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Vista la solicitud de la agrupación solicitante en relación a la inscripción en el registro comunitario de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Jamón Serrano», de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas, y teniendo en cuenta los siguientes, Hechos Primero. Con fecha 30 de abril de 2015, y número de registro 200800033667, tuvo entrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dicha solicitud. Segundo. Con fecha 11 de diciembre de 2015 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el anuncio de Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la IGP «Jamón Serrano», para que en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación, cualquier persona física o jurídica establecida o que residiera legalmente en España cuyos legítimos derechos o intereses considerase afectados, pudiera presentar declaración de oposición, debidamente motivada, dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Tercero. El Consejo Regulador de la IGP «Jamón de Trevélez», presentó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con fecha 11 de febrero de 2016 y número de registro de entrada 20160010008160, una declaración de oposición al registro de la IGP «Jamón Serrano». Dicho oponente fundamenta su oposición en la causa prevista en el artículo 11.a) del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en relación con el incumplimiento de las condiciones que deben reunir las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) e IGP para ser consideradas como tales. La citada entidad alega, en primer lugar, que la amplitud del ámbito geográfico establecido y la diversidad climatológica asociada a éste, conlleva que dicho ámbito geográfico no aporte ninguna especificidad que pueda ser trasladada a unas características diferenciales en el producto. En segundo lugar, alega que el pliego afecta a la imagen y credibilidad de la figura de las IGPs que tienen que demostrar un estrecho vínculo entre unas determinadas especificidades del ámbito geográfico que proporcionan unas características diferenciadas en el producto. Recalca que estos perjuicios se acentúan para la IGP que amparan productos similares. En tercer lugar, alega que dado el proceso de elaboración que se establece, controlado artificialmente, no hay justificación a la exclusión de determinadas zonas y tipos climatológicos englobados en el ámbito geográfico descrito. Cuarto. En cumplimiento del artículo 12 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el anterior, se remitió dicha oposición a las Comunidades Autónomas territorialmente afectadas para que emitieran el informe preceptivo. Quinto. Se han recibido informes de las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha favorables a la continuación del expediente. Sexto. Con fecha 26 de febrero de 2016, la agrupación solicitante del registro de la IGP «Jamón Serrano» remitió informe en apoyo de la solicitud propuesta, invocando, en síntesis, que el pliego de condiciones justifica minuciosamente las circunstancias diferenciales de la climatología de la península Ibérica, quedando el ámbito geográfico perfectamente delimitado mediante una clasificación climática, y que las características climáticas influyen en las propiedades organolépticas del jamón serrano. Por otra parte, declaran que debido a la necesidad de determinadas condiciones climáticas determinadas zonas geográficas, por su climatología excesivamente fría o calurosa no son adecuadas para la elaboración del jamón serrano y deben ser excluidas. Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, con fecha 5 de julio de 2016, se consultó a la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada y se decidió por unanimidad rechazar la oposición y continuar con la tramitación del expediente de solicitud de registro. Fundamentos de Derecho I. La Dirección General de la Industria Alimentaria es competente para la resolución de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.1 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en relación con el artículo 11.1.f) del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. II. Del examen de la documentación aportada por la solicitante se comprueba el cumplimiento de lo exigido en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre. III. Debe rechazarse la oposición presentada por el Consejo Regulador de la IGP «Jamón de Trevélez», puesto que no cumple lo establecido en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en su artículo 11, relativo a las causas de oposición ya que no ha demostrado el incumplimiento de las condiciones que deben reunir las DOPs y las IGPs para ser consideradas como tales, de acuerdo con los requisitos para tales figuras de calidad establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, sino que se limita a manifestar su incumplimiento. Por otra parte, respecto a la alegación expuesta por la oponente de que «este pliego afecta a la imagen y credibilidad de la figura de las IGPs que tienen que demostrar un estrecho vínculo entre unas determinadas especificidades del ámbito geográfico que proporcionan unas características diferenciadas a un producto», cabe decir que según los requisitos establecidos en el artículo 5.2, letra b) del Reglamento (UE) 1151/2012, una indicación geográfica debe «poseer una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico». Por tanto, el vínculo puedo estar asociado a la reputación y no es necesario demostrar unas características específicas en el producto que deriven del ámbito geográfico. IV. En la tramitación de la solicitud se ha seguido el procedimiento establecido. Por todo lo expuesto, vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre; el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo; el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, y demás normativa de general y concreta de aplicación, Resuelvo estimar la solicitud y adoptar decisión favorable al registro de la IGP «Jamón Serrano», sin perjuicio de la decisión definitiva que adopte la Comisión, de conformidad con el artículo 49 apartados 3 y 4 del Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012. La dirección de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde se encuentran publicados el pliego de condiciones y el documento único de la IGP «Jamón Serrano» es la siguiente: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/pliegodecondicionesigpversion16102015_tcm7-403687.pdf Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, de conformidad con lo prevenido en el artículo 114 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 14 de julio de 2016.–El Director General de la Industria Alimentaria, Fernando José Burgaz Moreno.

“jamón serrano”, en genérico, pasa a ser una denominación geográfica protegida.

Vista la solicitud de la agrupación solicitante en relación a la inscripción en el registro comunitario de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Jamón Serrano», de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas, y teniendo en cuenta los siguientes, Hechos Primero. Con fecha 30 de abril de 2015, y número de registro 200800033667, tuvo entrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dicha solicitud. Segundo. Con fecha 11 de diciembre de 2015 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el anuncio de Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la IGP «Jamón Serrano», para que en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación, cualquier persona física o jurídica establecida o que residiera legalmente en España cuyos legítimos derechos o intereses considerase afectados, pudiera presentar declaración de oposición, debidamente motivada, dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Tercero. El Consejo Regulador de la IGP «Jamón de Trevélez», presentó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con fecha 11 de febrero de 2016 y número de registro de entrada 20160010008160, una declaración de oposición al registro de la IGP «Jamón Serrano». Dicho oponente fundamenta su oposición en la causa prevista en el artículo 11.a) del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en relación con el incumplimiento de las condiciones que deben reunir las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) e IGP para ser consideradas como tales. La citada entidad alega, en primer lugar, que la amplitud del ámbito geográfico establecido y la diversidad climatológica asociada a éste, conlleva que dicho ámbito geográfico no aporte ninguna especificidad que pueda ser trasladada a unas características diferenciales en el producto. En segundo lugar, alega que el pliego afecta a la imagen y credibilidad de la figura de las IGPs que tienen que demostrar un estrecho vínculo entre unas determinadas especificidades del ámbito geográfico que proporcionan unas características diferenciadas en el producto. Recalca que estos perjuicios se acentúan para la IGP que amparan productos similares. En tercer lugar, alega que dado el proceso de elaboración que se establece, controlado artificialmente, no hay justificación a la exclusión de determinadas zonas y tipos climatológicos englobados en el ámbito geográfico descrito. Cuarto. En cumplimiento del artículo 12 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el anterior, se remitió dicha oposición a las Comunidades Autónomas territorialmente afectadas para que emitieran el informe preceptivo. Quinto. Se han recibido informes de las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha favorables a la continuación del expediente. Sexto. Con fecha 26 de febrero de 2016, la agrupación solicitante del registro de la IGP «Jamón Serrano» remitió informe en apoyo de la solicitud propuesta, invocando, en síntesis, que el pliego de condiciones justifica minuciosamente las circunstancias diferenciales de la climatología de la península Ibérica, quedando el ámbito geográfico perfectamente delimitado mediante una clasificación climática, y que las características climáticas influyen en las propiedades organolépticas del jamón serrano. Por otra parte, declaran que debido a la necesidad de determinadas condiciones climáticas determinadas zonas geográficas, por su climatología excesivamente fría o calurosa no son adecuadas para la elaboración del jamón serrano y deben ser excluidas. Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, con fecha 5 de julio de 2016, se consultó a la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada y se decidió por unanimidad rechazar la oposición y continuar con la tramitación del expediente de solicitud de registro. Fundamentos de Derecho I. La Dirección General de la Industria Alimentaria es competente para la resolución de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.1 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en relación con el artículo 11.1.f) del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. II. Del examen de la documentación aportada por la solicitante se comprueba el cumplimiento de lo exigido en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre. III. Debe rechazarse la oposición presentada por el Consejo Regulador de la IGP «Jamón de Trevélez», puesto que no cumple lo establecido en el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, en su artículo 11, relativo a las causas de oposición ya que no ha demostrado el incumplimiento de las condiciones que deben reunir las DOPs y las IGPs para ser consideradas como tales, de acuerdo con los requisitos para tales figuras de calidad establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, sino que se limita a manifestar su incumplimiento. Por otra parte, respecto a la alegación expuesta por la oponente de que «este pliego afecta a la imagen y credibilidad de la figura de las IGPs que tienen que demostrar un estrecho vínculo entre unas determinadas especificidades del ámbito geográfico que proporcionan unas características di ### RESUMEN: “jamón serrano”, en genérico, pasa a ser una denominación geográfica protegida.

Edicto Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 22 de abril de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A167/13 (dimanante de las Actuaciones Previas n.º 221/11 correspondientes al procedimiento de reintegro por alcance n.º B24/14 el cual ha sido acumulado al procedimiento de reintegro por alcance n.º A167/13) del ramo de Comunidades Autónomas (Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos de la Hacienda del País Vasco por importe de 444.344,81 euros, como consecuencia del destino dado a los fondos de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Vizcaya durante su proceso de liquidación, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 22 de abril de 2014.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez.

El Tribunal de Cuentas busca más de 400.000 euros perdidos en liquidación en la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Vizcaya

Edicto Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 22 de abril de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A167/13 (dimanante de las Actuaciones Previas n.º 221/11 correspondientes al procedimiento de reintegro por alcance n.º B24/14 el cual ha sido acumulado al procedimiento de reintegro por alcance n.º A167/13) del ramo de Comunidades Autónomas (Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos de la Hacienda del País Vasco por importe de 444.344,81 euros, como consecuencia del destino dado a los fondos de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Vizcaya durante su proceso de liquidación, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 22 de abril de 2014.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas busca más de 400.000 euros perdidos en liquidación en la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Vizcaya

Se informa que a las 10,00 horas del próximo día 20 de mayo de 2013, se realizará en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, sita en calle Alicante, n.º 7-9, de Las Palmas de Gran Canaria, una subasta de armas en la modalidad de sobre cerrado. La subasta se desarrollará de acuerdo a la normativa fijada por la Circular 1/2012 de la Dirección General de la Guardia Civil. La referida subasta consta de 304 lotes (43 pistolas,17 revólveres,5 rifles,13 carabinas,221 escopetas,2 armas de avancarga y 3 ballestas). Las armas serán expuestas al público en dependencias de esta Comandancia, los días 13 al 17 de mayo, en horario de 09,00 a 13,00 horas. Los precios de salida de los lotes y la hoja de condiciones para participar serán facilitados en el lugar de exposición. Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para la tenencia o comercio de las armas a subastar. Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 2013.- El Coronel Jefe Comandancia, Ricardo Arranz Vicario.

Subasta de armas de la Guardia Civil en Las Palmas.

Se informa que a las 10,00 horas del próximo día 20 de mayo de 2013, se realizará en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, sita en calle Alicante, n.º 7-9, de Las Palmas de Gran Canaria, una subasta de armas en la modalidad de sobre cerrado. La subasta se desarrollará de acuerdo a la normativa fijada por la Circular 1/2012 de la Dirección General de la Guardia Civil. La referida subasta consta de 304 lotes (43 pistolas,17 revólveres,5 rifles,13 carabinas,221 escopetas,2 armas de avancarga y 3 ballestas). Las armas serán expuestas al público en dependencias de esta Comandancia, los días 13 al 17 de mayo, en horario de 09,00 a 13,00 horas. Los precios de salida de los lotes y la hoja de condiciones para participar serán facilitados en el lugar de exposición. Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para la tenencia o comercio de las armas a subastar. Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 2013.- El Coronel Jefe Comandancia, Ricardo Arranz Vicario. ### RESUMEN: Subasta de armas de la Guardia Civil en Las Palmas.

Con fecha 27 de noviembre de 2017 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-1/2017, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 4 de enero de 2017 a, entre otros, ING BANK, N.V. Sucursal en España. Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito establece que las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. Siendo firme en vía administrativa procede, al amparo de lo establecido en el referido artículo, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de la siguiente sanción, impuesta en dicha Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España mediante la que se acordó imponer a ING Bank, N.V., Sucursal en España una sanción de multa por importe de cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 euros), prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito –habiéndose aplicado las reducciones legalmente establecidas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas–, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.j) de la citada Ley 26/1988. Madrid, 4 de enero de 2018.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez.

Multa del Banco de España a ING de 450.000 euros por incumplimiento veracidad a clientes o socios o solicitar información de riesgos fuera de lo reglado.

Con fecha 27 de noviembre de 2017 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-1/2017, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 4 de enero de 2017 a, entre otros, ING BANK, N.V. Sucursal en España. Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito establece que las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. Siendo firme en vía administrativa procede, al amparo de lo establecido en el referido artículo, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de la siguiente sanción, impuesta en dicha Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España mediante la que se acordó imponer a ING Bank, N.V., Sucursal en España una sanción de multa por importe de cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 euros), prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito –habiéndose aplicado las reducciones legalmente establecidas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas–, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.j) de la citada Ley 26/1988. Madrid, 4 de enero de 2018.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez. ### RESUMEN: Multa del Banco de España a ING de 450.000 euros por incumplimiento veracidad a clientes o socios o solicitar información de riesgos fuera de lo reglado.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 29 de septiembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 5376-2014, promovido por el Gobierno Vasco contra los siguientes apartados del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): Cinco, que añade un artículo 6 bis a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); quince, que modifica el artículo 24 LOE; dieciséis, que modifica el artículo 25 LOE; veinte, que modifica el artículo 29 LOE; veintidós, que modifica el artículo 31 LOE; veintitrés, que modifica el artículo 32 LOE; veintinueve, que introduce un nuevo artículo 36 bis a la LOE; treinta y cuatro, que modifica el artículo 41 LOE; treinta y ocho, que modifica el artículo 44 LOE, y ochenta y nueve, que modifica el artículo 144 LOE; y el apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE). Madrid, 29 de septiembre de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno vasco contra la LOMCE

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 29 de septiembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 5376-2014, promovido por el Gobierno Vasco contra los siguientes apartados del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): Cinco, que añade un artículo 6 bis a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); quince, que modifica el artículo 24 LOE; dieciséis, que modifica el artículo 25 LOE; veinte, que modifica el artículo 29 LOE; veintidós, que modifica el artículo 31 LOE; veintitrés, que modifica el artículo 32 LOE; veintinueve, que introduce un nuevo artículo 36 bis a la LOE; treinta y cuatro, que modifica el artículo 41 LOE; treinta y ocho, que modifica el artículo 44 LOE, y ochenta y nueve, que modifica el artículo 144 LOE; y el apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE). Madrid, 29 de septiembre de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno vasco contra la LOMCE

