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Cómo va la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC Una aproximación a la mirada territorial (Cuarto informe) Medellín – Enero de 2020 1 Cuarto Balance Regional a la Implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC - EP Medellín, Enero de 2020 Corporación Región Elaboración: Jharry Martínez Restrepo – Coordinador de Proyecto Leidy Buitrago – Mesa Voces de Paz Daniel Alexander Rodríguez – Practicante Lina Guisao – Profesional de apoyo Elizabeth Aristizábal – Comunicadora Este balance se realiza en el marco del proyecto “Territorios de Paz en el Valle de Aburrá” apoyado por el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación – FOS; y con la participación de la Mesa Interinstitucional Voces de Paz.
2 Contenido PRESENTACIÓN 4 1.
¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ A TRES AÑOS DE LA FIRMA? 6 Seguridad 15 Reincorporación de FARC 21 2.
ELECCIONES REGIONALES 2019: ¿CÓMO QUEDA LA PAZ TERRITORIAL EN EL VALLE DE ABURRÁ? 28 Barbosa 29 Girardota 32 Copacabana 35 Bello 37 Medellín 39 Itagüí 42 Envigado 44 La Estrella 46 Sabaneta 48 Caldas 50 A modo de conclusión: 52 3.
UNA PROPUESTA CIUDADANA A LOS NUEVOS ALCALDES LOCALES Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 53 4.
PAZ TERRITORIAL Y NUEVOS GOBIERNOS LOCALES 61 BIBLIOGRAFÍA 74 3 PRESENTACIÓN Desde el año 2018, hemos venido realizando semestralmente un informe de balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
Este documento, hace parte de esa serie de informes y tiene como propósito es identificar los avances y retos, en lo local, en lo que va de la implementación de dicho Acuerdo.
Para esto proponemos una reflexión sobre las dimensiones territoriales de dicha implementación, la especial coyuntura electoral de 2019 en los 10 municipios del Valle de Aburrá y la necesidad de incluir, desde la noción de “Paz Territorial”, acciones de implementación del Acuerdo en territorios urbanos y no priorizados.
Sobre las dimensiones territoriales de implementación del Acuerdo de Paz, hay que resaltar que, como se expresó en distintos espacios durante el proceso de negociación y en los primeros meses de implementación, el centro son las víctimas, por lo que las acciones se encaminarían hacia la población y los territorios más victimizados por el conflicto, de allí los enfoques: esclarecedor y sensibilizador de la verdad, restaurador de la justicia, participativo de la reforma política, diferencial de la implementación territorial, entre otros.
Sin embargo, esta “virtud” del Acuerdo ha servido para que en muchos casos (lo que es evidente en varios municipios del Valle de Aburrá) se suponga que la implementación es un asunto exclusivo de los territorios priorizados y/o de las disposiciones nacionales.
Las pasadas elecciones locales así lo dejaron ver.
A la polarización y el posicionamiento anti proceso de paz (que hemos explicado en anteriores informes) se le suma la subvaloración en lo urbano y el poco o nulo protagonismo que en los municipios del Valle de Aburrá tiene el tema.
Fue evidente, durante las campañas electorales, la importancia de temas como la seguridad, la movilidad, la educación y el medio ambiente, sin embargo ante la pregunta por la articulación de dichos temas con la construcción de paz o la implementación del acuerdo, encontramos que estas acciones poco interés tienen tanto en los candidatos como en una parte importante de los votantes, al punto que en algunos foros escuchamos intervenciones como: “eso es del gobierno nacional y no 4 tenemos competencia en lo local” y “por acá la implementación de Acuerdo de Paz no hay que hacerla porque por acá no hubo conflicto armado con las FARC”.
Esto nos lleva a proponer una reflexión sobre el alcance nacional de la implementación y la necesidad de reconocer en los distintos territorios la potencialidad que tiene este proceso, que puede identificarse en, por lo menos, 3 dimensiones: territorios priorizados por el Acuerdo de Paz, territorios urbanos y rurales no priorizados, y disposiciones de carácter nacional.
En relación con la coyuntura electoral, presentamos una revisión de los programas de gobierno de los candidatos ganadores en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá y su relación tanto con la construcción de paz territorial como con la implementación del Acuerdo de Paz.
Finalmente, en relación con la necesidad de incluir acciones de implementación en los nuevos programas de gobierno, presentamos la agenda de paz local propuesta por la Mesa Interinstitucional Voces de Paz1 y la cartilla “Planes de Desarrollo 2020 – 2023: Una oportunidad para la Paz Territorial” en donde evidenciamos las potencialidades de la implementación en los municipios del Valle de Aburrá.
1 Espacio en el que confluyen organizaciones de la sociedad civil, la academia, entidades públicas y organizaciones internacionales , cuyo propósito es el seguimiento, planeación y ejecución de acciones en pro de la construcción de paz en el departamento de Antioquia.
5 1.
¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ A TRES AÑOS DE LA FIRMA? Hace tres años, en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, se dio la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional y las Farc - EP, poniendo fin al conflicto armado más largo del hemisferio occidental.
Sin duda alguna, esta firma ha permitido que en la agenda pública emerjan diferentes temas de interés nacional que antes no eran tan visibles o no contaban con el mismo impacto mediático que tienen en el presente; la lucha anticorrupción, las movilizaciones sociales de exigibilidad por el cumplimiento de acuerdos pactados, como lo ocurrido con los indígenas del Cauca en meses anteriores, la transparencia electoral, y la participación ciudadana en la gestión y administración territorial son algunos de los muchos ejemplos que se pueden nombrar para evidenciar lo que está ocurriendo en términos de las agendas ciudadanas del país; lo que contrasta con la posición gubernamental de la presidencia en tanto mantiene una tendencia al negacionismo de la guerra y sus impactos, así como la implementación mínima del Acuerdo de Paz lo que le ha restado fuerza a la potencia transformadora de la coyuntura propia de esta negociación.
Ahora bien, después de tres años de iniciada la implementación de lo pactado en La Habana, hay temas comprometidos en los que se ha avanzado, por ejemplo, en el punto de víctimas, en donde las tres instituciones que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación se encuentran ya funcionando en diferentes territorios del país, o el estatuto de la oposición que se estrenará en los niveles regionales y locales a partir del año 2020.
Sin embargo, otros puntos de los acordados evidencian serios retrasos en su implementación, generando fracturas a la integralidad del Acuerdo y debilitando las posibilidades transformadoras con el que éste fue pensado.
Esto ha llevado a que la implementación se haya convertido en una de las luchas que el movimiento social por la paz colombiano ha tenido que salir a defender a las calles en diferentes momentos.
Además, se ha ido 6 consolidando el movimiento Defendamos la Paz, en el que se encuentran, entre otros, importantes personalidades del país como los ex negociadores del proceso, periodistas, académicos, políticos y ciudadanía en general, que se han unido para defender y exigir las garantías necesarias para que el Acuerdo se cumpla de manera integral.
Bajo este contexto, este informe recoge diferentes insumos presentados por instituciones oficiales, como el Instituto Kroc para Estudios Internacionales sobre Paz, la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación -CSIVI- y el grupo multipartidista del Congreso, y de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz -FIP- encargado de acompañar la comisión de Paz del Congreso, la Fundación Paz y Reconciliación - PARES, entre otros, que le hacen seguimiento al Acuerdo de Paz, en diferentes niveles territoriales tanto nacional como regional, con el fin de generar insumos y reflexiones que contribuyan a la materialización de la construcción de paz territorial en Antioquia y en el Valle de Aburrá.
¿En qué va la implementación legislativa del Acuerdo de Paz? El Acuerdo requiere medidas en diferentes niveles para lograr su propósito.
Lo primero tiene que ver con las medidas necesarias en términos de reglamentación normativa y legislativa para poner en funcionamiento sus instrumentos y mecanismos, siendo esta tarea de competencia del presidente, su gabinete y del Congreso de la República.
Lo segundo está enfocado a la concreción territorial del Acuerdo, es decir, su llegada a los distintos territorios, sobre todo aquellos más afectados por el conflicto armado.
En este nivel se amplían las competencias y los actores involucrados, teniendo un papel fundamental la ciudadanía local.
En este apartado se expone inicialmente, lo relacionado con los rezagos que se presentan en términos de la agenda legislativa y que se deben superar, pero además se plantean algunos elementos plasmados en la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo -PND- del presidente Iván Duque, que evidencia los retos a los que se enfrenta el país para lograr una paz estable y duradera bajo un gobierno que se opone a cumplir con lo pactado.
7 En materia legislativa, a tres años de su puesta en funcionamiento, y pasado el periodo de Fast Track2, se puede decir que aún quedan pendientes muchos temas por reglamentar, por ejemplo, la prórroga de la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras, la reforma política electoral, asuntos relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros.
En el informe presentado por el Instituto Kroc con corte a abril del 2019, se reconoce la desaceleración que ha sufrido el proceso legislativo, justificado en el cambio de gobierno y en el reacomodo que deben surtir las instituciones estatales bajo este panorama.
Durante los primeros ocho meses del gobierno del Presidente Duque, el ritmo del proceso de implementación se ha ralentizado levemente en algunas áreas a medida que la nueva administración asume sus labores y las entidades responsables de la implementación se reajustan en el periodo de transición (Instituto Kroc, 2019).
Sin embargo, según el informe presentado por la bancada multipartidista del Congreso de la República, que le hace seguimiento al Acuerdo de paz, llamado ¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del gobierno de Iván Duque? es evidente la demora que hay para discutir y aprobar ciertos temas que son álgidos para la sociedad colombiana, pero que hacen parte y son necesarios para cumplir la agenda del Acuerdo de Paz.
De las 121 normas requeridas solo han sido expedidas el 43% de ellas, como demuestra el siguiente cuadro: 2 Periodo que duró 6 meses después de la firma del Acuerdo, en donde el congreso y el presidente Juan Manuel Santos promulgaron un importante número de decretos, normas y leyes que permitían poner en funcionamiento parte de las medidas establecidas en el Acuerdo de paz.
Sin embargo, es importante resaltar que este periodo de Fast Track sufrió modificaciones que impidieron que las discusiones avanzaran acorde a lo establecido inicialmente.
8 Fuente: Informe 01 ¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del Gobierno Duque? Retos y Recomendaciones.
7 de agosto de 2019.
Seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz.
Este balance muestra una continuidad en las demoras frente a la reglamentación de las leyes que tienen que ver con los diferentes puntos del Acuerdo, en especial el punto 1 de Reforma Rural Integral, siendo este un punto fundamental para la superación del conflicto armado en Colombia y para disminuir las brechas existentes entre el campo y la ciudad.
Otras tantas propuestas han sido presentadas en el Congreso, pero no han contado con los apoyos necesarios para ser aprobadas, y otras tantas se han hundido durante el proceso.
La bancada de gobierno, el partido Centro Democrático, ha presentado diferentes iniciativas que van en contravía de la esencia del Acuerdo de paz, lo que dificulta aún más que avance el proceso normativo.
Algunas de ellas se encuentran en el siguiente gráfico: 9 Fuente: Observando la agenda legislativa.
Boletín #39.
Octubre 15 de 2019.
Corporación Viva la Ciudadanía El gobierno del presidente Duque ha demostrado un desinterés por propiciar un ambiente adecuado para la implementación del Acuerdo de paz, manejando un doble discurso.
Frente a la sociedad colombiana desconoce el Acuerdo como una política de Estado y la existencia del conflicto armado, y ante la comunidad internacional manifiesta su total respaldo para garantizar lo pactado.
El Gobierno del presidente Iván Duque se ha aproximado a la implementación del Acuerdo de Paz desde una narrativa contradictoria.
En el escenario internacional asegura su compromiso con el Acuerdo.
Mientras tanto en el país expresa reservas a lo acordado, no hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad, presenta objeciones a la ley de la JEP, introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y 10 excombatientes, y da vía libre para el avance de reformas legislativas y constitucionales que pondrían en grave riesgo la esencia del Acuerdo de paz (Comisión Multipartidista de Seguimiento al Acuerdo de Paz, 2019).
El PND del presidente Duque, a pesar de ser el primero que se da después de la firma del Acuerdo de Paz y que debería incorporar los seis puntos como parte estructural de su plan de gobierno, deja de lado muchas de las medidas establecidas en el Acuerdo, y en cambio propone un enfoque que no reconoce su potencial transformador: El PND 2018-2020 Pacto por Colombia, pacto por la legalidad, está sustentado en la fórmula: legalidad + emprendimiento = equidad; tiene 5 líneas estratégicas, pactos regionales y 13 pactos transversales, uno de ellos llamado construcción de paz (Departamento Nacional de Planeación , 2018).
