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Adán Martínez y Ruth Chaparro, de la Fundación Caminos de Identidad, me proponen brindar apoyo artístico a las instituciones educativas del resguardo Huellas de Caloto.
El maestro Alejandro Badillo, ingeniero de sonido, quien tiene en su reconocida historia artística un premio Grammy, fue nuestro productor musical.
El trabajo previo, adelantado juiciosamente dos meses atrás, había consistido en un taller intensivo de elaboración de textos sobre poesía, cuento y relato, en el que se buscaba dar realce a las vivencias y experiencias.
En contra de los embates del odio y la violencia, el coro empina las tonalidades para proclamar que es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol.
Eso les pasa a los músicos famosos, no a nosotros, me contestaban algunos cuando les decía que habrían de acordarse de mí cuando sus temas sonaran en las emisoras.
La presentación fue en el Teatro Municipal de Caloto, en compañía de otra agrupación que se llama A’LUXC Hijos de la Estrella creada a raíz de una experiencia artísticos en Toribío, Cauca; la gente bajó de sus veredas, había una gran expectativa, de pronto nos vimos frente a unas seiscientas personas.
A los pocos meses de ese mismo 2014, ya teníamos planes para realizar dos presentaciones, la primera en el Centro Nacional de Memoria Histórica, ubicado en la zona céntrica de Bogotá.
En ciertos puntos hicimos paradas en las que los chicos de la Orquesta leyeron fragmentos de sucesos dolorosos ocurridos en el territorio.
Cuando se estaban firmando los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC, Derly y uno de sus compañeros viajaron a la Habana para hablar sobre los riesgos en que se encuentra la infancia en medio del conflicto armado, también asistieron a sesiones del Congreso de la República en nombre del pueblo Nasa, entregaron más de trescientas cartas escritas por niños, niñas y jóvenes del Cauca, en las que reclamaban un espacio representativo en los diálogos de paz.
Intentamos incentivarlos a que estudien, que ojalá entren a la universidad y que donde se encuentren compartan el conocimiento Nasa.
Allí mismo, la noche del 16 de agosto de 2012, escucharon el sonido de una moto e inmediatamente una granada entró por la ventana de la casa, no pudieron levantarse con facilidad porque al hacerlo se enredaron con el toldillo.
Ella estuvo fugazmente en algunos proyectos pedagógicos que hicimos en Caloto, tenía once años y una energía increíble, se destacaba por el inconfundible ingenio de sus ideas.


El principal problema es, de acuerdo con la profesora Jiménez, la desfinanciación de la paz en la región, pues El Plan nacional de desarrollo del presidente Duque no propone un capítulo específico para la implementación del Acuerdo de paz en los términos establecidos por el Plan marco de implementación, y en el plan plurianual de inversiones tampoco se definen con precisión los recursos para financiar la paz.
Esta estrategia de militarización, a la par del desdibujamiento de los Programas de desarrollo con enfoque territorial, muy probablemente aumentará los riesgos de confrontación militar con otros actores armados que hacen presencia en la región, con las consecuencias que ello tiene.
Esto genera un riesgo muy alto, primero para hacer el seguimiento efectivo de los recursos de implementación del Acuerdo de paz, y segundo, para que la gente que participó en este escenario pueda ver si la propuesta que hizo se está desarrollando o no.
Desde la instalación de las zonas futuro doscientos siete líderes sociales han sido asesinados en esas zonas, de los cuales treinta y seis de ellos, es decir de los líderes sociales asesinados allí lo fueron en la zona del Catatumbo seis de ellos en lo corrido del año, cuatro en la región de Tibú
El departamento de Norte de Santander solo cuenta con ciento veinte ambulancias básicas, de las cuales solo veinticinco están municipalizadas, y hay ciento seis centros de salud del nivel uno, cuatro del dos y una institución del tercer nivel.
En suma, el Catatumbo es una de las regiones más vulnerables, habiendo municipios como Acarí, en donde el de sus necesidades básicas insatisfechas lo hacen uno de los más pobres, pero si nos trasladamos al municipio de El Tarra, cuenta con de necesidades básicas insatisfechas
Las organizaciones sociales tienen como principios la integración, la vida y el territorio, permitiéndoles una gran capacidad organizativa que va más allá del exterminio, logrando mantener un tejido comunitario en el que es importante destacar el trabajo de la organizaciones campesinas e indígenas.
El Catatumbo se caracteriza por una historia de lucha y de resistencia que viene desde hace muchas décadas, y la región se ubica como la base de la resistencia del movimiento comunal, que ha constituido una base muy importante para dar respuesta a las necesidades básicas y cotidianas de la comunidad.
La estrategia de resistencia comunitaria ha sido hablar con sus comités veredales, activar las juntas de acción comunal y la guardia campesina como mecanismos, primero de protección y segundo para el respaldo a los líderes y lideresas, frente al trabajo que se vienen desarrollando en el territorio, que es muy importante, así como la protección de la vida.
Los servicios de salud en el Catatumbo obedecen a la lógica mercantilista de la ley 100, lo cual hace que la región, al igual que departamentos como el Chocó y La Guajira, sean un mercado poco atractivo para las EPS, que prefieren atender los grandes mercados urbanos.
La población se encuentra atemorizada por la covid-19, pero también tiene miedo de quedarse sin comida y de tener que hacer frente, además, a la insistencia del gobierno en continuar con las erradicaciones forzosas.
Con mucha frecuencia se pide a las víctimas que cuenten su historia, que concedan entrevistas, que entreguen información, pero muy pocas veces existe la posibilidad de que estas personas gocen de acompañamiento psicológico, que incluso el gobierno les ha negado.3.Se requiere la cooperación de la academia para documentar en memorias escritas no solo el conflicto, sino también los planes y las propuestas que vienen presentando organizaciones de la región como Ascamacat, Cisca, MCP, el pueblo barí, entre otras.
Es imperioso que la academia reconozca al campesinado como un sujeto de derechos y contribuya al reconocimiento de este sector social por parte de la institucionalidad y a su inclusión en los escenarios de la vida social y política del país.
Se necesita desarrollar acciones de acompañamiento, divulgación y defensa jurídica sobre los hechos que permanecen impunes en relación con la actuación criminal de determinadas empresas privadas y sectores de la fuerza pública contra quienes se han opuesto a la erradicación forzada.
La identidad y el reconocimiento político del campesinado es fundamental, y la academia puede aportar mucho en ese sentido, mediante campañas en contra de la estigmatización del campesinado que cultiva coca o está en zonas del conflicto armado.




