester la existencia de sentencia judicial firme que así lo determine.
VIGÈSIMO PRIMERO: Respecto al cuestionamiento al saldo deudor aparejado
a la demanda, el mismo, que no está sustentado en forma debida por cuanto el
mismo resulta coincidente con el pagaré materia de ejecución, en forma alguna
puede ocasionar la desestimación de la acción interpuesta, por cuanto en el
proceso de Ejecución de Garantías, el estado de cuenta de saldo deudor no
constituye título ejecutivo. Lo dicho ha sido señalado por la Corte Suprema de
Justicia de la República en la Casación N°3445-2009-Lima, en donde señaló lo
siguiente
“(…) que la falta de coincidencia entre el monto consignado en el
documento que contiene explicación de algún concepto de este,
NO PUEDE ACARREAR LA NULIDAD DEL TÍTULO QUE
CONTIENE LA GARANTÍA. Estableciendo que “el saldo deudor
es un acto unilateral de liquidación del propio acreedor-
ejecutante, lo que es una facultad conferida por la ley, (…) lo que
supone que tal acto liquidativo no constituye ′parte′ del título
en esta ejecución, sino que constituye un acto del acreedor
ejecutante que es instrumental a la ejecución misma, en
cuanto, desde la propia demanda al acreedor procedente fija el
quantum de lo debido hasta ese momento, y nada más. La
función que cumple el saldo deudor es precisar el monto
exacto a ejecutar, pero el sustento de la ejecución se deriva
del título que contiene la garantía.(…) Así la falta de saldo
deudor se encuentra relacionado con el problema de la
inexigibilidad de la obligación, pero no con la formalidad del
título de ejecución” ( el énfasis es propio). VIGÉSIMO SEGUNDO: En tal sentido, encontrándose la ejecución sustentada
en la garantía real aparejada en autos y en el título valor aparejado a la
demanda, la contradicción interpuesta debe desestimarse, por cuanto no ha
probado la nulidad formal de los referidos títulos de ejecución, en consecuencia
la entidad ejecutante vine ejecutando una deuda cierta, expresa, exigible y
liquida a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 722° del Código
Procesal Civil, corresponde ordenar se proceda al remate del bien dado en
garantía hasta el cumplimiento de la obligación reclamada, más los intereses
pactados que se hayan generados.
Por estas consideraciones, el señor Juez del Noveno Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial de Lima; RESUELVE:
DECLARAR: INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD
PARA OBRAR DEL DEMANDANTE, FUNDADA LA TACHA de la liquidación
de saldo deudor de fojas doce, INFUNDADA LA TACHA contra la llamada
recalendarización de fojas ciento setenta y uno.
INFUNDADA LA CONTRADICCION interpuesta por Corporación Samoa
Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero
Viuda de Effio; en consecuencia, PROCEDASE AL REMATE DEL BIEN
DADO EN GARANTIA, con costas y costos; IMPONGASE LA MEDIDA
DISCIPLINARIA DE APERCIBIMIENTO a la asistente de Despacho por la
Demora en poner los autos para resolver . |
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NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL-COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 10990-2007-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : INCA PAREDES LUIS MANUEL
DEMANDADO : ELVA ROSA CHAVARRY ROMERO VDA DE EFFIO
: CORPORACION SAMOA SRL,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU
CESIONARIO : BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NUMERO OCHENTA
Miraflores, Siete de julio
Del año dos mil diecisiete.-
Con la Razón que antecede, póngase a Despacho
en el día para expedir el Auto Final correspondiente; AUTOS Y VISTOS; y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de demanda de fojas cuarenta y seis a
cincuenta y dos, BANCO REPÚBLICA EN LIQUIDACIÓN interpone demanda
de EJECUCIÓN DE GARANTÍAS contra Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, doña Elva Rosa Chavarry viuda de Effio, doña Arlitta
Cecilia Gamarra Abisman, don Carlos Alberto Effio Chavarri, don José Antonio
Effio Chavarri y doña Magda Mendoza de Effio; A fin que le paguen la suma de
US$ 1,000,1405.00 (Un millón Sesenta y un mil cuatrocientos cinco y 00/100
Dólares Americanos), bajo apercibimiento de proceder al remate del bien
hipotecado. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA INTERPUESTA:
SEGUNDO: Conforme consta de la revisión de la demanda interpuesta, consta
de autos que, doña Eva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio otorgo hipoteca
a favor de BANDESCO hoy Banco República en Liquidación, sobre el inmueble
ubicado en jirón Andahuaylas numero ciento cincuenta y dos, del distrito de la
Victoria a fin de garantizar las obligaciones de inmuebles, maquinarias y equipo
industrial Sociedad Anónima, siendo modificada la escritura con fecha veintitrés
de setiembre de mil novecientos noventa y tres, garantizando a partir de
entonces las obligaciones de inmuebles, Maquinaria y Equipo Industrial
Sociedad Anónima y/o Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ampliando el monto hasta la suma de US$ 804,730.30 (ochocientos
cuatro mil setecientos treinta dólares americanos).
TERCERO: Indica también que, con fecha veinte de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad emite un
pagare a favor de Banco República por el monto de US$ 590,000.00 (
quinientos noventa mil dólares americanos), el cual venció el veinte de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, y fue protestado por falta de pago, siendo
liquidado al veintitrés de mayo de dos mil uno en la suma de un US$
1,000,1405.00 (millón sesenta y uno mil cuatrocientos cinco y 45/100 Dólares
Americanos).
CUARTO: Fundamentan jurídicamente su petitorio en lo prescrito en el artículo
1097° y siguientes del Código Civil así como en el artículo 720° y siguientes del
Código Procesal Civil que regula la tramitación del proceso de ejecución de
garantías.
TRAMITE DEL PROCESO:
QUINTO: Que, mediante resolución uno de fecha veintiocho de mayo de dos
mil uno se dicta mandato de ejecución comprendiendo en el mismo a
Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, y declarándose improcedente respecto a los
demás co-demandados.
SEXTO: Que, por escrito de fojas noventa a noventa y seis y ciento diecinueve
a ciento veintiuno, se apersona Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, interponiendo EXCEPCION DE
REPRESENTACION DEFECTUOSA O INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE
por cuanto la demanda aparece interpuesta por don Justo John Cortez Merino
quien alega ser apoderado del Centro de Servicios y Elaboración de Proyectos
de inversión (CESEPI) en representación del Banco República en Liquidación,
adjuntando un poder otorgando por escritura pública del treinta de enero de dos
mil, siendo el caso que también se le notifica la copia de otro poder por el cual
se otorga poder a persona distinta de don Cortez Merino con fecha catorce de
febrero de dos mil uno, siendo de aplicación el artículo 151 del Código Civil por
cuanto la representación otorgada a don John Cortez Habría sido revocada;
SEPTIMO Asimismo formula contradicción de manera genérica, sin señalar la
causal en la cual fundaría su contradicción, solo limitándose a argumentar, lo
siguiente:
a) Que, el pagare adjuntado fue firmado en blanco por los fiadores José
Antonio Effio Chavarri, Arlitta Cecilia Gamarra Vaisman y Magda
Mendoza de Effio, mas no por la señora Elva Rosa Chavarry Viuda de
Effio ni por su entonces Gerente General Carlos Alberto Effio Chavarry
por cuanto la firma que aparece allí no le corresponde.
b) Que, el banco ejecutante nunca les concedió el crédito que solicitaron en
una oportunidad y nunca les fue entregado dinero tal como dicen
acreditarlo con las copias legalizadas de la cuenta corriente que tenían
en el Banco República en el año mil novecientos noventa y ocho en los
que no figura ningún desembolso por la suma de quinientos noventa mil
dólares americanos, siendo nulo el pagare por no ser la firma de su
gerente general e inexigible la obligación por cuanto no le fue otorgado
crédito alguno. c) TACHAN EL PAGARE al haberse falsificado la firma de su ex gerente
general;
d) OBSERVAN la liquidación y TACHAN de nulo dicho documento por qué
no adeudan nada a la ejecutante y el monto del capital consignado en la
liquidación difiere del monto por el cual se llenó el pagare que sustenta
la misma.
e) también TACHAN la tasación adjuntada por manifiestamente nulo pues
ha sido suscrito por dos peritos ingenieros que a la fecha de tasación,
esto es ocho de junio de dos mil uno se encontraban inhábiles para
ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, por escrito de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco se
apersona doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, formula
contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la cual fundaría su
contradicción, solo limitándose a argumentar lo siguiente:
a) Que, en el pagare aparece su firma, sin que nunca haya suscrito dicho
documento y ha tomado conocimiento de so co-demandada Corporación
Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada.
b) Nunca le fue concedido el crédito que solicitaron; por lo que TACHA DE
NULO el pagare al haberse falsificado su firma.
c) OBSERVA la liquidación de saldo deudor y TACHA de falso dicho
documento por diferir el monto consignado en el pagare con el monto
por el cual se lleno el pagare, también TACHA el documento que
contiene la tasación por haber sido suscrito por dos peritos inhábiles
para ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, corrido traslado de la excepción, contradicción y tachas de
doña Elva Rosa Chavarry Romero, la misma es absuelta por el demandante
mediante recurso de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve,
OPONIENDOSE a la pericia grafotécnica; absolviendo por recurso de fojas
ciento setenta y siete a ciento ochenta y seis la excepción, tacha y
contradicción interpuestas por Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada adjuntando entre otros documentos una recandelarización de pagos el cual es TACHADO por la empresa demandada
mediante recurso de fojas doscientos veintiséis a doscientos veintiocho pues
con ello no se acredita que dicho crédito haya sido concedido.
NOVENO: Que, habiendo presentado el demandante estados de cuenta
corrientes de fojas trescientos ochenta y tres a cuatrocientos uno, el co-
demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada,
TACHA dichos instrumentos por recurso de fojas cuatrocientos cuarenta y
nueve a cuatrocientos cincuenta y tres, el mismo que es rechazado por
resolución veintiocho.
DÉCIMO: Recibidos los presentes actuados de los Juzgados Civiles, se advirtió
la falta del pagaré Nº 137418 en su contenido original, disponiéndose la
realización de las acciones correspondientes, tal y conforme aparece de los
actuados de fojas 877. En mérito de ello en mérito de la copia del referido título
valor remitido por el órgano jurisdiccional, se tuvo por recompuesto el
expediente conforme a lo dispuesto por Resolución número 73 de fecha
dieciséis de mayo del dos mil once, disponiéndose las investigaciones
pertinentes ante el órgano de control y el Ministerio Público. En tal sentido
dicha copia obrante a fojas 1001, servirá de sustento en el presente proceso al
momento de resolver la causa de la misma forma que el título original
aparejado por la parte ejecutante.
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA O
INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE:
DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto a las excepción de representación
defectuosa e insuficiente del demandante, si bien la copia de poder a que hace
referencia habría sido adjuntado entre la copias presentadas por el
demandante para la notificación a los demandados, y que es presentado por el
co-demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada de
fojas ciento catorce a ciento diecisiete, los mismos se tratan de un
otorgamiento de facultades procesales, y como tal pueden ser delegados a uno
o más conforme lo señala el artículo 68 del Código Procesal Civil, y ante esta circunstancia cada uno asumiría responsabilidad por los actos procesales que
realice, prohibiendo tan solo que tal actuación lo hagan en forma conjunta salvo
para los casos de allanamiento, transacción o desistimiento; no obstante ello si
conforme lo prescribe el artículo 78 del Código Procesal Civil, la representación
judicial termina por las mismas razones que causan el cese de la
representación o el mandato, se tiene que la revocación tacita a que hace
referencia el artículo 151 del Código Civil, produce efectos cuando se le
comunica al primer representante, no existiendo tal constancia en autos,
máxime si lo recursos posteriores presentados por el demandante viene siendo
suscritos por quien a la fecha contaría con facultad de representación sin
efectuar observación alguna con lo que el acto de postulación de demanda
queda convalidado; en este sentido, se ha de desestimar la excepción
propuesta;
RESPECTO A LA TACHA INTERPUESTA:
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la TACHA DEL PAGARES, habiendo sido ofrecido
el mismo como medio probatorio, es un cuestionamiento que puede ser
interpuesto por la parte interesada, siendo que la tacha debe estar referida a
aspectos formales, debiendo tenerse presente que por resolución del superior
jerárquico cuya copia obra a fojas trescientos cincuenta y cuatro y trescientos
cincuenta y cinco se resuelve declarar improcedente la pericia grafotécnica, la
misma que constituía el único medio probatorio ofrecido por los demandados
para amparar la tacha, careciendo por consiguiente el medio probatorio alguno
que acredite dicho cuestionamiento, máxime si la parte interesada viene
tramitando la nulidad del acto jurídico allí contenido conforme copia de fojas
cuatrocientos setenta y ocho y cuatrocientos setenta y nueve, no cumpliendo
con el requisito establecido en el artículo 301 del Código Procesal Civil, esto
es acompañar la prueba respectiva, se declara: INADMISIBLE DE PLANO
dicha tacha; en consecuencia carece de objeto pronunciarse sobre la oposición
a la actuación de la pericia.
DECIMO TERCERO Que, respecto a la TACHA DE LA TASACION DEL BIEN
HIPOTECADO. Habiéndose rechazado el mismo por resolución de fojas ciento veintidós y ciento treinta y seis: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
alguno;
DÈCIMO CUARTO: Que, con relación a la TACHA de Liquidación de saldo
deudor y hoja recandelarización de pagos, debemos señalar que, con relación
a la tacha de documentos, siendo finalidad restarle eficacia probatoria al
documento mismo, mas no al acto jurídico contenido en él, esta buscará que el
documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida
conforme a lo prescrito en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil.
DÈCIMO QUINTO De tales artículos también se puede deducir que las
causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la
ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe
bajo sanción de nulidad, situaciones que no pueden ser alegadas por las parte,
por cuanto los referidos documentos no pueden ser establecidos como falsos
pues han sido emitidos válidamente por el referido órgano emisor y no poseen
una determinada formalidad para su validez.
DÈCIMO SEXTO: Respecto al tema, la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº
216 - 2010 LIMA. EJECUCIÓN DE GARANTÍA Lima, de fecha uno de diciembre del
año dos mil diez, expedida por LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, ha señalado lo siguiente:
Quinto.- El artículo 720 segundo párrafo del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley número 26791, aplicable por razones de
temporalidad, exige únicamente que se anexe a la demanda el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo
deudor; así, en la Casación número mil doscientos sesenta y seis - dos
mil uno -Arequipa se ha establecido que"(...) incorporar la exigencia de
presentación de otros documentos aparte de los requeridos en el artículo
720 del Código Procesal Civil, conllevaría la desnaturalización del
proceso de ejecución de garantías (..)".Como se puede
apreciar, nuestra legislación procesal no establece cuál debe ser el
contenido mínimo de una liquidación de saldo deudor, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo remitirse a los criterios
fijados por la Corte Suprema de Justicia de la República en las
diversas ejecutorias expedidas al respecto”. (El énfasis es propio).
RESPECTO A LA CONTRADICCIÓN FORMULADA EN EL PROCESO:
DECIMO SEPTIMO Que, respecto a la contradicción, según lo establece el
artículo 720 del Código Procesal Civil, las causales de contradicción en el
proceso de ejecución de garantías se restringen a las siguientes: a) Nulidad
formal del título (Esto es del documento que contiene la garantía, testimonio de
constitución de hipoteca); b) inexigibilidad de la obligación (lo que significa que
la obligación se encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometido a
condición o cargo pendiente de cumplimiento); c)cumplimiento o pago de la
obligación; d) Extinción de la obligación por cualquier otro medio distinto al
pago) y, e) Prescripción de la obligación;
DECIMO OCTAVO: Que, en el presente caso los ejecutados no han cumplido
con formular su contradicción señalando la causal en la cual se amparan, sino
solo formulan su contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la
cual fundarían su contradicción, solo limitándose a argumentar, de manera
genérica,
DECIMO NOVENO: Que, respecto al proceso de Ejecución de Garantía,
conforme lo establece el artículo 720 del Código Procesal Civil “Procede la
ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las
formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre
contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo” ( el
énfasis es propio).
VIGÈSIMO : Asimismo, se aprecia claramente, que la referida hipoteca cubre
cualquier obligación pecuniaria desprendida en contra de los deudores
emplazados a favor de la entidad bancaria ejecutante, incluyendo por lo tanto el
titulo valor puesto a cobro el cual atendiendo al principio de literalidad
contemplado en el artículo 4º de la Ley de Títulos Valores. Adicionalmente a fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos diez, el banco ejecutante ha
acreditado la relación que existía entre el cliente y el Banco, no siendo la sola
existencia de un proceso judicial que busca la nulidad de la referida cambial
sustento para enervar su efecto probatorio en el proceso, pues para ello sería
menester la existencia de sentencia judicial firme que así lo determine.
VIGÈSIMO PRIMERO: Respecto al cuestionamiento al saldo deudor aparejado
a la demanda, el mismo, que no está sustentado en forma debida por cuanto el
mismo resulta coincidente con el pagaré materia de ejecución, en forma alguna
puede ocasionar la desestimación de la acción interpuesta, por cuanto en el
proceso de Ejecución de Garantías, el estado de cuenta de saldo deudor no
constituye título ejecutivo. Lo dicho ha sido señalado por la Corte Suprema de
Justicia de la República en la Casación N°3445-2009-Lima, en donde señaló lo
siguiente
“(…) que la falta de coincidencia entre el monto consignado en el
documento que contiene explicación de algún concepto de este,
NO PUEDE ACARREAR LA NULIDAD DEL TÍTULO QUE
CONTIENE LA GARANTÍA. Estableciendo que “el saldo deudor
es un acto unilateral de liquidación del propio acreedor-
ejecutante, lo que es una facultad conferida por la ley, (…) lo que
supone que tal acto liquidativo no constituye ′parte′ del título
en esta ejecución, sino que constituye un acto del acreedor
ejecutante que es instrumental a la ejecución misma, en
cuanto, desde la propia demanda al acreedor procedente fija el
quantum de lo debido hasta ese momento, y nada más. La
función que cumple el saldo deudor es precisar el monto
exacto a ejecutar, pero el sustento de la ejecución se deriva
del título que contiene la garantía.(…) Así la falta de saldo
deudor se encuentra relacionado con el problema de la
inexigibilidad de la obligación, pero no con la formalidad del
título de ejecución” ( el énfasis es propio). VIGÉSIMO SEGUNDO: En tal sentido, encontrándose la ejecución sustentada
en la garantía real aparejada en autos y en el título valor aparejado a la
demanda, la contradicción interpuesta debe desestimarse, por cuanto no ha
probado la nulidad formal de los referidos títulos de ejecución, en consecuencia
la entidad ejecutante vine ejecutando una deuda cierta, expresa, exigible y
liquida a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 722° del Código
Procesal Civil, corresponde ordenar se proceda al remate del bien dado en
garantía hasta el cumplimiento de la obligación reclamada, más los intereses
pactados que se hayan generados.
Por estas consideraciones, el señor Juez del Noveno Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial de Lima; RESUELVE:
DECLARAR: INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD
PARA OBRAR DEL DEMANDANTE, FUNDADA LA TACHA de la liquidación
de saldo deudor de fojas doce, INFUNDADA LA TACHA contra la llamada
recalendarización de fojas ciento setenta y uno.
INFUNDADA LA CONTRADICCION interpuesta por Corporación Samoa
Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero
Viuda de Effio; en consecuencia, PROCEDASE AL REMATE DEL BIEN
DADO EN GARANTIA, con costas y costos; IMPONGASE LA MEDIDA
DISCIPLINARIA DE APERCIBIMIENTO a la asistente de Despacho por la
Demora en poner los autos para resolver . |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL-COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 10990-2007-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : INCA PAREDES LUIS MANUEL
DEMANDADO : ELVA ROSA CHAVARRY ROMERO VDA DE EFFIO
: CORPORACION SAMOA SRL,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU
CESIONARIO : BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NUMERO OCHENTA
Miraflores, Siete de julio
Del año dos mil diecisiete.-
Con la Razón que antecede, póngase a Despacho
en el día para expedir el Auto Final correspondiente; AUTOS Y VISTOS; y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de demanda de fojas cuarenta y seis a
cincuenta y dos, BANCO REPÚBLICA EN LIQUIDACIÓN interpone demanda
de EJECUCIÓN DE GARANTÍAS contra Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, doña Elva Rosa Chavarry viuda de Effio, doña Arlitta
Cecilia Gamarra Abisman, don Carlos Alberto Effio Chavarri, don José Antonio
Effio Chavarri y doña Magda Mendoza de Effio; A fin que le paguen la suma de
US$ 1,000,1405.00 (Un millón Sesenta y un mil cuatrocientos cinco y 00/100
Dólares Americanos), bajo apercibimiento de proceder al remate del bien
hipotecado. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA INTERPUESTA:
SEGUNDO: Conforme consta de la revisión de la demanda interpuesta, consta
de autos que, doña Eva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio otorgo hipoteca
a favor de BANDESCO hoy Banco República en Liquidación, sobre el inmueble
ubicado en jirón Andahuaylas numero ciento cincuenta y dos, del distrito de la
Victoria a fin de garantizar las obligaciones de inmuebles, maquinarias y equipo
industrial Sociedad Anónima, siendo modificada la escritura con fecha veintitrés
de setiembre de mil novecientos noventa y tres, garantizando a partir de
entonces las obligaciones de inmuebles, Maquinaria y Equipo Industrial
Sociedad Anónima y/o Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ampliando el monto hasta la suma de US$ 804,730.30 (ochocientos
cuatro mil setecientos treinta dólares americanos).
TERCERO: Indica también que, con fecha veinte de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad emite un
pagare a favor de Banco República por el monto de US$ 590,000.00 (
quinientos noventa mil dólares americanos), el cual venció el veinte de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, y fue protestado por falta de pago, siendo
liquidado al veintitrés de mayo de dos mil uno en la suma de un US$
1,000,1405.00 (millón sesenta y uno mil cuatrocientos cinco y 45/100 Dólares
Americanos).
CUARTO: Fundamentan jurídicamente su petitorio en lo prescrito en el artículo
1097° y siguientes del Código Civil así como en el artículo 720° y siguientes del
Código Procesal Civil que regula la tramitación del proceso de ejecución de
garantías.
TRAMITE DEL PROCESO:
QUINTO: Que, mediante resolución uno de fecha veintiocho de mayo de dos
mil uno se dicta mandato de ejecución comprendiendo en el mismo a
Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, y declarándose improcedente respecto a los
demás co-demandados.
SEXTO: Que, por escrito de fojas noventa a noventa y seis y ciento diecinueve
a ciento veintiuno, se apersona Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, interponiendo EXCEPCION DE
REPRESENTACION DEFECTUOSA O INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE
por cuanto la demanda aparece interpuesta por don Justo John Cortez Merino
quien alega ser apoderado del Centro de Servicios y Elaboración de Proyectos
de inversión (CESEPI) en representación del Banco República en Liquidación,
adjuntando un poder otorgando por escritura pública del treinta de enero de dos
mil, siendo el caso que también se le notifica la copia de otro poder por el cual
se otorga poder a persona distinta de don Cortez Merino con fecha catorce de
febrero de dos mil uno, siendo de aplicación el artículo 151 del Código Civil por
cuanto la representación otorgada a don John Cortez Habría sido revocada;
SEPTIMO Asimismo formula contradicción de manera genérica, sin señalar la
causal en la cual fundaría su contradicción, solo limitándose a argumentar, lo
siguiente:
a) Que, el pagare adjuntado fue firmado en blanco por los fiadores José
Antonio Effio Chavarri, Arlitta Cecilia Gamarra Vaisman y Magda
Mendoza de Effio, mas no por la señora Elva Rosa Chavarry Viuda de
Effio ni por su entonces Gerente General Carlos Alberto Effio Chavarry
por cuanto la firma que aparece allí no le corresponde.
b) Que, el banco ejecutante nunca les concedió el crédito que solicitaron en
una oportunidad y nunca les fue entregado dinero tal como dicen
acreditarlo con las copias legalizadas de la cuenta corriente que tenían
en el Banco República en el año mil novecientos noventa y ocho en los
que no figura ningún desembolso por la suma de quinientos noventa mil
dólares americanos, siendo nulo el pagare por no ser la firma de su
gerente general e inexigible la obligación por cuanto no le fue otorgado
crédito alguno. c) TACHAN EL PAGARE al haberse falsificado la firma de su ex gerente
general;
d) OBSERVAN la liquidación y TACHAN de nulo dicho documento por qué
no adeudan nada a la ejecutante y el monto del capital consignado en la
liquidación difiere del monto por el cual se llenó el pagare que sustenta
la misma.
e) también TACHAN la tasación adjuntada por manifiestamente nulo pues
ha sido suscrito por dos peritos ingenieros que a la fecha de tasación,
esto es ocho de junio de dos mil uno se encontraban inhábiles para
ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, por escrito de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco se
apersona doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, formula
contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la cual fundaría su
contradicción, solo limitándose a argumentar lo siguiente:
a) Que, en el pagare aparece su firma, sin que nunca haya suscrito dicho
documento y ha tomado conocimiento de so co-demandada Corporación
Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada.
b) Nunca le fue concedido el crédito que solicitaron; por lo que TACHA DE
NULO el pagare al haberse falsificado su firma.
c) OBSERVA la liquidación de saldo deudor y TACHA de falso dicho
documento por diferir el monto consignado en el pagare con el monto
por el cual se lleno el pagare, también TACHA el documento que
contiene la tasación por haber sido suscrito por dos peritos inhábiles
para ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, corrido traslado de la excepción, contradicción y tachas de
doña Elva Rosa Chavarry Romero, la misma es absuelta por el demandante
mediante recurso de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve,
OPONIENDOSE a la pericia grafotécnica; absolviendo por recurso de fojas
ciento setenta y siete a ciento ochenta y seis la excepción, tacha y
contradicción interpuestas por Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada adjuntando entre otros documentos una recandelarización de pagos el cual es TACHADO por la empresa demandada
mediante recurso de fojas doscientos veintiséis a doscientos veintiocho pues
con ello no se acredita que dicho crédito haya sido concedido.
NOVENO: Que, habiendo presentado el demandante estados de cuenta
corrientes de fojas trescientos ochenta y tres a cuatrocientos uno, el co-
demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada,
TACHA dichos instrumentos por recurso de fojas cuatrocientos cuarenta y
nueve a cuatrocientos cincuenta y tres, el mismo que es rechazado por
resolución veintiocho.
DÉCIMO: Recibidos los presentes actuados de los Juzgados Civiles, se advirtió
la falta del pagaré Nº 137418 en su contenido original, disponiéndose la
realización de las acciones correspondientes, tal y conforme aparece de los
actuados de fojas 877. En mérito de ello en mérito de la copia del referido título
valor remitido por el órgano jurisdiccional, se tuvo por recompuesto el
expediente conforme a lo dispuesto por Resolución número 73 de fecha
dieciséis de mayo del dos mil once, disponiéndose las investigaciones
pertinentes ante el órgano de control y el Ministerio Público. En tal sentido
dicha copia obrante a fojas 1001, servirá de sustento en el presente proceso al
momento de resolver la causa de la misma forma que el título original
aparejado por la parte ejecutante.
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA O
INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE:
DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto a las excepción de representación
defectuosa e insuficiente del demandante, si bien la copia de poder a que hace
referencia habría sido adjuntado entre la copias presentadas por el
demandante para la notificación a los demandados, y que es presentado por el
co-demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada de
fojas ciento catorce a ciento diecisiete, los mismos se tratan de un
otorgamiento de facultades procesales, y como tal pueden ser delegados a uno
o más conforme lo señala el artículo 68 del Código Procesal Civil, y ante esta circunstancia cada uno asumiría responsabilidad por los actos procesales que
realice, prohibiendo tan solo que tal actuación lo hagan en forma conjunta salvo
para los casos de allanamiento, transacción o desistimiento; no obstante ello si
conforme lo prescribe el artículo 78 del Código Procesal Civil, la representación
judicial termina por las mismas razones que causan el cese de la
representación o el mandato, se tiene que la revocación tacita a que hace
referencia el artículo 151 del Código Civil, produce efectos cuando se le
comunica al primer representante, no existiendo tal constancia en autos,
máxime si lo recursos posteriores presentados por el demandante viene siendo
suscritos por quien a la fecha contaría con facultad de representación sin
efectuar observación alguna con lo que el acto de postulación de demanda
queda convalidado; en este sentido, se ha de desestimar la excepción
propuesta;
RESPECTO A LA TACHA INTERPUESTA:
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la TACHA DEL PAGARES, habiendo sido ofrecido
el mismo como medio probatorio, es un cuestionamiento que puede ser
interpuesto por la parte interesada, siendo que la tacha debe estar referida a
aspectos formales, debiendo tenerse presente que por resolución del superior
jerárquico cuya copia obra a fojas trescientos cincuenta y cuatro y trescientos
cincuenta y cinco se resuelve declarar improcedente la pericia grafotécnica, la
misma que constituía el único medio probatorio ofrecido por los demandados
para amparar la tacha, careciendo por consiguiente el medio probatorio alguno
que acredite dicho cuestionamiento, máxime si la parte interesada viene
tramitando la nulidad del acto jurídico allí contenido conforme copia de fojas
cuatrocientos setenta y ocho y cuatrocientos setenta y nueve, no cumpliendo
con el requisito establecido en el artículo 301 del Código Procesal Civil, esto
es acompañar la prueba respectiva, se declara: INADMISIBLE DE PLANO
dicha tacha; en consecuencia carece de objeto pronunciarse sobre la oposición
a la actuación de la pericia.
DECIMO TERCERO Que, respecto a la TACHA DE LA TASACION DEL BIEN
HIPOTECADO. Habiéndose rechazado el mismo por resolución de fojas ciento veintidós y ciento treinta y seis: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
alguno;
DÈCIMO CUARTO: Que, con relación a la TACHA de Liquidación de saldo
deudor y hoja recandelarización de pagos, debemos señalar que, con relación
a la tacha de documentos, siendo finalidad restarle eficacia probatoria al
documento mismo, mas no al acto jurídico contenido en él, esta buscará que el
documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida
conforme a lo prescrito en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil.
DÈCIMO QUINTO De tales artículos también se puede deducir que las
causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la
ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe
bajo sanción de nulidad, situaciones que no pueden ser alegadas por las parte,
por cuanto los referidos documentos no pueden ser establecidos como falsos
pues han sido emitidos válidamente por el referido órgano emisor y no poseen
una determinada formalidad para su validez.
DÈCIMO SEXTO: Respecto al tema, la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº
216 - 2010 LIMA. EJECUCIÓN DE GARANTÍA Lima, de fecha uno de diciembre del
año dos mil diez, expedida por LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, ha señalado lo siguiente:
Quinto.- El artículo 720 segundo párrafo del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley número 26791, aplicable por razones de
temporalidad, exige únicamente que se anexe a la demanda el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo
deudor; así, en la Casación número mil doscientos sesenta y seis - dos
mil uno -Arequipa se ha establecido que"(...) incorporar la exigencia de
presentación de otros documentos aparte de los requeridos en el artículo
720 del Código Procesal Civil, conllevaría la desnaturalización del
proceso de ejecución de garantías (..)".Como se puede
apreciar, nuestra legislación procesal no establece cuál debe ser el
contenido mínimo de una liquidación de saldo deudor, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo remitirse a los criterios
fijados por la Corte Suprema de Justicia de la República en las
diversas ejecutorias expedidas al respecto”. (El énfasis es propio).
RESPECTO A LA CONTRADICCIÓN FORMULADA EN EL PROCESO:
DECIMO SEPTIMO Que, respecto a la contradicción, según lo establece el
artículo 720 del Código Procesal Civil, las causales de contradicción en el
proceso de ejecución de garantías se restringen a las siguientes: a) Nulidad
formal del título (Esto es del documento que contiene la garantía, testimonio de
constitución de hipoteca); b) inexigibilidad de la obligación (lo que significa que
la obligación se encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometido a
condición o cargo pendiente de cumplimiento); c)cumplimiento o pago de la
obligación; d) Extinción de la obligación por cualquier otro medio distinto al
pago) y, e) Prescripción de la obligación;
DECIMO OCTAVO: Que, en el presente caso los ejecutados no han cumplido
con formular su contradicción señalando la causal en la cual se amparan, sino
solo formulan su contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la
cual fundarían su contradicción, solo limitándose a argumentar, de manera
genérica,
DECIMO NOVENO: Que, respecto al proceso de Ejecución de Garantía,
conforme lo establece el artículo 720 del Código Procesal Civil “Procede la
ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las
formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre
contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo” ( el
énfasis es propio).
VIGÈSIMO : Asimismo, se aprecia claramente, que la referida hipoteca cubre
cualquier obligación pecuniaria desprendida en contra de los deudores
emplazados a favor de la entidad bancaria ejecutante, incluyendo por lo tanto el
titulo valor puesto a cobro el cual atendiendo al principio de literalidad
contemplado en el artículo 4º de la Ley de Títulos Valores. Adicionalmente a fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos diez, el banco ejecutante ha
acreditado la relación que existía entre el cliente y el Banco, no siendo la sola
existencia de un proceso judicial que busca la nulidad de la referida cambial
sustento para enervar su efecto probatorio en el proceso, pues para ello sería
menester la existencia de sentencia judicial firme que así lo determine.
VIGÈSIMO PRIMERO: Respecto al cuestionamiento al saldo deudor aparejado
a la demanda, el mismo, que no está sustentado en forma debida por cuanto el
mismo resulta coincidente con el pagaré materia de ejecución, en forma alguna
puede ocasionar la desestimación de la acción interpuesta, por cuanto en el
proceso de Ejecución de Garantías, el estado de cuenta de saldo deudor no
constituye título ejecutivo. Lo dicho ha sido señalado por la Corte Suprema de
Justicia de la República en la Casación N°3445-2009-Lima, en donde señaló lo
siguiente
“(…) que la falta de coincidencia entre el monto consignado en el
documento que contiene explicación de algún concepto de este,
NO PUEDE ACARREAR LA NULIDAD DEL TÍTULO QUE
CONTIENE LA GARANTÍA. Estableciendo que “el saldo deudor
es un acto unilateral de liquidación del propio acreedor-
ejecutante, lo que es una facultad conferida por la ley, (…) lo que
supone que tal acto liquidativo no constituye ′parte′ del título
en esta ejecución, sino que constituye un acto del acreedor
ejecutante que es instrumental a la ejecución misma, en
cuanto, desde la propia demanda al acreedor procedente fija el
quantum de lo debido hasta ese momento, y nada más. La
función que cumple el saldo deudor es precisar el monto
exacto a ejecutar, pero el sustento de la ejecución se deriva
del título que contiene la garantía.(…) Así la falta de saldo
deudor se encuentra relacionado con el problema de la
inexigibilidad de la obligación, pero no con la formalidad del
título de ejecución” ( el énfasis es propio). VIGÉSIMO SEGUNDO: En tal sentido, encontrándose la ejecución sustentada
en la garantía real aparejada en autos y en el título valor aparejado a la
demanda, la contradicción interpuesta debe desestimarse, por cuanto no ha
probado la nulidad formal de los referidos títulos de ejecución, en consecuencia
la entidad ejecutante vine ejecutando una deuda cierta, expresa, exigible y
liquida a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 722° del Código
Procesal Civil, corresponde ordenar se proceda al remate del bien dado en
garantía hasta el cumplimiento de la obligación reclamada, más los intereses
pactados que se hayan generados.
Por estas consideraciones, el señor Juez del Noveno Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial de Lima; RESUELVE:
DECLARAR: INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD
PARA OBRAR DEL DEMANDANTE, FUNDADA LA TACHA de la liquidación
de saldo deudor de fojas doce, INFUNDADA LA TACHA contra la llamada
recalendarización de fojas ciento setenta y uno.
INFUNDADA LA CONTRADICCION interpuesta por Corporación Samoa
Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero
Viuda de Effio; en consecuencia, PROCEDASE AL REMATE DEL BIEN
DADO EN GARANTIA, con costas y costos; IMPONGASE LA MEDIDA
DISCIPLINARIA DE APERCIBIMIENTO a la asistente de Despacho por la
Demora en poner los autos para resolver . |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL-COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 10990-2007-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : INCA PAREDES LUIS MANUEL
DEMANDADO : ELVA ROSA CHAVARRY ROMERO VDA DE EFFIO
: CORPORACION SAMOA SRL,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU
CESIONARIO : BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NUMERO OCHENTA
Miraflores, Siete de julio
Del año dos mil diecisiete.-
Con la Razón que antecede, póngase a Despacho
en el día para expedir el Auto Final correspondiente; AUTOS Y VISTOS; y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de demanda de fojas cuarenta y seis a
cincuenta y dos, BANCO REPÚBLICA EN LIQUIDACIÓN interpone demanda
de EJECUCIÓN DE GARANTÍAS contra Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, doña Elva Rosa Chavarry viuda de Effio, doña Arlitta
Cecilia Gamarra Abisman, don Carlos Alberto Effio Chavarri, don José Antonio
Effio Chavarri y doña Magda Mendoza de Effio; A fin que le paguen la suma de
US$ 1,000,1405.00 (Un millón Sesenta y un mil cuatrocientos cinco y 00/100
Dólares Americanos), bajo apercibimiento de proceder al remate del bien
hipotecado. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA INTERPUESTA:
SEGUNDO: Conforme consta de la revisión de la demanda interpuesta, consta
de autos que, doña Eva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio otorgo hipoteca
a favor de BANDESCO hoy Banco República en Liquidación, sobre el inmueble
ubicado en jirón Andahuaylas numero ciento cincuenta y dos, del distrito de la
Victoria a fin de garantizar las obligaciones de inmuebles, maquinarias y equipo
industrial Sociedad Anónima, siendo modificada la escritura con fecha veintitrés
de setiembre de mil novecientos noventa y tres, garantizando a partir de
entonces las obligaciones de inmuebles, Maquinaria y Equipo Industrial
Sociedad Anónima y/o Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ampliando el monto hasta la suma de US$ 804,730.30 (ochocientos
cuatro mil setecientos treinta dólares americanos).
TERCERO: Indica también que, con fecha veinte de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad emite un
pagare a favor de Banco República por el monto de US$ 590,000.00 (
quinientos noventa mil dólares americanos), el cual venció el veinte de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, y fue protestado por falta de pago, siendo
liquidado al veintitrés de mayo de dos mil uno en la suma de un US$
1,000,1405.00 (millón sesenta y uno mil cuatrocientos cinco y 45/100 Dólares
Americanos).
CUARTO: Fundamentan jurídicamente su petitorio en lo prescrito en el artículo
1097° y siguientes del Código Civil así como en el artículo 720° y siguientes del
Código Procesal Civil que regula la tramitación del proceso de ejecución de
garantías.
TRAMITE DEL PROCESO:
QUINTO: Que, mediante resolución uno de fecha veintiocho de mayo de dos
mil uno se dicta mandato de ejecución comprendiendo en el mismo a
Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, y declarándose improcedente respecto a los
demás co-demandados.
SEXTO: Que, por escrito de fojas noventa a noventa y seis y ciento diecinueve
a ciento veintiuno, se apersona Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, interponiendo EXCEPCION DE
REPRESENTACION DEFECTUOSA O INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE
por cuanto la demanda aparece interpuesta por don Justo John Cortez Merino
quien alega ser apoderado del Centro de Servicios y Elaboración de Proyectos
de inversión (CESEPI) en representación del Banco República en Liquidación,
adjuntando un poder otorgando por escritura pública del treinta de enero de dos
mil, siendo el caso que también se le notifica la copia de otro poder por el cual
se otorga poder a persona distinta de don Cortez Merino con fecha catorce de
febrero de dos mil uno, siendo de aplicación el artículo 151 del Código Civil por
cuanto la representación otorgada a don John Cortez Habría sido revocada;
SEPTIMO Asimismo formula contradicción de manera genérica, sin señalar la
causal en la cual fundaría su contradicción, solo limitándose a argumentar, lo
siguiente:
a) Que, el pagare adjuntado fue firmado en blanco por los fiadores José
Antonio Effio Chavarri, Arlitta Cecilia Gamarra Vaisman y Magda
Mendoza de Effio, mas no por la señora Elva Rosa Chavarry Viuda de
Effio ni por su entonces Gerente General Carlos Alberto Effio Chavarry
por cuanto la firma que aparece allí no le corresponde.
b) Que, el banco ejecutante nunca les concedió el crédito que solicitaron en
una oportunidad y nunca les fue entregado dinero tal como dicen
acreditarlo con las copias legalizadas de la cuenta corriente que tenían
en el Banco República en el año mil novecientos noventa y ocho en los
que no figura ningún desembolso por la suma de quinientos noventa mil
dólares americanos, siendo nulo el pagare por no ser la firma de su
gerente general e inexigible la obligación por cuanto no le fue otorgado
crédito alguno. c) TACHAN EL PAGARE al haberse falsificado la firma de su ex gerente
general;
d) OBSERVAN la liquidación y TACHAN de nulo dicho documento por qué
no adeudan nada a la ejecutante y el monto del capital consignado en la
liquidación difiere del monto por el cual se llenó el pagare que sustenta
la misma.
e) también TACHAN la tasación adjuntada por manifiestamente nulo pues
ha sido suscrito por dos peritos ingenieros que a la fecha de tasación,
esto es ocho de junio de dos mil uno se encontraban inhábiles para
ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, por escrito de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco se
apersona doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, formula
contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la cual fundaría su
contradicción, solo limitándose a argumentar lo siguiente:
a) Que, en el pagare aparece su firma, sin que nunca haya suscrito dicho
documento y ha tomado conocimiento de so co-demandada Corporación
Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada.
b) Nunca le fue concedido el crédito que solicitaron; por lo que TACHA DE
NULO el pagare al haberse falsificado su firma.
c) OBSERVA la liquidación de saldo deudor y TACHA de falso dicho
documento por diferir el monto consignado en el pagare con el monto
por el cual se lleno el pagare, también TACHA el documento que
contiene la tasación por haber sido suscrito por dos peritos inhábiles
para ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, corrido traslado de la excepción, contradicción y tachas de
doña Elva Rosa Chavarry Romero, la misma es absuelta por el demandante
mediante recurso de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve,
OPONIENDOSE a la pericia grafotécnica; absolviendo por recurso de fojas
ciento setenta y siete a ciento ochenta y seis la excepción, tacha y
contradicción interpuestas por Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada adjuntando entre otros documentos una recandelarización de pagos el cual es TACHADO por la empresa demandada
mediante recurso de fojas doscientos veintiséis a doscientos veintiocho pues
con ello no se acredita que dicho crédito haya sido concedido.
NOVENO: Que, habiendo presentado el demandante estados de cuenta
corrientes de fojas trescientos ochenta y tres a cuatrocientos uno, el co-
demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada,
TACHA dichos instrumentos por recurso de fojas cuatrocientos cuarenta y
nueve a cuatrocientos cincuenta y tres, el mismo que es rechazado por
resolución veintiocho.
DÉCIMO: Recibidos los presentes actuados de los Juzgados Civiles, se advirtió
la falta del pagaré Nº 137418 en su contenido original, disponiéndose la
realización de las acciones correspondientes, tal y conforme aparece de los
actuados de fojas 877. En mérito de ello en mérito de la copia del referido título
valor remitido por el órgano jurisdiccional, se tuvo por recompuesto el
expediente conforme a lo dispuesto por Resolución número 73 de fecha
dieciséis de mayo del dos mil once, disponiéndose las investigaciones
pertinentes ante el órgano de control y el Ministerio Público. En tal sentido
dicha copia obrante a fojas 1001, servirá de sustento en el presente proceso al
momento de resolver la causa de la misma forma que el título original
aparejado por la parte ejecutante.
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA O
INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE:
DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto a las excepción de representación
defectuosa e insuficiente del demandante, si bien la copia de poder a que hace
referencia habría sido adjuntado entre la copias presentadas por el
demandante para la notificación a los demandados, y que es presentado por el
co-demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada de
fojas ciento catorce a ciento diecisiete, los mismos se tratan de un
otorgamiento de facultades procesales, y como tal pueden ser delegados a uno
o más conforme lo señala el artículo 68 del Código Procesal Civil, y ante esta circunstancia cada uno asumiría responsabilidad por los actos procesales que
realice, prohibiendo tan solo que tal actuación lo hagan en forma conjunta salvo
para los casos de allanamiento, transacción o desistimiento; no obstante ello si
conforme lo prescribe el artículo 78 del Código Procesal Civil, la representación
judicial termina por las mismas razones que causan el cese de la
representación o el mandato, se tiene que la revocación tacita a que hace
referencia el artículo 151 del Código Civil, produce efectos cuando se le
comunica al primer representante, no existiendo tal constancia en autos,
máxime si lo recursos posteriores presentados por el demandante viene siendo
suscritos por quien a la fecha contaría con facultad de representación sin
efectuar observación alguna con lo que el acto de postulación de demanda
queda convalidado; en este sentido, se ha de desestimar la excepción
propuesta;
RESPECTO A LA TACHA INTERPUESTA:
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la TACHA DEL PAGARES, habiendo sido ofrecido
el mismo como medio probatorio, es un cuestionamiento que puede ser
interpuesto por la parte interesada, siendo que la tacha debe estar referida a
aspectos formales, debiendo tenerse presente que por resolución del superior
jerárquico cuya copia obra a fojas trescientos cincuenta y cuatro y trescientos
cincuenta y cinco se resuelve declarar improcedente la pericia grafotécnica, la
misma que constituía el único medio probatorio ofrecido por los demandados
para amparar la tacha, careciendo por consiguiente el medio probatorio alguno
que acredite dicho cuestionamiento, máxime si la parte interesada viene
tramitando la nulidad del acto jurídico allí contenido conforme copia de fojas
cuatrocientos setenta y ocho y cuatrocientos setenta y nueve, no cumpliendo
con el requisito establecido en el artículo 301 del Código Procesal Civil, esto
es acompañar la prueba respectiva, se declara: INADMISIBLE DE PLANO
dicha tacha; en consecuencia carece de objeto pronunciarse sobre la oposición
a la actuación de la pericia.