Esta última línea centra su atención en reparación eficiente de las víctimas del conflicto armado, lucha contra las economías ilícitas, minas antipersonas, reintegración y reincorporación de los excombatientes y desmovilizados, pensando en la estrategia de estabilización de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, afectadas por la violencia; esta estrategia busca llegar a los territorios mediante la fuerza pública, bajo el principio “normalización” es decir, desde el mismo enfoque militarista que por muchos años a reinado en el país y que precisamente busca ser superado a partir de un enfoque integral en la noción de paz territorial inscrita en el Acuerdo.
Esta visión reduccionista del Acuerdo hace que queden por fuera muchas de las medidas en él establecidas, y que en temas presupuestales no cumplan con lo previsto en el Acto legislativo 01 de 20163, es decir, el PND no responde al enfoque de construcción de paz propuesto por el Acuerdo, y en cambio ubica temas como la atención a víctimas en ejes transversales del plan como población vulnerable, desconociendo las particularidades que ha tenido esta población en materia de reconocimientos de derechos.
3 Afirma que “estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial y se orientan a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales”.
(Verificación del Acuerdo de paz, secretaría técnica del componente internacional, p.3) 11 Sin embargo, al revisar en detalle encontramos que al menos el 41% de los proyectos de paz incorporan programas de política social general, sin ninguna focalización territorial.
Ejemplo de ello son las acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, el programa ampliado de inmunizaciones, el aprovechamiento de hidrocarburos en territorios social y ambientalmente sostenibles, el acceso a educación superior, o los programas de alimentación escolar (Comisión Multipartidista de Seguimiento al Acuerdo de Paz, 2019).
De manera que el Acuerdo de paz se encuentra bajo condiciones muy adversas para su implementación con el actual gobierno, su visión de país y de paz no responden a lo negociado en la Habana, ni en los territorios y menos a las demandas que la ciudadanía está haciendo sobre la paz.
Esta actitud del gobierno se evidencia en las decisiones u omisiones que comete con el Acuerdo.
Frente a los mecanismos de seguimiento y verificación de lo pactado, el gobierno ha asumido una posición de desinterés en facilitar su trabajo; Por un lado, la Comisión de Seguimiento y Verificación como instancia en la que se encuentra con la FARC para evaluar el proceso no se articula plenamente y en muchos casos se desconocen sus intervenciones, en cambio, se ha puesto en duda su continuidad por falta de voluntad del gobierno Duque; de igual forma, el componente Internacional de la verificación, integrado por dos notables, los expresidentes José (Pepe) Mujica y Felipe González se encuentra en riesgo latente de desaparecer.
En junio del presente año la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz manifestó su preocupación frente a este tema, haciéndole un llamado al gobierno nacional de no desaprovechar un escenario como este.
Craso error comete el Gobierno al no comprender el significado de preservar las instituciones bipartitas del Acuerdo de Paz.
No es un asunto de mera formalidad o simbolismo; se trata del reconocimiento tanto de una de las partes contratantes de un Acuerdo, como del compromiso mutuo en la difícil brega de la implementación.
Instamos al gobierno nacional y particularmente a sus representantes en la CSIVI, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, 12 el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila Peñalosa y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos Arévalo, a que habiliten con celeridad las condiciones para el cumplimiento a plenitud de las funciones de la CSIVI, señaladas con claridad en los decretos 1995 de 2016 y 1417 de 2018.
Como funcionarios públicos tienen además la obligación de hacerlo (Justicia y paz , 2019).
Por otra parte, temas como la reforma política electoral, la ley de tierras y la adjudicación de baldíos, la creación de una jurisdicción agraria que responda a las necesidades de la Reforma Rural Integral, el tratamiento penal especial de cultivadores, el acto legislativo para la creación de las 16 circunscripciones transitorias de paz, la prórroga a la Ley 1448, cuya vigencia está prevista hasta el próximo 10 de junio de 2021, y la reforma a la Ley Orgánica de Planeación, 152 de 1994, son algunas de las medidas que ponen como recomendaciones los congresistas que participaron del informe de seguimiento a la implementación “¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del gobierno Duque?”, que surge en gran medida de las alertas encontradas en los territorios y que pueden poner en grave riesgo el Acuerdo de Paz.
¿Y la implementación del Acuerdo de paz en los territorios? Como se mencionó anteriormente, la implementación del Acuerdo de paz se materializa en los territorios del país, en especial, en aquellos que han sido más afectados por el conflicto armado.
170 Municipios de 16 regiones del país fueron priorizados para realizar las diferentes acciones propuestas por el Acuerdo para transformar las condiciones de inequidad, mejorar la calidad de vida y reparar a las poblaciones y a los territorios más afectados por la guerra, a través de la construcción y puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.
Esta priorización no desconoce ni limita la implementación a estos territorios, por el contrario, incorpora una serie de medidas que son esenciales para potenciar el desarrollo local de las comunidades en general.
A pesar de su gran potencial de adecuación a los territorios, las condiciones para la implementación del Acuerdo han sido mayoritariamente adversas.
La demora frente a la reglamentación de las normas, la visión reduccionista por parte del Gobierno nacional de las 13 realidades poblacionales y territoriales, la falta de voluntad política de los mandatarios en los diferentes niveles, las condiciones de seguridad en los territorios, el bajo presupuesto, entre otros muchos temas han dificultado el aterrizaje del Acuerdo.
El Instituto Kroc en su ejercicio de seguimiento al Acuerdo de paz, ha identificado 578 compromisos en el Acuerdo de paz.
En su informe de febrero del 2019 presentaron el siguiente nivel de avance de los 6 puntos del Acuerdo: Fuente: Instituto Kroc.
Febrero de 2019.
Esta gráfica muestra que los niveles de avance son mínimos, sobre todo, en aquellos puntos que implican temas de fortalecimiento de las economías campesinas y la seguridad en los territorios, siendo este último un tema de gran peso para garantizar los cambios estructurales de los territorios.
14 Seguridad Es importante introducir que uno de los componentes que ha generado mayores retrasos para el avance de la implementación del Acuerdo de paz se debe a los problemas de seguridad que se viven en diferentes regiones del país, sobre todo aquellas zonas que habían sido priorizadas (zonas PDET4), esto debido a la presencia de estructuras armadas como las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y grupos y estructuras criminales organizados que se han encargado de copar los espacios dejados por la ex guerrilla de las FARC y que han asumido el control de las economías ilegales de las regionales.
Además de estas estructuras, este año se conoció la decisión que tomaron algunos de los integrantes del secretariado de la FARC de volver a la forma de lucha armada, debido a los incumplimientos en lo pactado en La Habana.
Iván Márquez, Jesús Santrich y el Paisa anunciaron el pasado mes de agosto el inicio de lo que ellos llamaron la “Segunda Marquetalia”.
Si bien este anuncio generó mucho ruido frente a la posibilidad de que muchos de los excombatientes de FARC se unieran nuevamente a este grupo, la mayoría del cuerpo dirigente del partido de la rosa y su gente de base anunciaron y ratificaron su compromiso con la paz y con el proceso de reincorporación, pese a la demora y los constantes incumplimientos por parte del gobierno nacional.
Cuando se firmó el Acuerdo de paz se estableció la necesidad de garantizar la llegada y consolidación del Estado en los territorios dejados por las FARC, sin embargo, la realidad ha sido otra, las condiciones de seguridad se han recrudecido en lugares como el Chocó, Arauca, Cauca, Nariño, entre otros.
No obstante, continúan las amenazas y las intimidaciones por parte de las facciones armadas ilegales mientras que los eventos de confinamiento han aumentado.
Las comunidades siguen denunciando afectaciones humanitarias: en Chocó, las poblaciones se encuentran en el fuego cruzado de los actores armados; en Tumaco (Nariño), es motivo de preocupación las desapariciones 4 Estas zonas fueron priorizadas para construir los Programas de Desarrollo con enfoque territorial.
15 forzadas; y en el sur del Meta, Caquetá y Arauca, hay reclutamiento de jóvenes y siembra de minas antipersonal (Fundación Ideas para la Paz, 2019, pág.
18).
En el departamento de Antioquia la cosa no es diferente, Bajo Cauca, Norte y Nordeste5, demuestran que la presencia militar es una medida insuficiente por parte del Estado para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población.
Así lo expresó la ex secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, frente a la grave situación de esta región: Y es que, aunque desde diciembre se reforzó la presencia del Ejército y la Policía en esa zona, con la Fuerza de Tarea Aquiles (5.400 nuevos hombres), Ramírez reconoció que la actuación del Estado se quedó corta ante las dimensiones de la problemática.
“Se requiere una intervención nacional porque la capacidad de los municipios y el Departamento para atender la problemática de seguridad en el Bajo Cauca se desbordó”, explicó la funcionaria.
(Restrepo, 2019) Estos incrementos de violencia en estas zonas tienen relación, en gran medida, con asuntos de tierra y con los temas de sustitución de cultivo de uso ilícito que se adelantan en el marco del Acuerdo de paz, como lo señala el informe de la FIP, donde plantean que, en algunos lugares las familias se ven obligadas a pagar cuotas de los pagos que reciben por la sustitución, otros son obligados a continuar con la siembra y muchos otros son obligados a desplazarse y dejar las tierras para continuar con los cultivos (Fundación Ideas para la Paz, 2019).
Frente al tema de la protección de líderes y lideresas sociales que encabezan procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, la Consejería presidencial propuso la creación del Plan de acción para reforzar la seguridad y la protección de líderes de poblaciones vinculadas al 5 13 municipios de estas 3 subregiones conforman el uno de los dos PDET que hay en Antioquia: PDET Bajo Cauca, Norte y Nordeste; PDET Urabá antioqueño.
El municipio de Yondó pertenece al PDET del Sur de Bolívar, y Murindó y Vigía del Fuerte corresponden a PDET de Chocó.
Mayor información: https://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/municipios_pdet_MAPA_textos.pdf 16 programa de sustitución de cultivos ilícitos, ubicadas en Ituango, Briceño, Cáceres, Tarazá y Anorí.
La problemática de la sustitución de cultivos de uso ilícito está acompañada de los desniveles de implementación en los que se encuentra el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- donde no se logra avanzar de manera concreta en todas las medidas para garantizar que los cultivadores puedan retomar su vocación agrícola y dedicarse a la siembra de otros productos en el marco de la legalidad.
Los avances en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en los territorios se han dado de manera diferenciada y con temporalidades distintas; mientras en algunas zonas no inició formalmente y se quedó en los acuerdos colectivos —como en Chocó y en ciertos municipios del Cauca y Antioquia—, en otras se han venido dando mayores avances en su implementación.
En Antioquia se han erradicado en este año más de 13.555 hectáreas de cultivos ilícitos, 4.302 hectáreas erradicadas voluntariamente.
Varias alertas se han generado en diferentes municipios del departamento, a principios de noviembre, voceros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam- del municipio de Ituango, manifestaron la suspensión del proceso de erradicación a raíz del no pago en los recursos establecidos en el programa; Briceño, municipio piloto para la erradicación voluntaria y para el desminado humanitario presenta datos de resiembra según el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez.
(Agredo, 2019) En la práctica, el PNIS ha avanzado más en la erradicación voluntaria que en la sustitución de cultivos ilícitos.
Aunque el programa se ha concentrado en la ayuda inmediata y aumentado progresivamente la cobertura de la asistencia técnica, no ha logrado conectarse con la Reforma Rural Integral —tal y como señalaba el Acuerdo de Paz—, y tiene un déficit notable en la generación de proyectos productivos, los cuales hasta el momento involucran solo a una fracción de las familias (Fundación Ideas para la Paz, 2019, pág.
26).
17 El informe multipartidista del Congreso presenta que, 99.097 familias se encuentran vinculadas a los programas de sustitución, de las cuales el 94% cumplió con la erradicación concertada, la última familia se vinculó el 14 de febrero de 2019.
Fuente: Informe multipartidista del Congreso.