En el caso de la violencia sexual, reproductiva y por prejuicio no se dio lugar la investigación a fondo como en estos casos.
La violencia sexual se presenta como uno de los malos tratos, sin profundizar su reiteración, las características de esta violencia ni su funcionalidad dentro del patrón de privación de la libertad
El lenguaje usado por la magistratura es naturalizador de la violencia sexual, pues en varias menciones minimizó la gravedad de lo sucedido.
Es decir, la JEP aún duda sobre temáticas que han sido abordadas con suficiencia por parte de instancias como la Corte Constitucional que reconoce que la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano Auto 092/08
Esto, debió ser analizado la magistratura, proviene en parte de la convicción cultural de que lo normal es que una mujer sea sometida a acoso, maltrato y violencia sexual.
La metodología de la JEP no indagó en los motivos discriminatorios que precedieron el secuestro, ni en otras conductas que podrían haberse enmarcado en este crimen porque socioculturalmente son aceptadas y son vistas como oportunidades para reformar a las personas LGBT, como los trabajos agrícolas forzados y aislados.
También se debe ahondar en los tipos de violencia sexual y violencias basadas en género que se perpetraron, identificando los hechos de violación, pero también los hechos de violencia por prejuicio y violencia reproductiva, a partir de la identificación amplia de conductas, utilizando las categorías jurídicas existentes en la calificación jurídica propia a partir de las normas y jurisprudencia nacionales Ley 1719 y Autos 092/08 e internacionales Estatuto de Roma en el tema.
Nos genera preocupación las afirmaciones de la JEP según las cuales los casos de violencia sexual en el caso 001 fueron hechos aislados.
Tanto en la calificación de los crímenes de guerra como de lesa humanidad, el análisis de la violencia sexual fue mínimo a pesar de haber vinculado a estas definiciones del derecho penal internacional
El Auto 019 de 2021 muestra la labor que adelanta la JEP para cumplir sus objetivos es un recorrido con perspectiva judicial de un fenómeno que marcó las dinámicas del conflicto armado y que afectó a miles de personas y sus familias.
Los vacíos y debilidades en el análisis de violencia sexual en el caso 001 permiten valorar las limitaciones actuales de la JEP y sus instancias y órganos para investigar y analizar estos crímenes, tanto desde la recolección de información, como en la integración del enfoque de género a todas las actuaciones y procedimientos.
La apertura de un caso nacional de violencia sexual, reproductiva y la motivada en la sexualidad de las víctimas, es una oportunidad única para que la investigación y el análisis de la JEP se centren en estas violencias, en lugar de abordarlas como un asunto tangencial, secundario, como hechos aislados o conexos y que permita desarrollar las metodologías necesarias para investigar o contrastar la información disponible, y facilite la incorporación de herramientas diferenciales en los demás casos priorizados.
De la violencia reproductiva y de las personas LGBT no se hace ninguna mención.
En la calificación jurídica propia se afirma que la violencia sexual, como crimen de guerra, [s]e trata de hechos especialmente graves pero en sí mismos aislados y como crimen de lesa humanidad, no se repiten de manera consistente en las privaciones de la libertad, como sí sucede con los malos tratos, razón por la cual no es posible concluir la existencia de un patrón de violencia sexual
A pesar de estas aclaraciones, a 3 integrantes del secretariado se les pide reconocer su responsabilidad por mando por los crímenes cometidos de forma concurrente a las privaciones de la libertad, entre ellos la violencia sexual como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad




Extrañamiento y aislamiento.
Como mecanismo de castigo velado, los presos políticos están siendo trasladados a sitios de reclusión alejados por completo de sus lugares de origen.
De otra parte, el aislamiento se expresa en las limitaciones que se imponen a organizaciones de derechos humanos que les asisten, restringiendo el contacto con el exterior y la posibilidad de dar a conocer su situación en reclusión.
Violación del derecho de asociación e información Teniendo en cuenta la desarticulación de los patios de presos políticos, y la disgregación de ellos en pequeños grupos, se violenta el derecho de asociación en la medida que se desintegran los colectivos de presos políticos
La situación se agrava con las restricciones que se imponen al ingreso de prensa alternativa que les permite mantener o alimentar una postura crítica a la situación del país.
Revisión y transformación de la actual política criminal cimentada en la privación de la libertad y su prolongación como regla general La respuesta estatal a todo problema social pareciera ser la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de penas, situación que ha contribuido en la persistencia del hacinamiento.
Para tal efecto, solicitamos de manera concreta: La creación e instalación con rango legal de las mesas de trabajo en los diferentes centros de reclusión conformadas por: Representantes de la población privada de la libertad, delegados de órganos de control, delegados del Ministerio de Justicia, Delegados de los jueces de ejecución de penas, delegados de Organizaciones de derechos humanos.
Desmilitarización de las cárceles y penitenciarías
Las cárceles no pueden ser convertidas en escenarios de conflicto armado
Detención domiciliaria como alternativa a la privación intramural de la libertad Considerando que gran parte de las mujeres son madres cabeza de familia y que en ella sigue recayendo la responsabilidad de la crianza y manutención de sus hijos, resulta necesaria y proporcional la sustitución de la detención intramural por la detención domiciliaria
Teniendo en cuenta la obligación legal de clasificar debidamente la población reclusa de acuerdo con la naturaleza del delito, solicitamos la adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, principalmente la separación de los presos y detenidas políticas de los miembros de grupos paramilitares
Dado que la ubicación de la población reclusa se realiza sin consideración de sus lugares de origen y residencia de sus familias, es necesario exigir: Una reubicación que garantice la reintegración familiar y la efectividad del derecho a la visita.Un trato digno y mecanismos eficaces de control que impidan el abuso de poder de la guardia frente a los familiares, abogados y amigos que acudimos a los centros penitenciarios.La prohibición absoluta de requisas que impliquen el contacto físico con los visitantes, dado que el INPEC cuenta con los implementos electrónicos que garantiza la seguridad y permite la detección de elementos prohibidos.La celeridad 12 en el trámite de visitas conyugales entre personas privadas de la libertad y el traslado efectivo de la pareja al centro de reclusión donde se llevará a cabo la misma.Garantía de la plena igualdad en el uso y goce de la visita íntima de las mujeres y población LGBTI privadas de la libertad
Prevención, investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes contra la población reclusa y sus familias degradantes de Naciones Unidas.La prohibición del uso de celdas de aislamiento, como medida de castigo o medida de seguridad habida cuenta que ésta pueda garantizarse a través de otras medidas como la adecuada clasificación de la población reclusa.Se retiren las propuestas de reforma a la ley 65 que propenden por la militarización y tercerización del servicio de guardia penitenciaria, tras las cuales se prevé un aumento a las violaciones de los derechos humanos en las cárceles y la impunidad en las mismas
Garantizar a la población reclusa el principio universal que prevé a igual trabajo, igual salario y se implementen las medidas de seguridad industrial a fin de minimizar los riesgos en las distintas áreas de trabajo.Aumentar los descuentos previstos para la redención de penas
El abuso de la figura de la extradición, hace necesario exigir del gobierno nacional el replanteamiento de su política en esta materia, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad
En desarrollo de lo anterior, pedimos al Gobierno Nacional, que en desarrollo de su poder discrecional se abstenga de entregar en extradición a personas vinculadas con organizaciones guerrilleras






