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La JEP decidió sobre los derechos de las víctimas de violencia sexual, reproductiva y por prejuicio sin enfoque de género.
1.
La Alianza Cinco Claves para el tratamiento diferencial de la violencia sexual, en el marco del Acuerdo Final de Paz1, ha venido haciendo seguimiento a esta temática desde las negociaciones de La Habana.
Varias de las propuestas planteadas por nuestro espacio fueron aprobadas y son parte de las normas que regulan la justicia transicional actual.
Nuestra labor pretende que se cumplan las distintas garantías previstas a favor de las mujeres, niñas y personas LGBT víctimas de violencia sexual y de otras formas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado.
2.
En seguimiento a este objetivo hemos venido haciendo una revisión de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las que se ha pronunciado sobre el tema.
En ese sentido publicamos el documento “Conexidad entre la violencia sexual y el conflicto armado: un llamado al no retroceso en la Jurisdicción Especial para la Paz”2, en el que destacamos, entre otros aspectos, los estereotipos de discriminación que actúan al momento de examinar la relación de conexidad entre un hecho de violencia sexual y el conflicto armado, lo que rápidamente puede conducir a la impunidad en este tipo de casos.
3.
Recientemente hemos hecho una valoración del Auto 019 de 2021 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (“SRV”) en el marco del caso 001 priorizado por la JEP.
Este Auto pretende, en primer lugar, esclarecer lo ocurrido durante los secuestros perpetrados nacionalmente y la responsabilidad de los miembros del Secretariado.
Sin embargo, esta también es una decisión fundamental para comprender cómo el despacho relator analizó los relatos de víctimas y responsables, cómo realizó el procedimiento dialógico o deliberativo, cuáles fueron los resultados de la contrastación de información y cómo sus conclusiones responden a los objetivos de la Jurisdicción, dentro de los que se encuentra satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia y ofrecer verdad a la sociedad colombiana.
4.
Este Auto abre la puerta a las consideraciones sobre la manera en la que se aplicarán estos criterios y procedimientos en otros macrocasos.
Desde nuestro análisis, este primer Auto de determinación de hechos y conductas nos permite insistir en la apertura del caso nacional de violencia sexual, violencia reproductiva y otros delitos motivados en la sexualidad de las víctimas, que le hemos venido solicitando a la JEP3.
5.
En términos generales consideramos que la decisión de la JEP contiene estereotipos socioculturales de discriminación judicial contra las víctimas de violencia sexual, lo que puede afectar su acceso a la justicia4 y constituye un retroceso en lugar del avance esperado en el marco de la justicia transicional.
A continuación, listamos los aspectos que nos condujeron a esta conclusión.
• Ausencia de una metodología de investigación con enfoque de género.
6.
Desde el Acuerdo Final se ha establecido la necesidad de aplicar el enfoque de género, en particular en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La ley 1922 de 2018 estableció entre los principios rectores para la JEP el enfoque de género, que se aplicará en todas las actuaciones y procedimientos y según el cual deberá considerarse que las relaciones de género se instrumentalizaron, 1 Integrada por Colombia Diversa, Women´s Link, Red Nacional de Mujeres, Corporación Humanas y Corporación Sisma Mujer.
2 https://humanas.org.co/wp-content/uploads/2021/01/73.-Final_cinco_claves.pdf 3 https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2019/07/ComunicadoFnal-24feb.pdf  4 Según el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, ˝Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres.
Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia”.
Recomendación general núm.
33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, párr.
26.
       exacerbaron y acentuaron durante el conflicto, profundizando los daños, las consecuencias y los impactos de la violencia en la vida (art.
1, lit.
h).
7.
No obstante, concluimos que el Auto 019 de 2021 no se basó en una metodología de investigación o “contrastación” desde el enfoque de género, en particular para verificar los hechos de violencia sexual, violencia reproductiva5 y afectación diferencial a las mujeres y personas LGBT.