DECIMO TERCERO Que, respecto a la TACHA DE LA TASACION DEL BIEN
HIPOTECADO. Habiéndose rechazado el mismo por resolución de fojas ciento veintidós y ciento treinta y seis: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
alguno;
DÈCIMO CUARTO: Que, con relación a la TACHA de Liquidación de saldo
deudor y hoja recandelarización de pagos, debemos señalar que, con relación
a la tacha de documentos, siendo finalidad restarle eficacia probatoria al
documento mismo, mas no al acto jurídico contenido en él, esta buscará que el
documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida
conforme a lo prescrito en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil.
DÈCIMO QUINTO De tales artículos también se puede deducir que las
causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la
ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe
bajo sanción de nulidad, situaciones que no pueden ser alegadas por las parte,
por cuanto los referidos documentos no pueden ser establecidos como falsos
pues han sido emitidos válidamente por el referido órgano emisor y no poseen
una determinada formalidad para su validez.
DÈCIMO SEXTO: Respecto al tema, la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº
216 - 2010 LIMA. EJECUCIÓN DE GARANTÍA Lima, de fecha uno de diciembre del
año dos mil diez, expedida por LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, ha señalado lo siguiente:
Quinto.- El artículo 720 segundo párrafo del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley número 26791, aplicable por razones de
temporalidad, exige únicamente que se anexe a la demanda el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo
deudor; así, en la Casación número mil doscientos sesenta y seis - dos
mil uno -Arequipa se ha establecido que"(...) incorporar la exigencia de
presentación de otros documentos aparte de los requeridos en el artículo
720 del Código Procesal Civil, conllevaría la desnaturalización del
proceso de ejecución de garantías (..)".Como se puede
apreciar, nuestra legislación procesal no establece cuál debe ser el
contenido mínimo de una liquidación de saldo deudor, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo remitirse a los criterios
fijados por la Corte Suprema de Justicia de la República en las
diversas ejecutorias expedidas al respecto”. (El énfasis es propio).
RESPECTO A LA CONTRADICCIÓN FORMULADA EN EL PROCESO:
DECIMO SEPTIMO Que, respecto a la contradicción, según lo establece el
artículo 720 del Código Procesal Civil, las causales de contradicción en el
proceso de ejecución de garantías se restringen a las siguientes: a) Nulidad
formal del título (Esto es del documento que contiene la garantía, testimonio de
constitución de hipoteca); b) inexigibilidad de la obligación (lo que significa que
la obligación se encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometido a
condición o cargo pendiente de cumplimiento); c)cumplimiento o pago de la
obligación; d) Extinción de la obligación por cualquier otro medio distinto al
pago) y, e) Prescripción de la obligación;
DECIMO OCTAVO: Que, en el presente caso los ejecutados no han cumplido
con formular su contradicción señalando la causal en la cual se amparan, sino
solo formulan su contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la
cual fundarían su contradicción, solo limitándose a argumentar, de manera
genérica,
DECIMO NOVENO: Que, respecto al proceso de Ejecución de Garantía,
conforme lo establece el artículo 720 del Código Procesal Civil “Procede la
ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las
formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre
contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo” ( el
énfasis es propio).
VIGÈSIMO : Asimismo, se aprecia claramente, que la referida hipoteca cubre
cualquier obligación pecuniaria desprendida en contra de los deudores
emplazados a favor de la entidad bancaria ejecutante, incluyendo por lo tanto el
titulo valor puesto a cobro el cual atendiendo al principio de literalidad
contemplado en el artículo 4º de la Ley de Títulos Valores. Adicionalmente a fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos diez, el banco ejecutante ha
acreditado la relación que existía entre el cliente y el Banco, no siendo la sola
existencia de un proceso judicial que busca la nulidad de la referida cambial
sustento para enervar su efecto probatorio en el proceso, pues para ello sería
menester la existencia de sentencia judicial firme que así lo determine.
VIGÈSIMO PRIMERO: Respecto al cuestionamiento al saldo deudor aparejado
a la demanda, el mismo, que no está sustentado en forma debida por cuanto el
mismo resulta coincidente con el pagaré materia de ejecución, en forma alguna
puede ocasionar la desestimación de la acción interpuesta, por cuanto en el
proceso de Ejecución de Garantías, el estado de cuenta de saldo deudor no
constituye título ejecutivo. Lo dicho ha sido señalado por la Corte Suprema de
Justicia de la República en la Casación N°3445-2009-Lima, en donde señaló lo
siguiente
“(…) que la falta de coincidencia entre el monto consignado en el
documento que contiene explicación de algún concepto de este,
NO PUEDE ACARREAR LA NULIDAD DEL TÍTULO QUE
CONTIENE LA GARANTÍA. Estableciendo que “el saldo deudor
es un acto unilateral de liquidación del propio acreedor-
ejecutante, lo que es una facultad conferida por la ley, (…) lo que
supone que tal acto liquidativo no constituye ′parte′ del título
en esta ejecución, sino que constituye un acto del acreedor
ejecutante que es instrumental a la ejecución misma, en
cuanto, desde la propia demanda al acreedor procedente fija el
quantum de lo debido hasta ese momento, y nada más. La
función que cumple el saldo deudor es precisar el monto
exacto a ejecutar, pero el sustento de la ejecución se deriva
del título que contiene la garantía.(…) Así la falta de saldo
deudor se encuentra relacionado con el problema de la
inexigibilidad de la obligación, pero no con la formalidad del
título de ejecución” ( el énfasis es propio). VIGÉSIMO SEGUNDO: En tal sentido, encontrándose la ejecución sustentada
en la garantía real aparejada en autos y en el título valor aparejado a la
demanda, la contradicción interpuesta debe desestimarse, por cuanto no ha
probado la nulidad formal de los referidos títulos de ejecución, en consecuencia
la entidad ejecutante vine ejecutando una deuda cierta, expresa, exigible y
liquida a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 722° del Código
Procesal Civil, corresponde ordenar se proceda al remate del bien dado en
garantía hasta el cumplimiento de la obligación reclamada, más los intereses
pactados que se hayan generados.
Por estas consideraciones, el señor Juez del Noveno Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial de Lima; RESUELVE:
DECLARAR: INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD
PARA OBRAR DEL DEMANDANTE, FUNDADA LA TACHA de la liquidación
de saldo deudor de fojas doce, INFUNDADA LA TACHA contra la llamada
recalendarización de fojas ciento setenta y uno.
INFUNDADA LA CONTRADICCION interpuesta por Corporación Samoa
Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero
Viuda de Effio; en consecuencia, PROCEDASE AL REMATE DEL BIEN
DADO EN GARANTIA, con costas y costos; IMPONGASE LA MEDIDA
DISCIPLINARIA DE APERCIBIMIENTO a la asistente de Despacho por la
Demora en poner los autos para resolver . |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL-COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 10990-2007-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : INCA PAREDES LUIS MANUEL
DEMANDADO : ELVA ROSA CHAVARRY ROMERO VDA DE EFFIO
: CORPORACION SAMOA SRL,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU
CESIONARIO : BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NUMERO OCHENTA
Miraflores, Siete de julio
Del año dos mil diecisiete.-
Con la Razón que antecede, póngase a Despacho
en el día para expedir el Auto Final correspondiente; AUTOS Y VISTOS; y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de demanda de fojas cuarenta y seis a
cincuenta y dos, BANCO REPÚBLICA EN LIQUIDACIÓN interpone demanda
de EJECUCIÓN DE GARANTÍAS contra Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, doña Elva Rosa Chavarry viuda de Effio, doña Arlitta
Cecilia Gamarra Abisman, don Carlos Alberto Effio Chavarri, don José Antonio
Effio Chavarri y doña Magda Mendoza de Effio; A fin que le paguen la suma de
US$ 1,000,1405.00 (Un millón Sesenta y un mil cuatrocientos cinco y 00/100
Dólares Americanos), bajo apercibimiento de proceder al remate del bien
hipotecado. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA INTERPUESTA:
SEGUNDO: Conforme consta de la revisión de la demanda interpuesta, consta
de autos que, doña Eva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio otorgo hipoteca
a favor de BANDESCO hoy Banco República en Liquidación, sobre el inmueble
ubicado en jirón Andahuaylas numero ciento cincuenta y dos, del distrito de la
Victoria a fin de garantizar las obligaciones de inmuebles, maquinarias y equipo
industrial Sociedad Anónima, siendo modificada la escritura con fecha veintitrés
de setiembre de mil novecientos noventa y tres, garantizando a partir de
entonces las obligaciones de inmuebles, Maquinaria y Equipo Industrial
Sociedad Anónima y/o Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ampliando el monto hasta la suma de US$ 804,730.30 (ochocientos
cuatro mil setecientos treinta dólares americanos).
TERCERO: Indica también que, con fecha veinte de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad emite un
pagare a favor de Banco República por el monto de US$ 590,000.00 (
quinientos noventa mil dólares americanos), el cual venció el veinte de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, y fue protestado por falta de pago, siendo
liquidado al veintitrés de mayo de dos mil uno en la suma de un US$
1,000,1405.00 (millón sesenta y uno mil cuatrocientos cinco y 45/100 Dólares
Americanos).
CUARTO: Fundamentan jurídicamente su petitorio en lo prescrito en el artículo
1097° y siguientes del Código Civil así como en el artículo 720° y siguientes del
Código Procesal Civil que regula la tramitación del proceso de ejecución de
garantías.
TRAMITE DEL PROCESO:
QUINTO: Que, mediante resolución uno de fecha veintiocho de mayo de dos
mil uno se dicta mandato de ejecución comprendiendo en el mismo a
Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, y declarándose improcedente respecto a los
demás co-demandados.
SEXTO: Que, por escrito de fojas noventa a noventa y seis y ciento diecinueve
a ciento veintiuno, se apersona Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, interponiendo EXCEPCION DE
REPRESENTACION DEFECTUOSA O INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE
por cuanto la demanda aparece interpuesta por don Justo John Cortez Merino
quien alega ser apoderado del Centro de Servicios y Elaboración de Proyectos
de inversión (CESEPI) en representación del Banco República en Liquidación,
adjuntando un poder otorgando por escritura pública del treinta de enero de dos
mil, siendo el caso que también se le notifica la copia de otro poder por el cual
se otorga poder a persona distinta de don Cortez Merino con fecha catorce de
febrero de dos mil uno, siendo de aplicación el artículo 151 del Código Civil por
cuanto la representación otorgada a don John Cortez Habría sido revocada;
SEPTIMO Asimismo formula contradicción de manera genérica, sin señalar la
causal en la cual fundaría su contradicción, solo limitándose a argumentar, lo
siguiente:
a) Que, el pagare adjuntado fue firmado en blanco por los fiadores José
Antonio Effio Chavarri, Arlitta Cecilia Gamarra Vaisman y Magda
Mendoza de Effio, mas no por la señora Elva Rosa Chavarry Viuda de
Effio ni por su entonces Gerente General Carlos Alberto Effio Chavarry
por cuanto la firma que aparece allí no le corresponde.
b) Que, el banco ejecutante nunca les concedió el crédito que solicitaron en
una oportunidad y nunca les fue entregado dinero tal como dicen
acreditarlo con las copias legalizadas de la cuenta corriente que tenían
en el Banco República en el año mil novecientos noventa y ocho en los
que no figura ningún desembolso por la suma de quinientos noventa mil
dólares americanos, siendo nulo el pagare por no ser la firma de su
gerente general e inexigible la obligación por cuanto no le fue otorgado
crédito alguno. c) TACHAN EL PAGARE al haberse falsificado la firma de su ex gerente
general;
d) OBSERVAN la liquidación y TACHAN de nulo dicho documento por qué
no adeudan nada a la ejecutante y el monto del capital consignado en la
liquidación difiere del monto por el cual se llenó el pagare que sustenta
la misma.
e) también TACHAN la tasación adjuntada por manifiestamente nulo pues
ha sido suscrito por dos peritos ingenieros que a la fecha de tasación,
esto es ocho de junio de dos mil uno se encontraban inhábiles para
ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, por escrito de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco se
apersona doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, formula
contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la cual fundaría su
contradicción, solo limitándose a argumentar lo siguiente:
a) Que, en el pagare aparece su firma, sin que nunca haya suscrito dicho
documento y ha tomado conocimiento de so co-demandada Corporación
Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada.
b) Nunca le fue concedido el crédito que solicitaron; por lo que TACHA DE
NULO el pagare al haberse falsificado su firma.
c) OBSERVA la liquidación de saldo deudor y TACHA de falso dicho
documento por diferir el monto consignado en el pagare con el monto
por el cual se lleno el pagare, también TACHA el documento que
contiene la tasación por haber sido suscrito por dos peritos inhábiles
para ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, corrido traslado de la excepción, contradicción y tachas de
doña Elva Rosa Chavarry Romero, la misma es absuelta por el demandante
mediante recurso de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve,
OPONIENDOSE a la pericia grafotécnica; absolviendo por recurso de fojas
ciento setenta y siete a ciento ochenta y seis la excepción, tacha y
contradicción interpuestas por Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada adjuntando entre otros documentos una recandelarización de pagos el cual es TACHADO por la empresa demandada
mediante recurso de fojas doscientos veintiséis a doscientos veintiocho pues
con ello no se acredita que dicho crédito haya sido concedido.
NOVENO: Que, habiendo presentado el demandante estados de cuenta
corrientes de fojas trescientos ochenta y tres a cuatrocientos uno, el co-
demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada,
TACHA dichos instrumentos por recurso de fojas cuatrocientos cuarenta y
nueve a cuatrocientos cincuenta y tres, el mismo que es rechazado por
resolución veintiocho.
DÉCIMO: Recibidos los presentes actuados de los Juzgados Civiles, se advirtió
la falta del pagaré Nº 137418 en su contenido original, disponiéndose la
realización de las acciones correspondientes, tal y conforme aparece de los
actuados de fojas 877. En mérito de ello en mérito de la copia del referido título
valor remitido por el órgano jurisdiccional, se tuvo por recompuesto el
expediente conforme a lo dispuesto por Resolución número 73 de fecha
dieciséis de mayo del dos mil once, disponiéndose las investigaciones
pertinentes ante el órgano de control y el Ministerio Público. En tal sentido
dicha copia obrante a fojas 1001, servirá de sustento en el presente proceso al
momento de resolver la causa de la misma forma que el título original
aparejado por la parte ejecutante.
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA O
INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE:
DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto a las excepción de representación
defectuosa e insuficiente del demandante, si bien la copia de poder a que hace
referencia habría sido adjuntado entre la copias presentadas por el
demandante para la notificación a los demandados, y que es presentado por el
co-demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada de
fojas ciento catorce a ciento diecisiete, los mismos se tratan de un
otorgamiento de facultades procesales, y como tal pueden ser delegados a uno
o más conforme lo señala el artículo 68 del Código Procesal Civil, y ante esta circunstancia cada uno asumiría responsabilidad por los actos procesales que
realice, prohibiendo tan solo que tal actuación lo hagan en forma conjunta salvo
para los casos de allanamiento, transacción o desistimiento; no obstante ello si
conforme lo prescribe el artículo 78 del Código Procesal Civil, la representación
judicial termina por las mismas razones que causan el cese de la
representación o el mandato, se tiene que la revocación tacita a que hace
referencia el artículo 151 del Código Civil, produce efectos cuando se le
comunica al primer representante, no existiendo tal constancia en autos,
máxime si lo recursos posteriores presentados por el demandante viene siendo
suscritos por quien a la fecha contaría con facultad de representación sin
efectuar observación alguna con lo que el acto de postulación de demanda
queda convalidado; en este sentido, se ha de desestimar la excepción
propuesta;
RESPECTO A LA TACHA INTERPUESTA:
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la TACHA DEL PAGARES, habiendo sido ofrecido
el mismo como medio probatorio, es un cuestionamiento que puede ser
interpuesto por la parte interesada, siendo que la tacha debe estar referida a
aspectos formales, debiendo tenerse presente que por resolución del superior
jerárquico cuya copia obra a fojas trescientos cincuenta y cuatro y trescientos
cincuenta y cinco se resuelve declarar improcedente la pericia grafotécnica, la
misma que constituía el único medio probatorio ofrecido por los demandados
para amparar la tacha, careciendo por consiguiente el medio probatorio alguno
que acredite dicho cuestionamiento, máxime si la parte interesada viene
tramitando la nulidad del acto jurídico allí contenido conforme copia de fojas
cuatrocientos setenta y ocho y cuatrocientos setenta y nueve, no cumpliendo
con el requisito establecido en el artículo 301 del Código Procesal Civil, esto
es acompañar la prueba respectiva, se declara: INADMISIBLE DE PLANO
dicha tacha; en consecuencia carece de objeto pronunciarse sobre la oposición
a la actuación de la pericia.
DECIMO TERCERO Que, respecto a la TACHA DE LA TASACION DEL BIEN
HIPOTECADO. Habiéndose rechazado el mismo por resolución de fojas ciento veintidós y ciento treinta y seis: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
alguno;
DÈCIMO CUARTO: Que, con relación a la TACHA de Liquidación de saldo
deudor y hoja recandelarización de pagos, debemos señalar que, con relación
a la tacha de documentos, siendo finalidad restarle eficacia probatoria al
documento mismo, mas no al acto jurídico contenido en él, esta buscará que el
documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida
conforme a lo prescrito en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil.
DÈCIMO QUINTO De tales artículos también se puede deducir que las
causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la
ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe
bajo sanción de nulidad, situaciones que no pueden ser alegadas por las parte,
por cuanto los referidos documentos no pueden ser establecidos como falsos
pues han sido emitidos válidamente por el referido órgano emisor y no poseen
una determinada formalidad para su validez.
DÈCIMO SEXTO: Respecto al tema, la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº
216 - 2010 LIMA. EJECUCIÓN DE GARANTÍA Lima, de fecha uno de diciembre del
año dos mil diez, expedida por LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, ha señalado lo siguiente:
Quinto.- El artículo 720 segundo párrafo del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley número 26791, aplicable por razones de
temporalidad, exige únicamente que se anexe a la demanda el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo
deudor; así, en la Casación número mil doscientos sesenta y seis - dos
mil uno -Arequipa se ha establecido que"(...) incorporar la exigencia de
presentación de otros documentos aparte de los requeridos en el artículo
720 del Código Procesal Civil, conllevaría la desnaturalización del
proceso de ejecución de garantías (..)".Como se puede
apreciar, nuestra legislación procesal no establece cuál debe ser el
contenido mínimo de una liquidación de saldo deudor, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo remitirse a los criterios
fijados por la Corte Suprema de Justicia de la República en las
diversas ejecutorias expedidas al respecto”. (El énfasis es propio).
RESPECTO A LA CONTRADICCIÓN FORMULADA EN EL PROCESO:
DECIMO SEPTIMO Que, respecto a la contradicción, según lo establece el
artículo 720 del Código Procesal Civil, las causales de contradicción en el
proceso de ejecución de garantías se restringen a las siguientes: a) Nulidad
formal del título (Esto es del documento que contiene la garantía, testimonio de
constitución de hipoteca); b) inexigibilidad de la obligación (lo que significa que
la obligación se encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometido a
condición o cargo pendiente de cumplimiento); c)cumplimiento o pago de la
obligación; d) Extinción de la obligación por cualquier otro medio distinto al
pago) y, e) Prescripción de la obligación;
DECIMO OCTAVO: Que, en el presente caso los ejecutados no han cumplido
con formular su contradicción señalando la causal en la cual se amparan, sino
solo formulan su contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la
cual fundarían su contradicción, solo limitándose a argumentar, de manera
genérica,
DECIMO NOVENO: Que, respecto al proceso de Ejecución de Garantía,
conforme lo establece el artículo 720 del Código Procesal Civil “Procede la
ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las
formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre
contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo” ( el
énfasis es propio).
VIGÈSIMO : Asimismo, se aprecia claramente, que la referida hipoteca cubre
cualquier obligación pecuniaria desprendida en contra de los deudores
emplazados a favor de la entidad bancaria ejecutante, incluyendo por lo tanto el
titulo valor puesto a cobro el cual atendiendo al principio de literalidad
contemplado en el artículo 4º de la Ley de Títulos Valores. Adicionalmente a fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos diez, el banco ejecutante ha
acreditado la relación que existía entre el cliente y el Banco, no siendo la sola
existencia de un proceso judicial que busca la nulidad de la referida cambial
sustento para enervar su efecto probatorio en el proceso, pues para ello sería
menester la existencia de sentencia judicial firme que así lo determine.
VIGÈSIMO PRIMERO: Respecto al cuestionamiento al saldo deudor aparejado
a la demanda, el mismo, que no está sustentado en forma debida por cuanto el
mismo resulta coincidente con el pagaré materia de ejecución, en forma alguna
puede ocasionar la desestimación de la acción interpuesta, por cuanto en el
proceso de Ejecución de Garantías, el estado de cuenta de saldo deudor no
constituye título ejecutivo. Lo dicho ha sido señalado por la Corte Suprema de
Justicia de la República en la Casación N°3445-2009-Lima, en donde señaló lo
siguiente
“(…) que la falta de coincidencia entre el monto consignado en el
documento que contiene explicación de algún concepto de este,
NO PUEDE ACARREAR LA NULIDAD DEL TÍTULO QUE
CONTIENE LA GARANTÍA. Estableciendo que “el saldo deudor
es un acto unilateral de liquidación del propio acreedor-
ejecutante, lo que es una facultad conferida por la ley, (…) lo que
supone que tal acto liquidativo no constituye ′parte′ del título
en esta ejecución, sino que constituye un acto del acreedor
ejecutante que es instrumental a la ejecución misma, en
cuanto, desde la propia demanda al acreedor procedente fija el
quantum de lo debido hasta ese momento, y nada más. La
función que cumple el saldo deudor es precisar el monto
exacto a ejecutar, pero el sustento de la ejecución se deriva
del título que contiene la garantía.(…) Así la falta de saldo
deudor se encuentra relacionado con el problema de la
inexigibilidad de la obligación, pero no con la formalidad del
título de ejecución” ( el énfasis es propio). VIGÉSIMO SEGUNDO: En tal sentido, encontrándose la ejecución sustentada
en la garantía real aparejada en autos y en el título valor aparejado a la
demanda, la contradicción interpuesta debe desestimarse, por cuanto no ha
probado la nulidad formal de los referidos títulos de ejecución, en consecuencia
la entidad ejecutante vine ejecutando una deuda cierta, expresa, exigible y
liquida a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 722° del Código
Procesal Civil, corresponde ordenar se proceda al remate del bien dado en
garantía hasta el cumplimiento de la obligación reclamada, más los intereses
pactados que se hayan generados.
Por estas consideraciones, el señor Juez del Noveno Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial de Lima; RESUELVE:
DECLARAR: INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD
PARA OBRAR DEL DEMANDANTE, FUNDADA LA TACHA de la liquidación
de saldo deudor de fojas doce, INFUNDADA LA TACHA contra la llamada
recalendarización de fojas ciento setenta y uno.
INFUNDADA LA CONTRADICCION interpuesta por Corporación Samoa
Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero
Viuda de Effio; en consecuencia, PROCEDASE AL REMATE DEL BIEN
DADO EN GARANTIA, con costas y costos; IMPONGASE LA MEDIDA
DISCIPLINARIA DE APERCIBIMIENTO a la asistente de Despacho por la
Demora en poner los autos para resolver . |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL-COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 10990-2007-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : INCA PAREDES LUIS MANUEL
DEMANDADO : ELVA ROSA CHAVARRY ROMERO VDA DE EFFIO
: CORPORACION SAMOA SRL,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU
CESIONARIO : BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NUMERO OCHENTA
Miraflores, Siete de julio
Del año dos mil diecisiete.-
Con la Razón que antecede, póngase a Despacho
en el día para expedir el Auto Final correspondiente; AUTOS Y VISTOS; y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de demanda de fojas cuarenta y seis a
cincuenta y dos, BANCO REPÚBLICA EN LIQUIDACIÓN interpone demanda
de EJECUCIÓN DE GARANTÍAS contra Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, doña Elva Rosa Chavarry viuda de Effio, doña Arlitta
Cecilia Gamarra Abisman, don Carlos Alberto Effio Chavarri, don José Antonio
Effio Chavarri y doña Magda Mendoza de Effio; A fin que le paguen la suma de
US$ 1,000,1405.00 (Un millón Sesenta y un mil cuatrocientos cinco y 00/100
Dólares Americanos), bajo apercibimiento de proceder al remate del bien
hipotecado. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA INTERPUESTA:
SEGUNDO: Conforme consta de la revisión de la demanda interpuesta, consta
de autos que, doña Eva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio otorgo hipoteca
a favor de BANDESCO hoy Banco República en Liquidación, sobre el inmueble
ubicado en jirón Andahuaylas numero ciento cincuenta y dos, del distrito de la
Victoria a fin de garantizar las obligaciones de inmuebles, maquinarias y equipo
industrial Sociedad Anónima, siendo modificada la escritura con fecha veintitrés
de setiembre de mil novecientos noventa y tres, garantizando a partir de
entonces las obligaciones de inmuebles, Maquinaria y Equipo Industrial
Sociedad Anónima y/o Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ampliando el monto hasta la suma de US$ 804,730.30 (ochocientos
cuatro mil setecientos treinta dólares americanos).
TERCERO: Indica también que, con fecha veinte de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad emite un
pagare a favor de Banco República por el monto de US$ 590,000.00 (
quinientos noventa mil dólares americanos), el cual venció el veinte de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, y fue protestado por falta de pago, siendo
liquidado al veintitrés de mayo de dos mil uno en la suma de un US$
1,000,1405.00 (millón sesenta y uno mil cuatrocientos cinco y 45/100 Dólares
Americanos).
CUARTO: Fundamentan jurídicamente su petitorio en lo prescrito en el artículo
1097° y siguientes del Código Civil así como en el artículo 720° y siguientes del
Código Procesal Civil que regula la tramitación del proceso de ejecución de
garantías.
TRAMITE DEL PROCESO:
QUINTO: Que, mediante resolución uno de fecha veintiocho de mayo de dos
mil uno se dicta mandato de ejecución comprendiendo en el mismo a
Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, y declarándose improcedente respecto a los
demás co-demandados.
SEXTO: Que, por escrito de fojas noventa a noventa y seis y ciento diecinueve
a ciento veintiuno, se apersona Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, interponiendo EXCEPCION DE
REPRESENTACION DEFECTUOSA O INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE
por cuanto la demanda aparece interpuesta por don Justo John Cortez Merino
quien alega ser apoderado del Centro de Servicios y Elaboración de Proyectos
de inversión (CESEPI) en representación del Banco República en Liquidación,
adjuntando un poder otorgando por escritura pública del treinta de enero de dos
mil, siendo el caso que también se le notifica la copia de otro poder por el cual
se otorga poder a persona distinta de don Cortez Merino con fecha catorce de
febrero de dos mil uno, siendo de aplicación el artículo 151 del Código Civil por
cuanto la representación otorgada a don John Cortez Habría sido revocada;
SEPTIMO Asimismo formula contradicción de manera genérica, sin señalar la
causal en la cual fundaría su contradicción, solo limitándose a argumentar, lo
siguiente:
a) Que, el pagare adjuntado fue firmado en blanco por los fiadores José
Antonio Effio Chavarri, Arlitta Cecilia Gamarra Vaisman y Magda
Mendoza de Effio, mas no por la señora Elva Rosa Chavarry Viuda de
Effio ni por su entonces Gerente General Carlos Alberto Effio Chavarry
por cuanto la firma que aparece allí no le corresponde.
b) Que, el banco ejecutante nunca les concedió el crédito que solicitaron en
una oportunidad y nunca les fue entregado dinero tal como dicen
acreditarlo con las copias legalizadas de la cuenta corriente que tenían
en el Banco República en el año mil novecientos noventa y ocho en los
que no figura ningún desembolso por la suma de quinientos noventa mil
dólares americanos, siendo nulo el pagare por no ser la firma de su
gerente general e inexigible la obligación por cuanto no le fue otorgado
crédito alguno. c) TACHAN EL PAGARE al haberse falsificado la firma de su ex gerente
general;
d) OBSERVAN la liquidación y TACHAN de nulo dicho documento por qué
no adeudan nada a la ejecutante y el monto del capital consignado en la
liquidación difiere del monto por el cual se llenó el pagare que sustenta
la misma.
e) también TACHAN la tasación adjuntada por manifiestamente nulo pues
ha sido suscrito por dos peritos ingenieros que a la fecha de tasación,
esto es ocho de junio de dos mil uno se encontraban inhábiles para
ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, por escrito de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco se
apersona doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, formula
contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la cual fundaría su
contradicción, solo limitándose a argumentar lo siguiente:
a) Que, en el pagare aparece su firma, sin que nunca haya suscrito dicho
documento y ha tomado conocimiento de so co-demandada Corporación
Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada.
b) Nunca le fue concedido el crédito que solicitaron; por lo que TACHA DE
NULO el pagare al haberse falsificado su firma.
c) OBSERVA la liquidación de saldo deudor y TACHA de falso dicho
documento por diferir el monto consignado en el pagare con el monto
por el cual se lleno el pagare, también TACHA el documento que
contiene la tasación por haber sido suscrito por dos peritos inhábiles
para ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, corrido traslado de la excepción, contradicción y tachas de
doña Elva Rosa Chavarry Romero, la misma es absuelta por el demandante
mediante recurso de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve,
OPONIENDOSE a la pericia grafotécnica; absolviendo por recurso de fojas
ciento setenta y siete a ciento ochenta y seis la excepción, tacha y
contradicción interpuestas por Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada adjuntando entre otros documentos una recandelarización de pagos el cual es TACHADO por la empresa demandada
mediante recurso de fojas doscientos veintiséis a doscientos veintiocho pues
con ello no se acredita que dicho crédito haya sido concedido.
NOVENO: Que, habiendo presentado el demandante estados de cuenta
corrientes de fojas trescientos ochenta y tres a cuatrocientos uno, el co-
demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada,
TACHA dichos instrumentos por recurso de fojas cuatrocientos cuarenta y
nueve a cuatrocientos cincuenta y tres, el mismo que es rechazado por
resolución veintiocho.
DÉCIMO: Recibidos los presentes actuados de los Juzgados Civiles, se advirtió
la falta del pagaré Nº 137418 en su contenido original, disponiéndose la
realización de las acciones correspondientes, tal y conforme aparece de los
actuados de fojas 877. En mérito de ello en mérito de la copia del referido título
valor remitido por el órgano jurisdiccional, se tuvo por recompuesto el
expediente conforme a lo dispuesto por Resolución número 73 de fecha
dieciséis de mayo del dos mil once, disponiéndose las investigaciones
pertinentes ante el órgano de control y el Ministerio Público. En tal sentido
dicha copia obrante a fojas 1001, servirá de sustento en el presente proceso al
momento de resolver la causa de la misma forma que el título original
aparejado por la parte ejecutante.
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA O
INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE:
DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto a las excepción de representación
defectuosa e insuficiente del demandante, si bien la copia de poder a que hace
referencia habría sido adjuntado entre la copias presentadas por el
demandante para la notificación a los demandados, y que es presentado por el
co-demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada de
fojas ciento catorce a ciento diecisiete, los mismos se tratan de un
otorgamiento de facultades procesales, y como tal pueden ser delegados a uno
o más conforme lo señala el artículo 68 del Código Procesal Civil, y ante esta circunstancia cada uno asumiría responsabilidad por los actos procesales que
realice, prohibiendo tan solo que tal actuación lo hagan en forma conjunta salvo
para los casos de allanamiento, transacción o desistimiento; no obstante ello si
conforme lo prescribe el artículo 78 del Código Procesal Civil, la representación
judicial termina por las mismas razones que causan el cese de la
representación o el mandato, se tiene que la revocación tacita a que hace
referencia el artículo 151 del Código Civil, produce efectos cuando se le
comunica al primer representante, no existiendo tal constancia en autos,
máxime si lo recursos posteriores presentados por el demandante viene siendo
suscritos por quien a la fecha contaría con facultad de representación sin
efectuar observación alguna con lo que el acto de postulación de demanda
queda convalidado; en este sentido, se ha de desestimar la excepción
propuesta;
RESPECTO A LA TACHA INTERPUESTA:
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la TACHA DEL PAGARES, habiendo sido ofrecido
el mismo como medio probatorio, es un cuestionamiento que puede ser
interpuesto por la parte interesada, siendo que la tacha debe estar referida a
aspectos formales, debiendo tenerse presente que por resolución del superior
jerárquico cuya copia obra a fojas trescientos cincuenta y cuatro y trescientos
cincuenta y cinco se resuelve declarar improcedente la pericia grafotécnica, la
misma que constituía el único medio probatorio ofrecido por los demandados
para amparar la tacha, careciendo por consiguiente el medio probatorio alguno
que acredite dicho cuestionamiento, máxime si la parte interesada viene
tramitando la nulidad del acto jurídico allí contenido conforme copia de fojas
cuatrocientos setenta y ocho y cuatrocientos setenta y nueve, no cumpliendo
con el requisito establecido en el artículo 301 del Código Procesal Civil, esto
es acompañar la prueba respectiva, se declara: INADMISIBLE DE PLANO
dicha tacha; en consecuencia carece de objeto pronunciarse sobre la oposición
a la actuación de la pericia.
DECIMO TERCERO Que, respecto a la TACHA DE LA TASACION DEL BIEN
HIPOTECADO. Habiéndose rechazado el mismo por resolución de fojas ciento veintidós y ciento treinta y seis: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
alguno;
DÈCIMO CUARTO: Que, con relación a la TACHA de Liquidación de saldo
deudor y hoja recandelarización de pagos, debemos señalar que, con relación
a la tacha de documentos, siendo finalidad restarle eficacia probatoria al
documento mismo, mas no al acto jurídico contenido en él, esta buscará que el
documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida
conforme a lo prescrito en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil.
DÈCIMO QUINTO De tales artículos también se puede deducir que las
causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la
ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe
bajo sanción de nulidad, situaciones que no pueden ser alegadas por las parte,
por cuanto los referidos documentos no pueden ser establecidos como falsos
pues han sido emitidos válidamente por el referido órgano emisor y no poseen
una determinada formalidad para su validez.
DÈCIMO SEXTO: Respecto al tema, la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº
216 - 2010 LIMA. EJECUCIÓN DE GARANTÍA Lima, de fecha uno de diciembre del
año dos mil diez, expedida por LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, ha señalado lo siguiente:
Quinto.- El artículo 720 segundo párrafo del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley número 26791, aplicable por razones de
temporalidad, exige únicamente que se anexe a la demanda el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo
deudor; así, en la Casación número mil doscientos sesenta y seis - dos
mil uno -Arequipa se ha establecido que"(...) incorporar la exigencia de
presentación de otros documentos aparte de los requeridos en el artículo
720 del Código Procesal Civil, conllevaría la desnaturalización del
proceso de ejecución de garantías (..)".Como se puede
apreciar, nuestra legislación procesal no establece cuál debe ser el
contenido mínimo de una liquidación de saldo deudor, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo remitirse a los criterios
fijados por la Corte Suprema de Justicia de la República en las
diversas ejecutorias expedidas al respecto”. (El énfasis es propio).
RESPECTO A LA CONTRADICCIÓN FORMULADA EN EL PROCESO:
DECIMO SEPTIMO Que, respecto a la contradicción, según lo establece el
artículo 720 del Código Procesal Civil, las causales de contradicción en el
proceso de ejecución de garantías se restringen a las siguientes: a) Nulidad
formal del título (Esto es del documento que contiene la garantía, testimonio de
constitución de hipoteca); b) inexigibilidad de la obligación (lo que significa que
la obligación se encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometido a
condición o cargo pendiente de cumplimiento); c)cumplimiento o pago de la
obligación; d) Extinción de la obligación por cualquier otro medio distinto al
pago) y, e) Prescripción de la obligación;
DECIMO OCTAVO: Que, en el presente caso los ejecutados no han cumplido
con formular su contradicción señalando la causal en la cual se amparan, sino
solo formulan su contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la
cual fundarían su contradicción, solo limitándose a argumentar, de manera
genérica,
DECIMO NOVENO: Que, respecto al proceso de Ejecución de Garantía,
conforme lo establece el artículo 720 del Código Procesal Civil “Procede la
ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las
formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre
contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo” ( el
énfasis es propio).
VIGÈSIMO : Asimismo, se aprecia claramente, que la referida hipoteca cubre
cualquier obligación pecuniaria desprendida en contra de los deudores
emplazados a favor de la entidad bancaria ejecutante, incluyendo por lo tanto el
titulo valor puesto a cobro el cual atendiendo al principio de literalidad
contemplado en el artículo 4º de la Ley de Títulos Valores. Adicionalmente a fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos diez, el banco ejecutante ha
acreditado la relación que existía entre el cliente y el Banco, no siendo la sola
existencia de un proceso judicial que busca la nulidad de la referida cambial
sustento para enervar su efecto probatorio en el proceso, pues para ello sería
menester la existencia de sentencia judicial firme que así lo determine.
VIGÈSIMO PRIMERO: Respecto al cuestionamiento al saldo deudor aparejado
a la demanda, el mismo, que no está sustentado en forma debida por cuanto el
mismo resulta coincidente con el pagaré materia de ejecución, en forma alguna
puede ocasionar la desestimación de la acción interpuesta, por cuanto en el
proceso de Ejecución de Garantías, el estado de cuenta de saldo deudor no
constituye título ejecutivo. Lo dicho ha sido señalado por la Corte Suprema de
Justicia de la República en la Casación N°3445-2009-Lima, en donde señaló lo
siguiente
“(…) que la falta de coincidencia entre el monto consignado en el
documento que contiene explicación de algún concepto de este,
NO PUEDE ACARREAR LA NULIDAD DEL TÍTULO QUE
CONTIENE LA GARANTÍA. Estableciendo que “el saldo deudor
es un acto unilateral de liquidación del propio acreedor-
ejecutante, lo que es una facultad conferida por la ley, (…) lo que
supone que tal acto liquidativo no constituye ′parte′ del título
en esta ejecución, sino que constituye un acto del acreedor
ejecutante que es instrumental a la ejecución misma, en
cuanto, desde la propia demanda al acreedor procedente fija el
quantum de lo debido hasta ese momento, y nada más. La
función que cumple el saldo deudor es precisar el monto
exacto a ejecutar, pero el sustento de la ejecución se deriva
del título que contiene la garantía.(…) Así la falta de saldo
deudor se encuentra relacionado con el problema de la
inexigibilidad de la obligación, pero no con la formalidad del
título de ejecución” ( el énfasis es propio). VIGÉSIMO SEGUNDO: En tal sentido, encontrándose la ejecución sustentada
en la garantía real aparejada en autos y en el título valor aparejado a la
demanda, la contradicción interpuesta debe desestimarse, por cuanto no ha
probado la nulidad formal de los referidos títulos de ejecución, en consecuencia
la entidad ejecutante vine ejecutando una deuda cierta, expresa, exigible y
liquida a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 722° del Código
Procesal Civil, corresponde ordenar se proceda al remate del bien dado en
garantía hasta el cumplimiento de la obligación reclamada, más los intereses
pactados que se hayan generados.
Por estas consideraciones, el señor Juez del Noveno Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial de Lima; RESUELVE:
DECLARAR: INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD
PARA OBRAR DEL DEMANDANTE, FUNDADA LA TACHA de la liquidación
de saldo deudor de fojas doce, INFUNDADA LA TACHA contra la llamada
recalendarización de fojas ciento setenta y uno.
INFUNDADA LA CONTRADICCION interpuesta por Corporación Samoa
Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero
Viuda de Effio; en consecuencia, PROCEDASE AL REMATE DEL BIEN
DADO EN GARANTIA, con costas y costos; IMPONGASE LA MEDIDA
DISCIPLINARIA DE APERCIBIMIENTO a la asistente de Despacho por la
Demora en poner los autos para resolver . |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL-COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 10990-2007-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : INCA PAREDES LUIS MANUEL
DEMANDADO : ELVA ROSA CHAVARRY ROMERO VDA DE EFFIO
: CORPORACION SAMOA SRL,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU
CESIONARIO : BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NUMERO OCHENTA
Miraflores, Siete de julio
Del año dos mil diecisiete.-
Con la Razón que antecede, póngase a Despacho
en el día para expedir el Auto Final correspondiente; AUTOS Y VISTOS; y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de demanda de fojas cuarenta y seis a
cincuenta y dos, BANCO REPÚBLICA EN LIQUIDACIÓN interpone demanda
de EJECUCIÓN DE GARANTÍAS contra Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, doña Elva Rosa Chavarry viuda de Effio, doña Arlitta
Cecilia Gamarra Abisman, don Carlos Alberto Effio Chavarri, don José Antonio
Effio Chavarri y doña Magda Mendoza de Effio; A fin que le paguen la suma de
US$ 1,000,1405.00 (Un millón Sesenta y un mil cuatrocientos cinco y 00/100
Dólares Americanos), bajo apercibimiento de proceder al remate del bien
hipotecado. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA INTERPUESTA:
SEGUNDO: Conforme consta de la revisión de la demanda interpuesta, consta
de autos que, doña Eva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio otorgo hipoteca
a favor de BANDESCO hoy Banco República en Liquidación, sobre el inmueble
ubicado en jirón Andahuaylas numero ciento cincuenta y dos, del distrito de la
Victoria a fin de garantizar las obligaciones de inmuebles, maquinarias y equipo
industrial Sociedad Anónima, siendo modificada la escritura con fecha veintitrés
de setiembre de mil novecientos noventa y tres, garantizando a partir de
entonces las obligaciones de inmuebles, Maquinaria y Equipo Industrial
Sociedad Anónima y/o Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ampliando el monto hasta la suma de US$ 804,730.30 (ochocientos
cuatro mil setecientos treinta dólares americanos).
TERCERO: Indica también que, con fecha veinte de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad emite un
pagare a favor de Banco República por el monto de US$ 590,000.00 (
quinientos noventa mil dólares americanos), el cual venció el veinte de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, y fue protestado por falta de pago, siendo
liquidado al veintitrés de mayo de dos mil uno en la suma de un US$
1,000,1405.00 (millón sesenta y uno mil cuatrocientos cinco y 45/100 Dólares
Americanos).
CUARTO: Fundamentan jurídicamente su petitorio en lo prescrito en el artículo
1097° y siguientes del Código Civil así como en el artículo 720° y siguientes del
Código Procesal Civil que regula la tramitación del proceso de ejecución de
garantías.
TRAMITE DEL PROCESO:
QUINTO: Que, mediante resolución uno de fecha veintiocho de mayo de dos
mil uno se dicta mandato de ejecución comprendiendo en el mismo a
Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, y declarándose improcedente respecto a los
demás co-demandados.
SEXTO: Que, por escrito de fojas noventa a noventa y seis y ciento diecinueve
a ciento veintiuno, se apersona Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, interponiendo EXCEPCION DE
REPRESENTACION DEFECTUOSA O INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE
por cuanto la demanda aparece interpuesta por don Justo John Cortez Merino
quien alega ser apoderado del Centro de Servicios y Elaboración de Proyectos
de inversión (CESEPI) en representación del Banco República en Liquidación,
adjuntando un poder otorgando por escritura pública del treinta de enero de dos
mil, siendo el caso que también se le notifica la copia de otro poder por el cual
se otorga poder a persona distinta de don Cortez Merino con fecha catorce de
febrero de dos mil uno, siendo de aplicación el artículo 151 del Código Civil por
cuanto la representación otorgada a don John Cortez Habría sido revocada;
SEPTIMO Asimismo formula contradicción de manera genérica, sin señalar la
causal en la cual fundaría su contradicción, solo limitándose a argumentar, lo
siguiente:
a) Que, el pagare adjuntado fue firmado en blanco por los fiadores José
Antonio Effio Chavarri, Arlitta Cecilia Gamarra Vaisman y Magda
Mendoza de Effio, mas no por la señora Elva Rosa Chavarry Viuda de
Effio ni por su entonces Gerente General Carlos Alberto Effio Chavarry
por cuanto la firma que aparece allí no le corresponde.
b) Que, el banco ejecutante nunca les concedió el crédito que solicitaron en
una oportunidad y nunca les fue entregado dinero tal como dicen
acreditarlo con las copias legalizadas de la cuenta corriente que tenían
en el Banco República en el año mil novecientos noventa y ocho en los
que no figura ningún desembolso por la suma de quinientos noventa mil
dólares americanos, siendo nulo el pagare por no ser la firma de su
gerente general e inexigible la obligación por cuanto no le fue otorgado
crédito alguno. c) TACHAN EL PAGARE al haberse falsificado la firma de su ex gerente
general;
d) OBSERVAN la liquidación y TACHAN de nulo dicho documento por qué
no adeudan nada a la ejecutante y el monto del capital consignado en la
liquidación difiere del monto por el cual se llenó el pagare que sustenta
la misma.
e) también TACHAN la tasación adjuntada por manifiestamente nulo pues
ha sido suscrito por dos peritos ingenieros que a la fecha de tasación,
esto es ocho de junio de dos mil uno se encontraban inhábiles para
ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, por escrito de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco se
apersona doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, formula
contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la cual fundaría su
contradicción, solo limitándose a argumentar lo siguiente:
a) Que, en el pagare aparece su firma, sin que nunca haya suscrito dicho
documento y ha tomado conocimiento de so co-demandada Corporación
Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada.
b) Nunca le fue concedido el crédito que solicitaron; por lo que TACHA DE
NULO el pagare al haberse falsificado su firma.
c) OBSERVA la liquidación de saldo deudor y TACHA de falso dicho
documento por diferir el monto consignado en el pagare con el monto
por el cual se lleno el pagare, también TACHA el documento que
contiene la tasación por haber sido suscrito por dos peritos inhábiles
para ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, corrido traslado de la excepción, contradicción y tachas de
doña Elva Rosa Chavarry Romero, la misma es absuelta por el demandante
mediante recurso de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve,
OPONIENDOSE a la pericia grafotécnica; absolviendo por recurso de fojas
ciento setenta y siete a ciento ochenta y seis la excepción, tacha y
contradicción interpuestas por Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada adjuntando entre otros documentos una recandelarización de pagos el cual es TACHADO por la empresa demandada
mediante recurso de fojas doscientos veintiséis a doscientos veintiocho pues
con ello no se acredita que dicho crédito haya sido concedido.