Por ahí hay mucho gallinazo suelto-, me frenó en seco.Y así lo hizo mi hermano, con mano y todo sobre la biblia
Era inevitable: a pesar de todo, yo seguía bailando en sus ojos.Nacida ya nuestra hija, interpuso una demanda que me obligaba a llevársela a la cárcel durante los días de visita
Mi esposo quedó tendido en un charco de sangre, exactamente un mes después de que el mismo hombre, a la misma hora, asesinara a mi hermano.Durante 20 años he guardado en silencio la imagen con el rostro del asesino y su anillo de oro, que brillaba mientras apretaba el gatillo
En bicicleta por la reconciliación Por john fredy taborda El sol bailoteaba con fuerza en lo alto del cielo, los techos de lata crujían golpeados por el calor, y el reloj que cuelga en un paredón de la desvencijada cocina, casi marcaba las tres de la tarde, hora del encuentro que hacen las mujeres de la ciudad madre bajo el palo de mango y en el que todos los martes a la misma hora se juntan para hablar de sus penas y ayudarse para sanarlas, como si se tratara de remendar las hilachas que ha dejado la guerra
La mayoría de los ranchos no tenían luz y cuando se iba entrando la noche todos se sentaban en el corredor a refrescar el calor y a conversar sobre las afugias del día.-No se vayan a entrar todavía- les dijo una noche Rosalba a sus hijos y a su marido que estaban muy entretenidos- voy donde mi mamá a llevarle un caldito porque anda enferma la vieja, no me demoro.Rosalba emprendió el camino empuñando la agarradera del portacomidas en el que llevaba un poco de caldo con algunas verduras y una linterna para alumbrar el camino y no tropezar
Y después de carcajadas y comentar que la vida le sonreía, su hermano se despidió sin sospechar que sería para siempre.Desde aquel día, Estela no lo vio nunca más, tampoco tuvo noticia alguna sobre su paradero
Al otro día, sin mediar palabra, emprendió la búsqueda de Guardián, enajenada del dolor y la rabia
Finalmente encontró a Guardián tirado en un rastrojo lejos de la casa: estaba muerto
Allí se acompañan en el dolor de la guerra, toman el algo, ríen, juegan dominó, hablan de la vida y de la necesidad de cuidar de sí
Un domingo, cuando la tía y yo estábamos en la sala viendo las noticias del medio día, se me entró un frío al cuerpo de repente:- ¡Tía!, ese señor que acaban de mostrar, ¿no se parece mucho a mi papá?Lo cierto es que en el momento dudé mucho que fuera él, ya habían pasado 12 años y casi no lo recordaba
Habían pasado tantos años que lo dábamos por muerto.
La doña agarró un papelito de su mesita de noche con el número de una prima en Bogotá y salimos a Telecom para hacer una llamada.
¡Qué berracos tan desconfiados en la Capital! Después de hablar hasta con el perro y el gato, logramos dar con el paradero de papá.Meses después nos enteramos de que una noche había aprovechado un aguaceral para volarse de esos hombres.
Durante años Estela le dio vueltas al mismo parloteo en la mente: ¿por qué él?, ¿quién?, como si aquella obsesión hiciera aparecer a su Viejito.
¿Qué le dirían si pudieran despedirse? – exhortó el asesor.Sin embargo, Estela solo pensaba para sus adentros que aquello era una reverenda bobada.
Afirma el documento CONPES 3411 que, con el propósito de asegurar que las intervenciones comprendidas en la Política se coordinen con las estrategias y planes de acción relacionadas a fin de prevenir solapamientos, duplicación de esfuerzos y promover mayores niveles de trabajo conjunto entre las entidades concernidas, la Política se articula con los siguientes planes, proyectos, políticas y normas del Estado colombiano
Eje problemático IV. Condiciones operativas específicas para la investigación y sanción Este eje se centra en las condiciones operativas que se hacen indispensables para el logro de los objetivos de la Justicia Penal y del Sistema de Control Disciplinario en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Como factores asociados a este eje se establecieron los siguientes: la programación de diligencias y actividades de Incumplimiento de sanción. Incumplimiento o cumplimiento inoportuno en la ejecución de las órdenes de captura en los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.
Adquisición de vehículos para el fortalecimiento de las remisiones judiciales realizadas por el INPEC.
Ejercer monitoreo y control permanente sobre las condiciones y eficacia de la ejecución de las medidas de aseguramiento y las penas impuestas a los presuntos responsables por violaciones a los DDHH e infracciones al DIH
El impulso a casos de homicidio en persona protegida se ha hecho posible a través del desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional. De esta forma se han alcanzado logros como la suscripción e implementación de un convenio de apoyo entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación, del 14 de junio de 2006, en el cual se señala la competencia exclusiva de los funcionarios del CTI para llevar a cabo las inspecciones en los lugares en los que ocurran bajas en desarrollo de operaciones militares. Por otra parte, la suscripción del Convenio 122 del 18 de enero de 2008, relacionado con la ampliación de planta de la Fiscalía, dio lugar a la conformación de una subunidad de apoyo con 20 fiscales a nivel nacional, para el impulso de las investigaciones que se adelanten por los homicidios presuntamente cometidos por Agentes del Estado.
Se generaron tres módulos de formación tendientes a fortalecer el cumplimiento de la misión de los operadores con competencias en la investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH se capacitó en estos módulos a 100 operadores pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Rama Judicial y la justicia Penal Militar
Se apoyó la movilización de comisiones de investigación comisiones especiales de impulso, comisiones de casos particulares y comisiones de consulta en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.
Por su parte, en la Procuraduría General se observan para los años 2006 y 2007 los niveles más altos de ingreso en la carrera, puesto que el plan de implementación de la carrera en dicha entidad se viene desarrollando de tiempo atrás. Sin embargo, este porcentaje decrece para el 2008, como consecuencia del ingreso de 33 nuevos funcionarios a las áreas misionales en cuestión durante dicho periodo de tiempo, los cuales no hacen parte de la carrera
Se encuentra asociado con el objetivo específico de Proveer esquemas de protección que favorezcan la actuación autónoma de los jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos e investigadores en los procesos de investigación y sanción en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.
De otra parte, la Justicia Penal Militar y la Defensoría del Pueblo han puesto en marcha un plan dirigido a los operadores militares para potenciar acciones que prevengan la comisión de homicidios en persona protegida. Este acercamiento ha permitido un acuerdo sobre intercambio de información entre las dos instituciones respecto a los hechos de esta naturaleza consumados.
Para contribuir a esta estrategia del Estado colombiano la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de dos Juzgados Penales Especializados de Descongestión para casos de delitos contra sindicalistas, y un Juzgado Único Penal del Circuito de Descongestión, con sede en la ciudad de Bogotá, para el conocimiento y juzgamiento exclusivo de los casos de violaciones a los DDHH de sindicalistas.