La información referida a estos crímenes surge en los relatos de las víctimas como una manifestación espontánea, no se observa que el procedimiento dialógico, deliberativo ni la contrastación hayan permitido profundizar en las características de las situaciones que representaron una afectación a la autonomía y libertad sexuales de las mujeres privadas de la libertad.
Tampoco se encuentra en sus páginas el reconocimiento a la vivencia diferencial como mujeres, ni las afectaciones que tiene la violencia sexual en sus vidas –ni durante el cautiverio ni en la recuperación de la libertad de algunas–.
De la violencia reproductiva y de las personas LGBT no se hace ninguna mención.
La existencia de personas LGBT es invisibilizada y el Auto no explica si esto se debe a la falta de acreditación de víctimas LGBT en el caso 001, a la desestimación de sus historias o a cualquier motivo que explique tan notoria ausencia.
8.
El trabajo de investigación, contraste y deliberación sí se observa en las conclusiones acerca de las humillaciones y tratos degradantes (párr.
812), lo cual permite una contribución sustancial a la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado, cuando el Auto refiere que pese a que los comparecientes alegaron la existencia de directivas o lineamientos para el buen trato de los secuestrados, prevalecen  los relatos de las víctimas que demostraron la ocurrencia de estos tratos, su reiteración en distintos momentos, lugares y circunstancias, y niega que sea plausible para los comandantes desconocer de forma general y a veces en hechos precisos, que estos malos tratos existieron (párr.
814).
Se señala además, que es precisamente por la contrastación entre las versiones voluntarias y los informes de otras fuentes, que se determina la responsabilidad que tiene cada uno de los miembros del secretariado (párr.
816).
En el caso de la violencia sexual, reproductiva y por prejuicio no se dio lugar la investigación a fondo como en estos casos.
La violencia sexual se presenta como uno de los malos tratos, sin profundizar su reiteración, las características de esta violencia ni su funcionalidad dentro del patrón de privación de la libertad (por ejemplo, ver: párr.
330) o se deja mencionado como un asunto que aún no se ha investigado6.
Incluso ante el reconocimiento de uno de los comandantes de la ocurrencia de violencia sexual (párr.
650) no se ahondó investigativamente en el tema.
9.
El lenguaje usado por la magistratura es naturalizador de la violencia sexual, pues en varias menciones minimizó la gravedad de lo sucedido.
Por ejemplo, en un caso de violación a dos adolescentes por múltiples agresores –quienes fueron privadas de la libertad por ser parte del “enemigo”– se concluyó sin ninguna verificación o análisis complementario, que el hecho de violación no parecía “tener fin distinto a la violencia sexual” (párr.
649).
Esta expresión ubica los efectos de humillación, sometimiento y ejercicio machista del control de los cuerpos de la violencia sexual como una consecuencia menor, o como un acto desconectado de los intereses bélicos.
10.
En la calificación jurídica propia se afirma que la violencia sexual, como crimen de guerra, “[s]e trata de hechos especialmente graves pero en sí mismos aislados” (párr.
728) y como crimen de lesa humanidad, “no se repiten de manera consistente en las privaciones de la libertad, como sí sucede con los malos tratos”, razón por la cual no es posible concluir la existencia de un patrón de violencia sexual (párr.
763).
A pesar de estas aclaraciones, a 3 integrantes del secretariado se les pide reconocer su responsabilidad por mando por los crímenes cometidos de forma concurrente a las privaciones de la libertad, entre ellos la violencia sexual como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad (párrs.
832, 856, 867).
Para llegar a estas conclusiones, la JEP evidencia que dependió casi 5 https://blogs.lse.ac.uk/wps/2020/06/24/la-violencia-reproductiva-una-categoria-de-analisis-necesaria-en-las-transiciones/ 6 “la Sala señala a Julián Gallo que una de las víctimas acreditadas en el Caso No.
01 hizo una demanda de reconocimiento del maltrato sufrido por los cautivos del Bloque Oriental, incluyendo la existencia de hechos de torturas y violencia sexual” (párr.
906).
      exclusivamente de los relatos de las víctimas en su acreditación, y de los informes de la sociedad civil y de la Fiscalía.