Agosto de 2019.
p.91 A estas discusiones sobre sustitución se suma la propuesta del gobierno Duque de retomar la aspersión aérea como forma de erradicación de los cultivos, a lo que muchos ambientalistas, organizaciones sociales, sociedad civil y campesinos se oponen por las repercusiones que esto puede traer a la salud y a la productividad de la tierra.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET también se encuentran con serios problemas de implementación en varias zonas del país, donde son evidentes los factores de inseguridad, amenaza y control territorial que obstaculizan el desarrollo de los PNIS6.
Estos instrumentos, sobre todo los PDET, se caracterizaron por proponer modelos de planeación local de forma participativa desde las comunidades.
Los ejercicios de asambleas veredales, municipales y subregionales permitieron la construcción de las propuestas desde los niveles más pequeños de la 6 Estos dos instrumentos, PDET y PNIS, se encuentran en diferentes territorios del país, para lo cual el reto se vuelve aún mayor en materia de integralidad de la implementación.
18 escala territorial hasta el nivel nacional, con la inclusión de este instrumento en el Plan Nacional de Desarrollo.
Los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial están formulados y listos a la espera de ser incorporado en los planes de desarrollo locales y regionales.
La participación de las comunidades con representación de múltiples sectores, es uno de los asuntos a resaltar en la construcción de los PDET, alrededor de 378.000 personas participaron en el Urabá Antioqueño en la priorización de las acciones, más de la mitad de la población hizo parte de estos ejercicios.
Como se mencionó anteriormente, las zonas PDET en gran parte de los territorios se cruzan con los PNIS.
El 2019 ha sido un año de fuertes arremetidas para la población civil, para las y los líderes sociales y para excombatientes de FARC y sus familias.
El pos acuerdo ha traído consigo grandes retos en materia de protección de la vida de la población, en general de aquella que defiende causas como la paz.
El panorama es oscuro para los activistas y líderes sociales.
Así lo reveló la organización defensora de derechos humanos "Somos Defensores" en su más reciente informe.
A pesar que disminuyó el número de asesinatos en lo corrido del año, se dispararon otras agresiones.
De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), se documentaron 591 asesinatos, amenazas, atentados y detenciones solo en 2019.
La preocupante cifra es la más alta que ha reportado el sistema en diez años (Revista Semana , 2019).
A principio de año, el entonces Fiscal Néstor Humberto Martínez, reconoció la sistematicidad que había en el asesinato de líderes sociales, tema en el que se había insistido reiteradamente por las organizaciones sociales desde hace mucho tiempo, con el fin de que el gobierno y las autoridades competentes adoptaran las medidas que permitieran parar esta grave situación que asecha a defensores y defensoras de los derechos humanos, reclamantes de tierras, líderes comunales, indígenas, entre otros.
Esta preocupación logró que se generará un ambiente de solidaridad por parte de las y los colombianos que salieron a las calles en una gran movilización nacional, en julio de 2019, exigiendo la protección y respeto a la vida de líderes sociales, el esclarecimiento de lo ocurrido y la judicialización de los responsables, tanto materiales como intelectuales.
19 Por su parte, la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia, realizó en Medellín, y en sus sedes en Oriente, Bajo Cauca y Urabá, una campaña llamada “La universidad está de luto” con diferentes actividades en las que se brindó un sentido homenaje a lideresas y líderes sociales.
A este llamado se han sumado instituciones de orden internacional como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz –MAPP OEA-, las diferentes oficinas de la Organización de las Naciones Unidad –ONU-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, que ven con preocupación los hechos ocurridos con líderes sociales y con excombatientes de FARC, y reclaman medidas contundentes por parte del gobierno nacional.
Este año se puso en funcionamiento el Plan de Acción Oportuno -PAO- por parte del gobierno nacional, plataformas como Somos Defensores, han manifestado que este plan privilegia un enfoque militarista, que en nada resuelve los asuntos estructurales, en cambio pone en riesgo la vida de los líderes, y que además desconoce las rutas propuestas por el Acuerdo de paz para ofrecer garantías de los territorios.
Antioquia es el segundo departamento con más asesinatos de líderes y lideresas sociales en lo que va del 2019 según el reciente informe de “Violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Paz” del instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz.
Hasta la primera semana de septiembre (domingo 8), en el país han sido asesinados 155 líderes: 20 de ellos en suelo antioqueño.
(…) El informe precisa que desde el 2016 se presentaron homicidios contra líderes y defensores de Derechos Humanos en 29 de los 32 departamentos del país, es decir que en el 90.62 % del territorio nacional se ha atentado contra su vida.
En 2019, hay casos registrados en 89 municipios de 23 departamentos.
Tarazá es, por el momento, el municipio de Antioquia en el que han asesinado a más líderes con tres casos, le siguen Caucasia, Ituango, Remedios y Santa Fe de Antioquia con dos casos cada uno.
Si se tiene en cuenta el tipo de conflictos, Indepaz informa que la mayoría de casos están relacionados con cultivos de coca y pactos 20 de sustitución o erradicación forzada con 72 casos: dos en 2016, 20 en 2017, 44 durante 2018 y 6 en lo que va de 2019 (Puentes, 2019).
El 2019 cerró con la lamentable cifra de 59 asesinatos a líderes y lideresas, y esta cifra sigue en aumento.
En días anteriores fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal, Walter Enrique Rodríguez Palacios, del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño, siendo esta subregión junto con la subregión del norte los territorios más afectados por estos hechos.
Por su parte, los excombatientes de la FARC son otro blanco de la violencia que azota el país, en el último informe presentado por la ONU, el pasado mes de octubre, se establece que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 147 personas, 19 de ellos en Antioquia, pero, además, se han presentado 12 desapariciones y 21 intentos de homicidios.
Reincorporación de FARC Para hablar de la reincorporación de la FARC es importante señalar que esta se compone de 3 elementos que sustentan un proceso integral, se trata entonces de la reincorporación de tipo social, que incluye las medidas y las garantías básicas de los derechos de las y los excombatientes; la reincorporación económica que incluye las medidas para el desarrollo de proyectos productivos, generando estabilidad económica; y un tercer componente que tiene que ver con la reincorporación política, asunto esencial para este grupo.
Uno de los temas por los que se ha reconocido este proceso de paz a nivel internacional ha sido por el proceso de dejación de armas por parte de las FARC, que se dio en 19 zonas de agrupamiento conocidas como Zonas Veredales Transitorias de Normalización y en los 7 Puntos Transitorios de Normalización, distribuidos en 13 departamentos.
Estos espacios y el proceso de dejación de armas estuvieron supervisados y acompañados por la Misión de Verificación de la Naciones Unidas, como entidad internacional que brindaba garantías y transparencia al proceso.
Estas zonas se han ido transformando y se han convertido en escenarios de reconciliación, donde conviven en la cotidianidad excombatientes y población civil en general.
Hoy estos lugares se conocen como Espacios 21 Territoriales de Capacitación y Reincorporación -ETCR-, y a pesar de que su tiempo de vigencia terminó en agosto de 2019, el Gobierno Nacional ha planteado la posibilidad de convertir algunos de estos espacios en centros poblados que permitan la permanencia de los excombatientes y el desarrollo de proyectos productivos estables para su subsistencia.
Según el informe 02, realizado por la bancada multipartidista del Congreso sobre el tema de Reincorporación, en noviembre de 2019, de los 24 ETCR creados inicialmente “13 tienen vocación de consolidación y 11 presentan barreras de estabilización.
Los primeros, tienen vocación de transformación en centros poblados y/o productivos, y los segundos, son susceptibles de traslado”, (Comisión Multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz, 2019) ya sea por temas de seguridad o porque se han ido quedando solos.
De los 13.057 excombatientes que fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 13.022 personas se encuentran en proceso de reincorporación, “a julio de 2019, 3.220 personas se encontraban en los ETCR y 8.816 hacían su proceso de reincorporación por fuera de ellos de manera dispersa o en las Áreas de Reincorporación Grupal o Nuevos Puntos de Reagrupamiento.
(…) 987 están pendientes por ubicar” (Fundación Ideas para la Paz, 2019, pág.
23).
Ahora bien, que el 69% de los excombatientes se encuentra fuera de ETCR, y el 7% estén pendientes de ser ubicados implica un reto aun mayor frente a las garantías de seguridad de estas personas, pues en principio los Nuevos Grupos de Reagrupamiento no tienen ningún tipo de reconocimiento como figura jurídica, por lo que ha sido decisión de muchas y muchos de ellos trasladarse a otros lugares para asentarse y llevar a cabo su proceso de reincorporación colectiva, de igual forma quienes han decidido trasladarse a las ciudades o cascos urbanos para llevar su proceso de forma individual.
En Antioquia, se encuentran acreditadas 1.356 personas, 342 de ellas se ubicadas en los diferentes ETCR7.
105 Se encuentran en Llanogrande, Dabeiba; 74 en la vereda la Plancha, en Anorí; en Ituango, en la vereda 7 Cifras dadas por la ARN con corte al 31 de octubre del 2019 22 Santa Lucía, 92; y en Carrizales en el municipio de Remedios hay presencia de 71; el resto se encuentran ubicados en 54 municipios del departamento, entre ellos los que conforman el Valle de Aburrá, en donde hay ubicadas alrededor de 300 personas.
Algunas personas han conformado Nuevos Grupos de Reagrupamiento en zonas muy alejadas, de difícil acceso como lo son el de Mandé, en el municipio de Urrao y la Blanquita en Frontino.
Frente a los temas de políticas sociales para las y los excombatientes de FARC se ha ido avanzando, un amplio porcentaje de estas personas cuentan con acceso a los diferentes servicios en materia de salud, pensión, educación.
El 98% (12.985) de los excombatientes se encuentran afiliados al sistema de salud, el 82% de las personas, (10.827 excombatientes) cuentan con afiliación a algún régimen pensional.
Sin embargo, aunque el 86,1% manifestó su interés en estudiar o seguir estudiando, tan solo el 40,7% de los excombatientes en proceso de reincorporación ha accedido al sistema Educativo.
(Comisión Multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz, 2019) En materia de avances de reincorporación económica, la FARC ha manifestado, en diferentes espacios, los retrasos que ha tenido el gobierno nacional para la financiación y puesta en funcionamiento de los proyectos productivos.
Los procesos burocráticos y la falta de voluntad política son algunos de los principales obstáculos que estos identifican frente a las dificultades de concreción de los proyectos productivos.
A agosto de 2019, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) aprobó 29 proyectos productivos colectivos y 365 individuales que benefician a 2.356 excombatientes; es decir, cerca del 18% de las personas en reincorporación.
De estos, se desembolsaron recursos para 19 proyectos colectivos y 358 individuales.
(Fundación Ideas para la Paz, 2019) Para el caso de Antioquia, se han desembolsado recursos del gobierno nacional para 4 proyectos productivos, 1 en el municipio de Mutatá; en Ituango se encuentran dos proyectos productivos, uno de ganadería 23 multipropósito y otro de internet por fibra óptica para las zonas rurales y en Anorí uno de piscicultura.8 Fuente: imagen tomada del informe 002 de la bancada multipartidista del Congreso de la República, seguimiento a la Reincorporación de la FARC (p.29) Pese a las demoras y a las dificultades que han tenido que vivir en materia de reincorporación económica, los exguerrilleros y exguerrilleras han promovido acciones conjuntas que les permitan llevar a cabo sus ideas productivas.
Desde la sumatoria de voluntades y de recursos propios (obtenidos de las rentas básicas) más el apoyo de la comunidad internacional estas personas han logrado sacar adelante ideas productivas que ponen en alto al país y ratifica su compromiso con el cumplimento del Acuerdo de paz.
Frente al componente de Reincorporación política es importante resaltar que la FARC, como partido político, cuenta con 10 curules en el Congreso de la República por dos periodos electorales, 2018-2021 y 2022-2025, 5 de ellos en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes.
De la lista presentada inicialmente para ocupar estos cargos, Luciano Marín Arango (Iván Márquez) y Seuxis Pausias Hernández (Jesús Santrich) no tienen representación en el Congreso, el primero nunca tomó posesión del cargo y el segundo, aunque lo hizo se encuentra prófugo de la justicia.
Estos dos personajes de la FARC hacen parte en la actualidad de uno de los grupos disidentes que decidieron volver a la lucha armada.
8 Datos entregados por la ARN en el Foro: perspectivas nacionales y regionales a tres años de la firma del Acuerdo de paz, realizado por la Mesa Interinstitucional Voces de Paz, el 5 de diciembre de 2019.