Adán Martínez y Ruth Chaparro, de la Fundación Caminos de Identidad, me proponen brindar apoyo artístico a las instituciones educativas del resguardo Huellas de Caloto.

El maestro Alejandro Badillo, ingeniero de sonido, quien tiene en su reconocida historia artística un premio Grammy, fue nuestro productor musical.

El trabajo previo, adelantado juiciosamente dos meses atrás, había consistido en un taller intensivo de elaboración de textos sobre poesía, cuento y relato, en el que se buscaba dar realce a las vivencias y experiencias.

En contra de los embates del odio y la violencia, el coro empina las tonalidades para proclamar que es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol.

Eso les pasa a los músicos famosos, no a nosotros, me contestaban algunos cuando les decía que habrían de acordarse de mí cuando sus temas sonaran en las emisoras.

La presentación fue en el Teatro Municipal de Caloto, en compañía de otra agrupación que se llama A’LUXC Hijos de la Estrella creada a raíz de una experiencia artísticos en Toribío, Cauca; la gente bajó de sus veredas, había una gran expectativa, de pronto nos vimos frente a unas seiscientas personas.

A los pocos meses de ese mismo 2014, ya teníamos planes para realizar dos presentaciones, la primera en el Centro Nacional de Memoria Histórica, ubicado en la zona céntrica de Bogotá.

En ciertos puntos hicimos paradas en las que los chicos de la Orquesta leyeron fragmentos de sucesos dolorosos ocurridos en el territorio.

Cuando se estaban firmando los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC, Derly y uno de sus compañeros viajaron a la Habana para hablar sobre los riesgos en que se encuentra la infancia en medio del conflicto armado, también asistieron a sesiones del Congreso de la República en nombre del pueblo Nasa, entregaron más de trescientas cartas escritas por niños, niñas y jóvenes del Cauca, en las que reclamaban un espacio representativo en los diálogos de paz.

Intentamos incentivarlos a que estudien, que ojalá entren a la universidad y que donde se encuentren compartan el conocimiento Nasa.

Allí mismo, la noche del 16 de agosto de 2012, escucharon el sonido de una moto e inmediatamente una granada entró por la ventana de la casa, no pudieron levantarse con facilidad porque al hacerlo se enredaron con el toldillo.

Ella estuvo fugazmente en algunos proyectos pedagógicos que hicimos en Caloto, tenía once años y una energía increíble, se destacaba por el inconfundible ingenio de sus ideas.

El principal problema es, de acuerdo con la profesora Jiménez, la desfinanciación de la paz en la región, pues El Plan nacional de desarrollo del presidente Duque no propone un capítulo específico para la implementación del Acuerdo de paz en los términos establecidos por el Plan marco de implementación, y en el plan plurianual de inversiones tampoco se definen con precisión los recursos para financiar la paz.

Esta estrategia de militarización, a la par del desdibujamiento de los Programas de desarrollo con enfoque territorial, muy probablemente aumentará los riesgos de confrontación militar con otros actores armados que hacen presencia en la región, con las consecuencias que ello tiene.

Esto genera un riesgo muy alto, primero para hacer el seguimiento efectivo de los recursos de implementación del Acuerdo de paz, y segundo, para que la gente que participó en este escenario pueda ver si la propuesta que hizo se está desarrollando o no.

Desde la instalación de las zonas futuro doscientos siete líderes sociales han sido asesinados en esas zonas, de los cuales treinta y seis de ellos, es decir de los líderes sociales asesinados allí lo fueron en la zona del Catatumbo seis de ellos en lo corrido del año, cuatro en la región de Tibú

El departamento de Norte de Santander solo cuenta con ciento veinte ambulancias básicas, de las cuales solo veinticinco están municipalizadas, y hay ciento seis centros de salud del nivel uno, cuatro del dos y una institución del tercer nivel.

En suma, el Catatumbo es una de las regiones más vulnerables, habiendo municipios como Acarí, en donde el de sus necesidades básicas insatisfechas lo hacen uno de los más pobres, pero si nos trasladamos al municipio de El Tarra, cuenta con de necesidades básicas insatisfechas

Las organizaciones sociales tienen como principios la integración, la vida y el territorio, permitiéndoles una gran capacidad organizativa que va más allá del exterminio, logrando mantener un tejido comunitario en el que es importante destacar el trabajo de la organizaciones campesinas e indígenas.

El Catatumbo se caracteriza por una historia de lucha y de resistencia que viene desde hace muchas décadas, y la región se ubica como la base de la resistencia del movimiento comunal, que ha constituido una base muy importante para dar respuesta a las necesidades básicas y cotidianas de la comunidad.

La estrategia de resistencia comunitaria ha sido hablar con sus comités veredales, activar las juntas de acción comunal y la guardia campesina como mecanismos, primero de protección y segundo para el respaldo a los líderes y lideresas, frente al trabajo que se vienen desarrollando en el territorio, que es muy importante, así como la protección de la vida.

Los servicios de salud en el Catatumbo obedecen a la lógica mercantilista de la ley 100, lo cual hace que la región, al igual que departamentos como el Chocó y La Guajira, sean un mercado poco atractivo para las EPS, que prefieren atender los grandes mercados urbanos.