Visto el texto del Convenio colectivo de la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona –La Caixa– (código de convenio n.º 90007332011992) que fue suscrito con fecha 12 de febrero de 2014 de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y de otra por la sección sindical de empresa de la coalición CC.OO.-UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 25 de febrero de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. 8.º CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA NEGOCIADO ENTRE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA Y LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS FUNDACIÓN «LA CAIXA» CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito funcional. El presente Convenio Colectivo será de aplicación en la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (en adelante Fundación «la Caixa»). Artículo 2. Ámbito territorial. El presente Convenio Colectivo será de aplicación en todos los centros de trabajo incluidos en su ámbito funcional, que se encuentren situados en el territorio del Estado Español. Artículo 3. Ámbito personal. El ámbito del presente Convenio Colectivo comprende a todas las personas que tienen la calidad de trabajadores/as por cuenta de la Fundación «la Caixa», incluidos los trabajadores en situación de expatriación a otro país distinto del Estado Español. Artículo 4. Vigencia. El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Artículo 5. Duración. El presente Convenio Colectivo tendrá una duración de 2 años, por lo cual sus efectos se extinguirán el 31 de diciembre de 2015. Artículo 6. Denuncia. La denuncia para la revisión del Convenio Colectivo se efectuará por escrito y dentro del plazo de tres meses antes de la fecha de su vencimiento inicial o del de cualquiera de sus prórrogas. Podrá efectuar la denuncia cualquiera de las representaciones firmantes del Convenio Colectivo, debiendo comunicarlo a la otra representación y a la Autoridad Laboral. Artículo 7. Prórroga. El Convenio Colectivo quedará automáticamente prorrogado al finalizar su vigencia y en los mismos términos, por períodos sucesivos de un año cada uno de ellos, si ninguna de las representaciones no procede a su denuncia de conformidad con lo que se establece en el artículo 6. Las tablas salariales se revisarán cada año de acuerdo con lo negociado en el presente convenio colectivo. Artículo 8. Comisión Negociadora. La Comisión Negociadora del nuevo Convenio Colectivo se constituirá formalmente en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha en que se denuncie el Convenio. Artículo 9. Prelación de normas. Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo regularán las relaciones entre la Fundación «la Caixa» y sus trabajadores/as con carácter preferente. Con carácter supletorio y en todo lo no previsto, se aplicarán las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores y la normativa general complementaria. Artículo 10. Absorción y compensación. El conjunto de los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo sustituye, íntegramente, las condiciones, tanto económicas como de trabajo, existentes en el momento de su entrada en vigor en cualquiera de los centros afectados. Por lo que respecta a las disposiciones futuras que pudiesen promulgarse durante la vigencia del Convenio Colectivo, tendrán efectos prácticos cuando, una vez consideradas en su conjunto y cómputo anual, superen las condiciones del presente Convenio Colectivo, consideradas asimismo en su conjunto y cómputo anual. Artículo 11. Vinculación a la totalidad. Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, se considerarán de forma global, con especial consideración a lo establecido en la disposición adicional segunda. Artículo 12. Garantía «ad personam». Con carácter estrictamente personal se respetarán las situaciones personales que, en conjunto y en cómputo anual, superen las condiciones que se establecen en el presente Convenio Colectivo, consideradas asimismo en su conjunto y cómputo anual, con excepción de lo que se dispone en el artículo 17 del presente Convenio Colectivo. Artículo 13. Comisión Paritaria. 1. Como órgano para la interpretación y la vigilancia del Convenio Colectivo se crea una Comisión Paritaria que, además, ejercerá funciones de conciliación, mediación y arbitraje en aquellos casos en los que las partes lo sometan a su consideración de común acuerdo. 2. La Comisión Paritaria estará formada por seis miembros, tres en representación de los/las trabajadores/as y otros tres en representación de la Dirección de la Fundación «la Caixa». 3. Serán funciones específicas de la Comisión Paritaria: a) Interpretar la totalidad de los artículos o cláusulas del presente Convenio. b) Vigilar el cumplimiento de todo lo acordado. c) Conocer, en primera instancia, las reclamaciones que puedan producirse durante la vigencia del Convenio y sobre las cuestiones tratadas en el mismo. d) Arbitrar soluciones para las cuestiones que las partes sometan libremente a su consideración. e) Resolver las discrepancias que puedan surgir en los períodos de consultas de los procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, en los términos que establece el Estatuto de los Trabajadores. f) Aquellas otras que puedan atribuírsele de común acuerdo de las partes. g) Para resolver situaciones de los/las trabajadores/as en ámbitos de conciliación, igualdad. requerimientos individuales y también para la concesión, si fuera necesario, de lo establecido en los artículos 22.n y disposición adicional tercera y quinta. 4. La Comisión Paritaria se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes firmantes o al menos una vez al trimestre. La solicitud se formulará por escrito dirigido al Presidente, que habrá sido designado de común acuerdo, en el cual se indicará con claridad y precisión el tema que se somete a la consideración de la Comisión Paritaria. 5. Las reuniones deberán tener lugar, a más tardar, a los diez días hábiles después de la fecha de su solicitud. Se redactará un acta de todo lo tratado en las reuniones que firmarán todos los asistentes. 6. A efectos de comunicaciones, el domicilio de la Comisión Paritaria será en Barcelona, avenida Diagonal, 621, y las reuniones se efectuarán en el lugar que determine el Presidente. 7. La Comisión Paritaria se constituirá en un plazo máximo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente Convenio. 8. En caso de falta de acuerdo de la Comisión Paritaria, las partes integrantes se someterán a un procedimiento de mediación ante los órganos del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje de la Fundación SIMA, en Madrid, o a cualquier otro órgano de mediación que decidan las partes. También se acudirá a estos procedimientos de mediación ante los mismos órganos indicados en el párrafo anterior en caso de existir discrepancias entre la empresa y la parte social en la negociación para la modificación l de condiciones de trabajo, al objeto de poderlas solventar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. CAPÍTULO II Niveles profesionales Artículo 14. Niveles profesionales. Clasificación salarial por niveles profesionales: Fundación «la Caixa», establece 4 grupos y 12 niveles profesionales. Se entiende por grupo profesional la unidad de clasificación laboral que agrupa las personas según sus aptitudes profesionales, responsabilidades y tareas profesionales. Dentro de cada grupo existen diferentes niveles que corresponden a los intervalos que delimitan los diferentes grados de responsabilidad y autonomía. El sistema de retribución viene determinado por la siguiente graduación de grupos y niveles profesionales: Grupo A: Nivel: A1. Nivel: A2. Nivel: A3. Grupo B: Nivel: B1. Nivel: B2. Nivel: B3. Nivel: B4. Grupo C: Nivel: C1. Nivel: C2. Nivel: C3. Nivel: C4. Grupo D: Nivel: D1. Artículo 15. Definición de los niveles profesionales. La tarea que debe desarrollar cada uno/una de los/las trabajadores/as de la Fundación «la Caixa», en función del nivel profesional que tenga asignado, queda especificado por las siguientes definiciones de los niveles profesionales. En aquellos niveles en los que se especifica, el ascenso de nivel se efectúa por antigüedad o por evaluación. En aquellos que no se indica, se respetará lo que establezcan los artículos 24 y 39 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 24 del presente Convenio. Grupo A: A1, A2 y A3. Definición conceptual: Grupo de personas que realizan tareas auxiliares en la gestión de proyectos. Dentro del grupo y en cada uno de los niveles, los/las empleados/as estarán integrados en 2 líneas profesionales que formalmente no constituyen subgrupos. Línea profesional 1: Corresponde al bloque inicial profesional. El punto de partida de los Trabajadores/as que realizan tareas auxiliares. Las expectativas de progresión profesional quedan circunscritas al grupo A porque no se prevé que el tipo de trabajo evolucione hacia una mayor complejidad. Línea profesional 2: También es el bloque inicial para los profesionales que tienen la perspectiva de crecimiento hacia otros grupos. Se prevé que una buena parte de la plantilla de este perfil pase al grupo B. Conocimientos y requisitos. Conocimientos respecto a la línea profesional 1: Formación adecuada para las tareas auxiliares a realizar. Conocimientos respecto a la línea profesional 2: Formación adecuada para el lugar de trabajo y para las expectativas de crecimiento. En ambos casos se necesitan personas motivadas para trabajar en nuestro entorno y adecuadas al perfil profesional que cada lugar de trabajo requiere. Definición de los niveles: Nivel A1: Es el nivel inicial habitual para las nuevas contrataciones. Ocupan lugares de trabajo auxiliares y su tarea comporta el cumplimiento de instrucciones concretas. Nivel A2: Línea profesional 1: Mayor autonomía en la realización de las tareas auxiliares. Realizan tareas sujetas a supervisión. Línea profesional 2: Mayor aportación personal y profesional que el nivel A1. Mayor conocimiento, calificación profesional y experiencia. Nivel A3: Línea profesional 1: Autonomía, iniciativa y capacidad para organizar y resolver las tareas auxiliares. Alto grado de autonomía para ejecutar los trabajos en el ámbito de su competencia profesional siguiendo unas directrices marco establecidas. Línea profesional 2: Mejor conocimiento de la profesión y de las tareas que se realizan en la Fundación «la Caixa». Competencia profesional y consolidación de la experiencia en las tareas auxiliares para la futura gestión de proyectos. Progresión profesional: Línea profesional 1: Progresión por antigüedad. La permanencia asegura un progreso: Situación inicial: Nivel A1. Al cabo de 3 años: Nivel A2. Al cabo de 5 años: Nivel A3. Línea profesional 2: Además del crecimiento por antigüedad, puede haber un crecimiento más rápido por asunción de mayor nivel profesional y de nuevas responsabilidades. Se producirá mediante la evaluación anual de su jefe. Definición del tránsito entre los niveles A3 y B1: El tránsito del nivel A3 al B1 se producirá mediante la evaluación anual de su Jefe. La evaluación ha de reflejar concretamente este progreso de mayor nivel de responsabilidad, de conocimientos y más autonomía, es decir, ha de reflejar que las funciones hayan cambiado realmente y que sean equiparables a las del nivel B1. Los/las empleados/as que hayan estado más de 4 años en el nivel A3 podrán solicitar una evaluación específica de cambio de nivel a su jefe/director/a. Si esta evaluación específica, juntamente con las dos últimas anuales, es satisfactoria, se establecerá un firme compromiso del jefe/director/a de proponer un cambio de nivel dentro del ejercicio correspondiente. Hasta que el cambio de nivel no sea efectivo, en el término de 2 meses se concederá un complemento equivalente a la situación que corresponda al nuevo nivel de acceso. Cada año puede volver a pasar la evaluación. Grupo B: B1, B2, B3 y B4. Definición conceptual: Es el grupo formado por las personas que gestionan los proyectos, los programas y los servicios de la Fundación «la Caixa» y que, en diferentes grados, colaboran en la creación. Con las siguientes competencias profesionales. – Adaptación y gestión del cambio. – Análisis y resolución de problemas. – Comunicación. – Gestión y planificación eficiente de proyectos, programas y servicios. – Iniciativa y toma de decisiones. – Orientación a la calidad. – Trabajo en equipo. Conocimientos y requisitos: Formación genérica y específica para dar respuesta competente en la gestión, creación y/o apoyo técnico de los proyectos, programas o servicios. Diplomatura, licenciatura o formación técnica especializada CFGS (para las nuevas incorporaciones) Definición de los niveles: B1: Es el nivel inicial del grupo B. A las personas integradas en este nivel, se les requiere iniciativa de actuación dentro del marco de los proyectos profesionales correspondientes. Deben tener conocimiento amplio del oficio o de la profesión. – Se encargan, por delegación, de gestionar y controlar los proyectos, comparativamente, de menor complejidad. – Pueden coordinar la labor de algún auxiliar. – En el proceso de análisis de los problemas cotidianos necesitan supervisión. – Identifican los problemas sencillos y/o repetitivos y priorizan la resolución. – Aportan al equipo sus conocimientos específicos, y aplican los conocimientos nuevos y las habilidades adquiridas. – Pueden participar en los procesos de evaluación de programas y proyectos como forma de aprendizaje. – Son rigurosas con el cumplimiento de los estándares normativos de calidad fijados o acordados con los proveedores y/o colaboradores – Argumentan sus puntos de vista respecto a los proyectos que gestionan. B2: Respecto del Nivel B1, se requiere una mayor madurez profesional y una mayor responsabilidad en la eficiencia del proyecto. – Los proyectos son de mayor complejidad que en el nivel anterior. También son más complejas las relaciones con proveedores, equipos y áreas. – Pronostican riesgos a partir de datos, tendencias y experiencia. – Están abiertas a nuevos métodos de trabajo, y colaboran y ayudan a superar los problemas técnicos que se puedan generar. – Son consultadas en su área de conocimiento por el equipo y los compañeros. – Afrontan los problemas que pueden resolver ellas mismas y son capaces de improvisar actuaciones ante situaciones urgentes e imprevistas en su ámbito de actuación – Ejecutan las tareas asignadas con eficiencia, saben adecuar el esfuerzo a los temas importantes y tienen presentes los objetivos de los proyectos, programas y servicios en los que trabajan. – Trabajan con calidad, sin necesidad de orientación y supervisión permanente. – En los procesos en los que participan, utilizan su conocimiento de la cultura de la Fundación para obtener mejores resultados. – Pueden participar y aportar al proceso de toma de decisiones del equipo. – Saben defender públicamente los proyectos y/o programas en los que participan. – Pueden tener personal de categoría inferior a su cargo. B3: Respecto del Nivel B2, las personas integradas en este nivel asumen más proyectos y/o de mayor complejidad. Aumenta, por tanto, la complejidad de las relaciones y hay más capacidad para dirigir. El nivel B3 es un nivel de mayor autonomía profesional y de mayor implicación en la eficiencia de los resultados. – Son responsables de precisar los detalles técnicos de los trabajos que se les encargan dentro de su especialidad, con un conocimiento amplio de las alternativas técnicas. – Gestionan los gastos de una actividad o proyecto de envergadura o complejidad limitada, en relación a la que supervisan y controlan el trabajo de industriales y colaboradores externos. – Ponen a prueba ideas nuevas y métodos nuevos. – Pueden afrontar problemas complejos. – Pueden desarrollar nuevos planteamientos valorando e integrando los puntos de vista de los demás. – Están dispuestas a implementar y enseñar a los/las compañeros/as nuevas técnicas y formas de actuación que conocen. – Identifican oportunidades de mejora en su área o departamento y proponen soluciones nuevas y eficaces. – Gestionan los recursos técnicos, materiales, económicos y humanos necesarios para la consecución de los objetivos de los proyectos y programas de acuerdo con criterios de eficiencia y sostenibilidad. – Se implican con el equipo en el que están integrados en el mantenimiento de los estándares de calidad fijados. – Evalúan los resultados del servicio prestado, de acuerdo con los criterios de calidad acordados. – Aprovechan el conocimiento que tienen de la Fundación « la Caixa» para impulsar proyectos y/o acciones de mejora. – Comparten la información de forma abierta y proactiva. Se preocupan de que se entienda con claridad su mensaje. B4: Las personas que pertenecen a este nivel: – Actúan y toman decisiones por delegación de su jefe. – Realizan tareas complejas que requieren un alto grado de especialización. – Coordinan tareas de equipo internos y/o externos y se responsabilizan del seguimiento. – Participan en la definición y creación de proyectos y de objetivos de su área de responsabilidad. – Gestionan los proyectos económicamente y técnicamente. – Hacen encargos a proveedores y colaboradores. – Se coordinan con otros departamentos y áreas. – Analizan, valoran, gestionan y resuelven las anomalías e incidencias en su ámbito de responsabilidad. – Analizan desde una perspectiva amplia para llegar a conclusiones que solucionan problemas funcionales. – Participan en equipos de trabajo, comités o grupos específicos para impulsar cambios. – Participan en la creación de métodos o canales específicos para transmitir información y conocimientos para todo el departamento. – Identifican oportunidades de mejora y proponen soluciones nuevas y eficaces. – Gestionan y pueden establecer sistemas de coordinación y seguimiento de la ejecución de los programas, proyectos y servicios en los que participan, y ponen especial atención a la eficiencia y la eficacia. – Proponen cambios o actuaciones para mejorar la calidad del trabajo o del servicio que prestan. Definen y acuerdan con el proveedor y/o colaborador los estándares de calidad que deben alcanzarse en el proyecto o programa, y proponen métodos y sistemas de trabajo para conseguirlos. – Son capaces de gestionar la actividad teniendo en cuenta los objetivos de la Organización. – Comparten ideas y opiniones con los equipos como soporte en la toma de decisiones. Progresión profesional: La progresión no se basa en la permanencia ni en la antigüedad. El cambio de nivel dentro del grupo B se consigue a propuesta del respectivo jefe/a, director/a, que valorará la acción profesional, de acuerdo con la evaluación por competencias vigente. A este efecto, se valorará: – Las evaluaciones por competencias en la Fundación « la Caixa». – La formación y la experiencia. La entrevista de evaluación por competencias será el proceso principal de valoración. La dirección de cada Área establecerá el grado de complejidad profesional y de progreso profesional a alcanzar para pasar de nivel. Deberá hacerlo de manera coherente con las otras áreas de la Fundación «la Caixa» y con el apoyo del área de Recursos Humanos Grupo C: C1, C2, C3 y C4. Definición conceptual: Aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigir personas y equipos, liderar grupos de proyectos y/o gerenciar áreas o centros. Así pues: – Ejercen el mando y el liderazgo de manera explícita. – Generan y presentan propuestas nuevas. – Conocen el sector de referencia y actúan con competencia. – Programan y planifican las acciones y determinan los recursos necesarios. – Organizan y distribuyen la tarea y evalúan los resultados. – Lideran y dan soporte a sus equipos y se preocupan por su motivación y formación. Conocimientos y requisitos: 1. Licenciatura para las nuevas incorporaciones en la Fundación «la Caixa». 2. Capacidades y competencias profesionales y relacionales. 3. Sólida profesionalidad comprobada. 4. Motivación profesional. Capacidad creativa. Iniciativa. 5. Habilidades como emprendedor y de liderazgo. 6. Cualidades personales para dirigir y para trabajar en equipo. Paso entre los niveles del grupo C: En función: De la dimensión y complejidad de los centros, áreas o grupos de proyectos que se dirigen. Del volumen y complejidad de los equipos y recursos que dirigen. De la participación en la creación de propuestas y estrategias de la Fundación «la Caixa». La entrevista de evaluación también será el proceso principal para valorar estos parámetros. Grupo D: D1. Comité de Dirección. CAPÍTULO III Organización del trabajo Artículo 16. Organización del trabajo. La organización del trabajo, en los términos que establece la legislación vigente, es facultad exclusiva de los órganos rectores de la Fundación «la Caixa» y, por delegación de los mismos, de su Director, facultad que ejercerán de acuerdo con las finalidades que se establecen en los Estatutos fundacionales. En el ejercicio de las facultades directivas y organizativas, sometidas al fin institucional, los órganos rectores o las personas delegadas al efecto podrán establecer las instrucciones pertinentes para el desarrollo de la actividad de la Fundación «la Caixa», con las limitaciones establecidas por la Ley. Artículo 17. Jornada y horarios. 1. La jornada ordinaria anual de trabajo efectivo, será de 1.735 horas en cómputo total, que equivalen a un promedio semanal de 38 horas, sin perjuicio de la posible existencia de contrataciones a tiempo parcial. A efectos de cumplimiento de la jornada anual mencionada se estará a lo previsto en el calendario laboral correspondiente a cada año. 2. Se establece con carácter general el horario que se adjunta en el anexo III del presente Convenio Colectivo. Quedan exceptuados del cumplimiento de este horario los/las trabajadores/as que: a) Presten servicios en lugares de trabajo de atención al público. En este caso, el horario se podrá distribuir entre las horas de apertura al público del servicio. La Dirección podrá establecer que se trabaje hasta un máximo de un fin de semana de cada cuatro, pero en ningún caso podrá exigir que se trabajen consecutivamente dos o más fines de semana. b) Presten servicios en lugares de trabajo dedicados al mantenimiento de instalaciones y/o de la producción; en este caso se establecerá el trabajo por turnos rotativos. La Dirección podrá establecer que se trabaje hasta un máximo de un fin de semana de cada cuatro, pero en ningún caso podrá exigir que se trabajen consecutivamente dos o más fines de semana. c) Sean contratados/das para funciones específicas o incompatibles con el horario general; en este caso los horarios deberán pactarse de forma individual. 3. En el mes de diciembre de cada año se elaborará, entre la Dirección y los Comités de Empresa correspondientes, un calendario laboral en el que se establecerá un procedimiento de cumplimiento de la jornada anual de trabajo efectivo en cada centro. A partir de este momento no se podrán efectuar cambios en el horario, salvo un acuerdo entre la Dirección de la Empresa y los Comités de Empresa, siguiendo los procedimientos legales al efecto. 4. Si tras la fijación del calendario laboral resulta un sobrante de horas de trabajo con relación a la jornada máxima anual fijada en este convenio colectivo, el remanente de horas se dedicará –si fuera necesario– a actividades formativas, previa determinación con el comité de empresa. 5. Únicamente se mantendrán con carácter de garantía ad personam aquellas situaciones de hecho existentes en el momento de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo relativas al cómputo anual de la jornada. 6. Cuando por razón de necesidades del servicio se prolongue la jornada diaria, el tiempo de exceso será compensado con tiempo equivalente de descanso, que se disfrutará de común acuerdo y dentro de los 12 meses siguientes, teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento del centro. La prolongación de jornada que dé lugar a descansos compensatorios habrá de ser autorizada por el responsable del centro de trabajo. Artículo 18. Descansos. La jornada acordada en el artículo 17 se distribuirá de tal manera que los/las trabajadores/as disfruten de un mínimo de un día y medio de descanso semanal. Artículo 19. Vacaciones. Los/las empleados/as de la Fundación «la Caixa» disfrutarán de 28 días laborables de vacaciones anuales, computados según el calendario laboral oficial de cada Comunidad Autónoma y que deberán incluir 4 sábados. Los/las empleados/as con una antigüedad en la Empresa inferior a un año disfrutarán de un período de vacaciones proporcional al tiempo de permanencia en la Empresa. Los/las empleados/as disfrutarán sus vacaciones de acuerdo con la planificación que efectúe la Dirección de cada centro de trabajo, y dentro del respeto absoluto de las disposiciones del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. El/la empleado/a podrá, si lo desea, fraccionar los 28 días laborables de vacaciones en 2 períodos y estos podrán coincidir con la época vacacional escolar. Dicha planificación se realizará a principios de año. Artículo 20. Excedencias. 1. Los/las empleados/as con una antigüedad superior a un año podrán solicitar la excedencia voluntaria por razones de finalización de estudios, exigencias familiares de ineludible cumplimiento y otras causas análogas, siempre que ello no comporte el ejercicio de un trabajo que signifique una competencia al que realiza la Fundación «la Caixa», por un término no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. El/la mismo/a trabajador/a solamente podrá ejercer este derecho nuevamente transcurridos cuatro años del final de la excedencia anterior. Los/las trabajadores/as que se encuentren en situación de excedencia voluntaria conservarán únicamente un derecho preferencial al reingreso en las vacantes de nivel igual o similar al suyo que existan o se produzcan en la Fundación «la Caixa». El ejercicio por parte del/de la trabajador/a de un trabajo que signifique una competencia con el que realiza la Fundación «la Caixa», durante el tiempo de excedencia, producirá el efecto de pérdida definitiva del derecho a la reincorporación del/ de la interesado/a en la empresa. Las excedencias se entenderán siempre sin derecho a ningún tipo de retribución y, el tiempo de duración, no se computará a efectos de antigüedad. Si el/la trabajador/a no solicita el reingreso en la Empresa, como mínimo, un mes antes de la finalización de la excedencia, causará baja definitiva. 2. Los/las trabajadores/as tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, los/las trabajadores/as para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los/de las trabajadores/as, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores/as de la Fundación «La Caixa» generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Fundación «La Caixa» podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la misma. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo y nivel profesional. No obstante, cuando el/la trabajador/a forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses, si se trata de categoría especial. 3. Los/las empleados/as con una antigüedad superior a un año podrán solicitar la excedencia para acciones de voluntariado, por un término no superior a seis meses. El/la mismo/a trabajador/a podrá ejercer este derecho una sola vez. Los/las trabajadores/as que se encuentren en situación de excedencia para acciones de voluntariado tendrán reserva de su puesto de trabajo. La concreción para el ejercicio de este derecho se hará en función de las necesidades organizativas de la Fundación «la Caixa». Artículo 21. Excedencias forzosas. Se concederán excedencias forzosas a los/las empleados/as que sean designados/as o elegidos/as para cargos públicos que imposibiliten la asistencia al trabajo. La duración de esta excedencia será la exigida para el ejercicio del cargo que la motiva. Dichos/as empleados/as se reintegrarán al final de la excedencia al lugar de trabajo que tenían anteriormente, si bien deberán solicitar el respectivo reingreso en un plazo de un mes tras la finalización del cargo público, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Artículo 22. Licencias, permisos y reducciones de jornada. El/la trabajador/a, con previo aviso y justificación posterior, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y durante el tiempo que se exponen a continuación: a) Dieciocho días naturales en caso de primer matrimonio y de quince días naturales para posteriores matrimonios. Asimismo, se tendrá derecho a este permiso retribuido en caso de unión estable de pareja de hecho que cumpla las condiciones y requisitos que legalmente se establecen, o se establezcan en el futuro, al efecto en el ámbito del Estado Español o de Comunidad Autónoma, dentro del ámbito territorial al que afecte. b) Tres días una vez al año y el resto dos días, en caso de nacimiento de un hijo, o por accidente, enfermedad grave u hospitalización y/o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y hasta cuatro días si por este motivo el/la trabajador/a necesita desplazarse al efecto a un municipio situado a más de 100 km del domicilio habitual del/de la trabajador/a. Cinco días en caso de acogimiento legal y/o adopción legal. c) Tres días, por defunción de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y hasta cuatro días si por este motivo el/la trabajador/a necesita desplazarse al efecto a un municipio situado a más de 100 km del domicilio habitual del/de la trabajador/a. d) Dos días por traslado de domicilio habitual y tres si el cambio de domicilio conlleva un cambio de localidad. e) Dieciséis semanas por maternidad de la mujer trabajadora, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada, pero en todo caso seis semanas deberán disfrutarse después del parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período citado. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores. Durante la baja de maternidad, la Fundación «la Caixa» garantiza a sus trabajadoras un complemento necesario para que, sumado a la prestación reglamentaria de la Seguridad Social, se perciba la totalidad de la retribución de la trabajadora. Asimismo, se disfrutará de este permiso retribuido en los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis años, así como cuando se trate de menores mayores de seis años discapacitados o minusválidos o que por circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, en los términos y condiciones previstos en el apartado cuarto del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones aplicables en materia de Seguridad Social. f) Un permiso retribuido de una semana para la mujer trabajadora de la Fundación «la Caixa» que ceda sus dos últimas semanas de permiso de maternidad, es decir la semana quince y la semana dieciséis a su pareja. Para estos supuestos la Fundación «la Caixa» requerirá a la trabajadora la documentación oficial conforme ha cedido las dos semanas. g) Dos días inmediatamente posteriores a la finalización del permiso de maternidad disfrutado por la madre. Este permiso lo disfrutará la madre. h) En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo, aplicándose no obstante cualquier régimen mejor que pueda prever el Estatuto de los Trabajadores en cada momento. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. Durante la duración de la baja por paternidad, la Fundación «la Caixa» garantiza a sus trabajadores un complemento necesario para que, sumado a la prestación reglamentaria de la Seguridad Social, se perciba la totalidad de la retribución del trabajador. En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o acogimiento éste derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de descanso regulado en el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. El/la trabajador/a que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión. La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre la empresa y el/la trabajador/a. El/la trabajador/a deberá comunicar a la empresa, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho. i) El personal que haya completado, al menos, un año de servicio efectivo, podrá solicitar licencias sin sueldo, por un período no inferior a cinco días ni superior a seis meses. Dichas licencias se le concederán dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre que lo permitan las necesidades del servicio. La duración acumulada de estas licencias no podrá ser superior a seis meses cada dos años. j) Los /Las trabajadores/as, por lactancia de un hijo/a menor de nueve meses, y según el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones. En la Fundación «la Caixa» este derecho se aplicará para hijos/as menores de veinte meses. Por voluntad propia, el/la trabajador/a podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada de media hora con la misma finalidad, y siempre de acuerdo con lo que establece el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Opcionalmente, los/las trabajadores/as, por lactancia de un/a hijo/a menor de veinte meses, podrán acogerse, desde el nacimiento del hijo/a hasta el día en que este cumpla los veinte meses, a una jornada continua especial por cuidado de hijo/a, la cual se detalla en el anexo V. Los /Las trabajadores/as que adopten un hijo/a tendrán derecho a una jornada especial por cuidado de hijo/a hasta los veinte meses del/ de la menor, y en todo caso este derecho se disfrutará como mínimo 5 meses desde la incorporación de el/la trabajador/a a continuación del permiso por maternidad. En el supuesto de que tanto la madre como el padre presten actividad laboral en la Fundación «la Caixa», solamente uno de ellos tendrá derecho a esta jornada continua especial. El padre durante los dos primeros meses a contar desde el nacimiento de su hijo/a, tendrá derecho a flexibilizar su jornada y horario diario de trabajo, si bien en cómputo semanal habrá de cumplir en todo caso la jornada ordinaria establecida en el presente Convenio Colectivo. k) El/La trabajador/a que, por razón de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún/a menor de doce años, o un minusválido/a físico/a, psíquico/a o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. El/La trabajador/a con hijo/a discapacitado/a tendrá derecho a solicitar una reducción de un octavo de su jornada sin la reducción proporcional de sus retribuciones. Esta reducción de jornada sin reducción salarial durará como máximo 2 años y podrá solicitarse entre los 0 y 9 años del menor. Esta facultad podrá ser ejercida sólo por uno de los cónyuges, en caso de que ambos trabajen en la Empresa, siempre que se den razones justificadas de funcionamiento de la empresa que impidan la simultaneidad. La concesión de la reducción de jornada por este motivo será incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que sea objeto de la reducción. l) Las mismas condiciones establecidas en la letra anterior para la reducción de jornada serán de aplicación en el supuesto de que un/a trabajador/a tenga a su cuidado directamente a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no realice actividad retribuida. m) El trabajador/a con hijos entre los doce años y la mayoría de edad tendrá derecho a solicitar una reducción de entre un octavo y la mitad de la jornada de trabajo, con la reducción proporcional de sus retribuciones. Esta reducción de jornada durará como máximo 1 año por hijo/a. n) El trabajador/a podrá acordar a título individual con la Fundación «la Caixa»·una reducción de su jornada de un octavo, con la reducción proporcional de sus retribuciones, para supuestos no establecidos por la Ley. Esta reducción, que tendrá como finalidad promover y facilitar la conciliación de la vida personal y familiar del trabajador, tendrá la duración de un año, si bien las partes podrán pactar una sola prórroga de un año adicional. Si transcurrida la duración máxima persiste la voluntad de ambas partes en mantener la reducción de la jornada y del salario se someterá la petición a la Comisión Paritaria para que determine el mejor modo de instrumentar y materializar esta voluntad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3.g). o) El/La trabajador/a cuando se incorpore a la Fundación «la Caixa» después de una baja de enfermedad continuada de 9 meses o más, tendrá derecho a solicitar una reducción, durante los tres primeros meses de incorporación, de entre un octavo y la mitad de la jornada de trabajo, con la reducción proporcional de sus retribuciones. A petición del trabajador/a se valorará la posibilidad de prorrogar esta reducción. p) El tiempo necesario para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad y conocimiento de la Empresa estudios para la obtención de un título académico o profesional. q) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de tipo público o personal, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. r) Un día por asuntos propios sin necesidad de justificar. Artículo 23. Dietas, kilometraje y ayuda de comida. 1. Como compensación a los gastos por viajes realizados por cuenta de la Fundación «la Caixa», el/la empleado/a percibirá: Para la manutención por día completo o por medio día se partirá de las cantidades vigentes al 31 de diciembre de 2013. En estos casos no será necesaria la presentación de comprobantes. Sin embargo, el/la trabajador/a podrá optar por no aplicar el punto anterior y cobrar los gastos originados por su manutención, previa presentación de factura, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. Los gastos de desplazamientos y de alojamiento se abonarán aparte. 2. Por viajes al extranjero realizados por cuenta de la Fundación «la Caixa» no se abonarán dietas, sino que se abonarán los gastos de manutención previa presentación de los comprobantes. Los gastos de desplazamientos y de alojamiento se abonarán aparte. 3. Como compensación a los gastos por viajes realizados en vehículo propio por cuenta de la Fundación «la Caixa», el/la empleado/a percibirá en concepto de kilometraje el importe de 0,29 euros para los años 2014 y 2015. 4. Durante la vigencia del presente convenio colectivo se establece una ayuda para comida por día efectivo de trabajo en jornada partida de importe 8,50 euros para los años 2014-2015. La ayuda de comida no se recibirá en los siguientes supuestos: prestación de servicios en jornada continuada, intensiva, vacaciones, licencias, incapacidad temporal y cualquier otra circunstancia que motive la suspensión del contrato de trabajo. Artículo 24. Vacantes y proceso de cobertura. Cuando se produzca la necesidad de contratar con carácter indefinido a una persona, ya sea por cobertura definitiva de vacante o por necesidad de crear un nuevo puesto de trabajo fijo, para la cobertura de puestos con un nivel inferior a C1, la Dirección establecerá un proceso público de cobertura interna con indicación de las condiciones que habrán de reunir los/las empleados/as para acceder a él. Si el proceso es declarado desierto, la Dirección contratará personal externo. Ese proceso de cobertura se regirá por el acuerdo del 13 de mayo de 1996. Artículo 25. Prevención de riesgos laborales. El/La trabajador/a tiene derecho a una protección eficaz de su integridad física y a una adecuada política de Prevención de Riesgos Laborales, así como tiene el deber de observar y llevar a cabo todas las medidas de prevención que se le indiquen. Así mismo, tiene el derecho a participar en la formulación de la política de prevención y control de las medidas adoptadas a través de los representantes legales de la Dirección y de los Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud. CAPÍTULO IV Régimen disciplinario Artículo 26. Principio general. Siguiendo la sistemática utilizada en los Convenios Colectivos periódicamente editados, se introduce a continuación el capítulo dedicado al régimen disciplinario. Sin embargo, los firmantes de este Convenio quieren dejar constancia expresa de que esta introducción no obedece a voluntad punitiva ninguna, sino que responde a la necesidad de reglamentar lo que establece el Estatuto de los Trabajadores en ese aspecto. Artículo 27. Faltas. 1. Se considerará falta cualquier acto u omisión del/de la trabajador/a que suponga una infracción de los deberes y funciones que tenga encomendados o resulte contrario a lo que preceptúen las disposiciones legales vigentes. 2. Las faltas o infracciones laborales de los/de las trabajadores/as se clasifican en leves, graves y muy graves. Artículo 28. Graduación de las faltas. De conformidad con la clasificación que contiene el artículo anterior, y sin carácter restrictivo, la enumeración de las faltas es la siguiente: 1. Faltas leves: a) Las de puntualidad injustificada en la asistencia al trabajo, que no causen perjuicio irreparable. b) No cursar a su tiempo la baja por enfermedad, salvo que se demostrara la imposibilidad de haberlo hecho. c) La inobservancia intrascendente de normas o medidas reglamentarias. d) Ausentarse del trabajo durante la jornada laboral sin el permiso necesario o causa justificada, siempre y cuando no se ocasione perjuicio irreparable. e) No comunicar a la Empresa las vicisitudes familiares que puedan afectar a los Seguros Sociales, Plus Familiares y retenciones de IRPF, dentro de los cinco días siguientes a su producción. f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia del servicio, siempre y cuando la negativa no fuera manifestada verbalmente; en ese caso se calificará como falta grave. g) La imprudencia en el trabajo respecto a lo previsto en cualquiera de las normas sobre Prevención de Riesgos Laborales, que no ocasione accidentes serios o daños al personal o a los elementos de trabajo. h) Fumar en las instalaciones de la empresa o centro de trabajo. 2. Faltas graves: a) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves. b) Faltar al trabajo un día sin causa justificada. c) La simulación de enfermedad o accidente. d) Falsear los datos aportados en las declaraciones formuladas a cualquier de los efectos legales para los cuales se soliciten. e) El consumo de sustancias que alteren sustancialmente el rendimiento habitual, siempre y cuando no sea reincidente; en ese caso se considerará falta muy grave. 3. Faltas muy graves: Merecen esa consideración todas las previstas en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, haciendo hincapié especialmente de la humillación pública, el abuso de autoridad, el acoso sexual y moral en el trabajo, las prácticas antisindicales y la discriminación por motivos de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 29. Sanciones. Las sanciones que puedan imponerse al personal que haya incurrido en falta o faltas debidamente comprobadas serán las siguientes: 1. Por faltas leves: Amonestación verbal o por escrito; suspensión de empleo y sueldo hasta dos días. 2. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 20 días. 3. Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de 21 a 60 días; traslado de Departamento o Servicio por un período de 3 meses hasta 1 año; inhabilitación para ascender de nivel durante tres años como máximo; despido. Artículo 30. Procedimiento sancionador. 1. Las sanciones se comunicarán al/a la interesado/da por escrito, y se dará conocimiento de las faltas graves al Comité de Empresa o a los Delegados/as del Personal. 2. Para la imposición de sanciones por falta muy grave se instruirá expediente sumario. El expediente se iniciará enviando al/a la trabajador/a un pliego de cargos en los cuales se expondrán sucintamente los hechos que se suponen constitutivos de falta. Seguidamente se enviará al Comité de Empresa o a los Delegados/as de Personal, los cuales, igual como el/la trabajador/a afectado/a, dispondrán de cinco días hábiles para manifestar por escrito, que enviarán a la Dirección, lo que consideren conveniente para la aclaración de los hechos. La Dirección, cerrado el plazo de cinco días hábiles, aunque el/la trabajador/a afectado/a o los representantes sindicales no hayan hecho uso de su derecho a formular alegatos por escrito, podrán imponer al/a la trabajador/a la sanción que considere procedente, de acuerdo con la gravedad de la falta y lo que se haya pactado en el presente Convenio Colectivo. La sanción se comunicará por escrito al/a la trabajador/a y seguidamente se trasladará al Comité de Empresa o a los/las Delegados/as de Personal. 3. En relación a las garantías de los miembros de los Comités de Empresa y de los/las Delegados/as de Personal como representantes legales de los trabajadores/as, este convenio se remite a lo que dispone el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. CAPÍTULO V Retribuciones Artículo 31. Principio general. Todos los conceptos retributivos definidos en el presente Convenio se entienden referidos a sus importes brutos. Artículo 32. Año 2014. 1. El salario base durante el año 2014 será el vigente al 31 de diciembre de 2013. Artículo 33. Año 2015. 1. El salario base durante el año 2015 será el vigente al 31 de diciembre de 2014. La comisión paritaria podrá estudiar la posibilidad de aplicación de alguna mejora salarial al año 2015 si la coyuntura económica y del entorno fuera mejor a la prevista en el momento de la negociación del presente convenio. Artículo 34. Pagas extraordinarias. 1. Los/Las empleados/as de la Fundación «la Caixa» percibirán anualmente tres pagas extraordinarias que serán abonadas en los meses de marzo, junio y diciembre respectivamente. 2. Las pagas extraordinarias se acreditarán de fecha a fecha y en proporción al tiempo trabajado. 3. En cuanto al complemento personal de antigüedad acreditado a 31/12/91, se respetarán los acuerdos del acta de fecha 12/5/94, reflejada en el anexo I. Artículo 35. Complemento personal de antigüedad. El personal afectado por este convenio percibirá, por cada tres años de antigüedad en la empresa y para todos los niveles profesionales un complemento personal de antigüedad cuyo importe, será la cantidad vigente al 31 de diciembre de 2013. El cómputo de la antigüedad se iniciará el día del ingreso del/de la trabajador/a a la Empresa, independientemente de la modalidad contractual convenida, si bien el derecho a la percepción del complemento se hará efectivo el día 1 del mes en que cumpla el trienio. Artículo 36. Horas extraordinarias. Las partes firmantes de este Convenio Colectivo manifiestan su voluntad de que no se realicen horas extraordinarias durante su vigencia. No obstante, si por la cobertura de eventualidades urgentes y no programables, y con respeto absoluto a lo que establece el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores sobre la voluntariedad, se hubieran de realizar horas extraordinarias, su realización se compensará en la forma prevista en el artículo 17 de este Convenio Colectivo. En aquellos supuestos en que, por excepción, no fuera posible la citada compensación, las horas extraordinarias serán retribuidas con un 75% de recargo sobre el precio de hora ordinaria. CAPÍTULO VI Mejoras sociales Artículo 37. Complemento por baja por Incapacidad Temporal (IT). 1. En los casos de incapacidad temporal, y durante toda la duración de la misma, la Fundación «la Caixa» garantiza a sus trabajadores/as un complemento necesario para que, sumado a la prestación reglamentaria de la Seguridad Social, se perciba la totalidad de la retribución del/de la trabajador/a. 2. Sin embargo, la Empresa solo estará obligada a abonar ese complemento hasta un máximo de 90 días por año natural cuando sean diversos los procesos de IT del/de la trabajador/a. De todos modos, antes de aplicar esta cláusula, el/la trabajador/a tendrá derecho a exponer las razones que han ocasionado la circunstancia. 3. La baja médica deberá comunicarse de inmediato al jefe/a del Centro de Trabajo, sin perjuicio de que se presente la copia dentro de las 72 horas siguientes. 4. La Fundación «la Caixa» podrá verificar el estado del/de la enfermo/a mediante reconocimiento a cargo del personal médico que designe y que tendrá lugar en el domicilio del enfermo/a. La negativa de el/la empleado/a a dicho reconocimiento comportará la supresión del complemento acordado en el punto 1 del presente artículo. 5. Toda ausencia breve por enfermedad que no comporte la baja médica deberá comunicarse lo antes posible al/la superior inmediato/a. Artículo 38. Fondo de pensiones. Los/las trabajadores/as de la Fundación «la Caixa» en activo podrán disfrutar de un plan de pensiones colectivo, con aportaciones repartidas entre empresa y trabajadores/as. Dicha aportación será, para aquellos trabajadores/as de 54 años o menos, por parte de la empresa, del 4,00% del sueldo base y del complemento personal de dedicación, con expresa exclusión de los demás complementos existentes en la Fundación «la Caixa», sea cual sea su origen, y del 1,25% de los mismos conceptos por parte del/de la trabajador/a. A partir de los 55 años de edad la aportación de la empresa será del 4,25% y del 1,5% por parte del/de la trabajador/a de los conceptos indicados. Las condiciones de este fondo están reguladas en el reglamento del Plan de Pensiones de la Fundación «la Caixa». Artículo 39. Seguro de vida e invalidez permanente absoluta. Los/as trabajadores/as de la Fundación «la Caixa» en activo con una antigüedad mínima de un año en la Fundación «la Caixa» podrán disfrutar, a partir de 1 de enero de 2014, de un seguro de vida de un capital asegurado por importe de 36.060,73 euros que cubrirá las contingencias de muerte por enfermedad y de invalidez permanente absoluta, ya sea esta última contingencia por enfermedad común o accidente. La cantidad asegurada ascenderá a 72.121,45 euros en caso de que la contingencia de muerte fuere por accidente. La cuota de la póliza será abonada en un 70% por la Fundación «la Caixa» y en un 30% por el/la trabajador/a. En todo caso el seguro de vida regulado en este artículo es de adhesión voluntaria, por lo que el/la trabajador/a deberá comunicar por escrito su voluntad de acogerse al mismo. Artículo 40. Asistencia sanitaria. La Fundación «la Caixa» procederá a la contratación gratuita, para toda la plantilla activa de trabajadores/as de la entidad, con una antigüedad mínima de seis meses, de una póliza colectiva de asistencia sanitaria que comercializa la compañía SegurCaixa Adeslas. Esta póliza contemplará los servicios sanitarios de atención primaria, especialistas, atención hospitalaria y una revisión médica anual a petición del interesado. El establecimiento y determinación en cada momento de las condiciones de la mencionada póliza, en la cobertura de las contingencias antedichas, así como la contratación de la misma, será potestad y correrán a cargo de la Fundación «la Caixa». Artículo 41. Ayudas para estudios profesionales e idiomas de los/las trabajadores/as. 1. La Dirección de la Fundación «la Caixa» tendrá la facultad de otorgar al personal de la Fundación «la Caixa» becas de estudios con una asignación económica de hasta el 100% de la matrícula o gastos de inscripción, debidamente justificada, cuando comporte una formación que se considere necesaria para el ejercicio de su actividad o el desarrollo profesional dentro de la Empresa. Por lo tanto, todo trabajador/a podrá solicitar la beca correspondiente a la Dirección de la Fundación «la Caixa», siendo de libre decisión de esta Dirección su concesión. 2. Los/las trabajadores/as en activo y que acrediten al menos un año de prestación de servicios podrán beneficiarse de becas para cursar estudios de idiomas El coste máximo de la subvención será de 800 euros brutos por trabajador/a y año (aproximadamente 100 horas), y se deberá aportar justificante del importe del coste del curso para percibir la beca en el importe que proceda. El centro en el que el/la trabajador/a quiera cursar sus estudios será de libre elección. En cualquier caso, el máximo de horas subvencionadas por idioma será de 400 horas, de modo que el/la trabajador/a deberá acreditar un mínimo del 70% de aprovechamiento del curso tomando como referencia las horas realizadas en relación con las horas programadas para poder solicitar para años sucesivos una nueva beca. Sólo se podrá repetir una sola vez un curso del mismo nivel. Artículo 42. Anticipos para necesidades diversas y avance de pagas. a) Anticipos para necesidades diversas. La Fundación «la Caixa» concederá a los/las trabajadores/as que lo soliciten anticipos por el importe máximo de cuatro mensualidades con el fin de hacer frente a gastos por acontecimientos familiares extraordinarios (bodas, paternidades, defunciones...), gastos de la primera vivienda (derivados de compras, mejoras o mudanzas), gastos extraordinarios o imprevistos de carácter personal y familiar, siniestros en general, así como intervenciones quirúrgicas y gastos médicos. En aquellos casos de empleados/as con contrato temporal, se concederá la cantidad máxima proporcional a la duración del contrato. En ambos casos, dichos anticipos se amortizarán sin intereses a base de deducciones a razón del 10% de cada una de las mensualidades de salario, tanto ordinarias como extraordinarias, correspondientes a el/la empleado/a. A título individual se podrá pactar con el/la trabajador/a la posibilidad de retornar a razón del 7% en el supuesto que el/la trabajador/a esté pasando una situación difícil y perentoria. b) Avance de pagas. El/la trabajador/a tendrá derecho al avance de las pagas devengadas y no cobradas. Tanto para los anticipos como para el avance de pagas el importe a abonar se ingresará en la misma cuenta en la que la Fundación «la Caixa» abona la nómina al/la trabajador/a. Artículo 43. Ayuda de guardería P0, P1 y P2. Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo se establece una ayuda para los/las empleados/as con hijos/as inscritos/as en P0, P1 o P2 en guardería, consistente en la entrega mensual de un ticket guardería. El importe del ticket guardería se cifra en 105 euros para los años 2014 y 2015. Este ticket no se recibirá durante el mes de agosto. Los/las trabajadores/as con hijos/as que no asistan a la guardería recibirán una ayuda por hijo/a de 500 euros anuales. El año en que el/la hijo/a inicie P3 recibirá la parte proporcional de los 500 euros. Esta ayuda se abonará en un solo pago durante el mes de agosto. La percepción del ticket guardería interrumpe el derecho a percibir la citada ayuda de 500 euros y, en este caso, los 500 euros serán proporcionales a los meses en que el niño no asista a la guardería. En caso de que tanto el padre como la madre trabajen en la Fundación «la Caixa», no se duplicará la cantidad a percibir por dicho concepto. Artículo 44. Ayuda escolar desde P3 y hasta los 23 años. Los/las trabajadores/as de la Fundación «la Caixa» en activo recibirán una cantidad por cada hijo/a desde P3 y hasta los 23 años. El importe será el vigente a 31 de diciembre de 2013. Se tendrá el mismo derecho cuando se presente declaración judicial de tutela y/o declaración administrativa de acogida, siempre que convivan con el/la trabajador/a y estén a su cargo. Estos límites de edad deberán alcanzarse antes del 31 de diciembre de cada año de vigencia del presente convenio. La ayuda se abonará en un solo pago durante el mes de agosto de cada año y será en concepto del próximo curso escolar. En caso de que el padre y la madre trabajen ambos en la Empresa, se abonarán a ambos las cantidades a percibir por este concepto. Artículo 45. Ayudas familiares de carácter excepcional. Los/as trabajadores/as en activo en la Fundación «la Caixa» con una antigüedad mínima de un año que tengan efectivamente a su cargo a algún hijo, padre, madre o cónyuge con certificación oficial de minusvalía y/o gran dependencia percibirán las siguientes ayudas por cada uno de ellos: 1. Cuando exista una certificación oficial de disminución en un grado comprendido entre el 33% y el 49%, ambos incluidos, se devengará una cantidad cuyo importe será la cantidad vigente al 31 de diciembre de 2013. 2. Cuando exista una certificación oficial de disminución en un grado comprendido entre el 50% y el 65%, ambos incluidos, se devengará una cantidad cuyo importe será la cantidad vigente al 31 de diciembre de 2013. 3. Cuando exista una certificación oficial de disminución en un grado comprendido entre el 66% y el 100%, ambos incluidos, se devengará una cantidad cuyo importe será la cantidad vigente al 31 de diciembre de 2013. Estas cantidades se percibirán proporcionalmente cuando se comparta la carga económica entre varios familiares. La Fundación «la Caixa» podrá solicitar toda la información necesaria para la adjudicación de esta ayuda. Existirá el mismo derecho cuando se presente declaración judicial de tutela, siempre que convivan con el/la trabajador/a y estén a su cargo. Esta ayuda se abonará en un solo pago anual y a petición del/de la interesado/da, durante el mes de febrero. (El pago se corresponderá a los 12 meses anteriores que haya habido discapacidad entendiendo que el mes es entero), previa presentación del certificado oficial que acredite la deficiencia y el grado correspondiente. Cuando tanto el padre como la madre trabajen en la Fundación «la Caixa» no se duplicará la cantidad a percibir por este concepto. Esta ayuda dejará de percibirse: – Cuando el/la disminuido/a con un grado de disminución entre el 33% y el 65% realice trabajos remunerados o disfrute de pensiones o ayudas públicas, cuya cantidad supere el cómputo anual de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. – Cuando el/la disminuido/a con un grado de disminución superior al 65% realice trabajos remunerados o disfrute de pensiones o ayudas públicas, cuya cantidad supere el cómputo anual de 3 veces el salario mínimo interprofesional. – Cuando algún organismo oficial se haga cargo totalmente de la atención al disminuido. – Cuando el/la disminuido/a padre, madre o cónyuge deje de estar a cargo del/de la trabajador/a. Artículo 46. Jubilación. 1. En el momento del cese del trabajador por jubilación éste percibirá, junto con la liquidación de partes proporcionales, un premio de jubilación equivalente a tres mensualidades del salario anual bruto. 2. A partir de los 63 años y como período previo a la jubilación, los/las trabajadores/as podrán realizar el horario de jornada intensiva, si el puesto de trabajo lo permite. Alternativamente, podrán disfrutar de 15 días laborales de vacaciones complementarios, incluyendo 2 sábados. Artículo 47. Ayuda por nacimiento, acogimiento o adopción legal. Los/las trabajadores/as percibirán una cantidad a tanto alzado de 250,00 euros brutos por nacimiento de un hijo/a, acogida o adopción legal. En el supuesto de que ambos cónyuges presten servicios en la Entidad, sólo tendrá derecho a percibir esta ayuda uno de ellos, y no se duplicará la cantidad a percibir por este concepto. Artículo 48. Gratificación por 25 años y 35 años de antigüedad en la Empresa. Los/las trabajadores/as que cumplan 25 o 35 años de servicio en la Empresa tendrán derecho a un permiso retribuido de 5 días naturales seguidos que disfrutarán en el año natural en el que cumplan los 25 o 35 años de servicio. El/La trabajador/a podrá elegir la fecha siempre que lo avise con 7 días naturales de antelación. Asimismo, se les hará un obsequio que puede ser la entrega de un regalo institucional por valor de 1.200,00 euros o el pago de 1.200,00 euros brutos. Artículo 49. Seguro de accidente profesional colectivo. Los/Las trabajadores/as de la Fundación «la Caixa» que por motivos de trabajo tengan que viajar estarán cubiertos por un seguro de accidente profesional colectivo contratado por la Fundación «la Caixa». Artículo 50. Uniformes. La Empresa facilitará anualmente el vestuario y/o los complementos necesarios según las normas de cada centro, según el protocolo existente. Artículo 51. Ayuda por utilización de vehículo particular. Se establece un pago anual único para los/las Gestores de Acción Territorial y Gestores/as Sociales y con nivel inferior a C1, cuyo importe será la cantidad vigente al 31 de diciembre de 2013. El importe a percibir será en relación al kilometraje realizado en el año anterior. Para cantidades superiores a 5.000 kilómetros será del 100% del importe y de 1.000 a 5.000 kilómetros del 50% del importe. Este concepto se encuentra vinculado al puesto de trabajo, de modo que dejará de devengarse en el supuesto de cambio de funciones que impliquen la no utilización del vehículo particular para gestiones de trabajo de forma habitual. Este pago pretende explícitamente favorecer la seguridad en los desplazamientos de modo que los beneficiarios puedan hacerlo con un vehículo asegurado a todo riesgo, en las condiciones que se determinen por el interesado en la correspondiente póliza concertada bajo su responsabilidad. Para el cobro de esta ayuda es necesaria la presentación de documento acreditativo del pago de la póliza a todo riesgo. CAPÍTULO VII Representantes de los/las trabajadores/as Artículo 52. Información general. Se informará a los representantes de los/las trabajadores/as, dentro de un plazo de tiempo razonable, de los posibles cambios de los Estatutos fundacionales, de la apertura, el cierre o el traspaso de centros y de los cambios de las líneas maestras de trabajo de la Fundación «la Caixa». Artículo 53. Bolsa de horas sindicales. Los/las componentes del Comité de Empresa disfrutarán del crédito de horas remuneradas que les corresponda de acuerdo con el apartado e) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. Podrá efectuarse la acumulación de horas de los diversos miembros del Comité de Empresa y, en su caso, de los/las delegados/as de personal en uno o diversos de sus componentes, sin superar el máximo total. Podrán quedar relevados del trabajo, durante el tiempo correspondiente, sin perjuicio de su remuneración. El mecanismo de esa acumulación será objeto de una regulación específica que se elaborará a través de la Comisión Paritaria. CAPÍTULO VIII Plan de Igualdad Artículo 54. Plan de Igualdad. La Fundación «la Caixa» en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 sobre la Igualdad de Oportunidades ha elaborado el correspondiente Plan de Igualdad. El Plan de Igualdad se ha realizado mediante una Comisión que ha adoptado las decisiones para propiciar el cumplimiento de la norma e incorporar las medidas existentes en materia de igualdad de oportunidades. La Fundación «la Caixa» mantiene su compromiso junto con los/las representantes de los/las trabajadores/as, con el trato igualitario entre hombres y mujeres, y que fue avalado en el año 2006 por la Calificación Óptima otorgada a la Fundación «la Caixa», por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que se ha consolidado con la concesión por parte del Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad del Distintivo de Igualdad en la empresa a la Fundación «la Caixa. Disposición adicional primera. El personal que venía percibiendo durante la vigencia del quinto convenio colectivo el complemento personal de dedicación 96 continuará percibiéndolo en las mismas condiciones, requisitos y cuantías previstos en la disposición adicional primera y anexo VI del quinto convenio colectivo. Las cantidades relativas a éste complemento personal vienen reflejadas en el anexo VI del presente convenio. El importe del citado complemento podrá hacerse efectivo a tanto alzado en el mes de septiembre de cada año o abonarse prorrateando su importe anual actual en las doce pagas ordinarias del año, a opción del interesado/a, si bien la opción ejercida en favor del prorrateo no podrá modificarse durante la vigencia del convenio colectivo. Disposición adicional segunda. Son disposiciones esenciales del presente Convenio las relativas a la jornada y los horarios pactados, los conceptos salariales pactados, estén o no incluidos en la estructura salarial del Convenio, en los términos regulados en sus cláusulas, y las mejoras sociales y voluntarias. Como consecuencia de todo ello, si cualquiera de las condiciones pactadas resultara nula o inaplicable en los términos concertados, ya sea por declaración judicial, laudo arbitral o disposición legal, ya sea por reclamación individual o colectiva que pudiera producir efectos colectivos, cualquiera que fuese el título de la reclamación, el Convenio en su totalidad se entendería como no firmado y no causaría ningún efecto desde la fecha en que se declarase dicha nulidad, con lo que quedaría prorrogado el Convenio vigente en 2013. Disposición adicional tercera. Durante la vigencia de este convenio las partes acuerdan incrementar la bolsa de horas que pasará de ser trimestral a semestral, para cada empleado/da cuyo uso y funcionamiento está regulado y publicado en la intranet de la Fundación «la Caixa». El seguimiento de su funcionamiento se realizará desde la comisión paritaria. Disposición adicional cuarta. En la línea del compromiso de la Fundación con las medidas de innovación en relación a la organización del trabajo, los firmantes de este convenio se comprometen, en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor a crear una comisión de carácter paritario con el objetivo de establecer medidas innovadoras para la Fundación relativas a nuevas formas de organización del trabajo. Disposición adicional quinta. Durante la vigencia de este convenio las partes acuerdan aplicar como medida innovadora que la trabajadora embarazada que por su puesto de trabajo lo permita, podrá disponer temporalmente durante los dos meses previos a la fecha prevista de parto de herramientas informáticas facilitadas por la Fundación «la Caixa» para poder realizar sus tareas desde su domicilio. También acuerdan hacer extensiva esta medida a los/las trabajadores/as que temporalmente tengan movilidad reducida y que sea compatible con el alta laboral. Para esta medida la comisión paritaria actuará como mediadora en caso que fuera necesario, y también como responsable para analizar el funcionamiento y viabilidad de futuro de la medida. Disposición adicional sexta. Para el proceso del sistema de objetivos y complemento variable las partes acuerdan que se realice un seguimiento por parte de la comisión paritaria. Disposición final primera. Las disposiciones que contiene este Convenio Colectivo serán en cualquier caso interpretadas de acuerdo con las previsiones del Estatuto de los Trabajadores en su redacción dada por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y las disposiciones posteriores que lo han modificado o lo modifiquen, y se considerará normativa complementaria de este Convenio las disposiciones que regulen funciones u oficios específicos de personal empleado de la Fundación «la Caixa» las cuales, por su carácter disperso, no pueden ser desarrolladas dentro del marco reducido de este Convenio. Disposición final segunda. Este Convenio se firma en sus versiones catalana y castellana. En caso de dudas de interpretación, se utilizará el texto en lengua catalana. ANEXOS ANEXO I Acta de Prorrateo del Complemento Personal de Antigüedad Se acuerda que la cantidad acreditada a 31/12/91 que corresponde al Complemento Personal de Antigüedad, y que se explicitaba en el artículo 23.3 del 1.er Convenio Colectivo de la Fundación «la Caixa», se entenderá aplicada a las 15 pagas a partir del 1/1/92. La cantidad resultante, una vez deducido el valor de los trienios acreditados, se abonará prorrateada en doce pagas de igual importe, no computable a efectos de pagas extraordinarias, y no se verá afectada por cualquier variación del número de gratificaciones vigentes en cada momento. 12 de mayo de 1992. ANEXO II Contratación en Modalidad de Formación y en Prácticas 1. Objeto. Las partes firmantes de este Convenio acuerdan la posibilidad de celebrar contratos de formación y prácticas, tal como refleja el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y la normativa reglamentaria que lo desarrolla. 2. Condiciones de los contratos en prácticas. Durante el primer año de vigencia del contrato, la retribución anual bruta de un/a trabajador/a contratado/a en prácticas será igual al 80% del salario bruto fijado en Convenio para un/a trabajador/a con igual o equivalente nivel profesional. Durante el segundo año de vigencia del contrato, la retribución anual bruta será igual al 100% del salario bruto fijado en Convenio de un/a trabajador/a con igual o equivalente nivel profesional. ANEXO III Horarios El horario de trabajo con carácter general en la Fundación «la Caixa» es el siguiente: 1. De lunes a jueves: – Entrada: de 8.00 horas a 9.30 horas, de carácter flexible. – Pausa para comida: de 13.30 horas a 15.15 horas, de carácter flexible, pero con una pausa mínima de 45 minutos. – Salida: de 16.45 horas a 19.15 horas, de carácter flexible, en función de la hora de entrada y de la duración de la pausa para comida. El cómputo total diario tendrá que ser de 8 horas. Viernes: – Entrada: de 8.00 horas a 9.00 horas, de carácter flexible. – Salida: de 15.00 horas a 16.00 horas, de carácter flexible, en función de la hora de entrada. El cómputo total diario tendrá que ser de 7 horas. El/La trabajador/a comunicará al jefe correspondiente su opción en el momento de la elaboración del calendario laboral. 2. Se establece un horario intensivo de tres meses, que se realizará desde mediados de junio a mediados de septiembre, de acuerdo con el calendario laboral de cada año. Esta jornada será de lunes a viernes, entrada de 8.00 horas a 8.30 horas y salida de 15.00 horas a 15.30 horas, entendiéndose que en el cómputo anual se respetará el límite de 1.735 horas anuales. 3. Las vigilias de los cuatro días festivos significativos (Reyes, jueves o viernes Santo en función de la Comunidad Autónoma, Navidad y Año nuevo) el horario será: Entrada: de 8.00 horas a 9.00 horas, de carácter flexible. Salida: de 15.00 horas a 16.00 horas, de carácter flexible, en función de la hora de entrada. El cómputo total diario tendrá que ser de 7 horas. 4. Este horario entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014. 5. Las excepciones en el horario de trabajo detallado en este anexo son las que vienen expresamente señaladas en el artículo 17 del presente Convenio Colectivo. ANEXO IV Tablas salariales de la Fundación «la Caixa» vigentes para el año 2014 y 2015 La tabla salarial para el año 2014 y 2015 será la misma que la vigente a 31 de diciembre de 2013. Ésta se procederá a su publicación en la Intranet de la Fundación «la Caixa», donde podrá ser consultada por los/las trabajadores/as. ANEXO V Horario especial por cuidado de hijo/a El horario de trabajo de los/las trabajadores/as que opten por la jornada continuada especial es el siguiente: 1. Horario durante todo el año, excepto los tres meses de jornada intensiva: De lunes a jueves: de 8.00 horas a 15.30 horas. Viernes: de 8.00 horas a 14.15 horas. 2. Horario durante el período de jornada intensiva: De lunes a viernes: de 8.30 a 15.00, o bien, de 8.00 a 14.30. ANEXO VI Importes del Complemento Personal de Dedicación-96 Grupos y niveles profesionales Importe Grupo: D y C   Nivel D o Nivel C4 3.485,87 euros brutos/año Grupo: C   Niveles C1,C2 y C3 2.854,81 euros brutos/año Grupo: B   Niveles B2, B3 y B4 a 1.803,04 euros brutos/año Grupo: B y A   Nivel B1 o Nivel A1, A2 y A3 1.412,38 euros brutos/año En el caso de que un/una trabajador/a cambie de nivel salarial y esto comporte un cambio de CPD, se le asignará el nuevo importe del Complemento Personal de Dedicación.