24 Pese a esto, el pasado mes de octubre el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - FARC se estrenó en la contienda electoral presentando un total de 308 candidatos y candidatas, 108 para las Asambleas de 13 departamentos,16 candidatos y candidatas a Alcaldías, 249 a concejos municipales y 27 a las Juntas Administradoras Locales JAL.
En Antioquia presentó 3 candidatas y candidatos a la Asamblea Departamental, 39 a concejos municipales, y 1 a la Alcaldía del municipio de Toledo.
Estas elecciones fueron de gran importancia para la sociedad colombiana, pues se convirtieron en las primeras elecciones locales y regionales en las que este grupo político, producto de la firma del Acuerdo de paz, participó por los cargos de toma de decisión desde la legalidad; sin embargo, las garantías de seguridad para su ejercicio político, sigue siendo uno de los enormes retos, pues el temor a ser señalados, perseguidos o incluso asesinados, hizo que muchos de ellos y de ellas no se hayan candidatizado por el partido y prefirieran optar por la coalición con otros movimientos.
Fuente: imagen tomada del informe 002 de la bancada multipartidista del Congreso de la República, seguimiento a la Reincorporación de la FARC.
25 Finalmente podemos decir que el Acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y la FARC sigue presentando un potencial de oportunidades a pesar de los retrasos en su implementación.
La manera desarticulada de implementar los puntos del Acuerdo, por ejemplo, los nulos avances en el tratamiento de la drogadicción como problema de salud pública, y además, la desarticulación entre los puntos, fragmenta y dificulta ver los avances más sustanciales para la población colombiana, en especial para en los sectores rurales.
La voluntad política del Gobierno Nacional ha influenciado de manera directa en el retroceso y la lentitud con el que se viene implementando el Acuerdo de paz, si bien el presidente Iván Duque ha dicho, sobre todo en el exterior, que está comprometido con la paz, en el país ocurre todo lo contrario, desconociendo directamente que este no es un pacto de Estado.
Los avances en materia de implementación el Acuerdo se podría decir que están muy disparejos, mientras el punto 1 de Reforma Rural de Integral se encuentra en veremos, el punto 2 participación democrática y el punto 5 de víctimas avanzan en su implementación.
Para el caso del punto 2 es importante resaltar la conformación y puesta en funcionamiento del Estatuto de la oposición en lo local que iniciará el próximo año con el cambio de administraciones, para el caso de Antioquia y de Medellín, Andrés guerra y Federico Ramos, quienes quedaron de segundos, aceptaron ocupar la curul que les ofrece el estatuto de la oposición en la Asamblea departamental y en el concejo municipal respectivamente.
Otro de esos instrumentos que permiten potencia la implementación del Acuerdo en lo territorial son los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia, Antioquia y Medellín ya tienen instalados sus respectivos consejos y el de Medellín se encuentra en fase de construcción de plan de trabajo, otros municipios del Valle de Aburrá ya aprobaron el acuerdo municipal y están próximos a instalarlos.
Al punto 5 de víctimas hay que reconocerle el amplio despliegue territorial, sobre todo lo que tiene que ver con la Comisión para el Esclarecimiento del Verdad, la convivencia y la no repetición.
Esta comisión ha 26 concentrado su primer año de mandato en la recolección de testimonios y en propiciar escenarios de reconocimientos, fundamentales para exaltar el papel de las víctimas.
La sociedad civil seguirá jugando un papel importante en la exigibilidad de cumplimiento del Acuerdo de paz; los repertorios como las movilizaciones sociales seguirán siendo estrategias para presionar al gobierno nacional para cumpla lo pactado.
27 2.
ELECCIONES REGIONALES 2019: ¿CÓMO QUEDA LA PAZ TERRITORIAL EN EL VALLE DE ABURRÁ? Las elecciones regionales del pasado 27 de octubre en el Valle de Aburrá dejan varios interrogantes, entre ellos ¿quién ganó?, ¿quién perdió?, ¿qué acciones se pueden esperar del nuevo grupo de alcaldes a partir del primero de enero de 2020 en términos de paz?, ¿Cuál es el nuevo contexto electoral en el Valle de Aburrá? Es preciso identificar cómo quedó el contexto electoral luego de conocer los resultados del 27 de octubre.
Para precisar una respuesta se ha de tener en cuenta los datos arrojados por la Registraduría luego de realizar el pre conteo de votos de los diez municipios del Valle de Aburrá, así como la fuerza política, coalición, grupo significativo de ciudadanos o movimiento al que pertenece cada uno de los nuevos mandatarios de esta región.
Además se hace un zoom sobre las propuestas que en clave de paz quedaron plasmadas en los programas de gobierno de los alcaldes electos, este es el principal insumo para reconocer sus apuestas con relación a la construcción de la tan anhelada y necesaria paz territorial.
Para procurar una mayor comprensión se plantean algunas generalidades de cada municipio y una transcripción de las propuestas realizadas en los programas de gobierno de cada alcalde electo del Valle de Aburrá en temas relacionados con la paz territorial.
Las preguntas que sistemáticamente guiaron la construcción de cada uno de los contenidos relacionados con cada municipio son: ¿Aparecen o no propuestas de paz territorial en el programa de gobierno del alcalde electo?, ¿En qué líneas estratégicas aparece? ¿Conversan estas propuestas con el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC? Es importante resaltar que varias de las propuestas que tienen algunos programas de gobierno de los diferentes alcaldes electos se relacionan con la paz territorial y los acuerdos de la Habana o aportan directamente a la construcción de paz en los territorios; si bien algunas propuestas o líneas estratégicas no hacen énfasis en la implementación del acuerdo, 28 por ejemplo el fomento de la cultura y el deporte, si se puede decir que de ser ejecutadas ampliamente con trasparencia y eficiencia aportarán a la construcción de una sociedad más incluyente, justa y equitativa, acción que impacta positivamente en la construcción de tejido social y consecuentemente en la construcción de paz.
No obstante, el presente documento pretende, entre otras cosas, identificar la postura específica que ha plasmado cada alcalde electo en su programa de gobierno con relación a propuestas puntuales cuyo objetivo sea la construcción de paz territorial, que incluye los elementos planteados en todo el Acuerdo de paz firmado con las FARC y la atención de víctimas del conflicto armado.
Adicionalmente, se resalta la importancia de garantizar que las acciones relacionadas con la construcción de paz territorial se incluyen en los Planes de Desarrollo Locales de manera participativa.
Con la intención de describir de una forma sencilla cada uno de los programas de gobierno de los nuevos alcaldes del Valle de Aburrá en materia de paz territorial y atención de víctimas, se optó por empezar a detallar municipio por municipio del Valle de Aburrá, empezando de Norte a Sur.
Barbosa Fuente: Tomada de Google.com.
29 El Municipio de Barbosa, tiene varios apelativos, entre ellos "Puerta del Nordeste Antioqueño", "Distrito dulce con sabor a piña", “Antesala del Área Metropolitana".
Este municipio limita por el oriente con Santo Domingo, al occidente con Girardota, al norte con Don Matías, y al sur con el Municipio de Concepción y San Vicente.
Cuenta con 206 km2 de territorio, de ellos 203 pertenecen al área rural; registra una población aproximada de 52.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 22.000 residen en la zona urbana En este municipio resultó electo el abogado Édgar Augusto Gallego, quien obtuvo 8.816 votos, el 41,03% del sufragio total y fue candidato por la coalición “Barbosa social para volver a creer” entre el Partido Verde, Partido Liberal, el Mais, Partido de La U, Colombia Renaciente y la Alianza Social Independiente (ASI).
Se puede observar en el programa de gobierno del nuevo alcalde, específicamente en la línea estratégica denominada Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana, algunas propuestas enmarcadas en los intereses propios de la construcción de paz territorial; mientras que en la línea estratégica “Fortalecimiento para la competitividad se observa una propuesta relacionada con el sector agrario, que indiscutiblemente va encaminada a disminuir las brechas de desigualdad entre la zona urbana y rural.
Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana • La búsqueda de la paz y la concertación de intereses políticos, sociales, ambientales y culturales, al igual que la protección a los derechos humanos.
La implementación de los programas del orden nacional, regional y de competencia local en materia de reparación y atención de víctimas.
• Fortalecimiento para la competitividad • Apoyo y fortalecimiento del Hogar Juvenil Campesino y de sus proyectos de desarrollo, apoyo al estudiante rural, proyectos productivos, granja escuela, creación de competencias laborales, y 30 convenios de capacitación descentralizados para comunidades rurales, hogar de paso para proyectos sociales.
• Desarrollo en el campo, prosperidad para todos • Fortalecimiento y proyección a otras zonas rurales del programa de seguridad alimentaria y de diversificación agrícola y pecuaria.
Propender por optimizar los usos del suelo capacitando al pequeño y mediano productor en la utilización de insumos y recursos tecnológicos que mejoren el rendimiento de las parcelas atendiendo a su aptitud agrológica.
Focalización de los programas sociales, económicos, culturales y ambientales hacia el campo, para preservar la habitabilidad y la densidad rural, garantizar niveles de producción y potencializar las ventajas comparativas y competitivas rurales.
Asistencia técnica y banco de tierras productivas para proyectos agropecuarios a grupos asociativos urbanos y rurales, viveros, parcelas integrales, ambientales, y de investigación.
• • Algunas de las anteriores propuestas tienen relación directa con el punto 1 de Reforma rural integral del acuerdo de paz, como lo son: El Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, sin embargo, y a pesar de mencionar temas como paz, víctimas y derechos humanos será necesario indagar posteriormente cómo estas estrategias desencadenan en acciones para la construcción de paz territorial.
31 Girardota Fuente: Tomado de la página institucional del municipio de Girardota.
Continuando de Norte a Sur se tiene al municipio de Girardota que cuenta con una población de aproximadamente 52.000 habitantes, de los cuales casi el 53% reside en la zona urbana.
Girardota, limita por el norte con los municipios de San Pedro de los Milagros y Donmatías, por el oriente con los municipios de Barbosa y San Vicente, por el sur con los municipios de Barbosa y Guarne, y por el occidente con el municipio de Copacabana.
Registra un área territorial de 82 Km2.
Con un total de 10.766 votos, los ciudadanos del municipio de Girardota eligieron al ingeniero Químico Diego Armando Agudelo como su nuevo alcalde; Agudelo fue candidato por coalición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal.
El programa de gobierno presentado por Agudelo tiene propuestas relacionadas con la implementación del acuerdo de paz de la Habana y otras acciones de paz territorial tales como: transformación ¡Ahora sí! ciudadana • Fortalecer las medidas de prevención y protección a las víctimas en riesgo, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
transparencia la convivencia en la y 32 • • • • • • • Fomentar el reconocimiento y el apoyo a iniciativas propias de la resiliencia, gestadas por personas y organizaciones de víctimas en las líneas socio productiva, cultural, de educación para la paz y de discapacidad por medio de proyectos, que permitan contribuir a su inclusión.
Incluir a la población víctima en el Programa de Inversiones Colectivas PIC, para prevenir y atender la problemática de farmacodependencia.
Liderar propuestas educativas para personas afectadas por el conflicto armado en el municipio, de acuerdo con sus necesidades y características.
Asignar mínimo el 10% de los beneficiarios de los proyectos microempresariales, si estos son pertinentes, a la población víctima del municipio.
Asignar mínimo un 10% de los puestos de trabajo requeridos por la administración a la población víctima, que cumpla con los requisitos.
Apoyo y acompañamiento a las víctimas que tienen viviendas sin sanear, a fin de que puedan adquirir el derecho real de dominio.
Implementar mejoramientos de vivienda dignas para las personas víctimas del municipio.
Asignar mínimo el 10% de los beneficiarios de los proyectos de vivienda a la población víctima, considerando como primeros beneficiarios a los miembros de la mesa de participación.
• Gestionar inscripción del municipio en el programa de PAPSIVI del ministerio de salud, garantizando el proceso psicosocial a las víctimas del conflicto armado.
Difundir, informar y acompañar a las víctimas sobre su derecho a la indemnización.
• Concertar con la mesa de participación y las organizaciones de víctimas en iniciativas para realizar la conmemoración y actos simbólicos de la memoria histórica.
Fortalecer los esquemas para garantizar la participación efectiva y asertiva de las víctimas.
Fortalecer la capacitación a participación.
• Capacitar en objetos misionales de la política de víctimas a organizaciones de víctimas, funcionarios y organizaciones de base y colectivas.
integrantes de la mesa de los • • • • 33 • • Permitir que la mesa municipal de participación efectiva de víctimas y organizaciones de víctimas, presenten ternas para la elección de los contratistas que serán sus enlaces en los diferentes temas como empleabilidad y vivienda.