La población se encuentra atemorizada por la covid-19, pero también tiene miedo de quedarse sin comida y de tener que hacer frente, además, a la insistencia del gobierno en continuar con las erradicaciones forzosas.

Con mucha frecuencia se pide a las víctimas que cuenten su historia, que concedan entrevistas, que entreguen información, pero muy pocas veces existe la posibilidad de que estas personas gocen de acompañamiento psicológico, que incluso el gobierno les ha negado.3.Se requiere la cooperación de la academia para documentar en memorias escritas no solo el conflicto, sino también los planes y las propuestas que vienen presentando organizaciones de la región como Ascamacat, Cisca, MCP, el pueblo barí, entre otras.

Es imperioso que la academia reconozca al campesinado como un sujeto de derechos y contribuya al reconocimiento de este sector social por parte de la institucionalidad y a su inclusión en los escenarios de la vida social y política del país.

Se necesita desarrollar acciones de acompañamiento, divulgación y defensa jurídica sobre los hechos que permanecen impunes en relación con la actuación criminal de determinadas empresas privadas y sectores de la fuerza pública contra quienes se han opuesto a la erradicación forzada.

La identidad y el reconocimiento político del campesinado es fundamental, y la academia puede aportar mucho en ese sentido, mediante campañas en contra de la estigmatización del campesinado que cultiva coca o está en zonas del conflicto armado.

En el caso de la violencia sexual, reproductiva y por prejuicio no se dio lugar la investigación a fondo como en estos casos.

La violencia sexual se presenta como uno de los malos tratos, sin profundizar su reiteración, las características de esta violencia ni su funcionalidad dentro del patrón de privación de la libertad

El lenguaje usado por la magistratura es naturalizador de la violencia sexual, pues en varias menciones minimizó la gravedad de lo sucedido.

Es decir, la JEP aún duda sobre temáticas que han sido abordadas con suficiencia por parte de instancias como la Corte Constitucional que reconoce que la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano Auto 092/08

Esto, debió ser analizado la magistratura, proviene en parte de la convicción cultural de que lo normal es que una mujer sea sometida a acoso, maltrato y violencia sexual.

La metodología de la JEP no indagó en los motivos discriminatorios que precedieron el secuestro, ni en otras conductas que podrían haberse enmarcado en este crimen porque socioculturalmente son aceptadas y son vistas como oportunidades para reformar a las personas LGBT, como los trabajos agrícolas forzados y aislados.

También se debe ahondar en los tipos de violencia sexual y violencias basadas en género que se perpetraron, identificando los hechos de violación, pero también los hechos de violencia por prejuicio y violencia reproductiva, a partir de la identificación amplia de conductas, utilizando las categorías jurídicas existentes en la calificación jurídica propia a partir de las normas y jurisprudencia nacionales Ley 1719 y Autos 092/08 e internacionales Estatuto de Roma en el tema.

Nos genera preocupación las afirmaciones de la JEP según las cuales los casos de violencia sexual en el caso 001 fueron hechos aislados.

Tanto en la calificación de los crímenes de guerra como de lesa humanidad, el análisis de la violencia sexual fue mínimo a pesar de haber vinculado a estas definiciones del derecho penal internacional

El Auto 019 de 2021 muestra la labor que adelanta la JEP para cumplir sus objetivos es un recorrido con perspectiva judicial de un fenómeno que marcó las dinámicas del conflicto armado y que afectó a miles de personas y sus familias.

Los vacíos y debilidades en el análisis de violencia sexual en el caso 001 permiten valorar las limitaciones actuales de la JEP y sus instancias y órganos para investigar y analizar estos crímenes, tanto desde la recolección de información, como en la integración del enfoque de género a todas las actuaciones y procedimientos.

La apertura de un caso nacional de violencia sexual, reproductiva y la motivada en la sexualidad de las víctimas, es una oportunidad única para que la investigación y el análisis de la JEP se centren en estas violencias, en lugar de abordarlas como un asunto tangencial, secundario, como hechos aislados o conexos y que permita desarrollar las metodologías necesarias para investigar o contrastar la información disponible, y facilite la incorporación de herramientas diferenciales en los demás casos priorizados.

De la violencia reproductiva y de las personas LGBT no se hace ninguna mención.

En la calificación jurídica propia se afirma que la violencia sexual, como crimen de guerra, [s]e trata de hechos especialmente graves pero en sí mismos aislados y como crimen de lesa humanidad, no se repiten de manera consistente en las privaciones de la libertad, como sí sucede con los malos tratos, razón por la cual no es posible concluir la existencia de un patrón de violencia sexual

A pesar de estas aclaraciones, a 3 integrantes del secretariado se les pide reconocer su responsabilidad por mando por los crímenes cometidos de forma concurrente a las privaciones de la libertad, entre ellos la violencia sexual como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad

Extrañamiento y aislamiento.

Como mecanismo de castigo velado, los presos políticos están siendo trasladados a sitios de reclusión alejados por completo de sus lugares de origen.

De otra parte, el aislamiento se expresa en las limitaciones que se imponen a organizaciones de derechos humanos que les asisten, restringiendo el contacto con el exterior y la posibilidad de dar a conocer su situación en reclusión.