La infanta Cristina no puede pedir otra excedencia hasta dentro de 4 años: convenio de la Fundación La Caixa.

Visto el texto del Convenio colectivo de la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona –La Caixa– (código de convenio n.º 90007332011992) que fue suscrito con fecha 12 de febrero de 2014 de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y de otra por la sección sindical de empresa de la coalición CC.OO.-UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 25 de febrero de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. 8.º CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA NEGOCIADO ENTRE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA Y LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS FUNDACIÓN «LA CAIXA» CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito funcional. El presente Convenio Colectivo será de aplicación en la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (en adelante Fundación «la Caixa»). Artículo 2. Ámbito territorial. El presente Convenio Colectivo será de aplicación en todos los centros de trabajo incluidos en su ámbito funcional, que se encuentren situados en el territorio del Estado Español. Artículo 3. Ámbito personal. El ámbito del presente Convenio Colectivo comprende a todas las personas que tienen la calidad de trabajadores/as por cuenta de la Fundación «la Caixa», incluidos los trabajadores en situación de expatriación a otro país distinto del Estado Español. Artículo 4. Vigencia. El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Artículo 5. Duración. El presente Convenio Colectivo tendrá una duración de 2 años, por lo cual sus efectos se extinguirán el 31 de diciembre de 2015. Artículo 6. Denuncia. La denuncia para la revisión del Convenio Colectivo se efectuará por escrito y dentro del plazo de tres meses antes de la fecha de su vencimiento inicial o del de cualquiera de sus prórrogas. Podrá efectuar la denuncia cualquiera de las representaciones firmantes del Convenio Colectivo, debiendo comunicarlo a la otra representación y a la Autoridad Laboral. Artículo 7. Prórroga. El Convenio Colectivo quedará automáticamente prorrogado al finalizar su vigencia y en los mismos términos, por períodos sucesivos de un año cada uno de ellos, si ninguna de las representaciones no procede a su denuncia de conformidad con lo que se establece en el artículo 6. Las tablas salariales se revisarán cada año de acuerdo con lo negociado en el presente convenio colectivo. Artículo 8. Comisión Negociadora. La Comisión Negociadora del nuevo Convenio Colectivo se constituirá formalmente en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha en que se denuncie el Convenio. Artículo 9. Prelación de normas. Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo regularán las relaciones entre la Fundación «la Caixa» y sus trabajadores/as con carácter preferente. Con carácter supletorio y en todo lo no previsto, se aplicarán las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores y la normativa general complementaria. Artículo 10. Absorción y compensación. El conjunto de los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo sustituye, íntegramente, las condiciones, tanto económicas como de trabajo, existentes en el momento de su entrada en vigor en cualquiera de los centros afectados. Por lo que respecta a las disposiciones futuras que pudiesen promulgarse durante la vigencia del Convenio Colectivo, tendrán efectos prácticos cuando, una vez consideradas en su conjunto y cómputo anual, superen las condiciones del presente Convenio Colectivo, consideradas asimismo en su conjunto y cómputo anual. Artículo 11. Vinculación a la totalidad. Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, se considerarán de forma global, con especial consideración a lo establecido en la disposición adicional segunda. Artículo 12. Garantía «ad personam». Con carácter estrictamente personal se respetarán las situaciones personales que, en conjunto y en cómputo anual, superen las condiciones que se establecen en el presente Convenio Colectivo, consideradas asimismo en su conjunto y cómputo anual, con excepción de lo que se dispone en el artículo 17 del presente Convenio Colectivo. Artículo 13. Comisión Paritaria. 1. Como órgano para la interpretación y la vigilancia del Convenio Colectivo se crea una Comisión Paritaria que, además, ejercerá funciones de conciliación, mediación y arbitraje en aquellos casos en los que las partes lo sometan a su consideración de común acuerdo. 2. La Comisión Paritaria estará formada por seis miembros, tres en representación de los/las trabajadores/as y otros tres en representación de la Dirección de la Fundación «la Caixa». 3. Serán funciones específicas de la Comisión Paritaria: a) Interpretar la totalidad de los artículos o cláusulas del presente Convenio. b) Vigilar el cumplimiento de todo lo acordado. c) Conocer, en primera instancia, las reclamaciones que puedan producirse durante la vigencia del ### RESUMEN: La infanta Cristina no puede pedir otra excedencia hasta dentro de 4 años: convenio de la Fundación La Caixa.

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en el Ilmo. Sr. D. Sergio Scariolo, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Oro. Madrid, 9 de octubre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

Scariolo recibe la medalla de oro al mérito deportivo

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en el Ilmo. Sr. D. Sergio Scariolo, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Oro. Madrid, 9 de octubre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ### RESUMEN: Scariolo recibe la medalla de oro al mérito deportivo

Corresponde a la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la propuesta, elaboración y aplicación de la política en materia de protección y asistencia a los ciudadanos españoles en el extranjero (Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). Dentro de éstas ocupa un lugar destacado la política de asistencia a un colectivo en situación de especial dificultad como es el de los detenidos españoles en el extranjero. Por ello, las Oficinas Consulares de España tienen encomendada la labor de velar por los españoles en esta situación, visitándolos, asistiéndolos, evitando que reciban peor trato en prisión por razón de su condición de extranjeros y, en definitiva, procurando que la privación de libertad por el delito cometido no suponga la violación de los derechos a la integridad física o moral que a todas las personas les son inherentes. La actual normativa, en concreto, la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores AEX/1059/2002, de 25 de abril, de bases reguladoras de las ayudas de protección y asistencia consulares en el extranjero, en su artículo 5.4 sólo contempla la posibilidad de que el Estado sufrague, en todo o en parte, los gastos de defensa jurídica de los españoles que se enfrentan a un procedimiento penal en el extranjero cuando el nacional español carezca de medios económicos suficientes y en aquellos países donde no exista un sistema de defensa de oficio gratuito asimilable al que hay en España. Añade este artículo que, en su caso, se dará prioridad a las ayudas para asistencia jurídica en aquellos casos en que el ministerio fiscal o la acusación particular soliciten la pena de muerte. El principio general de que el Estado no costea asistencia jurídica privada a acusados españoles en países donde existe un sistema de defensa de oficio equiparable al español, por plausible que sea, no debe aplicarse de forma absoluta. La propia excepcionalidad de la pena de muerte, no prevista en nuestro ordenamiento y cuya abolición universal es uno de los objetivos expresos de la política exterior del gobierno, justifica plenamente establecer una excepción al mencionado principio general. Además, su concesión no supondrá un trato de privilegio en relación con los acusados en España, ya que esta excepción se establece para la defensa jurídica frente a una pena a la que, por inexistente en nuestra legislación, no puede enfrentarse ningún acusado en España, fuere cual fuere el delito del que se le acusa. La muy elevada cuantía del coste de una defensa jurídica de calidad en un procedimiento de esta índole hace que en pocos casos los acusados tengan recursos suficientes para costearla, lo que justifica igualmente la posibilidad de que el Estado coadyuve para sufragar la defensa jurídica. La presente orden tiene en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento que la desarrolla aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y se dicta al amparo del artículo 17 de la mencionada ley que habilita al Ministro del Departamento para la aprobación por orden ministerial de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones. La Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Departamento han emitido informes favorables a la presente orden. En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto y fines de la subvención. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte. También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte. La actividad para la que se solicita la ayuda deberá realizarse durante el año en que se concedan las subvenciones. Artículo 2. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta orden la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero, para prestar asistencia a aquélla, en los que, además de concurrir los requisitos establecidos en artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 26 y 27 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, concurran los siguientes: a) Estar legalmente constituidas y que sus normas de funcionamiento no establezcan principios de discriminación. b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. Artículo 3. Procedimiento de concesión. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo establecido en los artículos 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 58 a 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Artículo 4. Iniciación del procedimiento. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que tendrá necesariamente el siguiente contenido: a) Mención de la presente orden ministerial por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones, así como del Diario Oficial en que está publicada. b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones. c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante el régimen de concurrencia competitiva. e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. h) Plazo de resolución y notificación. i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. j) Posibilidad de reformulación de la solicitud. k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada. l) Criterios de valoración de las solicitudes. m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Artículo 5. Solicitud. 1. La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y se acompañará de la documentación que se establezca en la correspondiente convocatoria y de la que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No será necesario acompañar a la solicitud los documentos exigidos cuando obren en poder del Centro Directivo convocante, no hayan sufrido modificación y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. Esta circunstancia se hará constar por escrito indicando la fecha en que fueron presentados y, en su caso, emitidos. La solicitud se presentará en el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria, salvo que en la propia convocatoria se modifique dicho plazo, y ante la Oficina o Sección Consular correspondiente, ante cualquiera de las Oficinas o Registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o por medios electrónicos en el Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Se cumplimentará en el formulario que la convocatoria establezca. 2. Si la Oficina o Sección Consular ante la que se presente la solicitud o, en otro caso, la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular aprecian que la solicitud no reúne los requisitos exigidos, requerirán al solicitante para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que en el caso de que no realice la subsanación, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará según se establece en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento. 1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento es la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, al que corresponde: a) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la propuesta de resolución y recabar cuantos informes estime necesarios para resolver. b) Presidir la Comisión de valoración. c) Formular, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de valoración, la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, conceder un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones y examinar las alegaciones aducidas por los interesados. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. d) Formular la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. e) Emitir el informe en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones. f) Elevar la propuesta definitiva de resolución al órgano competente para resolver. 2. El órgano competente para resolver el procedimiento es el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 63 de su Reglamento, adoptará la resolución en el plazo de quince días hábiles desde la elevación de la propuesta de resolución. 3. La resolución de concesión debe ser motivada y contener la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses, a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. Transcurrido el plazo sin que hubiere recaído resolución expresa, las solicitudes de concesión de subvención podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el apartado 5 del artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la forma y plazos determinados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 4. La resolución será notificada a los solicitantes en el domicilio que cada uno de ellos señale en la correspondiente solicitud, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Artículo 7. Comisión de valoración, criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos. 1. La composición de la Comisión de valoración será la siguiente: a) Presidente: El Subdirector General de Protección y Asistencia Consular, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. b) Vocales: El Subdirector General de Asuntos Jurídicos Consulares, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y el Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. c) Secretario: El Jefe de Área de Asuntos Sociales, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, que actuará con voz y voto. La comisión de valoración regirá su funcionamiento por lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo atendida con los medios personales y materiales con los que cuenta actualmente el órgano administrativo al que se adscribe, no produciendo incremento del número de efectivos, ni de las retribuciones, ni de otros gastos de personal. 2. Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: a) La experiencia del solicitante en la organización de defensas jurídicas de carácter penal. b) La coincidencia de sus intereses con los de la persona que se enfrenta a la pena de muerte. c) El plan presentado y el presupuesto para el uso de los recursos solicitados. 3. La Comisión de valoración valorará con 2 puntos sobre un total de 6 cada uno de los criterios mencionados. Para obtener una ayuda, deberá reunirse un mínimo de 4 puntos. La existencia en la persona física o jurídica solicitante de intereses objetivos de naturaleza económica, política, ideológica, religiosa, profesional o de otra índole que pudieran ser tangenciales a los de la persona que se enfrenta a la pena de muerte se valorará negativamente a la hora de evaluar cada solicitud. 4. En caso de que la subvención la solicite la propia persona que se enfrenta a la pena de muerte, el órgano colegiado de evaluación valorará el plan presentado, la justificación del uso de los recursos solicitados y, en general, su capacidad para seleccionar y organizar eficazmente su defensa jurídica frente a la solicitud de, o la condena a, la pena de muerte. 5. La Comisión de valoración podrá solicitar cuantos informes y documentación adicional considere necesarios para resolver. Artículo 8. Dotación, cuantía, límites y compatibilidad de la subvención. 1. La cuantía total de la subvención tendrá los límites de la dotación recogida en los Presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del año correspondiente. 2. La cuantía individualizada de cada subvención no podrá exceder de 30.000 euros. 3. El importe de la subvención es compatible con las ayudas y subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas, organismos de ellas dependientes, tanto nacionales como internacionales, o personas físicas o jurídicas de naturaleza privada. 4. De conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total de la actividad subvencionada. Artículo 9. Modificación de la resolución de concesión. Cualquier circunstancia sobrevenida que altere las condiciones esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se encuentre suficientemente justificada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Excepcionalmente, siempre que no se altere el objeto y finalidad de la subvención, podrá modificarse la resolución de concesión a solicitud de los beneficiarios cuando la circunstancia sobrevenida impida o dificulte la ejecución de la actividad o proyecto subvencionado, o haga necesaria la modificación para el buen fin de la actuación, y siempre que la solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad y haga viable su ejecución en los términos de la modificación. Artículo 10. Pago de la subvención. 1. El pago de la subvención se realizará siempre previa justificación documental de los gastos realizados. Los gastos habrán de ser coherentes con la documentación establecida en la correspondiente convocatoria a la que se refiere el artículo 5 de esta orden. El beneficiario podrá solicitar pagos parciales por gastos realizados y justificados hasta completar el total de la cuantía de la subvención otorgada. 2. Los beneficiarios de subvención que sean residentes en España, dirigirán la solicitud del pago de la misma a la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, acompañada de un amplio y detallado informe sobre los gastos incurridos, desglosando conceptos e importes y adjuntando los correspondientes justificantes originales. Los residentes en el extranjero, lo harán a la Oficina Consular de carrera donde esté inscrita la persona de nacionalidad española que se enfrenta a la pena de muerte para cuya asistencia se solicitó la subvención, acompañando siempre los mismos documentos. 3. Los beneficiarios de una subvención deberán firmar, en el momento de percibir cada pago, un documento acusando recibo de la cantidad y asumiendo el compromiso de restituirla en caso de concurrir alguna causa de restitución de las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Artículo 11. Justificación de las subvenciones. 1. Antes del 10 de diciembre del año de concesión de la subvención, los beneficiarios presentarán una memoria sobre la aplicación de la subvención concedida en la que consten las actividades realizadas, su coste y el detalle de los gastos en que haya incurrido. 2. Los gastos se justificarán mediante originales o copias compulsadas de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de conformidad con el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, hasta alcanzar el importe de la subvención obtenida. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. 3. La memoria y la documentación justificativa que la acompañe se presentarán, en la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, en el caso de beneficiarios residentes en España y en la Oficina o Sección Consular correspondiente, en el caso de residir en el extranjero, que la remitirá a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. Artículo 12. Responsabilidad, régimen sancionador y reintegro de subvenciones. 1. Los beneficiarios quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, y título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas así como la exigencia de interés de demora en los supuestos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 91 de su Reglamento de desarrollo. En todo caso se reintegrará la totalidad de la subvención percibida en el supuesto de que no se aplique la cantidad concedida a los fines para los que fue otorgada. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la Orden AEC/1487/2012, de 19 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas económicas para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte. Disposición final primera. Derecho supletorio. En lo no previsto en la presente orden se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en las restantes normas de derecho administrativo. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 21 de agosto de 2013.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil.