Promover la comunicación horizontal entre la población víctima del conflicto no organizada, las organizaciones, las mesas de participación y la oficina de enlace de víctimas.
• Capacitar a las mujeres víctimas del conflicto para la inserción en el mercado laboral.
Realizar un foro trimestral sobre derechos humanos y paz territorial.
Fortalecer el Consejo Municipal de Paz • • Las anteriores propuestas se encuentran enmarcadas en algunos puntos del acuerdo de paz a saber: Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos; Programas de prevención del consumo y salud pública; Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición; Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas; Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.
34 Copacabana Fuente: Tomado de la página institucional del municipio de Copacabana.
El municipio de Copacabana, cuyo apelativo es Fundadora de Pueblos, posee una extensión de 70 Km2 y una población aproximada de 74.000 habitantes, alrededor del 85% de su población reside en el área urbana.
Limita al Norte con el municipio de San Pedro, al Oriente con el municipio de Girardota, al Occidente con el municipio de Bello, al Sur con Guarne y Medellín.
En el municipio de Copacabana resultó electo por segunda vez el contador público Héctor Augusto Monsalve, el cual fue alcalde entre 2013 y 2016.
En esta oportunidad fue candidato gracias a una coalición entre el Partido de la U, Partido Alianza Verde y Partido Cambio Radical, y obtuvo 10.570 votos correspondiente al 29,33% de la votación general.
En el programa de gobierno del nuevo alcalde no se observan propuestas específicas para las víctimas del conflicto armado, solo se especifica la idea de convivencia que delineará las acciones hacia tal objetivo.
“En este sentido, y retomando lo estructurado en el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Copacabana, debemos encaminar las estrategias de este componente en el concepto de Seguridad Integral, entendiendo este como resultado del trabajo de la Seguridad Pública y la 35 Seguridad Ciudadana.
El primero hace referencia a garantizar el mantenimiento del orden público y el orden social mediante la contención de fenómenos desestabilizadores, mediante las instituciones que componen la Fuerza Pública.
Por lo tanto, la Seguridad Ciudadana hace referencia al respeto de la integridad física, psicológica y social, y la garantía que no sea violentada, ya sea en la privacidad del hogar, en el lugar donde se vive, en lugares de tránsito o en la ciudad que se habita, concepto muy relacionado con la convivencia ciudadana”.
Sin duda alguna la implementación de un concepto alternativo a la seguridad policiva como lo es la seguridad ciudadana es un paso adelante en la transformación política e institucional necesarias para la creación de una infraestructura de paz.
Sin embargo, como hemos expuesto anteriormente, este es un reto enorme tanto para la administración municipal como para la ciudadanía en el sentido del contenido que tendrá dicha transformación, de allí la importancia de ampliar el debate sobre la seguridad en la formulación del Plan de Desarrollo.
36 Bello Fuente: Tomada de Google.com.
Municipio de Bello El Municipio de Bello cuenta con 19 veredas y 11 comunas.
Registra un área total de 142,36 km², de los cuales 19,7 km² son suelo urbano y 122,66 km² son suelo rural.
Su población asciende a 495.000 habitantes aproximadamente.
Limita por el norte con el municipio de San Pedro de los Milagros, por el oriente con el municipio de Copacabana, por el sur con el municipio de Medellín y por el occidente con los municipios de Medellín y de San Jerónimo.
Bello es un municipio con amplio accionar de grupos delincuenciales, dichos grupos intimidan continuamente a sus pobladores.
Los asesinatos, extorsiones, hurtos y otras formas delictivas se han vuelto escenarios del diario vivir en este municipio, por ello las acciones en materia de paz territorial que tome la nueva administración serán fundamentales para determinar el rumbo del municipio.
A pesar estar monitoreado por el INPEC, debido a un proceso judicial en su contra por irregularidades en la celebración de contratos, corrupción y delitos contra la administración pública durante su primer mandato (2008-2011), fue elegido nuevamente el administrador de empresas Óscar Andrés Pérez, con el aval del Partido Centro Democrático, y con una votación de 41.333 votos.
37 Dentro de su programa de gobierno, se encuentran propuestas en materia de atención a las víctimas y competitividad rural.
Víctimas y desplazados.
• Acciones de Protección; Convenios de Cooperación para atención a Víctimas.
Unidad Móvil de atención a Víctimas; Acciones en Materia de Restablecimiento integral.
Promoción de la cultura de la convivencia.
• • Agricultura Familiar y Competitividad Rural • Mejorar el ingreso de las familias rurales y garantizar la seguridad alimentaria campesina.
Es preciso indicar que en el programa de gobierno no aborda temas relacionados con la paz territorial, por ejemplo, el Consejo de paz, Reconciliación y Convivencia aprobado por el Concejo municipal a finales del 2019.
38 Medellín Fuente: Tomada de Google.com.
Municipio de Medellín Medellín es la segunda ciudad en importancia en Colombia, cuenta con una extensión de 105 Km2 de suelo urbano, 270 Km2 de suelo rural.
Por el norte limita con los municipios de Bello, Copacabana y San Jerónimo; por el sur con Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro; por el oriente con Guarne y Rionegro y por el occidente con Angelópolis, Ebéjico y Heliconia.
La ciudad está distribuida en 16 comunas, cinco corregimientos y 249 barrios urbanos oficiales; según cifras del DANE, en el 2018 Medellín contaba con una población de 2.508.452 habitantes, por lo que se ubica en la segunda ciudad más poblada de Colombia después de Bogotá.
Los habitantes del municipio de Medellín votaron en su mayoría por el ingeniero electrónico Daniel Quintero Calle, quien se presentó por un grupo significativo de ciudadanos llamado Independientes, y batió récord con 303.420 votos correspondiente al 38.56% del total de los sufragios.
En las líneas estratégicas “Mujeres”, “Seguridad” y “Corregimientos” del programa de gobierno de Quintero se pueden leer propuestas relacionadas con las víctimas del conflicto armado y otras acciones de paz.
39 • Construcción de Paz • Generaremos procesos de memoria histórica en las zonas y comunas de la ciudad que permitan reconocer las afectaciones del conflicto armado en las mujeres y hombres como garantía de no repetición y reparación.
Implementaremos campañas en pro de la desmilitarización de la vida cotidiana.
• Garantizaremos a las mujeres víctimas el acceso al sistema de administración de la justicia; Vamos a promover el fortalecimiento del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia (CONPAZ), como un escenario de confluencia e incidencia ciudadana en la construcción de soluciones y procesos de reconciliación.
Cultura de la vida y convivencia • De la misma manera fortaleceremos los colectivos ciudadanos de resistencia a la violencia y defensa de la vida como No copio, Culturizarte, Casa de las Estrategias, Instinto de Vida, entre otros.
• • Atención Integral a las Víctimas • Fortaleceremos y mejoraremos el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado en Medellín, donde las víctimas sean respetadas, atendidas con premura y oportunidad y en donde se garanticen sus derechos y participación.
Vamos a fortalecer la Mesa de Participación de Víctimas y el Comité de Justicia Transicional y para la elaboración y ejecución de los Planes de Atención Territorial-PAT.
Apoyaremos las iniciativas y acciones de reparación simbólica que hoy realizan las organizaciones de víctimas.
• Mejoraremos el actuar del Museo Casa de la Memoria como eje central para la recuperación de la memoria y de construcción de Paz.
• Continuaremos con el Proyecto de Búsqueda de desaparecidas en Medellín.
las personas Corregimientos • Fortaleceremos la vocación agrícola de los corregimientos, dotando a nuestros agricultores de capacidades, herramientas e insumos que 40 permitan consolidar su producción y la comercialización local de sus productos.
Como se puede observar, el Programa de Gobierno del alcalde electo de Medellín para el próximo cuatrienio tiene propuestas relacionadas directamente con la implementación del Acuerdo de Paz y la ley 1448 de 2011, lo que aporta a la reconstrucción del tejido social que requiere de la incidencia sociocultural y política de las víctimas del conflicto armado, al igual que la voluntad política de los agentes gubernamentales para lograr un proceso de reparación efectiva.
41 Itagüí Fuente: Tomada de Google.com.
Municipio de Itagüí Itagüí cuenta con una extensión territorial de 21.09 km2, de los cuales 12.17 km2 corresponden a la zona urbana y 8.91 km2 a la zona rural.
Puntea en algunas características como el más denso, el más pequeño, y uno de los más industrializados del país.
Este municipio del sur del Valle de Aburrá limita por el norte con la ciudad de Medellín, por el este con los municipios de Medellín y Envigado, por el sur con los municipios de Envigado, Sabaneta y La Estrella, y por el oeste con los municipios de La Estrella y Medellín.
En Itagüí resultó electo el ingeniero civil José Fernando Escobar, con 59.756 votos, correspondiente al 48.96% del total de votos, con el aval del Partido Conservador.
En su programa de gobierno, se identifican varias propuestas dentro de la línea estratégica “Compromiso por la seguridad, la convivencia ciudadana y justicia para todos” para atender a las víctimas del conflicto, el respeto por los derechos humanos e implementación del Acuerdo de Paz, entre ellas se destacan las siguientes: Compromiso por la seguridad, la convivencia ciudadana y justicia para todos 42 • Brindaremos una adecuada atención y orientación a la población víctima del conflicto para el restablecimiento de sus derechos e implementaremos componentes diferenciados para la población víctima en la oferta institucional, dirigidos al respeto de los derechos humanos, la reducción de pobreza y la vulnerabilidad asociada.
• Garantizaremos la oferta institucional para la atención oportuna para la reintegración y reincorporación integral y efectiva de las personas desmovilizadas, en el marco de la cultura de paz territorial, la legalidad, los derechos humanos, la convivencia y la reconciliación Fortalecimiento del Centro de Atención a las Víctimas con acompañamiento jurídico y psicológico; Mecanismos alternativos de resolución de conflictos y acceso a la justicia.
(centro de conciliación) Fomento de actos de memoria histórica en solidaridad con víctimas.
Fortalecimiento de la Escuela Municipal de Derechos Humanos y Reconciliación einclusión del componente de Justicia Transicional.
• Programa de atención temprana y de protección a líderes sociales.
• Creación de la Unidad Permanente de Derechos Humanos.
las • • • Las propuestas del Programa de Gobierno de Escobar muestran una voluntad de reconciliación y no repetición de hechos victimizantes producto del conflicto interno en nuestro país, es preciso que la comunidad en su conjunto haga la debida veeduría para que estas propuestas sean priorizadas en la agenda de la entrante administración.
43 Envigado Fuente: Tomada de Google.com.
Municipio de Envigado Este municipio del sur entró a ser parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en julio de 2016 tras una consulta popular, cuenta con 6 corregimientos, un área aproximada de 78.80 km², de ellas el 66.68 km² corresponden al área rural y 12.12 km² al área urbana.
Limita por el norte con la ciudad de Medellín, por el este con los municipios de Rionegro y El Retiro, por el sur con los municipios de El Retiro y Caldas, y por el oeste con los municipios de Sabaneta e Itagüí.
El nuevo alcalde del municipio es el ingeniero y abogado Braulio Espinosa Márquez, quien se presentó a la contienda electoral por medio de una coalición entre los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y el movimiento Aquí Sumamos Todos.
Espinosa fue elegido con 45.239 votos equivalente al 41.14% del total de los sufragios.
“Por el bienestar y la equidad”, “Por la seguridad y la convivencia” son las líneas estratégicas en las cuales se plasman las propuestas de Braulio Espinosa en materia de víctimas del conflicto armado y otras acciones de paz, entre ellas se distinguen: • Programa de atención a víctimas; retorno de población víctimas del conflicto armado interno colombiano a sus sitios de origen, por medio estrategias conjuntas para la materialización de programas 44 • y acceso a garantías de de vivienda, proyectos productivos derechos en lugares del retorno.
Promoveremos programas de cultura para la paz; programas de mediación educativa y resolución de conflictos desde los grados de primaria y secundaria de las instituciones educativas del municipio de Envigado.
Las propuestas de Braulio Espinosa en materia de víctimas y paz territorial son muy generales, es necesario que las víctimas incidan en el Plan de Desarrollo para procurar mayor especificidad, pues es claro que la atención por parte del Estado debe ser diferencial por razones de etnia, género, edad o la afectación que padecieron en razón del conflicto armado.