Incluso advierte que la dificultad para encontrar un patrón de violencia sexual se enmarca en una “robusta discusión sobre el subregistro de este tipo de crímenes y su gravedad” (párr.
728) y “esta baja proporción puede corresponder a un subregistro por el estigma y silenciamiento que rodean a la violencia sexual” (párr.
763).
Es decir, la JEP aún duda sobre temáticas que han sido abordadas con suficiencia por parte de instancias como la Corte Constitucional que reconoce que “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano” (Auto 092/08).
11.
El registro de casos de violencia sexual ha sido un aspecto histórico del debate planteado por la Corte Constitucional7 y el movimiento de mujeres8 a la justicia, tanto ordinaria como transicional.
El Auto muestra que la JEP no tiene aún una estrategia para suplir las deficiencias de información de la violencia sexual.
Un análisis de estos crímenes con enfoque de género le permitiría a la JEP reconocer que hay un rezago histórico de los registros de violencia sexual, así como lo reconoció frente a los resultados del cotejo de bases de datos sobre personas privadas  de la libertad por las guerrillas y otros actores del conflicto armado.
Esto, a su vez, conduciría a definir acciones concretas para hacer investigaciones judiciales adecuada de las violencias contra las mujeres y personas LGBT de tal forma que se supere la invisibilización y la impunidad de estas conductas.
12.
Por otra parte, la decisión carece de un análisis tanto de las relaciones de poder –en materia de género– preexistentes a los hechos, como de la forma en la que determinaron las condiciones del secuestro, incluido un análisis sobre el trato dado a las mujeres y los impactos derivados del cautiverio con el fin de visibilizar las afectaciones diferenciales de las víctimas de violencia sexual durante el secuestro.
Faltó una valoración con enfoque de género de las formas de violencia a las que estuvieron sometidas de forma general las personas privadas de la libertad.
13.
Por ejemplo, evocamos la relevancia de investigar y analizar si las condiciones del cautiverio para bañarse o asearse y realizar sus necesidades fisiológicas fueron vividas por las mujeres no sólo como una vulneración a la intimidad, sino como una ocasión para el acoso sexual y las humillaciones de carácter sexual, toda vez que así lo sugiere claramente uno de los testimonios (párr.
593, 623 y 624).
Esto es de especial importancia porque la política de toma de retenes y privaciones de la libertad dejó este tipo de acciones a la discrecionalidad de los mandos de los frentes, y cuando el Secretariado conoció estas conductas no emitió ninguna orden para alterarlas, prevenirlas o sancionarlas.
Esto, debió ser analizado la magistratura, proviene en parte de la convicción cultural de que lo normal es que una mujer sea sometida a acoso, maltrato y violencia sexual.
14.
El enfoque de género está igualmente ausente en relación con la población LGBT, pues no se identifica la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, ni se estudian las actividades o acciones que tendieron a humillar, denigrar o castigar la orientación sexual o identidad de género percibidas de las víctimas.
Este ejercicio tampoco se hizo con quienes reconocieron que padecieron violencia sexual durante el secuestro.
Es un tema invisible en la decisión a pesar de que la experiencia de las organizaciones expertas indica que la violencia sexual y la persecución contra las personas LGBT fueron siempre prácticas consentidas o toleradas por parte de la estructura jerárquica de las FARC.
Esta sistematicidad proviene, como Colombia Diversa explica en Los órdenes del prejuicio9, de un guión heteropatriarcal en el que los cuerpos feminizados (mujeres trans, hombres gays, mujeres cisgénero) son vistos como territorio a ser conquistado, como cuerpos violables y receptores de abyectos deseos, y como territorio en el que la heterosexualidad obligatoria debe imponerse.
7 A propósito de este tema la Corte Constitucional constató el subregistro oficial de la violencia sexual en el Auto 092/08 MP.
Manuel José Cepeda, aparte III.1.1.6.