NOVENO: Que, habiendo presentado el demandante estados de cuenta
corrientes de fojas trescientos ochenta y tres a cuatrocientos uno, el co-
demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada,
TACHA dichos instrumentos por recurso de fojas cuatrocientos cuarenta y
nueve a cuatrocientos cincuenta y tres, el mismo que es rechazado por
resolución veintiocho.
DÉCIMO: Recibidos los presentes actuados de los Juzgados Civiles, se advirtió
la falta del pagaré Nº 137418 en su contenido original, disponiéndose la
realización de las acciones correspondientes, tal y conforme aparece de los
actuados de fojas 877. En mérito de ello en mérito de la copia del referido título
valor remitido por el órgano jurisdiccional, se tuvo por recompuesto el
expediente conforme a lo dispuesto por Resolución número 73 de fecha
dieciséis de mayo del dos mil once, disponiéndose las investigaciones
pertinentes ante el órgano de control y el Ministerio Público. En tal sentido
dicha copia obrante a fojas 1001, servirá de sustento en el presente proceso al
momento de resolver la causa de la misma forma que el título original
aparejado por la parte ejecutante.
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA O
INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE:
DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto a las excepción de representación
defectuosa e insuficiente del demandante, si bien la copia de poder a que hace
referencia habría sido adjuntado entre la copias presentadas por el
demandante para la notificación a los demandados, y que es presentado por el
co-demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada de
fojas ciento catorce a ciento diecisiete, los mismos se tratan de un
otorgamiento de facultades procesales, y como tal pueden ser delegados a uno
o más conforme lo señala el artículo 68 del Código Procesal Civil, y ante esta circunstancia cada uno asumiría responsabilidad por los actos procesales que
realice, prohibiendo tan solo que tal actuación lo hagan en forma conjunta salvo
para los casos de allanamiento, transacción o desistimiento; no obstante ello si
conforme lo prescribe el artículo 78 del Código Procesal Civil, la representación
judicial termina por las mismas razones que causan el cese de la
representación o el mandato, se tiene que la revocación tacita a que hace
referencia el artículo 151 del Código Civil, produce efectos cuando se le
comunica al primer representante, no existiendo tal constancia en autos,
máxime si lo recursos posteriores presentados por el demandante viene siendo
suscritos por quien a la fecha contaría con facultad de representación sin
efectuar observación alguna con lo que el acto de postulación de demanda
queda convalidado; en este sentido, se ha de desestimar la excepción
propuesta;
RESPECTO A LA TACHA INTERPUESTA:
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la TACHA DEL PAGARES, habiendo sido ofrecido
el mismo como medio probatorio, es un cuestionamiento que puede ser
interpuesto por la parte interesada, siendo que la tacha debe estar referida a
aspectos formales, debiendo tenerse presente que por resolución del superior
jerárquico cuya copia obra a fojas trescientos cincuenta y cuatro y trescientos
cincuenta y cinco se resuelve declarar improcedente la pericia grafotécnica, la
misma que constituía el único medio probatorio ofrecido por los demandados
para amparar la tacha, careciendo por consiguiente el medio probatorio alguno
que acredite dicho cuestionamiento, máxime si la parte interesada viene
tramitando la nulidad del acto jurídico allí contenido conforme copia de fojas
cuatrocientos setenta y ocho y cuatrocientos setenta y nueve, no cumpliendo
con el requisito establecido en el artículo 301 del Código Procesal Civil, esto
es acompañar la prueba respectiva, se declara: INADMISIBLE DE PLANO
dicha tacha; en consecuencia carece de objeto pronunciarse sobre la oposición
a la actuación de la pericia.
DECIMO TERCERO Que, respecto a la TACHA DE LA TASACION DEL BIEN
HIPOTECADO. Habiéndose rechazado el mismo por resolución de fojas ciento veintidós y ciento treinta y seis: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
alguno;
DÈCIMO CUARTO: Que, con relación a la TACHA de Liquidación de saldo
deudor y hoja recandelarización de pagos, debemos señalar que, con relación
a la tacha de documentos, siendo finalidad restarle eficacia probatoria al
documento mismo, mas no al acto jurídico contenido en él, esta buscará que el
documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida
conforme a lo prescrito en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil.
DÈCIMO QUINTO De tales artículos también se puede deducir que las
causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la
ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe
bajo sanción de nulidad, situaciones que no pueden ser alegadas por las parte,
por cuanto los referidos documentos no pueden ser establecidos como falsos
pues han sido emitidos válidamente por el referido órgano emisor y no poseen
una determinada formalidad para su validez.
DÈCIMO SEXTO: Respecto al tema, la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº
216 - 2010 LIMA. EJECUCIÓN DE GARANTÍA Lima, de fecha uno de diciembre del
año dos mil diez, expedida por LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, ha señalado lo siguiente:
Quinto.- El artículo 720 segundo párrafo del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley número 26791, aplicable por razones de
temporalidad, exige únicamente que se anexe a la demanda el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo
deudor; así, en la Casación número mil doscientos sesenta y seis - dos
mil uno -Arequipa se ha establecido que"(...) incorporar la exigencia de
presentación de otros documentos aparte de los requeridos en el artículo
720 del Código Procesal Civil, conllevaría la desnaturalización del
proceso de ejecución de garantías (..)".Como se puede
apreciar, nuestra legislación procesal no establece cuál debe ser el
contenido mínimo de una liquidación de saldo deudor, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo remitirse a los criterios
fijados por la Corte Suprema de Justicia de la República en las
diversas ejecutorias expedidas al respecto”. (El énfasis es propio).
RESPECTO A LA CONTRADICCIÓN FORMULADA EN EL PROCESO:
DECIMO SEPTIMO Que, respecto a la contradicción, según lo establece el
artículo 720 del Código Procesal Civil, las causales de contradicción en el
proceso de ejecución de garantías se restringen a las siguientes: a) Nulidad
formal del título (Esto es del documento que contiene la garantía, testimonio de
constitución de hipoteca); b) inexigibilidad de la obligación (lo que significa que
la obligación se encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometido a
condición o cargo pendiente de cumplimiento); c)cumplimiento o pago de la
obligación; d) Extinción de la obligación por cualquier otro medio distinto al
pago) y, e) Prescripción de la obligación;
DECIMO OCTAVO: Que, en el presente caso los ejecutados no han cumplido
con formular su contradicción señalando la causal en la cual se amparan, sino
solo formulan su contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la
cual fundarían su contradicción, solo limitándose a argumentar, de manera
genérica,
DECIMO NOVENO: Que, respecto al proceso de Ejecución de Garantía,
conforme lo establece el artículo 720 del Código Procesal Civil “Procede la
ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las
formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre
contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo” ( el
énfasis es propio).
VIGÈSIMO : Asimismo, se aprecia claramente, que la referida hipoteca cubre
cualquier obligación pecuniaria desprendida en contra de los deudores
emplazados a favor de la entidad bancaria ejecutante, incluyendo por lo tanto el
titulo valor puesto a cobro el cual atendiendo al principio de literalidad
contemplado en el artículo 4º de la Ley de Títulos Valores. Adicionalmente a fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos diez, el banco ejecutante ha
acreditado la relación que existía entre el cliente y el Banco, no siendo la sola
existencia de un proceso judicial que busca la nulidad de la referida cambial
sustento para enervar su efecto probatorio en el proceso, pues para ello sería
menester la existencia de sentencia judicial firme que así lo determine.
VIGÈSIMO PRIMERO: Respecto al cuestionamiento al saldo deudor aparejado
a la demanda, el mismo, que no está sustentado en forma debida por cuanto el
mismo resulta coincidente con el pagaré materia de ejecución, en forma alguna
puede ocasionar la desestimación de la acción interpuesta, por cuanto en el
proceso de Ejecución de Garantías, el estado de cuenta de saldo deudor no
constituye título ejecutivo. Lo dicho ha sido señalado por la Corte Suprema de
Justicia de la República en la Casación N°3445-2009-Lima, en donde señaló lo
siguiente
“(…) que la falta de coincidencia entre el monto consignado en el
documento que contiene explicación de algún concepto de este,
NO PUEDE ACARREAR LA NULIDAD DEL TÍTULO QUE
CONTIENE LA GARANTÍA. Estableciendo que “el saldo deudor
es un acto unilateral de liquidación del propio acreedor-
ejecutante, lo que es una facultad conferida por la ley, (…) lo que
supone que tal acto liquidativo no constituye ′parte′ del título
en esta ejecución, sino que constituye un acto del acreedor
ejecutante que es instrumental a la ejecución misma, en
cuanto, desde la propia demanda al acreedor procedente fija el
quantum de lo debido hasta ese momento, y nada más. La
función que cumple el saldo deudor es precisar el monto
exacto a ejecutar, pero el sustento de la ejecución se deriva
del título que contiene la garantía.(…) Así la falta de saldo
deudor se encuentra relacionado con el problema de la
inexigibilidad de la obligación, pero no con la formalidad del
título de ejecución” ( el énfasis es propio). VIGÉSIMO SEGUNDO: En tal sentido, encontrándose la ejecución sustentada
en la garantía real aparejada en autos y en el título valor aparejado a la
demanda, la contradicción interpuesta debe desestimarse, por cuanto no ha
probado la nulidad formal de los referidos títulos de ejecución, en consecuencia
la entidad ejecutante vine ejecutando una deuda cierta, expresa, exigible y
liquida a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 722° del Código
Procesal Civil, corresponde ordenar se proceda al remate del bien dado en
garantía hasta el cumplimiento de la obligación reclamada, más los intereses
pactados que se hayan generados.
Por estas consideraciones, el señor Juez del Noveno Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial de Lima; RESUELVE:
DECLARAR: INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD
PARA OBRAR DEL DEMANDANTE, FUNDADA LA TACHA de la liquidación
de saldo deudor de fojas doce, INFUNDADA LA TACHA contra la llamada
recalendarización de fojas ciento setenta y uno.
INFUNDADA LA CONTRADICCION interpuesta por Corporación Samoa
Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero
Viuda de Effio; en consecuencia, PROCEDASE AL REMATE DEL BIEN
DADO EN GARANTIA, con costas y costos; IMPONGASE LA MEDIDA
DISCIPLINARIA DE APERCIBIMIENTO a la asistente de Despacho por la
Demora en poner los autos para resolver . |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL-COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 10990-2007-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : INCA PAREDES LUIS MANUEL
DEMANDADO : ELVA ROSA CHAVARRY ROMERO VDA DE EFFIO
: CORPORACION SAMOA SRL,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU
CESIONARIO : BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NUMERO OCHENTA
Miraflores, Siete de julio
Del año dos mil diecisiete.-
Con la Razón que antecede, póngase a Despacho
en el día para expedir el Auto Final correspondiente; AUTOS Y VISTOS; y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de demanda de fojas cuarenta y seis a
cincuenta y dos, BANCO REPÚBLICA EN LIQUIDACIÓN interpone demanda
de EJECUCIÓN DE GARANTÍAS contra Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, doña Elva Rosa Chavarry viuda de Effio, doña Arlitta
Cecilia Gamarra Abisman, don Carlos Alberto Effio Chavarri, don José Antonio
Effio Chavarri y doña Magda Mendoza de Effio; A fin que le paguen la suma de
US$ 1,000,1405.00 (Un millón Sesenta y un mil cuatrocientos cinco y 00/100
Dólares Americanos), bajo apercibimiento de proceder al remate del bien
hipotecado. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA INTERPUESTA:
SEGUNDO: Conforme consta de la revisión de la demanda interpuesta, consta
de autos que, doña Eva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio otorgo hipoteca
a favor de BANDESCO hoy Banco República en Liquidación, sobre el inmueble
ubicado en jirón Andahuaylas numero ciento cincuenta y dos, del distrito de la
Victoria a fin de garantizar las obligaciones de inmuebles, maquinarias y equipo
industrial Sociedad Anónima, siendo modificada la escritura con fecha veintitrés
de setiembre de mil novecientos noventa y tres, garantizando a partir de
entonces las obligaciones de inmuebles, Maquinaria y Equipo Industrial
Sociedad Anónima y/o Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ampliando el monto hasta la suma de US$ 804,730.30 (ochocientos
cuatro mil setecientos treinta dólares americanos).
TERCERO: Indica también que, con fecha veinte de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad emite un
pagare a favor de Banco República por el monto de US$ 590,000.00 (
quinientos noventa mil dólares americanos), el cual venció el veinte de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, y fue protestado por falta de pago, siendo
liquidado al veintitrés de mayo de dos mil uno en la suma de un US$
1,000,1405.00 (millón sesenta y uno mil cuatrocientos cinco y 45/100 Dólares
Americanos).
CUARTO: Fundamentan jurídicamente su petitorio en lo prescrito en el artículo
1097° y siguientes del Código Civil así como en el artículo 720° y siguientes del
Código Procesal Civil que regula la tramitación del proceso de ejecución de
garantías.
TRAMITE DEL PROCESO:
QUINTO: Que, mediante resolución uno de fecha veintiocho de mayo de dos
mil uno se dicta mandato de ejecución comprendiendo en el mismo a
Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, y declarándose improcedente respecto a los
demás co-demandados.
SEXTO: Que, por escrito de fojas noventa a noventa y seis y ciento diecinueve
a ciento veintiuno, se apersona Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada, interponiendo EXCEPCION DE
REPRESENTACION DEFECTUOSA O INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE
por cuanto la demanda aparece interpuesta por don Justo John Cortez Merino
quien alega ser apoderado del Centro de Servicios y Elaboración de Proyectos
de inversión (CESEPI) en representación del Banco República en Liquidación,
adjuntando un poder otorgando por escritura pública del treinta de enero de dos
mil, siendo el caso que también se le notifica la copia de otro poder por el cual
se otorga poder a persona distinta de don Cortez Merino con fecha catorce de
febrero de dos mil uno, siendo de aplicación el artículo 151 del Código Civil por
cuanto la representación otorgada a don John Cortez Habría sido revocada;
SEPTIMO Asimismo formula contradicción de manera genérica, sin señalar la
causal en la cual fundaría su contradicción, solo limitándose a argumentar, lo
siguiente:
a) Que, el pagare adjuntado fue firmado en blanco por los fiadores José
Antonio Effio Chavarri, Arlitta Cecilia Gamarra Vaisman y Magda
Mendoza de Effio, mas no por la señora Elva Rosa Chavarry Viuda de
Effio ni por su entonces Gerente General Carlos Alberto Effio Chavarry
por cuanto la firma que aparece allí no le corresponde.
b) Que, el banco ejecutante nunca les concedió el crédito que solicitaron en
una oportunidad y nunca les fue entregado dinero tal como dicen
acreditarlo con las copias legalizadas de la cuenta corriente que tenían
en el Banco República en el año mil novecientos noventa y ocho en los
que no figura ningún desembolso por la suma de quinientos noventa mil
dólares americanos, siendo nulo el pagare por no ser la firma de su
gerente general e inexigible la obligación por cuanto no le fue otorgado
crédito alguno. c) TACHAN EL PAGARE al haberse falsificado la firma de su ex gerente
general;
d) OBSERVAN la liquidación y TACHAN de nulo dicho documento por qué
no adeudan nada a la ejecutante y el monto del capital consignado en la
liquidación difiere del monto por el cual se llenó el pagare que sustenta
la misma.
e) también TACHAN la tasación adjuntada por manifiestamente nulo pues
ha sido suscrito por dos peritos ingenieros que a la fecha de tasación,
esto es ocho de junio de dos mil uno se encontraban inhábiles para
ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, por escrito de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco se
apersona doña Elva Rosa Chavarri Romero Viuda de Effio, formula
contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la cual fundaría su
contradicción, solo limitándose a argumentar lo siguiente:
a) Que, en el pagare aparece su firma, sin que nunca haya suscrito dicho
documento y ha tomado conocimiento de so co-demandada Corporación
Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada.
b) Nunca le fue concedido el crédito que solicitaron; por lo que TACHA DE
NULO el pagare al haberse falsificado su firma.
c) OBSERVA la liquidación de saldo deudor y TACHA de falso dicho
documento por diferir el monto consignado en el pagare con el monto
por el cual se lleno el pagare, también TACHA el documento que
contiene la tasación por haber sido suscrito por dos peritos inhábiles
para ejercer su profesión.
OCTAVO: Que, corrido traslado de la excepción, contradicción y tachas de
doña Elva Rosa Chavarry Romero, la misma es absuelta por el demandante
mediante recurso de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve,
OPONIENDOSE a la pericia grafotécnica; absolviendo por recurso de fojas
ciento setenta y siete a ciento ochenta y seis la excepción, tacha y
contradicción interpuestas por Corporación Samoa Sociedad de
Responsabilidad Limitada adjuntando entre otros documentos una recandelarización de pagos el cual es TACHADO por la empresa demandada
mediante recurso de fojas doscientos veintiséis a doscientos veintiocho pues
con ello no se acredita que dicho crédito haya sido concedido.
NOVENO: Que, habiendo presentado el demandante estados de cuenta
corrientes de fojas trescientos ochenta y tres a cuatrocientos uno, el co-
demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada,
TACHA dichos instrumentos por recurso de fojas cuatrocientos cuarenta y
nueve a cuatrocientos cincuenta y tres, el mismo que es rechazado por
resolución veintiocho.
DÉCIMO: Recibidos los presentes actuados de los Juzgados Civiles, se advirtió
la falta del pagaré Nº 137418 en su contenido original, disponiéndose la
realización de las acciones correspondientes, tal y conforme aparece de los
actuados de fojas 877. En mérito de ello en mérito de la copia del referido título
valor remitido por el órgano jurisdiccional, se tuvo por recompuesto el
expediente conforme a lo dispuesto por Resolución número 73 de fecha
dieciséis de mayo del dos mil once, disponiéndose las investigaciones
pertinentes ante el órgano de control y el Ministerio Público. En tal sentido
dicha copia obrante a fojas 1001, servirá de sustento en el presente proceso al
momento de resolver la causa de la misma forma que el título original
aparejado por la parte ejecutante.
RESPECTO A LA EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA O
INSUFICIENTE DEL DEMANDANTE:
DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto a las excepción de representación
defectuosa e insuficiente del demandante, si bien la copia de poder a que hace
referencia habría sido adjuntado entre la copias presentadas por el
demandante para la notificación a los demandados, y que es presentado por el
co-demandado Corporación Samoa Sociedad de Responsabilidad Limitada de
fojas ciento catorce a ciento diecisiete, los mismos se tratan de un
otorgamiento de facultades procesales, y como tal pueden ser delegados a uno
o más conforme lo señala el artículo 68 del Código Procesal Civil, y ante esta circunstancia cada uno asumiría responsabilidad por los actos procesales que
realice, prohibiendo tan solo que tal actuación lo hagan en forma conjunta salvo
para los casos de allanamiento, transacción o desistimiento; no obstante ello si
conforme lo prescribe el artículo 78 del Código Procesal Civil, la representación
judicial termina por las mismas razones que causan el cese de la
representación o el mandato, se tiene que la revocación tacita a que hace
referencia el artículo 151 del Código Civil, produce efectos cuando se le
comunica al primer representante, no existiendo tal constancia en autos,
máxime si lo recursos posteriores presentados por el demandante viene siendo
suscritos por quien a la fecha contaría con facultad de representación sin
efectuar observación alguna con lo que el acto de postulación de demanda
queda convalidado; en este sentido, se ha de desestimar la excepción
propuesta;
RESPECTO A LA TACHA INTERPUESTA:
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la TACHA DEL PAGARES, habiendo sido ofrecido
el mismo como medio probatorio, es un cuestionamiento que puede ser
interpuesto por la parte interesada, siendo que la tacha debe estar referida a
aspectos formales, debiendo tenerse presente que por resolución del superior
jerárquico cuya copia obra a fojas trescientos cincuenta y cuatro y trescientos
cincuenta y cinco se resuelve declarar improcedente la pericia grafotécnica, la
misma que constituía el único medio probatorio ofrecido por los demandados
para amparar la tacha, careciendo por consiguiente el medio probatorio alguno
que acredite dicho cuestionamiento, máxime si la parte interesada viene
tramitando la nulidad del acto jurídico allí contenido conforme copia de fojas
cuatrocientos setenta y ocho y cuatrocientos setenta y nueve, no cumpliendo
con el requisito establecido en el artículo 301 del Código Procesal Civil, esto
es acompañar la prueba respectiva, se declara: INADMISIBLE DE PLANO
dicha tacha; en consecuencia carece de objeto pronunciarse sobre la oposición
a la actuación de la pericia.
DECIMO TERCERO Que, respecto a la TACHA DE LA TASACION DEL BIEN
HIPOTECADO. Habiéndose rechazado el mismo por resolución de fojas ciento veintidós y ciento treinta y seis: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento
alguno;
DÈCIMO CUARTO: Que, con relación a la TACHA de Liquidación de saldo
deudor y hoja recandelarización de pagos, debemos señalar que, con relación
a la tacha de documentos, siendo finalidad restarle eficacia probatoria al
documento mismo, mas no al acto jurídico contenido en él, esta buscará que el
documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida
conforme a lo prescrito en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil.
DÈCIMO QUINTO De tales artículos también se puede deducir que las
causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la
ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe
bajo sanción de nulidad, situaciones que no pueden ser alegadas por las parte,
por cuanto los referidos documentos no pueden ser establecidos como falsos
pues han sido emitidos válidamente por el referido órgano emisor y no poseen
una determinada formalidad para su validez.
DÈCIMO SEXTO: Respecto al tema, la Corte Suprema de Justicia en la Casación Nº
216 - 2010 LIMA. EJECUCIÓN DE GARANTÍA Lima, de fecha uno de diciembre del
año dos mil diez, expedida por LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, ha señalado lo siguiente:
Quinto.- El artículo 720 segundo párrafo del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley número 26791, aplicable por razones de
temporalidad, exige únicamente que se anexe a la demanda el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo
deudor; así, en la Casación número mil doscientos sesenta y seis - dos
mil uno -Arequipa se ha establecido que"(...) incorporar la exigencia de
presentación de otros documentos aparte de los requeridos en el artículo
720 del Código Procesal Civil, conllevaría la desnaturalización del
proceso de ejecución de garantías (..)".Como se puede
apreciar, nuestra legislación procesal no establece cuál debe ser el
contenido mínimo de una liquidación de saldo deudor, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo remitirse a los criterios
fijados por la Corte Suprema de Justicia de la República en las
diversas ejecutorias expedidas al respecto”. (El énfasis es propio).
RESPECTO A LA CONTRADICCIÓN FORMULADA EN EL PROCESO:
DECIMO SEPTIMO Que, respecto a la contradicción, según lo establece el
artículo 720 del Código Procesal Civil, las causales de contradicción en el
proceso de ejecución de garantías se restringen a las siguientes: a) Nulidad
formal del título (Esto es del documento que contiene la garantía, testimonio de
constitución de hipoteca); b) inexigibilidad de la obligación (lo que significa que
la obligación se encuentra sujeta a plazo todavía no vencido o sometido a
condición o cargo pendiente de cumplimiento); c)cumplimiento o pago de la
obligación; d) Extinción de la obligación por cualquier otro medio distinto al
pago) y, e) Prescripción de la obligación;
DECIMO OCTAVO: Que, en el presente caso los ejecutados no han cumplido
con formular su contradicción señalando la causal en la cual se amparan, sino
solo formulan su contradicción de manera genérica, sin señalar la causal en la
cual fundarían su contradicción, solo limitándose a argumentar, de manera
genérica,
DECIMO NOVENO: Que, respecto al proceso de Ejecución de Garantía,
conforme lo establece el artículo 720 del Código Procesal Civil “Procede la
ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las
formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre
contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo” ( el
énfasis es propio).
VIGÈSIMO : Asimismo, se aprecia claramente, que la referida hipoteca cubre
cualquier obligación pecuniaria desprendida en contra de los deudores
emplazados a favor de la entidad bancaria ejecutante, incluyendo por lo tanto el
titulo valor puesto a cobro el cual atendiendo al principio de literalidad
contemplado en el artículo 4º de la Ley de Títulos Valores. Adicionalmente a fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos diez, el banco ejecutante ha
acreditado la relación que existía entre el cliente y el Banco, no siendo la sola
existencia de un proceso judicial que busca la nulidad de la referida cambial
sustento para enervar su efecto probatorio en el proceso, pues para ello sería
menester la existencia de sentencia judicial firme que así lo determine.
VIGÈSIMO PRIMERO: Respecto al cuestionamiento al saldo deudor aparejado
a la demanda, el mismo, que no está sustentado en forma debida por cuanto el
mismo resulta coincidente con el pagaré materia de ejecución, en forma alguna
puede ocasionar la desestimación de la acción interpuesta, por cuanto en el
proceso de Ejecución de Garantías, el estado de cuenta de saldo deudor no
constituye título ejecutivo. Lo dicho ha sido señalado por la Corte Suprema de
Justicia de la República en la Casación N°3445-2009-Lima, en donde señaló lo
siguiente
“(…) que la falta de coincidencia entre el monto consignado en el
documento que contiene explicación de algún concepto de este,
NO PUEDE ACARREAR LA NULIDAD DEL TÍTULO QUE
CONTIENE LA GARANTÍA. Estableciendo que “el saldo deudor
es un acto unilateral de liquidación del propio acreedor-
ejecutante, lo que es una facultad conferida por la ley, (…) lo que
supone que tal acto liquidativo no constituye ′parte′ del título
en esta ejecución, sino que constituye un acto del acreedor
ejecutante que es instrumental a la ejecución misma, en
cuanto, desde la propia demanda al acreedor procedente fija el
quantum de lo debido hasta ese momento, y nada más. La
función que cumple el saldo deudor es precisar el monto
exacto a ejecutar, pero el sustento de la ejecución se deriva
del título que contiene la garantía.(…) Así la falta de saldo
deudor se encuentra relacionado con el problema de la
inexigibilidad de la obligación, pero no con la formalidad del
título de ejecución” ( el énfasis es propio). VIGÉSIMO SEGUNDO: En tal sentido, encontrándose la ejecución sustentada
en la garantía real aparejada en autos y en el título valor aparejado a la
demanda, la contradicción interpuesta debe desestimarse, por cuanto no ha
probado la nulidad formal de los referidos títulos de ejecución, en consecuencia
la entidad ejecutante vine ejecutando una deuda cierta, expresa, exigible y
liquida a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 722° del Código
Procesal Civil, corresponde ordenar se proceda al remate del bien dado en
garantía hasta el cumplimiento de la obligación reclamada, más los intereses
pactados que se hayan generados.
Por estas consideraciones, el señor Juez del Noveno Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial de Lima; RESUELVE:
DECLARAR: INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD
PARA OBRAR DEL DEMANDANTE, FUNDADA LA TACHA de la liquidación
de saldo deudor de fojas doce, INFUNDADA LA TACHA contra la llamada
recalendarización de fojas ciento setenta y uno.
INFUNDADA LA CONTRADICCION interpuesta por Corporación Samoa
Sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elva Rosa Chavarri Romero
Viuda de Effio; en consecuencia, PROCEDASE AL REMATE DEL BIEN
DADO EN GARANTIA, con costas y costos; IMPONGASE LA MEDIDA
DISCIPLINARIA DE APERCIBIMIENTO a la asistente de Despacho por la
Demora en poner los autos para resolver . |
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EXPEDIENTE : 00008-2008-0-1101-JR-LA-02
MATERIA : IMPUGNACION DE DESPIDO
JUEZ : LAPA YAURI VIVIANA
ESPECIALISTA : CEPIDA GUERRERO IVAN
APODERADO : YEPEZ LEON, JUAN ISAAC
ROSAS SANTILLANA, JAVIER
DEMANDADO : SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, ESSALUD
DEMANDANTE : MORALES PALOMINO, JULIO ROLANDO
ARCHIVO DEFINITIVO EN EJECUCIÓN
RESOLUCIÓN N° 47.
Huancavelica, 07 de noviembre del año 2022.
AUTOS Y VISTOS: De oficio, de acuerdo al estado de la presente causa; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Conforme indica el artículo 379° del Código Procesal Civil, consentida la
Sentencia en segunda instancia que contiene un mandato y devuelto el expediente al Juez
de la demanda, la Sentencia adquiere la calidad de título de ejecución judicial.
Segundo.- De la revisión de autos de advierte que mediante recurso de Casación de folios
292/298, se declaró nula la Sentencia Vista -la cual reformó la Sentencia de primera
instancia que fallo declarando infundada la demanda; reformándose y declarándose
improcedente la demanda-, ordenando que la Sala de origen expida nueva resolución con
los arreglos de ley y las consideraciones precedentes; en atención a ello, mediante nuevo
pronunciamiento de Sentencia de Vista se revoco la Sentencia de primera instancia,
reformándola se declaró fundada la demanda de Impugnación de Calificación de Cargo de
Confianza, interpuesta por el demandante; asimismo, se declaro dejar sin efecto la
Resolución de Gerencia General N°132-GG-ESSALUD-2006, únicamente en lo referido a
la calificación de cargo de confianza de la Jefatura de la Unidad de Admisión, Registros
Médicos, Referencia, Contrareferencia y lo demás contenido como consecuencia de la
calificación de cargo de confianza, y solo en el caso concreto del demandante, debido a su
situación especial procedente de la Sentencia del proceso de Amparo recaída en el
proceso 2004-00421-0-1101-JR-CI-1. 192.
Tercero.- Si bien, en autos no se observa documentación que acredite el cumplimiento a
lo ordenado en Sentencia, también lo es que, la parte demandante no efectúa actos que
importen impulso procesal a fin de dar cumplimiento a la Sentencia, lo cual demuestra su
desinterés y desidia. En tales circunstancias, y a fin de realizar la descarga procesal de
este juzgado, es justificable su remisión a la oficina de archivo central, conforme lo
establece la R.A. N° 373-2014-CE-PJ; modificado por el Artículo Segundo de la R.A. N°
213-2017-CE-PJ1, sin perjuicio que el interesado puede a futuro continuar con el trámite de
su ejecución, previo desarchivamiento.
Cuarto.- En este orden de ideas y no habiendo actos procesales pendientes de
cumplimiento por parte de este despacho, debe expedirse la resolución correspondiente
conforme a su estado y remitir todo lo actuado al archivo central de esta sede judicial; por
estos fundamentos; SE RESUELVE:
1. Archivar Definitivamente en ejecución de sentencia el presente proceso.
2. Remitir los autos a la Oficina de Archivo Central de esta sede judicial, con la debida
nota de atención. Asume funciones la Magistrada que suscribe, actuando con el
Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior. Notifíquese.
1
“Artículo Segundo.- Dispone que todos los procesos que se encuentran con resolución (sentencia o auto) que ponga
fin al proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de archivo de expedientes del Distrito
Judicial correspondiente, para su custodia; siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún acto de impulso
procesal de parte…” |
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EXPEDIENTE : 00008-2008-0-1101-JR-LA-02
MATERIA : IMPUGNACION DE DESPIDO
ESPECIALISTA : WILDER DE LA CRUZ CASTRO
DEMANDADO : SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
DEMANDANTE : JULIO ROLANDO MORALES PALOMINO
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA.
Huancavelica, cinco de enero
Del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Estando al escrito que corre a fojas 390 de autos, presentado por el
abogado del demandante Julio Rolando Morales Palomino, en los seguidos con el Seguro Social
de Salud - ESSALUD; en la que solicita se Admita Liquidación de Costos del Proceso; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, el abogado del referido demandante, solicita se Admita Liquidación de Costos
del proceso, argumentando que conforma se desprende de la Sentencia que corre a fojas 352 y
siguientes de autos, en la cual se ha dispuesto el pago de Costos del Proceso, por lo que recurre
ante esta instancia, y en aplicación de lo establecido por el Artículo 418° del Código Procesal
Civil, presenta la liquidación de los costos del proceso, el cual deberá ser admitida, a fin de que
la entidad demandada cumpla con efectuar el pago correspondiente, de acuerdo al siguiente
detalle: a) Gastos por tasas judiciales, en la suma de S/ 45.42; b) Gastos por compra de papel y
fotocopiados, que asciende a la suma de S/ 5.20; c) Honorarios profesionales, en la suma de S/
6,50000; d) 5% para el fondo mutual del colegio de abogados; que hacen un total de S/ 6,875.62.
SEGUNDO.- Que, corrido traslado a la parte demandante el Seguro Social de Salud –
ESSALUD, debidamente representando por su Apoderado Judicial, absuelve el traslado,
argumentando; Que, de conformidad con lo señalado por el Artículo 413° del CPC, que señala
taxativamente que “Están exentos de condena de costas y costos los Poderes Ejecutivos,
Legislativos y Judicial (…)”, por lo que de conformidad con la Ley de creación de ESSALUD Ley
N° 27056 que en su Artículo 1° señala que “Crease sobre la base del Instituto Peruano de
Seguridad Social, el Seguro Social de Salud – ESSALUD, como organismo público
descentralizado con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al sector trabajo y
promoción social, con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera presupuestal y
contable”; en tal sentido dicha entidad pertenece al Ministerio de Trabajo, por lo tanto se
encuentran amparados dentro del Artículo 413° del CPC, por lo tanto al estar exentos por
principio de legalidad, debe declararse fundada su oposición y por tanto al observarse la
liquidación corresponde declararse improcedente el pago de la misma; asimismo, refiere que
respecto a los gastos de papel y fotocopias no está debidamente probado y que no son materia
de pagos en los costos, ya que de conformidad con lo señalado por el Articulo N° 411 del CPC,
que determina que los costos están integrados “El honorario del abogado, más un 5% destinado
al colegio de abogados…”; asimismo, respecto a los honorarios profesionales resultan ser
excesivos en atención a la actuación procesal realizada y porque el caso en concreto no resulta
complejo, por lo que debe ser reajustado proporcional y prudencialmente en razón del tiempo y
participación del letrado,
TERCERO.- Que, estando a lo referido se hace las siguientes apreciaciones, la orden del pago
de costos y costas es una consecuencia accesoria al fallo que se decreta en un proceso judicial,
representando una condena al vencido para resarcir los gastos incurridos por el vencedor. Según el Código Procesal Civil, las costas están constituidas por las tasas judiciales, honorarios de los
órganos de auxilio judicial y demás gastos judiciales realizados. Mientras que los costos
comprenden el honorario del Abogado del vencedor, más un 5% destinado al Colegio de
Abogados del Distrito Judicial respectivo. Que, la condena de costas y costos ha sido tomada
del Proceso Civil, regulados en el Artículo 410° del Código Procesal Civil, y que para nuestro
ordenamiento procesal los gastos (entiéndase los costos y costas) son corolario del vencimiento,
se impone no como sanción, sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigo,
gastos que deben ser reembolsados por el vencido con prescindencia de la buena o mala con
que hayan actuado por haberse creído con derecho, este reembolso se sustenta en el hecho
objetivo de la derrota, esa es la regla general, no interesa si la parte ha dado motivo a la
condena de dichos gastos, o si ha sostenido un proceso sin justa razón, lo que interesa es el
hecho objetivo de la derrota o el vencimiento, pero deja al magistrado un margen de libertad
suficiente para flexibilizar su decisión cuando permite que en declaración judicial expresa y
motivada se exonere de estos gastos al vencido.
CUARTO.- Que, mediante resolución treinta y cinco, que corre a fojas 351 y siguientes la Sala
Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, dispuso integrar en vía de
subsanación la Resolución Treinta – Sentencia de Vista, y reformándola Declararon Fundada la
demanda de Impugnación de calificación de cargo de Confianza, interpuesta por Julio Rolando
Morales Palomino en contra del Seguro Social de Salud – ESSALUD, con Condena de Costos
para la entidad demandada, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de
Sentencia.
QUINTO: Que, en el caso de autos es pertinente pronunciarse respecto a que, sí corresponde o
no la condena de costos y costas en el presente proceso laboral, conforme lo solicita el
demandante, al respecto el Artículo 47° de nuestra Constitución Política, señala “… El Estado
está exonerado del pago de gastos judiciales” norma concordante con el Artículo 413° del
Código Procesal Civil, que prevé: “Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente
autónomos, los gobiernos regionales y locales...”.
SEXTO: Que, en ese sentido, en el presente proceso la parte demandada es el Seguro Social
de Salud ESSALUD, y que de acuerdo a la Ley Nº 27056 Ley de Creación del Seguro Social
de Salud ESSALUD, en el Artículo 1°, referido a su creación, señala “1.1 Créase sobre la base
del Instituto Peruano de Seguridad Social, el Seguro Social de Salud (ESSALUD) como
organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito
al Sector Trabajo y Promoción Social, con autonomía técnica, administrativa, económica,
financiera, presupuestal y contable”. Siendo en consecuencia una institución de carácter estatal,
que está exonerado a la condena del pago por concepto de costas del proceso, más no así la
condena al pago de los costos del proceso, ello en atención a que el propio Tribunal
Constitucional en reiteradas sentencias ha impuesto el pago de costos del proceso a las
entidades públicas en atención a lo establecido en el Artículo 56° del Código Procesal
Constitucional, tales como en los Expedientes Nº 07175-2005-PA/TC La Libertad, Caso
Talesmad Sebastián Sánchez Gondón, Nº 6232-2005-PA/TC Junín, Caso Francisco Segama
Soto, Nº 5430-2006-PA/TC Caso Alfredo de la Cruz Curasma.
SEPTIMO: Que, el Artículo 411° del Código Procesal Civil, señala “Son costos del proceso el
honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de
Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de
los Abogados en los casos de Auxilio Judicial”, que en ese sentido los Costos del Proceso
forman parte de los denominado gastos procesales, es decir comprende los desembolsos
efectuados directamente al Abogado para la persecución y defensa del derecho y que estas
corresponde al campo del Derecho Procesal puesto que la obligación de pagarlas nace de la intervención de las partes en el proceso, el título en que se funda es una sentencia judicial y su
monto debe ser fijado en ejecución de sentencia.
OCTAVO: Que, conforme se advierte de la Resolución Treinta y Cinco, de fecha veintisiete de
setiembre de dos mil once, que corre a fojas 351 y siguientes, en la cual se ha integrado en vía
de subsanación con condena de costos para la entidad demandada, y siendo así, y estado a lo
dispuesto en el Artículo 56° del Código Procesal Constitucional, el recurrente conforme a fojas
388 de autos ha cumplido con presentar el Contrato de Locación de Servicios Profesionales, así
como a fojas 389 de autos ha presentado Copia del Recibo por Honorarios Electrónico por la
suma de S/ 6,500.00 soles, es así, que a dicho monto se debe agregar el 5% para el fondo
mutual del colegio de abogados, en la suma de S/ 325.00 soles, la misma que se hará efectivo a
dicha entidad, que hacen un total de S/ 6,825.00 soles, que deberá de pagar la entidad
demandada, y con respecto a lo peticionado gastos por tasas judiciales y gastos por compra de
papel y fotocopiados no se admite por cuanto no corresponden a costos del proceso.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos:
SE RESUELVE:
1) DECLARAR: Procedente en Parte, la Admisión de Liquidación de Costos del Proceso,
peticionado por el abogado del demandante Julio Rolando Morales Palomino, conforme
se tiene del escrito que corre a fojas 390 de autos.
2) APROBAR: el pago de los costos procesales en la suma de Seis Mil Quinientos Soles
(S/. 6,500.00 soles) por concepto de honorarios profesionales; así mismo el 5%
destinado para el fondo mutual del Colegio de Abogados, en la suma de trescientos
veinticinco soles ( S/. 325.00 soles), y con respecto a lo peticionado gastos por tasas
judiciales y gastos por compra de papel y fotocopiados NO SE ADMITE por cuanto no
corresponden a Costos del Proceso; en consecuencia, la entidad demandada Seguro
social de Salud – ESSALUD, debe cumplir con abonar la suma de Seis Mil Quinientos
soles (S/. 6,500.00 soles) por concepto de costos del proceso, a favor del recurrente
Julio Rolando Morales Palomino, y la suma de de Trescientos Veinticinco Soles ( S/.
325.00 soles), a favor del Colegio de Abogados de Huancavelica, dentro del décimo día
de notificado. Hágase saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE HUANCAVELICA
Secretario De Sala: MAYVEE LESLY HURTADO SORIANO
Fecha: 10/11/2017 09:37:52
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUANCAVELICA/HUANCAVELICA
FIRMA DIGITAL
CODIGO: I.10.g
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCAVELICA
EXPEDIENTE : 00008-2008-10-1101-SP-LA-02
DEMANDANTE : MORALES PALOMINO JULIO
DEMANDADO : ESSALUD
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
SECRETARIA : MAYVEE LESLY HURTADO SORIANO
PROCEDENCIA : SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE HUANCAVELICA
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS
Huancavelica, 08 de noviembre del dos mil diecisiete.
AUTO DE VISTA
VISTOS:
Materia del Grado:
Viene en grado de apelación, el Auto -Resolución N° 43- (p. 88-89), de fecha
02 de agosto de 2017, que resolvió:
1. DECLARAR improcedente la nulidad deducida por la demandada Seguro Social de
Salud – Essalud, mediante escrito de folios 430 y siguientes.
Pretensión Impugnatoria:
El referido Auto es apelado por la entidad demandada, con escrito presentado
el 25 de agosto del 2017 (p. 92-95) pretendiendo su revocatoria, con los
siguientes fundamentos esenciales:
1. Que, el principio señores jueces superiores Essalud como institución jurídica pública
adscrita al Ministerio de Trabajo conforme su ley de creación , es una institución
jurídica pública adscrita al Ministerio de Trabajo conforme su ley de creación , es una
institución que administra fondos y reservas de la seguridad social la misma que son
intangibles y que sus recursos se aplican en la forma y bajo responsabilidad que
señala la Ley, conforme lo dispone el artículo 12° de la Constitución Política del Perú,
por ello atendiendo a que existe una sentencia cuya efectividad debe de enmarcarse
dentro de los lineamientos normativos de un estado de derecho , es que venimos a
interponer la presente apelación en razón que el mismo Tribunal Constitucional en el
expediente N° 015-2001-AI/TC, ha señalado “No obstante, cabe recordar que, como
sucede con todos los derechos fundamentales, el de efectividad de las resoluciones
judiciales tampoco es un derecho absoluto, es decir que esté exento de condiciones ,
límites o restricciones en su ejercicio . Al margen de los requisitos y la presencia de
una serie de circunstancias generales que la Ley pueda prever (…)”; asimismo a
señalado “que el pago de las sumas de dinero ordenado por una resolución judicial
firme, sólo podrá ser cumplido con cargo a la partida presupuestal correspondiente. En
los alcances de dicho principio de legalidad presupuestaria se encuentra , por un lado,
el origen del llamado privilegio de la auto tutela ejecutiva de la administración , esto es,
que el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la administración haya de
estar sujeto al cumplimiento de un procedimiento administrativo ante el órgano estatal
deudor; y, por otro, la posibilidad de diferir la ejecución forzada, por un lapso razonable,
sobre los bienes del estado de dominio privado”, entendido ello, el mismo tribunal
también en su considerando 46° señal que “ Si bien una resolución judicial firme
produce la exigibilidad de la obligación de pago de una suma de dinero determinada,
ello no quiere decir que ésta sea inmediatamente ejecutable”; en tal sentido , conforme
se tiene de nuestro escrito de nulidad de la resolución N° 42, se solicito la nulidad en el
extremo del pago otorgado y los apercibimientos decretados; nuestra entidad reconoce la deuda conforme la sentencia y en dicho escrito se ha señalado claramente que
existe una disposición normativa la Ley N° 27584 y modificatorias, ley N° 30137,
aplicable al caso conforme la sentencia del Tribunal Constitucional, con la que nuestra
entidad por el principio de Legalidad presupuestaria, viene gestionando y/o iniciando
los trámites para el futuro pago conforme se tiene del informe N° 09-ALEG-OA-DR-
AHVCA-ESSALUD2017, donde en su parte última se menciona (copiado literalmente)
“se solicita trasladar el presente informe a la Gerencia Central de Finanzas con la
finalidad de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado y en tal sentido cumplir con
el mandato judicial ordenado”; en tal sentido nuestro pedido de nulidad respecto del
plazo y apercibimiento se encuentra fundado en normas respecto del plazo y no como
pretende el Juzgado que dicho pago sea de inmediato y que no tiene en consideración
el principio de legalidad presupuestaria.