45 La Estrella Fuente: Tomada de Google.com.
Municipio de La Estrella La Estrella es un municipio con una población aproximada de 71.000 habitantes, de estos alrededor de 10.000 viven en la zona rural, ha recibido el apelativo de Municipio Verde de Colombia.
Este municipio limita por el norte con los municipios de Medellín e Itagüí, por el este con los municipios de Itagüí, y Sabaneta, por el sur con el municipio de Caldas, y por el oeste con el municipio de Angelópolis.
El municipio Verde de Colombia cuenta con 35 km² de área, de los cuales 31,32 km² corresponden a la zona rural y 3,68 km² corresponden al área urbana.
Los siderenses le dieron el voto de confianza al Ingeniero Industrial Juan Sebastián Abad, candidato de la coalición entre el movimiento Creo y los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, MIRA, ASI, AICO y Cambio Radical.
Abad obtuvo 18.098 votos llegando así al 61.28% del total de sufragios.
La única acción, y sumamente genérica, de Abad en su programa de gobierno alrededor de los temas de paz está en la línea estratégica “Desarrollo Social”, y se limita a mencionar una “atención integral de víctimas”.
Es preciso que las mesas de trabajo de víctimas del conflicto armado y demás interesadas en el progreso integral del municipio, incidan en las 46 propuestas y estrategias que quedarán plasmadas en el Plan de Desarrollo que presentará Abad, con el propósito que quede de manera concreta y detallada cuáles serán, las acciones que adelantará la nueva administración en materia de paz territorial y atención de víctimas.
Tal especificidad permitirá a las comunidades interesadas realizar veeduría de manera más expedita, entre tanto, será más ágil y eficiente la ejecución, además de la evaluación de impacto de las mismas.
47 Sabaneta Fuente: Tomada de Google.com.
Municipio de Sabaneta 15 Km2 hacen de Sabaneta el municipio más pequeño de Colombia, este territorio está dividido en 31 barrios y 6 veredas, la cifra de habitantes asciende aproximadamente a 53.900.
El 67% de su territorio es urbano.
Sabaneta limita por el norte y oriente con el municipio de Envigado, por el occidente con los municipios de Itagüí y La Estrella y, por el sur con Caldas y La Estrella.
En este municipio salió electo el abogado Santiago Montoya Montoya del grupo significativo de ciudadanos “Somos Sabaneta” en coalición con el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical, con 19.384 votos, para un 45.24% del total de votos, superando a su oponente del Partido Centro Democrático el cual obtuvo 18.828.
Hay que resaltar que en este municipio la contienda por la alcaldía solo tuvo estas dos candidaturas.
El Programa de Gobierno de Montoya no tiene información sobre atención de víctimas, conflicto armado, paz territorial u otra categoría similar que pudiera dar luces acerca sus próximas acciones en esta materia.
La línea estratégica que relaciona el concepto de convivencia está transversalizada por la idea de uso de pie de fuerza y tecnologías para el control social; además, las líneas estratégicas denominadas “Todos Somos Veredas” y “Todos somos Sabaneta –Área Metropolitana – Antioquia” están vacías, es decir, solo aparece el título y seguidamente las hojas en 48 blanco.
Queda entonces amplios cuestionamientos sobre las acciones que tomará el nuevo alcalde en términos de paz, desarrollo rural y veredal.
49 Caldas Fuente: Tomada de Google.com.
Municipio de Caldas Caldas, el municipio más al sur del Área Metropolitana, rodeado de montañas y colinas, es la puerta de entrada, tanto hacia el sur del Valle de Aburrá como al suroeste antioqueño.
Caldas limita por el norte con los municipios de La Estrella, Sabaneta y Envigado, por el este con el municipio de El Retiro, por el sur con los municipios de Santa Bárbara y Fredonia, y por el oeste con los municipios de Amagá y Angelópolis.
El municipio está dividido en 24 barrios y 19 veredas, y tiene una extensión total de 133,40.
km², de los cuales 1,85 km² corresponden a la zona urbana.
Los Caldeños se inclinaron en su mayoría por el ingeniero electrónico Mauricio Cano Carmona, el cual logró conquistar a 11.058 electores logrando el 26.36% del total de votos.
Éste contó con el aval del partido de la U.
El alcalde electo en su Programa de Gobierno describe en la línea estratégica “Caldas por las mujeres y niñas, familia, víctimas del conflicto y diversidad” algunas propuestas en materia de paz territorial, víctimas del conflicto armado y derechos humanos a saber: Caldas por las mujeres y niñas, familia, víctimas del conflicto y diversidad 50 • • Crear una escuela en liderazgo, veeduría, formación ciudadana y política con justicia de género, enfoque diferencial y transversalidad de género y paz; Desarrollar campañas favorables a la construcción de paz territorial, desde la dimensión de la seguridad pública, la protección de los derechos humanos y la no violencia contra las mujeres, las niñas y las víctimas del conflicto armado; • Garantizar el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 en el Municipio; • Fortalecer la Mesa Municipal de Participación de Víctimas; • Ofrecer atención psicosocial diferenciada a las víctimas del conflicto armado; Realizar actos simbólicos, conmemorativos y homenajes públicos a las víctimas del conflicto; Actualizar la caracterización del Registro Único de Víctimas RUV, y entre ellos, la población en condición de discapacidad; Priorizar en accesibilidad a las víctimas del conflicto armado, a los diferentes programas y servicios; • Gestionar oportunidades de ingresos, empleabilidad, acceso a la educación superior y al emprendimiento para las víctimas del conflicto armado; Diseñar e implementar estrategias de comunicación, capacitación y pedagogía en materia de respeto por los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el posconflicto con enfoque diferencial.
• • • • 51 A modo de conclusión: Como se puede observar, los programas de gobierno de la gran mayoría de los alcaldes electos en el Valle de Aburrá no relacionan directamente propuestas en materia de paz territorial y cumplimiento del Acuerdo de Paz, por eso se hace necesario indagar en acciones que puedan favorecer la construcción de paz territorial y el compromiso estatal con la implementación del Acuerdo Paz.
Es preciso indicar que muchas propuestas consignadas en los programas de gobierno inciden directamente en la reconstrucción del tejido social y la paz territorial; las líneas estratégicas dedicadas a la educación, el deporte, la salud, la cultura, entre otras, en clave de inclusión mejorarán significativamente las condiciones de vida de las poblaciones a las que va dirigida, siempre y cuando, se parta de enfoques desde los DDHH y la construcción de paz, al igual que, sean ejecutadas con transparencia, efectividad y eficiencia, teniendo como objetivo el bienestar común.
Por último, es importante recordar que de la mano de los nuevos gobiernos y la institucionalidad de los diez municipios del Área Metropolitana, se debe fortalecer la incidencia de las víctimas del conflicto armado en los temas específicos que mejoren la calidad de vida y la superación de hechos victimizantes, lo que permite avanzar en la construcción de ciudadanía participativa y en paz.
Es menester que las asociaciones de víctimas, Consejos Territoriales de Paz y organizaciones ciudadanas realicen seguimiento a la Política Pública de Víctimas y demás políticas de paz territorial para procurar una buena práctica en su implementación.
52 3.
UNA PROPUESTA CIUDADANA A LOS NUEVOS ALCALDES LOCALES Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA La Mesa Interinstitucional Voces de Paz es un espacio de articulación que busca sumar esfuerzos, agendas y acciones encaminadas a la construcción de paz en Colombia, con un interés especial por el departamento de Antioquia, toda vez que las organizaciones e instituciones que hacen parte de la mesa concentran su trabajo en este territorio; cumple un papel en el escenario del diálogo, de pedagogización, de incidencia y movilización social, buscando que la ciudadanía se entere, se movilice y proponga sobre los temas fundamentales para la construcción de paz territorial, entre ellos lo acordado por el Gobierno Nacional y las FARC en el Acuerdo de Paz.
Voces de Paz es una plataforma de interlocución directa con más de 30 organizaciones sociales, comunitarias y de víctimas; instituciones públicas y privadas, universidades, entre otras, que parten de la premisa de que la paz, desde una perspectiva amplia, incorpora necesariamente el silencio de las armas, pero que además aborda problemas estructurales que impiden la materialización de los derechos de las y los ciudadanos.
De allí que este especio reconoce en el Acuerdo de Paz mecanismos e instancias que aportan a la superación de condiciones que han promovido la permanencia del conflicto armado en los territorios de nuestro país, por eso garantizar su implementación es una condición necesaria para transformar dinámicas que han impedido la construcción de una Colombia en paz.
El departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín no solo no han sido ajenos a estas realidades, sino que han sido territorios en constante disputa armada y bastión político de apuestas militaristas, por eso cobra mayor relevancia que en estos territorios se cumpla con las medidas pactadas en la Habana.
Temas como la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado, la reparación integral a las víctimas, el esclarecimiento de lo ocurrido, la reincorporación de excombatientes, entre otros asuntos son fundamentales para el logro de la paz.
En este sentido, desde un ejercicio de seguimiento e incidencia, la Mesa Voces de Paz propone una serie de acciones y recomendaciones a las 53 nuevas administraciones locales para aportar a la construcción de paz territorial del departamento y de la ciudad.
1) Adquirir compromiso con el funcionamiento y acciones necesarias para garantizar el trabajo del Consejo Departamental y los Consejo Territoriales de Paz Reconciliación y Convivencia.
A raíz de la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, en el punto 2 de Apertura Democrática, se fortalece el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) y los Consejos Territoriales (COMPAZ) como instancias análogas de este.
El decreto 885 de mayo de 2017 emitido en el marco del Fast Track, modifica la composición, las funciones y las tareas competentes del Consejo de Paz creado en 1998, incorporando los componentes de Reconciliación, Convivencia y No estigmatización.
Como órgano asesor y consultivo de los gobiernos locales, regionales y el nacional esta instancia se convierte en un espacio amplio de diálogo y construcción colectiva en el que participan múltiples actores de la sociedad civil, representantes de la institucionalidad, y exintegrantes de grupos o movimientos que firmaron acuerdos de paz, entre otros, dotando estos espacios de pluralidad y diversidad en su composición.
El decreto Ley 885 de 2017, establece unas tareas que son competencia de los COMPAZ, sin embargo, es importante señalar que estos espacios reconocen las particularidades y necesidades de cada territorio como punto de partida, permitiendo que se adopten acciones específicas para la construcción de paz territorial.
Desde esta dimensión de participación amplia y plural, y la posibilidad de pensar lo territorial, los Consejos se convierten en escenarios con importante poder transformador en el territorio, de ahí que, incorporar asuntos como la reconciliación, la convivencia, la no estigmatización, el seguimiento a la implementación del Acuerdo de paz y planeación de lo local en lógica de construcción de paz sean objetivos claves para su quehacer.
Para la Mesa Interinstitucional Voces de Paz estos temas son fundamentales para promover y garantizar las acciones territoriales que apunten a la transformación de la cultura política, a involucrar instancias 54 locales y regionales en la implementación del Acuerdo de Paz y caminar hacia el logro de una reconciliación que parta del reconocimiento y el respeto por las diferencias.
Para ello se hace necesario: • Potenciar los COMPAZ, facilitando el trabajo y encuentro de las y los consejeros, garantizando la participación de la institucionalidad, y brindando las herramientas necesarias para su fortalecimiento político y técnico.
• Garantizar los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a los planes de trabajo propuestos por los COMPAZ.
Promover la articulación regional con otros consejos que permitan pensar acciones más amplias y de manera articulada con otros territorios.
Los COMPAZ deberán promover la creación de la política pública de reconciliación y paz de los territorios y es fundamental que las y los mandatorios acompañen y adopten los conceptos, recomendaciones y sugerencias de los Consejos.
• • 2) Comprometer las medidas necesarias para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en los territorios priorizados.
El punto 1 del Acuerdo de Paz, Reforma Rural Integral, establece la creación de los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- como mecanismos de participación ciudadana para la planificación y transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado.
De los 170 municipios priorizados en el país por el decreto 893 de 2017, 24 se encuentran ubicados en Antioquia, distribuidos en dos zonas PDET: 1) municipios del Bajo cauca, Norte y Nordeste; y 2) municipios de la subregión de Urabá, y otros dos municipios hacen parte de los PDET de Sur de Bolívar y Chocó.