Presos españoles condenados a muerte ya no tienen que justificar que no pueden pagar su defensa para recibir ayuda

Corresponde a la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la propuesta, elaboración y aplicación de la política en materia de protección y asistencia a los ciudadanos españoles en el extranjero (Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). Dentro de éstas ocupa un lugar destacado la política de asistencia a un colectivo en situación de especial dificultad como es el de los detenidos españoles en el extranjero. Por ello, las Oficinas Consulares de España tienen encomendada la labor de velar por los españoles en esta situación, visitándolos, asistiéndolos, evitando que reciban peor trato en prisión por razón de su condición de extranjeros y, en definitiva, procurando que la privación de libertad por el delito cometido no suponga la violación de los derechos a la integridad física o moral que a todas las personas les son inherentes. La actual normativa, en concreto, la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores AEX/1059/2002, de 25 de abril, de bases reguladoras de las ayudas de protección y asistencia consulares en el extranjero, en su artículo 5.4 sólo contempla la posibilidad de que el Estado sufrague, en todo o en parte, los gastos de defensa jurídica de los españoles que se enfrentan a un procedimiento penal en el extranjero cuando el nacional español carezca de medios económicos suficientes y en aquellos países donde no exista un sistema de defensa de oficio gratuito asimilable al que hay en España. Añade este artículo que, en su caso, se dará prioridad a las ayudas para asistencia jurídica en aquellos casos en que el ministerio fiscal o la acusación particular soliciten la pena de muerte. El principio general de que el Estado no costea asistencia jurídica privada a acusados españoles en países donde existe un sistema de defensa de oficio equiparable al español, por plausible que sea, no debe aplicarse de forma absoluta. La propia excepcionalidad de la pena de muerte, no prevista en nuestro ordenamiento y cuya abolición universal es uno de los objetivos expresos de la política exterior del gobierno, justifica plenamente establecer una excepción al mencionado principio general. Además, su concesión no supondrá un trato de privilegio en relación con los acusados en España, ya que esta excepción se establece para la defensa jurídica frente a una pena a la que, por inexistente en nuestra legislación, no puede enfrentarse ningún acusado en España, fuere cual fuere el delito del que se le acusa. La muy elevada cuantía del coste de una defensa jurídica de calidad en un procedimiento de esta índole hace que en pocos casos los acusados tengan recursos suficientes para costearla, lo que justifica igualmente la posibilidad de que el Estado coadyuve para sufragar la defensa jurídica. La presente orden tiene en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento que la desarrolla aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y se dicta al amparo del artículo 17 de la mencionada ley que habilita al Ministro del Departamento para la aprobación por orden ministerial de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones. La Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Departamento han emitido informes favorables a la presente orden. En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto y fines de la subvención. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte. También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte. La actividad para la que se solicita la ayuda deberá realizarse durante el año en que se concedan las subvenciones. Artículo 2. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta orden la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero, para prestar asistencia a aquélla, en los que, además de concurrir los requisitos establecidos en artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 26 y 27 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, concurran los siguientes: a) Estar legalmente constituidas y que sus normas de funcionamiento no establezcan principios de discriminación. b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. Artículo 3. Procedimiento de concesión. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo establecido en los artículos 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 58 a 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Artículo 4. Iniciación del procedimiento. ### RESUMEN: Presos españoles condenados a muerte ya no tienen que justificar que no pueden pagar su defensa para recibir ayuda

Los procedimientos de evaluación dirigidos a obtener la acreditación necesaria para poder acceder a los cuerpos docentes universitarios tienen como objetivo que las universidades puedan seleccionar a los mejores profesionales, con vocación de servicio público, para la docencia e investigación en la Universidad. Con este real decreto se pretende llevar a cabo una simplificación normativa y una mejora regulatoria de los procedimientos de acreditación del profesorado universitario; también se busca garantizar mayor objetividad y transparencia en la acreditación del personal docente universitario, así como potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en dichos procedimientos. La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, estructura el personal docente universitario en dos cuerpos de funcionarios, el de Catedráticos de Universidad y el de Profesores Titulares de Universidad. Junto a ello, estableció un nuevo modelo de acreditación del profesorado, en el que, a diferencia de la habilitación hasta entonces vigente, se eliminó la oferta de un número de plazas previamente delimitadas. El Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, desarrolla este segundo elemento, inspirado en la tradición académica de la evaluación por pares. La presente modificación del sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios es resultado de la experiencia acumulada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) durante los 6 años de vigencia del sistema de acreditación. Partiendo de dicha experiencia, y de los aspectos susceptibles de mejora, se plantean los cambios que recoge esta norma, siguiendo además el modelo de otros países de nuestro entorno. La primera novedad que se introduce consiste en la supresión del concepto de acreditación universal, conforme al cual los interesados, independientemente de la rama de conocimiento por la que hubieran decidido ser evaluados, resultaban acreditados para concurrir a plazas de profesores titulares o de catedráticos de Universidad en cualquier rama y área de conocimiento. Se opta ahora por un sistema en el que la acreditación obtenida produce efectos en una de las cinco ramas de conocimiento previstas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. De este modo se garantiza que cuantos obtengan una acreditación en una rama de conocimiento hayan sido evaluados conforme a criterios semejantes y estándares análogos, que no necesariamente serán los mismos en otras ramas. Se arbitrarán, en todo caso, procedimientos para que los solicitantes que desarrollen una especialización de carácter multidisciplinar o en ámbitos científicos interdisciplinares en los que concurran dos o más ramas diferentes puedan, como resultado de un mismo proceso de evaluación, ser acreditados en más de una rama. Naturalmente, la acreditación obtenida en una rama concreta no implica que la actividad docente e investigadora futura no pueda proyectarse en enseñanzas y cursos donde concurren disciplinas diferentes, como es común en facultades y escuelas. La segunda novedad se refiere al número y composición de las comisiones de acreditación. Se pretende establecer comisiones mucho más cercanas al ámbito científico y académico de los solicitantes, siguiendo en este punto la práctica que ya existe en países de nuestro entorno, como Francia e Italia. Con este tipo de comisiones se garantiza el principio de especialización en la evaluación del profesorado, así como la calidad del sistema de evaluación. Además de estas comisiones, se establecen 5 comisiones de revisión, una para cada una de las grandes ramas de conocimiento (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura), que permitirán un funcionamiento más eficiente de esta fase del procedimiento y reforzarán las garantías de los interesados en la reclamación contra resoluciones negativas, reduciendo previsiblemente la litigiosidad. La reforma prevé que cada comisión esté formada por un número de miembros variable, determinado principalmente por la mayor o menor heterogeneidad científico-técnica del campo. No se modifica, en cambio, el perfil y los requisitos que deberán cumplir dichos miembros. Se introducen dos medidas que pretenden mejorar el funcionamiento de las comisiones. Por un lado, si bien el periodo de vigencia del nombramiento sigue siendo de dos años, se establece la posibilidad de renovar el nombramiento una única vez, por igual periodo, a propuesta de ANECA y contando, obviamente, con la disponibilidad del vocal o presidente cuyo nombramiento se pretende renovar. Por otra parte, se atribuye a ANECA la potestad de designar al Presidente de las comisiones de acreditación de entre los miembros seleccionados por el Consejo de Universidades, con la finalidad de que este papel, esencial para el funcionamiento interno del órgano, quede encomendado a personas con experiencia y habilidades para el ejercicio de dicha función, en lugar de atribuir estas funciones automáticamente al vocal de mayor rango académico y antigüedad. El tercer grupo de novedades se refiere al procedimiento y persigue dos objetivos principales: reforzar las garantías para los solicitantes y ganar en eficiencia, objetivos que se logran simplificando el procedimiento, a través de la eliminación de trámites innecesarios y el establecimiento de criterios y regulaciones precisas. Con el nuevo sistema de evaluación del profesorado, las decisiones se adoptarán siempre de forma colegiada, a partir de dos ponencias elaboradas por dos miembros de la Comisión, y solo en casos de discrepancias entre los ponentes que ésta no se considere en condiciones de solventar el Presidente podrá, con carácter excepcional, solicitar un informe a un experto externo perteneciente al área de conocimiento del solicitante. Otra importante simplificación es la del procedimiento de exención del requisito de ser profesor titular de universidad para solicitar la acreditación para el cuerpo de catedráticos. La solicitud de exención constituye una vía cada vez más utilizada por los usuarios del sistema de acreditación, a pesar de que hasta ahora no se había conseguido establecer criterios claros y aplicados de manera estable, coherente y homogénea, capaz de aportar seguridad a los solicitantes. Un aspecto esencial de la reforma se refiere a los criterios y baremos de evaluación; con los nuevos baremos se aspira a conseguir una evaluación más equilibrada en lo relativo a los aspectos cuantitativos y cualitativos de los méritos del solicitante, permitiendo una valoración más justa y ponderada de la docencia e investigación del profesorado universitario. La reforma adoptada pretende realzar el carácter global e integral de la evaluación, al establecer umbrales mínimos o niveles de referencia adecuados en función del cuerpo docente para el que se solicite la acreditación, y del ámbito científico de que se trate. En este punto, la reforma contiene una novedad, muy importante para determinados ámbitos científicos, que consiste en considerar como dimensión autónoma la transferencia y la actividad profesional. La necesidad de esta modificación es indudable: en el modelo hasta ahora vigente, la transferencia quedaba dentro de la investigación y la actividad profesional aparecía asociada a la docencia. Ello conducía a una infravaloración de los méritos de transferencia y actividad profesional en ámbitos donde resultan particularmente relevantes. Dada la dificultad de alcanzar simultáneamente un nivel elevado en todas las facetas o dimensiones de la actividad académica por parte de los profesores universitarios que se encuentran en situación de solicitar la acreditación, parece razonable priorizar las dos que se consideran esenciales, es decir, la investigación y la docencia. Concretamente, una evaluación positiva de estas dos dimensiones conforme a lo dispuesto en el presente real decreto hará innecesario tener en cuenta más méritos para conseguir la acreditación. En el caso de que un solicitante no alcance el nivel mínimo exigible, y siempre que la insuficiencia no sea grave, ésta se podrá compensar en virtud de méritos relevantes en las tres dimensiones restantes: transferencia de conocimiento y actividad profesional; gestión; y formación, esta última evaluable solo a quienes soliciten la acreditación para el cuerpo de profesores titulares de universidad. La evaluación deberá dar lugar a una calificación alfabética (A, B, C, D o E), y se evitará la excesiva atomización de los méritos académicos. Corresponderá a ANECA la aprobación de los criterios de evaluación de cada uno de los cuerpos docentes universitarios y de los distintos campos, ajustándolos para mayor consistencia del modelo global, si bien cada Comisión propondrá los que estime apropiados en cada campo. De forma análoga a lo que ha venido sucediendo con las convocatorias anuales de la CNEAI, los criterios para la acreditación en cada ámbito científico se publicarán y se revisarán periódicamente cada dos años. De igual modo, se establece como novedad la tramitación por medios electrónicos de todos los procedimientos de acreditación para el personal docente de la Universidad, de acuerdo con lo que establece el apartado 6 del artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Dicha medida, que permitirá agilizar considerablemente la tramitación administrativa de dichos procedimientos, se establece habida cuenta de que el sector concreto de población al que va dirigido esta norma, por su dedicación profesional y capacidad técnica, tiene garantizado el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos precisos para poder realizar todos los trámites previstos en este real decreto por vía electrónica. Este real decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos, por la Comisión Superior de Personal y por el Consejo de Universidades, y en su elaboración han sido consultadas las organizaciones sindicales más representativas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 2015, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. El Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, se modifica en los siguientes términos: Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 3. Finalidad de la acreditación nacional. La finalidad del procedimiento es la obtención del correspondiente certificado de acreditación que constituye el requisito imprescindible para concurrir a los concursos de acceso a los cuerpos de profesorado funcionario docente a que se refiere el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de la calidad docente e investigadora, llevando a cabo la valoración de los méritos y competencias de los aspirantes, para garantizar una posterior selección del profesorado funcionario eficaz, eficiente, transparente y objetiva. La acreditación surtirá efectos en todo el territorio nacional para concurrir al cuerpo al que se refiera, en la rama o ramas de conocimiento en la que el acreditado haya sido evaluado de forma positiva: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. Se dispondrán, en todo caso, procedimientos para que los solicitantes que desarrollen una especialización de carácter multidisciplinar o en ámbitos científicos interdisciplinares en los que concurran dos o más ramas diferentes puedan, como resultado de un mismo proceso de evaluación, ser acreditados en más de una rama.» Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 4, que quedan redactados en los siguientes términos: «2. Se crea una Comisión para cada ámbito académico y científico resultante de la agrupación de áreas de conocimiento afines, en los términos previstos en el anexo I. Las Comisiones dependerán administrativamente del departamento de ANECA competente para la evaluación del profesorado y disfrutarán de autonomía para el ejercicio de sus funciones. El Director de ANECA podrá proponer, cada dos años, el incremento o la reducción del número de comisiones, y la distribución de áreas de conocimiento que cada una comprenda. El incremento en el número de comisiones requerirá informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 3. Para constituir dichas comisiones, el Director de ANECA propondrá al Consejo de Universidades una lista de candidatos. Esta lista deberá contener al menos tres propuestas por cada miembro titular. Cuando en la propuesta figure personal investigador de los Centros públicos de investigación, se informará a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. De entre los propuestos, el Consejo de Universidades seleccionará a los miembros titulares y suplentes de las comisiones, por el procedimiento de selección que establezca, de acuerdo con los criterios que figuran en los artículos 5 y 6 de este real decreto. Para cada una de las comisiones de acreditación se seleccionará un número de miembros suplentes equivalente a la mitad de los titulares.» Tres. Se modifica el artículo 5, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 5. Composición de las comisiones. 1. Las comisiones que valoren las solicitudes de acreditación deberán estar constituidas mayoritariamente por catedráticos de universidad y por profesores titulares de universidad. Además, podrá formar parte de ellas otro personal investigador y expertos de reconocido prestigio internacional. Dos tercios del total de miembros de cada Comisión serán catedráticos de universidad o investigadores y expertos con categoría equivalente, y un tercio serán profesores titulares de universidad o investigadores con categoría equivalente. 2. El número de miembros titulares de las comisiones variará en función de la diversidad interna de cada ámbito académico y científico y del número previsible de solicitudes, pero no será inferior a siete ni superior a trece. Uno de los miembros actuará como presidente o presidenta, otro como secretario o secretaria, y los demás como vocales. Además, participará en las sesiones de la Comisión un miembro del personal de ANECA que prestará el apoyo técnico necesario para el desarrollo de las actividades de la misma. 3. En cada Comisión de Acreditación existirá una subcomisión, integrada por todos los catedráticos de universidad, profesores de investigación y expertos de reconocido prestigio internacional de categoría equivalente que formen parte de aquella, que tendrá la competencia exclusiva en la evaluación y resolución de las solicitudes de acreditación para el cuerpo de Catedráticos de Universidad.» Cuatro. Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 6. Criterios para la designación de los miembros de las comisiones. 1. ANECA realizará un sorteo entre personal funcionario en activo de los cuerpos docentes universitarios que reúnan los requisitos que se establecen en el apartado siguiente. A partir de dicho sorteo, elaborará una propuesta de candidatos para formar parte de las comisiones de acreditación. 2. Para pertenecer a las comisiones, los catedráticos de universidad y personal investigador con categoría equivalente deberán haber obtenido el reconocimiento de al menos tres periodos de actividad investigadora de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y los profesores titulares de universidad y personal investigador con categoría equivalente deberán estar en posesión de al menos dos de dichos periodos. A estos efectos, el último periodo reconocido deberá haberlo sido en los últimos 10 años. Además, tanto el personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios como el personal investigador perteneciente a centros públicos de investigación deberán tener una antigüedad en sus respectivos cuerpos de al menos 2 años. 3. En todo caso, al menos dos tercios de los miembros de la comisión deberán contar con una experiencia docente universitaria no inferior a 10 años. 4. Al elaborar la propuesta, ANECA procurará que en las comisiones de acreditación haya miembros que desarrollen su actividad en las distintas áreas de conocimiento incluidas en el ámbito científico y académico de la Comisión, que pertenezcan a diferentes instituciones y comunidades autónomas. 5. El Consejo de Universidades efectuará la selección de los miembros entre los candidatos incluidos en la propuesta por el procedimiento que determine. A tal efecto, podrá tomar en consideración la experiencia de los candidatos en actividades de evaluación académica, científica o tecnológica. 6. La composición de las comisiones de acreditación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, deberá procurar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.» Cinco. Se modifica el artículo 7, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 7. La presidencia de la Comisión. 1. El Director de ANECA realizará el nombramiento de los miembros seleccionados por el Consejo de Universidades para integrar las comisiones, y designará y nombrará de entre ellos al Presidente y al Secretario de cada Comisión, atendiendo a criterios tales como la antigüedad, la experiencia en gestión o evaluación, o los méritos científico-técnicos. El Presidente deberá formar parte del cuerpo de catedráticos de universidad. 2. Dichos nombramientos no serán eficaces hasta que las personas designadas hayan formalizado la declaración jurada o promesa a que se refiere el artículo 8 de este real decreto. 3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Presidente el catedrático de universidad de mayor antigüedad entre los que integren la comisión.» Seis. Se modifica el artículo 8, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 8. Código Ético. 1. El Código Ético, que será aprobado por el Consejo Rector de ANECA, incorporará, al menos, los siguientes contenidos: derechos y deberes de los miembros de las comisiones de acreditación, derechos de los solicitantes en su relación con ANECA, y medios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Entre los deberes de los miembros de las comisiones, el Código Ético tendrá que hacer mención, al menos, a los siguientes: deber de actuar con objetividad, independencia y rigor profesional; deber de respeto de la confidencialidad de los datos personales de los aspirantes a la acreditación de los que hubieran tenido conocimiento por razón de su participación en la Comisión; deber de guardar secreto de las deliberaciones de la Comisión; y compromiso de garantizar la dedicación necesaria para el desempeño adecuado de las tareas que les son propias. 2. Los miembros de las comisiones de acreditación deberán formular por escrito una declaración jurada o promesa de cumplir el Código Ético antes de comenzar a desempeñar sus funciones. 3. El incumplimiento del Código Ético dará lugar a la instrucción de oficio, por el Director de ANECA, de un expediente de separación de la Comisión de Acreditación. Este expediente no tiene, en ningún caso, naturaleza disciplinaria y se tramitará de acuerdo con lo previsto en los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, se dará traslado a los órganos competentes para que, en su caso, adopten las medidas disciplinarias que eventualmente pudieran resultar procedentes. El Director de ANECA es el órgano competente para dictar la resolución que pone fin al procedimiento de separación. 4. El Código Ético deberá ser coherente con lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.» Siete. Se sustituye la referencia que en el último inciso del artículo 9 se hace al «anexo sobre criterios de evaluación» por «anexo sobre méritos evaluables.» Ocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 10, que queda redactado en los siguientes términos: «4. En los casos de renuncia, abstención o recusación que impidan la actuación de la Comisión, éstos serán sustituidos por los suplentes. En el caso de que en el miembro suplente concurriese alguno de los supuestos de abstención o recusación citados anteriormente, su sustitución se hará por otro suplente, de acuerdo con el orden que establezca la propia Comisión, que tendrá en cuenta criterios de afinidad dentro del ámbito académico o científico. Si tampoco fueran posibles estas sustituciones, se procederá a designar nuevos miembros titulares y suplentes ad hoc por el mismo procedimiento que los restantes vocales.» Nueve. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 11, que quedan redactados en los siguientes términos: «1. Las comisiones de acreditación tendrán carácter permanente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.2. 2. El nombramiento de los miembros titulares y suplentes de las comisiones se hará por un periodo de dos años. A propuesta de ANECA, podrán ser designados como miembros de la misma comisión para otro periodo inmediato una sola vez consecutiva, sin perjuicio de lo dispuesto para la primera renovación. La composición de las comisiones será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado cuando se produzca su modificación. 3. Las comisiones de acreditación se reunirán, mediante convocatoria de su presidente, cuantas veces sean necesarias. Las comisiones podrán reunirse para actuar en sesión colegiada, a través de medios informáticos, sin necesidad de una presencia física en la sede de ANECA. La constitución de cada comisión se realizará en su primera reunión y, posteriormente, tras cada renovación. Esta reunión constitutiva será presencial.» Diez. Se sustituye el último inciso del apartado 1 del artículo 12, que queda redactado así: «que se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en el presente real decreto y en el anexo II.» Asimismo, en el apartado 2 del artículo 12, se sustituye la referencia al Consejo de Universidades por «ANECA». Once. Se modifica el artículo 13, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 13. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 1. Los profesores titulares de universidad podrán optar a la acreditación para catedrático de universidad por una o varias ramas del conocimiento, mediante la presentación de una solicitud a la que acompañarán la justificación de los méritos que aduzcan en relación con su actividad investigadora, docente, profesional y de transferencia, así como de gestión académica y científica, que se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en el presente real decreto y en el anexo. 2. La exención del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a que se refiere el art. 60.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, se concederá a quienes acrediten tener la condición de doctor con, al menos, ocho años de antigüedad, y hayan obtenido informe positivo en la acreditación para profesor titular de universidad con la calificación de «Excepcional» (A) en la evaluación de su actividad investigadora. 3. Quienes hubieren obtenido la acreditación para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad sin haber alcanzado la calificación de «Excepcional» (A) en la evaluación de su actividad investigadora podrán solicitar una nueva evaluación para optar a esa calificación, siempre que hayan trascurrido al menos 18 meses desde la obtención de la acreditación. 4. Podrá solicitar la acreditación a catedrático sin necesidad de solicitar la acreditación a profesor titular ni de pertenecer al cuerpo de profesores titulares, siempre que acredite tener la condición de doctor con, al menos, ocho años de antigüedad: a) El personal funcionario perteneciente a cuerpos o escalas de personal investigador para cuyo ingreso se exija estar en posesión del título de Doctor. b) El profesorado de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en aquellas una posición equivalente, al menos, a la de profesor titular de universidad. 5. El personal docente e investigador de otras universidades no españolas, así como de instituciones de investigación no universitarias, no incluido en el apartado anterior podrá solicitar que se le realice una evaluación para acreditarse a profesor titular y a catedrático simultáneamente, pudiendo obtener esta última sin necesidad de pertenecer al cuerpo de profesores titulares, siempre que acredite tener la condición de doctor con, al menos, ocho años de antigüedad. La Comisión resolverá la acreditación sólo a profesor titular, o a profesor titular y a catedrático conjuntamente.» Doce. Se modifica el artículo 14, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 14. Solicitudes. 1. En la solicitud que presenten los candidatos ante la sede electrónica de ANECA deberá constar el cuerpo docente para el que pretenden obtener la acreditación y la Comisión por la que quieren ser evaluados, de acuerdo con el modelo que ANECA establezca. En el caso de que la Comisión de Acreditación seleccionada considere que el perfil del solicitante resulta más afín a otro ámbito académico-científico, remitirá el expediente al Director de ANECA para su reasignación. Antes de resolver, la Dirección dará audiencia al interesado. 2. Los interesados deberán aportar, en todo caso, la justificación de los siguientes méritos, de acuerdo con lo dispuesto por ANECA: a) Méritos obligatorios de investigación, consistentes en: 1.º Un número mínimo de contribuciones científicas en forma de artículos, libros, capítulos de libro o resultados de producción científica, técnica o artística publicados. Cada comisión propondrá ese número mínimo, teniendo en cuenta, cuando resulte procedente, los estándares e índices bibliométricos nacionales e internacionales acreditados. 2.º Igualmente, dentro de los méritos obligatorios de investigación, presentarán las cuatro contribuciones que consideren más relevantes en su trayectoria científica, con objeto de que las comisiones puedan evaluar la calidad y el impacto de sus trabajos en su área de especialización. b) Méritos obligatorios de docencia, exigiéndose un número de años de experiencia, que variará en función del cuerpo docente para el que se solicite la acreditación, así como una valoración positiva de la actividad docente. Sin embargo, aquellos solicitantes que hayan desarrollado su carrera principalmente en una institución no universitaria dedicada a la investigación científica o tecnológica, o en una universidad no española en la que el cómputo y los instrumentos de medición de la calidad de la actividad docente resulten difíciles de trasladar al sistema español, y acrediten resultados de investigación excepcionales, tanto en cantidad como en calidad, podrán obtener la acreditación sin tener el tiempo mínimo de experiencia docente que se establezca, ni presentar méritos específicos de la actividad docente tal y como se describe a continuación. c) Para obtener la acreditación para el cuerpo de catedráticos de universidad se requerirá, como méritos específicos, que los solicitantes aporten indicios significativos de una trayectoria de liderazgo y reconocimiento externo a la institución donde prestan servicios, tanto en lo relacionado con la actividad docente como con la investigadora. 3. Los solicitantes aportarán también como méritos complementarios otros méritos relativos a la actividad docente e investigadora, encuadrables entre los que se describen en el anexo II, así como méritos relevantes relacionados con su actividad profesional y de transferencia de conocimiento, su formación académica, y su experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica, que resulten susceptibles de ser tomados en consideración de acuerdo con lo dispuesto por ANECA. Estos últimos serán tenidos en cuenta en el caso de insuficiencias compensables en actividad investigadora y/o actividad docente.» Trece. Se modifica el artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 15. Instrucción. 1. Recibidas las solicitudes por parte de ANECA, ésta comprobará que la documentación aportada incluye la certificación de los requisitos legalmente establecidos para solicitar la acreditación al cuerpo solicitado, así como la justificación de los méritos aducidos. Una vez efectuada la comprobación, la documentación quedará a disposición de las comisiones. Si se dejase de aportar algún documento esencial o los aportados no reunieran los requisitos necesarios, se comunicará al interesado esta circunstancia y se le concederá un plazo de 10 días hábiles para su subsanación. De no efectuar la subsanación en el referido plazo, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite. Asimismo, si el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. 2. Las comisiones de acreditación examinarán la documentación presentada con el fin de emitir su resolución. En caso necesario, podrán recabar de los solicitantes aclaraciones o justificaciones adicionales, que se entregarán por escrito en un plazo de 10 días hábiles. En el caso de que no se presente la justificación o aclaración solicitada en dicho plazo, no se valorarán los méritos cuya justificación o aclaración dio lugar al requerimiento. 3. Las solicitudes de acreditación para el cuerpo de catedráticos de universidad serán examinadas y resueltas por las subcomisiones a que se refiere el artículo 5 del presente real decreto. 4. Las comisiones de acreditación evaluarán las solicitudes de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto y en sus anexos. Cada solicitud será informada por, al menos, dos miembros de la Comisión, que actuarán como ponentes. La Comisión adoptará la decisión colegiadamente, a la vista de la documentación presentada y de los informes de los ponentes. En casos de discrepancia entre los ponentes que la Comisión no se considere en condiciones de solventar, el Presidente podrá, con carácter excepcional, solicitar un informe a un experto externo perteneciente al área de conocimiento del solicitante, cuyo informe no tendrá carácter vinculante. Se valorarán preferentemente la actividad investigadora y la actividad docente. La formación académica, la transferencia de conocimiento y actividad profesional, así como la actividad de gestión serán valoradas únicamente para compensar insuficiencias no graves en alguna de las dos dimensiones objeto de valoración preferente. 5. En los supuestos de evaluación negativa, y con carácter previo a la resolución, las comisiones de acreditación remitirán sus propuestas de resolución a los interesados, debidamente motivadas, con el fin de que, en el plazo de 10 días hábiles, dirijan al Presidente de la Comisión las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser valoradas por la Comisión. Si el solicitante, a la vista de la propuesta de resolución y antes de que se dicte resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, desiste de su solicitud o renuncia a la evaluación, la Comisión dará por finalizado el procedimiento, dictando la correspondiente resolución administrativa. 6. Cumplimentado el trámite a que se refiere el primer párrafo del apartado anterior, la Comisión resolverá sobre la solicitud de acreditación en un plazo no superior a seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de ANECA. Dicha resolución será motivada, y podrá ser favorable o desfavorable a la acreditación. Cuando la resolución sea favorable, ANECA emitirá el correspondiente certificado de acreditación. La resolución se notificará al interesado por medios electrónicos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se dicte. El transcurso del plazo máximo de seis meses sin dictar y notificar la resolución, tendrá efecto desestimatorio, sin perjuicio de la obligación positiva de resolver que recae sobre el órgano evaluador. 7. En el caso de resolución negativa, el interesado o interesada no podrá solicitar una nueva acreditación hasta que no hayan transcurrido dieciocho meses desde la presentación de la solicitud evaluada de forma desfavorable.» Catorce. Se modifica el artículo 16, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 16. Reclamaciones. 1. Contra las resoluciones a las que se refiere el artículo anterior, los solicitantes podrán presentar, en el plazo de un mes, una reclamación ante el Consejo de Universidades que será valorada y, en su caso, admitida a trámite por la Comisión de Reclamaciones de dicho órgano. Esta Comisión estará formada por miembros que reúnan los mismos requisitos que los miembros de las Comisiones de Acreditación. 2. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de Universidades examinará el expediente relativo a la acreditación para velar por las garantías establecidas y podrá ratificar la resolución o, en su caso, aceptar la reclamación, todo ello en un plazo máximo de tres meses. El transcurso del plazo máximo establecido sin dictar y notificar la resolución tendrá efecto desestimatorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 de la 6/2001, de 12 de diciembre, de universidades, según la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril. 3. El examen de la reclamación se hará basándose en la solicitud de evaluación y toda la documentación contenida en el expediente. 4. En el caso de ser estimada la reclamación, la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Universidades remitirá a ANECA su resolución, indicando de forma concreta los aspectos de la evaluación que deben ser revisados. Dicha revisión se llevará a cabo por comisiones de revisión. 5. Se crean cinco comisiones de revisión, una por cada una de las siguientes ramas de conocimiento: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura. El número de miembros titulares de las comisiones no será inferior a siete ni superior a once. Se procurará que sus miembros hayan tenido experiencia como evaluadores en las comisiones de acreditación. Las Comisiones de revisión dependerán administrativamente del órgano de ANECA competente para la evaluación del profesorado, y disfrutarán de autonomía para el ejercicio de sus funciones. 6. Las comisiones de revisión estarán integradas por catedráticos de universidad. También podrá formar parte de ellas el personal investigador perteneciente a centros públicos de investigación de categoría equivalente a la de catedrático de universidad, así como expertos de reconocido prestigio internacional. Los miembros de estas comisiones deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 6.2, además de poseer experiencia en evaluación de profesorado. Todos los miembros de estas comisiones, incluidos el Presidente y el Secretario, serán seleccionados por el Consejo de Universidades a propuesta de ANECA, y nombrados por el Director de ANECA a propuesta del Consejo de Universidades. El periodo de su nombramiento será de dos años, prorrogables por otros dos. 7. Antes de emitir su evaluación, las comisiones de revisión podrán recabar el informe de un experto externo perteneciente al área de conocimiento del solicitante. Dicho informe no tendrá carácter vinculante. 8. Recibida la evaluación, el Consejo de Universidades dictará la resolución. El informe de evaluación de la comisión de revisión tendrá carácter vinculante. 9. La resolución del Consejo de Universidades pondrá fin a la vía administrativa y frente a la misma podrá interponerse recurso de reposición o bien ser recurrida directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.» Quince. Se modifica la disposición adicional primera que queda redactada en los siguientes términos: «Disposición adicional primera. Acreditación de profesores titulares de escuela universitaria. 1. En el procedimiento de acreditación para profesores titulares de universidad, del profesorado que pertenezca al Cuerpo de Titulares de Escuelas Universitarias que posean el título de Doctor, se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia. 2. Obtendrán la evaluación positiva los solicitantes cuyos méritos docentes hayan sido calificados con una A, aunque sus méritos investigadores no alcancen la calificación C. 3. En cualquier caso, obtendrán la acreditación a la que se refiere esta disposición los solicitantes que cumplan alguna de las siguientes condiciones, que serán verificadas únicamente por la correspondiente Comisión: a) Dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto. b) Dos periodos de docencia reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, y seis años en el desempeño de los órganos académicos unipersonales recogidos en estatutos de las universidades o que hayan sido asimilados a estos. c) Dos periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto. 4. La valoración de las solicitudes será llevada a cabo por las comisiones previstas en el anexo I, así como la correspondiente revisión en su caso.» Dieciséis. Queda sin contenido la disposición adicional quinta. Diecisiete. Queda sin contenido la disposición final segunda. Dieciocho. Se añade un nuevo anexo I con la siguiente redacción: «ANEXO I COMISIONES DE ACREDITACIÓN Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO ASIGNADAS A CADA UNA DE ELLAS A. Ciencias A1. Matemáticas 005. Álgebra. 015. Análisis Matemático. 265. Estadística e Investigación Operativa. 440. Geometría y Topología. 595. Matemática Aplicada. A2. Física 038. Astronomía y Astrofísica. 400. Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica. 247. Electromagnetismo. 385. Física Aplicada. 390. Física Atómica Molecular y Nuclear. 395. Física de la Materia Condensada. 398. Física de la Tierra. 405. Física Teórica. 647. Óptica. A3. Química 750. Química Analítica. 755. Química Física. 760. Química Inorgánica. 765. Química Orgánica. A4. Ciencias de la Naturaleza 028. Antropología Física. 063. Botánica. 120. Cristalografía y Mineralogía. 220. Ecología. 240. Edafología y Química Agrícola. 280. Estratigrafía. 412. Fisiología Vegetal. 427. Geodinámica Externa. 428. Geodinámica Interna. 655. Paleontología. 685. Petrología y Geoquímica. 819. Zoología. A5. Biología Celular y Molecular 050. Biología Celular. 060. Bioquímica y Biología Molecular. 420. Genética. B. Ciencias de Salud B6. Ciencias Biomédicas 020. Anatomía Patológica. 025. Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. 027. Anatomía y Embriología Humana. 410. Fisiología. 443. Histología. 566. Inmunología. 630. Microbiología. 660. Parasitología. 807. Toxicología. B7. Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 090. Cirugía. 183. Dermatología. 275. Estomatología. 610. Medicina. 613. Medicina Legal y Forense. 645. Obstetricia y Ginecología. 646. Oftalmología. 653. Otorrinolaringología. 670. Pediatría. 745. Psiquiatría. 770. Radiología y Medicina Física. 817. Urología. 830. Traumatología y Ortopedia. B8. Especialidades Sanitarias 255. Enfermería. 413. Fisioterapia. 310. Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 315. Farmacología. 640. Nutrición y Bromatología. 615. Medicina Preventiva y Salud Pública. 617. Medicina y Cirugía Animal. 773. Sanidad Animal. C. Ingeniería y Arquitectura C9. Ingeniería Química, de los Materiales y del Medio Natural 065. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. 500. Ingeniería Agroforestal. 550. Ingeniería Nuclear. 555. Ingeniería Química. 565. Ingeniería Textil y Papelera. 700. Producción Animal. 705. Producción Vegetal. 780. Tecnología de los Alimentos. 790 . Tecnologías del Medio Ambiente. C10. Ingeniería Mecánica y de la Navegación 083. Ciencias y Técnicas de la Navegación. 115. Construcciones Navales. 495. Ingeniería Aeroespacial. 515. Ingeniería de los Procesos de Fabricación. 530. Ingeniería e Infraestructuras de los Transportes. 540. Ingeniería Hidráulica. 545. Ingeniería Mecánica. 590. Máquinas y Motores Térmicos. 600. Mecánica de Fluidos. 605. Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 720. Proyectos de Ingeniería. C11. Ingeniería Eléctrica y de Telecomunicaciones 250. Electrónica. 520. Ingeniería de Sistemas y Automática. 535. Ingeniería Eléctrica. 560. Ingeniería Telemática. 785. Tecnología Electrónica. 800. Teoría de la Señal y Comunicaciones. C12. Ingeniería Informática 035. Arquitectura y Tecnología de Computadores. 075. Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 570. Lenguajes y Sistemas Informáticos. C13. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo 295. Explotación de las Minas. 100. Composición Arquitectónica. 110. Construcciones Arquitectónicas. 300. Expresión Gráfica Arquitectónica. 305. Expresión Gráfica en la Ingeniería. 505. Ingeniería Cartográfica Geodésica y Fotogrametría. 510. Ingeniería de la Construcción. 525. Ingeniería del Terreno. 710. Prospección e Investigación Minera. 715. Proyectos Arquitectónicos. 815. Urbanística y Ordenación del Territorio. D. Ciencias Sociales y Jurídicas D14. Derecho 125. Derecho Administrativo. 130. Derecho Civil. 135. Derecho Constitucional. 140. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 145. Derecho Eclesiástico de Estado. 150. Derecho Financiero y Tributario. 155. Derecho Internacional Privado. 160. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 165. Derecho Mercantil. 170. Derecho Penal. 175. Derecho Procesal. 180. Derecho Romano. 381. Filosofía Del Derecho. 470. Historia del Derecho y de las Instituciones. D15. Ciencias Económicas y Empresariales 623. Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 225. Economía Aplicada. 235. Economía, Sociología y Política Agraria. 415. Fundamentos de Análisis Económico. 480. Historia e Instituciones Económicas. 095. Comercialización e Investigación de Mercados. 230. Economía Financiera y Contabilidad. 650. Organización de Empresas. D16. Ciencias de la Educación 187. Didáctica de la Expresión Corporal. 189. Didáctica de la Expresión Musical. 193. Didáctica de la Expresión Plástica. 195. Didáctica de la Lengua y Literatura. 200. Didáctica de la Matemática. 205. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 210. Didáctica de las Ciencias Sociales. 215. Didáctica y Organización Escolar. 245. Educación Física y Deportiva. 625. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 805. Teoría e Historia de la Educación. D17. Ciencias del Comportamiento 620. Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 680. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 725. Psicobiología. 730. Psicología Básica. 735. Psicología Evolutiva y de la Educación. 740. Psicología Social. D18. Ciencias Sociales 030. Antropología Social. 040. Biblioteconomía y Documentación. 070. Ciencia Política y de la Administración. 105. Comunicación Audiovisual y Publicidad. 383. Filosofía Moral. 475. Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. 675. Periodismo. 775. Sociología. 813. Trabajo Social y Servicios Sociales. E. Arte y Humanidades E19. Historia y Filosofía 010. Análisis Geográfico Regional. 033. Arqueología. 085. Ciencias y Técnicas Historiográficas. 375. Filosofía. 430. Geografía Física. 435. Geografía Humana. 445. Historia Antigua. 450. Historia Contemporánea. 455. Historia de América. 460. Historia de la Ciencia. 485. Historia Medieval. 490. Historia Moderna. 585. Lógica y Filosofía de la Ciencia. 695. Prehistoria. E20. Filología y Lingüística 285. Estudios Árabes e Islámicos. 568. Estudios de Asia Oriental. 290. Estudios Hebreos y Arameos. 320. Filología Alemana. 325. Filología Catalana. 327. Filología Eslava. 335. Filología Francesa. 340. Filología Griega. 345. Filología Inglesa. 350. Filología Italiana. 355. Filología Latina. 360. Filología Románica. 365. Filología Vasca. 370. Filología Gallega y Portuguesa. 567. Lengua Española. 575. Lingüística General. 580. Lingüística Indoeuropea. 583. Literatura Española. 796. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. 814. Traducción e Interpretación. E21. Historia del Arte y Expresión Artística 185. Dibujo. 260. Escultura. 270. Estética y Teoría de Las Artes. 465. Historia del Arte. 635. Música. 690. Pintura.» Diecinueve. Se modifica el anexo, que pasa a ser el anexo II, y que queda redactado en los siguientes términos: «ANEXO II A. Méritos evaluables 1. Actividad investigadora • Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora: publicaciones científicas, creaciones artísticas profesionales, congresos, conferencias, seminarios, tesis doctorales dirigidas (si no se alegan como méritos de actividad docente). • Calidad y número de proyectos competitivos y contratos de investigación con resultados constatables. • Movilidad: estancias en centros de investigación con resultados constatables. • Otros méritos investigadores. 2. Actividad docente • Dedicación docente: amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, ciclos, tipo de docencia universitaria, tesis doctorales dirigidas (si no se alegan como méritos de actividad investigadora). • Calidad de la actividad docente: evaluaciones positivas de la actividad, elaboración de material docente original, publicaciones docentes, proyectos de innovación docente con resultados destacables. • Formación docente. • Otros méritos docentes. 3. Formación académica (solo para la acreditación de profesores titulares de universidad) • Calidad de la formación predoctoral y doctoral: becas, premios, otros títulos, etc. Tesis doctoral: premio extraordinario de doctorado y otros premios, mención de doctorado europeo o internacional, mención de calidad o excelencia del programa de doctorado. • Calidad de la formación posdoctoral: becas o contratos posdoctorales. • Otros méritos de formación académica. 4. Transferencia de conocimiento y experiencia profesional • Patentes y productos con registro de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al sector productivo, implicación en empresas de base tecnológica, etcétera. • Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras. • Contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales con empresas, Administraciones públicas y otras instituciones suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades. • Otros méritos de transferencia de conocimiento y experiencia profesional. 5. Experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica • Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en la gestión universitaria recogidos en los estatutos de las universidades, o que hayan sido asimilados a ellos; o en organismos públicos de investigación. • Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas. • Otros méritos de gestión. B. Baremo La evaluación de los méritos aducidos y debidamente justificados dará lugar a una calificación alfabética de la A a la E. En cada uno de las dimensiones esta calificación tendrá el siguiente significado: – A, excepcional. – B, bueno. – C, compensable. – D, insuficiente. – E, circunstancia especial. En la acreditación para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad no se tomará en consideración la formación académica, y obtendrán una resolución positiva los solicitantes cuya evaluación obtenga, al menos, la combinación de calificaciones que se detalla en la siguiente tabla:   Investigación Docencia Transferencia/ Actividad profesional Gestión Calificación mínima B B     Calificación mínima A C, E1     Calificación mínima B C B   Calificación mínima B C   B Calificación mínima C B A   Calificación mínima C B   A 1 El nivel E solo es válido para la acreditación cuando un solicitante haya desarrollado su carrera principalmente en una institución no universitaria o en una universidad no española donde el cómputo y los instrumentos de medición de la calidad de la actividad docente resulten difíciles de trasladar al sistema español. En la acreditación para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad obtendrán una resolución positiva los solicitantes cuya evaluación obtenga, al menos, la combinación de calificaciones que se detalla en la siguiente tabla:   Investigación Docencia Transferencia/ Actividad profesional Gestión Formación Calificación mínima B B       Calificación mínima A C, E2     B Calificación mínima B C B   B Calificación mínima B C   B B Calificación mínima C B A   B 2 El nivel E solo es válido para la acreditación cuando un solicitante haya desarrollado su carrera principalmente en una institución no universitaria o en una universidad no española donde el cómputo y los instrumentos de medición de la calidad de la actividad docente resulten difíciles de trasladar al sistema español.» Disposición adicional primera. Constitución y renovación de las primeras comisiones de acreditación previstas en la presente norma. 1. Las comisiones de acreditación previstas en el anexo I y las comisiones de revisión previstas en el artículo 16.5 deberán constituirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto. 2. A tal efecto, ANECA podrá proponer, sin necesidad de proceder a un nuevo sorteo, el nombramiento como miembros de las nuevas comisiones de vocales y presidentes de las comisiones de acreditación existentes antes de la entrada en vigor del presente real decreto. En caso de resultar designados, conservarán su condición de miembros de ambas comisiones hasta tanto no se disuelvan las anteriores. 3. Transcurridos dos años desde la designación de los miembros de cada Comisión, se renovará necesariamente a la mitad de sus miembros titulares y suplentes. En esta primera renovación solo podrán ser propuestos para un segundo periodo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del presente real decreto, hasta un máximo de la mitad de los miembros titulares y suplentes de las comisiones. Disposición adicional segunda. Tramitación electrónica de procedimientos. 1. Todos los procedimientos de acreditación para el personal docente de la Universidad se tramitarán por medios electrónicos, de acuerdo con los previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 2. Las reclamaciones que se interpongan contra la resolución que ponga fin al procedimiento de acreditación para el personal docente de la universidad se tramitarán por medios electrónicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Disposición adicional tercera. No incremento de gasto público. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición adicional cuarta. Referencias de género. Todas las referencias contenidas en este real decreto en género masculino se entenderán realizadas también al género femenino. Disposición transitoria única. Procedimientos iniciados. 1. Las solicitudes de acreditación presentadas antes de la entrada en vigor de este real decreto se resolverán de acuerdo con las previsiones vigentes en el momento de su presentación. Los procedimientos de reclamación que no estuviesen aún concluidos tras la extinción de las actuales comisiones de reclamaciones, serán examinados y resueltos por las comisiones previstas en el nuevo artículo 16.5 de este real decreto. 2. Los solicitantes con expedientes iniciados y no finalizados antes de la entrada en vigor del presente real decreto podrán desistir del procedimiento y solicitar la evaluación conforme a las nuevas previsiones. 3. Quienes hubieren formalizado solicitudes de acreditación conforme a lo dispuesto con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, y hubieren obtenido una resolución negativa, no estarán sometidos a la restricción temporal de 18 meses para la presentación de su primera solicitud conforme a las nuevas previsiones. 4. Las acreditaciones obtenidas de acuerdo con las previsiones anteriores a este real decreto conservarán su carácter universal; los acreditados podrán optar a la exención de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en las condiciones que establece el nuevo artículo 13.3. Disposición final primera. Transparencia en los criterios de evaluación. 1. El Director de ANECA, a propuesta de las comisiones de acreditación, concretará la aplicación a cada rama de actividad de los criterios de evaluación de los méritos previstos en el artículo 14.2 y, en particular, establecerá: a) Los umbrales mínimos o niveles de referencia de la actividad docente e investigadora y de calidad exigibles para los méritos obligatorios, y específicos en su caso, requeridos para obtener la acreditación a catedrático o profesor titular de universidad, a los que se hace referencia en el artículo 12.2, velando por la adecuada homogeneidad entre los distintos ámbitos científicos. b) Las características excepcionales que deben concurrir en los resultados de investigación para permitir la exención del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a que se refiere el artículo 60.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, recogidas en el artículo 11.2. Estos criterios de evaluación serán aprobados mediante resolución del director de ANECA, serán publicados en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y revisados cada dos años. 2. ANECA hará públicos los documentos de orientación a los solicitantes, que contendrán información precisa acerca de los referidos umbrales o niveles de referencia en las diferentes dimensiones, así como de las normas de compensación aplicables en cada ámbito académico y científico. Estos documentos deberán facilitar la autoevaluación a los posibles solicitantes, tendrán efectos exclusivamente informativos y se publicarán en la sede electrónica de ANECA, sin que puedan ser objeto de impugnación en vía administrativa o judicial. Disposición final segunda. Creación, modificación y supresión de comisiones de acreditación y de revisión. 1. La creación de nuevas comisiones de acreditación y de revisión se realizará mediante orden de la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con las formalidades y requisitos establecidos en los artículos 38 a 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 2. Se habilita al titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para modificar, mediante orden, la denominación y las áreas de conocimiento asignadas a las comisiones de acreditación recogidas en el anexo I, siempre que no se incremente su número. Disposición final tercera. Código ético. El Consejo Rector de ANECA, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, aprobará el Código Ético regulado en el artículo 8.1 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre. Una vez aprobado el Código Ético por el Consejo Rector, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web del Organismo. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor cuando entre en vigor el real decreto que apruebe los estatutos del Organismo Autónomo ANECA, según lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, excepto para la realización de todas aquellas acciones preparatorias de la constitución de las comisiones de acreditación y de revisión reguladas en este real decreto, que podrán comenzar a realizarse a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este real decreto. Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2015. FELIPE R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA

La acreditación de docentes universitarios ya no será genérica, sino por ramas de conocimiento.

Los procedimientos de evaluación dirigidos a obtener la acreditación necesaria para poder acceder a los cuerpos docentes universitarios tienen como objetivo que las universidades puedan seleccionar a los mejores profesionales, con vocación de servicio público, para la docencia e investigación en la Universidad. Con este real decreto se pretende llevar a cabo una simplificación normativa y una mejora regulatoria de los procedimientos de acreditación del profesorado universitario; también se busca garantizar mayor objetividad y transparencia en la acreditación del personal docente universitario, así como potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en dichos procedimientos. La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, estructura el personal docente universitario en dos cuerpos de funcionarios, el de Catedráticos de Universidad y el de Profesores Titulares de Universidad. Junto a ello, estableció un nuevo modelo de acreditación del profesorado, en el que, a diferencia de la habilitación hasta entonces vigente, se eliminó la oferta de un número de plazas previamente delimitadas. El Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, desarrolla este segundo elemento, inspirado en la tradición académica de la evaluación por pares. La presente modificación del sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios es resultado de la experiencia acumulada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) durante los 6 años de vigencia del sistema de acreditación. Partiendo de dicha experiencia, y de los aspectos susceptibles de mejora, se plantean los cambios que recoge esta norma, siguiendo además el modelo de otros países de nuestro entorno. La primera novedad que se introduce consiste en la supresión del concepto de acreditación universal, conforme al cual los interesados, independientemente de la rama de conocimiento por la que hubieran decidido ser evaluados, resultaban acreditados para concurrir a plazas de profesores titulares o de catedráticos de Universidad en cualquier rama y área de conocimiento. Se opta ahora por un sistema en el que la acreditación obtenida produce efectos en una de las cinco ramas de conocimiento previstas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. De este modo se garantiza que cuantos obtengan una acreditación en una rama de conocimiento hayan sido evaluados conforme a criterios semejantes y estándares análogos, que no necesariamente serán los mismos en otras ramas. Se arbitrarán, en todo caso, procedimientos para que los solicitantes que desarrollen una especialización de carácter multidisciplinar o en ámbitos científicos interdisciplinares en los que concurran dos o más ramas diferentes puedan, como resultado de un mismo proceso de evaluación, ser acreditados en más de una rama. Naturalmente, la acreditación obtenida en una rama concreta no implica que la actividad docente e investigadora futura no pueda proyectarse en enseñanzas y cursos donde concurren disciplinas diferentes, como es común en facultades y escuelas. La segunda novedad se refiere al número y composición de las comisiones de acreditación. Se pretende establecer comisiones mucho más cercanas al ámbito científico y académico de los solicitantes, siguiendo en este punto la práctica que ya existe en países de nuestro entorno, como Francia e Italia. Con este tipo de comisiones se garantiza el principio de especialización en la evaluación del profesorado, así como la calidad del sistema de evaluación. Además de estas comisiones, se establecen 5 comisiones de revisión, una para cada una de las grandes ramas de conocimiento (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura), que permitirán un funcionamiento más eficiente de esta fase del procedimiento y reforzarán las garantías de los interesados en la reclamación contra resoluciones negativas, reduciendo previsiblemente la litigiosidad. La reforma prevé que cada comisión esté formada por un número de miembros variable, determinado principalmente por la mayor o menor heterogeneidad científico-técnica del campo. No se modifica, en cambio, el perfil y los requisitos que deberán cumplir dichos miembros. Se introducen dos medidas que pretenden mejorar el funcionamiento de las comisiones. Por un lado, si bien el periodo de vigencia del nombramiento sigue siendo de dos años, se establece la posibilidad de renovar el nombramiento una única vez, por igual periodo, a propuesta de ANECA y contando, obviamente, con la disponibilidad del vocal o presidente cuyo nombramiento se pretende renovar. Por otra parte, se atribuye a ANECA la potestad de designar al Presidente de las comisiones de acreditación de entre los miembros seleccionados por el Consejo de Universidades, con la finalidad de que este papel, esencial para el funcionamiento interno del órgano, quede encomendado a personas con experiencia y habilidades para el ejercicio de dicha función, en lugar de atribuir estas funciones automáticamente al vocal de mayor rango académico y antigüedad. El tercer grupo de novedades se refiere al procedimiento y persigue dos objetivos principales: reforzar las garantías para los solicitantes y ganar en eficiencia, objetivos que se logran simplificando el procedimiento, a través de la eliminación de trámites innecesarios y el establecimiento de criterios y regulaciones precisas. Con el nuevo sistema de evaluación del profesorado, las decisiones se adoptarán siempre de forma colegiada, a partir de dos ponencias elaboradas por dos miembros de la Comisión, y solo en casos de discrepancias entre los ponentes que ésta no se considere en condiciones de solventar el Presidente podrá, con car ### RESUMEN: La acreditación de docentes universitarios ya no será genérica, sino por ramas de conocimiento.

Con fecha 20 de marzo de 2013 la Dirección General de Migraciones dicta resolución por la que se convoca la concesión de subvenciones para programas de retorno voluntario de inmigrantes. En cumplimiento de lo establecido en el apartado segundo, punto 2, de la resolución de convocatoria, la distribución de la cuantía total máxima entre los créditos presupuestarios consignados en las aplicaciones presupuestarias 19.07 231H 484.11, y 19.07 231H 484.12 tendrá carácter estimativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De conformidad con lo establecido en el apartado segundo, punto 3, de la resolución de convocatoria, se establece un cuantía adicional de 4.500.000 euros con cargo al crédito presupuestario consignado en la aplicación presupuestaria 19.07 231H 484.12, que se prevé en concepto de financiación suplementaria derivada, en su caso, de una generación o incorporación de crédito. La efectividad de esta cuantía adicional estará condicionada a la obtención de la financiación añadida, que será publicada antes de la resolución de concesión. Así, de acuerdo con el artículo 58.5 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver. A la vista de lo anterior, la Dirección General de Migraciones dicta la siguiente resolución: Artículo único. La cuantía máxima de las subvenciones a otorgar mediante la presente convocatoria es de 6.863.534 euros y se financiará con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: ● 19.07 231H 484.11, Ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes, por una cuantía de 1.400.000 euros. ● 19.07 231H 484.12, Ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes cofinanciadas con el Fondo de Retorno, por una cuantía de 5.463.534 euros. Madrid, 24 de junio de 2013.–El Director General de Migraciones, Aurelio Miras Portugal.