2. Que, el tercer considerando el Juzgado señal de (copiado literalmente) “…En el
presente caso la intención del nuliciente es adelantarse a los posibles efectos de un
supuesto de hecho, como es el de sancionársele en caso de incumplimiento del
requerimiento dispuesto, dando a entender que en efecto no lo cumpliría dentro del
plazo concedido, lo cual no resulta correcto, lo cual permite concluir que no se cuso
perjuicio real al recurrente”; en buena cuenta señores jueces Superiores lo que se
manifiesta en el considerando antes mencionado es sumamente preocupante, porque
el juzgado no toma en cuenta el principio de legalidad y con ello el procedimiento
establecido en la Ley N° 27684, que en su artículo 1° sustituye en artículo 42 de la Ley
N° 27584, que señala: “(….)”. Dicha Ley, aparte de establecer un procedimiento para el
pago establece un plazo, conforme se tiene del artículo 42.4, de hasta seis meses y es
justamente ello lo que dicha resolución no reconoce y por el contrario al requerirnos el
pago nos otorga un plazo irrazonable (15 días) sin tener en cuenta el dispositivo legal
que fija un plazo mayor, por ello nuestra nulidad en el extremo del plazo OTORGADO
en la resolución 41 resulta amparable, por cuanto existe una Ley que otorga que otorga
un plazo para cumplir con el pago dispuesto por ende a tenor de lo dispuesto por el
artículo 171 del CPC, es amparable nuestra nulidad por encontrarse justificada en una
Ley, por ende en el principio de legalidad que se otorga mayor plazo al otorgado
mediante la resolución numero 41.
3. Que, por último la resolución impugnada carente de todo fundamento jurídico otorga un
plazo irrazonable de 15 días, sin tomar en cuenta el principio de legalidad, descrito en
la ley 27684, debiendo por tanto el juzgado otorgar un plazo razonable en función de la
ley antes señalada, así como de la Ley N° 30137, razón de que habiendo otorgado solo
un plazo de quince días es que nuestra parte procesal presenta una nulidad a fin de
que el Juzgado con mejor criterio reevaluando y aplicando las normas pertinentes
disponga un plazo más amplio y razonable lo que no fue así, mas por el contrario
declaro improcedente nuestra petición de nulidad, lo que conforme se expone es
arbitraria. Asimismo se ha cumplido con remitir a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de
la sede central de Lima el informe N° 09-ALEG-OA-D-RAHVCA-ESASALUD-2017,
documento oficina que en su última parte señala: “En virtud de lo expuesto
corresponderá trasladar el presente informe a la Gerencia Central de Finanzas, con la
finalidad de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado y cumplir con el mandato
judicial”, lo que en buena cuenta no fue tomada por el Juzgado , peses a informarse de
que se está procediendo a dar inicio al trámite para el pago dispuesto.
CONSIDERANDO:
Tema de Decisión:
En esta instancia especializada, en vía de apelación, se debe determinar si el
Auto impugnado ha sido emitido conforme a derecho.
Análisis de Decisión: Primero: En el presente caso se encuentra en cuestión la decisión
contenida en la resolución N° 43 de fecha 02 de agosto del 2017, expedida
por el Juez del segundo Juzgado Especializado Civil de Huancavelica (p. 88-
89), en el extremo que resolvió declarar improcedente la nulidad deducida
por la demandada Seguro Social de Salud – Essalud, mediante escrito de
folios 430 y siguientes.
Segundo: Que, la nulidad, como institución jurídico procesal se encuentra
regulado en el Título VI, de la Sección Primera, del Código Procesal Civil, en
el que el Principio de Legalidad y Trascendencia de la Nulidad, en el Artículo
171 Primer Párrafo, prevé: “La nulidad se sanciona sólo por causa establecida
en la Ley”.
Tercero: Previamente a evaluarse el aspecto de fondo, a continuación
describiremos las actuaciones procesales relevantes al caso concreto,
efectuadas por las partes:
• Primeramente, con Resolución N° 35, de fecha 27 de setiembre del
2011, en la que se resolvió – parte pertinente- “Dispusieron integrar en via de
subsanación la resolución número treinta de fecha 04 de mayo del año en curso en el
siguiente extremo: DOS) 2REFORMANDOLA Declararon Fundada la demanda de
impugnación de calificación de cargo de confianza, interpuesta por Julio Rolando
Morales Palomino en contra del seguro social de salud – ESSALUD, con escrito de
demanda (p.19-23), con condena de costos para la entidad demandada”, los cuales
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de sentencia”.
• Con Resolución N° 37 de fecha 12 de noviembre del 2013, se pone a
conocimiento la bajada de autos con copia de la ejecutoria suprema
que declara infundada el recurso de casación, resolución que fue
notificada a la entidad demandada el 20 de diciembre del 2013 (p.39)
• Con escrito presentado el 28 de abril del 2015, por la defensa del
demandante Julio Rolando Morales Palomino, solicita liquidación de
costos del proceso, el mismo que fue atendió con Resolución N° 38 de
fecha 22 de setiembre del 2015, en el que se pone a conocimiento de
la entidad demandada por el termino de tres días, resolución que fue
notificada a la entidad demandada el 30 de setiembre del 2015 (p.47).
• Con escrito presentado el 05 de octubre del 2015; la entidad demandada
Essalud, se opone al pedido de liquidación de costos, escrito que es
atendido por resolución N° 39, confiriéndose traslado al demandante,
resolución notificada a la entidad demandad con fecha 02 de diciembre
del 2015.(p. 68)
• Mediante resolución N° 40 de fecha 05 de enero del 2017, se resolvió
declarar procedente en parte la admisión de liquidación de costos del
proceso peticionado por el abogado del demandante Julio Rolando
Morales palomino y se aprueba el pago de los costos procesales en la
suma de seis mil quinientos soles (S/.6500.00) y trescientos veinticinco soles destinado para la mutual del Colegio de Abogados, en
consecuencia se ordena a la entidad demandada Seguro Social de
salud –ESSALUD, debe cumplir con abonar las sumas dispuestas,
dentro del décimo día de notificados; resolución notificada a la entidad
demandada el 18 de enero del 2017 (p.72)
• Con escrito de fecha 10 de mayo del 2017, la defensa del demandante
solicita que la entidad demandada cumpla con el pago
correspondiente, escrito atendido con Resolución N° 41 de fecha 09 de
junio del 2017, en el que se resuelve en el siguiente sentido – parte
pertinente -: “1.- Declarar consentida en todos sus extremos la resolución numero
cuarenta (p. 414-416), que declara procedente en parte la liquidación de costos del
proceso, formulado por el demandante y fija en S/. 6.500.00, por concepto de
honorarios profesionales, más el 55 de dicho monto (S/.325.00) destinado para el
fondo mutual del Colegio de Abogados, que deberá pagar la entidad demandada,
debiendo cumplirse en todos sus extremos. 2.- Requiérase a la demandada: Seguro
Social de salud – Essalud- Huancavelica, a efectos que en el plazo de quince días,
abone la suma de S/. 6.500.00 por concepto de costos procesales a favor del
demandante Julio Rolando Morales palomino, así como el monto de S/. 325.00
(equivalente al 5% del monto antes indicado), a favor del Colegio de Abogados de
Huancavelica, como parte de su fondo mutual bajo apercibimiento de ley, en caso de
incumplimiento. Resolución que fue notificada a la entidad demandad el
27 de junio del 2017 (p.76).
Cuarto: El cuestionamiento efectuado a través del recurso de apelación
materia de la presente resolución, se circunscribe al hecho que el plazo
otorgado en la resolución materia de nulidad, para la cancelación de la
liquidación de costos es mínimo, circunstancia que no permitirá que la entidad
demandada cumpla lo dispuesto, pues para efectuar pagos por disposiciones
judiciales se requiere un procedimiento especial, el cual demanda un plazo
más razonable y/o mayor.
Quinto: Si bien, es cierto que la Resolución 43 materia de
cuestionamiento, dispuso el plazo de 15 días para la cancelación de la
liquidación de costos; también lo es que la Resolución N° 40 de fecha 05 de
enero del 2017. (69-71); resolvió: declarar procedente en parte la admisión de
liquidación de costos del proceso peticionado por el abogado del demandante Julio Rolando
Morales Palomino y se aprueba el pago de los costos procesales en la suma de seis mil
quinientos soles (S/.6500.00) y trescientos veinticinco soles destinado para la mutual del
Colegio de Abogados, en consecuencia se ordena a la entidad demandada Seguro Social de
salud –ESSALUD, debe cumplir con abonar las sumas dispuestas, dentro del décimo día de
notificados”; es decir admitió la liquidación y se aprobó los montos; - resolución
que fuera notificada a la entidad demandada el 18 de enero del 2017-, (p.72); por
tanto desde dicha fecha la citada entidad ya tenía conocimiento del pago a
efectuar, la misma que dejo consentir, pues no fue impugnada y al no haberla
cuestionado tenían la obligación de dar cumplimiento con el inicio de las
gestiones para el pago correspondiente. Sexto: Del informe N° 009-ALEG-OA-D-RAHVCA-ESSALUD-2017, -el
cual no tiene fecha de emisión- (p.79-81); se verifica que la entidad demandada
informa a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica - Essalud, que se está
dando inicio al trámite correspondiente para el pago; hecho que además alega
en su escrito de nulidad (p.82-85); empero no acredita en actuados el inicio de
dicho trámite.
Séptimo: Si bien el artículo 42.4 de la Ley Contenciosa Administrativa,
establece 06 meses a fin de dar inicio al procedimiento para el pago de
montos de dinero establecidos por sentencia, previsión normativa que aduce
la entidad demandada con parte de su argumento a fin de declarar la nulidad
de la resolución N° 43; plazo que a la fecha ha sido ampliamente superado,
pues la entidad demandada no ha cumplido con acreditar que haya realizado
el pago, el cual tenia conocimiento desde la emisión de la resolución 40,
máxime que dicho mandato fue fijado mucho antes, esto es con la emisión de
la resolución N° 35 de fecha 27 de setiembre del 2011 (p.20), en el que se
dispone la condena de costos para la entidad demandada; por ende no se
habría incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 171 del Código
Procesal Civil.
Por tales argumentaciones se debe confirmar la resolución impugnada.
DECISIÓN:
UNO.- CONFIRMARON el Auto -Resolución N° 43- (p. 88-89), de fecha 02
de agosto de 2017, que resolvió:
1. DECLARAR improcedente la nulidad deducida por la demandada Seguro Social de
Salud – Essalud, mediante escrito de folios 430 y siguientes.
DOS.- DISPUSIERON SE DEVUELVA el presente expediente al Juzgado de
origen.
Juez Superior Ponente, Espinoza Avendaño.
ÑAHUINLLA ALATA
ESPINOZA AVENDAÑO
LEIVA CASTAÑEDA |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00070-2008-0-1814-JP-CO-04
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CHOQUE CASTILLO LUIS FERNANDO
ESPECIALISTA : HURTADO ALVARADO MILAGROS MERCEDES
TERCERO : DIAZ MEJIA, MARIA EUFEMIA
DEMANDADO : LAOS CABRERA, VICTORIA ROXANA
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ,
Resolución Número treintiséis
La Victoria, dos de agosto del año dos mil veintidós
AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS,,,, eeeellll ccccaaaarrrrggggoooo ddddeeee iiiinnnnggggrrrreeeessssoooo ddddeeee eeeessssccccrrrriiiittttoooo 1111555566667777----2222000022222222 ffffeeeecccchhhhaaaa
22226666////00006666////2222000022222222 pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaannnntttteeee HHHHoooossssppppiiiittttaaaallll NNNNaaaacccciiiioooonnnnaaaallll EEEEddddggggaaaarrrrddddoooo RRRReeeebbbbaaaagggglllliiiiaaaatttt MMMMaaaarrrrttttiiiinnnnssss ddddeeee nnnnuuuueeeevvvveeee ppppáááággggiiiinnnnaaaassss::::
aaaallll pppprrrriiiinnnncccciiiippppaaaallll:::: Téngase por apersonado al proceso al representante procesal de la parte
demandante Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins el Seguro Social de Salud
ESSALUD identificada con RUC N° 20131257750, por la persona del apoderado judicial
Giovanni Paul Castillo Wong identificado con documento nacional de identidad número
25562678 acreditándolo con la copia literal del certificado de vigencia de poder de la
partida electrónica N° 11008571 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral
de Lima con las facultades descritas en el asiento A02481, A los pedidos de aprobar la
liquidación de intereses, requiriendo a la parte demandada; y AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO::::
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO.... Por escrito 1545-2020 de fechas 11/11/2020, subsanado por escrito 1887-2020
de fecha 31/12/2020 la Perito Contable María Eufemia Diaz Mejía presenta su nuevo
informe Pericial Contable desde el 29 de abril del 2003 hasta el 09 de noviembre del 2020,
concluyendo que los intereses legales generados de la suma adeudada por S/3,610.71, es
el monto de S/1,626.44, totalizando el monto de S/5,237.15, para mayor ilustración se
reproduce el cuadro de intereses legales de la liquidación N° 002-032841 que a
continuación se detalla:
Período del AL Días Factores BCR Según el Peruano Interes S/ Deuda S/
FFFFaaaaccccttttoooorrrr iiiinnnniiiicccciiiioooo Factor final Factor
aplicable
Monto de la deuda según liquidación del 29 de abril del 2003 3333,,,,666611110000....77771111
29.04.03 - 31.12.03 247 4444....99998888111188883333 5.08218 0.02014 72.72 3,683.43
01.01.04 - 31.12.04 366 5555....00008888222211118888 5.20711 0.02458 88.75 3,772.18
01.01.05 - 31.12.05 365 5555....22220000777711111111 5.34381 0.02625 94.78 3,866.96
01.01.06 - 31.12.06 365 5555....33334444333388881111 5.51765 0.03253 117.46 3,984.42
01.01.07 – 31.12.07 365 5555....55551111777766665555 5.69834 0.03275 118.25 4,102.67
01.01.08 – 31.12.08 366 5555....66669999888833334444 5.90157 0.03566 128.76 4,231.43
01.01.09 - 31.12.09 365 5555....99990000111155557777 6.07012 0.02856 103.12 4,334.55
01.01.10 - 31.12.10 365 6666....00007777000011112222 6.16515 0.01566 56.54 4,391.09
01.01.11 - 31.12.11 365 6666....11116666555511115555 6.31077 0.02362 85.28 4,476.37
01.01.12 - 31.12.12 366 6666....33331111000077777777 6.46842 0.02498 90.20 4566.57 01.01.13 - 31.12.13 365 6666....44446666888844442222 6.62087 0.02357 85.10 4,651.67
01.01.14 - 31.12.14 365 6666....66662222000088887777 6.77611 0.02345 84.67 4,736.34
01.01.15 – 31.12.15 365 6666....77777777666611111111 6.93345 0.02322 83.84 4,820.18
01.01.16 – 31.12.16 366 6666....99993333333344445555 7.12018 0.02693 97.24 4,917.42
01.01.17 – 31.12.17 365 7777....11112222000011118888 7.31171 0.02690 97.13 5.014.55
01.01.18 – 31.12.18 365 7777....33331111111177771111 7.48230 0.02333 84.24 5,098.79
01.01.19 – 17.08.19 365 7777....44448888222233330000 7.66375 0.02425 87.56 5,186.35
01.01.20 – 09.11.20 314 7777....66666666333377775555 7.77160 0.01407 50.80 5,237.15
1,626.44 5.237.15
Indicando los factores acumulados de las siguientes fechas:
29 de abril del año 2003: FA= 4.98183
31 de diciembre del año 2003: FA= 5.08218
31 de diciembre del año 2004: FA= 5.20711
31 de diciembre del año 2005: FA= 5.34381
31 de diciembre del año 2006: FA= 5.51765
31 de diciembre del año 2007: FA= 5.69834
31 de diciembre del año 2008: FA= 5.90157
31 de diciembre del año 2009: FA= 6.07012
31 de diciembre del año 2010: FA= 6.16515
31 de diciembre del año 2011: FA= 6.31077
31 de diciembre del año 2012: FA= 6.46842
31 de diciembre del año 2013: FA= 6.62087
31 de diciembre del año 2014: FA= 6.77611
31 de diciembre del año 2015: FA= 6.93345
31 de diciembre del año 2016: FA= 7.12018
31 de diciembre del año 2017: FA= 7.31171
31 de diciembre del año 2018: FA= 7.48230
31 de diciembre del año 2019: FA= 7.66375
09 de noviembre del año 2020: FA= 7.77160
SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO.... Por resolución número veintinueve de fecha diecinueve de enero del año dos
mil veintiuno, se pone a conocimiento de las partes procesales el informe pericial
contable de intereses legales que debe pagar la parte demandada, durante el plazo de
tres días hábiles para que la observen con otro informe pericial contable debidamente
fundamentado, notificándose a las partes procesales a la dirección electrónica N° 21351,
a las direcciones reales Jirón Antonio Bazo N° 929, La Victoria, Avenida Alfredo
Benavides N° 449, interior 49, Miraflores con fechas primero, y once de marzo del año dos mil veintiuno, por cédula electrónica 356-2021, cédulas físicas 358-2021-JP-CO,
359-2021-JP-CO.-
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO.... Por escrito 244-2021 fecha 04/03/2021 la parte demandante formula
observación contra el informe pericial de la Perito Contadora Pública María Eufemia
Diaz Mejía con otro informe de cálculo de intereses evacuado por el Jefe de la Unidad de
Tesorería y Cobranzas de Essalud Pedro Ernesto Zambrano Borja, adjuntando el cuadro
1 como documentación sustentatoria que para mejor ilustración se reproduce a
continuación:
DDDDiiiiffffeeeerrrreeeennnncccciiiiaaaa eeeennnnttttrrrreeee lllloooossss ffffaaaaccccttttoooorrrreeeessss ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaaddddoooossss ppppoooorrrr iiiinnnnffffoooorrrrmmmmeeee ppppeeeerrrriiiicccciiiiaaaallll ddddeeeellll 00009999....111111112222000022220000 ddddeeee CCCCPPPPCCCC MMMMaaaarrrrííííaaaa EEEEuuuuffffeeeemmmmiiiiaaaa DDDDííííaaaazzzz MMMMeeeejjjjííííaaaa
DDDDeeeeuuuuddddaaaa sssseeeeggggúúúúnnnn lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaacccciiiióóóónnnn NNNN°°°° 000000002222----000033332222888844441111 SSSS////3333,,,,666611110000....77771111
Período FFFFaaaaccccttttoooorrrreeeessss sssseeeeggggúúúúnnnn IIIInnnnffffoooorrrrmmmmeeee PPPPeeeerrrriiiicccciiiiaaaallll Factores según cálculo intereses ESSALUD Diferencia
(a)- (b)
FFFFaaaaccccttttoooorrrr Factor Factor Interes FFFFaaaaccccttttoooorrrr Factor Factor Interes
iiiinnnniiiicccciiiioooo final aplicable iiiinnnniiiicccciiiioooo final aplicable
( a) (b)
29.04.03 - 31.12.2003 4444....99998888111188883333 5.08218 0.02014 72.72 4444....99998888111188883333 5.08218 0.02014 72.72 -
01.01.04 - 31.12.2004 5.08218 5.20711 0.02458 88.75 5.08253 5.20711 0.02451 88.50 0.25
01.01.05- 31.12.2005 5.20711 5.34381 0.02625 94.78 5.20747 5.34381 0.02618 94.53 0.25
01.01.06- 31.12.2006 5.34381 5.51765 0.03253 117.46 5.34420 5.51765 0.03246 117.20 0.26
01.01.07– 31.12.2007 5.51765 5.69834 0.03275 118.25 5.51813 5.69834 0.03266 117.93 0.32
01.01.08– 31.12.2008 5.69834 5.90157 0.03566 128.76 5.69884 5.90157 0.03557 128.43 0.33
01.01.09- 31.12.2009 5.90157 6.07012 0.02856 103.12 5.90216 6.07012 0.02846 102.76 0.36
01.01.10 - 31.12.2010 6666....00007777000011112222 6.16515 0.01566 56.54 6666....00007777000011112222 6.16515 0.01561 56.36 0.18
01.01.11 - 31.12.2011 6666....11116666555511115555 6.31077 0.02362 85.28 6666....11116666555511115555 6.31077 0.02357 85.10 0.18
01.01.12 - 31.12.2012 6.31077 6.46842 0.02498 90.20 6.10377 6.46842 0.02491 89.94 0.26
01.01.13 - 31.12.2013 6.46842 6.62087 0.02357 85.10 6.46884 6.62087 0.02350 84.85 0.25
01.01.14 - 31.12.2014 6.62087 6.77611 0.02345 84.67 6.62128 6.77611 0.02338 84.42 0.25
01.01.15 – 31.12.2015 6.77611 6.93345 0.02322 83.84 6.77653 6.93345 0.02316 83.62 0.22
01.01.16 – 31.12.2016 6.93345 7.12018 0.02693 97.24 6.93391 7.12018 0.02686 96.98 0.26
01.01.17 – 31.12.2017 7.12018 7.31171 0.02690 97.13 7.12071 7.31171 0.02682 96.84 0.29
01.01.18 – 31.12.2018 7.31171 7.48230 0.02333 84.24 7.31221 7.48230 0.02326 83.99 0.25
01.01.19 – 17.08.2019 7.48230 7.66375 0.02425 87.56 7.48281 7.66375 0.02418 87.31 0.25
01.01.20– 09.11.2020 7.66375 7.77160 0.01407 50.80 7.66422 7.77160 0.01401 50.59 0.21
SSSS////1111,,,,666622226666....44444444 S/1,622.07 SSSS////4444....33337777
Asimismo, indica que los intereses legales deben efectuarse hasta el día en que se
cancele la deuda según las normas legales vigentes, y si la parte demandada no cancela
el íntegro de la obligación por el transcurso del tiempo se estaría generando nuevos
intereses, que serán actualizados hasta el momento que cancele la deuda reclamada.
CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO.... Por resolución número treinta de fecha quince de abril del año dos mil
veintiuno se corre el traslado de la observación planteada por la parte demandante a la
Contadora Pública María Eufemia Díaz Mejía, durante el plazo de tres días hábiles para
que la absuelva, notificándosele a la dirección electrónica N° 68914 el día trece de
diciembre del año dos mil veintiuno, por notificación N° 4907-2021 según consta en el
cargo de entrega de cédulas de notificación 23326-2021, sin embargo no absolvió la
observación contra su informe Pericial Contable. QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO.... Evaluado el informe pericial contable de los intereses legales se desprende que
la Perito Contable sostiene que aplicó la metodología establecida por el Banco Central
de Reserva del Perú, usando los factores acumulados de interés legal en moneda
nacional que publicada cada día en su portal web la Superintendencia de Banca y
Seguros y AFPS y que al día siguiente los publica el diario el Peruano, utilizando como
factor acumulado de inicio la obligación de pago, el factor acumulado del día anterior,
obteniendo como intereses legales el monto de S/1,626.44 desde el 29 de abril del 2003
hasta el 09 de noviembre del 2020, adjuntando un cuadro de la liquidación de intereses
legales en soles indicado en el primer considerando.
SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO.... La parte demandante observa otra vez el Informe Pericial Contable, esta vez
compara en el cuadro 1 los factores utilizados por la Perito judicial Contable María
Eufemia Díaz Mejía con los factores utilizados por el Jefe de la Unidad de Tesorería y
Cobranzas de Essalud Pedro Zambrano Borja, donde eeeellll ffffaaaaccccttttoooorrrr iiiinnnniiiicccciiiioooo (los factores inicios)
aplicado por Essalud son mayores al factor inicio (los factores inicios) aplicado por la
Perito Judicial, siendo el mismo factor 4.98183, solo en el período 29.04.2003-31.12.2003,
en cuanto al ffffaaaaccccttttoooorrrr ffffiiiinnnnaaaallll (factores finales) aplicado por Essalud es el mismo ffffaaaaccccttttoooorrrr ffffiiiinnnnaaaallll
(factores finales) aplicado por el Perito Judicial, resultado ffffaaaaccccttttoooorrrreeeessss aaaapppplllliiiiccccaaaabbbblllleeeessss con
iiiinnnntttteeeerrrreeeesssseeeessss diferentes, siendo iguales solo del período 29.04.2003 - 31.12.2003 (factor
aplicable 0.02014 interes 72.72), por ello la Perito Judicial obtuvo intereses legales por el
monto de S/1,626.44, mientras la parte demandante obtuvo intereses legales por el
monto de S/1,622.07, pero como la Perito Contable no absolvió la observación contra su
informe pericial contable se preferirá el cálculo de los intereses legales de la parte
demandante ascendente al monto de S/1,622.07, precisando que los intereses legales
serán calculados hasta que la parte demandada cancele la deuda.
Por los fundamentos descritos de conformidad con el artículo 266° del Código Procesal
Civil SSSSEEEE RRRREEEESSSSUUUUEEEELLLLVVVVEEEE::::
DDDDeeeeccccllllaaaarrrraaaarrrr ffffuuuunnnnddddaaaaddddaaaa llllaaaa oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiióóóónnnn formulada por la parte demandante Red Prestacional
Rebagliati del Seguro Social de Salud -ESSALUD, contra el Informe Pericial Contable
evacuado de María Eufemia Díaz Mejía de Lima, 09 de noviembre del año 2020, que
concluye que los intereses legales generados desde el 29 de abril del año 2003 hasta el
09 de noviembre del año 2020 es el monto de S/1,626.44, desaprobar el Informe Pericial
Contable evacuado de María Eufemia Díaz Mejía de Lima, 09 de noviembre del año 2020,
que concluye que los intereses legales generados desde el 29 de abril del año 2003 hasta
el 09 de noviembre del año 2020 es el monto de S/1,626.44; y AAAAPPPPRRRROOOOBBBBAAAARRRR eeeellll ccccáááállllccccuuuulllloooo ddddeeee lllloooossss
iiiinnnntttteeeerrrreeeesssseeeessss lllleeeeggggaaaalllleeeessss ggggeeeennnneeeerrrraaaaddddoooossss ddddeeeessssddddeeee eeeellll 22229999 ddddeeee aaaabbbbrrrriiiillll ddddeeeellll aaaaññññoooo 2222000000003333 hhhhaaaassssttttaaaa eeeellll 00009999 ddddeeee nnnnoooovvvviiiieeeemmmmbbbbrrrreeee ddddeeeellll aaaaññññoooo 2222000022220000 ppppoooorrrr eeeellll mmmmoooonnnnttttoooo ddddeeee SSSS////1111,,,,666622222222....00007777,,,, pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooo ppppoooorrrr llllaaaa ppppaaaarrrrtttteeee ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee ccccuuuuaaaaddddrrrroooo 1111
NNNNoooottttaaaa NNNN°°°° 333322223333----UUUUTTTTyyyyCCCC----OOOOFFFFTTTTyyyyCCCC----OOOOFFFFAAAA----GGGGRRRRPPPPRRRR----EEEESSSSSSSSAAAALLLLUUUUDDDD----2222000022221111 LLLLiiiimmmmaaaa 00004444 ddddeeee mmmmaaaarrrrzzzzoooo ddddeeeellll 2222000022221111,,,,
requiérase a la parte demandada VICTORIA ROXANA LAOS CABRERA que pague la suma
de S/3,610.71, más los intereses legales generados por la suma de S/1,622.07 a favor de la
parte demandante Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de
Salud, Essalud, dentro del plazo de cinco días hábiles de notificada. AAAAllll pppprrrriiiimmmmeeeerrrr oooottttrrrroooossssíííí::::
Téngase presente. AAAAllll sssseeeegggguuuunnnnddddoooo oooottttrrrroooossssíííí:::: Téngase presente la casilla electrónica N° 21351 del
SINOE donde se le notificará las resoluciones. |
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EXPEDIENTE : 00102-2008-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.
DEMANDANTE : PRIMA AFP
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, nueve de abril
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la
presente causa el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Sentencia) de fecha
18 de septiembre del año 2008, se resolvió declarar FUNDADA la demanda formulada por
PRIMA AFP, sobre PAGO DE APORTES PROVISIONALES en vía Ejecutiva, contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar
adelante la Ejecución hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma DIECINUEVE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 94/100 SOLES, más los intereses
moratorios pactados, costos y costas del proceso (folios 28-29)
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales, con cédula de
notificación a (folios 30-31); sin embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno
contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa
Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es importante
recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar
las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal”.
En tal sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que
es necesario continuar con el iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro 000428-2020-P-
CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero: “Disponer que a
partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema de Notificaciones
Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las especialidades y materias en
los órganos jurisdiccionales ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior
de Justicia de Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se realicen en
tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en
general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el plazo
de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos con las
resoluciones que emanen del presente proceso, bajo apercibimiento de imponer multa de
(01 URP), en caso de incumplimiento.
QUINTO: se advierte el escrito digitalizado 67-2022; donde designa abogado, domicilio
procesal, copias simples y autoriza, con fecha de ingreso 21 de febrero de 2022;
presentado por el demandado. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA) de fecha
18 de septiembre del año 2008.
2.- TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR
1 ANTONIO VEGA RODRÍGUEZ otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil, quedando subrogados los anteriores abogados.
3.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240 DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366, donde se le
notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
4.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y número celular que indica para fines
procesales.
5.- CUMPLA, la parte ejecutada con adjuntar arancel de expedición de copias simples por
la suma de S/ 08.40 (ocho con 40/100 soles) adicionales al pago efectuado en el escrito
67-2022, a fin de cumplir con lo solicitado.
6.- A SU PRIMER OTRO SI DIGO: PRECÍSESE que sólo las partes, sus apoderados, o
abogados tienen acceso al expediente, de conformidad con el artículo 171° del TUO de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
7.- CUMPLA, el demandante, en el plazo de TRES DIAS con señalar su casilla
electrónica, precisándose la implementación del sistema de notificación vía electrónica
en esta sede judicial de Paita Alta desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución
Administrativa Nro 000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
8.- Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que suscribe e
interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE.--------
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EXPEDIENTE : 00102-2008-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.
DEMANDANTE : PRIMA AFP
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, nueve de abril
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la
presente causa el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Sentencia) de fecha
18 de septiembre del año 2008, se resolvió declarar FUNDADA la demanda formulada por
PRIMA AFP, sobre PAGO DE APORTES PROVISIONALES en vía Ejecutiva, contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar
adelante la Ejecución hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma DIECINUEVE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 94/100 SOLES, más los intereses
moratorios pactados, costos y costas del proceso (folios 28-29)
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales, con cédula de
notificación a (folios 30-31); sin embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno
contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa
Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es importante
recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar
las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal”.
En tal sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que
es necesario continuar con el iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro 000428-2020-P-
CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero: “Disponer que a
partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema de Notificaciones
Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las especialidades y materias en
los órganos jurisdiccionales ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior
de Justicia de Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se realicen en
tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en
general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el plazo
de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos con las
resoluciones que emanen del presente proceso, bajo apercibimiento de imponer multa de
(01 URP), en caso de incumplimiento.
QUINTO: se advierte el escrito digitalizado 67-2022; donde designa abogado, domicilio
procesal, copias simples y autoriza, con fecha de ingreso 21 de febrero de 2022;
presentado por el demandado. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA) de fecha
18 de septiembre del año 2008.
2.- TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR
1 ANTONIO VEGA RODRÍGUEZ otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil, quedando subrogados los anteriores abogados.
3.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240 DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366, donde se le
notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
4.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y número celular que indica para fines
procesales.
5.- CUMPLA, la parte ejecutada con adjuntar arancel de expedición de copias simples por
la suma de S/ 08.40 (ocho con 40/100 soles) adicionales al pago efectuado en el escrito
67-2022, a fin de cumplir con lo solicitado.
6.- A SU PRIMER OTRO SI DIGO: PRECÍSESE que sólo las partes, sus apoderados, o
abogados tienen acceso al expediente, de conformidad con el artículo 171° del TUO de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
7.- CUMPLA, el demandante, en el plazo de TRES DIAS con señalar su casilla
electrónica, precisándose la implementación del sistema de notificación vía electrónica
en esta sede judicial de Paita Alta desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución
Administrativa Nro 000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
8.- Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que suscribe e
interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE.--------
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00126-2008-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 03 de
diciembre de 2008, a folio 30 al 31, se declaro fundada la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por PRIMA
AFP, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS DIEZ CON 61/100 SOLES, más los intereses moratorios, con
costos y costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 04 y 05 de
mayo de 2008; (folios 32-33), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 03 de diciembre del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00126-2008-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 03 de
diciembre de 2008, a folio 30 al 31, se declaro fundada la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por PRIMA
AFP, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS DIEZ CON 61/100 SOLES, más los intereses moratorios, con
costos y costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 04 y 05 de
mayo de 2008; (folios 32-33), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 03 de diciembre del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00126-2008-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 03 de
diciembre de 2008, a folio 30 al 31, se declaro fundada la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por PRIMA
AFP, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS DIEZ CON 61/100 SOLES, más los intereses moratorios, con
costos y costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 04 y 05 de
mayo de 2008; (folios 32-33), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 03 de diciembre del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00133-2008-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : EXPORTADORA CETUS SAC ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 02 de
diciembre de 2008, a folios 18-19, declaró FUNDADA la demanda
sobre PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PRIMA AFP
contra EXPORTADORA CETUS SAC, en consecuencia, LLÉVESE
adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar
la suma de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 72/100 SOLES, más
los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 02 de
diciembre de 2008 (folios 20-21), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 02 de diciembre del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
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Primera Sala Mixta – Sala de Apelaciones en lo Penal
La Merced - Chanchamayo
1° SALA MIXTA - SEDE SALAS DE LA MERCED
EXPEDIENTE : 00168-2008-0-1505-JR-CI-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : VARGAS DE LA CRUZ ABNER
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON ,
DEMANDANTE: EDEGEL SAA ,
ENEL GENERACION PERU SAA
JUEZ PONENTE: GUADALUPE ULLOA, RUBEN
______________________________________________________________________
SUMILLA: “La nulidad de una resolución
administrativa corresponde ser declara, cuando el
demandante prueba que existe una causal prevista por
el artículo 10° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General”.
SENTENCIA DE VISTA Nº - 2020
RESOLUCIÓN N° 36
Chanchamayo, veintisiete de octubre
Del dos mil veinte.-
I. VISTOS:
1.1 Materia de grado:
Viene en grado de apelación contra la Sentencia N° -2019-LA/PJ, contenida en la
resolución número treinta y uno, de fecha cinco de julio del dos mil diecinueve; por el
cual, el Juez del Juzgado Especializado en lo Civil; RESUELVE:1) DECLARAR FUNDADA LA
DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA interpuesta por EDEGEL SAA, contra la
Municipalidad Distrital de San Ramón sobre la nulidad de la Resolución de Alcaldía N°
019-2008-MDSR de fecha 17.01.2008, que se declara que la base imponible determinada
para la obtención de la licencia de construcción N° 368 para la construcción de la Central
Yanango ascendente a S/ 10 008.421 es correcta y accesoriamente que se declare que
EDEGEL no ha incurrido en ninguna infracción respecto a la obtención de la Licencia de
construcción N° 368; dirigiéndola contra la Municipalidad Distrital de San Ramón. 2)
RECOMENDAR a EDEGEL SAA. En lo sucesivo que su conducta se ciña estrictamente con
arreglo a Ley y que asuma sus responsabilidades tributarias dentro del marco de un
Estado de Derecho. SIN COSTOS NI COSTAS, Consentida o Ejecutoriada que fuere la
1 presente resolución ARCHIVESE el expediente en el modo y forma de ley. AVOCANDOSE
al conocimiento de la causa el señor juez que suscribe la presente por mandato superior.
1.2. Pretensión impugnatoria y fundamentos de la apelación:
La parte demandante mediante escrito de folios cuatrocientos sesenta y cuatro a
cuatrocientos sesenta y siete, ha impugnado la sentencia antes indicada, bajo los
siguientes agravios:
a. Se ha vulnerado el principio de motivación de las resoluciones judiciales, en su
forma de falta de motivación por no pronunciarse sobre los fundamentos por los
que se solicita la nulidad de Resolución de Alcaldía N°019-2008-MDSR y motivación
aparente por cuanto no hay conexión de los fundamentos del caso.
b. Indebida valoración de los medios probatorios, porque se centra en un único medio
probatorio (Informe N°396-98-DT_DIJ/MDRS), sin advertir los demás medios
probatorios.
c. No se analiza los fundamentos de la prescripción alegados en la demanda, lo que
indicaría que no se ha revisado el expediente con la diligencia debida.
II. TEMA MATERIA DE DECISIÓN:
El tema materia de decisión, consiste en determinar si se ordena el cumplimiento de lo
dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 105-2001, a fin de que se efectué el cálculo y pago
de reintegro de las bonificaciones que indica la demandante.
III. PRECISIONES PREVIAS:
PRIMERO: Del principio Tantum appellatum quantum devolutum:
Este aforismo latino señala que el órgano jurisdiccional superior únicamente podrá
examinar, los agravios señalados en el escrito de apelación, los cuales forman parte de la
resolución apelada.
SEGUNDO: Acción contenciosa Administrativa:
La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de la Constitución Política
del Estado tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de
la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los
derechos e intereses de los administrados, conforme lo establece el artículo 1 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.
TERCERO: De acuerdo a los numerales 3 y 5 del artículo 139 de nuestra Constitución Política:
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la
tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada
por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,
cualquiera sea su denominación.” y “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en
todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. Se entiende por tutela
procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo
enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al
contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción
predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la
obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios
regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y
2 temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de
legalidad procesal penal . En ese orden de ideas, la vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva puede tener lugar, entre otras situaciones, cuando se produce el rechazo
liminar de una demanda invocándose una causal de improcedencia impertinente. El derecho
al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están
garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del
procedimiento administrativo. En consecuencia, el debido proceso parte de la concepción
del derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva, y se concreta a través de las
garantías que, dentro de un itinerario procesal diseñado en la ley, están previstas en la
Constitución Política del Perú.
IV. CONSIDERANDO:
CUARTO: Respecto al primer agravio; sobre la motivación de la resolución, la parte apelante
considera que la recurrida ha vulnerado el principio de motivación de las resoluciones.
Advirtiéndose que la parte recurrente, considera que el razonamiento del Juez de la causa
respecto a los hechos y la aplicación del derecho al caso concreto habría incurrido en una
motivación insuficiente y motivación aparente. Respecto a ello este colegiado señala:
Conforme a lo establecido por el artículo 139° numeral 5 de la Constitución Política del Perú, la
cual señala: “las motivaciones de las resoluciones constituyen un deber derecho de la función
de impartición de justicia, por tanto, sólo será válida una resolución en la medida, en que ésta
cumpla en contener una debida motivación. Y en el caso de autos, la parte apelante considera
que los fundamentos de la recurrida son nulos y como tal han configurado una motivación
insuficiente e incongruente”. Asimismo, el Tribunal Constitucional sostiene que: “uno de los
contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, lo que es acorde con
el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución. La necesidad de que las resoluciones judiciales
sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo
tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza
que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes
(artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de
manera efectiva su derecho de defensa”
Asimismo, sobre la motivación aparente “Inexistencia de motivación o motivación aparente:
Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando
la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al
mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.”1
Ahora bien, el recurrente indica que el A quo no ha señalado los fundamentos de la solicitud
de nulidad de la Resolución de Alcaldía en cuestión, sin embargo, se observa de la recurrida
que en su parte considerativa en su fundamento CUARTO el Señor Juez de la causa
desarrolla todos los puntos controvertidos determinados, y en su numeral 4.18 da la
conclusión de su decisión de la controversia, lo que evidencia la conclusión del análisis que
efectuó el A quo al señalar las disposiciones legales y fundamentos referidos a la pretensión
del demandante, así mismo se ha efectuado el análisis de los hechos consistente para el
presente caso. Entonces si el señor Juez de la causa considera que la Municipalidad
1EXP. N. 0 00728-2008-PHC/TC
3 demandada, mediante sus correspondientes funcionarios actuó dentro de las facultades
que la ley le concede, resulta obvio que no se ha incurrido en ninguna de las causales de
nulidad invocadas por el demandante, previstas por el artículo 10° de la Ley 27444, lo cual
se evidencia del considerando CUARTO de la apelada; observando así que no se ha incurrido
en vulneración del principio alegado por la recurrente y por lo esgrimido líneas supra por
este colegiado, queda desestimado en este extremo el agravio señalado, por lo que se debe
confirmarse la misma.
QUINTO: Respecto al segundo agravio, la indebida valoración de los medios probatorios;
el apelante alega que el juzgador incurre en la causal antes mencionada por centrarse en un
único medio probatorio, como lo es el Informe N° 396-98-DT-DU/MDSR, sin advertir los demás
medios de prueba que presento adjuntos a la demanda(...). Sin embargo, se advierte que el
Juez de la causa ha cumplido con señalar los hechos, los medios probatorios que considera
útiles al caso, esto en concordancia a lo que señala el artículo 197° del Código Procesal Civil
que prescribe: “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta,
utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”, lo que significa que no
existe la obligación de mencionar o pronunciarse respecto a todos y cada uno de los medios
probatorios y, estando al hecho de que el principal argumento de defensa del apelante es
que el juez debe tomar en consideración los demás medios probatorios ofrecidos, se
comprueba que el señor Juez de la causa si ha efectuado una valoración de los medios
probatorios, como se observa en los numerales 4.5) y 4.7) , 4.11), 4.13) de la recurrida,
donde hace mención a los otros medios probatorios que obran en autos.
En el caso de autos el Juez de la causa ha efectuado un análisis respecto al Informe N° 396-
98-DT-DU/MDSR que la parte demandante ofreció y que obra en el folios quince de los
autos, llegando a la conclusión que se trata de un informe el cual en análisis y revisión por
este Colegiado, se observa que en su considerando 5) señala lo siguiente: “Estas obras por
su naturaleza generalmente en el proceso de ejecución tienden a algunas modificaciones en
tal sentido el área de Rentas ha estimado una base imponible presunta reconsiderada
ascendente a S/. 10,008,421.00 cuyos derechos han sido calculados en base a las tasas
aprobadas por ordenanza N° 007-97” y considerando 6), que señala: “Estando a lo expuesto
precedentemente la Empresa EDEGEL S.A.A. deberá regularizar en su oportunidad la
documentación técnica correspondiente”, con lo que se explica y justifica suficientemente, la
razón esencial para haberse desestimado la demanda y, este fundamento contenido en la
impugnada, no ha sido desvirtuada de manera idónea por quien apela, razón por la cual, la
resolución mantiene su valor y efectos legales correspondientes. Significando ello, además
que tampoco existen agravios en este extremo como para amparar el recurso. Puesto que
dicho informe establece que el monto que se estableció en aquel entonces, era de manera
provisional.
SEXTO: Respecto al tercer agravio, no se analiza los fundamentos de la prescripción
alegados en la demanda; en cuanto a este extremo, cebe precisar que, de la revisión de la
resolución materia de impugnación, en su considerando cuarto – numerales 4,5 y 4.6 - , se
advierte que el A quo, ha analizado los fundamentos del demandante, esto es, que el
cómputo de la prescripción de la facultad con la que contaba la demandada - Municipalidad
de San Ramón- para determinar si la base imponible presunta había implicado la comisión
de una infracción que deba ser sancionada, tiene según el accionante como fecha de inicio
el 22 de diciembre de 1998 y concluye el 22 de diciembre del 2002, y que recién en el mes de
octubre del 2004 la Municipalidad de San Ramón inició procedimiento de fiscalización
sancionador de la licencia de construcción de la central de Yanango mediante Carta Nº 125-
2004/MDSR del 20 de octubre del 2004 la misma que ha sido materia de análisis.
4 No obstante, a ello, cabe hacer algunas precisiones, los artículos Art. 233.1, 233.2 y 233.3 de
la Ley Nº 27444 (Ley de Procedimiento Administrativo General), tienen regulado la
prescripción, así como su interrupción - artículo vigente a la fecha de la interposición de la
demanda -:
Artículo 233.- Prescripción
233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones
administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin
perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que
la infracción pudiera ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en
cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o
desde que cesó, si fuera una acción continuada.
233.2 El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se
mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
administrado.
233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la
autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos,
debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de
responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa.
De autos se advierte que mediante Informe Nº396-98-D1-DU/MDSR, (ver fojas 15), así como
del documento de licencia de construcción ambos de fecha de fecha 22 de diciembre de
1998 (ver fojas 19), se ha considerado una base imponible presunta de S/ 10’008,41.00, y
también se señala que la Empresa EDEGEL S.A.A regularice en su oportunidad la
documentación técnica, por lo que mediante carta Nº 153-2002-A-MDSR de fecha 18 de
noviembre del año 2002 se le requiere al accionante cumpla con proporcionar la
información y documentación (ver fojas 161); para finalmente por Resolución de Gerencia
Municipal Nº 001-2005-MDSR, de fecha veintisiete de enero del dos mil cinco, se dispuso
“sancionar a EDEGEL S.A.A., con la multa Administrativa ascendente a S/ 4’729,637.86 soles,
equivalente al 10% (diez por ciento) de la parte de la obra cuya regularización rebeldemente no
ha ejecutado, de acuerdo al artículo 8º numeral 8.1 de la Ley Nº 27333 […]”, sanción que ha
sido ratificada por Resolución Nº 019-2008-MDSR, de fecha diecisiete de enero del 2008 –
resolución materia de nulidad-.