Estos procesos, cuya principal característica es la participación efectiva de la comunidad, permitieron la elaboración de los planes de acción para la transformación regional (PATR) los cuales se encuentran listos para ser implementados y aportar así al cambio de los territorios.
55 Los pilares priorizados en los PDET: 1) Ordenamiento Social de la propiedad rural y uso del suelo; 2) Infraestructura y adecuación de tierras; 3) Salud; 4) Educación rural y primera infancia; 5) Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; 6) Reactivación económica y producción agropecuaria; 7) Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación; y 8) Reconciliación, convivencia y construcción de paz, se convierten en la esencia de la construcción de paz territorial.
Es mediante estos instrumentos que se materializan los derechos de las y los ciudadanos de los territorios más afectados por el conflicto armado • En este sentido es fundamental: • Garantizar la implementación y puesta en marcha de las acciones priorizadas en los PDET, esto quiere decir que los programas queden incorporados en el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal 2020-2023, para así dar viabilidad a la concreción la transformación territorial.
Facilitar la articulación institucional con las entidades creadas desde el Gobierno Nacional es clave para la puesta en marcha de las acciones priorizadas en los territorios y el cumplimiento a las competencias de los diferentes entes territoriales, regionales y el nacional.
• Generar canales de comunicación directa con las comunidades que permita hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas priorizadas y ejecutadas y fomentar la participación ciudadana en estos ejercicios de transformación del territorio.
3) Atención Integral a las víctimas del conflicto armado y garantías de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Antioquia tiene más de 1 millón de víctimas del conflicto armado según cifras del Registro Único de Víctimas RUV, de las cuales más 400 mil están en la ciudad de Medellín9.
Esta población requiere medidas particulares de atención y reparación integral, las cuales están estipuladas en la Ley 1448 del 2011.
9 Según datos del Registro Único de victimas a noviembre de 2019 56 Temas como la restitución de tierras, la reparación colectiva, la atención sicosocial, la reparación administrativa, entre otros, se han visto negados para muchas de las víctimas debido a las dificultades presupuestales para atención y reparación, a los contextos adversos de violencia que siguen generando más víctimas y, en muchos casos, a la falta de voluntad política de mandatarios que dejan de lado la generación de acciones para esta población.
Luego de las movilizaciones y acciones realizadas por las víctimas del conflicto armado, organizaciones de la sociedad civil, comunidad internacional y algunos partidos políticos aliados, se logró la ampliación del 10 años para la aplicación de la ley 144810, lo que hace urgente que las y los mandatarios locales y regionales se comprometan con su ejecución efectiva, debido a que solo el 12% de las víctimas sujeto de reparación han sido atendidas e indemnizadas, pero sobre todo a que el número de víctimas sigue en aumento a raíz de la persistencia de la violencia en los territorios.
Para esto es necesario: • Fortalecer la política territorial de atención a las víctimas, mejorando en términos económicos, técnicos y profesionales los equipos de atención a las víctimas, y la planeación territorial frente a la atención y asistencia, donde se programen recursos para las medidas de atención humanitaria inmediata de víctimas recientes del conflicto armado, entre otros.
• Garantizar la puesta en marcha de los instrumentos creados para la atención a las víctimas en los diferentes entes territoriales como el Plan de Acción Territorial PAT.
Este instrumento permite establecer planes, programas y proyectos para la atención de las víctimas, la articulación de los entes locales con el regional y el nacional, partiendo de un diagnóstico más concreto del ámbito territorial y unas medidas más asertivas a la hora de su atención.
Fortalecer los espacios de participación formal y no formal como las Mesas de participación efectiva y las organizaciones de víctimas; la participación se hace necesaria para planear acciones que • 10 En: https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-se-le-adelanta-a-duque-y-amplia-vigencia-de-la-ley-de-victimas/643510 57 • • • respondan a las verdaderas necesidades de las víctimas.
De igual forma se debe dar prioridad al trabajo del Comité de Justicia Transicional como escenario de planeación y como espacio de interlocución directa entre las víctimas del conflicto armado y los mandatarios locales.
Promover, acompañar y garantizar la participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación creado en el Acuerdo de Paz, para garantizar su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Además, facilitar y promover el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, la Convivencia y la no repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz, las cuales cuentan con sedes en Medellín y Apartadó.
Seguir trabajando en la construcción de la memoria histórica del conflicto armado y en el reconocimiento de las acciones de resistencia que las víctimas han desarrollado por años, para esto se deben garantizar recursos para el funcionamiento de museos, monumentos, entre otros lugares de memoria, que aportan a la reparación de las víctimas.
Avanzar en las políticas y procesos de memoria que se vienen gestando por parte de la institucionalidad y la sociedad civil.
Resignificar los imaginarios de verdad y memoria a través de acciones creativas de profunda escucha, palabra activa y transformadora; promover iniciativas de memoria y verdad, mediante acciones que permitan sanar a las víctimas y victimarios desde los actos simbólicos y los lenguajes poéticos; y potenciar las iniciativas de reconciliación, convivencia y paz que las organizaciones comunitarias y culturales desarrollan en el territorio.
4) Garantizar la seguridad de líderes y lideresas sociales Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, hasta la primera semana del mes de septiembre de 2019, en el país han sido asesinados 155 líderes sociales.
Antioquia es uno de los departamentos con más líderes, lideresas sociales y defensores de DDHH asesinados y amenazados, esto pone una alerta en las estrategias de prevención y 58 protección que se deben desarrollar en los territorios para garantizar la vida de aquellos que defienden las causas sociales.
Para ello es necesario: • Implementar las estrategias acordadas para garantizar la seguridad y proteger la vida de aquellos que por medio de su ejercicio de liderazgo defienden día a día diferentes causas sociales.
Erradicar las prácticas de estigmatización y rechazo por parte de las administraciones con los líderes y lideresas de los gobiernos locales, departamental y nacional, y reconocer su importancia y compromiso político con el desarrollo de los territorios.
• 5) Garantizar las medidas excombatientes necesarias para la reincorporación de Uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz, es la reincorporación de los excombatientes a la vida civil; en Antioquia hay más de mil personas excombatientes de FARC en proceso de Reincorporación, ubicadas en los cuatro (4) Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización –ETCR- y en otros territorios del departamento, más de 300 se encuentran ubicados en la ciudad de Medellín y municipios del Valle de Aburrá.
• Para este proceso es necesario que: • Tanto el departamento de Antioquia como la ciudad de Medellín cuenten con estrategias acordes a las realidades territoriales y a las necesidades e intereses de los excombatientes para garantizar estos procesos.
También es necesario generar acciones que fomenten la No estigmatización y la seguridad de esta población.
La inclusión de la política de Reintegración y Reincorporación de la Agencia para la Reincorporación y Normalización- ARN, en proyectos que garanticen espacios de Reconciliación entre las personas excombatientes, las víctimas y las comunidades.
Inclusión de programas de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues es la mejor estrategia para garantizar la no repetición de hechos violentos.
Incluir a los desmovilizados que se encuentren en procesos de Reintegración y Reincorporación o que hayan culminado de manera • • 59 exitosa su proceso, en sus bases de datos como población vulnerable y puedan ser beneficiarios de la oferta Institucional.
Finalmente, es fundamental que los Planes de Desarrollo del orden local y regional logren incorporar el enfoque de construcción de paz territorial y definan programas y proyectos que respondan a las necesidades territoriales, pero también que garanticen y cumplan lo planteado en el Acuerdo de Paz, partiendo de que este es una ventana de oportunidades que tenemos como sociedad.
Para esto la Mesa interinstitucional Voces de Paz se ha dispuesto a acompañar y aportar toda acción desde las nuevas administraciones locales en las que se promueva la construcción de una paz estable y duradera.
60 4.
PAZ TERRITORIAL Y NUEVOS GOBIERNOS LOCALES El 1 de enero de 2020 comenzaron los primeros gobiernos –municipales y departamentales- que fueron elegidos por voto popular luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC como guerrilla.
Esto significa una oportunidad para lograr las transformaciones pensadas desde las regiones y así lograr, de verdad, una paz estable y duradera.
Para alcanzar esto es necesario que se den cambios en la legislación colombiana y que hemos visto materializarse en la Ley de Equilibrio de poderes, el Estatuto de oposición y el Consejo Territorial de Paz.
Por otro lado también implica asumir unos retos desde la administración pública para aprovechar el impulso de la firma del Acuerdo y así potenciar los territorios, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y profundizar la democracia local en lo que se ha denominado la Paz Territorial.
¿En qué consiste la Paz Territorial? El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 tiene tres (3) enfoques en los que se ha de implementar el mismo: enfoque diferencial, enfoque de género y enfoque territorial.
Este último supone “supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía.
La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad” (Mesa de Negociacón , 2016).
Este proceso de paz territorial es una innovación respecto a otros acuerdos de paz que se hayan hecho en el mundo, por lo tanto nada está escrito, pero lo que sí está claro es que este es el camino efectivo para no volver al conflicto armado, ya que se busca acabar con las causas estructurales del mismo a partir de la pregunta ¿Qué es lo que la gente quiere en el territorio? Responder esta pregunta implica voluntad política no solo de los gobernantes y las instituciones, sino también de las comunidades a las cuales hay que ganarse la confianza y es por eso es que se plantea la 61 construcción de paz desde abajo, no con imposiciones desde la centralidad.
Para lograrlo, es necesario que se cumplan los siguientes compromisos: Inclusión y participación No es posible hacer construir prácticas transformadoras sin reconocer en la diversidad de nuestros territorios a una ciudadanía activa, inquieta, propositiva y comprometida.
Y esto solo se puede lograr mediante la construcción colectiva de las estrategias, programas y acciones de la gestión administrativa.
Adicionalmente, hay que dar un paso de confianza en donde la participación adquiera una dimensión real de interlocución e incidencia en las políticas públicas locales, para ello la formulación del Plan de Desarrollo Local, en clave de paz territorial, tendría que preguntarse constantemente por la forma en que se incluye la comunidad en la planeación, ejecución y control de la gestión pública.
Transparencia Para avanzar en la construcción de la paz, necesitamos recuperar las confianzas rotas y esto solo es posible a partir de un compromiso constante de información y visibilización amplia de la gestión administrativa.
Propender por la transparencia NO es una forma de oposición, es un derecho ciudadano que además permite a los gobiernos construir puentes hacia la gobernanza.
Reconciliación La democracia real, profunda, moderna, cuyo objetivo principal es la consolidación de la paz en la sociedad, se basa en el reconocimiento de lo diverso y en la convicción de que no existen enemigos sino opositores por lo que el fin último es el mayor acuerdo posible y no la negación de los otros.
Servir desde lo público debe ser entonces un compromiso con la reconciliación social en donde se rechacen todas las formas de violencia, incluidas aquellas invisibles que no empuñan armas pero que establecen relaciones de exclusión.
Lo que el sociólogo Pierre Bourdieu denominaba “violencia simbólica del Estado” ¿Por qué es importante la paz territorial para el Valle de Aburrá? Si bien la paz territorial fue pensada para fortalecer la gobernanza en los lugares más periféricos de la geografía Colombiana, las zonas 62 metropolitanas son fundamentales en este cometido porque son el epicentro de poderes regionales y porque allí también se encuentran personas en proceso de reincorporación que encontraron en la centralidad, la forma de cumplirle al acuerdo.
Por otro lado en nuestro Valle de Aburrá no solo tenemos territorios rurales a los que es difícil garantizarles todos sus derechos, sino que aún en nuestros barrios urbanos existen condiciones de desigualdad, las cuales siempre fueron el caldo de cultivo del conflicto armado del país.
En nuestra región hicieron presencia todos los grupos armados del conflicto colombiano, pero ahora también habitan en nuestro territorio, miles de víctimas de los mismos.
Lo que haga o deje de hacer el Valle de Aburrá en temas de paz territorial, se sentirá en todo Antioquia.
Es por eso que no solo nuestro departamento –que cuenta con el mayor número de víctimas- sino también el país, requiere del compromiso de las administraciones municipales de nuestra región para lograr una paz territorial y eso es solo posible si los planes de desarrollo obedecen a este enfoque.
Ya sabemos que es municipio? importante, pero ¿cómo hacerlo efectivo en mi Se recomienda ser conscientes de que no arrancamos este proceso de construcción de paz de cero, pues a lo largo de los años, incluso en medio del conflicto, las comunidades y diferentes gobiernos han hecho posibles diversas iniciativas de paz que pueden servir como aprendizajes de buenas prácticas para pensarse una estrategia más integral de paz territorial.