El Gobierno amplía 4,5 millones las subvenciones para mandar a inmigrantes a su país. En total, son casi 7 millones

Con fecha 20 de marzo de 2013 la Dirección General de Migraciones dicta resolución por la que se convoca la concesión de subvenciones para programas de retorno voluntario de inmigrantes. En cumplimiento de lo establecido en el apartado segundo, punto 2, de la resolución de convocatoria, la distribución de la cuantía total máxima entre los créditos presupuestarios consignados en las aplicaciones presupuestarias 19.07 231H 484.11, y 19.07 231H 484.12 tendrá carácter estimativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De conformidad con lo establecido en el apartado segundo, punto 3, de la resolución de convocatoria, se establece un cuantía adicional de 4.500.000 euros con cargo al crédito presupuestario consignado en la aplicación presupuestaria 19.07 231H 484.12, que se prevé en concepto de financiación suplementaria derivada, en su caso, de una generación o incorporación de crédito. La efectividad de esta cuantía adicional estará condicionada a la obtención de la financiación añadida, que será publicada antes de la resolución de concesión. Así, de acuerdo con el artículo 58.5 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver. A la vista de lo anterior, la Dirección General de Migraciones dicta la siguiente resolución: Artículo único. La cuantía máxima de las subvenciones a otorgar mediante la presente convocatoria es de 6.863.534 euros y se financiará con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: ● 19.07 231H 484.11, Ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes, por una cuantía de 1.400.000 euros. ● 19.07 231H 484.12, Ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes cofinanciadas con el Fondo de Retorno, por una cuantía de 5.463.534 euros. Madrid, 24 de junio de 2013.–El Director General de Migraciones, Aurelio Miras Portugal. ### RESUMEN: El Gobierno amplía 4,5 millones las subvenciones para mandar a inmigrantes a su país. En total, son casi 7 millones

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un crecimiento sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes. Este es el motivo por el que la Unión Europea se ha fijado como objetivo para 2020 aumentar en un 20 por ciento la eficiencia energética, objetivo que, de momento, no lleva camino de cumplirse. Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, reconocían que no se estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la Unión y que se requerían actuaciones para aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro de energía en los edificios, los transportes y los procesos de producción y manufacturación. El 8 de marzo de 2011, la Comisión adoptó su Comunicación relativa a un Plan de Eficiencia Energética 2011. En la misma, se confirmaba que la Unión Europea no alcanzaría su objetivo de eficiencia energética, a pesar de los progresos en las políticas nacionales de eficiencia energética expuestos en los primeros Planes nacionales de acción para la eficiencia energética, presentados por los Estados miembros para dar cumplimiento a la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. En este contexto ha sido necesario actualizar el marco legal de la Unión Europea en materia de eficiencia energética para alcanzar el objetivo general consistente en lograr en 2020 un ahorro del 20 por ciento en el consumo de energía primaria de la Unión Europea, y conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020. Con este fin, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas que lleven a la práctica alguna de las propuestas incluidas en el Plan de Eficiencia Energética 2011, y con ello, a alcanzar el considerable potencial de ahorro de energía no realizado. La finalidad de este real decreto será el impulso y la promoción de un conjunto de actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética de la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables a fin de asegurar la aplicación efectiva y oportuna de la citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. En este sentido se trata también de profundizar en el desarrollo del mercado de los servicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta de dichos servicios. En consecuencia, este real decreto transpone parcialmente la citada directiva, principalmente en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia energética en los procesos de producción y uso del calor y del frío. El real decreto consta de catorce artículos, agrupados en cinco capítulos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y cinco anexos. El capítulo I, bajo el epígrafe «Disposiciones generales», establece el objeto y la finalidad de este real decreto, así como las definiciones necesarias para la correcta interpretación del texto. El capítulo II, «Auditorías energéticas», contiene el ámbito de aplicación y la regulación de éstas, como su alcance, criterios mínimos que deben cumplir y requisitos que deben cumplir para alcanzar la cualificación de auditor energético. También se recoge en este capítulo la creación del registro administrativo de auditorías energéticas y el procedimiento para la inspección de su realización. Las auditorías energéticas son herramientas que permiten a las organizaciones conocer su situación respecto al uso de energía y que, por el hecho de realizarse de forma distinta según los sectores, las empresas y los países, requieren de una normalización que permita hacer comparables los resultados obtenidos. Estas auditorías permiten detectar las operaciones dentro de los procesos que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como para optimizar la demanda energética de la instalación. Asimismo, se refieren al uso y la diversificación de las fuentes energéticas, incluyendo la optimización por cambio de combustible. La información requerida para la auditoría energética de una empresa es similar a la necesaria para evaluar la huella de carbono de la organización, que requiere el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que es de carácter voluntario, por lo que dicha similitud puede permitir acceder a los incentivos incluidos en dicho real decreto y participar en los esquemas de compensación establecidos en este marco. Este real decreto establece la obligación de llevar a cabo una auditoría energética en las empresas que no sean PYMES, de acuerdo con lo establecido en el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sobre las actividades que gestiona la empresa. Esta auditoría energética debe realizarse cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior. También se establecen los requisitos que debe cumplir dicha auditoría, se crea en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo de Auditorías Energéticas y se establece un sistema de inspección de las mismas. El capítulo III, «Sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos», regula las condiciones y requisitos que deben observarse para la acreditación de estos proveedores y auditores. La acreditación es fundamental para el correcto funcionamiento de un mercado transparente y orientado a la calidad en Europa, constituyendo la herramienta establecida a escala internacional para generar confianza sobre la actuación de los verificadores de cualquier actividad. Cabe destacar que el valor de las actividades de evaluación de la conformidad, depende en gran medida de su credibilidad y de la confianza que el mercado y la sociedad, en general, tenga en dichos verificadores. Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo que garantice la competencia técnica de dichos evaluadores y su sujeción a normas de carácter internacional. Y eso es exactamente en lo que consiste la acreditación. El capítulo IV, «Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío», regula la evaluación del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración que se debe realizar, con objeto de facilitar información a los inversores en cuanto a los planes nacionales de desarrollo y contribuir a un entorno estable y propicio para las inversiones. El capítulo V, «Régimen sancionador», es el relativo a las sanciones por los incumplimientos de lo dispuesto en este real decreto. La disposición adicional primera, establece el plazo que disponen las grandes empresas para cumplir la obligación de realizar una auditoría energética y la posibilidad de que las auditorías realizadas a partir de diciembre de 2012 puedan servir para cumplir la obligación con ciertas condiciones. La disposición adicional segunda determina la obligación recogida en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 de que se deberá realizar una evaluación completa del uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes. En la disposición adicional tercera se establece que las medidas incluidas en este real decreto no supondrán un incremento de gasto. En la disposición adicional cuarta se establece la definición de edificio de consumo de energía casi nulo. La disposición transitoria primera, establece la actualización del Directorio de Empresas de Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que de acuerdo con el presente real decreto, pasa a denominarse Listado de Proveedores de Servicios Energéticos. La disposición transitoria segunda señala que la modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, contenida en la disposición final primera de este real decreto, será de aplicación a todas aquellas instalaciones que a la entrada en vigor de este real decreto no hubiesen iniciado la tramitación de evaluación ambiental. En la disposición final primera se modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En la disposición final segunda se modifica el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de cogeneración. En la disposición final tercera se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Como se expresa en la disposición final cuarta, este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre protección del medio ambiente y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente. La disposición final quinta declara que, mediante este real decreto, se incorpora al derecho español la regulación de los aspectos relativos a las auditorías energéticas, sistema de acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia en el calor y en la refrigeración, previstos en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. Las disposiciones finales sexta y séptima establecen la forma de desarrollo y aplicación del real decreto y la entrada en vigor del presente real decreto. Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el real decreto ha sido sometido al preceptivo trámite de audiencia mediante su remisión a organizaciones, asociaciones profesionales cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la disposición, a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta o Melilla, y su puesta a disposición de los sectores afectados en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Igualmente, ha sido objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de conformidad con el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 3 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de febrero de 2016, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y definiciones. 1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de un marco normativo que desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de una organización, a la promoción del ahorro energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética. 2. A efectos de este de real decreto, se estará a las siguientes definiciones: a) «Ahorro de energía»: Cantidad de energía ahorrada, determinada mediante medición y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de una o más medidas de mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía. b) «Auditor energético»: Persona física con capacidad personal y técnica demostrada y competencia para llevar a cabo una auditoría energética. c) «Auditoría energética»: Todo procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar al respecto. En el caso del transporte, la auditoría energética sólo se referirá al transporte vinculado a la actividad de la empresa. d) «Cliente final»: Toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final. e) «Consumo de energía»: Gasto medible de energía utilizada por las actividades de una organización o parte de ella. f) «Contrato de rendimiento energético»: Todo acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la eficiencia energética, verificada y supervisada durante la vigencia del contrato, en el que las inversiones (obras, suministros o servicios) en dicha medida se abonan como resultado de un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por ejemplo, el ahorro financiero o la garantía de ahorros contractuales. g) «Eficiencia energética»: La relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía y el gasto de energía. h) «Energía»: Todas las formas de productos energéticos, combustibles, calor, energía renovable, electricidad o cualquier forma de energía, según se definen en el artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) nº 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía. i) «Mejora de la eficiencia energética»: El aumento de eficiencia energética como resultado de cambios tecnológicos, de comportamiento y/o económicos. j) «Organización»: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. k) «Potencia térmica total»: suma de las potencias térmicas de todos los elementos que formen parte de una instalación térmica de generación de electricidad. l) «Proveedor de servicios energéticos»: Toda persona física o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final, de acuerdo con la normativa vigente. ll) «Renovación sustancial»: Toda renovación cuyo coste supere el 50 por ciento del coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable. m) «Servicio energético»: El beneficio físico, la utilidad o el bien, derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que pueda incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se prestará con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, haya demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificable y medible o estimable. n) «Sistema de gestión de la energía»: Un conjunto de elementos relacionados entre sí o en interacción pertenecientes a un plan que establezca un objetivo de eficiencia energética y una estrategia para alcanzarlo. CAPÍTULO II Auditorías energéticas Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Este capítulo será de aplicación a aquellas empresas que tengan la consideración de grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que ocupen al menos a 250 personas como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros. De igual modo, será también de aplicación a los grupos de sociedades, definidos según lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, que, teniendo en cuenta las magnitudes agregadas de todas las sociedades que forman el grupo consolidado, cumplan los referidos requisitos de gran empresa 2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación, las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. Artículo 3. Alcance de la exigencia y criterios mínimos a cumplir por las auditorías energéticas. 1. Las grandes empresas o grupos de sociedades incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2, deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, el 85 por ciento del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica. Con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, aquellas empresas que, durante al menos dos ejercicios consecutivos cumplan con la condición de gran empresa, deberán someterse a la primera auditoría energética en el plazo de nueve meses, siempre que no hayan realizado previamente una en un plazo inferior a cuatro años. 2. A efectos de justificar el cumplimiento de la obligación anterior, las empresas o grupos de sociedades obligados podrán utilizar algunas de las dos alternativas siguientes: a) Realizar una auditoría energética que cumpla las directrices mínimas que se indican en el apartado 3. b) Aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes, siempre que el sistema de gestión de que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a las directrices mínimas que se indican en el apartado 3. Cuando la empresa o grupo de sociedades disponga de un certificado de eficiencia energética en vigor, obtenido de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, éste podrá formar parte de la auditoría energética con relación a la parte edificatoria cubierta por el certificado de eficiencia energética, siempre y cuando dicho certificado incluya recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética, siguiendo las directrices indicadas en el apartado 3 del presente artículo. 3. Las auditorías energéticas se atendrán a las siguientes directrices: a) Deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de consumo de energía y, en el caso de la electricidad, de perfiles de carga siempre que se disponga de ellos. b) Abarcarán un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios o grupos de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, con inclusión del transporte dentro de las instalaciones o, en su caso, flotas de vehículos. c) Se fundamentarán, siempre que sea posible en criterios de rentabilidad en el análisis del coste del ciclo de vida, antes que en periodos simples de amortización, a fin de tener en cuenta el ahorro a largo plazo, los valores residuales de las inversiones a largo plazo y las tasas de descuento. d) Deberán ser proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda trazar una imagen fiable del rendimiento energético global, y se puedan determinar de manera fiable las oportunidades de mejora más significativa. 4. En las auditorías energéticas se reflejarán los cálculos detallados y validados para las medidas propuestas, facilitando así una información clara sobre el potencial de ahorro. 5. Los datos empleados en las auditorías energéticas deberán poderse almacenar para fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético. 6. Las empresas y grupos de sociedades obligados deben conservar la auditoría energética en vigor y ponerla a disposición de las autoridades competentes para inspección o cualquier otro requerimiento. 7. Las empresas y grupos de sociedades obligados serán responsables de actualizar la información contenida en sus auditorías, conforme a las condiciones que establezca el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para proceder a la actualización de la información contenida en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas. 8. Las auditorías energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir las conclusiones de la auditoría a los proveedores de servicios energéticos cualificados o acreditados, a condición de que el cliente no se oponga, y en todo caso, respetando la confidencialidad de la información. Artículo 4. Auditores energéticos. 1. Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos debidamente cualificados, tal y como se establece en el capítulo III de este real decreto. 2. La auditoría energética de una empresa podrá ser realizada por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa. Artículo 5. Inspección de la realización de las auditorías energéticas. 1. El órgano de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla competente en materia de eficiencia energética llevará a cabo, establecerá y aplicará un sistema de inspección de la realización de las auditorías energéticas independiente, para lo cual podrá realizar cuantas inspecciones considere necesarias con el fin de vigilar el cumplimiento de la obligación de realización de auditorías energéticas, en aquellas empresas a las que le sea de aplicación este real decreto, así como garantizar y comprobar su calidad. 2. La inspección se realizará sobre una selección anual al azar de al menos una proporción estadísticamente significativa de las auditorías energéticas realizadas en cada periodo de cuatro años. 3. La inspección se realizará por personal funcionario del órgano competente de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla, sin perjuicio de que las actuaciones materiales o auxiliares a la función inspectora que no impliquen el ejercicio de potestades públicas puedan ser realizadas por personal no funcionario, o, cuando ésta así lo determine, por técnicos independientes cualificados para realizar estas funciones o bien por otras entidades u organismos a los que la Administración competente encomiende esta función. 4. Los órganos competentes de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta o Melilla informarán anualmente, al menos, del número de inspecciones realizadas y del resultado de este control al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. A estos efectos, se podrá establecer un modelo de envío de información por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 5. La inspección tendrá como finalidad verificar si se ha realizado la auditoría energética y, comprobar si ésta cumple con todos los requisitos exigibles. Artículo 6. Registro Administrativo de Auditorías Energéticas. 1. Con objeto de disponer de la información que permita cumplir con el anexo XIV de la citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, se crea, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo de Auditorías Energéticas, de carácter público y gratuito, en el que quedará reflejada la información comunicada por aquellas grandes empresas sujetas al ámbito de aplicación del artículo 2, así como, de manera voluntaria, las comunicadas por el resto de empresas, en relación con las auditorías llevadas a cabo. 2. El registro contendrá la información necesaria que permita identificar a las empresas obligadas a la realización de las auditorías energéticas con el fin de facilitar a la Administración competente la realización de la inspección a la que se refiere el artículo 5, los resultados de la inspección, y otra información que se considere necesaria a efectos estadísticos y de clasificación sectorial o energética de las empresas. 3. Las empresas obligadas a la realización de las auditorías energéticas, y de manera voluntaria, el resto de empresas, deben remitir al órgano de la comunidad autónoma competente en materia de eficiencia energética donde se encuentre las instalaciones que han sido objeto de la auditoría energética, a efectos del cumplimiento del artículo 5, una comunicación, para lo que se podrá adoptar el modelo del anexo I, en un plazo máximo de tres meses desde que la citada auditoría fue realizada. El citado órgano competente remitirá dicha comunicación a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el plazo máximo de un mes, a efectos de proceder con la correspondiente inscripción en el registro. CAPÍTULO III Sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos Artículo 7. Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedor de servicios energéticos. Para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos se deberán cumplir los siguientes requisitos y disponer de la documentación que así lo acredite: a) Disponer de la documentación que identifique al prestador, que en el caso de ser persona jurídica, deberá estar constituida legalmente e incluir en su objeto social las actividades propias de la prestación de servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario, y en el caso de ser persona física estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en alguno de los grupos de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a las actividades económicas de prestación de servicios energéticos. b) Acreditar una cualificación técnica adecuada. i. En el caso de una persona física, acredita dicha cualificación cumplir alguna de las siguientes condiciones: 1.ª Estar en posesión de una titulación universitaria u otras licenciaturas, Grados o Máster universitarios en los que se impartan conocimientos en materia energética. 2.ª Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre energía, entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de las siguientes situaciones: 1.ª) Disponer de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial incluya materias relativas a la energía. 2.ª) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en materia de energía. ii. En el caso de una persona jurídica, se entenderá acreditada la cualificación cuando al menos uno de los titulares de la empresa cumpla con alguna de las condiciones anteriormente descritas o la empresa cuente entre el personal laboral contratado con, al menos, una persona que cumpla con alguna de ellas, que será quien se responsabilice, con su firma, de todos los documentos de carácter técnico que deba emitir la empresa. c) Estar en disposición de contar con los medios técnicos apropiados para proveer los servicios energéticos en el área de actividad en el que la empresa actúe, en el momento de la actuación concreta. d) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, o profesional correspondiente, y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, para lo cual el titular podrá autorizar al órgano competente para recabar la información relativa al cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. e) En caso de que no sean ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y residan en España, cumplir las previsiones establecidas en la normativa española vigente en materia de extranjería e inmigración. f) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, por una cuantía mínima de 150.000 euros, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. El importe establecido se actualizará por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía. g) En el caso de empresas que presten servicios que incluyan labores de instalación y/o mantenimiento, cumplir los requisitos establecidos para las empresas instaladoras y/o mantenedoras en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Cuando los servicios energéticos sean prestados por una Unión Temporal de Empresas (UTE), será suficiente con que entre sus miembros se cumplan los requisitos establecidos en el citado Reglamento. Artículo 8. Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de auditor energético. 1. Las personas físicas que deseen ejercer la actividad profesional de auditor energético deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones: a) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial u otras licenciaturas, Grados o Máster universitarios en los que se impartan conocimientos básicos de energía, instalaciones de los edificios, procesos industriales, contabilidad energética, equipos de medida y toma de datos y técnicas de ahorro energético, o bien; b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas, entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de las siguientes situaciones: 1.ª Disponer de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial incluya materias relativas a las auditorías energéticas. 2.ª Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en materia de auditorías energéticas. En cualquiera de las anteriores situaciones a las que se refiere el párrafo b), haber recibido y superado un curso teórico y práctico de conocimientos específicos de auditorías energéticas, impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la comunidad autónoma, con el contenido indicado en el anexo V. La realización de este curso, tendrá eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de trámites o requisitos adicionales. 2. A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo, se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se desprenda que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Artículo 9. Habilitación y declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos de proveedor de servicios energéticos. 1. Las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse como proveedores de servicios energéticos, deberán presentar, previamente al inicio de la actividad, y ante el órgano competente en materia de eficiencia energética de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla correspondiente, una declaración responsable, para lo que se podrá utilizar el modelo del anexo II, en la que el titular de la empresa o su representante legal manifieste que cumple los requisitos que se exigen por este real decreto, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad. 2. La presentación de la declaración responsable habilita para el ejercicio de la actividad, desde el momento de su presentación, en todo el territorio español por tiempo indefinido, sin perjuicio de las posteriores comprobaciones que pueda realizar la Administración competente. 3. A pesar de que no se exigirá la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable, el titular de la misma deberá tener disponible esta documentación para su presentación cuando la Administración competente así lo requiera. 4. Las modificaciones que se produzcan en relación con los datos previamente declarados, así como en el cese de la actividad, deberán ser comunicadas por el titular de la declaración responsable al órgano competente en materia de eficiencia energética de alguna de las comunidades autónomas o ciudad de Ceuta o Melilla en que ejerza su actividad, en el plazo máximo de un mes desde que se produzcan. El citado órgano competente remitirá la declaración responsable del correspondiente proveedor de servicios energéticos, o las modificaciones que se produzcan en relación con los datos comunicados, a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes. Artículo 10. Listado de Proveedores de Servicios Energéticos. 1. La información contenida en las declaraciones responsables presentadas, se incluirán en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos. 2. El listado contendrá la información necesaria que permita identificar a los proveedores de servicios energéticos con el fin de poner a disposición del público una lista de proveedores cualificados, facilitar a la Administración competente la realización de la inspección y otra información que se considere necesaria a efectos estadísticos y de clasificación sectorial o alcance de los servicios energéticos de las empresas. 3. La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y sin perjuicio de las posteriores comprobaciones que se puedan realizar, dará traslado, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de la declaración responsable comunicada previamente por el interesado al órgano competente de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla correspondiente, en materia de eficiencia energética, con objeto de que sea incluido en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos que estará disponible en su sede electrónica. No obstante lo anterior, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá ordenar en cualquier momento la rectificación de este listado como resultado de las comprobaciones a que se hace referencia en este apartado y de las modificaciones previstas en el apartado 3 del artículo 9. Artículo 11. Control del Listado de Proveedores de Servicios Energéticos. 1. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los órganos autonómicos competentes podrán regular un procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado. 2. En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaración, habilitará al órgano competente en materia de eficiencia energética de la correspondiente comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla para, tras dar audiencia al interesado, resolver sobre la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad de proveedores de servicios energéticos, sin perjuicio de la imposición, en su caso, de las sanciones correspondientes. 3. Se le notificará al interesado y a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con objeto de dar de baja a la persona física o jurídica en el «Listado de Proveedores de Servicios Energéticos». Artículo 12. Libre prestación. 1. Los proveedores de servicios energéticos legalmente establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, que deseen ejercer la actividad en territorio español, en régimen de libre prestación, deberán presentar, previo al inicio de la misma, una declaración responsable ante el órgano competente de alguna de las comunidades autónomas o ciudad de Ceuta o Melilla en que ejerza su actividad, en la que el titular de la empresa o su representante legal manifieste que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 7.f) de este real decreto, que contenga los datos que acrediten que están establecidos legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea para ejercer dichas actividades y en la que figure una declaración de la inexistencia de prohibición alguna, en el momento en que se efectúa, que impida ejercer la actividad al correspondiente proveedor en el Estado miembro de origen. En el caso de los proveedores de servicios energéticos, que no estén legalmente establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, pero que deseen ejercer la actividad en territorio español, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 del presente real decreto. La presentación de la declaración responsable a que se hace referencia en este apartado, habilita para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español y se podrá adaptar al modelo establecido en el anexo II de este real decreto. 2. Los auditores energéticos establecidos en cualquier otro Estado miembro, podrán ejercer la actividad en territorio español, en régimen de libre prestación, siempre que no exista prohibición alguna que le impida ejercer dicha actividad en el Estado miembro de origen. 3. En caso de que el ejercicio de la actividad de proveedor de servicios energéticos o auditor energético en territorio español, implique el desplazamiento de trabajadores de empresas de nacionalidad no comunitaria, éstas deberán cumplir también lo establecido en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. CAPÍTULO IV Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío Artículo 13. Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío. 1. Cada cinco años el Ministerio de Industria, Energía y Turismo llevará a cabo y notificará a la Comisión Europea, una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, que contendrá la información indicada en el anexo III. Esta evaluación tendrá plenamente en cuenta los análisis de los potenciales nacionales para la cogeneración de alta eficiencia llevados a cabo en virtud de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE. 2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán adoptar políticas que fomenten el análisis a escala local y regional del potencial de uso de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia. Se tendrán en cuenta las posibilidades de impulsar mercados de calores locales y regionales. En todo caso, las políticas de promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío, deberán respetar en todo momento lo dispuesto en el en el artículo 14.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 59.2 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 3. A efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 1, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo llevará a cabo un análisis de costes y beneficios que abarque el territorio español, atendiendo a las condiciones climáticas, a la viabilidad económica y a la idoneidad técnica, con arreglo a la parte 1 del anexo IV. El análisis de costes y beneficios deberá permitir la determinación de las soluciones más eficientes en relación con los recursos y más rentables en relación con los costes, para responder a las necesidades de calefacción y refrigeración. El análisis de costes y beneficios podrá ser parte de una evaluación medioambiental con arreglo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 4. En los casos en que la evaluación prevista en el apartado 1 y el análisis mencionado en el apartado 3 del presente artículo determine la existencia de potencial para la aplicación de la cogeneración de alta eficiencia de calefacción y/o refrigeración urbanas eficientes, cuyas ventajas sean superiores a su coste, se adoptarán las medidas oportunas para que se desarrolle una infraestructura de calefacción y refrigeración urbana eficiente y/o para posibilitar el desarrollo de una cogeneración de alta eficiencia y el uso de la calefacción y la refrigeración procedentes de calor residual y de fuentes de energía renovables. En los casos en que la evaluación prevista en el apartado 1 del presente artículo y el análisis mencionado en el apartado 3 no determinen la existencia de un potencial cuyas ventajas sean superiores a su coste, con inclusión de los costes administrativos de la realización del análisis de costes y beneficios contemplado en el apartado siguiente o en el artículo 121 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, según corresponda, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá eximir a las instalaciones de la realización de dicho análisis de costes y beneficios. 5. El promotor de la instalación deberá efectuar un análisis de costes y beneficios, de acuerdo con el anexo IV, parte 2, si: a) Se proyecta una instalación industrial cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW y que genere calor residual en un nivel de temperaturas útil, o se lleve a cabo una renovación sustancial de dicho tipo de instalación con el fin de evaluar los costes y los beneficios de la utilización del calor residual para satisfacer una demanda justificada desde el punto de vista económico, inclusive mediante la cogeneración, y de la conexión de dicha instalación a una red de calefacción y refrigeración urbana. b) Se proyecta la construcción de una nueva red urbana de calefacción y refrigeración, o de una instalación nueva de producción de energía cuya potencia térmica total supere los 20 MW en una red urbana ya existente de calefacción o refrigeración, o vaya a renovarse sustancialmente dicha instalación, con el fin de evaluar los costes y los beneficios de la utilización del calor residual procedente de instalaciones industriales cercanas. No se considerará renovación, a efectos de los párrafos a) y b) del presente apartado, la instalación de equipo para la captura del dióxido de carbono producido en instalaciones de combustión con vistas a su almacenamiento geológico, tal como se contempla en la disposición adicional segunda de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. En relación con los análisis de costes y beneficios de las instalaciones a que se refieren los párrafos a) y b), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía publicará una guía metodológica sobre la realización de dichos análisis. En su caso, los citados análisis de costes y beneficios, se realizarán en colaboración con las empresas responsables del funcionamiento de las redes urbanas de calefacción y refrigeración. 6. El apartado 5 del presente artículo se aplicará a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, así como en el del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. CAPÍTULO V Régimen sancionador Artículo 14. Infracciones y sanciones. El incumplimiento de los preceptos contenidos en este real decreto se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Disposición adicional primera. Auditorías energéticas en grandes empresas. 1. Las empresas que de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de este real decreto deban someterse a una auditoría energética, deberán realizar dicha auditoría antes de que transcurran nueve meses desde la entrada en vigor del presente real decreto. 2. No obstante lo anterior, las auditorías que se hayan realizado con posterioridad al 5 de diciembre de 2012 se entenderán válidas siempre que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 3 de este real decreto, todo ello sin perjuicio del cumplimiento del artículo 5.3. 3. Las auditorías energéticas realizadas conforme a las normas UNE-EN 16247-1. Auditorías Energéticas. Parte 1: Requisitos Generales, UNE-EN 16247-2. Auditorías Energéticas. Parte 2: Edificios, UNE-EN 16247-3. Auditorías Energéticas. Parte 3: Procesos y UNE-EN 16247-4. Auditorías Energéticas. Parte 4: Transporte, o, en su caso, sus sustituciones por futuras normas UNE EN, autorizadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de requisitos de auditorías energéticas, se entenderán que cumplen con el alcance y los criterios mínimos exigidos en el artículo 3. Disposición adicional segunda. Evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo llevará a cabo y notificará a la Comisión Europea, una evaluación completa del uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes de conformidad con el artículo 13 de este real decreto. Disposición adicional tercera. Incremento de gasto. Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Disposición adicional cuarta. Edificio de consumo de energía casi nulo. Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, en el ámbito de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo I de la citada Directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno. Disposición transitoria primera. Actualización del Directorio de Empresas de Servicios Energéticos. El Directorio de Empresas de Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía pasará a denominarse Listado de Proveedores de Servicios Energéticos. A estos efectos, aquellas empresas de servicios energéticos que a la entrada en vigor de este real decreto figuren en el actual Directorio de Empresas de Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, como consecuencia de la obligación impuesta en el artículo 19 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, deberán remitir en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, la correspondiente declaración responsable, de acuerdo con el modelo del anexo II del presente real decreto, al órgano competente en materia de eficiencia energética de alguna de las comunidades autónomas o ciudad de Ceuta o Melilla donde ejerza la actividad el correspondiente proveedor de servicios energéticos. El citado órgano competente remitirá dicha declaración responsable a la Dirección de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el plazo máximo de un mes. En caso de no presentar la citada declaración responsable se les dará de baja en el Directorio de Empresas de Servicios Energéticos y no serán inscritos en el «Listado de Proveedores de Servicios Energéticos». Disposición transitoria segunda. Expedientes en tramitación. La modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica contenida en la disposición final primera de este real decreto será de aplicación a todas aquellas instalaciones que a la entrada en vigor de este real decreto no hubiesen iniciado la tramitación de la evaluación ambiental. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, queda modificado como sigue: Uno. Se introduce dentro de la sección 1ª, capítulo II del título VII un artículo 121 bis, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 121 bis. Trámites previos. 1. Con carácter previo o simultáneo a la solicitud de autorización administrativa, el peticionario presentará ante la Dirección General de Política Energética y Minas un análisis de costes y beneficios de adaptar el funcionamiento de la instalación proyectada a la cogeneración de alta eficiencia de acuerdo con lo dispuesto en el anexo IV parte 2 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, en los siguientes casos: a) Cuando se proyecte una instalación térmica de generación de electricidad cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW. b) Cuando se lleve a cabo una renovación sustancial de una instalación térmica de generación de electricidad cuya potencia térmica total sea superior a 20 MW. A estos efectos, se entiende como renovación sustancial de una instalación existente toda sustitución de equipos de transformación de energía de la instalación por otros equivalentes, nuevos y sin uso previo, siempre y cuando el coste de inversión de estos equipos supere el 50 % del coste de inversión a nuevo de la instalación existente en el momento de la renovación sustancial. No se considerará renovación, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la instalación de equipo para la captura del dióxido de carbono producido en instalaciones de combustión con vistas a su almacenamiento geológico, tal como se contempla en la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. A los efectos previstos en este apartado, se entiende por potencia térmica total la suma de las potencias térmicas de todos los elementos que formen parte de la instalación térmica de generación de electricidad. 2. La Dirección General de Política Energética y Minas, podrá denegar la autorización de la instalación o renovación de la instalación térmica de generación, si la misma no contempla la cogeneración de alta eficiencia y el análisis de costes y beneficios realizado por el titular al que hace referencia el apartado 1, resultara favorable a su incorporación. 3. Excepcionalmente, cuando existan motivos derivados de otras obligaciones exigidas en el ordenamiento jurídico español u otras razones imperiosas de propiedad o de financiación, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá resolver, previa solicitud motivada del interesado, que determinadas instalaciones concretas queden exentas de aplicar opciones cuyos beneficios superen sus costes. En este caso, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentará a la Comisión Europea una notificación motivada de su decisión, en el plazo de tres meses desde la fecha de la resolución. 4. En todo caso, lo dispuesto en apartados anteriores aplicará a las instalaciones a las que es aplicable a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus disposiciones de desarrollo sobre las emisiones industriales, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en las mismas.» Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de cogeneración. El Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de cogeneración, queda modificado como sigue: Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo: «1. El presente real decreto tiene por objeto la creación de un marco para el fomento tanto de la cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad basada en la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria, como de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, incrementando la eficiencia energética y mejorando la seguridad del abastecimiento.» Dos. Se añaden cuatro nuevos párrafos q), r), s) y t) al artículo 2, con la siguiente redacción: «q) ‘‘Coeficiente de ocupación del suelo’’: La relación entre la superficie construida y la superficie del terreno en un territorio determinado. r) ‘‘Sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración’’: Todo sistema centralizado y de distrito de calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50 % de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor. s) ‘‘Calefacción y refrigeración eficientes’’: Toda opción de calefacción y refrigeración que, en comparación con una hipótesis de base que refleje la situación sin modificaciones, disminuya de manera mensurable la energía entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, de manera rentable, según el análisis de costes y beneficios previsto en el artículo 13 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, y teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución. t) ‘‘Calefacción y refrigeración individuales eficientes’’: Toda opción de suministro individual de calefacción y refrigeración que, en comparación con un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración, disminuya de manera mensurable la energía primaria no renovable entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, o que requiera la misma energía primaria no renovable entrante pero con un coste menor, teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución.» Tres. El artículo 3 queda redactado del modo siguiente: «Artículo 3. Funciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Con objeto de promover la cogeneración de acuerdo con el presente real decreto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se encargará, entre otras, de las siguientes funciones: a) Elaboración de los criterios generales de actuación para promover la cogeneración y los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes. b) Coordinación con la Comisión Europea en las comunicaciones relativas al fomento de la cogeneración y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, en particular la elaboración de las estadísticas e informes necesarios.» Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que queda redactado del siguiente modo: «1. A efectos de determinar la eficiencia de la cogeneración, de conformidad con lo preceptuado en el anexo III del presente real decreto, se utilizarán los valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por separado de calor y electricidad, establecidos en la Decisión de Ejecución 2011/877/UE de la Comisión, de 19 de diciembre de 2011 modificados, en su caso, por los factores de corrección correspondientes, de acuerdo con lo establecido en dicha Decisión.» Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 5. Métodos de cálculo de la electricidad de cogeneración. 1. El ahorro de energía primaria conseguido a través de la producción de calor y electricidad y energía mecánica se calculará según lo previsto en el párrafo b) del anexo III del presente real decreto, siendo la electricidad procedente de la cogeneración la calculada de acuerdo con lo preceptuado en su anexo II. Esta producción se considerará cogeneración de alta eficiencia siempre que se cumplan los criterios de eficiencia establecidos en el párrafo a) del citado anexo III. 2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, en relación al cálculo de la electricidad de cogeneración, y previa notificación a la Comisión: a) Establecer valores por defecto para la relación entre electricidad y calor de las unidades de los tipos f), g), h), i), j) y k) del anexo I. b) Establecer la relación entre electricidad y calor como una relación entre la electricidad y el calor útil cuando se opere en modo de cogeneración a baja potencia utilizando datos operativos de la unidad específica. c) Considerar períodos de referencia distintos del período de un año indicado. 3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, en relación con el cálculo del ahorro de energía primaria, y previa certificación a la Comisión, considerar periodos de referencia distintos del periodo de un año indicado.» Seis. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado del siguiente modo: «1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá establecer otros métodos alternativos, bien para restar de las cifras comunicadas posibles cantidades de electricidad no producidas mediante un proceso de cogeneración, o para definir una producción por cogeneración como cogeneración de alta eficiencia, sin que sea necesario verificar que dicha producción por cogeneración cumple los criterios establecidos en el párrafo a) del anexo III de este real decreto. Para el establecimiento del segundo método nombrado, definición de producción por cogeneración como de alta eficiencia sin la verificación de los criterios del párrafo a) del anexo II, deberá de verificarse, en el ámbito nacional, que la producción por cogeneración definida mediante dicho método de cálculo alternativo cumple, por término medio, los citados criterios del párrafo a) del anexo III.» Siete. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo: «1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, antes del 31 de diciembre de 2015, publicará un informe con los resultados de los análisis realizados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9.» Ocho. El anexo I se sustituye por el siguiente: «ANEXO I Tecnologías de cogeneración consideradas: a) Turbina de gas de ciclo combinado con recuperación del calor. b) Turbina de contrapresión sin condensado. c) Turbina de extracción de vapor de condensación. d) Turbina de gas con recuperación del calor. e) Motor de combustión interna. f) Microturbinas. g) Motores Stirling. h) Pilas de combustible. i) Motores de vapor. j) Ciclos Rankine con fluido orgánico. k) Cualquier otro tipo de tecnología o combinación de tecnologías que corresponda a la definición que figura en el artículo 2, apartado a). A la hora de aplicar los principios generales para el cálculo de la electricidad de cogeneración, se utilizarán las orientaciones detalladas establecidas por la Decisión 2008/952/CE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2008, por la que se establecen orientaciones detalladas para la aplicación del anexo II de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004.» Nueve. El inicio del párrafo c) del anexo III queda redactado del siguiente modo: «c) Cálculo del ahorro de energía utilizando un método de cálculo alternativo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6.» Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. La Parte II «Instrucciones técnicas» del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado como anexo del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, queda modificada como sigue: Uno. Se modifica la tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad de la IT 3.3 que se sustituye por la siguiente: «Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad Equipos y potencias útiles nominales (Pn) Usos Viviendas Restantes usos Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn ≤ 24,4 kW. 5 años 2 años Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años Anual Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW 2 años Anual Resto instalaciones calefacción Pn ≤ 70 kW Anual Anual Aire acondicionado Pn ≤ 12 kW 4 años 2 años Aire acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años Anual Instalaciones de potencia superior a 70 kW Mensual Mensual» Dos. Se añaden los siguientes términos y definiciones en el apéndice 1: «1. Después de ‘‘Instalaciones centralizadas’’: ‘Instalación de aire acondicionado’: Combinación de elementos necesarios para proporcionar un tipo de tratamiento del aire interior, mediante el cual la temperatura está controlada o puede bajarse. 3. Después de ‘‘Biocombustibles sólidos’’: ‘Bomba de calor’: Máquina, dispositivo o instalación que transfiere calor del entorno natural, como el aire, el agua o la tierra, al edificio o a aplicaciones industriales invirtiendo el flujo natural de calor, de modo que fluya de una temperatura más baja a una más alta. En el caso de las bombas de calor reversible, también pueden trasladar calor del edificio al entorno natural.» Disposición final cuarta. Títulos competenciales. Este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre protección del medio ambiente y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente. Disposición final quinta. Incorporación de derecho de la Unión Europea. Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la regulación de los aspectos relativos a las auditorías energéticas, al sistema de acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia en el calor y en la refrigeración, previstos en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. También se incorpora al derecho español las definiciones establecidas en los apartados 2, 15 y 18 del artículo 2 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Disposición final sexta. Desarrollo y aplicación. Por el Ministro de Industria, Energía y Turismo se dictarán las disposiciones que exijan el desarrollo y aplicación del presente real decreto. Disposición final séptima. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 12 de febrero de 2016. FELIPE R. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ ANEXO I Modelo de comunicación relativo a la realización de una auditoría energética D./D.ª …………………………………………………………………………………………… mayor de edad, con documento nacional de identidad número ……………................….., en nombre y representación de …………… ……………………………………………………, con domicilio social en ……………………………………............…, NIF ………………, teléfono de contacto …………………, y correo electrónico ...............……………………….. Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de cumplir lo establecido en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, que D………………………………………………........................., auditor cualificado, ha realizado para la empresa …………………………………, con fecha …………….. una auditoría energética en sus instalaciones de…………………………., y que la auditoría realizada: a) Cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero. b) Que refleja la siguiente información: a. Ahorro energético estimado………………………………………............................ b. Emisiones de CO2 evitadas (tCO2 e)…………………………………….................... c. Inversión estimada para acometer las mejoras señaladas en la auditoría……………………………………………………………............................. d. Consumo energético (kWh/año)………………………………................................ e. Periodo de retorno de la inversión……………………………................................ f. Ahorros energéticos correspondientes a las mejoras implementadas derivadas de la última comunicación relativa a la realización de una auditoría energética ……………………......................................................................... c) Que se dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los citados requisitos, y que se compromete a conservarlos y ponerlos a disposición de la autoridad competente, para su inspección de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía. En ………………………….… a …… de ………………………… de Firma ANEXO II Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos D./Dª. ……………………………………………………………………………………………, mayor de edad, con documento nacional de identidad número ........................................., en nombre y representación del proveedor de servicios energéticos…………… …………………………………, donde ostenta el cargo de…………………………................ Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitar la habilitación para el desarrollo de la actividad de proveedor de servicios energéticos, que: a) Los datos generales del proveedor de servicios energéticos, para el que se solicita habilitación son: Nombre:…………………………………………………………………………...................... Dirección:……………………………………………………………………........................... Código postal:…………………………………………………………………........................ Población:…………………………………………………………………….......................... Provincia:………………………………………………………………………........................ Página de internet:……………………………………………………………........................ Ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer a efectos de la publicidad del operador en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos: □ Andalucía. □ Aragón. □ Asturias. □ Baleares. □ Canarias. □ Cantabria. □ Castilla-La Mancha. □ Castilla y León. □ Cataluña. □ Ceuta. □ Comunidad Valenciana. □ Extremadura. □ Galicia. □ La Rioja. □ Madrid. □ Melilla. □ Murcia. □ Navarra. □ País Vasco. Información adicional: …………………………………………………………..................... b) Que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía. c) Que dispone de la documentación que así lo acredita. d) Que se halla legalmente establecido, sin que existan prohibiciones en este momento que le impidan ejercer la actividad en España. Asimismo, manifiesto que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de los citados requisitos, y que me comprometo a mantenerlos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad de proveedor de servicios energéticos y a notificar los hechos que supongan una modificación de los mismos, asumiendo las responsabilidades legales en caso de incumplimiento, falsedad u omisión. En …………………………….… a …… de ………………………… de..… Firma ANEXO III Potencial de eficiencia en la calefacción y la refrigeración 1. La evaluación completa de los potenciales nacionales de calefacción y refrigeración a la que se refiere el artículo 13, apartado 1, incluirá: a) Una descripción de la demanda de calefacción y refrigeración. b) Una previsión de cómo cambiará esta demanda en los siguientes 10 años, teniendo en cuenta en particular la evolución de la demanda en los edificios y los diferentes sectores de la industria. c) Un mapa del territorio nacional en el que se señalen, preservando al mismo tiempo la información comercialmente sensible: i. Los puntos de demanda de calefacción y refrigeración, incluidos: Los municipios y conurbaciones con una relación entre superficie construida y superficie del terreno de, como mínimo, 0,3. Las zonas industriales con un consumo anual total de calefacción y refrigeración de más de 20 GWh. ii. La infraestructura de calefacción y refrigeración urbana ya existente y planificada. iii. Los puntos posibles de generación de calefacción y refrigeración, incluidas: Las instalaciones de generación de electricidad con una producción anual de electricidad de más de 20 GWh. Las instalaciones de incineración de residuos. Las instalaciones de cogeneración planificadas y existentes que usan las tecnologías señaladas en el anexo I del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de cogeneración. d) La determinación de la demanda de calefacción y refrigeración que podría satisfacerse mediante cogeneración de alta eficiencia, incluida la microcogeneración residencial, y mediante calefacción y refrigeración urbana. e) La determinación del potencial adicional de cogeneración de alta eficiencia, incluido el obtenido a partir de la renovación de las infraestructuras ya existentes y la construcción de instalaciones de nueva generación e industriales, o de otras instalaciones que generen calor residual. f) La determinación del potencial de eficiencia energética de la infraestructura urbana de calefacción y refrigeración. g) Estrategias, actuaciones y medidas que podrán adoptarse hasta 2020 y hasta 2030 para realizar el potencial indicado en la letra e) a fin de satisfacer la demanda indicada en la letra d), incluidas, en su caso, propuestas de: i. Aumento de la parte correspondiente a la cogeneración en la producción de calefacción y refrigeración, y en la generación de electricidad, ii. Desarrollo de infraestructuras urbanas de calefacción y refrigeración eficientes capaces de irse adaptando a la evolución de la cogeneración de alta eficiencia, el uso de calefacción y refrigeración a partir de calor residual, y al uso de las fuentes de energía renovables, iii. Estimular la ubicación de las nuevas instalaciones térmicas de generación de electricidad y de las nuevas plantas industriales que produzcan calor residual en emplazamientos donde se recupere una cantidad máxima del calor residual disponible para satisfacer la demanda ya existente o prevista de calefacción y refrigeración. iv. Estimular la ubicación de las nuevas zonas residenciales o de las nuevas plantas industriales que consumen calor en sus procesos de producción en emplazamientos en los que el calor residual disponible, tal como se indica en la evaluación completa, pueda contribuir a satisfacer su demanda de calefacción y refrigeración. Esto podría conllevar propuestas que apoyasen la agrupación de una serie de instalaciones individuales en un mismo emplazamiento a fin de asegurar una correspondencia óptima entre la demanda y la oferta de calefacción y refrigeración. v. Estimular la conexión de las instalaciones térmicas de generación de electricidad, las plantas industriales que produzcan calor residual, las plantas de incineración de residuos y otras plantas de conversión de residuos en energía a la red local de refrigeración o calefacción urbana. vi. Estimular la conexión de las zonas residenciales y de las plantas industriales que consumen calor para sus procesos de producción a la red local de refrigeración o calefacción urbana. h) La proporción de cogeneración de alta eficiencia y el potencial realizado y los avances conseguidos en virtud de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE. i) Una estimación de la energía primaria que debe ahorrarse. j) Una estimación de las medidas de apoyo público a la calefacción y la refrigeración, si las hay, indicando el presupuesto anual y señalando el elemento de ayuda potencial; esta indicación no prejuzga una notificación separada de los regímenes de ayuda pública para la evaluación de la ayuda estatal. 2. En la medida adecuada, la evaluación completa podrá estar compuesta por un conjunto de planes y estrategias regionales o locales. ANEXO IV Parte 1 Análisis de costes y beneficios: Principios generales El análisis de costes y beneficios puede consistir en una evaluación de un proyecto de instalación individual o de un grupo de proyectos de un ámbito más amplio local, regional o nacional, a fin de establecer la opción más rentable y ventajosa de calefacción o refrigeración para una zona geográfica dada a efectos de la planificación del sistema de calefacción. Por su parte, la finalidad de la realización del análisis de costes y beneficios, en relación con las medidas destinadas a promover la eficiencia de los sistemas de calefacción y refrigeración que se contemplan en el artículo 13, apartado 3, es establecer la base de una decisión por la que se definen de forma cualificada las prioridades de los recursos limitados a nivel social. Los análisis de costes y beneficios comprenderán las siguientes etapas y consideraciones: a) Establecimiento de los límites del sistema y de los límites geográficos. El ámbito de un análisis de costes y beneficios determinado delimita el sistema de energía correspondiente. El límite geográfico abarcará una zona geográfica adecuada, bien definida, por ejemplo, una región o un área metropolitana dadas, para evitar que se seleccionen soluciones subóptimas en función de los proyectos. b) Planteamiento integrado de las opciones relativas a la demanda y la oferta. El análisis de costes y beneficios tendrá en cuenta todos los recursos de suministro pertinentes disponibles dentro de los límites del sistema y de los límites geográficos, con arreglo a los datos disponibles, incluido el calor residual de las instalaciones de generación de electricidad, de las instalaciones industriales y la energía renovable, y las características y tendencias de la demanda de calefacción y refrigeración. c) Establecimiento de una línea de base. La finalidad de una línea de base es servir de punto de referencia a partir del cual se podrán evaluar las hipótesis alternativas. d) Definición de hipótesis alternativas. Se tomarán en consideración todas las alternativas pertinentes con respecto a la línea de base. Las hipótesis que no sean viables debido a razones técnicas, financieras, de normativa nacional o por limitaciones de tiempo podrán excluirse en una primera fase del análisis de costes y beneficios, si dicha exclusión queda justificada sobre la base de consideraciones bien estudiadas, explícitas y bien documentadas. Únicamente las opciones de la cogeneración de alta eficiencia, la calefacción y refrigeración urbana eficiente o el suministro individual eficiente de calefacción y refrigeración deberían tenerse en cuenta en el análisis de costes y beneficios como hipótesis alternativas a la línea de base. e) Método para calcular el excedente del beneficio sobre el coste: i. Se evaluarán y compararán los costes y beneficios totales a largo plazo de las opciones de suministro de calefacción y refrigeración. ii. El criterio de evaluación será el valor actual neto (VAN). iii. El horizonte temporal se elegirá de tal manera que incluya todos los costes y beneficios pertinentes de las hipótesis. Por ejemplo, para una central eléctrica alimentada con gas, un horizonte temporal adecuado podrían ser 25 años, para un sistema de calefacción urbana, 30 años, o para equipo de calefacción del tipo de las calderas, 20 años. f) Cálculo y previsión de precios y otras hipótesis para el análisis económico: i. Se facilitarán hipótesis a efectos de los análisis de costes y beneficios sobre los precios de los principales factores de venta y consumo y sobre la tasa de descuento. ii. La tasa de descuento empleada en el análisis económico para el cálculo del valor actual neto se escogerá de acuerdo con directrices nacionales o europeas (teniendo en cuenta los datos provistos por el Banco Central Europeo). iii. Si procede, se empleará en el contexto nacional, regional o local, previsiones nacionales, europeas o internacionales de evolución de los precios de la energía. iv. Los precios utilizados en el análisis económico reflejarán los verdaderos costes y beneficios socioeconómicos, y deberían incluir los costes externos, como las repercusiones medioambientales y sanitarias, en la medida de lo posible, es decir, cuando exista un precio de mercado o cuanto éste ya esté incluido en la normativa europea o nacional. g) Análisis económico: Inventario de repercusiones. Los análisis económicos tendrán en cuenta todas las repercusiones económicas pertinentes. Se podrá evaluar y tener en cuenta, a la hora de adoptar una decisión, los costes y el ahorro de energía que se derivarán del aumento de la flexibilidad en la oferta de energía y la optimización del funcionamiento de las redes eléctricas, incluyendo los costes evitados y el ahorro obtenido gracias a una reducción de la inversión en infraestructura, en las hipótesis analizadas. Los costes y beneficios que se tengan en cuenta incluirán, al menos, lo siguiente: i. Beneficios: Valor de la oferta al consumidor (calor y electricidad). ii. Costes: Costes en capital de las instalaciones y equipos. Costes en capital de las redes de energía asociadas. Costes de funcionamiento fijos y variables. Costes energéticos. h) Análisis de sensibilidad. Se incluirá un análisis de sensibilidad para evaluar los costes y beneficios de un proyecto o grupo de proyectos sobre la base de los diferentes precios de la energía, las tasas de descuento y otros factores variables que tengan un impacto significativo sobre el resultado del cálculo. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía publicará una guía metodológica sobre la realización de los análisis de costes y beneficios, con arreglo al presente anexo. Por su parte, los análisis de costes y beneficios a efectos del artículo 13, apartado 3, incluirán un análisis económico que abarque los factores sociales y medioambientales. Parte 2 Principios particulares para los análisis de costes y beneficios a) Cuando se proyecte una instalación de generación de electricidad únicamente o una instalación sin recuperación de calor, se deberá realizar una comparación entre las instalaciones proyectadas o la renovación proyectada y una instalación equivalente que genere la misma cantidad de electricidad o de calor de proceso, pero que recupere calor residual y que suministre calor mediante la cogeneración de alta eficiencia y las redes urbanas de calefacción o refrigeración. b) Dentro de un límite geográfico determinado, la evaluación tendrá en cuenta las instalaciones proyectadas y cualesquiera puntos de demanda de calor existentes o potenciales pertinentes a los que pudieran dar suministro, teniendo presentes las posibilidades racionales (por ejemplo, la viabilidad técnica y la distancia). c) El límite del sistema se fijará de manera que incluya las instalaciones previstas y las cargas térmicas, como los edificios y los procesos industriales. Dentro de este límite del sistema, se determinará el coste total de suministro de calor y electricidad para ambos casos y se efectuará la comparación. d) Las cargas térmicas incluirán las cargas térmicas existentes, como una instalación industrial o un sistema de calefacción urbana existente, así como, en las zonas urbanas, la carga térmica y los costes que se generarían en caso de que se proveyera a un grupo de edificios o a parte de una ciudad de una nueva red de calefacción urbana, o se los conectara a la misma. e) El análisis de costes y beneficios se basará en una descripción de la instalación proyectada y de las instalaciones comparables, que incluya la capacidad eléctrica y térmica, si procede, el tipo de combustible, el uso y el número de horas de funcionamiento anual previsto, la ubicación y la demanda eléctrica y térmica. f) A efectos de la comparación, se tendrán en cuenta la demanda de energía térmica y los tipos de calefacción y refrigeración utilizados por los puntos de demanda de calor cercanos. La comparación abarcará los costes relacionados con la infraestructura de la instalación proyectada y de una instalación comparable. g) Los análisis de costes y beneficios incluirán un análisis económico que abarque un análisis financiero que refleje las transacciones reales de capital debidas a la inversión en instalaciones particulares y a su explotación. h) Se considerarán proyectos con un resultado favorable de beneficios en relación con los costes aquellos en que la suma de los beneficios descontados en el análisis económico y financiero supere la suma de los costes descontados (excedente de costes y beneficios). i) Se determinarán unos principios orientadores para la metodología, las hipótesis y el horizonte temporal del análisis económico. j) Se podrán exigir a las empresas responsables del funcionamiento de las instalaciones térmicas de generación de electricidad, las empresas industriales, las redes urbanas de calefacción y refrigeración, u otras partes que se encuentren bajo el límite definido del sistema y en los límites geográficos que aporten datos de uso a la hora de evaluar los costes y beneficios de una instalación particular. ANEXO V Contenidos mínimos del curso de especialización como auditor energético 1. Fundamentos de energía Termodinámica. Transmisión de calor. Transporte de fluidos. Generación de calor y frío. Cogeneración. Energías renovables: Biocombustibles. Biomasa. Eólica. Geotermia. Solar fotovoltaica. Solar térmica. Suministro y contratación de fuentes de energía. Operaciones de mantenimiento de instalaciones energéticas y registro de operaciones. 2. Análisis energético de los edificios Demanda de energía en los edificios. Climatización y ventilación. Iluminación. Envolvente. Actividad funcional y ocupacional. Normativa sobre eficiencia energética en la edificación: Código Técnico de la Edificación. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Certificación de eficiencia energética en edificios. Herramientas oficiales de la Administración General del Estado para la evaluación de la eficiencia energética. 3. Análisis energético de las industrias Energía en procesos. Aire comprimido. Aislamiento y refractarios. Fluidos térmicos. Frío Industrial. Hornos. Intercambiadores de calor. Motores eléctricos. Regulación y control. Secado. Transporte. Turbinas. Vapor y condensados. Procesos específicos de cada sector industrial. 4. Equipos de medida y toma de datos Medición de variables energéticas: Aislamiento térmico. Caudal y presión de fluidos. Temperaturas. Intensidad y tensión eléctrica. Reactiva y armónicos. Consumos de energía. Flujos luminosos y niveles de iluminación. Rendimiento de combustión. Protocolo de medidas desglosado de la instalación y de sus componentes consumidores de energía 5. Ejecución de la auditoría, presentación de resultados y propuestas de mejoras Norma UNE-EN 16247-1. Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales. Norma UNE-EN 16247-2. Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios. Norma UNE-EN 16247-3. Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos. Norma UNE-EN 16247-4. Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte.