Violación del derecho de asociación e información Teniendo en cuenta la desarticulación de los patios de presos políticos, y la disgregación de ellos en pequeños grupos, se violenta el derecho de asociación en la medida que se desintegran los colectivos de presos políticos

La situación se agrava con las restricciones que se imponen al ingreso de prensa alternativa que les permite mantener o alimentar una postura crítica a la situación del país.

Revisión y transformación de la actual política criminal cimentada en la privación de la libertad y su prolongación como regla general La respuesta estatal a todo problema social pareciera ser la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de penas, situación que ha contribuido en la persistencia del hacinamiento.

Para tal efecto, solicitamos de manera concreta: La creación e instalación con rango legal de las mesas de trabajo en los diferentes centros de reclusión conformadas por: Representantes de la población privada de la libertad, delegados de órganos de control, delegados del Ministerio de Justicia, Delegados de los jueces de ejecución de penas, delegados de Organizaciones de derechos humanos.

Desmilitarización de las cárceles y penitenciarías

Las cárceles no pueden ser convertidas en escenarios de conflicto armado

Detención domiciliaria como alternativa a la privación intramural de la libertad Considerando que gran parte de las mujeres son madres cabeza de familia y que en ella sigue recayendo la responsabilidad de la crianza y manutención de sus hijos, resulta necesaria y proporcional la sustitución de la detención intramural por la detención domiciliaria

Teniendo en cuenta la obligación legal de clasificar debidamente la población reclusa de acuerdo con la naturaleza del delito, solicitamos la adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, principalmente la separación de los presos y detenidas políticas de los miembros de grupos paramilitares

Dado que la ubicación de la población reclusa se realiza sin consideración de sus lugares de origen y residencia de sus familias, es necesario exigir: Una reubicación que garantice la reintegración familiar y la efectividad del derecho a la visita.Un trato digno y mecanismos eficaces de control que impidan el abuso de poder de la guardia frente a los familiares, abogados y amigos que acudimos a los centros penitenciarios.La prohibición absoluta de requisas que impliquen el contacto físico con los visitantes, dado que el INPEC cuenta con los implementos electrónicos que garantiza la seguridad y permite la detección de elementos prohibidos.La celeridad 12 en el trámite de visitas conyugales entre personas privadas de la libertad y el traslado efectivo de la pareja al centro de reclusión donde se llevará a cabo la misma.Garantía de la plena igualdad en el uso y goce de la visita íntima de las mujeres y población LGBTI privadas de la libertad

Prevención, investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes contra la población reclusa y sus familias degradantes de Naciones Unidas.La prohibición del uso de celdas de aislamiento, como medida de castigo o medida de seguridad habida cuenta que ésta pueda garantizarse a través de otras medidas como la adecuada clasificación de la población reclusa.Se retiren las propuestas de reforma a la ley 65 que propenden por la militarización y tercerización del servicio de guardia penitenciaria, tras las cuales se prevé un aumento a las violaciones de los derechos humanos en las cárceles y la impunidad en las mismas

Garantizar a la población reclusa el principio universal que prevé a igual trabajo, igual salario y se implementen las medidas de seguridad industrial a fin de minimizar los riesgos en las distintas áreas de trabajo.Aumentar los descuentos previstos para la redención de penas

El abuso de la figura de la extradición, hace necesario exigir del gobierno nacional el replanteamiento de su política en esta materia, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad

En desarrollo de lo anterior, pedimos al Gobierno Nacional, que en desarrollo de su poder discrecional se abstenga de entregar en extradición a personas vinculadas con organizaciones guerrilleras

Por ahí hay mucho gallinazo suelto-, me frenó en seco.Y así lo hizo mi hermano, con mano y todo sobre la biblia

Era inevitable: a pesar de todo, yo seguía bailando en sus ojos.Nacida ya nuestra hija, interpuso una demanda que me obligaba a llevársela a la cárcel durante los días de visita

Mi esposo quedó tendido en un charco de sangre, exactamente un mes después de que el mismo hombre, a la misma hora, asesinara a mi hermano.Durante 20 años he guardado en silencio la imagen con el rostro del asesino y su anillo de oro, que brillaba mientras apretaba el gatillo

En bicicleta por la reconciliación Por john fredy taborda El sol bailoteaba con fuerza en lo alto del cielo, los techos de lata crujían golpeados por el calor, y el reloj que cuelga en un paredón de la desvencijada cocina, casi marcaba las tres de la tarde, hora del encuentro que hacen las mujeres de la ciudad madre bajo el palo de mango y en el que todos los martes a la misma hora se juntan para hablar de sus penas y ayudarse para sanarlas, como si se tratara de remendar las hilachas que ha dejado la guerra

La mayoría de los ranchos no tenían luz y cuando se iba entrando la noche todos se sentaban en el corredor a refrescar el calor y a conversar sobre las afugias del día.-No se vayan a entrar todavía- les dijo una noche Rosalba a sus hijos y a su marido que estaban muy entretenidos- voy donde mi mamá a llevarle un caldito porque anda enferma la vieja, no me demoro.Rosalba emprendió el camino empuñando la agarradera del portacomidas en el que llevaba un poco de caldo con algunas verduras y una linterna para alumbrar el camino y no tropezar