Las instituciones públicas son lo que las servidoras y servidores públicos hagan con ellas, así que cuando se habla de que el Estado llega al territorio, estamos hablando de la capacidad de las personas que representan las instituciones de concertar y construir al lado de las comunidades.
Es una mirada integradora y no centralista donde se reconoce las capacidades instaladas, pues nadie conoce mejor las particularidades y necesidades del territorio, que la gente que lo habita.
Para tener instituciones incluyentes, necesitamos profesionales que crean en este cometido.
63 Es por eso que en importante: la elaboración del Plan de Desarrollo Local, es 1.
2.
Identificar y abordar problemáticas y conflictividades asociadas a: • Tensiones socio económicas, socio ambientales e interétnicas.
• Desarrollo rural sostenible y ambiental; la participación ciudadana y las instituciones públicas; seguridad y justicia; la presencia de grupos armados y economías ilegales; y la atención y reparación a víctimas.
territoriales Incluir estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para: • La integración comunitaria, pacífica.
El diálogo, la concertación social, la conflictos y el cumplimiento de acuerdos.
La identificación y desarrollo de visiones colectivas de paz y desarrollo.
La rendición de cuentas y la transparencia.
transformación de la convivencia la inclusión y • • • 3.
Proponer medidas que orienten la gestión pública hacia: • Una participación ciudadana incluyente.
• El goce efectivo de derechos.
• Una acción sin daño y sensibilidad al conflicto.
• Una gestión por resultados.
• La integración regional y entre la nación y el territorio.
Fuente: DNP, OACP y Ministerio para el Posconflicto.
Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar.
(Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, 2013) 64 Estos son algunos de los retos institucionales para tener un gobierno con enfoque de paz territorial: Desde la transparencia Unas de las principales barreras para hacer efectivo el acuerdo de paz es el exceso de burocracia institucional que limita el acceso a programas y proyectos contemplados en el mismo.
Por eso es necesario cumplir el marco normativo superior a partir de la sensibilización de los servidores y servidoras públicas sobre el principio de la administración pública: eficiencia.
Aumentar la capacidad de coordinación entre agencias y niveles de gobierno.
Esto implica una estrategia coherente que permita la compatibilidad entre planes, programas y proyectos.
No más desfile de chalecos que llegan a los territorios de forma desordenada, confundiendo a la ciudadanía y utilizando de forma ineficiente los recursos públicos.
Desde la reconciliación Ser asertivos en la forma en que los y las representantes de instituciones públicas se refieren –en lenguaje verbal y no verbal- no solo al Acuerdo de Paz, sino también sobre las víctimas y exguerrilleros.
Pensarse desde la formulación de los Planes de Desarrollo Municipales una política seguridad integral, que vaya más allá de lo policivo y lo reactivo Desde la participación Reconocer y potenciar la capacidad instalada sobre iniciativas de construcción de paz en el territorio.
Una vez identificada, trabajar de manera articulada para así no cometer errores de los cuales ya hay lecciones aprendidas.
Capacitar y fortalecer a las organizaciones comunitarias de segundo y tercer nivel en temas de gestión administrativa en aras de que puedan ejecutar recursos en sus territorios.
Por otro lado, también es necesario formar en resolución de conflictos, pues muchas veces la tramitología estatal permite que algunos conflictos personales se complejicen y lleguen a desenlaces desafortunados.
65 El Acuerdo de Paz trae consigo la creación de nuevas instancias de participación ciudadana.
Si estas no se gestionan de manera adecuada estaremos ante nuevos escenarios inoperantes que solo se encuentran en el papel, así que se sugiere desde el Enfoque de Paz Territorial, darle prioridad a escenarios de planeación participativa como los Consejos Territoriales de Planeación (sobre todo ahora que comienzan la formulación de los planes de desarrollo) y a las Mesas de Víctimas y recién creados Consejos Municipales de Paz, que entre otras funciones, deben velar por el cumplimiento del acuerdo en cada territorio, ya sean del orden nacional, departamental o municipal Cumplir con el mandato constitucional en la protección de las movilizaciones y protestas pacíficas, entendiéndolas como otro escenario de participación donde la ciudadanía hace demandas a la institucionalidad.
Como se ha podido inferir a lo largo de este documento, el enfoque territorial para la construcción de paz no es un objetivo a alcanzar desde una sola dependencia o institución, desde la construcción de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) hasta la estrategia de comunicación de un programa para la superación de la pobreza puede (y debe) tener dicho enfoque.
Implementación del Acuerdo de Paz en los municipios Como se ha planteado a lo largo del documento, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera contiene acciones de implementación para cada territorio que dependen de la gestión de las administraciones locales.
Pensar que las acciones para la paz solo aplican a los municipios priorizados o que son solo aquellas pensadas para los grandes temas nacionales es un error común, a continuación, presentamos algunas de las principales posibilidades que para los municipios no priorizados están contenidas en el Acuerdo de Paz y que favorecen la construcción de paz territorial: 66 Punto 1.
Reforma Rural Integral Acuerdo Actividad Reto en lo Local Fondo para 1.1.1 Tierras Reforma Integral de la Rural Creación del Fondo de Tierras de distribución gratuita Gestionar asignación de tierras para el desarrollo rural 1.1.9 Formalización y actualización del catastro e impuesto predial rural Creación del Sistema General de Información Catastral, Integral y Multipropósito Actualizar el registro catastral (especialmente rural) aprovechando este sistema 1.2.
Programas Desarrollo Enfoque (PDET) de con Territorial Crear e impulsar los PDET con una amplia participación ciudadana la 1.3.3 Estímulos a producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa Asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo, formalización laboral Articular acciones desarrollo regional el Identificar rutas para el acceso a beneficios de orden nacional en el tema de desarrollo rural 1.3.4 Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación Planes departamentales y locales para la alimentación y nutrición culturalmente apropiadas.
Creación de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición.
Desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición.
Promoción de mercados locales y regionales Incluir en el Plan de Desarrollo Local un programa que permita la creación del sistema a nivel territorial 67 Punto 2.
Participación Política Acuerdo Actividad Reto en lo Local 2.1.1.1 Estatuto garantías para ejercicio de oposición política de el la Promulgación y reglamentación del Estatuto de Oposición 2.1.2 Garantías de seguridad para el ejercicio de la política Creación de Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política 2.1.2.2 Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos Revisión y ajuste de las medidas normativas e institucionales para la seguridad de líderes y lideresas sociales 2.2.
Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los Garantía de los derechos políticos para movimientos y organizaciones ciudadanas Aplicación bajo criterios democráticos e incluyentes del Estatuto de Oposición en lo local De gran importancia las dimensiones locales dado el potencial democratizador de esta medida Inclusión en el Plan de Desarrollo Local, acciones en pro de los derechos humanos y espacialmente la garantía de los derechos políticos y sociales Es muy importante el impacto a nivel local de esta medida por lo que los gobiernos municipales y departamentales deberán incluir en sus PDL acciones que favorezcan el ejercicio de los líderes y lideresas sociales.
(Este es un punto de especial impacto tanto en los DDHH como en la cultura democrática local por lo que debe ser una prioridad) Construir gobernanza a partir del reconocimiento y trabajo conjunto con la ciudadanía organizada 68 diferentes niveles diversos temas y 2.2.2 Garantías para la movilización y protesta pacifica y Definición medidas normativos garanticen plenamente movilización protesta pacífica de ajustes que la y 2.2.3 Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales regionales y Propiciar y facilitar el acceso y apoyo técnicos para medios de comunicación comunitarios, institucionales regionales y La dimensión local es fundamental para la garantía de este derecho que hace parte del marco constitucional y de los DDHH Incluir en el Plan de Desarrollo Local acciones y recursos para la promoción de alternativas comunicativas propias de los territorios con independencia, en reconocimiento de la importancia de las comunicaciones diversas en la construcción del territorio Crear, fortalecer y trabajar conjuntamente con los CONPAZ, cuya labor es de suma importancia en generación de acciones transformadoras en los diferentes niveles territoriales Creación de los Consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia 2.2.4 Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad 2.2.5 Control y Veedurías Ciudadanas Promover y fortalecer el control por parte de ciudadanos y ciudadanas, y la democratización y mayor transparencia de la administración pública.
Reconocer la importancia del control social en la administración municipal, fortalecer los espacios ciudadanos de control social e implementar medidas efectivas de transparencia y lucha contra la corrupción en lo 69 2.2.6 Política fortalecimiento de planeación democrática participativa de la y Promoción de buenas prácticas de planeación participativa 2.3.5 Promoción de una cultura política democrática y participativa 2.3.7 Promoción de la participación política y ciudadana de la mujer Promoción de los valores democráticos, de la participación y de los mecanismos existentes; así como programas de educación para la democracia y el liderazgo social Diseño y adopción de las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer local.
Fortalecer el lugar de los Consejos Territoriales de Planeación con el fin de garantizar la planificación participativa del territorio y la articulación efectiva entre el Estado local y la ciudadanía de una la el Plan Local para Incluir en Desarrollo estrategia profundización democrática local, que incluya difusión y recursos para el funcionamiento de las instancias y mecanismos de participación; y la formación temprana en democracia y liderazgo social Adoptar tanto en el Plan de Desarrollo Local como en las prácticas administrativas el enfoque de género de tal manera que se visibilice y fortalezca la participación de las mujeres en todos los niveles de la administración local Punto 3.
Fin del conflicto Acuerdo Actividad Reto en lo Local 3.4.7.4.4 Ejecución del programa de reconciliación, convivencia y Diseño y ejecución del programa para la reconciliación, convivencia no y Apoyar al CONPAZ en el diseño de este programa que apunta a favorecer el proceso de reincorporación 70 prevención de estigmatización la estigmatización 3.4.11 Medidas de prevención y lucha contra la corrupción Promover la acción del Estado para fomentar una cultura de transparencia en los territorios de excombatientes y a la transformación de la cultura local hacia escenarios de convivencia, reconciliación y reconocimiento del otro en entornos democráticos Asumir un compromiso decidido y total en contra de la corrupción y en favor de la transparencia administrativa.
Este compromiso se deberá evidenciar en los mecanismos que se incluyan en el Plan de Desarrollo Local, los instrumentos de verificación y control institucional, y en las estrategias de transparencia y acceso a la información para la ciudadanía Punto 4.
Solución al problema de drogas ilícitas Acuerdo Actividad Reto en lo Local 4.2 Programas de prevención del consumo y salud pública Creación del programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas; el sistema nacional de atención a las personas consumidoras de drogas ilícitas y otros Incluir un enfoque de salud pública en el tratamiento del consumo de drogas ilícitas en el Plan de Desarrollo Local que permita articular acciones a nivel regional y nacional y a la vez favorezca el trato diferenciado a los diferentes actores de la cadena del narcotráfico.
71 Este enfoque debe contener acciones de prevención, atención, investigación y participación Punto 5.
Acuerdo sobre víctimas Acuerdo Actividad Reto en lo Local 5.1 Sistema Verdad, Reparación Repetición Integral de Justicia, y no Creación del SIVJRNR y desarrollo de sus actividades en los territorios: Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV; Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPDD y Jurisdicción Especial de Paz - JEP 5.1.4 Garantías de repetición no Aplicación de medidas para evitar la revictimización y la repetición de actos de violencia Comprometer apoyo desde la institucionalidad local para la presentación de casos, informes, testimonios; realización de eventos de reconciliación, socialización y pedagogía, etc.
Estas acciones deberán enmarcarse en el acompañamiento a las mesas de participación de las víctimas, y el CONPAZ.
Es importante en tanto favorece la reparación de las víctimas y la construcción de un relato colectivo que aporte a la cultura de paz en lo local.
Comprometer el enfoque diferencial como una medida de acciones en pro de la población víctima a nivel local, que incluya: El 72 5.2 Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos Fortalecimiento mecanismos promoción DDHH; y protección defensores defensoras de DDHH de a de a los de los la los y reconocimiento de la población víctima como ciudadanos ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados, el acompañamiento efectivo a la población víctima, y la promoción de la convivencia y la reconciliación el Incluir en Plan de Desarrollo Local acciones y recursos para el fortalecimiento del trabajo por los DDHH y para la garantía a los defensores y defensoras.
Adicionalmente construir rutas de comunicación efectiva y confiable que permita las respuestas tempranas y las acciones preventivas en pro de garantizar los DDHH de la población 73 BIBLIOGRAFÍA Agredo, P.
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