Ahora bien, estando a lo expuesto en el párrafo que antecede, a efectos de establecer el
inicio del cómputo de la prescripción, cabe determinar ante qué tipo de infracción nos
encontramos; para ello no remitimos al documento denominado memoria descriptiva, que
literalmente expresa lo siguiente: “el plazo de construcción inicialmente considerado para la
central de Yanango fue de 26 meses iniciándose la licitación en el segundo trimestre de 1997 y
finalizó las obras en enero del 2000” (ver fojas 157), de lo que se colige que, la culminación
de la obra se ha producido en el año 2000, siendo así, nos encontramos ante una infracción
de carácter permanente, cuyos efectos han cesado todavía en enero del año 2000, por lo
que debe tenerse esta fecha como inicio del cómputo de la prescripción, y que habiendo la
entidad demandada cursado carta Nº 153-2002-A-MDSR de fecha 18 de noviembre del año
2002, en el que se le requiere al accionante cumpla con proporcionar la información y
documentación, la misma que fue absuelta por la empresa EDEGEL S.A mediante escrito de
fecha 19 de noviembre del año 2002, se entiende que dicha fecha - noviembre del 2002- la
entidad demandada ejerce y da inicio sus atribuciones fiscalizadoras, no encontrándose
5 dentro del plazo prescriptorio, toda vez que a dicha fecha - noviembre del 2002- no han
transcurrido los cinco años para que opere la prescripción.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe resaltar, que si bien el accionante también expone
en su escrito de demanda que recién en el mes de octubre del 2004, la Municipalidad de San
Ramón inició procedimiento de fiscalización sancionador de la licencia de construcción de la
central de Yanango, mediante Carta Nº 125-2004/MDSR del 20 de octubre del 2004; al
respecto, cabe precisar que, ello resulta errado, toda vez que, si bien, con dicha carta se
cuestionó la base imponible presunta utilizada por EDEGEL S.A, empero ello fue en virtud a
los actos y diligencias correspondientes llevadas a cabo con anterioridad, las mismas que se
iniciaron con la carta Nº 153-2002-A-MDSR de fecha 18 de noviembre del año 2002 – fecha
que en que se dio inicio al procedimiento de fiscalización-, por lo expuesto la alegación de
prescripción no es de amparo, puesto que como se ha referido el inicio del cómputo de la
prescripción se daría a partir de enero del 2000 y no como refiere el demandante en
diciembre de 1998, puesto a ello debe confirmarse la sentencia.
Por los fundamentos expuestos y en aplicación estricta de las normas legales antes
invocadas, y además con el ejercicio de la independencia de la función jurisdiccional
garantizado por el artículo 139° inciso 2), 146° inciso 1) de la Constitución Política del Estado,
artículo 16°, 186° inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Impartiendo Justicia a
nombre de la Nación;
DECISIÓN
CONFIRMARON la Sentencia N° -2019-LA/PJ, contenida en la resolución número treinta y
uno, de fecha cinco de julio del dos mil diecinueve; por el cual, el Juez del Juzgado
Especializado en lo Civil; RESUELVE: 1) DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA interpuesta por EDEGEL SAA, contra la Municipalidad
Distrital de San Ramón sobre la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 019-2008-MDSR de
fecha 17.01.2008, (...). Con lo demás que contiene la sentencia; NOTIFIQUESE y LOS
DEVOLVIERON los autos al juzgado de origen. Integra Sala el señor Juez Superior Barrón
López por impedimento de los señores Jueces Villón Ángeles y León Ortega quien han
actuado como jueces de instancia.
Señores
Villalobos Mendoza
Barrón López
Guadalupe Ulloa
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JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA MERCED - CHANCHAMAYO
JUZGADO CIVIL - SEDE LA MERCED
EXPEDIENTE : 00168-2008-0-1505-JR-CI-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : LEON ORTEGA VICTOR
ESPECIALISTA : BALDEON VILLANUEVA HERNAN MAVITO
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON ,
DEMANDANTE : EDEGEL SAA ,
SENTENCIA N° - 2019
Resolución N° TREINTIUNO
La Merced, cinco de julio del dos mil diecinueve.-
AUTOS Y VISTOS :
Lo ordenado por el superior en los seguidos por EDEGEL S.A.A. contra la
Municipalidad Distrital de San Ramón sobre acción contencioso administrativo dado
cuenta en la fecha y avocándose a la presente causa el juez que suscribe la presente en
merito de la Resolución Administrativa N° 0029-2019-P-CSJSC/PJ. del 17 de enero del
2019 :
I. PARTE EXPOSITIVA :
I. ANTECEDENTES PROCESALES.-
DEMANDA:
Por escrito de fecha siete de marzo de dos mil ocho que corre de fojas noventa y cinco
a ciento diecisiete, la empresa EDEGEL S.A.A. debidamente representado por Sylvia
Liliana Crudo Vera; interpone demanda cuya Primera pretensión autónoma es que se
declare la nulidad total de la Resolución de Alcaldía N° 019-2008-MDSR de fecha
17.01.2008, el mismo que incurre en la causal de nulidad establecida en el inciso 1)
del artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, al iniciar la
fiscalización de la base imponible auto determinada por EDEGEL para la
construcción de la Central Hidroeléctrica de Yanango, la facultad de determinar
infracciones administrativas por ese hecho ya había prescrito, de conformidad con el
artículo 233.1 de la LPAG, por contravenir los principios de legalidad, tipicidad e
irretroactividad en la aplicación de la norma, así como contraviene el principio al
debido procedimiento, al dejar de valorar el informe técnico catastral ofrecido por
EDEGEL, Segunda pretensión autónoma es que se declare que la base imponible
determinada para la obtención de la licencia de construcción N° 368 para la
construcción de la Central de Yanango ascendente a S/. 10,008.421 es correcta y la
Pretensión accesoria de la segunda pretensión es que se declare que EDEGEL no ha
incurrido en ninguna infracción respecto de la obtención de la Licencia de
construcción N° 368; dirigiéndola contra la Municipalidad Distrital de San Ramón.
FUNDAMENTOS DE HECHO DE SU PRETENSIÓN:
a) En 1998 se inicio la construcción de la Central Hidroeléctrica de Yanango, el 22 de
diciembre de 1998, la Municipalidad de San Ramón expidió a favor de EDEGEL la
licencia de Construcción N° 368, en la que no solamente se autorizo la construcción de
la Central de Yanango sino que además, se da cuenta del pago de S/. 52,523.21
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA SELVA CENTRAL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA MERCED - CHANCHAMAYO
efectuados por concepto de derechos municipales, antes de expedir la licencia de
construcción, la Municipalidad de San Ramón, expidió la Resolución de Determinación
N° 002-98-MDSR, con la base presunta para el cálculo de los derechos respectivos.
Está Resolución de Determinación fue impugnada por EDEGEL vía recurso de
reconsideración, originando que por Resolución de Alcaldía N° 138-98-A-MDSR del 03
de diciembre de 1998, se declare fundada la reconsideración, ordenándose en el
artículo segundo encargar a la Unidad de Renta la formulación de una nueva
resolución de determinación tomando en consideración una base imponible presunta
más cerca a la verificación realizada y la Ordenanza N° 007-97-MDRS, por lo que el
22 de diciembre del 2008, la División de Obras de la Municipalidad de san Ramón
elaboro el Informe N° 396-98-DT-DU/MDSR, donde señalan que el Área de rentas ha
estimado una base imponible presunta reconsiderada ascendente a S/. 10'0008,421.00
cuyos derechos han sido calculados en base a las tasas aprobadas por ordenanza N°
007-97, procediendo ese mismo día a expedir la Resolución de Determinación N° 003-
98-MDSR, fijando los derechos de la Licencia de Construcción en S/. 52,544.21, sobre
la base imponible presunta de S/. 10'008,421, monto pagado por EDEGEL para la
expedición de la Licencia de Construcción N° 368.
b) El 21 de octubre del 2004, la Municipalidad de San Ramón nos remitió la Carta N°
125-2004/MDSR, mediante la cual cuestiono la base imponible presunta utilizada por
EDEGEL para obtener la licencia de construcción de la Central de Yanango, en la que
dijo que esa base imponible únicamente representaba parte de la edificación y no lo
integro de la misma. Mediante esa carta se inicio el procedimiento de fiscalización de
la Municipalidad de San Ramón respecto de la Central de Yanango, siendo que el 29 de
octubre del 2004 presentamos nuestros descargos ante la Municipalidad de San
Ramón, adjuntando el Informe Técnico Catastral elaborado por el Ing. Efraín Alatrista
Gómez, conteniendo la explicación detallada del valor de la Central de Yanango y
como la base imponible presunta determinada en diciembre de 1998 era correcta, por
lo que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 001-2005-MDSR del 27 de
enero del 2005, la Municipalidad de San Ramón concluyo, equivocadamente, que la
valorización correcta de la Central de Yanango para efectos de la licencia de
construcción era de S/. 57'304,799.69 y según la Municipalidad de san Ramón existía
una diferencia de S/. 47'296,378.60 entre la base imponible presunta utilizada por
EDEGEL (S/. 10 008,421) para obtener la licencia de construcción N° 368 y el
supuesto valor real de esa construcción; como consecuencia de esa errada conclusión,
nos impuso multa administrativa de S/. 4'729,637.86 equivalente al 10% de esa
supuesta diferencia.
c) Con fecha 23 de febrero del 2005 interpusimos el recurso de reconsideración contra
la Resolución de Gerencia Municipal N°001-2005-MDSR, a lo cual por Resolución de
Gerencia Municipal N° 006-MDSR-2005 del 11 de abril del 2005 declaro infundado el
recurso de reconsideración, lo cual con fecha 12 de mayo del 2005 fue apelada y se
tuvo por no presentado el recurso mediante la Resolución de Alcaldía N° 255-MDSR-
2005 al habernos solicitado mediante carta N° 094-A-2005/MDSR el certificado o
constancia de habilitación del abogado que autorizo el recurso de apelación, pese a
que la ley no establece dicho requisitos para su admisión y tramitación del recurso, por
lo que se tuvo que recurrir al Poder Judicial para que se ordene se admita y trámite el
recurso de apelación, ordenándose así mediante sentencia del 11 de setiembre del
2006, emitiéndose recién el 17 de enero del 2008 la Resolución de Alcaldía N° 019 en
la que se declaro infundado el recurso de apelación interpuesto por EDEGEL con la
que se ratifico la multa interpuesta, con lo que quedo agotada la vía administrativa.
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA SELVA CENTRAL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA MERCED - CHANCHAMAYO
Fundamenta Jurídicamente su pretensión invocando las normas señaladas en su escrito
de demanda.
ADMISION DE LA DEMANDA:
Mediante resolución número uno de fecha catorce de marzo del dos mil ocho, obrante a
folio ciento veintiocho, en vía especial del proceso contencioso administrativo,
concedido traslado a la demandada, por escrito de fojas ciento treinta y siete a ciento
cuarenta y siete, a través de su apoderado Abogado Jorge Ricardo Cajacuri Valero
contesta la demanda, sosteniendo básicamente lo siguiente: a) Para determinar el
computo del plazo prescriptorio, conforme lo sostiene la demandante, es necesario
identificar el hecho objeto de fiscalización y de sanción, en este caso el objeto de
fiscalización y sanción es el predio denominado Central Hidroeléctrica de Yanango,
obra que conforme lo reconoce y acredita expresamente EDEGEL con el documentos
denominado "Notificación de Culminación" suscrito con la empresa G y M S.A., la
Central Hidroeléctrica de Yanango fue terminada en el mes de enero del año 2000 y no
en el año 1998 como erróneamente se afirma en la resolución materia de impugnación,
así lo afirma su apoderado Adrian Juan Ramírez Maravi en su recurso de Reclamación
formulado ante está administración con Expediente N° 4860 de fecha 25 de noviembre
del 2002. b) Del procedimiento de Fiscalización del predio Central Hidroeléctrica de
Yanango, se inicio el 22/12/1998, fecha en que la demandante toma pleno conocimiento
del Informe N° 396-98-DT/MDSR, documento por el cual la Oficina Técnica del
Departamento de Obras hace de conocimiento del demandante que los procedimientos
para el otorgamiento de Licencia de Construcción del Predio antes citado están
normados por el D.S. N° 025-94-MTC, por lo tanto la formulación del expediente debe
adecuarse al artículo 17° de la referida Ley, quedando pendiente EDEGEL de la
implementación de la totalidad de los documentos técnicos y en vista que EDEGEL no
cumple con presentar los documentos para la obtención de su licencia de construcción,
la Municipalidad queda habilitada para imponer las sanciones establecidas en el
artículo 44 del D.S. citado y con la finalidad de recordarle al demandante su
obligación por haberse ya concluido la construcción del predio de su propiedad y
teniéndose en consideración que la base presunta de S/. 10'008,421.00 ha sido
largamente superada, pues el monto total de las obras es de aproximadamente de US $
50 millones se les cursa la Carta N° 153-2002-A-MDSR de fecha 18 de noviembre del
2002, donde se le requiere a la EDEGEL entre otros documentos, la licencia de
construcción de la Central Hidroeléctrica de Yanango, la Carta N° 170-2002-MDSR de
fecha 23 de diciembre del 2002, documento por el cual se le comunica a EDEGEL que
el proceso de fiscalización y se dispuso la verificación de la diligencia de inspección
ocular; en consecuencia la Municipalidad ha ejercido su facultad de fiscalización y
sanción dentro del término de cinco años el mismo que concluía en el mes de enero del
2005, conforme lo establece el artículo 233° de la LPAG. c) El otorgamiento de la
licencia de construcción es un procedimiento especial creado y regulado por ley
expresa, dispositivos que han previsto con claridad la forma como las Municipalidades
Provinciales y Distritales debe aplicarse las sanciones correspondientes por no haber
regularizado las edificaciones construidas sin la correspondiente licencia de obra con
posterioridad a la vigencia de la Ley 27157 y su Reglamento D.S. 008-2000-MTC, por
lo que no se ha contravenido el principio de legalidad y tipicidad, pues estas normas le
asignan a las Municipalidades Provinciales y Distritales la potestad de imponer
sanciones a las personas naturales y jurídicas propietarias de obras que se ejecuten sin
la licencia respectiva, así tampoco se ha contravenido el principio de irretroactividad
establecido en el artículo 230 numeral 5 de la LPAG. d) La construcción de la Central
Hidroeléctrica de Yanango concluyo el año 2000 y el monto total de las obras fue un
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA SELVA CENTRAL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA MERCED - CHANCHAMAYO
aproximadamente de US $ 50 millones, conforme las comunicaciones cursadas por
EDEGEL, siendo esa la fecha en la que recién se tiene la Base Cierta y desde la cual se
debe contar el plazo prescriptorio, siendo que las normas que se han aplicado para
imponer la sanción de multa se encontraban vigentes en el año 2000, fecha en que se
concluye la construcción de la Central Hidroeléctrica de Yanango.
PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Por resolución número veintisiete de fojas quinientos treinta y tres a quinientos treinta
y ocho, se declara saneado el proceso, se fija los puntos controvertidos, que consisten
en lo siguiente: 1) Determinar si la entidad demandada inicio el procedimiento
administrativo sancionador que concluyo con la emisión de la Resolución de Gerencia
Municipal N° 001-2005-MDSR de fecha 27 de enero del 2005, cuando la facultad
administrativa de establecimiento de la existencia de infracción administrativa ya había
prescrito, estableciéndose para ello, si el computo del plazo de prescripción debe
efectuarse desde el año 1998 o si por el contrario desde el año 200, esto es, si desde la
fecha de declaración de la obra Central Hidroeléctrica de Yanango o desde su
conclusión. 2) Determinar si durante el procedimiento administrativo, la entidad
demandada ha contravenido los principios de legalidad, tipicidad e irretroactividad en
la aplicación de las normas a que debe sujetarse la potestad sancionadora de la
Administración Pública. 3) Determinar si al entidad demandada omitió valorar el
Informe Técnico Catastral elaborado por el Ing. Efraín Alatrista Gómez, ofrecido por
la demandante en el procedimiento administrativo impugnado, de ser el caso, si con
ello, ha contravenido o no la garantía fundamental del debido procedimiento
administrativo. 4) Determinar cuál es la base imponible para el pago de derechos
municipales de Licencia de Construcción de la Central Hidroeléctrica de Yanango, esto
es, si es S/ 57'304,799.69 nuevos soles o S/ 10'008,421.00 nuevos soles. 5) Determinar
si la Resolución de Alcaldía N° 019-2008-MDSR de fecha 17.01.2008 adolece de causal
de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo
general que deba ser declarada. 6) Determinar si la conducta atribuida en el
procedimiento administrativo, por la demandada a la demandante, constituye una
infracción administrativa; estando a los puntos controvertidos antes fijados. Se
admitieron y actuaron los medios de prueba, y practicados los demás actos procesales
se dispuso dejar los autos en Despacho para volver a emitir sentencia como lo ha
dispuesto el superior, pasándose a pronunciarla en los términos siguientes:
II. PARTE CONSIDERATIVA
FUNDAMENTACIÓN FACTICA Y JURÍDICA DE LA DECISION .-
PRIMERO: Que, todo Estado democrático ha proscrito la autodefensa (justicia por
propias manos) y el uso de la fuerza, razón por la cual prevé mecanismos civilizados de
solución de conflictos intersubjetivos con relevancia jurídica, de entre ellos el proceso
constitucional, el cual se traduce en un conjunto de actos ordenados, sistemáticos y
coherentes, que confluyen evolutivamente a la consecución de un fin; desde allí que el
proceso no es un fin en sí mismo, sino posee una ontología teleológica, vale decir, es un
instrumento a través del cual el Estado pueda en concreto resolver conflictos de
intereses intersubjetivos con relevancia jurídica y en abstracto alcanzar la paz social
en justicia; por ello, la Constitución Política del Estado expresa en su artículo 139°,
inciso 3) que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el
ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso
SEGUNDO: Que, el Artículo 1° del la Ley N° 27584 establece que “La acción
contencioso administrativa prevista en el Artículo 148° de la Constitución Política tiene
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA SELVA CENTRAL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA MERCED - CHANCHAMAYO
como finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los
derechos e intereses de los administrados. Además, hay que tener en cuenta que el
proceso contencioso administrativo tiene un aspecto objetivo (control de
constitucionalidad y legalidad de la actuación administrativa) y subjetivo (tutela
jurisdiccional adecuada de las pretensiones de las partes frente a la actuación de la
administración pública), desde allí que no se encamina exclusivamente declarar nula o
ineficaz sólo los actos administrativos que han transgredido el ordenamiento
imperativo, sino también a tutelar los intereses jurídicos, lícitos y amparados en
derecho de los administrados, que han sido negados por la Administración Pública;
vale decir, se controla no sólo la acción de la Administración Pública, sino también la
omisión, por supuesto que también la inercia del mismo. Ésta concepción ha sido
recogida en el Artículo 4) de la Ley N° 27584, sistematizada ahora mediante su Texto
Único Ordenado aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, el cual
establece que “(...) Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones
administrativas: 1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración
administrativa. 2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la
administración pública. 3. La actuación material que no se sustenta en acto
administrativo. 4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que
transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico. 5. Las actuaciones u
omisiones de la administración pública respecto de la validez, eficacia, ejecución o
interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos
en que es obligatorio o se decida, conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje la
controversia. 6 las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al
servicio de la administración pública”.
TERCERO: Que, la empresa EDEGEL S.A.A. a través de su apoderada Sylvia Liliana
Crudo Vera ; interpone demanda contra la Municipalidad Distrital de San Ramón, a
efectos de que el Juzgado, declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 019-
2008-MDSR del 17 de enero del 2008, se declare que la base imponible determinada
para la obtención de la licencia de construcción de la Central Hidroeléctrica de
Yanango asciende a S/ 10'008,421 es correcta, y que se declare que EDEGEL no ha
incurrido en ninguna infracción respecto de la obtención de la licencia de
construcción N° 368. El fundamento central, es que cuando la Municipalidad Distrital
de San Ramón inicio la fiscalización respecto de la base imponible (presunta) auto
determinada por EDEGEL para la construcción de la Central Hidroeléctrica de
Yanango, la facultad para determinar la infracción administrativa ya había prescrito,
por lo que se ha contravenido los principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad y
el debido procedimiento, al no haberse cometido ninguna infracción por parte de
EDEGEL en la obtención de la licencia de construcción .
CUARTO: Que, se procederá a desarrollar los puntos controvertidos uno, dos, tres y
cinco de manera conjunta puesto que todo lo señalado en ellos están sujetos a
determinara si la Resolución de Alcaldía N° 019-2008-MDSR de fecha 17 de enero del
2008 fue emitida dentro de los parámetros normativos establecidos en el procedimiento
administrativo y en funciones a sus facultades de la demandada establecidas en la ley.
4.1 El Artículo 10° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General –,establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de
pleno derecho, los siguientes: 1) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las
normas reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de
validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se
refiere el Artículo 14°; 3) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de
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la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se
adquiere facultades o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su
adquisición; y, 4) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal,
o que se dicten como consecuencia de la misma. Del mismo modo, de conformidad con
el Artículo 5.3° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el
objeto o contenido del acto administrativo (no debe contravenir en el caso concreto
disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes, ni puede infringir
normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior
o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.
4.2 Así mismo, conforme a lo dispuesto por la precitada Ley 27444, la validez del
acto administrativo (artículo 8º) está condicionada a que su dictado se haya dado
conforme al ordenamiento jurídico, presumiéndose su validez (artículo 9º) en tanto la
nulidad que se pretenda no sea declarada por autoridad administrativa o
jurisdiccional, según corresponda; siendo que la contravención a la Constitución, a las
leyes o a las normas reglamentarias, entre otros, constituye vicio del acto
administrativo (numeral 1.- del artículo 10º) que, como recalcamos, causa su nulidad
de pleno derecho; habida cuenta que de conformidad con los incisos 4 y 5 del Artículo
3° de la citada Ley N° 27444, constituye un requisito de validez su debida motivación y
el cumplimiento del procedimiento regular1, sobre todo, si el debido proceso, conforme
sendos, sostenidos y uniformes pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional,
como una garantía procesal fundamental es una garantía a observarse también en los
procedimientos administrativos, en tanto estas también están sujetos a la carta magna,
y también porque el “Debido Proceso Administrativo” implica el respeto por parte de
la Administración Pública, de todos los derechos y principios normalmente invocables
en el ámbito jurisdiccional común u ordinario2.
4.3 Teniéndose así que todo acto administrativo es válido mientras no se declare su
nulidad administrativa o judicial a través del proceso contencioso administrativo,
surtiendo sus efectos legales mientras no sean declarados nulos.
4.4 Del presente caso se tiene que la Resolución de Alcaldía N° 019-2008 materia
de la presente nulidad fue expedita por la Municipalidad Distrital de San Ramón en
merito al proceso administrativo de fiscalización, seguido en contra de la demandante,
ello en razón de haberse sancionado a la empresa EDEGEL con una multa del 10% de
la obra al no haber realizado la regularización de la tramitación de su licencia de
construcción; de ello la empresa demandante señala que dicho procedimiento fue
1
Incisos 4 y 5 del Artículo 3° de la Ley N° 27444.
“4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento
administrativo previsto para su generación” (énfasis nuestro).
2 Refiere nuestro Tribunal Constitucional, en los fundamentos 5, 6 y 7 de la sentencia recaída en el Exp. N° 00503-2013-PA,
ubicado en el sitio web http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00503-2013-AA.pdf, cuyo texto expreso es:
“5. (...) el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas
de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos a fin de que las
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.
Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea éste administrativo — como en
el caso de autos— o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.
6. En efecto el derecho al debido proceso y los derechos que este contiene son invocables y por tanto garantizados no solo en el
seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así "el Debido Proceso
Administrativo" supone, en toda circunstancia, el respeto —por parte de la administración pública o privada— de todos
aquellos principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada y a los que se
refiere el artículo 139.° de la Constitución del Estado (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.).
7. El debido proceso administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la Administración como la jurisdicción están
indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si esta resuelve asuntos de interés del administrado, y lo hace
mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano
jurisdiccional” (énfasis nuestro).
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA SELVA CENTRAL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA MERCED - CHANCHAMAYO
realizado cuando su facultad fiscalizadora de la Municipalidad demandada ya había
prescrito y que por lo tanto la sanción se habría emitido dentro de un procedimiento
irregular que contraviene los principios de legalidad, tipicidad e irretroactividad
contemplados en la Constitución Política de Perú, omitiendo también valorar informes
técnicos presentados dentro de este procedimiento administrativo.
4.5 Del análisis de los actuados se tiene que la Municipalidad Distrital de San
Ramón inicia el proceso de fiscalización en el año 2002, mediante la carta N° 153-
2002-A-MDSR de fecha 18 de noviembre del 2002, con la cual se le requiere a la
empresa EDEGEL que cumpla con proporcional la información como son los planos de
la obra existentes en el predio, copia del cuaderno de los avances de obra desde el
inicio de la construcción, entre otros documentos tal como se observa a fojas ciento
sesenta y uno y repetido a fojas doscientos veinte, interrumpiéndose de esta manera el
plazo prescriptorio tal como se encuentra establecido en los artículo 233.1, 233.2 y
233.3 de la Ley 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General"; además de ello
y contradiciendo a la argumentación de la recurrente de que el plazo para ejercer la
facultad fiscalizadora de la Municipalidad demandada ya había prescrito antes de
imponerse la multa, pues ya habían transcurrido más de cinco año desde la
culminación de la obra en el año de 1998, lo cual resulta siendo errado pues como la
misma empresa demandante ha señalado la culminación de la obra se ha producido en
el año 2000 tal como ellos mismo lo afirman en el documento denominado memoria
descriptiva que obra de fojas ciento cincuenta y siete a ciento sesenta y repetida de
fojas doscientos dieciséis a doscientos diecinueve donde se lee textualmente "El plazo
de construcción inicialmente considerado para la Central de Yanango fue de 26
meses iniciándose la licitación en el segundo trimestre de 1997 y finalizándose las
obras en enero del 2000", por lo cual el plazo prescriptorio para que la demandada
ejerza sus atribuciones fiscalizadoras aun no se había cumplido.
4.6 Con respecto a que la entidad demandada ha contravenido los principios de
legalidad, tipicidad e irretroactividad al aplicar las normas de su potestad
sancionadora, dicho hecho no se ha producido en el presente caso, pues debe tenerse
en cuenta que los principios de legalidad, tipicidad e irretroactividad está
estrechamente legados con la potestad sancionadora que tiene la autoridad
administrativa, que en el presente caso es la Municipalidad Distrital de San Ramón, la
cual se encuentra debidamente reconocida por la Constitución Política de Perú, así
como se encuentra regulada también por la Ley 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidad", el Texto Único Ordenado del Código tributario, aprobado por el D. S.
N° 135-99-EF y por la Ley 24777 "Ley de Procedimiento Administrativo General",
donde se encuentran regulados las sanciones y procedimientos que debe de realizar la
autoridad administrativa para ejercer su potestad sancionadora; es así que como en el
presente caso la Municipalidad Distrital de San Ramón se encontraba facultada para
ejercer su potestad sancionadora frente a las infracciones cometidas por la empresa
EDEGEL en la tramitación de su licencia de construcción, aplicándole una multa del
10% al no regularizar los trámites para su licencia de construcción pese a haber sido
requerido con anterioridad por la Municipalidad Distrital para que cumpliera con
presentar la documentación faltante, pues al encontrarse ante está negativa la
accionada prosiguió conforme a las atribuciones reconocidas y otorgadas por las leyes
de nuestro país y en aplicación de las sanciones establecidas en la legislación
competente.
4.7 En referencia a que la entidad demandada omitió valorar el informe técnico
catastral elaborado por el ingeniero Efraín Alatrista Gómez, dentro del procedimiento
administrativo lo cual contravendría la garantía del debido proceso administrativo,
7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA SELVA CENTRAL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA MERCED - CHANCHAMAYO
debe señalarse que si bien la recurre ha acreditado que el ingeniero Efraín Alatrista
Gómez ha realizado un informe técnico sobre la Central Hidroeléctrica de Yanango y
que está fue presentada dentro del proceso administrativo que se le seguía a la empresa
demandante, pero está no ha demostrado que dicho ingeniero se haya encontrado al
momento de la elaboración y presentación del informe, debidamente inscrito en el
Registro de Peritos de la CONATA, así como tampoco se encontraba hábil por falta de
pago de sus cuotas en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, tal como se hace
referencia en el documento GGTP-GA/082-05 obrante en el expediente administrativo,
por tanto la accionada no se encontraba en la obligación de valorar el mencionado
informe técnico y por consiguiente tampoco habría vulnerado el derecho del recurrente
al debido proceso administrativo.
4.8 Sobre el quinto punto controvertido en el cual se debe determinar si la resolución
de Alcaldía N° 019-2008-MDSR, de fecha 17.01.2008, adolece de causal de nulidad
previsto en el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, al
respeto se tiene que en los fundamentos precedente se ha expuesto sobre las causales de
nulidad establecidas en el artículo 10 de la Ley 24777, estableciéndose que las causales
para declarar la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo son los siguientes:
1) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 2)
El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14°; 3)
Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática
o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o derechos,
cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los
requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición; y, 4) Los actos
administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como
consecuencia de la misma. Del mismo modo, de conformidad con el Artículo 5.3° de la
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el objeto o contenido del
acto administrativo (no debe contravenir en el caso concreto disposiciones
constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes, ni puede infringir normas
administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o
superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.
4.9 Asimismo para determinar la nulidad de la resolución mencionada debe
desvirtuarse cada uno de los requisitos de validez del acto administrativo enmarcado
en el artículo 3 de la Ley 24777, teniéndose así que:
a. Competencia.- ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia,
territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente
nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo
los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
b. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo
objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos
jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las
cuestiones surgidas de la motivación.
c. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por
las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda
habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna
finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra
finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que
indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA SELVA CENTRAL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA MERCED - CHANCHAMAYO
a. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
b. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado
mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su
generación.
Precisándose que en el presente caso la Resolución de Alcaldía N° 019-2008-MDSR
cumple con todos los requisitos de validez, pues está fue emitida por la a |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZ. PAZ LETRADO - Sede Residencial Huaral
EXPEDIENTE : 00226-2008-0-1302-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARBAJAL GRANDEZ MYRIAM DEL PILAR
ESPECIALISTA : DE LA CRUZ VALVERDE DE TORRES ROSA ELVIRA
DEMANDADO : CAÑAMERO TORRES, FERNANDO
MUÑOZ SANCHEZ, RAMON
DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION
RESOLUCION No. 22.
Huaral, 11 de febrero del 2021.
Puesto en despacho para resolver; AUTOS, VISTOS Y ATENDIENDO: -
PRIMERO: En el presente caso, la Empresa FARAH S.R.L. mediante escrito de fojas 171 a
176, se apersona al proceso y solicita “Intervención Litisconsorcial”, manifestando
(resumen): que su representada es propietaria y posesionaria del predio ubicado en la
Manzana “D” Lote 19 Sub lote 01 Lotizadora Fundo Arajuez o Chacarilla y tierras del
puerto; del Distrito de Chancay, Provincial de Huaral y Departamento de Lima, con un
área de 9,393.00 m2, que se encuentra inscrita en la ficha No. 17754 y su continuación
en la Partida Electrónica No. 60138374 de la oficina Registral de Huaral, en merito a la
Escritura Pública de compra venta de fecha 18 de abril del 2004 y su aclaratoria de
fecha 15 de marzo del 2013, por ante las notaria Publica de Jorge Luis Gonzales Loli y
Edwin Ramos Zea.
SEGUNDO: En principio debemos considerar que de acuerdo al acuerdo al artículo 92
del Código Procesal Civil, señala: “Hay litisconsorcio cuando dos o más personas
litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque tienen una
misma pretensión, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse
respecto de una pudiera afectar a la otra.”; y en el artículo 93 indica que “Cuando la
decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes,
sólo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se
trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en
contrario”.
TERCERO: En cuando a la Intervención Litisconsorcial, el artículo 98 del acotado
código, establece: “Quien se considere titular de una relación jurídica sustancial a la
que presumiblemente deban extenderse los efectos de una sentencia, y que por tal
razón estuviera legitimado para demandar o haber sido demandado en el proceso,
puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las mismas facultades de ésta.
Esta intervención puede ocurrir incluso durante el trámite en segunda instancia.”
CUARTO: Sobre el particular, la doctrina es de la consideración que la intervención
litisconsorcial posee ciertos requisitos para que sea procedente. “(…) implica que un
sujeto afirme ser cotitular del derecho discutido en un proceso iniciado y en base a ello
solicite su incorporación. La intervención litisconsorcial le permite al sujeto intervenir
como litisconsorcio de una parte, con las mismas facultades de ésta. Después de todo,
se trata de un caso en el que existen varios sujetos como parte en la medida que
cuentan con legitimación plural en el proceso. La intervención puede admitirse en
cualquier momento del proceso “incluso durante el trámite en segunda instancia”, lo
que en la práctica quiere decir que podrá admitirse su incorporación hasta antes que
se emita la sentencia de segunda instancia. QUINTO: De la revisión de los actuados, se verifica lo siguiente: i) Mediante Resolución
N° 02 – Sentencia, de fecha 28 de abril del 2008, que obra a fojas 29 a 31, se declaró
fundada la presente demanda y se ordenó llevar adelante la ejecución contra los
demandados; ii) dicha resolución no fue objeto de impugnación, por lo que mediante
Resolución N° 03 fue declarada consentida, pasando los actuados a la etapa de
ejecución; iii) la referida sentencia adquirió la autoridad de cosa juzgada, por ende es
inmutable, y las partes involucradas se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir
el pronunciamiento judicial, salvo exista mandato judicial de igual naturaleza que
disponga lo contrario; iv) estando el proceso en etapa de ejecución, por Resolución
Nro. 07, de fecha 29 de setiembre del 2008, aclarado por Resolución Nro. 09, de fecha
16 de diciembre del 2008, que obra a fojas 77 a 78 y 101 a 102, respectivamente, se
ordenó trabar embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/.12, 690.00
soles, sobre los derechos y acciones que correspondan al ejecutado RAMÓN ARTURO
MUÑOZ SANCHEZ, sobre el bien inmueble ubicado en la Manzana “D” Loe 19, Sub lote
01, Lotización del Fundo Aranjuez o Chacarilla y tierras del Puerto, Chancay, provincia
de Huaral, departamento de Lima, cuya linderos y medidas perimétricas aparecen
descritas en la Partida No. 20008612 del Registro de propiedad de Huaral, una vez
fenecida la sociedad de gananciales con su cónyuge Reyna María Alfaro Altamirano;
v) Desde dicha fecha ninguna de las partes ha continuado con el trámite de
ejecución del proceso, siendo la tercero recurrente – empresa Farah S.R.L la única que
ha venido presentado requerimientos, como solicitud de desafectación resuelta en su
oportunidad e intervención litisconsorcial que motiva la presente.
SEXTO: De lo expuesto precedentemente, se evidencia que el pedido de Intervención
Litisconsorcial ha sido presentado cuando el proceso ya se encontraba en etapa de
ejecución, esto es fuera del periodo que establece la pre citada norma; por lo tanto
corresponde desestimar su solicitud.
Por todas las consideraciones expuestas; SE RESUELVE: Declarar IMPROCEDENTE
la solicitud de Intervención Litisconsorcial formulada por la Empresa FARAH S.R.L.
Notifíquese a la recurrente, a la parte ejecutante y ejecutados para los fines
pertinentes. |
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EXPEDIENTE : 00226-2008-0-1302-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARBAJAL GRANDEZ MYRIAM DEL PILAR
ESPECIALISTA : DE LA CRUZ VALVERDE DE TORRES ROSA ELVIRA
DEMANDADO : CAÑAMERO TORRES, FERNANDO
MUÑOZ SANCHEZ, RAMON
DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION
RESOLUCION No. 22.
Huaral, 11 de febrero del 2021.
Puesto en despacho para resolver; AUTOS, VISTOS Y ATENDIENDO: -
PRIMERO: En el presente caso, la Empresa FARAH S.R.L. mediante escrito de fojas 171 a
176, se apersona al proceso y solicita “Intervención Litisconsorcial”, manifestando
(resumen): que su representada es propietaria y posesionaria del predio ubicado en la
Manzana “D” Lote 19 Sub lote 01 Lotizadora Fundo Arajuez o Chacarilla y tierras del
puerto; del Distrito de Chancay, Provincial de Huaral y Departamento de Lima, con un
área de 9,393.00 m2, que se encuentra inscrita en la ficha No. 17754 y su continuación
en la Partida Electrónica No. 60138374 de la oficina Registral de Huaral, en merito a la
Escritura Pública de compra venta de fecha 18 de abril del 2004 y su aclaratoria de
fecha 15 de marzo del 2013, por ante las notaria Publica de Jorge Luis Gonzales Loli y
Edwin Ramos Zea.
SEGUNDO: En principio debemos considerar que de acuerdo al acuerdo al artículo 92
del Código Procesal Civil, señala: “Hay litisconsorcio cuando dos o más personas
litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque tienen una
misma pretensión, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse
respecto de una pudiera afectar a la otra.”; y en el artículo 93 indica que “Cuando la
decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes,
sólo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se
trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en
contrario”.
TERCERO: En cuando a la Intervención Litisconsorcial, el artículo 98 del acotado
código, establece: “Quien se considere titular de una relación jurídica sustancial a la
que presumiblemente deban extenderse los efectos de una sentencia, y que por tal
razón estuviera legitimado para demandar o haber sido demandado en el proceso,
puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las mismas facultades de ésta.
Esta intervención puede ocurrir incluso durante el trámite en segunda instancia.”
CUARTO: Sobre el particular, la doctrina es de la consideración que la intervención
litisconsorcial posee ciertos requisitos para que sea procedente. “(…) implica que un
sujeto afirme ser cotitular del derecho discutido en un proceso iniciado y en base a ello
solicite su incorporación. La intervención litisconsorcial le permite al sujeto intervenir
como litisconsorcio de una parte, con las mismas facultades de ésta. Después de todo,
se trata de un caso en el que existen varios sujetos como parte en la medida que
cuentan con legitimación plural en el proceso. La intervención puede admitirse en
cualquier momento del proceso “incluso durante el trámite en segunda instancia”, lo
que en la práctica quiere decir que podrá admitirse su incorporación hasta antes que
se emita la sentencia de segunda instancia. QUINTO: De la revisión de los actuados, se verifica lo siguiente: i) Mediante Resolución
N° 02 – Sentencia, de fecha 28 de abril del 2008, que obra a fojas 29 a 31, se declaró
fundada la presente demanda y se ordenó llevar adelante la ejecución contra los
demandados; ii) dicha resolución no fue objeto de impugnación, por lo que mediante
Resolución N° 03 fue declarada consentida, pasando los actuados a la etapa de
ejecución; iii) la referida sentencia adquirió la autoridad de cosa juzgada, por ende es
inmutable, y las partes involucradas se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir
el pronunciamiento judicial, salvo exista mandato judicial de igual naturaleza que
disponga lo contrario; iv) estando el proceso en etapa de ejecución, por Resolución
Nro. 07, de fecha 29 de setiembre del 2008, aclarado por Resolución Nro. 09, de fecha
16 de diciembre del 2008, que obra a fojas 77 a 78 y 101 a 102, respectivamente, se
ordenó trabar embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/.12, 690.00
soles, sobre los derechos y acciones que correspondan al ejecutado RAMÓN ARTURO
MUÑOZ SANCHEZ, sobre el bien inmueble ubicado en la Manzana “D” Loe 19, Sub lote
01, Lotización del Fundo Aranjuez o Chacarilla y tierras del Puerto, Chancay, provincia
de Huaral, departamento de Lima, cuya linderos y medidas perimétricas aparecen
descritas en la Partida No. 20008612 del Registro de propiedad de Huaral, una vez
fenecida la sociedad de gananciales con su cónyuge Reyna María Alfaro Altamirano;
v) Desde dicha fecha ninguna de las partes ha continuado con el trámite de
ejecución del proceso, siendo la tercero recurrente – empresa Farah S.R.L la única que
ha venido presentado requerimientos, como solicitud de desafectación resuelta en su
oportunidad e intervención litisconsorcial que motiva la presente.
SEXTO: De lo expuesto precedentemente, se evidencia que el pedido de Intervención
Litisconsorcial ha sido presentado cuando el proceso ya se encontraba en etapa de
ejecución, esto es fuera del periodo que establece la pre citada norma; por lo tanto
corresponde desestimar su solicitud.
Por todas las consideraciones expuestas; SE RESUELVE: Declarar IMPROCEDENTE
la solicitud de Intervención Litisconsorcial formulada por la Empresa FARAH S.R.L.