 8 En el cuarto informe de seguimiento de la sociedad civil a los casos de los Anexos reservados del Auto 092/08 de la Corte Constitucional, se planteó la preocupación por la ausencia de un registro eficiente y confiable de casos de violencia sexual en el conflicto armado.
 https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/acceso_a_la_justicia_para_mujeres.pdf, p.43.
9 https://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2020/07/LIBRO-WEB-1.pdf       15.
La metodología de la JEP no indagó en los motivos discriminatorios que precedieron el secuestro, ni en otras conductas que podrían haberse enmarcado en este crimen porque socioculturalmente son aceptadas y son vistas como “oportunidades para reformar” a las personas LGBT, como los trabajos agrícolas forzados y aislados.
Esta selección prejuiciosa de las víctimas le añade una capa de gravedad y afectaciones al secuestro, y en el Auto no fue estudiado en absoluto.
16.
El Auto tampoco indagó sobre violencias sexualizadas (actos que pretenden sancionar, afectar, impedir, modificar o controlar la sexualidad de la víctima sin tocar las zonas erotizadas de su cuerpo), como es el caso de la violencia por prejuicio contra personas LGBT y la violencia reproductiva.
17.
La sociedad debe conocer la dimensión de lo ocurrido a las víctimas de privaciones de libertad en materia de violencia sexual y otras violencias sexualizadas no como menciones aisladas sino a partir de un análisis conjunto y diferencial de los casos, y de una estrategia para quebrantar tanto el silenciamiento que se impone a las víctimas de estos crímenes, como los pactos de no reconocimiento entre guerreros.
También se debe ahondar en los tipos de violencia sexual y violencias basadas en género que se perpetraron, identificando los hechos de violación, pero también los hechos de violencia por prejuicio y violencia reproductiva, a partir de la identificación amplia de conductas, utilizando las categorías jurídicas existentes en la calificación jurídica propia a partir de las normas y jurisprudencia nacionales (Ley 1719 y Autos 092/08; 09/15) e internacionales (Estatuto de Roma) en el tema.
• La negación de un patrón y el tratamiento conexo de la violencia sexual.
18.
Nos genera preocupación las afirmaciones de la JEP según las cuales los casos de violencia sexual en el caso 001 fueron hechos “aislados”.
Es precisamente en la primera decisión específicamente dirigida al reconocimiento de responsabilidad, donde la ausencia de una estrategia para la investigación y esclarecimiento de la violencia sexual demuestra la persistencia de obstáculos de acceso a la justicia para estas víctimas.
Esto se debe al estatus subsidiario o conexo que se le ha asignado en el marco de la actual justicia transicional a este tipo de crímenes, que a pesar de haber sido ampliamente documentados por las organizaciones de feministas y de mujeres y entregados en multiplicidad de informes a la JEP, aún no tienen un mecanismo diferencial y autónomo para su investigación como un caso nacional de violencia sexual, reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de las víctimas 19.
La JEP indicó que los casos de violencia sexual fueron hechos “en sí mismos aislados” (párr.
728) y que “no se repiten de manera consistente en las privaciones de la libertad, como sí sucede con los malos tratos ya descritos” (párr.
763).
En consecuencia, afirmó que “no es posible concluir la existencia de un patrón.
Sin embargo (…) las víctimas acreditadas sí reportaron hechos de violencia sexual cometidos por diferentes unidades militares en diferentes momentos” (párr.
763).
20.
En el capítulo C sobre los hechos y conductas se definió el patrón como “la repetición regular de una conducta similar” (párr.
226), “la similaridad de múltiples acciones” o “la repetición no accidental de una conducta delictiva similar en cuanto a sus finalidades, modo de comisión, y características de las víctimas” (párr.
230), y se indicó que “no hay una tarifa respecto a la cantidad de acciones” (párr.
230).
Sin embargo, encontramos que en su aplicación a los hechos de violencia sexual sí se consideró el análisis numérico como un elemento fundamental.
En lugar de ello, el despacho relator debió realizar un análisis más detallado sobre el modus operandi de la violencia sexual, las motivaciones o finalidades de la misma y la forma en que afectó diferenciadamente a las mujeres y personas LGBT privadas de la libertad, utilizando casos ilustrativos como estrategia para superar las falencias de información por el subregistro y la normalización de la violencia sexual.