Y después de carcajadas y comentar que la vida le sonreía, su hermano se despidió sin sospechar que sería para siempre.Desde aquel día, Estela no lo vio nunca más, tampoco tuvo noticia alguna sobre su paradero

Al otro día, sin mediar palabra, emprendió la búsqueda de Guardián, enajenada del dolor y la rabia

Finalmente encontró a Guardián tirado en un rastrojo lejos de la casa: estaba muerto

Allí se acompañan en el dolor de la guerra, toman el algo, ríen, juegan dominó, hablan de la vida y de la necesidad de cuidar de sí

Un domingo, cuando la tía y yo estábamos en la sala viendo las noticias del medio día, se me entró un frío al cuerpo de repente:- ¡Tía!, ese señor que acaban de mostrar, ¿no se parece mucho a mi papá?Lo cierto es que en el momento dudé mucho que fuera él, ya habían pasado 12 años y casi no lo recordaba

Habían pasado tantos años que lo dábamos por muerto.

La doña agarró un papelito de su mesita de noche con el número de una prima en Bogotá y salimos a Telecom para hacer una llamada.

¡Qué berracos tan desconfiados en la Capital! Después de hablar hasta con el perro y el gato, logramos dar con el paradero de papá.Meses después nos enteramos de que una noche había aprovechado un aguaceral para volarse de esos hombres.

Durante años Estela le dio vueltas al mismo parloteo en la mente: ¿por qué él?, ¿quién?, como si aquella obsesión hiciera aparecer a su Viejito.

¿Qué le dirían si pudieran despedirse? – exhortó el asesor.Sin embargo, Estela solo pensaba para sus adentros que aquello era una reverenda bobada.

Afirma el documento CONPES 3411 que, con el propósito de asegurar que las intervenciones comprendidas en la Política se coordinen con las estrategias y planes de acción relacionadas a fin de prevenir solapamientos, duplicación de esfuerzos y promover mayores niveles de trabajo conjunto entre las entidades concernidas, la Política se articula con los siguientes planes, proyectos, políticas y normas del Estado colombiano

Eje problemático IV. Condiciones operativas específicas para la investigación y sanción Este eje se centra en las condiciones operativas que se hacen indispensables para el logro de los objetivos de la Justicia Penal y del Sistema de Control Disciplinario en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Como factores asociados a este eje se establecieron los siguientes: la programación de diligencias y actividades de Incumplimiento de sanción. Incumplimiento o cumplimiento inoportuno en la ejecución de las órdenes de captura en los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

Adquisición de vehículos para el fortalecimiento de las remisiones judiciales realizadas por el INPEC.

Ejercer monitoreo y control permanente sobre las condiciones y eficacia de la ejecución de las medidas de aseguramiento y las penas impuestas a los presuntos responsables por violaciones a los DDHH e infracciones al DIH

El impulso a casos de homicidio en persona protegida se ha hecho posible a través del desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional. De esta forma se han alcanzado logros como la suscripción e implementación de un convenio de apoyo entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación, del 14 de junio de 2006, en el cual se señala la competencia exclusiva de los funcionarios del CTI para llevar a cabo las inspecciones en los lugares en los que ocurran bajas en desarrollo de operaciones militares. Por otra parte, la suscripción del Convenio 122 del 18 de enero de 2008, relacionado con la ampliación de planta de la Fiscalía, dio lugar a la conformación de una subunidad de apoyo con 20 fiscales a nivel nacional, para el impulso de las investigaciones que se adelanten por los homicidios presuntamente cometidos por Agentes del Estado.

Se generaron tres módulos de formación tendientes a fortalecer el cumplimiento de la misión de los operadores con competencias en la investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH se capacitó en estos módulos a 100 operadores pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Rama Judicial y la justicia Penal Militar

Se apoyó la movilización de comisiones de investigación comisiones especiales de impulso, comisiones de casos particulares y comisiones de consulta en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

Por su parte, en la Procuraduría General se observan para los años 2006 y 2007 los niveles más altos de ingreso en la carrera, puesto que el plan de implementación de la carrera en dicha entidad se viene desarrollando de tiempo atrás. Sin embargo, este porcentaje decrece para el 2008, como consecuencia del ingreso de 33 nuevos funcionarios a las áreas misionales en cuestión durante dicho periodo de tiempo, los cuales no hacen parte de la carrera

Se encuentra asociado con el objetivo específico de Proveer esquemas de protección que favorezcan la actuación autónoma de los jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos e investigadores en los procesos de investigación y sanción en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

De otra parte, la Justicia Penal Militar y la Defensoría del Pueblo han puesto en marcha un plan dirigido a los operadores militares para potenciar acciones que prevengan la comisión de homicidios en persona protegida. Este acercamiento ha permitido un acuerdo sobre intercambio de información entre las dos instituciones respecto a los hechos de esta naturaleza consumados.

Para contribuir a esta estrategia del Estado colombiano la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de dos Juzgados Penales Especializados de Descongestión para casos de delitos contra sindicalistas, y un Juzgado Único Penal del Circuito de Descongestión, con sede en la ciudad de Bogotá, para el conocimiento y juzgamiento exclusivo de los casos de violaciones a los DDHH de sindicalistas.