Notifíquese a la recurrente, a la parte ejecutante y ejecutados para los fines
pertinentes. |
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EXPEDIENTE : 00231-2008-0-0701-JR-LA-05
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MALQUI MOSCOSO MIRIAM LUISA
ESPECIALISTA : GONZALEZ GONZALEZ, ROSARIO
PERITO : PEREDA AGUILAR, LUCILA
DEMANDADO : INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE ASUNTOS
JUDICIALES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION ,
DEMANDANTE : GRANDA ROMERO, BEATRIZ VILMA
Resolución Nro.43
Callao, catorce de octubre
Del dos mil dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta progresivamente de los
expedientes por la excesiva carga procesal que afronta este órgano jurisdiccional,
en mérito a la redistribución de expedientes provenientes del Juzgado Transitorio
del Callao en mérito de lo dispuesto por Resolución Administrativa N° 189-2016-
CE-PJ; al escrito N° 28273-2016, presentado por la demandante; al principal y primer
y segundo otrosí: Téngase por designado al letrado que suscribe, revocando la
designación de los letrados anteriores; Téngase presente por secretaria la variación de su
domicilio procesal y por señalado su casilla electrónica.- Al segundo escrito del
demandante N° 21747-2016, estando a lo solicitado; ATENDIENDO: PRIMERO:
Por Resolución de Vista emitida mediante resolución N° 29 de fecha 10 de junio del
2010, confirmaron la sentencia contenida en la resolución N° 21 de fecha 22 de junio
del 2009, que declara fundada en parte la demanda, revocando en la parte que ordena
pagar la suma de S/ 76.574.74 nuevos soles, y reformando ese extremo ordenaron que el
Instituto Tecnológico Pesquero del Perú –ITP, pague a la accionante la suma de S/
73,566.61 ( setenta y tres mil quinientos sesenta y seis con 61/100 nuevos soles ), por
los conceptos amparados, más intereses legales; SEGUNDO: Mediante resolución
número 37 de fecha 11 de diciembre del 2013, se dispuso que los autos se remita a la
Oficina de Pericias y Revisores de Planillas a fin de que el perito contable cumpla con
lo ordenado en la sentencia, y emitida el informe Pericial N° 64-2015-PJ-EP-EFA,
mediante resolución número 39 de fecha 09 de abril del 2015, se dispone poner a
conocimiento de las partes del proceso por el término de ley; TERCERO: La entidad
demandada en vía de ejecución, formula observaciones respecto al cálculo de intereses
legales que efectúo el perito contable, alegando que, los montos considerados en el Informe Pericial judicial, no son correctos adjuntando el informe pericial de parte;
CUARTO: Por resolución N° 40 de fecha 10 de agosto del 2015, se dispone notificar
al perito contable a fin de que absuelva las observaciones efectuadas por el demandado,
en cumplimiento con el mandato, emite el Informe Pericial Nº 028-2015-PJ-LPA-SAM,
de fecha 25 de enero del 2016, determinando los errores que se han efectuado en el
informe pericial N° 64-2015-PJ-EP-EFA, en los siguientes extremos: 1) se ha
considerado para los depósitos de CTS, el interés Bancario del Banco de Crédito,
cuando se debió tomar los factores de Interés promedio del Sistema Financiero, al no
haber elegido el reclamante la entidad depositaria; 2) que de igual forma en relación a
los intereses legales por concepto de vacaciones, existe error en la fecha de origen, por
cuanto corren después de las 48 horas del cese del reclamante, es decir a partir del 03 de
enero del 2008; 3) en el extremo del concepto de indemnización por despido, en el
informe observado también se encuentra errada la fecha de origen, siendo lo correcto a
partir del 03 de enero del 2008; 4) asimismo en cuanto al cálculo de la CTS al cese del
periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2007, corresponde aplicar el
Decreto Ley 25920, señalando que los errores que se ha advertido, han sido corregidos
en el Informe Pericial N° 28-2015-PJ-LPA-SAM; QUINTO: En ese sentido cabe
indicar que conforme lo dispone el artículo 37° de la Ley Procesal del Trabajo N°
26636, el informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor de treinta días. Es
puesto en conocimiento de las partes, las que pueden formular sus observaciones en
el término de cinco días, acompañando de ser pertinente, pericia de parte; por lo tanto
se observa que pese al tiempo transcurrido, la ejecutada no ha formulado observación
alguna, advirtiéndose además que la presente liquidación se ha emitido conforme lo
dispuesto por el Decreto Ley N° 25920, teniendo en cuenta los conceptos amparados en
la sentencia de autos aplicando el software contenido en Sistema Informático
INTERLEG, la misma que sistematiza, actualiza y automatiza los procesos de cálculos
de interés, teniendo en cuenta las tasas y factores acumulados establecidos por el Banco
Central de Reserva y Superintendencia de Banca y Seguros, consideraciones por las
cuales SE RESUELVE: TENERSE POR APROBADO el Informe Pericial N° 028-
2015-.PJ-LPA-SAM y, 3) REQUIERASE a la entidad ejecutada a efectos de que
cumpla con abonar la suma aprobada a favor de la demandante, en el plazo de CINCO
DIAS, bajo apercibimiento de darse inicio a la ejecución forzada.- |
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PRIMERA SALA CIVIL
EXPEDIENTE : 00292-2008-0-1301-JR-CI-01
MATERIA : ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
DEMANDADO : COMERCIAL ALVARADO S.R.L
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
PROCEDENCIA : JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE BARRANCA
Luego de haber emitido su voto el Juez Superior MANRIQUE RAMIREZ,
adhiriéndose conjuntamente con el Juez Superior SOLÓRZANO RODRÍGUEZ, al voto emitido
por el Juez Superior MOSQUEIRA NEIRA, se ha formado la siguiente resolución:
Resolución N° 83
Huacho, 27 de agosto del 2018.-
VISTOS, en audiencia pública, con el expediente acompañado No. 00044-2007-
0-1301-JR-CI-01, seguido por Alvarado Urbizagástegui Máximo contra la empresa EFADA
EXPORT SAC sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y; CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Es objeto de apelación la sentencia contenida en la resolución número sesenta y
uno de fecha dieciocho de febrero del dos mil quince, de fojas setecientos veinticinco a
setecientos treinta y tres de autos, ha resuelto: 1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de
fojas 28 a 47, subsanado a fojas 56, interpuesta por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ respecto
del Litisconsorte necesario pasivo WILDER ALFREDO MEDINA QUISPE y, en consecuencia
ORDENO que éste último, consentida o ejecutoriada que sea la presente, restituya al primero la
suma de S/. 259,604.05 (DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON
05/100 NUEVOS SOLES), más los intereses de ley, por el pago indebido que califica el
enriquecimiento indebido, más costas y costos. 2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto
de la empresa COMERCIAL ALVARADO S.R.L. ------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: El litisconsorte pasivo impugna la sentencia, al que se adhiere la entidad
demandante, fundamentando sus alegatos en los términos que sigue:------------------------ Wilder
Alfredo Medina Quispe, con escrito de fojas setecientos cuarenta y uno a setecientos cuarenta
y cuatro de autos, señala lo siguiente: a) Se va perpetrar una injusticia, dejándome
económicamente sin la posibilidad de mejorar mi situación como empresario y se habilita a
una persona que sí ha cobrado ilícitamente, me refiero a don Máximo Augusto Alvarado
Urbizagástegui, quien después de cobrar el dinero transfirió a su empresa Comercial Alvarado
S.R.L.; b) La demandante, pese a tener asesores legales han incurrido en un grave error al
pagar a terceras personas, un cheque “no negociable”; c) Es cierto que mi persona con el
Banco de Crédito del Perú, voluntariamente, sin presión ni amenaza contra el objeto o la
persona arribamos a una transacción extrajudicial reconociendo el primero su error al haber
pagado el monto de 259,604.05 n.s. a una persona equivocada; d) La demanda ha debido de
ser declarada inadmisible porque no se señala quién es su representante legal y el
demandante en su fundamentación de hechos no indica que haya pagado el valor total de los
siete cheques a la empresa sino que pagó a don Máximo Augusto Urbizagástegui, como
persona natural; e) Alvarado Urbizagástegui es la persona que cobró el valor de los siete cheques sin mi autorización, en connivencia con los funcionarios del Banco, porque ¿cómo se
explica que en el Banco pagador, teniendo profesionales entendidos en la materia se paguen
los cheques a una persona distinta que el titular?, más aún si son cheques no negociables,
hechos que el a quo no le da importancia; f) Que, se haya producido enriquecimiento sin causa
por parte del demandado Alvarado Urbizagastegui, si lo hubo, porque inclusive
posteriormente transfirió dicho dinero a su empresa.-------------------------------------------------------
Banco de Crédito del Perú, con escrito de fojas setecientos setenta y ocho a setecientos
ochenta y uno de autos, se adhiere a la apelación antes citada, manifestando lo siguiente: a) El
juzgado no ha cumplido con analizar el carácter de subsidiaridad ni con establecer quién es el
titular del crédito y si existía entre los codemandados algún vínculo obligacional, ello en
atención a que para la procedencia de la pretensión demandada se hace necesario acreditar la
ausencia de la causa justa del enriquecimiento; b) La figura del enriquecimiento indebido o sin
causa, procede cuando éste se ha producido a expensas de otro, cuando hay ausencia de
causa justa, y cuando se cumple con la subsidiaridad (es decir no existe otra vía para reclamar);
c) La recurrida incurre en grave contradicción cuando señala en su considerando 2.12 que esta
parte no ha probado el enriquecimiento del demandado y la relación de causalidad entre el
empobrecimiento y el enriquecimiento (exigencias para la procedencia del enriquecimiento
indebido), sin embargo ampara la demanda respecto del litis consorte necesario; d) Al ser el
argumento de defensa de la empresa demandada, la figura del pago indebido como la
pretensión que se debió demandar y no de enriquecimiento indebido, el A quo estaba en la
obligación de analizar dicha figura conforme lo ordeno la Sala mediante resolución número 31;
e) Hemos señalado que el pago indebido no procede por cuanto en éste es indispensable la
existencia del “error”, y en el caso que nos ocupa no hubo error al abonarse los montos de los
7 cheques o negociables en la cuenta de la demandada, sino que fue una transacción
comercial irregular (pero consciente) de parte del titular de los cheques con participación
consciente también del funcionario del banco.----------------------------------------------------------------
TERCERO: El presente proceso versa sobre una demanda de enriquecimiento indebido,
interpuesta por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ contra COMERCIAL ALVARADO S.R.L., cuya
pretensión es que la empresa demandada cumpla con pagarnos la suma de S/ 259,604.05
(doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro y 05/100 nuevos soles), más los intereses
devengados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSIDERACIONES PARA RESOLVER:
CUARTO: El artículo 1954 del Código Civil señala lo siguiente: “Aquel que se enriquece
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo.” y el artículo 1955 del mismo
cuerpo legal establece que “La acción a que se refiere el artículo 1954 no es procedente cuando
la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva
indemnización.”, por lo que corresponde analizar si los hechos expuestos en la demanda y en
su absolución se encuadran dentro de los supuestos normativos antes señalados.------------------
QUINTO: Según lo expuesto en la demanda de fojas veintiocho a cuarenta y siete, el Banco de
Crédito del Perú, interpone demanda de enriquecimiento sin causa contra la empresa
Comercial Alvarado S.R.L. por haberse enriquecido indebidamente con el importe de siete
cheques no negociables recibidos de manera ilegítima y que no ha cumplido con reintegrar y
que le ha causado un grave perjuicio económico. Señala que la empresa EFADA EXPORT S.A.C.
giró a cargo de su cuenta corriente en el Banco Interbank siete cheques no negociables por la
suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos
(S/ 259,604.05) a la orden de Wilder Alfredo Medina Quispe, quien se acercó en cuatro
distintas oportunidades a la oficina del banco demandante en la ciudad de Barranca, con la
finalidad de depositar los siete cheques girados a su nombre en la cuenta corriente de moneda
nacional N° 235-1096659 de titularidad de la empresa Comercial Alvarado S.R.L. El detalle del
pago de los cheques es el que sigue: FECHA DE DEPÓSITO Nº DE CHEQUE IMPORTE DEL CHEQUE
30/06/2006 58108772 S/ 37,773.46
30/06/2006 58108773 S/ 25,952.55
19/07/2006 58108782 S/ 40,066.82
19/07/2006 58108783 S/ 44,638.57
10/08/2006 58108799 S/ 12,794.88
10/08/2006 58108797 S/ 42,017.47
14/08/2006 58108798 S/ 56,360.3
TOTAL S/ 259,604.05
SEXTO: Agrega el banco demandante que, los siete cheques depositados en la cuenta de
titularidad de la empresa demandada, poseían la cláusula no negociable, por lo que de
conformidad con lo señalado en el artículo 190 numeral 1 de la Ley de Títulos Valores , los
referidos títulos valores solo debieron ser pagados al titular o acreditados en la cuenta que el
beneficiado sea el titular, situación que no se dio en el presente caso a solicitud del señor
Wilder Alfredo Medina Quispe, quien posteriormente formuló un reclamo ante la
Superintendencia de Banca y Seguros, alegando de manera insólita que no había autorizado el
depósito de los referidos títulos en la cuenta de la empresa demandada y señalando que estos
habían sido sustraídos y negociados en las oficinas del banco en la cuenta de un tercero, y ante
esta situación, con la finalidad de solucionar el inconveniente de manera rápida y eficiente
procedió de conformidad con lo previsto en el artículo 190 numeral 190.3 de la Ley de Títulos
Valores, y respondió por el importe de los siete cheques al señor Wilder Alfredo Medina
Quispe entregándole la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos
soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05), mediante dos cheques de gerencia N° 03880743 y
04021757, con lo cual el señor Wilder Alfredo Medina Quispe se desistió de la denuncia que
había interpuesto ante la Superintendencia de Banca y Seguros, firmando las transacciones
extrajudiciales de fechas cuatro de junio del dos mil siete y dieciocho de setiembre del dos mil
siete. Señala el banco demandante que su actuar tuvo como finalidad solucionar de manera
inmediata el inconveniente surgido y luego de entregar la suma mencionada al titular de los
cheques, le requirieron a la empresa demandada Comercial Alvarado S.R.L. para que proceda a
devolver el dinero y la demandada ha hecho caso omiso, teniendo conocimiento de que el
depósito efectuado en su cuenta de ahorros fue realizado contraviniendo normas de carácter
legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉTIMO: Agrega el banco demandante que se ha producido el enriquecimiento sin causa por
parte de la demandada Comercial Alvarado S.R.L. por cuanto ha conseguido un claro
enriquecimiento de carácter material por el monto de doscientos cincuenta y nueve mil
seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05), que es el importe de los
cheques no negociables de titularidad de Wilder Alfredo Medina Quispe que fueron
depositados de manera ilegítima en su cuenta corriente, por lo que la empresa demandada
debió devolver el importe de los mismos y al retener dicho monto se ha enriquecido
indebidamente, y dicho enriquecimiento de la demandada ha sido a expensas del patrimonio
de la demandante que se ha visto disminuido, existiendo un empobrecimiento de la parte
demandante, y que no ha causa justa del enriquecimiento de la demandada, pues no existía
ninguna relación obligacional que justifique el desplazamiento patrimonial que ha existido
entre los dos agentes. Señala finalmente el banco demandante, que recurre a la acción de
enriquecimiento sin causa, que es de carácter residual y subsidiario, pues no tiene otra vía
para que se le restituya el monto pagado a la demandada de manera errada en su cuenta
bancaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCTAVO: Comercial Alvarado S.R.L. en su contestación de demanda de fojas ciento cincuenta
a ciento sesenta y uno señala en esencia lo siguiente: i) Que su apoderado Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui es un próspero empresario y en el mes de abril del dos mil seis
conoció a don Wilder Alfredo Medina Quispe, quien le sugirió que se dedicara a la venta de ají
páprika, ofreciéndole para ello que estas ventas se realicen a través de su R.U.C. por dedicarse
esta persona a esas actividades comerciales y luego de aceptar esta sugerencia, entre los
meses de mayo, junio y julio del dos mil seis, su apoderado antes nombrado vendió a la
empresa EFADA EXPORT S.A.C. doscientos setenta y cinco mil doscientos treinta y siete
kilogramos de ají páprika, girando esta empresa como medio de pago los siguientes veinticinco
cheques a cargo del Banco Interbank: 58108772, 58108773, 58108780, 58108781, 5810872,
58108783, 58108784, 58108794, 58108795, 58108796, 58108797, 58108798, 58108799,
58108810, 58108811, 58108812, 58108814, 58108815, 58108816, 58108817, 58108818,
58640107, 58640108, 58640140 y 58640149; ii) Todos esos cheques fueron entregados por
EFADA EXPORT S.A.C. en fechas distintas a Wilder medina, quien luego de recibirlos procedió a
entregar el monto de los mismos a su apoderado Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui,
así para el caso de los cheques N° 58108772, 58108773, 58108780, 58108781, 5810872,
58108783, 58108784, 58108794, 58108795, 58108796, 58108797, 58108798, 58108799,
58108810, 58108812, 58108814 y 58108817, la entrega se hizo de manera directa o mediante
abono en sus cuentas, y en cuanto a los cheques N° 58108811, 58108815, 58640107,
58108816, 58640108, 58108818, 58640149 Y 58640140, el pago se realizó a través de un
proceso judicial que su apoderado siguió contra Wilder Medina Quispe y EFADA EXPORT S.A.C.
en el proceso signado con el expediente N° 44-2007. Para la entrega de del importe de los
cheques N° 58108772, 58108773, 5810872, 58108783, 58108797, 58108798, 58108799, cuyo
reembolso solicita el banco demandante, Wilder Medina Quispe solicitó se abone el monto de
los mismos a su Cuenta Credipago N° 235-1096659-0-98, procediendo luego la empresa
demandada a entregar estos montos a su apoderado Máximo Augusto Alvarado
Urbizagástegui, por ser él su destinatario.-----------------------------------------------------------------------
NOVENO: Agrega la demandada, que con posterioridad, de manera insólita Wilder Medina
Quispe solicitó al banco el reembolso de los siete cheques, argumentando que por tratarse de
cheques no negociables, estos no debieron ser abonados directamente a su cuenta credipago,
pese a que él dio instrucciones expresas para que al bono se realice de esta forma. Señala
también la demandada, que el banco actuó en forma negligente al abonar de la forma indicada
el importe de los siete cheques, pues lo que correspondía realizar ante la solicitud de Wilder
Medina Quispe, era entregar el efectivo en ventanilla y luego depositar este efectivo a su
cuenta credipago, siendo más reprochable la conducta del banco demandante si estos cheques
fueron pagados en fechas distintas y siguiendo los diversos controles que existen en el banco
para evitar estas equivocaciones. Señala también la demandada, que el pago de los siete
cheques antes indicados, tenía una causa justa, cual es la obligación que tenía Wilder Medina
Quispe de entregar el importe de los cheques a su apoderado Máximo Augusto Alvarado
Urbizagástegui, por la venta de ají páprika que le hizo a la empresa EFADA EXPORT S.A.C.
Finalmente, la demandada señala que debido al error en que se incurrió al abonar los cheques
en su cuenta, no corresponde interponer una acción de enriquecimiento sin causa, sino una
acción de pago indebido, dado el carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento sin
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO: En virtud a la denuncia civil formulada por la demandada Comercial Alvarado S.R.L.
el juzgado comprendió como litisconsosrte necesario pasivo a don Wilder Alfredo Medina
Quispe, quien se apersonó al proceso mediante representante y contestó la demanda
mediante escrito que obra de fojas doscientos dieciséis a doscientos dieciocho en la cual en
esencia señala que: i) Que el apoderado de Comercial Alvarado S.R.L. señor Máximo Augusto
Alvarado Urbizagástegui, no ha efectuado ninguna venta de ají páprika a la empresa EFADA
EXPORT S.A.C. en los meses de mayo, junio y julio del dos mil seis, ni antes ni después,
conforme pretende la demandada al contestar la demanda, en todo caso que la demandada
acredite el proceso de entrega de ají páprika a EFADA EXPORT S.A.C. precisando si dicha
entrega ha sido efectuada por don Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui, en calidad de representante legal de la empresa demandada o en calidad de ciudadano común y corriente;
ii) Los siete cheques N° 58108772, 58108773, 5810872, 58108783, 58108797, 58108798 y
58108799, fueron girados por la empresa EFADA EXPORT S.A.C. a nombre de Wilder Alfredo
Medina Quispe y los cheques no negociables solo deben ser pagados a la persona en cuyo
favor se emitió, o a pedido de ella, puede ser acreditado en cuenta corriente u otra cuenta de
la cual sea su titular, y los endosos realizados a pesar de la prohibición prevista en el artículo
190 de la Ley de Títulos Valores, se consideran no hechos y en el presente caso, los siete
cheques antes mencionados han sido cobrados por persona distinta al titular; iii) Que el
demandante Banco de Crédito del Perú y la demandada Comercial Alvarado S.R.L., no señalan
la verdad en cuanto al cobro de los siete cheques no negociables, consecuentemente los
funcionarios del banco demandante no han cumplido con el Reglamento Interno del Banco, así
como la Ley 27287 Ley de Títulos Valores, por lo que el banco demandante reconoció la
infracción y respondió con devolver el monto de los cheques, mediante transacción
extrajudicial; iv) Que los cheques no negociables girados a nombre de Wilder Alfredo Medina
Quispe, se desaparecieron de los cajones de su escritorio, que se encontraba dentro del local
comercial de la demandada, en razón de haber alquilado una parte del inmueble a su
poderdante, motivando que inicialmente se denuncie como pérdida de los referidos cheques,
luego denunciara por hurto de los cheques.--------------------------------------------------------------------
UNDÉCIMO: Inicialmente, mediante sentencia de fecha treinta y uno de agosto del dos mil
nueve que obra de fojas cuatrocientos cincuenta y dos a cuatrocientos cincuenta y nueve, la
demanda fue declarada infundada, siendo el argumento central de dicha decisión que el
empobrecimiento del banco demandante se debe a que entregó la suma reclamada al
litisconsorte Wilder Alfredo Medina Quispe como consecuencia de una transacción
extrajudicial, lo que no es imputable a la demandada Comercial Alvarado S.R.L. y dicha
transacción tuvo como objeto evitar una sanción de parte de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, y tampoco se ha acreditado el enriquecimiento de parte de la demandada, pues
ésta sostiene que los abonos efectuados a su cuenta fueron entregados a su apoderado
Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui, por la acreencia que tenía con Wilder Alfredo
Medina Quispe. Esta Sala Superior, con distinta conformación, mediante sentencia de fecha
treinta de abril del dos mil diez, que obra de fojas quinientos dieciséis a quinientos diecinueve,
declaró nula la sentencia, pues la demandada había denunciado que no se cumplía con el
requisito de la subsidiariedad prevista en el artículo 1955 del Código Civil, pues debió
interponerse la acción de pago indebido a que se refiere el artículo 1267 del Código Civil que
señala: “El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago,
puede exigir la restitución de quien la recibió.”.------------------------------------------------
DUODÉCIMO: En la segunda sentencia de fecha dieciocho de noviembre del dos mil trece, que
obra de fojas seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y siete, se declaró
improcedente la demanda, señalándose que se trata de un pago indebido o de un pago
realizado por terceros, por lo que el banco demandante debería ejercer la acción de repetición
o la restitución de lo indebidamente pagado de conformidad con lo establecido en el artículo
1222 o 1267 del Código Civil respectivamente. Esta Sala Superior con distinta conformación,
mediante sentencia de vista de fecha siete de junio del dos mil catorce que obra de fojas
seiscientos noventa y cuatro a seiscientos noventa y siete, declaró nula la sentencia, señalando
que el juez de la causa no había analizado los argumentos del litisconsorte necesario Wilder
Alfredo Medina Quispe, debiendo determinarse quien resultaba siendo el acreedor de la
obligación de pago que fue cumplida por EFADA EXPORT S.A.C y si existía entre los
codemandados algún vínculo obligacional, para centrar la imputación de los presupuestos
normativos y luego proceder a aplicar la norma pertinente.-----------------------------------------------
DÉCIMO TERCERO: En la tercera sentencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil quince
que obra de fojas setecientos veinticinco a setecientos treinta y tres, el juez de la causa declaró
fundada en parte la demanda únicamente respecto del litisconsorte necesario pasivo Wilder
Alfredo Medina Quispe ordenando que éste pague al banco demandante la suma reclamada de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/
259,604.05), más intereses de ley, por el pago indebido que califica el enriquecimiento
indebido, más costas y costos, e infundada la demanda respecto de la empresa Comercial
Alvarado S.R.L.. Esta Sala Superior con distinta conformación, mediante sentencia de vista de
fecha treinta de octubre del dos mil quince que obra de fojas ochocientos veinticuatro a
ochocientos treinta y tres, revocó la sentencia de primera instancia y declaró fundada en parte
la demanda de enriquecimiento indebido, debiendo la demandada Comercial Alvarado S.R.L.
abonar a favor del Banco de Crédito del Perú, la suma de doscientos cincuenta y nueve mil
seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05) y se declaró improcedente
la demanda respecto al litisconsorte necesario pasivo Wilder Alfredo Medina Quispe, debido a
que existe una transacción extrajudicial entre éste y el banco demandante, en la cual las partes
expresan su renuncia irrevocable a cualquier acción que tengan o pudiesen tener entre ellas
respecto a los cheques materia del presente proceso. La demandada Comercial Alvarado S.R.L.,
interpuso recurso de casación que fue declarado fundado mediante la Casación N°629-2016-
Huaura de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis, cuya copia certificada obra de fojas
ochocientos sesenta y tres a ochocientos ochenta, y en el sétimo y octavo considerando de
dicha sentencia, la Sala Suprema concluye que la Sala Superior ha infringido lo previsto en el
artículo 20 de la Ley de Títulos Valores, al considerar que dicha norma no exige la
subsidiariedad para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa, lo cual no es
cierto, pues dicha acción es similar y contiene los mismos requisitos del artículo 1955 del
Código Civil. Por lo tanto, corresponde emitir un pronunciamiento atendiendo a lo señalado en
la Casación N° 629-2016-Huaura.----------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO CUARTO: Con respecto a la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa o
enriquecimiento indebido, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, en la Casación N° 1995-2009-Tumbes, en su sexto considerando ha señalado lo
siguiente: “Sexto.- Que, el enriquecimiento sin causa, cuando opera independientemente de
una causa jurídica, quiebra el equilibrio entre dos patrimonios de una manera injusta, y cuando
tal situación se produce la ley otorga un crédito al empobrecido contra el enriquecido,
otorgándole un acción in reverso, deriva de un principio de equidad. Las condiciones para la
interposición de una acción son: a) que el demandado debe haberse enriquecido por la
percepción de un beneficio, material, intelectual y aun moral: b) este beneficio debe haberse
obtenido a expensas del demandante, quien se ha empobrecido; c) que tal enriquecimiento
sea injusto; yd), que el demandante no tenga otro remedio para obtener satisfacción, por lo
que tal acción tiene carácter residual o subsidiaria.
DÉCIMO QUINTO: En el caso que nos ocupa, se da el primer supuesto de enriquecimiento por
parte de la demandada Comercial Alvarado S.R.L. pues el banco demandante por error
depositó en sus cuentas bancarias la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos
cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05), que correspondían al cobro de los
cheques N° 58108772, 58108773, 5810872, 58108783, 58108797, 58108798 y 58108799, que
fueron girados por la empresa EFADA EXPORT S.A.C. a cargo del Banco Interbank, a favor de
Wilder Alfredo Medina Quispe con la cláusula no negociable, los cuales únicamente debían
pagarse al titular o ser depositados en una cuenta a su nombre, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 190 1 de la Ley 27287 Ley de Títulos Valores que señala lo siguiente: “190.1 El
Cheque emitido con la cláusula "intransferible", "no negociable", "no a la orden" u otra
equivalente, sólo debe ser pagado a la persona en cuyo favor se emitió; o, a pedido de ella,
puede ser acreditado en cuenta corriente u otra cuenta de la que sea su titular, admitiéndose el
endoso sólo a favor de bancos y únicamente para el efecto de su cobro. 190.2 Esta cláusula
puesta por el endosante surte los mismos efectos respecto al endosatario. 190.3 El banco
girado que pague un Cheque que contenga esta cláusula a persona diferente del facultado a
cobrarlo o del banco endosatario para su cobro responde del pago efectuado. 190.4 Los
endosos realizados a pesar de la prohibición prevista en el presente artículo se consideran no
hechos. Por su parte, la tarjadura de esta cláusula anula sus efectos cambiarios.” (subrayado agregado), Y como se sabe y lo reconoce plenamente la demandada Comercial Alvarado S.R.L.,
el monto antes citado ingresó a su patrimonio, aunque esta señala que lo entregó a su
apoderado Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui, quien era el destinatario de dichos
montos, dado que don Wilder Alfredo Medina Quispe era su deudor por unos negocios de
venta de ají páprika efectuadas a la giradora de los cheques EFADA EXPORT S.A.C.------------------
DÉCIMO SEXTO: En cuanto al empobrecimiento del banco demandante, está debidamente
acreditado que el Banco de Crédito del Perú, luego de haber pagado el monto de los siete
cheques por la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles con
cinco céntimos (S/ 259,604.05), tuvo que devolver dicho monto al litisconsorte Wilder Alfredo
Medina Quispe, tal como se acredita con las copias de los cheques de gerencia N° 03880743 y
04021757 que obran a fojas catorce y quince y las copias legalizadas de las transacciones
extrajudiciales de fechas cuatro de junio y dieciocho de setiembre del dos mil siete
respectivamente, que obran de fojas dieciséis a veintiuno.-------------------------------------------------
DÉCIMO SÉTIMO: También está acreditado que dicho enriquecimiento de la demandada
Comercial Alvarado S.R.L. y el empobrecimiento del Banco de Crédito del Perú es injusto, dado
que no existía entre ambas partes ninguna relación obligacional que justifique la entrega de
dicha suma dineraria, la misma que se efectuó por error del banco demandante y
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 190 numeral 1 de la Ley de Títulos Valores ya
reseñada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO OCTAVO: En cuanto a la subsidiariedad para ejercer la acción de enriquecimiento sin
causa, el artículo 20 de la Ley de Títulos valores señala que: “Extinguidas las acciones derivadas
de los títulos valores, sin tener acción causal contra el emisor o los otros obligados, el tenedor
podrá accionar contra los que se hubieren enriquecido sin causa en detrimento suyo, por la vía
procesal respectiva.”. Sin embargo, esta norma no es la aplicable para el caso de autos, dado
que el banco demandante no es tenedor de ningún título valor, y es más, con respecto a los
cheques materia del pago equivocado, el banco demandante no tuvo la calidad de girador,
girado ni tenedor, y solo fue un endosatario por parte del tenedor para cobrar los cheques del
banco girado (Banco Interbank).-----------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO NOVENO: Siendo así, la norma aplicable es la prevista en el artículo 1954 del Código
Civil que señala lo siguiente: “Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está
obligado a indemnizarlo.” y el artículo 1955 del mismo cuerpo legal establece que “La acción a
que se refiere el artículo 1954 no es procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio
puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización.”. Como ya se ha dicho
anteriormente, entre el banco demandante y la empresa demandada Comercial Alvarado
S.R.L. no existía vínculo obligacional alguno que justifique la entrega de la suma de doscientos
cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05), por
lo tanto, el banco demandante no tiene forma de ejercitar otra acción para recuperar el dinero
que entregó en forma errada. No corresponde la acción de pago indebido, pues aquella
corresponde cuando un deudor paga una obligación a un acreedor que no corresponde, lo que
no se da en el caso que nos ocupa. Por lo tanto, se cumple también el requisito de la
subsidiariedad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMO: En este contexto, la demanda de enriquecimiento sin causa resulta fundada, en
consecuencia la empresa demandada Comercial Alvarado S.R.L. deberá pagar al Banco de
Crédito del Perú la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles
con cinco céntimos (S/ 259,604.05), como indemnización por haberse enriquecido
indebidamente a expensas del banco demandante, más los intereses legales, costas y costos
del proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia. Por lo tanto debe revocarse la
sentencia apelada en dicho extremo.-----------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMO PRIMERO: Con respecto al litisconsorte necesario pasivo, Wilder Alfredo Medina
Quispe, en las transacciones extrajudiciales celebradas entre éste y el banco demandante y
que obran de fojas dieciséis a veintiuno, en ambos casos en la cláusula cuarta se ha pactado
expresamente la renuncia a nuevas acciones señalándose lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1303 del Código Civil, las partes dejan constancia expresa de su
renuncia irrevocable a cualquier acción que tengan o pudiesen tener entre ellas respecto a los
cheques detallados en la cláusula segunda de la presente transacción, razón por la cual éstas
se obligan a desistirse de inmediato y a realizar sus mejores y mayores esfuerzos para lograr el
archivamiento definitivo de todo reclamo, queja, denuncia y/o demanda que hubiesen podido
interponer con relación al asunto transado mediante este documento.”. Por lo tanto, no puede
el banco demandante reclamar el pago del monto de los cheques materia del presente
proceso al litisconsorte Wilder Alfredo Medina Quispe, por lo tanto la demanda resulta
improcedente en dicho extremo, por la causal de imposibilidad jurídica del petitorio
consagrada en el artículo 427 numeral 6 del Código Procesal Civil, según el texto vigente a la
fecha de interposición de la demanda.---------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMO SEGUNDO: Lo señalado anteriormente, en modo alguno exime al litisconsorte
Wilder Alfredo Medina Quispe de las obligaciones que habría asumido frente a Máximo
Augusto Alvarado Urbizagástegui por su vínculo comercial para vender ají páprika al EFADA
EXPORT S.A.C., por lo que queda a salvo el derecho de Comercial Alvarado S.R.L. y de Máximo
Augusto Alvarado Urbizagástegui, para accionar contra el litisconsorte antes nombrado en la
vía correspondiente y en cuanto corresponda a su derecho.-----------------------------------------------
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, siendo ponente el Juez Superior Víctor Raúl
Mosqueira Neira, la Primera Sala Civil Permanente de Huaura HA RESUELTO:
1) REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número sesenta y uno de fecha
dieciocho de febrero del dos mil quince, de fojas setecientos veinticinco a setecientos
treinta y tres de autos, ha resuelto: 1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas
28 a 47, subsanado a fojas 56, interpuesta por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ respecto
del Litisconsorte necesario pasivo WILDER ALFREDO MEDINA QUISPE y, en consecuencia
ORDENO que éste último, consentida o ejecutoriada que sea la presente, restituya al
primero la suma de S/. 259,604.05 (DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL SEISCIENTOS
CUATRO CON 05/100 NUEVOS SOLES), más los i |
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EXPEDIENTE : 00292-2008-0-1301-JR-CI-01
MATERIA : ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
RELATOR : PEREZ RUIZ, VERONICA
DEMANDADO : COMERCIAL ALVARADO S.R.L,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Resolución N° 80
Huacho, 09 de agosto del 2018.-
Luego de haberse realizado la vista de la causa, el Juez Superior RIVEROS
JURADO emitió su voto proponiendo lo siguiente:
REVOCAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 61, de fecha 18 de febrero del 2015 de
fojas 725, en el extremo que resuelve: “Declarar fundada en parte la demanda de fojas 28 a
47, subsanado a fojas 56, interpuesta por el Banco de Crédito del Perú respecto del
Litisconsorte necesario pasivo Wilder Alfredo Medina Quispe y, en consecuencia ordena que
éste último, consentida o ejecutoriada que sea la presente, restituya al primero la suma de S/.
259,604.05 (doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro con 05/100 nuevos soles),
más los intereses de ley, por el pago indebido que califica el enriquecimiento indebido, más
costas y costos”.
REFORMANDOLA se declara improcedente al demanda fojas 28 a 47, subsanada a fojas 56,
interpuesta por el Banco de Crédito del Perú respecto del Litisconsorte necesario pasivo
Wilder Alfredo Medina Quispe.
El Juez Superior MOSQUEIRA NEIRA emite su voto en discordia, al que se
adhiere el Juez Superior SOLÓRZANO RODRÍGUEZ proponiendo lo siguiente:
SE REVOQUE la sentencia contenida en la resolución número sesenta y uno de fecha dieciocho
de febrero del dos mil quince, de fojas setecientos veinticinco a setecientos treinta y tres de
autos, ha resuelto: 1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas 28 a 47, subsanado a
fojas 56, interpuesta por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ respecto del Litisconsorte necesario
pasivo WILDER ALFREDO MEDINA QUISPE y, en consecuencia ORDENO que éste último,
consentida o ejecutoriada que sea la presente, restituya al primero la suma de S/. 259,604.05
(DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 05/100 NUEVOS SOLES), más
los intereses de ley, por el pago indebido que califica el enriquecimiento indebido, más costas y
costos. 2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto de la empresa COMERCIAL ALVARADO
S.R.L. y REFORMÁNDOLA SE DECLARE FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA de enriquecimiento
indebido interpuesta por el Banco de Crédito del Perú contra Comercial Alvarado S.R.L. en
consecuencia SE ORDENA que la demandada Comercial Alvarado S.R.L pague al banco de
Crédito del Perú la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles
con cinco céntimos (S/ 259,604.05), como indemnización por haberse enriquecido
indebidamente a expensas del banco demandante, más los intereses legales, costas y costos
del proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia.
SE DECLARE IMPROCEDENTE LA DEMANDA en cuanto al litisconsorte necesario pasivo Wilder
Alfredo Medina Quispe.
DEJAR A SALVO el derecho de la demandada Comercial Alvarado S.R.L y de su apoderado
Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui de accionar contra Wilder Alfredo Medina Quispe,
de acuerdo con lo señalado en el vigésimo segundo considerando de la presente sentencia de
vista. Habiéndose producido discordia de conformidad con lo previsto en los
artículos 144° y 145° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
LLAMARON para dirimir al Juez Superior MANRIQUE RAMIREZ. SEÑALARON fecha de VISTA
DE LA CAUSA para el día 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, A LAS 12:00 HORAS. -
Ss.
SOLÓRZANO RODRÍGUEZ MOSQUEIRA NEIRA RIVEROS JURADO |
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EXPEDIENTE : 00292-2008-0-1301-JR-CI-01
MATERIA : ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
RELATOR : SOLANO MOLINA, VILMA
LISTISC. PASIVO : MEDINA QUISPE, WILDER ALFREDO
DEMANDADO : COMERCIAL ALVARADO S.R.L
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Resolución Nro. 74
Huacho, 15 de diciembre del 2017.
DADO CUENTA: Por recibido los autos proveniente de la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República; cúmplase lo ordenado por el superior mediante
Casación de fecha 08 de mayo del 2017, en la cual se declara fundado el recurso de
casación, nula la sentencia de vista de fecha treinta de octubre del dos mil quince y
ordenaron que esta Sala Superior emita nueva sentencia conforme a lo establecido en los
considerandos expuestos; en consecuencia: SEÑALARON fecha de VISTA DE LA CAUSA
para el día 20 DE MARZO DEL AÑO 2018, A HORAS 09:15 DE LA MAÑANA.
Ss.
SOLÓRZANO RODRÍGUEZ MOSQUEIRA NEIRA HERRERA VILLLAR |
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PRIMERA SALA CIVIL
EXPEDIENTE : 00292-2008-0-1301-JR-CI-01
MATERIA : ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
DEMANDADO : COMERCIAL ALVARADO S.R.L
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
PROCEDENCIA : JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE BARRANCA
Luego de haber emitido su voto el Juez Superior MANRIQUE RAMIREZ,
adhiriéndose conjuntamente con el Juez Superior SOLÓRZANO RODRÍGUEZ, al voto emitido
por el Juez Superior MOSQUEIRA NEIRA, se ha formado la siguiente resolución:
Resolución N° 83
Huacho, 27 de agosto del 2018.-
VISTOS, en audiencia pública, con el expediente acompañado No. 00044-2007-
0-1301-JR-CI-01, seguido por Alvarado Urbizagástegui Máximo contra la empresa EFADA
EXPORT SAC sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y; CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Es objeto de apelación la sentencia contenida en la resolución número sesenta y
uno de fecha dieciocho de febrero del dos mil quince, de fojas setecientos veinticinco a
setecientos treinta y tres de autos, ha resuelto: 1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de
fojas 28 a 47, subsanado a fojas 56, interpuesta por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ respecto
del Litisconsorte necesario pasivo WILDER ALFREDO MEDINA QUISPE y, en consecuencia
ORDENO que éste último, consentida o ejecutoriada que sea la presente, restituya al primero la
suma de S/. 259,604.05 (DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON
05/100 NUEVOS SOLES), más los intereses de ley, por el pago indebido que califica el
enriquecimiento indebido, más costas y costos. 2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto
de la empresa COMERCIAL ALVARADO S.R.L. ------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: El litisconsorte pasivo impugna la sentencia, al que se adhiere la entidad
demandante, fundamentando sus alegatos en los términos que sigue:------------------------ Wilder
Alfredo Medina Quispe, con escrito de fojas setecientos cuarenta y uno a setecientos cuarenta
y cuatro de autos, señala lo siguiente: a) Se va perpetrar una injusticia, dejándome
económicamente sin la posibilidad de mejorar mi situación como empresario y se habilita a
una persona que sí ha cobrado ilícitamente, me refiero a don Máximo Augusto Alvarado
Urbizagástegui, quien después de cobrar el dinero transfirió a su empresa Comercial Alvarado
S.R.L.; b) La demandante, pese a tener asesores legales han incurrido en un grave error al
pagar a terceras personas, un cheque “no negociable”; c) Es cierto que mi persona con el
Banco de Crédito del Perú, voluntariamente, sin presión ni amenaza contra el objeto o la
persona arribamos a una transacción extrajudicial reconociendo el primero su error al haber
pagado el monto de 259,604.05 n.s. a una persona equivocada; d) La demanda ha debido de
ser declarada inadmisible porque no se señala quién es su representante legal y el
demandante en su fundamentación de hechos no indica que haya pagado el valor total de los
siete cheques a la empresa sino que pagó a don Máximo Augusto Urbizagástegui, como
persona natural; e) Alvarado Urbizagástegui es la persona que cobró el valor de los siete cheques sin mi autorización, en connivencia con los funcionarios del Banco, porque ¿cómo se
explica que en el Banco pagador, teniendo profesionales entendidos en la materia se paguen
los cheques a una persona distinta que el titular?, más aún si son cheques no negociables,
hechos que el a quo no le da importancia; f) Que, se haya producido enriquecimiento sin causa
por parte del demandado Alvarado Urbizagastegui, si lo hubo, porque inclusive
posteriormente transfirió dicho dinero a su empresa.-------------------------------------------------------
Banco de Crédito del Perú, con escrito de fojas setecientos setenta y ocho a setecientos
ochenta y uno de autos, se adhiere a la apelación antes citada, manifestando lo siguiente: a) El
juzgado no ha cumplido con analizar el carácter de subsidiaridad ni con establecer quién es el
titular del crédito y si existía entre los codemandados algún vínculo obligacional, ello en
atención a que para la procedencia de la pretensión demandada se hace necesario acreditar la
ausencia de la causa justa del enriquecimiento; b) La figura del enriquecimiento indebido o sin
causa, procede cuando éste se ha producido a expensas de otro, cuando hay ausencia de
causa justa, y cuando se cumple con la subsidiaridad (es decir no existe otra vía para reclamar);
c) La recurrida incurre en grave contradicción cuando señala en su considerando 2.12 que esta
parte no ha probado el enriquecimiento del demandado y la relación de causalidad entre el
empobrecimiento y el enriquecimiento (exigencias para la procedencia del enriquecimiento
indebido), sin embargo ampara la demanda respecto del litis consorte necesario; d) Al ser el
argumento de defensa de la empresa demandada, la figura del pago indebido como la
pretensión que se debió demandar y no de enriquecimiento indebido, el A quo estaba en la
obligación de analizar dicha figura conforme lo ordeno la Sala mediante resolución número 31;
e) Hemos señalado que el pago indebido no procede por cuanto en éste es indispensable la
existencia del “error”, y en el caso que nos ocupa no hubo error al abonarse los montos de los
7 cheques o negociables en la cuenta de la demandada, sino que fue una transacción
comercial irregular (pero consciente) de parte del titular de los cheques con participación
consciente también del funcionario del banco.----------------------------------------------------------------
TERCERO: El presente proceso versa sobre una demanda de enriquecimiento indebido,
interpuesta por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ contra COMERCIAL ALVARADO S.R.L., cuya
pretensión es que la empresa demandada cumpla con pagarnos la suma de S/ 259,604.05
(doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro y 05/100 nuevos soles), más los intereses
devengados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSIDERACIONES PARA RESOLVER:
CUARTO: El artículo 1954 del Código Civil señala lo siguiente: “Aquel que se enriquece
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo.” y el artículo 1955 del mismo
cuerpo legal establece que “La acción a que se refiere el artículo 1954 no es procedente cuando
la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva
indemnización.”, por lo que corresponde analizar si los hechos expuestos en la demanda y en
su absolución se encuadran dentro de los supuestos normativos antes señalados.------------------
QUINTO: Según lo expuesto en la demanda de fojas veintiocho a cuarenta y siete, el Banco de
Crédito del Perú, interpone demanda de enriquecimiento sin causa contra la empresa
Comercial Alvarado S.R.L. por haberse enriquecido indebidamente con el importe de siete
cheques no negociables recibidos de manera ilegítima y que no ha cumplido con reintegrar y
que le ha causado un grave perjuicio económico. Señala que la empresa EFADA EXPORT S.A.C.
giró a cargo de su cuenta corriente en el Banco Interbank siete cheques no negociables por la
suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos
(S/ 259,604.05) a la orden de Wilder Alfredo Medina Quispe, quien se acercó en cuatro
distintas oportunidades a la oficina del banco demandante en la ciudad de Barranca, con la
finalidad de depositar los siete cheques girados a su nombre en la cuenta corriente de moneda
nacional N° 235-1096659 de titularidad de la empresa Comercial Alvarado S.R.L. El detalle del
pago de los cheques es el que sigue: FECHA DE DEPÓSITO Nº DE CHEQUE IMPORTE DEL CHEQUE
30/06/2006 58108772 S/ 37,773.46
30/06/2006 58108773 S/ 25,952.55
19/07/2006 58108782 S/ 40,066.82
19/07/2006 58108783 S/ 44,638.57
10/08/2006 58108799 S/ 12,794.88
10/08/2006 58108797 S/ 42,017.47
14/08/2006 58108798 S/ 56,360.3
TOTAL S/ 259,604.05
SEXTO: Agrega el banco demandante que, los siete cheques depositados en la cuenta de
titularidad de la empresa demandada, poseían la cláusula no negociable, por lo que de
conformidad con lo señalado en el artículo 190 numeral 1 de la Ley de Títulos Valores , los
referidos títulos valores solo debieron ser pagados al titular o acreditados en la cuenta que el
beneficiado sea el titular, situación que no se dio en el presente caso a solicitud del señor
Wilder Alfredo Medina Quispe, quien posteriormente formuló un reclamo ante la
Superintendencia de Banca y Seguros, alegando de manera insólita que no había autorizado el
depósito de los referidos títulos en la cuenta de la empresa demandada y señalando que estos
habían sido sustraídos y negociados en las oficinas del banco en la cuenta de un tercero, y ante
esta situación, con la finalidad de solucionar el inconveniente de manera rápida y eficiente
procedió de conformidad con lo previsto en el artículo 190 numeral 190.3 de la Ley de Títulos
Valores, y respondió por el importe de los siete cheques al señor Wilder Alfredo Medina
Quispe entregándole la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos
soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05), mediante dos cheques de gerencia N° 03880743 y
04021757, con lo cual el señor Wilder Alfredo Medina Quispe se desistió de la denuncia que
había interpuesto ante la Superintendencia de Banca y Seguros, firmando las transacciones
extrajudiciales de fechas cuatro de junio del dos mil siete y dieciocho de setiembre del dos mil
siete. Señala el banco demandante que su actuar tuvo como finalidad solucionar de manera
inmediata el inconveniente surgido y luego de entregar la suma mencionada al titular de los
cheques, le requirieron a la empresa demandada Comercial Alvarado S.R.L. para que proceda a
devolver el dinero y la demandada ha hecho caso omiso, teniendo conocimiento de que el
depósito efectuado en su cuenta de ahorros fue realizado contraviniendo normas de carácter
legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉTIMO: Agrega el banco demandante que se ha producido el enriquecimiento sin causa por
parte de la demandada Comercial Alvarado S.R.L. por cuanto ha conseguido un claro
enriquecimiento de carácter material por el monto de doscientos cincuenta y nueve mil
seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05), que es el importe de los
cheques no negociables de titularidad de Wilder Alfredo Medina Quispe que fueron
depositados de manera ilegítima en su cuenta corriente, por lo que la empresa demandada
debió devolver el importe de los mismos y al retener dicho monto se ha enriquecido
indebidamente, y dicho enriquecimiento de la demandada ha sido a expensas del patrimonio
de la demandante que se ha visto disminuido, existiendo un empobrecimiento de la parte
demandante, y que no ha causa justa del enriquecimiento de la demandada, pues no existía
ninguna relación obligacional que justifique el desplazamiento patrimonial que ha existido
entre los dos agentes. Señala finalmente el banco demandante, que recurre a la acción de
enriquecimiento sin causa, que es de carácter residual y subsidiario, pues no tiene otra vía
para que se le restituya el monto pagado a la demandada de manera errada en su cuenta
bancaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCTAVO: Comercial Alvarado S.R.L. en su contestación de demanda de fojas ciento cincuenta
a ciento sesenta y uno señala en esencia lo siguiente: i) Que su apoderado Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui es un próspero empresario y en el mes de abril del dos mil seis
conoció a don Wilder Alfredo Medina Quispe, quien le sugirió que se dedicara a la venta de ají
páprika, ofreciéndole para ello que estas ventas se realicen a través de su R.U.C. por dedicarse
esta persona a esas actividades comerciales y luego de aceptar esta sugerencia, entre los
meses de mayo, junio y julio del dos mil seis, su apoderado antes nombrado vendió a la
empresa EFADA EXPORT S.A.C. doscientos setenta y cinco mil doscientos treinta y siete
kilogramos de ají páprika, girando esta empresa como medio de pago los siguientes veinticinco
cheques a cargo del Banco Interbank: 58108772, 58108773, 58108780, 58108781, 5810872,
58108783, 58108784, 58108794, 58108795, 58108796, 58108797, 58108798, 58108799,
58108810, 58108811, 58108812, 58108814, 58108815, 58108816, 58108817, 58108818,
58640107, 58640108, 58640140 y 58640149; ii) Todos esos cheques fueron entregados por
EFADA EXPORT S.A.C. en fechas distintas a Wilder medina, quien luego de recibirlos procedió a
entregar el monto de los mismos a su apoderado Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui,
así para el caso de los cheques N° 58108772, 58108773, 58108780, 58108781, 5810872,
58108783, 58108784, 58108794, 58108795, 58108796, 58108797, 58108798, 58108799,
58108810, 58108812, 58108814 y 58108817, la entrega se hizo de manera directa o mediante
abono en sus cuentas, y en cuanto a los cheques N° 58108811, 58108815, 58640107,
58108816, 58640108, 58108818, 58640149 Y 58640140, el pago se realizó a través de un
proceso judicial que su apoderado siguió contra Wilder Medina Quispe y EFADA EXPORT S.A.C.
en el proceso signado con el expediente N° 44-2007. Para la entrega de del importe de los
cheques N° 58108772, 58108773, 5810872, 58108783, 58108797, 58108798, 58108799, cuyo
reembolso solicita el banco demandante, Wilder Medina Quispe solicitó se abone el monto de
los mismos a su Cuenta Credipago N° 235-1096659-0-98, procediendo luego la empresa
demandada a entregar estos montos a su apoderado Máximo Augusto Alvarado
Urbizagástegui, por ser él su destinatario.-----------------------------------------------------------------------
NOVENO: Agrega la demandada, que con posterioridad, de manera insólita Wilder Medina
Quispe solicitó al banco el reembolso de los siete cheques, argumentando que por tratarse de
cheques no negociables, estos no debieron ser abonados directamente a su cuenta credipago,
pese a que él dio instrucciones expresas para que al bono se realice de esta forma. Señala
también la demandada, que el banco actuó en forma negligente al abonar de la forma indicada
el importe de los siete cheques, pues lo que correspondía realizar ante la solicitud de Wilder
Medina Quispe, era entregar el efectivo en ventanilla y luego depositar este efectivo a su
cuenta credipago, siendo más reprochable la conducta del banco demandante si estos cheques
fueron pagados en fechas distintas y siguiendo los diversos controles que existen en el banco
para evitar estas equivocaciones. Señala también la demandada, que el pago de los siete
cheques antes indicados, tenía una causa justa, cual es la obligación que tenía Wilder Medina
Quispe de entregar el importe de los cheques a su apoderado Máximo Augusto Alvarado
Urbizagástegui, por la venta de ají páprika que le hizo a la empresa EFADA EXPORT S.A.C.