         21.
Sobre el número de hechos de violencia sexual recogidos en el Auto, encontramos que en la determinación de hechos, el Auto refiere que “de los 1.480 hechos reportados por las víctimas acreditadas, 38 incluyen violencia sexual de manera explícita, con y sin  mencionó que profundizaría también sobre ese tema, pese a que su desarrollo actual de la responsabilidad del Secretariado es bastante superficial.
Sin perjuicio de la seguridad jurídica, no podría constituir este Auto una puerta de cierre al esclarecimiento de la violencia sexual y otras violencias basadas en género en relación con la toma de rehenes y la privación de la libertad.
26.
Tanto en la calificación de los crímenes de guerra como de lesa humanidad, el análisis de la violencia sexual fue mínimo a pesar de haber vinculado a estas definiciones del derecho penal internacional (párr.
728 y 763).
 No se pone en duda que la violencia sexual constituye un crimen de lesa humanidad, como la misma Sala reconoce, pero resulta preocupante que esta no haya desarrollado una argumentación más sólida en este punto, mas aún teniendo en cuenta que hace énfasis en que a su juicio fueron “en sí mismos aislados”, y que esta omisión pueda ser percibida por los comparecientes como una ventana de oportunidad para no reconocer su responsabilidad frente a esta forma de violencia.
También es preocupante que sea visto por las víctimas como una muestra más de que las violencias en su contra son menos importantes para la justicia.
27.
Todas estas deficiencias se deben al tratamiento de la violencia sexual como una categoría de delitos conexos y no como conductas autónomas y de igual gravedad que otros hechos de violaciones de derechos humanos, que ameritaría un lugar central en el marco de la justicia transicional.
No era posible construir un patron sin un análisis de los elementos que hemos destacado y sin reconocer la autonomía propia de crímenes tan gravosos como los relacionados con la violencia sexual.
• Un caso nacional de violencia sexual, reproductiva y otros delitos motivados en la sexualidad de las víctimas 28.
El Auto 019 de 2021 muestra la labor que adelanta la JEP para cumplir sus objetivos es un recorrido con perspectiva judicial de un fenómeno que marcó las dinámicas del conflicto armado y que afectó a miles de personas y sus familias.
Es un paso fundamental para el esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado, la superación de justificaciones a los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos y el reconocimiento del daño causado.
29.
Recordamos que la JEP tiene la obligación de asegurar el cumplimiento de la debida diligencia en materia de delitos que constituyan alguna forma de violencia sexual (ley 1957 de 2019, art.
16; Convención Belém do Pará, art.
7, lit.
b) y que para ello, todas sus instancias y órganos deben remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad (Corte IDH, caso V.R.P V.
     P.C.
y otros vs.
México, 2018) y desplegar toda actividad judicial y/o administrativa para garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres (T-462/18).
30.
Los vacíos y debilidades en el análisis de violencia sexual en el caso 001 permiten valorar las limitaciones actuales de la JEP y sus instancias y órganos para investigar y analizar estos crímenes, tanto desde la recolección de información, como en la integración del enfoque de género a todas las actuaciones y procedimientos.
Sin demeritar los esfuerzos ya realizados, y conscientes de los retos que implica la debida diligencia en la violencia contra las mujeres y las personas LGBT (precisamente por atender a la discriminación histórica y estructural), vemos que de continuar en esta senda, una vez más se puede reforzar la impunidad sobre estos crímenes.
31.
La apertura de un caso nacional de violencia sexual, reproductiva y la motivada en la sexualidad de las víctimas, es una oportunidad única para que la investigación y el análisis de la JEP se centren en estas violencias, en lugar de abordarlas como un asunto tangencial, secundario, como hechos “aislados” o conexos y que permita desarrollar las metodologías necesarias para investigar o contrastar la información disponible, y facilite la incorporación de herramientas diferenciales en los demás casos priorizados.
10 de marzo de 2021.