Medalla mérito constitucional a Manuel Alba

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un crecimiento sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes. Este es el motivo por el que la Unión Europea se ha fijado como objetivo para 2020 aumentar en un 20 por ciento la eficiencia energética, objetivo que, de momento, no lleva camino de cumplirse. Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, reconocían que no se estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la Unión y que se requerían actuaciones para aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro de energía en los edificios, los transportes y los procesos de producción y manufacturación. El 8 de marzo de 2011, la Comisión adoptó su Comunicación relativa a un Plan de Eficiencia Energética 2011. En la misma, se confirmaba que la Unión Europea no alcanzaría su objetivo de eficiencia energética, a pesar de los progresos en las políticas nacionales de eficiencia energética expuestos en los primeros Planes nacionales de acción para la eficiencia energética, presentados por los Estados miembros para dar cumplimiento a la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. En este contexto ha sido necesario actualizar el marco legal de la Unión Europea en materia de eficiencia energética para alcanzar el objetivo general consistente en lograr en 2020 un ahorro del 20 por ciento en el consumo de energía primaria de la Unión Europea, y conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020. Con este fin, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas que lleven a la práctica alguna de las propuestas incluidas en el Plan de Eficiencia Energética 2011, y con ello, a alcanzar el considerable potencial de ahorro de energía no realizado. La finalidad de este real decreto será el impulso y la promoción de un conjunto de actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética de la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables a fin de asegurar la aplicación efectiva y oportuna de la citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. En este sentido se trata también de profundizar en el desarrollo del mercado de los servicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta de dichos servicios. En consecuencia, este real decreto transpone parcialmente la citada directiva, principalmente en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia energética en los procesos de producción y uso del calor y del frío. El real decreto consta de catorce artículos, agrupados en cinco capítulos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y cinco anexos. El capítulo I, bajo el epígrafe «Disposiciones generales», establece el objeto y la finalidad de este real decreto, así como las definiciones necesarias para la correcta interpretación del texto. El capítulo II, «Auditorías energéticas», contiene el ámbito de aplicación y la regulación de éstas, como su alcance, criterios mínimos que deben cumplir y requisitos que deben cumplir para alcanzar la cualificación de auditor energético. También se recoge en este capítulo la creación del registro administrativo de auditorías energéticas y el procedimiento para la inspección de su realización. Las auditorías energéticas son herramientas que permiten a las organizaciones conocer su situación respecto al uso de energía y que, por el hecho de realizarse de forma distinta según los sectores, las empresas y los países, requieren de una normalización que permita hacer comparables los resultados obtenidos. Estas auditorías permiten detectar las operaciones dentro de los procesos que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como para optimizar la demanda energética de la instalación. Asimismo, se refieren al uso y la diversificación de las fuentes energéticas, incluyendo la optimización por cambio de combustible. La información requerida para la auditoría energética de una empresa es similar a la necesaria para evaluar la huella de carbono de la organización, que requiere el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que es de carácter voluntario, por lo que dicha similitud puede permitir acceder a los incentivos incluidos en dicho real decreto y participar en los esquemas de compensación establecidos en este marco. Este real decreto establece la obligación de llevar a cabo una auditoría energética en las empresas que no sean PYMES, de acuerdo con lo establecido en el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sobre las actividades que gestiona la empresa. Esta auditoría energética debe realizarse cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior. También se establecen los requisitos que debe cumplir dicha auditoría, se crea en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo de Auditorías Energéticas y se establece un sistema de inspección de las mismas. El capítulo III, «Sistema de acreditación para proveedores ### RESUMEN: Medalla mérito constitucional a Manuel Alba

En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores. Primero. Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes: Precio total de venta al público – Euros/cajetilla A) Cigarrillos Black Jack Red C20 3,95 Chesterfield Blando 4,55 Chesterfield Classic Blue Duro 4,65 Chesterfield Classic Red Duro 4,65 Chesterfield Rich 4,50 L&M Blue Blando 4,30 L&M Blue Label Duro 4,40 L&M Red Blando 4,30 L&M Red Label 100s 4,20 L&M Red Label Duro 4,40 Marlboro Gold 100’S 5,05 Marlboro Gold Duro 4,95 Marlboro Menthol 4,95 Marlboro Pocket Pack (Corto) 4,55 Marlboro Red 100’S 5,05 Marlboro Red Beyond 4,95 Marlboro Red Blando 4,95 Marlboro Red Duro 4,95 Marlboro Touch Azul 4,55 Marlboro Touch Rojo 4,55 Philip Morris Filter King 4,40 Philip Morris Red 4,10 Precio total de venta al público – Euros/envase B) Cigarros y cigarritos Rothmans of London: Rothmans of London cigarritos (el envase de 18) 2,30 Precio total de venta al público – Euros/unidad C) Picaduras de liar Choice (25 g) 4,15 Choice (75 g) 12,50 Verso XXL lata (35 g) 5,80 D) Picaduras de pipa Afzal Apple Splash (50 g) 2,80 Afzal Black-Liquorice (50 g) 2,80 Afzal Bombay Panmasala (50 g) 2,80 Afzal Bubble Gum (50 g) 2,80 Afzal Capuccino (50 g) 2,80 Afzal Chocofusion (50 g) 2,80 Afzal Citrus Punch (50 g) 2,80 Afzal Cola (50 g) 2,80 Afzal Crush Ice (50 g) 2,80 Afzal Double Apple (50 g) 2,80 Afzal Energy Sprints (50 g) 2,80 Afzal Grape Pan Twist (50 g) 2,80 Afzal Grapes (50 g) 2,80 Afzal Iced Coconut (50 g) 2,80 Afzal Kiwi (50 g) 2,80 Afzal Lemon-Mint (50 g) 2,80 Afzal Minty Grapes (50 g) 2,80 Afzal Ocean Mix (50 g) 2,80 Afzal Pan Masala Supreme (50 g) 2,80 Afzal Pan Raas (50 g) 2,80 Afzal Red-Energy (50 g) 2,80 Afzal Silver Fox (50 g) 2,80 Afzal Spearmint (50 g) 2,80 Afzal Tropical Explosion (50 g) 2,80 Segundo. Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes: Precio total de venta al público – Euros/cajetilla A) Cigarrillos Chesterfield Classic Red Duro 3,00 L&M Blue Label Duro 2,80 L&M Red Label Duro 2,80 Marlboro Red Blando 3,10 Marlboro Red Duro 3,10 Marlboro Gold Duro 3,10 Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 15 de diciembre de 2016.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Juan Luis Nieto Fernández.

Empiezan las subidas del precio tabaco. Marlboro, Chesterfield y L&M.