Finalmente, la demandada señala que debido al error en que se incurrió al abonar los cheques
en su cuenta, no corresponde interponer una acción de enriquecimiento sin causa, sino una
acción de pago indebido, dado el carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento sin
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO: En virtud a la denuncia civil formulada por la demandada Comercial Alvarado S.R.L.
el juzgado comprendió como litisconsosrte necesario pasivo a don Wilder Alfredo Medina
Quispe, quien se apersonó al proceso mediante representante y contestó la demanda
mediante escrito que obra de fojas doscientos dieciséis a doscientos dieciocho en la cual en
esencia señala que: i) Que el apoderado de Comercial Alvarado S.R.L. señor Máximo Augusto
Alvarado Urbizagástegui, no ha efectuado ninguna venta de ají páprika a la empresa EFADA
EXPORT S.A.C. en los meses de mayo, junio y julio del dos mil seis, ni antes ni después,
conforme pretende la demandada al contestar la demanda, en todo caso que la demandada
acredite el proceso de entrega de ají páprika a EFADA EXPORT S.A.C. precisando si dicha
entrega ha sido efectuada por don Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui, en calidad de representante legal de la empresa demandada o en calidad de ciudadano común y corriente;
ii) Los siete cheques N° 58108772, 58108773, 5810872, 58108783, 58108797, 58108798 y
58108799, fueron girados por la empresa EFADA EXPORT S.A.C. a nombre de Wilder Alfredo
Medina Quispe y los cheques no negociables solo deben ser pagados a la persona en cuyo
favor se emitió, o a pedido de ella, puede ser acreditado en cuenta corriente u otra cuenta de
la cual sea su titular, y los endosos realizados a pesar de la prohibición prevista en el artículo
190 de la Ley de Títulos Valores, se consideran no hechos y en el presente caso, los siete
cheques antes mencionados han sido cobrados por persona distinta al titular; iii) Que el
demandante Banco de Crédito del Perú y la demandada Comercial Alvarado S.R.L., no señalan
la verdad en cuanto al cobro de los siete cheques no negociables, consecuentemente los
funcionarios del banco demandante no han cumplido con el Reglamento Interno del Banco, así
como la Ley 27287 Ley de Títulos Valores, por lo que el banco demandante reconoció la
infracción y respondió con devolver el monto de los cheques, mediante transacción
extrajudicial; iv) Que los cheques no negociables girados a nombre de Wilder Alfredo Medina
Quispe, se desaparecieron de los cajones de su escritorio, que se encontraba dentro del local
comercial de la demandada, en razón de haber alquilado una parte del inmueble a su
poderdante, motivando que inicialmente se denuncie como pérdida de los referidos cheques,
luego denunciara por hurto de los cheques.--------------------------------------------------------------------
UNDÉCIMO: Inicialmente, mediante sentencia de fecha treinta y uno de agosto del dos mil
nueve que obra de fojas cuatrocientos cincuenta y dos a cuatrocientos cincuenta y nueve, la
demanda fue declarada infundada, siendo el argumento central de dicha decisión que el
empobrecimiento del banco demandante se debe a que entregó la suma reclamada al
litisconsorte Wilder Alfredo Medina Quispe como consecuencia de una transacción
extrajudicial, lo que no es imputable a la demandada Comercial Alvarado S.R.L. y dicha
transacción tuvo como objeto evitar una sanción de parte de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, y tampoco se ha acreditado el enriquecimiento de parte de la demandada, pues
ésta sostiene que los abonos efectuados a su cuenta fueron entregados a su apoderado
Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui, por la acreencia que tenía con Wilder Alfredo
Medina Quispe. Esta Sala Superior, con distinta conformación, mediante sentencia de fecha
treinta de abril del dos mil diez, que obra de fojas quinientos dieciséis a quinientos diecinueve,
declaró nula la sentencia, pues la demandada había denunciado que no se cumplía con el
requisito de la subsidiariedad prevista en el artículo 1955 del Código Civil, pues debió
interponerse la acción de pago indebido a que se refiere el artículo 1267 del Código Civil que
señala: “El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago,
puede exigir la restitución de quien la recibió.”.------------------------------------------------
DUODÉCIMO: En la segunda sentencia de fecha dieciocho de noviembre del dos mil trece, que
obra de fojas seiscientos cuarenta y tres a seiscientos cuarenta y siete, se declaró
improcedente la demanda, señalándose que se trata de un pago indebido o de un pago
realizado por terceros, por lo que el banco demandante debería ejercer la acción de repetición
o la restitución de lo indebidamente pagado de conformidad con lo establecido en el artículo
1222 o 1267 del Código Civil respectivamente. Esta Sala Superior con distinta conformación,
mediante sentencia de vista de fecha siete de junio del dos mil catorce que obra de fojas
seiscientos noventa y cuatro a seiscientos noventa y siete, declaró nula la sentencia, señalando
que el juez de la causa no había analizado los argumentos del litisconsorte necesario Wilder
Alfredo Medina Quispe, debiendo determinarse quien resultaba siendo el acreedor de la
obligación de pago que fue cumplida por EFADA EXPORT S.A.C y si existía entre los
codemandados algún vínculo obligacional, para centrar la imputación de los presupuestos
normativos y luego proceder a aplicar la norma pertinente.-----------------------------------------------
DÉCIMO TERCERO: En la tercera sentencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil quince
que obra de fojas setecientos veinticinco a setecientos treinta y tres, el juez de la causa declaró
fundada en parte la demanda únicamente respecto del litisconsorte necesario pasivo Wilder
Alfredo Medina Quispe ordenando que éste pague al banco demandante la suma reclamada de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/
259,604.05), más intereses de ley, por el pago indebido que califica el enriquecimiento
indebido, más costas y costos, e infundada la demanda respecto de la empresa Comercial
Alvarado S.R.L.. Esta Sala Superior con distinta conformación, mediante sentencia de vista de
fecha treinta de octubre del dos mil quince que obra de fojas ochocientos veinticuatro a
ochocientos treinta y tres, revocó la sentencia de primera instancia y declaró fundada en parte
la demanda de enriquecimiento indebido, debiendo la demandada Comercial Alvarado S.R.L.
abonar a favor del Banco de Crédito del Perú, la suma de doscientos cincuenta y nueve mil
seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05) y se declaró improcedente
la demanda respecto al litisconsorte necesario pasivo Wilder Alfredo Medina Quispe, debido a
que existe una transacción extrajudicial entre éste y el banco demandante, en la cual las partes
expresan su renuncia irrevocable a cualquier acción que tengan o pudiesen tener entre ellas
respecto a los cheques materia del presente proceso. La demandada Comercial Alvarado S.R.L.,
interpuso recurso de casación que fue declarado fundado mediante la Casación N°629-2016-
Huaura de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis, cuya copia certificada obra de fojas
ochocientos sesenta y tres a ochocientos ochenta, y en el sétimo y octavo considerando de
dicha sentencia, la Sala Suprema concluye que la Sala Superior ha infringido lo previsto en el
artículo 20 de la Ley de Títulos Valores, al considerar que dicha norma no exige la
subsidiariedad para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa, lo cual no es
cierto, pues dicha acción es similar y contiene los mismos requisitos del artículo 1955 del
Código Civil. Por lo tanto, corresponde emitir un pronunciamiento atendiendo a lo señalado en
la Casación N° 629-2016-Huaura.----------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO CUARTO: Con respecto a la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa o
enriquecimiento indebido, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, en la Casación N° 1995-2009-Tumbes, en su sexto considerando ha señalado lo
siguiente: “Sexto.- Que, el enriquecimiento sin causa, cuando opera independientemente de
una causa jurídica, quiebra el equilibrio entre dos patrimonios de una manera injusta, y cuando
tal situación se produce la ley otorga un crédito al empobrecido contra el enriquecido,
otorgándole un acción in reverso, deriva de un principio de equidad. Las condiciones para la
interposición de una acción son: a) que el demandado debe haberse enriquecido por la
percepción de un beneficio, material, intelectual y aun moral: b) este beneficio debe haberse
obtenido a expensas del demandante, quien se ha empobrecido; c) que tal enriquecimiento
sea injusto; yd), que el demandante no tenga otro remedio para obtener satisfacción, por lo
que tal acción tiene carácter residual o subsidiaria.
DÉCIMO QUINTO: En el caso que nos ocupa, se da el primer supuesto de enriquecimiento por
parte de la demandada Comercial Alvarado S.R.L. pues el banco demandante por error
depositó en sus cuentas bancarias la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos
cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05), que correspondían al cobro de los
cheques N° 58108772, 58108773, 5810872, 58108783, 58108797, 58108798 y 58108799, que
fueron girados por la empresa EFADA EXPORT S.A.C. a cargo del Banco Interbank, a favor de
Wilder Alfredo Medina Quispe con la cláusula no negociable, los cuales únicamente debían
pagarse al titular o ser depositados en una cuenta a su nombre, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 190 1 de la Ley 27287 Ley de Títulos Valores que señala lo siguiente: “190.1 El
Cheque emitido con la cláusula "intransferible", "no negociable", "no a la orden" u otra
equivalente, sólo debe ser pagado a la persona en cuyo favor se emitió; o, a pedido de ella,
puede ser acreditado en cuenta corriente u otra cuenta de la que sea su titular, admitiéndose el
endoso sólo a favor de bancos y únicamente para el efecto de su cobro. 190.2 Esta cláusula
puesta por el endosante surte los mismos efectos respecto al endosatario. 190.3 El banco
girado que pague un Cheque que contenga esta cláusula a persona diferente del facultado a
cobrarlo o del banco endosatario para su cobro responde del pago efectuado. 190.4 Los
endosos realizados a pesar de la prohibición prevista en el presente artículo se consideran no
hechos. Por su parte, la tarjadura de esta cláusula anula sus efectos cambiarios.” (subrayado agregado), Y como se sabe y lo reconoce plenamente la demandada Comercial Alvarado S.R.L.,
el monto antes citado ingresó a su patrimonio, aunque esta señala que lo entregó a su
apoderado Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui, quien era el destinatario de dichos
montos, dado que don Wilder Alfredo Medina Quispe era su deudor por unos negocios de
venta de ají páprika efectuadas a la giradora de los cheques EFADA EXPORT S.A.C.------------------
DÉCIMO SEXTO: En cuanto al empobrecimiento del banco demandante, está debidamente
acreditado que el Banco de Crédito del Perú, luego de haber pagado el monto de los siete
cheques por la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles con
cinco céntimos (S/ 259,604.05), tuvo que devolver dicho monto al litisconsorte Wilder Alfredo
Medina Quispe, tal como se acredita con las copias de los cheques de gerencia N° 03880743 y
04021757 que obran a fojas catorce y quince y las copias legalizadas de las transacciones
extrajudiciales de fechas cuatro de junio y dieciocho de setiembre del dos mil siete
respectivamente, que obran de fojas dieciséis a veintiuno.-------------------------------------------------
DÉCIMO SÉTIMO: También está acreditado que dicho enriquecimiento de la demandada
Comercial Alvarado S.R.L. y el empobrecimiento del Banco de Crédito del Perú es injusto, dado
que no existía entre ambas partes ninguna relación obligacional que justifique la entrega de
dicha suma dineraria, la misma que se efectuó por error del banco demandante y
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 190 numeral 1 de la Ley de Títulos Valores ya
reseñada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO OCTAVO: En cuanto a la subsidiariedad para ejercer la acción de enriquecimiento sin
causa, el artículo 20 de la Ley de Títulos valores señala que: “Extinguidas las acciones derivadas
de los títulos valores, sin tener acción causal contra el emisor o los otros obligados, el tenedor
podrá accionar contra los que se hubieren enriquecido sin causa en detrimento suyo, por la vía
procesal respectiva.”. Sin embargo, esta norma no es la aplicable para el caso de autos, dado
que el banco demandante no es tenedor de ningún título valor, y es más, con respecto a los
cheques materia del pago equivocado, el banco demandante no tuvo la calidad de girador,
girado ni tenedor, y solo fue un endosatario por parte del tenedor para cobrar los cheques del
banco girado (Banco Interbank).-----------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO NOVENO: Siendo así, la norma aplicable es la prevista en el artículo 1954 del Código
Civil que señala lo siguiente: “Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está
obligado a indemnizarlo.” y el artículo 1955 del mismo cuerpo legal establece que “La acción a
que se refiere el artículo 1954 no es procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio
puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización.”. Como ya se ha dicho
anteriormente, entre el banco demandante y la empresa demandada Comercial Alvarado
S.R.L. no existía vínculo obligacional alguno que justifique la entrega de la suma de doscientos
cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles con cinco céntimos (S/ 259,604.05), por
lo tanto, el banco demandante no tiene forma de ejercitar otra acción para recuperar el dinero
que entregó en forma errada. No corresponde la acción de pago indebido, pues aquella
corresponde cuando un deudor paga una obligación a un acreedor que no corresponde, lo que
no se da en el caso que nos ocupa. Por lo tanto, se cumple también el requisito de la
subsidiariedad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMO: En este contexto, la demanda de enriquecimiento sin causa resulta fundada, en
consecuencia la empresa demandada Comercial Alvarado S.R.L. deberá pagar al Banco de
Crédito del Perú la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles
con cinco céntimos (S/ 259,604.05), como indemnización por haberse enriquecido
indebidamente a expensas del banco demandante, más los intereses legales, costas y costos
del proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia. Por lo tanto debe revocarse la
sentencia apelada en dicho extremo.-----------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMO PRIMERO: Con respecto al litisconsorte necesario pasivo, Wilder Alfredo Medina
Quispe, en las transacciones extrajudiciales celebradas entre éste y el banco demandante y
que obran de fojas dieciséis a veintiuno, en ambos casos en la cláusula cuarta se ha pactado
expresamente la renuncia a nuevas acciones señalándose lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1303 del Código Civil, las partes dejan constancia expresa de su
renuncia irrevocable a cualquier acción que tengan o pudiesen tener entre ellas respecto a los
cheques detallados en la cláusula segunda de la presente transacción, razón por la cual éstas
se obligan a desistirse de inmediato y a realizar sus mejores y mayores esfuerzos para lograr el
archivamiento definitivo de todo reclamo, queja, denuncia y/o demanda que hubiesen podido
interponer con relación al asunto transado mediante este documento.”. Por lo tanto, no puede
el banco demandante reclamar el pago del monto de los cheques materia del presente
proceso al litisconsorte Wilder Alfredo Medina Quispe, por lo tanto la demanda resulta
improcedente en dicho extremo, por la causal de imposibilidad jurídica del petitorio
consagrada en el artículo 427 numeral 6 del Código Procesal Civil, según el texto vigente a la
fecha de interposición de la demanda.---------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMO SEGUNDO: Lo señalado anteriormente, en modo alguno exime al litisconsorte
Wilder Alfredo Medina Quispe de las obligaciones que habría asumido frente a Máximo
Augusto Alvarado Urbizagástegui por su vínculo comercial para vender ají páprika al EFADA
EXPORT S.A.C., por lo que queda a salvo el derecho de Comercial Alvarado S.R.L. y de Máximo
Augusto Alvarado Urbizagástegui, para accionar contra el litisconsorte antes nombrado en la
vía correspondiente y en cuanto corresponda a su derecho.-----------------------------------------------
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, siendo ponente el Juez Superior Víctor Raúl
Mosqueira Neira, la Primera Sala Civil Permanente de Huaura HA RESUELTO:
1) REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número sesenta y uno de fecha
dieciocho de febrero del dos mil quince, de fojas setecientos veinticinco a setecientos
treinta y tres de autos, ha resuelto: 1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas
28 a 47, subsanado a fojas 56, interpuesta por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ respecto
del Litisconsorte necesario pasivo WILDER ALFREDO MEDINA QUISPE y, en consecuencia
ORDENO que éste último, consentida o ejecutoriada que sea la presente, restituya al
primero la suma de S/. 259,604.05 (DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL SEISCIENTOS
CUATRO CON 05/100 NUEVOS SOLES), más los i |
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EXPEDIENTE : 00292-2008-0-1301-JR-CI-01
MATERIA : ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
RELATOR : PEREZ RUIZ, VERONICA
DEMANDADO : COMERCIAL ALVARADO S.R.L,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Resolución N° 80
Huacho, 09 de agosto del 2018.-
Luego de haberse realizado la vista de la causa, el Juez Superior RIVEROS
JURADO emitió su voto proponiendo lo siguiente:
REVOCAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 61, de fecha 18 de febrero del 2015 de
fojas 725, en el extremo que resuelve: “Declarar fundada en parte la demanda de fojas 28 a
47, subsanado a fojas 56, interpuesta por el Banco de Crédito del Perú respecto del
Litisconsorte necesario pasivo Wilder Alfredo Medina Quispe y, en consecuencia ordena que
éste último, consentida o ejecutoriada que sea la presente, restituya al primero la suma de S/.
259,604.05 (doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro con 05/100 nuevos soles),
más los intereses de ley, por el pago indebido que califica el enriquecimiento indebido, más
costas y costos”.
REFORMANDOLA se declara improcedente al demanda fojas 28 a 47, subsanada a fojas 56,
interpuesta por el Banco de Crédito del Perú respecto del Litisconsorte necesario pasivo
Wilder Alfredo Medina Quispe.
El Juez Superior MOSQUEIRA NEIRA emite su voto en discordia, al que se
adhiere el Juez Superior SOLÓRZANO RODRÍGUEZ proponiendo lo siguiente:
SE REVOQUE la sentencia contenida en la resolución número sesenta y uno de fecha dieciocho
de febrero del dos mil quince, de fojas setecientos veinticinco a setecientos treinta y tres de
autos, ha resuelto: 1. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas 28 a 47, subsanado a
fojas 56, interpuesta por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÙ respecto del Litisconsorte necesario
pasivo WILDER ALFREDO MEDINA QUISPE y, en consecuencia ORDENO que éste último,
consentida o ejecutoriada que sea la presente, restituya al primero la suma de S/. 259,604.05
(DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 05/100 NUEVOS SOLES), más
los intereses de ley, por el pago indebido que califica el enriquecimiento indebido, más costas y
costos. 2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto de la empresa COMERCIAL ALVARADO
S.R.L. y REFORMÁNDOLA SE DECLARE FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA de enriquecimiento
indebido interpuesta por el Banco de Crédito del Perú contra Comercial Alvarado S.R.L. en
consecuencia SE ORDENA que la demandada Comercial Alvarado S.R.L pague al banco de
Crédito del Perú la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro nuevos soles
con cinco céntimos (S/ 259,604.05), como indemnización por haberse enriquecido
indebidamente a expensas del banco demandante, más los intereses legales, costas y costos
del proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia.
SE DECLARE IMPROCEDENTE LA DEMANDA en cuanto al litisconsorte necesario pasivo Wilder
Alfredo Medina Quispe.
DEJAR A SALVO el derecho de la demandada Comercial Alvarado S.R.L y de su apoderado
Máximo Augusto Alvarado Urbizagástegui de accionar contra Wilder Alfredo Medina Quispe,
de acuerdo con lo señalado en el vigésimo segundo considerando de la presente sentencia de
vista. Habiéndose producido discordia de conformidad con lo previsto en los
artículos 144° y 145° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
LLAMARON para dirimir al Juez Superior MANRIQUE RAMIREZ. SEÑALARON fecha de VISTA
DE LA CAUSA para el día 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, A LAS 12:00 HORAS. -
Ss.
SOLÓRZANO RODRÍGUEZ MOSQUEIRA NEIRA RIVEROS JURADO |
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EXPEDIENTE : 00292-2008-0-1301-JR-CI-01
MATERIA : ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
RELATOR : SOLANO MOLINA, VILMA
LISTISC. PASIVO : MEDINA QUISPE, WILDER ALFREDO
DEMANDADO : COMERCIAL ALVARADO S.R.L
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Resolución Nro. 74
Huacho, 15 de diciembre del 2017.
DADO CUENTA: Por recibido los autos proveniente de la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República; cúmplase lo ordenado por el superior mediante
Casación de fecha 08 de mayo del 2017, en la cual se declara fundado el recurso de
casación, nula la sentencia de vista de fecha treinta de octubre del dos mil quince y
ordenaron que esta Sala Superior emita nueva sentencia conforme a lo establecido en los
considerandos expuestos; en consecuencia: SEÑALARON fecha de VISTA DE LA CAUSA
para el día 20 DE MARZO DEL AÑO 2018, A HORAS 09:15 DE LA MAÑANA.
Ss.
SOLÓRZANO RODRÍGUEZ MOSQUEIRA NEIRA HERRERA VILLLAR |
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EXPEDIENTE : 00298-2008-0-1413-JM-LA-01
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS
RELATOR : PORTAL LLANOS MARIA ADRIANA
DEMANDADO : EMP MINERA SHOUGANG ,
EMP CENTROMIN PERU SA ,
DEMANDANTE : VILLAFUERTE SEGOVIA, VALENTIN
Resolución Nro. 49
Nasca, veinte de setiembre del
Dos mil veintiuno.-
Autos y Vistos: por recibido los autos del Superior y estando a lo
ordenado, se procede a calificar el recurso de casación interpuesto por el demandante Valentín
Villafuerte Segovia; I Considerando: Primero.- Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 55°
de la Ley Procesal Laboral el recurso de casación procede únicamente en los siguientes
supuestos: “a) Sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes
Superiores de Justicia que resuelvan el conflicto jurídico planteado por las partes. b) Si la
pretensión es de naturaleza económica y está expresada en dinero, sólo procederá si dicha
cuantía supera las 100 (cien) Unidades de Referencia Procesal determinada conforme lo
establece el Artículo 6 de esta Ley, si el recurso es interpuesto por el demandante y, como lo
establece la sentencia recurrida, si lo interpone el demandado. El recurso de casación en materia
laboral es gratuito cuando es interpuesto por el trabajador o ex trabajador. Cuando es interpuesto
por el empleador es aplicable la tasa determinada para los procesos civiles.”; asimismo es de
tenerse presente el reciente pronunciamiento de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Queja Laboral N° 19164-2016-Ica que en su sexto
fundamento dice: “(..), se debe de tener en cuenta que no se puede aplicar el criterio de la
cuantía si la pretensión demandada es el de indemnización por daños y perjuicios, toda vez que
para ordenar algún pago a favor del trabajador por enfermedad profesional, necesariamente se
tiene que determinar primero si existe responsabilidad civil contractual y los factores de
atribución, de lo que claramente se puede advertir que la pretensión demandada no solo es
económica, en ese sentido corresponde declarar fundada la queja interpuesta”. Segundo.- Que,
siendo así, corresponde al Colegiado examinar solo los requisitos de forma, siendo así, el
recurso ha sido interpuesto dentro del término de ley, según se desprende de las respectivas
constancias de notificación, y tratándose la pretensión demandada de una acción de
indemnización por daños y perjuicios, la cual al no ser solo económica, puede ser revisado vía casación; en tal virtud habiéndose satisfecho las exigencias previstas en el artículo 57° de la Ley
Procesal Laboral; SE RESUELVE: CONCEDER el Recurso de CASACION interpuesto por el
demandante Valentín Villafuerte Segovia., contra la sentencia de vista contenida en la resolución
número cuarenta y seis de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil diecinueve;
DISPUSIERON se REMITAN los autos a la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de la República; con la debida nota de atención. Firmando
los integrantes de esta Sala Superior Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca. Notifíquese y
Ofíciese.-
S.S.
HERRERA RAMOS
MESIAS GANDARILLAS
PERALTA VEGA |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO CIVIL - VISTA ALEGRE
EXPEDIENTE : 00298-2008-0-1413-JM-LA-01
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMP. DE CONTRATO
JUEZ : ESCOBAR ARQUIÑEGO FREDY
ESPECIALISTA : ROSARIO DEL PILAR SIMON SILVA
DEMANDADO : EMP MINERA SHOUGANG ,
EMP CENTROMIN PERU SA ,
DEMANDANTE : VILLAFUERTE SEGOVIA, VALENTIN
RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn NNNNrrrroooo.... 44442222
Vista Alegre, seis de agosto del dos mil diecinueve.-
AAAALLLL EEEESSSSCCCCRRRRIIIITTTTOOOO DDDDEEEELLLL AAAABBBBOOOOGGGGAAAADDDDOOOO DDDDEEEE VVVVAAAALLLLEEEENNNNTTTTIIIINNNN VVVVIIIILLLLLLLLAAAAFFFFUUUUEEEERRRRTTTTEEEE SSSSEEEEGGGGOOOOVVVVIIIIAAAA::::
AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS:::: Con el escrito que antecede; y CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAANNNNDDDDOOOO::::
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO....---- Que, el recurso de apelación, tiene por finalidad que el Superior en grado,
examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca
agravio, con el propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente.
SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO.- Del escrito que antecede se puede apreciar que habiéndose puesto en
conocimiento de su parte con fecha 25 de julio del año en curso la sentencia contenida
en la Resolución Nro. 41, de fecha 08 de abril del 2019, mediante la cual se declara
infundada la demanda interpuesta por el demandante por inejecución de obligaciones –
responsabilidad contractual-, sin costas ni costos del proceso; interponiendo recurso de
apelación contra la precitada sentencia, a efectos de que el Superior en grado con un
mayor y meticuloso estudio de autos, revoque la sentencia y reformándola declare
fundada la demanda.
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO....---- Que, el escrito de apelación reúne las exigencias previstas en los artículos
365° y 367° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al presente proceso en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 53º de la Ley Procesal de Trabajo y
estando al principio de pluralidad de Instancias y al amparo del artículo 371° del Texto
Adjetivo Civil. Por las consideraciones expuestas: SSSSEEEE RRRREEEESSSSUUUUEEEELLLLVVVVEEEE:
• CCCCOOOONNNNCCCCEEEEDDDDEEEERRRR AAAAPPPPEEEELLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN CCCCOOOONNNN EEEEFFFFEEEECCCCTTTTOOOO SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIVVVVOOOO al Abogado de VVVVAAAALLLLEEEENNNNTTTTIIIINNNN
VVVVIIIILLLLLLLLAAAAFFFFUUUUEEEERRRRTTTTEEEE SSSSEEEEGGGGOOOOVVVVIIIIAAAA;;;; contra la Resolución Nro. 41, de fecha 08 de abril del 2019;
en consecuencia EEEELLLLÉÉÉÉVVVVEEEENNNNSSSSEEEE los autos al Superior en grado con la debida nota de
atención.
• Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA
Juez: AUCAHUAQUI PURUHUAYA RAFAEL
Fecha: 16/07/2018 10:07:18
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: AREQUIPA/PAUCARPATA
FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE CAMANÁ
PODER JUDICIAL
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPEDIENTE : 00438-2008-0-0402-JR-CI-01
MATERIA : DESALOJO
CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA
Secretario: PAUCA MAMANI JUEZ : AUCAHUAQUI PURUHUAYA RAFAEL
ALEJANDRO CHAU
Fecha: 16/07/2018 10:08:13 ESPECIALISTA : PAUCA MAMANI ALEJANDRO CHAU
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: AREQUIPA/CAMANA DENUNCIADO : LUZMILA ANAYA GALLEGOS, CRUZ
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : RAMOS MAMANI, TOMAS
CRUZ JAUREGUI, ITALO RIGOBERTO
GALLEGOS LAJO, MAURICIO
DIAZ VELARDE, JACINTO ROQUE
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN N° 39
Camaná, diez de julio
Del dos mil dieciocho.
SENTENCIA N°177-2018-JCT
I.-PARTE EXPOSITIVA:
Puesto a despacho para emitir sentencia conforme al estado del proceso. VISTOS: La
demanda de folios diecinueve a veinticinco formulada por MARINA DE GUERRA DEL
PERU sobre DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA, en contra de ITALO
RIGOBERTO CRUZ JAUREGUI, MAURICIO GALLEGOS LAJO, JACINTO ROQUE
DIAZ VALVERDE Y TOMAS RAMOS MAMANI, a efecto que dichos demandados hagan
la restitución o entrega de la posesión a favor del demandante, del inmueble ubicado en la
intersección de la calle número uno con el Pasaje número tres, manzana D, lote sin
número, Caleta de Quilca sin número, puesto de control Quilca, Asentamiento Humano
Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná, departamento de Arequipa; en merito a los
fundamentos siguientes.-----------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PRETENSIÓN: Señala la accionante que: -------------
1.- Es propietaria del inmueble ubicado con frente a la calle 1, por la derecha entrando con
el Pasaje número tres, por la izquierda Manzana D, y por el fondo terreno rocoso III, para
mejor referencia en la intersección de la calle número uno y el Pasaje número tres,
manzana D, Lote sin número, caleta de Quilca, puesto de control Quilca, Asentamiento
Humano Caleta de Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná departamento de
Arequipa, de cuatrocientos metros cuadrados de extensión inscrito en la Ficha N°54212
del registro de la propiedad inmueble. ----------------------------------------------------------------------
2.- Que, el referido inmueble fue adjudicado por la Municipalidad Provincial de Camaná
para la instalación de un puesto de control adscrita a la capitanía del Puerto de Mollendo.
Que las dos terceras partes del área de dicho predio han sido ocupado por los
demandados, señalando que fueron autorizados por autoridad naval, lo que no se ajusta a
la verdad, pues estos han invadido esas dos terceras partes de dicho inmueble, sin contar
con autorización alguna, aproximadamente a inicios del año dos mil cinco. ---------------------
3.- Que, el mismo año dos mil cinco, fueron notificados por el Juzgado de Paz del distrito
de Quilca para que efectúen la desocupación y entrega de dicho bien, pero lejos de
1 cumplir con dicho requerimiento cuestionaron la competencia de dicho juzgado, quien
revoco el mandado de requerimiento de restitución, pese a ello mediante carta de fecha
catorce de enero del dos mil ocho fueron nuevamente requeridos para tal hecho, sin haber
efectuado tal desocupación pese al tiempo transcurrido, lo que justifica la demanda. --------
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN: Invoca los artículos 923 y 911 del
Código Civil así como los artículos 424, 425, 585 y 586 del Código Procesal Civil.-------------
ADMISIÓN DE LA DEMANDA: Esta fue admitida por resolución número uno folios
veintiséis en los términos allí señalados. -------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTOS DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE ITALO RIGOBERTO CRUZ
JAUREGUI: Según escrito de folios cincuenta y cinco y siguientes, señala: ---------------------
1.- Además de deducir las excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de
proponer la demanda, Cosa juzgada, Prescripción extintiva de la acción y Caducidad,
señala que en la transferencia que le hace la Municipalidad Provincial de Camaná a la
demandante no se consignan las colindancias especificas del inmueble transferido, que no
posee cuatrocientos metros cuadrados de terreno de la demandante, las referencias
consignadas en la ficha registral son inciertas y falsas, que el puesto de control y el
sargento de playa operan en otro lugar distinto al bien que es objeto de demanda, es falso
que ocupen la dos terceras partes del inmueble.---------------------------------------------------------
2.- Que, tiene en posesión un inmueble de sesenta metros cuadrados ubicado en la caleta
de Quilca por entrega directa que le hizo la municipalidad distrital de Quilca, que la parte
demandante no ha individualizado el bien que demanda por lo que el pedido es oscuro. ----
3.- Que, posee el bien por más de catorce años, la demandante no ha acreditado
indubitablemente el derecho de propiedad y la vivienda que ocupa se encuentra
debidamente delimitada y colinda con otras viviendas vecinas, el derecho de la
demandante ha caducado. -------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA ABSOLUCIÓN: Ampara su contestación en los
artículos 130, 424, 425 y 442 del Código Procesal Civil.-----------------------------------------------
ADMISIÓN DE LA ABSOLUCIÓN: Esta fue admitida por resolución número tres de folios
sesenta y nueve y siguiente en los términos allí indicados. -------------------------------------------
REBELDÍA: Mediante resolución número cinco de folios ochenta y cuatro, se declaró
rebeldes a los demandados JACINTO ROQUE DIAZ VALVERDE, MAURICIO
GALLEGOS LAJO Y TOMAS RAMOS MAMANI en los términos allí señalados. --------------
SANEAMIENTO PROCESAL: Mediante resolución número quince de folios doscientos
cuarenta y cinco y siguientes, declarándose infundadas e improcedente las excepciones
deducidas, se declaró la existencia de una relación jurídica procesal valida y por saneado
el proceso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: En el acta de audiencia única de folios
doscientos cincuenta y uno, se fijaron como puntos controvertidos los siguientes: a)
Determinar si el o los demandados tienen la condición de ocupantes precarios del bien
2 objeto de demanda. b) Determinar si corresponde disponer que los demandados efectúen
la desocupación del inmueble materia de Litis. -----------------------------------------------------------
ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: En la misma acta de folios
doscientos cuarenta y cinco a doscientos cincuenta y tres se emitió la resolución número
diecisiete disponiendo la admisión de los medios de prueba de fondo ofrecidos por las
partes del proceso, los mismos que fueron actuados en los términos que consta de la
referida acta, disponiéndose el reingreso de los autos para emitir sentencia según
resolución treinta y ocho de folios cuatrocientos setenta y cuatro, quedando expedito los
autos para emitir sentencia. -----------------------------------------------------------------------------------
ACTUACIONES RELEVANTES. 1) Mediante resolución número seis de folios ciento
nueve se integró al proceso como denunciado civil a LUZMILA ANAYA GALLEGOS DE
CRUZ, teniéndose por apersonada según resolución número ocho de folios ciento sesenta
y uno. 2) Mediante resolución numero dieciséis recaída en el acta de audiencia única de
folios doscientos cuarenta y cinco y siguientes, se APROBO la conciliación arribada entre
la demandante y el demandado JACINTO ROQUE DIAZ VALVERDE, quedando excluido
del proceso. 3) En la misma acta de audiencia y actuándose los medios de prueba de la
cuestión probatoria deducida por la parte demandada, se dispuso que esta será resuelta
conjuntamente con la sentencia a dictarse en autos. 4) Mediante Auto de Vista N°285-2013
de folios trescientos sesenta y siguientes, declarándose infundado el recurso de apelación
formulado se confirmó la resolución numero veinticinco que declaro improcedente la
solicitud de abandono del proceso.---------------------------------------------------------------------------
EXPEDIENTES ACOMPAÑADOS: Ninguno. -------------------------------------------------------------
II.-PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO.- FINALIDAD Y VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS: Conforme
establece el artículo 188 y 197 del Código Procesal Civil, los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez
respecto de los puntos controvertidos para que este pueda fundamentar sus decisiones,
siendo que todos los medios probatorios deben ser valorados por el Juez en forma
conjunta y razonada. Principio de la carga de la prueba: Conforme el principio del onus
probandi regulado en el artículo 196 del Código Procesal Civil, salvo disposición legal
diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que sustentan su
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. --------------------------------------
SEGUNDO.- CUESTIONES PRELIMINARES: SOBRE LA CONCEPTUALIZACION DEL
POSEEDOR PRECARIO SEGÚN EL IV PLENO CASATORIO CIVIL.----------------------------
2.1.- En los fundamentos 51 y 59 de la Casación N°21956-2011-UCAYALI, la Corte
Suprema de la Republica, ha conceptualizado la categoría jurídica del poseedor u
ocupante precario, dentro de una concepción general y básica, interpretando el artículo
911 del Código Civil ha conceptualizando la figura del poseedor precario señalando que
“…cuando en dicho artículo se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del
mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de
3 propiedad, sino a cualquier acto jurídico o circunstancia que hayan expuesto, tanto la parte
demandante como la demandada, en el contenido de los fundamentos facticos tanto de la
pretensión, como de la contradicción, que le autorice a ejercer el pleno disfrute del derecho
de posesión; hechos o actos cuya probanza puede realizarla, a través de cualquiera de los
medios probatorios que nuestro ordenamiento procesal admite; entendiéndose que el
derecho en disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer”. Por ello en los
numerales 1) y 2) de dicha Casación se ha establecido como doctrina jurisprudencial con
carácter de precedente vinculante, bajo los alcances del artículo 400 del Código Procesal
Civil, que: Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno,
sin pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de
protección para quien lo ostente, frente al reclamante por haberse extinguido el mismo.
Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está
refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier
acto jurídico que le autorice a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en
disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer. -----------------------------------------------
2.2.- Asimismo, respecto de la condición de sujeto activo y pasivo del desalojo en
interpretación del artículo 586 del Código Procesal Civil, dicho Tribunal ha señalado que
“Dentro de esa línea de interpretación corresponde establecer, concordantemente, en
cuanto al artículo 586 del Código Procesal Civil, que el sujeto que goza de legitimidad para
obrar activa no solo puede ser el propietario, sino también el administrador, arrendador y
todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un predio, con lo cual se colige
que el desalojo por ocupación precaria no exige de modo alguno que deba ser incoado
únicamente por quien ostenta la propiedad del bien, dado que además de este, se
encuentran legitimados los otros sujetos mencionados, quienes resultan tener legitimidad
ad causam para solicitar la entrega de la posesión del inmueble, con lo cual cobra fuerza lo
dicho respecto del artículo 585, en cuanto a que el término “restitución”, se debe entender
en un sentido amplio y no restringido.-----------------------------------------------------------------------
2.3.- Así también con relación a la condición de sujeto pasivo del desalojo, como
fundamento obiter dicta, se ha establecido que: “(…) para mantener la sistematicidad,
resulta concordante interpretar conjuntamente el citado artículo 586 con el artículo 911 del
código civil, por lo que se debe comprender dentro de esa situación a todo aquel que
ocupa el bien sin acreditar su derecho a permanecer en el disfrute de la posesión
inmediata o que, en todo caso, en la realidad se ha producido la desaparición de los actos
o hechos, jurídicamente regulados y protegidos, generando como efecto la pérdida del
derecho a poseer.-------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- SOBRE LA CUESTION PROBATORIA RECAIDA EN AUTOS: ------------------
3.1.- Conforme consta del escrito de absolución de folios cincuenta y nueve y siguiente, el
demandado Ítalo Rigoberto Cruz Jáuregui, formula cuestión probatoria contra el
documento nacional de identidad del procurador público de la demandante, contra la
Resolución Ministerial N°808-2008 que autoriza al Procurador Público a iniciar el proceso
4 de desalojo contra los demandados, y contra el certificado registral con el que la
demandante afirma ser propietaria del bien objeto de demanda, bajo el fundamento que el
documento nacional de identidad del procurador esta caduco, que la resolución ministerial
no precisa el área precisa ni las colindancias del bien que es objeto de desalojo y porque
la ficha registral que contiene la inscripción del bien que se demanda, no contiene los
linderos específicos del inmueble y que la transferencia efectuada por documento privado
es irregular y ha sido hecha de favor careciendo de valor probatorio. -----------------------------
3.2.- Que, de la interpretación de los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil, se
infiere que se puede tachar un documento para generar su ineficacia probatoria dentro del
respectivo proceso, ya sea por la causal de falsedad o de nulidad. En el primer caso la
falsead puede ser material o ideológica, es material cuando el documento externamente
presenta enmendaduras, adiciones, superposición de textos u otro hechos perceptibles a
simple vista que evidencia que ha sido falseado, corregido o corrompido en su contenido,
también cuando manifiestamente haya sido emitido por una autoridad o funcionario
incompetente. Es de carácter ideológico o intrínseco cuando se orienta a cuestionar el
contenido interno o intrínseco del documento, que por su naturaleza requiere ser
cuestionada en vía de acción y no como cuestión probatoria; en tanto la tacha por nulidad
manifiesta necesariamente tiene que estar referida a la ausencia de una formalidad
esencial establecida por la ley bajo sanción de nulidad, así por ejemplo que el acto jurídico
debe constar necesariamente por escritura pública (donación, anticresis); sin embargo este
se ha hecho o fraccionado mediante documento privado, en cuyo caso la tacha será
admitida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.- En el caso de autos y con relación al documento nacional de identidad del procurador
público de la demandante, debe dejarse plenamente establecido que de conformidad con
los artículos 425 y 233 del Código Procesal Civil, este documento no constituye medio
probatorio sino anexo de la demanda, relacionado con la identidad de la persona que
comparece al proceso a título personal o en representación de quien es llamado para
comparecer en tal proceso, por tanto la tacha deducida contra dicho documento resulta
manifiestamente improcedente. ------------------------------------------------------------------------------
3.4.- Con relación a la Resolución Ministerial N°808-2008 que autoriza al procurador
público a iniciar el proceso de desalojo contra los demandados, además de advertir que
dicho documento no presenta alguna enmendadura, adición de textos, superposición de
textos que materialmente advierta que ha sido falseado en su contenido, tampoco que ha
sido emitido por autoridad incompetente, igualmente por los hechos en los que se
sustenta, relacionados con aspectos que corresponden considerarse al resolver la cuestión
de fondo, como es la identificación del bien objeto de desalojo, dicha cuestión probatoria
deviene en improcedente. Finalmente con relación a la ficha registral conque la actora
pretende acreditar la propiedad que invoca, el aspecto intrínseco de su contenido no es
objeto de dilucidación dentro del contexto de la cuestión probatoria, sino en un proceso
independiente, por lo que igualmente deviene en improcedente. -----------------------------------
5 CUARTO.- SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OBJETO DE DEMANDA: --------------
4.1.- Si bien este extremo no ha sido considerado como hecho controvertido, más aun que
la parte demandada a fundado su defensa sobre este hecho, empero ello no es óbice para
que se considere como parte del fallo a emitirse, toda vez que este aspecto es uno de los
hechos relevantes que debe ser dilucidado en toda demanda donde se pretenda la
restitución o entrega de la posesión de un bien inmueble; pues la individualización e
identificación del mismo resulta ser relevante, a efecto de concretizar el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva con la entrega o restitución del bien, en caso la demanda sea
amparada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.- Al respecto en el caso de autos y según los términos de la demanda, se pretende la
restitución del predio urbano de 400.00M2 de extensión ubicado en la intersección de la
calle número uno y el Pasaje número tres de la, manzana D, Lote sin número, Caleta de
Quilca, puesto de control, Quilca, Asentamiento Humano Caleta de Quilca, distrito de
Quilca, provincia de Camaná departamento de Arequipa, inscrito en la Ficha N°54212 del
registro de la propiedad inmueble de Arequipa. Predio que según la referida ficha registral
de folios treinta y dos a treinta y cinco, se encuentra encerrado dentro de los linderos y
medidas perimétricas siguientes: POR EL FRENTE.- Con la calle 1, con 12.50ml. POR LA
DERECHA ENTRANDO.- Con el Pasaje 3, con 32.00ml. POR LA IZQUIERDA
ENTRANDO.- Con la Manzana D, con 32.00ml. y POR EL FONDO: Con terreno rocoso III
con 12.50ml. Luego de lo señalado en la demanda y los medios de prueba recaídos en el
proceso, no se ha llegado a determinar si esos linderos y medidas perimétricas existen en
el lugar donde se afirma que se ubica el bien, pues la parte demandada ha señalado que
el local del puesto de control de la capitanía de la marina y donde opera el sargento de
playa, es un lugar distinto al bien que se indica en la demanda; asimismo no se ha
precisado ni identificado que área de estos cuatrocientos metros cuadrados es ocupado
por cada uno de los demandados, menos en el curso del proceso se ha llegado a
determinar si tales ocupaciones están dentro o fuera de los límites de los cuatrocientos
metros cuadrados inscritos en la ficha N°54212; pues en todo el tiempo que ha durado el
presente proceso ninguna de las partes ha solicitado u ofrecido como medio de prueba el
acto de la inspección judicial ni pericia; siendo así no está acreditado objetivamente si en
efecto los demandados se encuentran en posesión del área de terreno objeto de demanda,
menos que los sesenta metros cuadrados que afirma poseer el demandado Ítalo Rigoberto
Cruz Jáuregui, efectivamente forma parte de la propiedad que invoca la demandante, lo
que igualmente impediría en un hipotético caso que se declare fundada la demanda, la
inejecutabilidad de lo allí decidido, por no estar individualizado el bien del que debe ser
lanzado cada uno de los demandados y la subsecuente entrega a la demandante, al no
estar fehacientemente acreditado el área de terreno que ocupa cada demandado; lo que
hace que tal extremo se tenga por improbado. -----------------------------------------------------------
QUINTO.- SOBRE SI LA DEMANDANTE TIENE LA CONDICIÓN DE SUJETO ACTIVO
DEL DESALOJO: Que si bien este extremo tampoco ha sido considerado como punto
6 controvertido, empero teniendo en cuenta que la demanda versa sobre Desalojo por
ocupación precaria, este hecho resulta relevante de determinación a tenor de lo
establecido por el artículo 586 del Código Procesal Civil. ---------------------------------------------
5.1.- Que, conforme lo señala el artículo 586 del Código Procesal Civil, pueden demandar
el desalojo, el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo
dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un predio. En el
caso de autos, el demandante pretende la restitución del bien ubicado en la intersección
de la calle número uno y el Pasaje número tres de la, manzana D, Lote sin número, Caleta
de Quilca, puesto de control, Quilca, Asentamiento Humano Caleta de Quilca, distrito de
Quilca, provincia de Camaná departamento de Arequipa, invocando tener la condición de
propietario del mismo en merito al certificado literal de la Ficha N°54212 de folios treinta y
uno a treinta y cinco, hoy partida registral N°01098419, documento que a su vez hace
referencia que la demandante es propietaria de dicho inmueble en la extensión de
400.00m2, ubicado en el sector de La caleta del distrito de Quilca, provincia de Camaná,
departamento de Arequipa, encerrado dentro de los linderos y medidas perimétricas allí
descritas, identificación que guarda coherencia con lo señalado en la demanda respecto
de la titularidad que invoca la accionante sobre dicho bien; por tanto debe tenerse por
acreditado que la accionante si tiene la condición de sujeto activo del desalojo en su
condición de propietaria del inmueble inscrito en la referida Partida N°01098419. -------------
SEXTO.- SOBRE EL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: (Determinar si el o los
demandados tiene la condición de ocupantes precarios del bien objeto de demanda). -------
6.1.- Respecto de este extremo, en el IV Pleno Casatorio civil recaído en la Casación
N°2195-2011-UCAYALI, se ha establecido que una persona tendrá la condición de
ocupante precario cuando ocupe un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello,
o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente frente al
reclamante, por haberse extinguido el mismo. Cuando se hace alusión a la carencia de
título o al fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión
exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a ejercer la
posesión del bien. ------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.- En el caso de autos el demandado ITALO RIGOBERTO CRUZ JAUREGUI, ha
señalado que no posee ni conduce los cuatrocientos metros cuadrados de terreno que
afirma la accionante y solo tiene en posesión un terreno de sesenta metros cuadrados,
ubicado en la caleta de Quilca por entrega directa que le hizo la Municipalidad distrital de
Quilca, a su vez el demandado ha señalado que las dos terceras partes de los 400.00m2
es ocupado precariamente por los cuatro demandados sin especificar qué parte del área
total conduce cada uno de ellos; asimismo en autos no existe medio probatorio alguno que
por lo menos de modo indiciario permita establecer que dichas ocupaciones están
comprendidas o están dentro de los límites y linderos de la propiedad de la demandante;
en ese estado de cosas no es factible determinar que los sesenta metros cuadrados que
afirma conducir dicho demandado, según la constancia de posesión de folios trescientos
7 uno, sea o forme parte de la propiedad de la demandante, más aun que en la conciliación
arribada entre la demandante y el demandado JACINTO ROQUE DIAZ VALVERDE en el
acto de la audiencia única de folios doscientos cincuenta y uno, no se ha precisado que
área es la que conduce dicho demandado y cuál sería el área restante que estarían
conduciendo los demás demandados; en ese estado de cosas no es posible fáctica ni
jurídicamente, establecer que la posesión que ejerce el demandado Ítalo Cruz Jáuregui
Mauricia Gallegos Lajo y Tomas Ramos Mamani, este dentro de la propiedad de la
demandante y además dicha posesión es ejercida en calidad de ocupantes precarios; por
lo que tal extremo objeto de prueba, igualmente se encuentra improbado para los fines del
presente proceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3.- CONCLUSIÓN.- No habiéndose acreditado fehacientemente la identidad de las áreas
de terreno que ocupan los demandados, ni que las mismas formen parte de la propiedad
que invoca la demandante, tampoco que la posesión que ejercen los demandados sobre
las áreas de terreno no identificadas, lo sea en calidad de ocupantes precarios,
corresponde que sobrevenga la consecuencia jurídica a que hacen alusión los artículos
196 y 200 del Código Procesal Civil, esto es al no haberse acreditado los hechos
expuestos en la demanda, esta deviene en improbada. -----------------------------------------------
SÉPTIMO.- DE LAS COSTAS Y COSTOS: Conforme lo establece el primer párrafo del
artículo 412 del Código Procesal Civil, la condena de costas y costos del proceso no
requiere ser demandado y son de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial
expresa y motivada de la exoneración; empero conforme al artículo 413 de la misma
norma procesal civil, están exonerados de la condena de costos y costas, entre otros, el
Poder ejecutivo del cual forman parte las fuerzas armadas, corresponde exonerar del pago
de tales conceptos. ----------------------------------------------------------------------------------------------
III.-PARTE RESOLUTIVA:
Por estos fundamentos, impartiendo justicia en nombre del pueblo de quien emana esta
potestad y de conformidad con el artículo 138 de la Constitución Política del Estado,
FALLO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) IMPROECEDENTE: La TACHA de documentos formulado por el demandado Ítalo
Rigoberto Cruz Jáuregui según escrito de folios cincuenta y nueve y siguientes. -------------
2) DECLARO: INFUNDADA la demanda de folios diecinueve a veinticinco formulada por
MARINA DE GUERRA DEL PERU sobre DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA, en
contra de ITALO RIGOBERTO CRUZ JAUREGUI, MAURICIO GALLEGOS LAJO Y
TOMAS RAMOS MAMANI. -----------------------------------------------------------------------------------
3) ORDENO: El archivo definitivo del presente expediente una vez que sea firme la
presente sentencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------
4) SIN COSTAS NI COSTOS. Por esta mi sentencia, así lo pronuncio, mando y firmo en la
Sala de Despacho del Juzgado Civil Transitorio de Camaná. Tómese razón y hágase
saber.-
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00834-2008-0-1814-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : QUEVEDO VEGA, ENRIQUE ANTONIO
ESPECIALISTA : ROJAS PEÑA, MARCO ANTONIO
CURADOR : CANDUELAS SERVANTES, MARIBEL
DEMANDADO : GUTIERREZ ROCAFULL, LILIANA YSABEL
ROCAFULL GARATE, SUCESION NORA
GUTIERREZ ROCAFULL, SERGIO ABEL
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI
MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD
RESOLUCION NUMERO TREINTA Y NUEVE
La Victoria, once de agosto
Del dos mil veintidós.-
Por recibido los autos a fojas 547, remitido por el
Décimo Cuarto Juzgado en lo Civil de Lima que confirma la sentencia
contenida en la resolución número treinta y tres que declara fundada en
parte la demanda: Cúmplase lo ejecutoriado por el Superior Jerárquico;
con conocimiento de las partes; avocándose al conocimiento del proceso el
Magistrado que suscribe por disposición superior; notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 01472-2008-0-1801-JR-CA-01
MATERIA : CESE DE ACTUACION MATERIAL
JUEZ : CORDOVA POMA GLADYS IRENE
ESPECIALISTA : PUGA ACUY RAMIRO
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO
EDUCACION ,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO ,
CODACUN CONSEJO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
UNIVERSITARIOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE
RECTORES ,
DEMANDANTE : IANNACONE MARTINEZ, OSCAR GERMAN
Resolución N° 20
Lima, 04.11.2022.-
DADO CUENTA: Al ingreso de fecha 27/10/2022: Por recibido el
expediente proveniente de la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo que REVOCA la sentencia apelada, la misma que declaró
FUNDADA en parte la demanda; y, REFORMULA declarando improcedente
la demanda por falta de interese para obra; en consecuencia, CÚMPLASE
LO EJECUTORIADO, disponiendo el ARCHIVO DEFINITIVO de los autos.
Avocándose al conocimiento del presente proceso al Magistrado que suscribe
e interviniendo el Especialista Legal que da cuenta por disposición superior.
NOTIFIQUESE. - |
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SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Av. Nicolás de Piérola N°673-677, 3er. piso - Cercado de Lima
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA.
Expediente Nº : 01472-2008-0-1801-JR-CA-01
Demandante : Iannacone Martínez Óscar Germán y otro
Demandado : CODACUN y otros
Proceso Principal : Nulidad de Acto Administrativo
Juzgado de Procedencia: Primer (01°) JECA de Lima
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE
Lima, veinticuatro de agosto del dos mil veintidós.-
VISTOS; en Audiencia Pública, con el expediente administrativo, e
interviniendo como ponente la señora Juez Superior, Magali Valer Fernández, el
Colegiado pasa a resolver:
I. PARTE EXPOSITIVA:
Es materia de grado la SENTENCIA contenida en la resolución número DIECISEIS, de
fecha treinta de diciembre del dos mil dieciséis1, que declara FUNDADA EN PARTE la
demanda; en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada2,
concedido por Resolución N° 19 de fecha 23 de mayo del 20183, con efecto suspensivo.
1.1 AGRAVIOS:
El demandado Ministerio de Educación señala los siguientes agravios:
a) La sentencia adolece de motivación, pues del séptimo al décimo considerando no se ha
indicado cuál es el medio probatorio que ha sido valorado, es decir, no se han dado las
motivaciones de hecho y de derecho por el concepto que le asiste al actor del pago de
remuneraciones dejadas de percibir.
b) No se ha considerado que las resoluciones impugnadas del CODACUN como de la
Universidad Nacional del Callao, estuvieron ajustadas a derecho, toda vez que el descuento
1 De fojas 437 a 543 del principal.
2 De fojas 520 a 532 del principal.
3 De fojas 533 del principal.
1 de los 19 días por inasistencia efectuados a los demandantes, se hizo en aplicación de lo
dispuesto por el artículo 10 del Reglamento de Funcionamiento de Consejos de Facultad
aprobado por Resolución 057-02-CU del 01 de julio del 2002 que responde al acuerdo
tomado por el Consejo de Facultad de Ciencias Contables en su sesión ordinaria del 11 de
junio del 2004 al haberse constatado de los consolidados de asistencia de los miembros del
consejo de Facultad de Ciencias Contables que los demandantes acumularon 18
inasistencias y 01 retiro de sesión cada uno, por lo cual se procedió al descuento. Asimismo,
los demandantes no pueden alegar falta de debido procedimiento o actuación arbitraria,
pues previa verificación de las actas de asistencia en donde se constató la inasistencia, el
Consejo Universitario ordenó el descuento.
c) La sentencia no ha justificado con ninguna prueba las razones por las que deben ser
declaradas ineficaces las resoluciones impugnadas, pues los hechos que alegan los
demandantes no se han probado, y más bien se les impuso la sanción pecuniaria por las 19
faltas.
d) La sentencia le agravia pues devolvió la cédula de notificación de dicha resolución y la del
04 de enero por no corresponder a la defensa judicial del CODACUN sino al procurador
público de SUNEDU, pues CODACUN carece de legitimidad procesal para actuar en el
presente proceso ya que la relación jurídica procesal solo será válida respecto a SUNEDU la
que a su vez es el procurador público el que asuma judicialmente la defensa para los
intereses de SUNEDU, y no la procuraduría del Ministerio de Educación
II. PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO: Es de tener presente que, como mecanismo de control judicial de la legalidad
de la actividad de la administración pública, el artículo 148° de la Constitución, consagra
la acción contenciosa-administrativa, a la cual se puede acudir en sede judicial frente a
resoluciones administrativas que hayan causado estado. Dicha disposición encuentra
desarrollo legislativo, en el artículo 1° del TUO de la Ley 27584, que dice: "La acción
contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad
el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al
derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.”.
Asimismo, en el numeral 228.1, del artículo 228° del TUO de la Ley N° 274444.
SEGUNDO: En esa línea debe precisarse que, el artículo 3, del mismo TUO antes citado,
prescribe los requisitos de validez de todo acto administrativo; en tanto que, su artículo
10, establece lo siguiente:
Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los
siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
4 228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del
Estado.
2 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por
silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación
o tramites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como
consecuencia de la misma.”
(resaltado agregado)
TERCERO: En el aspecto procesal, es de señalarse que, es principio de lógica jurídica que
las partes prueben los hechos que alegan o contradicen; toda vez que, los medios
probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir
certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de
fundamentar sus decisiones. Este principio rector en materia procesal ha sido recogido
por el artículo 33° del TUO de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo, que establece: “salvo disposición legal diferente la carga de la
prueba corresponde a quién afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la
actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando
por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones
de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta".
CUARTO: El recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional superior examinar, a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el
propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente; y dentro de ese mismo
contexto, el aforismo o brocardo tantum devolutum quantum apellatum, por el cual el
órgano judicial revisor sólo se pronunciará sobre el contenido del recurso impugnatorio;
esto es, respecto de los agravios y pretensión del apelante, lo que vendrá a constituir los
parámetros sobre los cuales deberá versar la absolución en grado. Y en la misma línea, el
Principio Iura Novit Curiae, por el cual el Juez conoce el derecho y debe aplicar el que
corresponda al caso concreto; aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido
erróneamente, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
(i) Del objeto de la controversia:
QUINTO: Mediante Resolución N° 08, de fecha 20 de diciembre del 20105, se fijó
como punto controvertido: “Establecer si al expedirse La Resolución de Consejo Universitario N° 015-
2008-CU, de fecha 24 de enero de 2008, la Resolución Rectoral N° 1279-2007 de fecha 14 de noviembre de
2007 emitida por la Universidad Nacional del Callao, la Resolución N° 308-2006-CODACUN de fecha 07 de
setiembre de 2007, se ha incurrido en causal que acarre su nulidad; y si en consecuencia de ello, corresponde
disponer se deje sin efecto el descuento de 03 días de remuneración por no haber asistido a igual número de
sesiones del Consejo de Facultad de Ciencias Contables” Habiendo sido declarada la demanda
fundada en parte, por lo cual, la demandada CODACUN, interpone recurso de apelación
5 De fojas 289 a 290
3 invocando los agravios resaltados en la parte en la parte expositiva de la presenten
resolución; correspondiendo verificar la corrección de la sentencia impugnada, teniendo
en cuenta los parámetros fácticos y jurídicos que rodean la presente causa.
(ii) De la normatividad legal aplicable al caso:
SEXTO: Debe iniciarse por resaltar al caso que, el artículo 139, inciso 3), de la
Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función
jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho derecho, como lo establece la
jurisprudencia, admite dos dimensiones: una formal, procesal o procedimental, y otra de
carácter sustantivo o material. En la primera de las mencionadas está concebido como un
derecho continente que abarca diversas garantías y reglas (las cuales a su vez son
derechos parte de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja) que
garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de
todo tipo de procedimiento o proceso (sea este judicial, administrativo, corporativo
particular o de cualquier otra índole). En la segunda de sus dimensiones exige que los
pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso
respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a
su respeto por los derechos y valores constitucionales.
SÉPTIMO: Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 27444 establece que son actos
administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses,
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta;
previendo como requisitos de validez, los contenidos y/o establecidos en el artículo 3°
de la acotada norma, referidos éstos, a la competencia, objeto o contenido, finalidad
pública, motivación y procedimiento regular. Siendo el artículo 10° de la misma
norma el que, como ya ha sido destacado, regula las causales por las cuales un acto
administrativo deberá ser declarado nulo, encontrándose dentro de ellas, el contravenir
la constitución, leyes o normas reglamentarias, entre otros.
OCTAVO: Asimismo, cabe señalar que el Tribunal Constitucional sobre la debida
motivación, en el EXP. N.° 03891-2011-PA/TC, de fecha 16 de enero del 2012, ha
indicado lo siguiente:
(…)
La garantía constitucional de la motivación
16. En todo Estado constitucional y democrático de Derecho, la motivación debida de las decisiones de las
entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho fundamental que forma parte del
contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una
garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera
4 o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y
congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional.
(…) 19. El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que la administración
exprese las razones o justificaciones objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas
razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable
al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.
20. De otro lado, la motivación puede generarse previamente a la decisión –mediante los informes o
dictámenes correspondientes– o concurrentemente con la resolución, esto es, puede elaborarse
simultáneamente con la decisión. En cualquier caso, siempre deberá quedar consignada en la resolución. La
Administración puede cumplir la exigencia de la motivación a través de la incorporación expresa, de modo
escueto o extenso, de sus propias razones en los considerandos de la resolución, como también a través de la
aceptación íntegra y exclusiva de lo establecido en los dictámenes o informes previos emitidos por sus
instancias consultivas, en cuyo caso los hará suyos con mención expresa en el texto de la resolución,
identificándolos adecuadamente por número, fecha y órgano emisor.
21. Es por ello que este Tribunal reitera que un acto administrativo dictado al amparo de una potestad
discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando solo expresa la apreciación individual
de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la
decisión, no expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión; de modo que, como ya se
ha dicho, motivar una decisión no solo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal
se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente–
las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada." (resaltado y subrayado agregado)
NOVENO: Por su parte, el Artículo 1 de la Ley 23733-Ley Universitaria (aplicable a la
fecha de os hechos y derogada por la Ley Nº 30220) establecía que las Universidades
están integradas por profesores, estudiantes y graduados; se dedican al estudio, la
investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y
proyección sociales. Tienen autonomía académica, normativa y administrativa dentro de
la Ley.
Su artículo 28 establecía que “La Asamblea Universitaria tiene la composición siguiente: a) El
Rector y el o los Vicerrectores; b) Los Decanos de las Facultades y en su caso, el Director de la Escuela
de Postgrado; c) Los representantes de los profesores de las diversas facultades, en número igual al
doble de la suma de las autoridades universitarias a que se refieren los incisos anteriores. La mitad
de ellos son profesores principales. El Estatuto de cada Universidad establece la proporción de los
representantes de las otras categorías. d) Los representantes de los estudiantes, que constituyen el
tercio del número total de los miembros de la Asamblea; y e) Los representantes de los Graduados, en
número no mayor al de la mitad del número de los decanos; Los funcionarios administrativos del
más alto nivel asisten, cuando son requeridos a la asamblea, como asesores, sin derecho a voto”
DÉCIMO: Asimismo, conforme a la misma normatividad y la doctrina, para cumplir con
sus altos fines de educación, investigación y proyección social, las Universidades
requieren de tranquilidad y paz social, dentro de la comunidad universitaria, para lograr
una mayor participación en el intercambio de ideas, conceptos, juicios, valores y
propuestas que den impulso al desarrollo de las ciencias, artes y tecnología. Es así como
la Ley 23733 reconoció derechos y obligaciones a docentes y estudiantes así como
atribuciones, límites y obligaciones a las autoridades universitarias, siendo que ante la
infracción a sus obligaciones, docentes o estudiantes incurren en responsabilidad
surgiendo así las facultades que la Ley prevé.
5 UNDÉCIMO: En esa línea, ante cualquier procedimiento administrativo, además primera
y segunda instancia en la respectiva Universidad, se creó una tercera instancia de
reclamación, denominada instancia de revisión, que verificaba la legalidad de estos
actos, como lo fue el Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios (CODACUN) a fin de
revisar la legalidad de las decisiones de la Autoridad Universitaria, en procedimientos
seguidos en las Universidades ante reclamaciones y solicitudes de docentes y estudiantes
(debe recordarse que en el ejercicio de sus facultades, el Consejo Universitario, como
autoridad administrativa muchas veces ejercía competencia como autoridad en primera
instancia, no constituyendo para estos casos, la Asamblea Universitaria, instancia de
apelación, por no encontrarse dentro de las facultades que la Ley 23733 le otorgó).
11.1 Cuando el Consejo Universitario ejerce competencia en primera instancia, puede
convertirse en instancia única, ante la inexistencia de segunda instancia de apelación, ya
que la instancia superior, en este caso de competencia nacional, era el CODACUN, el que
según el inciso a) del artículo 95° de la Ley 23733, conocía del recursos de revisión
contra resoluciones de Consejos Universitarios; recursos de revisión que con arreglo a lo
previsto en el artículo 100° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS, modificado por Ley
26810, se interponían excepcionalmente ante una tercera instancia.
(iii) Antecedentes del caso:
DUODÉCIMO: Del escrito de demanda y su variación, se tiene que los demandantes
pretenden la declaración de ineficacia jurídica de la Resolución N° 308-2006-
CODACUN de fecha 07 de setiembre de 2007, Resolución Rectoral N° 1279-2007 de
fecha 14 de noviembre de 2007 emitida por la Universidad Nacional del Callao,
Resolución de Consejo Universitario N° 134-2005-CU de fecha 13 de junio de 2015, y
, Resolución de Consejo Universitario N° 015-2008-CU, de fecha 24 de enero de 2008,
por haber incurrido en causal que acarrea su nulidad; y, en consecuencia, se deje sin
efecto el descuento de los 19 días de remuneración dispuesto en la Resolución de
Concejo de Facultad N° 280-04-CFF de fecha 18 de junio de 2004, ratificado en el
numeral 2) de la Resolución Rectoral N° 1279-2007; y, el descuento de tres días de
remuneraciones por no haber asistido a igual número de sesiones del Consejo de
Facultad de Ciencias Contables.
DÉCIMO TERCERO: Señalan los accionantes que, fueron miembros del Consejo de
Facultad de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao,
siendo objeto de disposición de descuento de 19 días de sus remuneraciones, mediante
Resolución de Consejo de Facultad 280-04-CFCC, del 18 de Junio de 2004; la misma
6 que impugnaron como constan en sus escritos del 17 y 24 de septiembre de 2004, siendo
absuelto mediante Oficio N° 738-04-FCC del 04 de octubre de 2004, argumentando que
la Resolución de Consejo de Facultad N° 280-04 había quedado consentida, por no
haberse interpuesto recurso impugnatorio o administrativo por lo que, la administración
declara improcedente su solicitud de nulidad. Argumento que, resulta falso; toda vez que,
ambos recursos de modo acumulativo fueron materia de pronunciamiento por la
Resolución Rectoral N° 117-05-R del 16 de febrero de 2005, que declaró
improcedente la nulidad. Resolución contra la que interpusieron recurso de apelación,
del 09 de marzo de 2005, el mismo que, fue absuelto por Resolución de Consejo
Universitario N° 119-2005-CU, del 25 de abril de 2005, que declaró infundado su
recurso. Siendo en dicho contexto que procedieron a interponer recurso de revisión el
09 de junio de 2005, el cual fue materia de pronunciamiento por el Consejo de Asuntos
Contenciosos Administrativos Universitarios de la Asamblea Nacional de Rectores,
mediante Resolución N° 308-2006-CODACUN, del 07 de Septiembre de 2007,
confirmando la Resolución Nº 119-2005-CU, solo sobre la base del artículo 10 del
Reglamento, que establece el día de descuento por inasistencia a sesión, ignorando al
artículo 12 que es limitante a 10 faltas consecutivas y a 5 alternas y al artículo 31° que es
excluyente al declarar la vacancia de hecho por el artículo 12; además de no haber
tomado conocimiento de la Resolución de Consejo Universitario N° 134-2005-CU del 13
de junio de 2005.
13.1 Asimismo, refieren que, el Rector de la Universidad Nacional del Callao,
aprovechando el ilegal fallo emitido por el CODACUN en la Resolución N° 308-2006-
CODACUN, emitió la Resolución Rectoral N° 1279-2007-R, del 14 de noviembre de
2007, resolviendo confirmar la Resolución No Nº 119-2005-CU, con la cual se produce un
agravio a sus derechos económicos al afectárseles con 19 días de descuento,
interponiendo queja el 20 de abril de 2005 por omisión de pronunciamiento, el cual fue
declarado improcedente por Resolución Rectoral N° 331-05-R del 22 de abril de 2005,
impugnada el 19 de mayo de 2005, y que fue declarado fundado en parte por Resolución
de Consejo Universitario N° 134-2005-CU de fecha 13 de junio de 2005, disponiendo que
la Oficina de Personal proceda al descuento de tres días de sus remuneraciones por no
haber asistido a igual número de sesiones del Consejo de Facultada de Ciencias
Contables. Precisando que, al estar pendiente el pronunciamiento su recurso de revisión
del 09 de junio de 2005 interpuesto ante el CODACUN, no interpusieron recurso
impugnatorio para evitar la petición alternativa excluyente e incompatible con el
petitorio donde ya habían solicitado la ineficacia jurídica de la Resolución 119-2005-CU
del 25 de abril del 2005, solicitando que ello se considere en este proceso.
7 (iv) Absolución de agravios:
DÉCIMO CUARTO: Absolviendo en forma conjunta los agravios invocados por la
apelante, debe señalarse que, conforme petitorio de la demanda los demandantes
plantearon como primera pretensión principal, se declare la nulidad de la
Resolución N° 308-2006-CODACUN, del 07 de setiembre de 2007 emitida por el
Consejo de Asuntos Contenciosos Administrativos Universitarios de la Asamblea
Nacional de Rectores-CODACUN, por la que, se resolvió confirmar la Resolución N° 119-
2005-CU del 25 de abril del 2005, que declara infundado su recurso de reconsideración
contra la Resolución N° 280-04-CFCC; para lo cual sustenta la demandada que ésta
última resolución no fue objeto de recurso impugnatorio de apelación, declarando
improcedente la nulidad.
DÉCIMO QUINTO: Al respecto, es de referirse que, de los actuados administrativos que
se tienen a la vista se advierte lo siguiente:
1. Mediante Resolución N° 280-04-CFCC, del 18 de junio de 20046, el Consejo de la
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao resuelve:
“APLICAR EL ART. 10° DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSEJOS DE
FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, aprobado por Resolución del
Consejo Universitario N° 057-2002-CU del 1/7/2002, a los docentes CPC. PEDRO QUISPE
TASAYCO; OPC. OSCAR GERMAN IANNACONE MARTINES y Lic. Adm. ABDIAS ARMANDO
TORRE PADILLA; procediendo a los descuentos en la forma indicada en la referida norma,
considerando las 19 (diecinueve) inasistencias a las convocatorias de sesiones del Consejo de
Facultad da Contabilidad, de acuerdo con la siguiente documentación sustentatoria, cargos
de entrega de las citaciones; Registro de Asistencias; Cuadro Estadístico de Inasistencias, que
forman parte de la presente Resolución”.
2. Por escritos del 17 y 24 de septiembre de 2004, los ahora demandantes, Germán
Iannacone Martínez7 y Abdías Armando Torre Padilla8 solicitan la “nulidad” de la
Resolución No 280-04, antes detallada; para lo cual señalan que, se ha aplicado de
manera injustificada y arbitraria el artículo 10° del Reglamento de Funcionamiento
de Consejos de Facultad de la UNAC, siendo el descuento de sus haberes nulo; por
cuanto ha sido emitido por una persona cuya legitimidad funcional se encuentra
impugnada por ante el Poder Judicial en el Cuarto Juzgado Civil del Callao.
3. Por Resolución Rectoral N° 117-05-Callao, del 16 de febrero de 20059, son
declarados improcedentes los pedido de nulidad realizados por los administrados,
bajo el sustento que, el Consejo de facultad de Ciencias contables ha actuado en
6 Fojas 14 de Expediente Administrativo Tomo I
7 De fojas 17 del expediente administrativo
8 De fojas 15 del expediente administrativo
9 De fojas 217 del expediente administrativo
8 cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 154 del estatuto de la
Universidad Nacional del callao, y dando cumplimiento al artículo 10° de la
Resolución N° 057-2002-CU, que los actuados tienen sustento documental como
cuadros de inasistencia de los demandantes quienes tienen la obligación de cumplir
lo dispuesto en el artículo 293° inciso f) de la norma estatutaria, y que, asimismo, no
consta resolución judicial o administrativa que impida al profesor Carlos Alberto
Hurtado Criado acceder al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Contables.
4. Con fecha 09 de marzo de 2005, los mismos profesores sancionados mencionados,
interponen recurso de apelación10 contra la Resolución Rectoral N° 117-05-Callao;
por lo cual el Consejo Universitario expide la Resolución de Consejo Universitario
N° 119-2005-CU-Callao, del 25 de abril de 200511, que declara infundado el
recurso interpuesto bajo los siguientes argumentos:
“(…)
Que, del análisis de los actuados se desprende que la argumentación de los recurrentes se sustenta, de un
lado, en el cuestionamiento a la elección del CPC. Ms. CARLOS ENRIQUE HURTADO CRIADO como Decano
encargado de la Facultad de Ciencias Contables y de otro lado, se cuestiona también la aplicación del Art.
10° del Reglamento de Funcionamiento de Consejos de Facultad de la Universidad Nacional del Callao, en
la medida que se ha procedido al descuento de haberes respectivos en consideración de las diecinueve (19)
inasistencias a las sesiones de Consejo de Facultad registradas por dichos docentes;
Que, respecto a la elección del CPC. Mg. CARLOS ENRIQUE HURTADO CRIADO como Decano encargado de
la Facultad de Ciencias Contables, es de observarse que se hizo a través del Consejo de Facultad y en
estricto cumplimiento de sus atribuciones conferidas según el artículo 154° inc. g) del Estatuto de esta
Casa Superior de Estudios;
Que, asimismo, respecto a la aplicación del Art. 10° del Reglamento de Funcionamiento de Consejos de
Facultad, debe precisarse que su aplicación responde a un acuerdo tomado por el Consejo de Facultad de
Ciencias Contables en su sesión ordinaria del 11 de junio de 2004, a raíz de constatar mediante el
consolidado de asistencia de los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Contables, que los docentes
recurrentes tienen un total de dieciocho (18) faltas y un (01) retiro de sesión cada uno, no obrando en
autos justificación alguna por dichos actos;
Que, según el Art. 143° inc. m) del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, se reconoce la
atribución legal del Consejo Universitario para ejercer en INSTANCIA REVISORA, el poder disciplinario
sobre docentes, estudiantes y personal no docente de la Universidad;
Que, el Art. 209º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, precitada Ley,
establece que el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho; lo cual no se
cumple en el presente caso;
Estando a lo glosado, al Informe N° 482-2005-AL recibido de la Oficina de Asesoría Legal el 13 de abril de
2005; a lo aprobado por unanimidad por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 22 de
abril de 2005; a la documentación sustentatoria en autos; y, en uso de las atribuciones que le confieren los
Arts. 143°, 158° y 161° del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 31°, 32° y 33° de la Ley
N° 23733”;
5. Estando a lo resuelto, los ahora demandantes proceden a interponer Recurso de
revisión12 de fecha 09 de junio de 2005.
6. Siendo emitida la Resolución N° 308-2006-CODACUN, del 07 de setiembre de
200713 - objeto de cuestionamiento en el presente proceso - que confirma la
10 De fojas 23 del expediente administrativo
11 De fojas 84 del expediente administrativo
12 De fojas 53 del expediente administrativo
13 De fojas 01 del expediente administrativo
9 Resolución N° 119-2005-CU del 25 de abril de 2005; bajo el fundamento de la
administración que:
“(…) los recurrentes, mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2004, interpusieron
Nulidad contra la Resolución No 280-04-CFCC del 18 de junio de 2004, la misma que fue
declarada improcedente mediante Resolución No 117-05-R del 16 de febrero de 2005, en
aplicación del art. 10 del Reglamento de Funcionamiento de Consejos de Facultad,
disponiéndose el descuento proporcional de sus haberes por su inconcurrencia a diecinueve
sesiones del Consejo de Facultad;
(…) los recurrentes, interponen recurso de apelación contra la Resolución No 117-05-R, la
cual es declarada Inundada por Resolución No 119-2005-CU de fecha 25 de abril de 2005;
(…) la Resolución No 280-04-CFCC no fue objeto del recurso impugnatorio de apelación
dentro del plazo establecido por el art. 209 de la Ley No 27444; por lo que, la nulidad
planteada por los recurrentes deviene en Improcedente;
DÉCIMO SEXTO: A efectos de establecer si lo resuelto en la Resolución N° 308-2006-
CODACUN se encontraba arreglada a ley, debe tenerse presente lo dispuesto en el
artículo 207 de la Ley Nº 2744414, Ley del Procedimiento Administrativo General, antes
de su modificación (aplicable al caso por temporalidad):
Artículo 207 Recursos administrativos (Antes de la modificatoria)
207.1. Los recursos administrativos son:
a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación
c) Recurso de revisión
207.2. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y
deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.
16.1 A efectos de establecer el cómputo del plazo establecido, debe precisarse desde
cuándo será eficaz el acto administrativo; teniéndose que, el artículo 16 de la misma Ley,
prescribe:
Artículo 16°.- Eficacia del acto administrativo
16.1. El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente
realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.
(…)
16.2 Siendo que, de conformidad con el artículo 25º, las notificaciones tienen vigencia,
en el caso de las notificaciones personales, “el día que hubieren sido realizadas.”
DÉCIMO SÉPTIMO: Con las citas hechas, analizando el caso concreto, se tiene que,
conforme a las copias corrientes de fojas 14 a 17 del Expediente Administrativo, Tomo I,
los demandantes fueron notificados con la Resolución No 280-04-CFCC del 18 de junio
14 El recurso administrativo en el artículo 207 de la Ley Nº 27444 es definido14, como la manifestación de voluntad unilateral y recepticia del
administrado por la cual, dentro de un procedimiento iniciado, contesta una decisión de la administración que le causa agravio, exigiéndole
revisar tal pronunciamiento, a fin de alcanzar su revocación o modificatoria; con lo cual, se consignan como elementos fundamentales de todo
recurso administrativo: i) La voluntad de recurrir y su exteriorización documental; ii) Indicación de la decisión contestada; iii) Fundamentación de la
controversia. Lo cual de ordinario se cumple incorporando al escrito del recurso las razones para la discrepancia; no obstante, también el
administrado puede reservarse la oportunidad para hacerlo durante la secuencia del procedimiento recursal o incluso habiéndolo consignado en el
recurso, puede mejorarla después, siendo su derecho fundamentar su posición mientras el asunto esté pendiente de decisión; iv) Finalmente, la
constitución del domicilio.
10 de 2004, los días 06 y 07 de septiembre de 2004, respectivamente – extremo sobre el
cual no existe controversia alguna -; por lo tanto, el plazo de 15 días que tenían para
impugnar vencían los días 24 y 27 de septiembre, respectivamente. Siendo el caso que,
como ha quedado dicho, los escrito de nulidad fueron presentados los días 17 y 24 de
septiembre de 2004; esto es, dentro del plazo que tenían para hacerlo.
DÉCIMO OCTAVO: En relación a la formalidad del recurso y la calificación que, de los
mismos debieron hacer los administrados, debe señalarse en forma contundente que, si
bien es cierto, los mismos presentaron sus escritos como “recursos de nulidad” (fs. 17
del administrativo); también lo es que, de conformidad con el artículo 213 de la ya
citada Ley de Procedimiento Administrativo General, la administración se
encontraba en la obligación de adecuar el recurso que corresponda, en supremacía del
derecho de defensa de los administrados. Así dispone la norma citada: “El error en la
calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación
siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.”. Siendo el caso que, de la lectura
de los escritos “de nulidad” se observa, con meridiana claridad, que en los mismos se
hace claro cuestionamiento e impugnación contra lo resuelto en la Resolución
administrativa No 280-04-CFCC, yendo a las pruebas actuadas. Así señalan, por ejemplo,
que, la demandada realizó una injustificada y arbitraria interpretación del artículo 10 del
reglamento de Funcionamiento de Consejos de Facultad de la Universidad Nacional del
Callao, y los descuentos, entre otros.
En tal sentido, entonces, al margen de requisitos formales como la denominación que se
haga de los mismos, era deber de la administración verificar la adecuación de los escritos
presentados por los administrados, y calificarlos conforme correspondía.
DÉC |
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SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(Av. Nicolás de Piérola N° 675 / 3er. Piso – Cercado de Lima)
VERA LAZO
CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
Demandantes : Oscar German Iannacone Martínez y Otro
Demandado : Ministerio de Educación y Otro
Materia : Nulidad de Resolución Administrativa
Proceso : Especial
EXPEDIENTE Nº 1472-2008-0-1801-JR-CA-01
(Ref. Sala N° 01536-2019-0)
RESOLUCIÓN N° OCHO
Lima, doce de noviembre de dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: dado cuenta en la fecha; y ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, es materia de grado la Sentencia contenida en la Resolución N°
16 de fecha 30.12.20161, en el extremo que declara fundada en parte la demanda;
ello en mérito al recurso de apelación2 interpuesto por el Ministerio de Educación y
concedido por Resolución N° 19 de fecha 23.05.20183, con efecto suspensivo.
SEGUNDO: Que, por Resolución N° 04 de fecha 17.09.2020, esta Sala Superior, entre
otros, dispuso: “REPROGRAMESE LA VISTA DE LA CAUSA PARA EL PRIMERO DE
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE […]”.
TERCERO: Que, de la revisión del expediente y la consulta realizada en el Sistema
Integrado Judicial – SIJ interconectado con el RENIEC, se advierte que el
codemandante OSCAR GERMAN IANNACONE MARTINEZ falleció con fecha 14 de
marzo de 2018.
CUARTO: Que, conforme se aprecia del TUO del Código Procesal Civil modificado por
la Ley N° 30293 publicada el 28.12.2014, aplicable supletoriamente a este proceso, se
tiene que:
“Sucesión procesal
Artículo 108.- Por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso,
al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido. Se presenta la
sucesión procesal cuando:
1. Fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su
sucesor, salvo disposición legal en contrario;
(…)
En los casos de los incisos 1. y 2., la falta de comparecencia de los sucesores, determina
que continúe el proceso con un curador procesal.
Será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes perdió
la capacidad o titularidad del derecho discutido, siempre que dicho acto le pueda
1 De fojas 477 a 493.
2 De fojas 520 a 532.
3 A fojas 533.
1 haber generado indefensión. Si transcurridos treinta días no comparece el sucesor al
proceso, el Juez debe designar a un curador procesal, de oficio o a pedido de parte.”
QUINTO: Que, siendo ello así, a efectos de no recortar el derecho de defensa que le
asiste a los sucesores de la parte codemandante, debe procederse conforme a lo
establecido en el artículo 108° del TUO Código Procesal Civil y modificatorias, motivo
por el cual dispusieron:
1. DEJAR SIN EFECTO LA VISTA DE CAUSA señalada por Resolución N° 04 de
fecha 17.09.2020.
2. SUSPENDER EL PROCESO por el plazo de treinta días.
3. NOTIFICAR a los posibles sucesores procesales de OSCAR GERMAN
IANNACONE MARTINEZ a efectos que en el plazo de treinta días comparezcan al
presente proceso, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal; debiéndose
cursar la notificación a los domicilios que aparecen consignados en el escrito de
demanda y el documento nacional de identidad del demandante. Notificándose. -
MSVL/mbo
VERA LAZO CERNA LANDA VALER FERNANDEZ
2 |
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Juez: MARENGO SOTO SANDRA ANAI
Fecha: 30/05/2017 10:41:22
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO 09
EXPEDIENTE : 03974-2008-0-1801-JP-CI-09
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: VASQUEZ MINAYA ESPECIALISTA : VASQUEZ MINAYA YOLER ANIBAL
YOLER ANIBAL
Fecha: 30/05/2017 15:48:34
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : TELEFÓNICA DEL PERU SAA
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : CANALES MOLINA, ELSA MANUELA
RAZON:
Señora magistrada, en cumplimiento de mis funciones informo a
Ud. lo siguiente: Que debido a la excesiva carga procesal existente en el
Juzgado y atendiendo a las recargadas labores ordinarias de la secretaría a
mi cargo, la misma que se ha visto sobrecargada por la asignación de los
expedientes del especialista legal Percy Javier Cruz García, quien salió de
vacaciones durante todo el mes de mayo del 2016, aunado a ellos está la
huelga nacional de los trabajadores del Poder Judicial, llevado a cabo
desde el 22 de noviembre al 30 de diciembre del 2016, han ocasionado el
retraso involuntario en la atención del escrito del 10 de junio del 2016, el
cual me fue entregado por el encargado del archivo el 18 de agosto del
2016. Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 29 de Mayo del 2017
RESOLUCIÓN Nº 84
Lima, veintinueve de mayo *
del dos mil diecisiete.-
Dado cuenta de la razón que antecede: Téngase
presente, así como la excesiva carga procesal con que cuenta este juzgado
ascendente a más de 6,904 expedientes, la cual se ha visto incrementada
además por los expedientes que están siendo redistribuidos a este juzgado
provenientes del 1° Juzgado de Paz Letrado de Lima el cual ha sido
reubicado al distrito de Surco; y, proveyendo el escrito que precede,
presentado por la entidad demandada Telefónica del Perú SAA: Al
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase por apersonada a la apoderada de la
actora, agregándose a sus antecedentes los anexos que se adjuntan; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de fecha 5 de agosto del 2011, la parte
ejecutada Telefónica del Perú solicita el archivo definitivo del presente
proceso, con el argumento de haber cumplido con abonar todas las
obligaciones de pago ordenado en autos. Por resolución número 83 de
fecha 20 de agosto del 2014, se puso a conocimiento de la actora Elsa
Manuela Canales Molina, sin que esta parte haya absuelto, pese a haber
sido debidamente notificada conforme es de verse del cargo de notificación
que obra en autos, habiendo transcurrido el tiempo en exceso.
SEGUNDO: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1220º del
Código Civil: “Se entiende efectuado el pago solo cuando se ha ejecutado
íntegramente la prestación”. En ese sentido, se entiende como pago cuando
el acreedor ve satisfecha su pretensión ante el cumplimiento cabal a que
estaba obligado el deudor.
En el presente caso, la ejecutada interpuso demanda de
Obligación de Dar Suma de Dinero, cuya pretensión fue de que la entidad
demandada cumpla con pagar la suma de S/ 3,479.38 soles, intereses legales, costas y costos del proceso. Por resolución número 13 de fecha 12
de octubre del 2009 de folios 265 a 269, se declaró fundada la demanda
interpuesto por Elsa Manuela Canales Molina, y se ordenó a la ejecutada
Telefónica del Perú SAA cumpla con pagar la suma de S/ 3,479.38 soles,
intereses legales, costas y costos del proceso, decisión judicial que fue
consentida por resolución número 16 de fecha 11 de marzo del 2010 de
folios 301.
TERCERO: Que de la revisión de los actuados se advierte que, mediante
resolución número 44 de fecha 25 de octubre del 2010, obrante a folios
459, resolución número 75 de fecha 8 de setiembre del 201, obrante a
folios 646, y resolución número 79 de fecha 11 de enero del 2012, obrante
a folio 67, la judicatura ordenó la entrega debidamente endosados de los
Certificados de Depósito judiciales, que corresponden al pago del capital,
intereses, costas y costos del proceso, los mismos que fueron recabados
por la ejecutante Elsa Canales Molina, tal como se observa de las referidas
resoluciones. Por tanto, se encuentra acreditado en autos el pago integral
de la prestación demandada por la entidad ejecutada Telefónica del Perú
SAA.
DECISIÓN:
Por estos fundamentos, se resuelve: Declarar CONLUIDO la ejecución de
la sentencia; en consecuencia, se dispone el ARCHIVAMIENTO
DEFINITIVO del presente proceso y por tanto su remisión al Archivo
Central. La magistrada que suscribe se avoca del conocimiento de la
presente causa e interviene el Especialista Legal por mandato superior.-
Hágase saber.-- |
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Corte Superior de Justicia de Lima
1 Juzgado de Paz Letrado de Lima
Lima, 11 de julio del 2016
Oficio Nro : 05550-2008-0-1801-JP-CI-01
SEÑOR
JUEZ DEL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL
DE LIMA
LIMA 1
Presente.
Tengo el honor de dirigirle el presente a fin
de remitirle en fojas los seguidos por GARCIA ZUÑIGA, ELENA
FRANCISCA con TELEFONICA DEL PERU SAA, sobre Pago de Beneficios
Sociales en apelación de la SENTENCIA contenida en la resolución
número VEINTIDOS de fecha 16 de diciembre del 2013 ( Fs 246-50)
que declara FUNDADA la demanda incoada y ordena el pago a la
demandante de la suma de S/41,275.89 más intereses, costas y
costos; estando al concesorio de apelación contenido en la resolución
número VEINTISIETE de fecha veintiuno de agosto del 2015 de fojas
369.
Hago propicia la oportunidad para
expresarle las seguridades de mi mayor consideración.
Dios guarde a usted
La especialista legal que suscribe CERTIFICA que en autos conoció el 40 Juzgado
Civil de Lima Sec.Segundo Medina Velásquez (Exp.Nro.10291-2010-CI) (
devolviendo el 22.4.10 el cuaderno de apelación de Excepciones, Fs -); y el 35
Juzgado Civil de Lima Sec. Pedro Guerra Mescua ( Exp. Nro.10291-2010-CI, (
Declarando el 23.3.12 nula resolución en cuaderno de Excepciones,Fs. ) cuyas
copias se anexan |
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