En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores. Primero. Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes: Precio total de venta al público – Euros/cajetilla A) Cigarrillos Black Jack Red C20 3,95 Chesterfield Blando 4,55 Chesterfield Classic Blue Duro 4,65 Chesterfield Classic Red Duro 4,65 Chesterfield Rich 4,50 L&M Blue Blando 4,30 L&M Blue Label Duro 4,40 L&M Red Blando 4,30 L&M Red Label 100s 4,20 L&M Red Label Duro 4,40 Marlboro Gold 100’S 5,05 Marlboro Gold Duro 4,95 Marlboro Menthol 4,95 Marlboro Pocket Pack (Corto) 4,55 Marlboro Red 100’S 5,05 Marlboro Red Beyond 4,95 Marlboro Red Blando 4,95 Marlboro Red Duro 4,95 Marlboro Touch Azul 4,55 Marlboro Touch Rojo 4,55 Philip Morris Filter King 4,40 Philip Morris Red 4,10 Precio total de venta al público – Euros/envase B) Cigarros y cigarritos Rothmans of London: Rothmans of London cigarritos (el envase de 18) 2,30 Precio total de venta al público – Euros/unidad C) Picaduras de liar Choice (25 g) 4,15 Choice (75 g) 12,50 Verso XXL lata (35 g) 5,80 D) Picaduras de pipa Afzal Apple Splash (50 g) 2,80 Afzal Black-Liquorice (50 g) 2,80 Afzal Bombay Panmasala (50 g) 2,80 Afzal Bubble Gum (50 g) 2,80 Afzal Capuccino (50 g) 2,80 Afzal Chocofusion (50 g) 2,80 Afzal Citrus Punch (50 g) 2,80 Afzal Cola (50 g) 2,80 Afzal Crush Ice (50 g) 2,80 Afzal Double Apple (50 g) 2,80 Afzal Energy Sprints (50 g) 2,80 Afzal Grape Pan Twist (50 g) 2,80 Afzal Grapes (50 g) 2,80 Afzal Iced Coconut (50 g) 2,80 Afzal Kiwi (50 g) 2,80 Afzal Lemon-Mint (50 g) 2,80 Afzal Minty Grapes (50 g) 2,80 Afzal Ocean Mix (50 g) 2,80 Afzal Pan Masala Supreme (50 g) 2,80 Afzal Pan Raas (50 g) 2,80 Afzal Red-Energy (50 g) 2,80 Afzal Silver Fox (50 g) 2,80 Afzal Spearmint (50 g) 2,80 Afzal Tropical Explosion (50 g) 2,80 Segundo. Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes: Precio total de venta al público – Euros/cajetilla A) Cigarrillos Chesterfield Classic Red Duro 3,00 L&M Blue Label Duro 2,80 L&M Red Label Duro 2,80 Marlboro Red Blando 3,10 Marlboro Red Duro 3,10 Marlboro Gold Duro 3,10 Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 15 de diciembre de 2016.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Juan Luis Nieto Fernández. ### RESUMEN: Empiezan las subidas del precio tabaco. Marlboro, Chesterfield y L&M.

En el contexto de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas en materia de centralización de contratos de servicios y suministros, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el citado real decreto se crea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación como órgano directivo adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En ese mismo ámbito de la contratación de servicios y suministros, el propio Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas planteaba una ampliación del ámbito objetivo de la contratación centralizada proponiendo una serie de categorías de contratos de suministros y servicios susceptibles de centralizar. La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, avanzando en la propuesta de dicho informe, ha tramitado la propuesta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo 22.1.c) del Real Decreto 256/2012, de una modificación de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, para declarar, conforme al artículo 206 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los contratos de servicios de telecomunicaciones como contratos centralizados. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha emitido informe a la presente orden conforme a la disposición adicional primera del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En su virtud dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. La Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, queda modificada como sigue: Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue: «Artículo 2. Declaración de servicios de contratación centralizada. En el ámbito establecido en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se declaran de contratación centralizada los contratos de servicios que a continuación se relacionan: a) Los contratos de servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica cuyo presupuesto de licitación no supere 862.000 euros, I.V.A. excluido, cuyo objeto consista en: 1. Trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, diseño, construcción e implantación de sistemas de información, y los mantenimientos de las aplicaciones desarrolladas bajo esta modalidad. 2. Servicios de alojamiento en sus distintas modalidades, y los servicios remotos de explotación y control de sistemas de información que den soporte a servicios públicos de administración electrónica. b) Los contratos de servicios de telecomunicaciones.» Dos. Se añade un nuevo artículo 5 con la siguiente redacción: «Artículo 5. Autorizaciones de excepción para la contratación de servicios de telecomunicaciones. La contratación de servicios de telecomunicaciones al margen del sistema estatal de contratación centralizada podrá realizarse por el correspondiente órgano competente de acuerdo con las normas generales de competencia y procedimiento, cuando se justifique por las características de los servicios a satisfacer y previo informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.» Disposición final única. Entrada en vigor. Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 30 de octubre de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

Contratación centralizada servicios de la administración electrónica será hasta 862.000 euros

En el contexto de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas en materia de centralización de contratos de servicios y suministros, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el citado real decreto se crea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación como órgano directivo adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En ese mismo ámbito de la contratación de servicios y suministros, el propio Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas planteaba una ampliación del ámbito objetivo de la contratación centralizada proponiendo una serie de categorías de contratos de suministros y servicios susceptibles de centralizar. La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, avanzando en la propuesta de dicho informe, ha tramitado la propuesta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo 22.1.c) del Real Decreto 256/2012, de una modificación de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, para declarar, conforme al artículo 206 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los contratos de servicios de telecomunicaciones como contratos centralizados. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha emitido informe a la presente orden conforme a la disposición adicional primera del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En su virtud dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. La Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, queda modificada como sigue: Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue: «Artículo 2. Declaración de servicios de contratación centralizada. En el ámbito establecido en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se declaran de contratación centralizada los contratos de servicios que a continuación se relacionan: a) Los contratos de servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica cuyo presupuesto de licitación no supere 862.000 euros, I.V.A. excluido, cuyo objeto consista en: 1. Trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, diseño, construcción e implantación de sistemas de información, y los mantenimientos de las aplicaciones desarrolladas bajo esta modalidad. 2. Servicios de alojamiento en sus distintas modalidades, y los servicios remotos de explotación y control de sistemas de información que den soporte a servicios públicos de administración electrónica. b) Los contratos de servicios de telecomunicaciones.» Dos. Se añade un nuevo artículo 5 con la siguiente redacción: «Artículo 5. Autorizaciones de excepción para la contratación de servicios de telecomunicaciones. La contratación de servicios de telecomunicaciones al margen del sistema estatal de contratación centralizada podrá realizarse por el correspondiente órgano competente de acuerdo con las normas generales de competencia y procedimiento, cuando se justifique por las características de los servicios a satisfacer y previo informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.» Disposición final única. Entrada en vigor. Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 30 de octubre de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. ### RESUMEN: Contratación centralizada servicios de la administración electrónica será hasta 862.000 euros

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Vocento S.A. han suscrito, con fecha 12 de noviembre de 2020, un Convenio para el mecenazgo de la programación cultural del museo, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 19 de noviembre de 2020.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel J. Borja-Villel. ANEXO Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Vocento S.A. para el mecenazgo de la programación cultural del museo En Madrid, a 12 de noviembre de 2020. REUNIDOS De una parte, don Manuel Borja-Villel, Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en virtud del contrato de alta dirección en entidades del sector público estatal firmado el 19 de enero de 2008 y actuando en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 11 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (BOE de 5 de octubre de 2011) y el artículo 9.2.c) del Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (BOE de 6 de abril de 2013), En adelante, el MNCARS o el Organizador. Y, de otra parte, don Rafael Martínez de Vega,en nombre y representación de la Sociedad «Comercial Multimedia Vocento, S.A.U.», con CIF n.º A-81839219 y domicilio a estos efectos en Madrid (28027), calle Josefa Valcárcel, 40 bis, actuando en virtud de escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid, don Javier Navarro-Rubio Serres, el día 2 de diciembre de 2015, con el número 2.017 de su protocolo, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, causando la inscripción 74.ª en la hoja abierta a la sociedad M-199.008. En adelante, Vocento. Ambas partes, actuando en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas y en nombre de las instituciones que representan, reconociéndose mutua capacidad legal para intervenir en este acto EXPONEN I. El MNCARS es un organismo público adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte que tiene entre sus objetivos –conforme al artículo 3 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía–, promover el conocimiento y el acceso del público al arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicación social de las artes plásticas, fotografía, audiovisuales, espectáculos en vivo y diseño; establecer relaciones de cooperación y colaboración con otros museos, universidades, centros de investigación o instituciones culturales nacionales o extranjeras para favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos; y desarrollar acciones conjuntas con las citadas entidades que puedan contribuir a la mejor realización de sus respectivos fines y organizar conjuntamente con ellas exposiciones temporales de artes plásticas. II. Vocento es la filial con capacidad publicitaria del grupo empresarial del que es cabecera VOCENTO S.A., con fuerte presencia editorial a través de diferentes medios esencialmente de prensa escrita nacional y regional on line y off line (en adelante, en conjunto cabecera, Vocento y los medios como el Colaborador). III. El Organizador y el Colaborador, al margen de otras relaciones que mantienen, y concurriendo según garantiza MNCARS las autorizaciones y procedimientos necesarios, tienen la intención de establecer una relación de colaboración para un mecenazgo de la programación cultural del MNCARS que contribuya a su difusión pública, y a tal fin, las partes acuerdan suscribir el presente convenio (en adelante, «el Convenio»), por el que se establecen los principios por los que se regirá su colaboración en el proyecto indicado, de conformidad con el Régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, relativa al Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, artículo 25, por tratarse de un acuerdo de colaboración empresarial en actividades de interés general llevado a cabo por dos entidades acogidas a la mencionada Ley, de conformidad con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. 1.1 El objeto del presente Convenio consiste en la colaboración entre las partes, en los términos previstos en las cláusulas siguientes, para el mecenazgo de la difusión pública de la programación cultural del MNCARS. 1.2 La colaboración del MNCARS y Vocento, formalizada a través del presente Convenio se entiende, y así se reconoce y declara, efectuada en consonancia con los fines de interés general a que se refiere el Título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, de desarrollo reglamentario de la anterior, tratándose de una colaboración que no constituye una prestación de servicios sujeta a IVA. Segunda. Importe de la colaboración y forma de pago. 2.1 El Colaborador ofrece al MNCARS un mecenazgo de la programación cultural del Museo a través de su difusión pública mediante campañas publicitarias desarrolladas en sus propios medios de comunicación. A tal efecto, el Colaborador y el MNCARS establecerán conjuntamente los plazos. Las acciones que se acuerden se realizarán por el Colaborador de conformidad con la disponibilidad de sus medios y con las prácticas y usos habituales en los mismos. El contenido y diseño de las piezas publicitarias serán responsabilidad del Departamento de Prensa del MNCARS. 2.2 En todo caso, el Colaborador se compromete a realizar una campaña publicitaria, gratuita para el MNCARS, por un valor global equivalente a ciento cincuenta mil (150.000) euros anuales, IVA incluido, considerando la aplicación de un descuento mínimo del 50% sobre valor tarifa única o de cada medio del Colaborador. 2.3 El Colaborador aportará al MNCARS certificado o justificación documental del total de las acciones publicitarias realizadas en ejecución de este Convenio, durante el último mes de vigencia del mismo, al objeto de facilitar el correspondiente seguimiento del cumplimiento de su objeto. Tercera. Obligaciones del Organizador. 3.1 Como reconocimiento, y a cambio de la difusión de las piezas publicitarias en los medios de Vocento, realizada en virtud del presente Convenio, el MNCARS asume el compromiso de ofrecer notoriedad de la marca Vocento o de los medios del Colaborador en sus canales de comunicación. Todo ello en los términos previstos en la cláusula primera del Convenio y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Por tanto, la difusión de la colaboración de Vocento por parte del MNCARS no constituirá una prestación de servicios. 3.2 En particular, para asegurar dicha difusión el MNCARS se compromete a: – Incluir el logotipo y un enlace a la web de Vocento S.A. o de sus medios en el apartado de la página web del MNCARS dedicado a patrocinadores y colaboradores, así como en la página web dedicada a los proyectos culturales a los que se vincule la colaboración. – Potenciar la vinculación de la colaboración con Vocento, a través de medios tales como: inclusión dela mención o logotipo de Vocento S.A. o de sus medios en los paneles destinados al reconocimiento de patrocinadores y colaboradores situados en los hall de entrada de los edificios Sabatini y Nouvel del MNCARS, inclusión de la mención del Colaborador en la Memoria Anual de Actividades del MNCARS, así como en cualquier otra publicación editada por el MNCARS que recoja sus actividades y/o las colaboraciones de instituciones y empresas. – Incluir en los materiales de difusión propios del MNCARS relacionados con los programas culturales de referencia al patrocinio de Vocento y a la marca VOCENTO de Vocento S.A. o de las marcas de los medios (ej., folletos, web…). Cuarta. Uso de logotipos e imagen. 4.1 Todos los soportes gráficos (logotipo) necesarios para las inserciones del nombre «Vocento» de VOCENTO S.A. o/y de las marcas de sus medios en ejecución de lo previsto en el presente Convenio serán facilitados por Vocento y el MNCARS no podrá alterarlos ni modificarlos sin el previo consentimiento de la otra parte, ni utilizarlos para fines distintos a los pactados en el Convenio. 4.2 Cualquier material de difusión en relación con el objeto del presente Convenio que deba ser sometido a la supervisión y aprobación por parte de Vocento deberá ser remitido por el MNCARS con una antelación suficiente que permita la adecuada revisión. Tales revisiones deberán realizarse por Vocento en el menor tiempo posible, a fin de agilizar al máximo los procesos de edición del MNCARS. Quinta. Vigencia. El presente Convenio tendrá efectos a partir de que, una vez firmado, se inscriba en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y se publique en el Boletín Oficial del Estado, según se establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El plazo de vigencia del convenio será de 1 (un) año. Las partes podrán acordar expresamente y por escrito su prórroga, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.h) 2.º de la citada Ley 40/2015. Sexta. Confidencialidad. 6.1 Toda información que las partes obtengan recíprocamente como consecuencia de la negociación, formalización y ejecución del Convenio deberá considerarse información confidencial, amparada por el secreto profesional. 6.2 En virtud de lo anterior, las partes asumen la obligación de no revelar ni permitir a nadie revelar la información confidencial, así como restringir el acceso a aquellas personas cuya intervención sea necesaria para el desarrollo del Convenio y que deban tener acceso a la misma en relación con los fines antes mencionados. 6.3 Los deberes de confidencialidad que las partes asumen en virtud del Convenio estarán en vigor durante el plazo de cinco (5) años tras la extinción de este por cualquier causa. Séptima. No constitución de vínculo o sociedad entre las partes. 7.1 El Convenio no implica la constitución de ninguna sociedad, asociación u otra clase de vinculación entre las partes, que asumen sólo las obligaciones que figuran en la redacción de su texto, y a las cuales limitan sus responsabilidades respectivas. 7.2 Los acuerdos, contratos o convenios que cada una de las partes pueda formalizar con terceros durante la vigencia del Convenio y no estén expresamente previstos en el mismo, serán del todo ajenos a la contraparte y al propio Convenio. 7.3 Entre las partes no existe relación de solidaridad o subsidiariedad alguna, y cada una responde de forma individual y exclusiva de sus acciones y omisiones que traigan causa del Convenio. Octava. Modificaciones. El Convenio de colaboración constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes en relación con su objeto y contenido. Cualquier modificación del mismo deberá ser efectuada por escrito y requerirá acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las modificaciones se tramitarán conforme a lo previsto en el artículo 50 de la citada Ley 40/2015. Novena. Comisión mixta de vigilancia y seguimiento. 9.1 Se constituye una Comisión mixta de vigilancia y seguimiento del presente Convenio a la que corresponderá velar por el correcto desarrollo y seguimiento de lo dispuesto en el mismo, así como la resolución de los eventuales problemas de interpretación y ejecución que de éste pudieran derivarse. 9.2 La Comisión, de composición paritaria, estará integrada por cuatro miembros: – Por parte del MNCARS: el/la Dir./Dir.ª de Desarrollo Estratégico y de Negocio y el/la Responsable de Patrocinios y Alquiler de Espacios. – Por parte de Vocento: el/la Dir./Dir.ª de Relaciones Institucionales y el/la Dir./Dir.ª de Comunicación. 9.3 La Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Décima. Protección de datos de carácter personal. 10.1 El objeto del presente convenio no implica tratamiento de datos personales por parte del MNCARS. En el supuesto de plantearse la necesidad de dicho tratamiento derivado de alguna de las obligaciones del presente convenio, Vocento realiza un encargo de tratamiento de datos personales al MNCARS para el cumplimiento de dichas obligaciones. 10.2 La duración del encargo del tratamiento será la misma que la vigencia establecida en la cláusula quinta. Al término del encargo del tratamiento los datos serán devueltos a Vocento, sin perjuicio de las obligaciones de conservación y bloqueo de los datos derivadas de la normativa vigente. 10.3 El MNCARS asumirá todas las obligaciones inherentes a la figura de encargado de datos establecidas en el ordenamiento vigente, destacando especialmente los deberes de confidencialidad (artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personal y es garantía de los derechos digitales, BOE del 6) y adoptar las medidas de seguridad del Título V, artículos 28 y siguientes de la misma normas, estando sujeto al régimen sancionador de dicha normativa en virtud del artículo 70.1.b) de la Ley Orgánica 3/2018. 10.4 Asimismo, conforme al artículo 28.3.a) del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, como encargado de tratamiento de datos, el MNCARS tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones del responsable; garantizará la confidencialidad y la seguridad del tratamiento adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias; no recurrirá a un subencargado salvo en los términos legalmente previstos; asistirá al responsable para que pueda cumplir las solicitudes del ejercicio de derechos, así como para el cumplimiento de sus obligaciones y pondrá a su disposición toda la información necesaria para que el que responsable pueda demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. Undécima. Causas de extinción. 11.1 El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 11.2 Son causas de resolución del presente Convenio: a) El transcurso de su plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga de este. b) El acuerdo mutuo entre las partes. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, la parte afectada podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa conllevará la indemnización de los daños y perjuicios causados, teniendo en cuenta, en su caso, la valoración de los gastos asumidos por la parte perjudicada a consecuencia del incumplimiento y hasta el momento de resolución del Convenio. d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes. Duodécima. Naturaleza jurídica y jurisdicción competente. 12.1 El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 12.2 El presente Convenio se acoge al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, relativa al Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, artículo 25, por tratarse de un acuerdo de colaboración empresarial en actividades de interés general llevado a cabo por dos entidades acogidas a la mencionada Ley, con el compromiso fin de difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades, a cambio de una ayuda económica. 12.3 Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes de manera amistosa, en el seno de la Comisión prevista en la Cláusula Novena. A falta de acuerdo, serán competentes para conocer de las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. Decimotercera. Notificaciones. Cualquier notificación que las partes quieran realizar en relación con el presente Convenio de Colaboración deberá realizarse por escrito, a las siguientes direcciones: De Vocento: Att. Dir./Dir.ª de Comunicación y relaciones institucionales. C/ Josefa Valcárcel 40 bis, 7, 28027, Madrid. Del MNCARS: Att.: Dir./Dir.ª de Desarrollo Estratégico, Comercial y Públicos. C/ Santa Isabel, 52, 28012, Madrid. Y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman este acuerdo por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Por el MNCARS, Manuel Borja-Villel, Director.–Por Vocento, Rafael Martínez de Vega, Director General Comercial. Informado favorablemente por la Abogacía del Estado con fecha de 20 de octubre de 2020 y autorizado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda con fecha de 5 de noviembre de 2020.

Convenio de Vocento con el Reina Sofía. Los medios del grupo harán campaña al museo, valorada en 150.000 euros al año.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Vocento S.A. han suscrito, con fecha 12 de noviembre de 2020, un Convenio para el mecenazgo de la programación cultural del museo, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 19 de noviembre de 2020.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel J. Borja-Villel. ANEXO Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Vocento S.A. para el mecenazgo de la programación cultural del museo En Madrid, a 12 de noviembre de 2020. REUNIDOS De una parte, don Manuel Borja-Villel, Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en virtud del contrato de alta dirección en entidades del sector público estatal firmado el 19 de enero de 2008 y actuando en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 11 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (BOE de 5 de octubre de 2011) y el artículo 9.2.c) del Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (BOE de 6 de abril de 2013), En adelante, el MNCARS o el Organizador. Y, de otra parte, don Rafael Martínez de Vega,en nombre y representación de la Sociedad «Comercial Multimedia Vocento, S.A.U.», con CIF n.º A-81839219 y domicilio a estos efectos en Madrid (28027), calle Josefa Valcárcel, 40 bis, actuando en virtud de escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid, don Javier Navarro-Rubio Serres, el día 2 de diciembre de 2015, con el número 2.017 de su protocolo, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, causando la inscripción 74.ª en la hoja abierta a la sociedad M-199.008. En adelante, Vocento. Ambas partes, actuando en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas y en nombre de las instituciones que representan, reconociéndose mutua capacidad legal para intervenir en este acto EXPONEN I. El MNCARS es un organismo público adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte que tiene entre sus objetivos –conforme al artículo 3 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía–, promover el conocimiento y el acceso del público al arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicación social de las artes plásticas, fotografía, audiovisuales, espectáculos en vivo y diseño; establecer relaciones de cooperación y colaboración con otros museos, universidades, centros de investigación o instituciones culturales nacionales o extranjeras para favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos; y desarrollar acciones conjuntas con las citadas entidades que puedan contribuir a la mejor realización de sus respectivos fines y organizar conjuntamente con ellas exposiciones temporales de artes plásticas. II. Vocento es la filial con capacidad publicitaria del grupo empresarial del que es cabecera VOCENTO S.A., con fuerte presencia editorial a través de diferentes medios esencialmente de prensa escrita nacional y regional on line y off line (en adelante, en conjunto cabecera, Vocento y los medios como el Colaborador). III. El Organizador y el Colaborador, al margen de otras relaciones que mantienen, y concurriendo según garantiza MNCARS las autorizaciones y procedimientos necesarios, tienen la intención de establecer una relación de colaboración para un mecenazgo de la programación cultural del MNCARS que contribuya a su difusión pública, y a tal fin, las partes acuerdan suscribir el presente convenio (en adelante, «el Convenio»), por el que se establecen los principios por los que se regirá su colaboración en el proyecto indicado, de conformidad con el Régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, relativa al Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, artículo 25, por tratarse de un acuerdo de colaboración empresarial en actividades de interés general llevado a cabo por dos entidades acogidas a la mencionada Ley, de conformidad con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. 1.1 El objeto del presente Convenio consiste en la colaboración entre las partes, en los términos previstos en las cláusulas siguientes, para el mecenazgo de la difusión pública de la programación cultural del MNCARS. 1.2 La colaboración del MNCARS y Vocento, formalizada a través del presente Convenio se entiende, y así se reconoce y declara, efectuada en consonancia con los fines de interés general a que se refiere el Título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, de desarrollo reglamentario de la anterior, tratándose de una colaboración que no constituye una prestación de servicios sujeta a IVA. Segunda. Importe de la colaboración y forma de pago. 2.1 El Colaborador ofrece al MNCARS un mecenazgo de la programación cultural del Museo a través de su difusión pública mediante campañas publicitarias desarrolladas en sus propios medios de comunicación. A tal efecto, el Colaborador y el MNCARS establecerán conjuntamente los plazos. Las acciones que se acuerden se realizarán por el Colaborador de conformidad con la disponibilidad de sus medios y con las prácticas y usos habituales en los mismos. El contenido y diseño de las piezas publicitarias ### RESUMEN: Convenio de Vocento con el Reina Sofía. Los medios del grupo harán campaña al museo, valorada en 150.000 euros al año.

Departamento 2.º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante Auto de fecha 20 de abril de 2015, dictado en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-35/15, Administración del Estado (Declaración sobre la Cuenta General del Estado 2010 –Consorcio Público Casa del Mediterráneo), Alicante, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por presuntas irregularidades contables como consecuencia de pagos de locomoción, de personal, denominación confusa y numeración errónea de algunas cuentas que no deja clara la naturaleza de los gastos que se deben incluir en las mismas, y la inadecuada justificación del gasto en atenciones protocolarias, que se realizaron en el Consorcio Público Casa del Mediterráneo en el ejercicio 2010. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 20 de abril de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.

Tribunal de Cuentas investiga pluses en el ayuntamiento de Utrera y gastos protocolarios en el de Alicante.

Departamento 2.º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, mediante Auto de fecha 20 de abril de 2015, dictado en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-35/15, Administración del Estado (Declaración sobre la Cuenta General del Estado 2010 –Consorcio Público Casa del Mediterráneo), Alicante, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance, por presuntas irregularidades contables como consecuencia de pagos de locomoción, de personal, denominación confusa y numeración errónea de algunas cuentas que no deja clara la naturaleza de los gastos que se deben incluir en las mismas, y la inadecuada justificación del gasto en atenciones protocolarias, que se realizaron en el Consorcio Público Casa del Mediterráneo en el ejercicio 2010. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 20 de abril de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: Tribunal de Cuentas investiga pluses en el ayuntamiento de Utrera y gastos protocolarios en el de Alicante.

Por el Procurador don José Antonio Sandín Fernández, en nombre y representación de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores-Empleados Públicos (USIT-EP), se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en relación con el artículo 27.4 b) de organización del primer curso de Bachillerato y el artículo 28.4 de organización del segundo curso de Bachillerato, respecto a la Religión en ambos caso, y que figura registrado con el número 1/32/15. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 26 de febrero de 2015.- La Secretaria Judicial.

El sindicato de funcionarios USIT recurre ante el TS que la asignatura de Religión sea optativa en bachillerato

Por el Procurador don José Antonio Sandín Fernández, en nombre y representación de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores-Empleados Públicos (USIT-EP), se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en relación con el artículo 27.4 b) de organización del primer curso de Bachillerato y el artículo 28.4 de organización del segundo curso de Bachillerato, respecto a la Religión en ambos caso, y que figura registrado con el número 1/32/15. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 26 de febrero de 2015.- La Secretaria Judicial. ### RESUMEN: El sindicato de funcionarios USIT recurre ante el TS que la asignatura de Religión sea optativa en bachillerato

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley, del que formarán parte los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Fijadas por el Gobierno las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, así como las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, el Ministerio de Educación y Ciencia estableció el currículo de la Educación Primaria en la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, y de la Educación Secundaria Obligatoria en la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio. El Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, establece una nueva redacción para el área de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» en la Educación Primaria, así como para la materia de «Educación para la ciudadanía» en la Educación Secundaria Obligatoria (correspondiente a las materias de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» de uno de los tres primeros cursos y « Educación Ético-Cívica» de cuarto curso). Por todo ello, resulta necesario proceder a la modificación de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria y de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación del la Educación Secundaria Obligatoria. En el proceso de elaboración de esta norma ha emitido informe el Consejo Escolar del Estado. La disposición final primera del Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, faculta al titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en el citado real decreto. En virtud de lo expuesto, dispongo: Artículo primero. Objeto y ámbito de aplicación. 1. El objeto de la presente orden es la modificación de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria y de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria. 2. Lo establecido en esta orden será de aplicación en los centros docentes públicos y privados correspondientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Artículo segundo. Modificación de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria. El Anexo II, Áreas de Educación Primaria, apartado «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos», de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, queda redactado de la siguiente manera: «EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS Según las recomendaciones de los organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Consejo de Europa (Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa), así como de la propia Unión Europea, la incorporación de esta área como materia independiente en el currículo atiende a la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad democrática como vía para lograr la cohesión social y una identidad europea común. En el último ciclo de la Educación Primaria, momento en el que se introduce el área, los niños están en condiciones de iniciarse en la participación democrática activa en el centro docente y en su comunidad y de abordar el estudio explícito de la Constitución Española y de los Derechos Humanos y su carácter universal. A esta edad también son capaces de reflexionar sobre su pertenencia a una nación, a una región, a un municipio y a un barrio, al tiempo que forman parte de una sociedad global. Los planteamientos metodológicos deben, por tanto, promover el afán de saber, el conocimiento de las normas jurídicas y de los reglamentos de convivencia de los centros escolares, el buen funcionamiento de las instituciones políticas constitucionales, la necesidad de la ética en la dirección de los asuntos públicos y el espíritu de autosuperación y de mejora de la sociedad. Los contenidos se organizan en tres bloques: el bloque 1, El Individuo y las relaciones interpersonales y sociales, trata de la libertad de las personas, su autonomía, la asunción de responsabilidades, identidad y condición moral, así como de los hábitos personales y sociales relacionados con la alimentación saludable y el fomento de la actividad física. Todo ello basado en el reconocimiento de la singularidad de todo ser humano y de los distintos caracteres y maneras de ser, así como la dignidad de todas las personas y de manera particular de aquellas con discapacidad. El bloque 2, La vida en comunidad, trata de la convivencia, de los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación). Se pretende también que el alumno comprenda el valor de la vida humana, la especificidad social y moral del ser humano que impide su tratamiento como un mero objeto. Finalmente, el bloque 3, Vivir en sociedad, propone el conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución, una información sobre los servicios públicos y bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso de los servicios educativos y sanitarios, la protección civil, la seguridad, la defensa y la educación vial. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas La Educación para la Ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de varias competencias, pero se relaciona directamente con la competencia social y ciudadana. En relación con esta competencia, el área afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el desarrollo de niños como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima, el afán de superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. También se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área propone la utilización sistemática del diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades sociales y los hábitos cívicos necesarios para una sociedad democrática. Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Española, así como su aplicación por parte de diversas instituciones. La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social permitirá que los futuros ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que el área propone el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión, favorecen también los aprendizajes posteriores. Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, en la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias así como de las ideas. El currículo atiende, desde la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio y a la toma de postura sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía del alumno para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismo y el respeto a las demás personas. A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del área. Además, el uso sistemático del debate, procedimiento imprescindible en esta área, contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Objetivos La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 1. Desarrollar el autoconocimiento, el afán de superación y la autonomía personal. 2. Capacitar al alumno para que pueda actuar libremente en las relaciones sociales con actitudes generosas y constructivas. 3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 4. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución Española. 5. Mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, que sean conformes con la Constitución Española y las Declaraciones internacionales de protección de los Derechos Humanos, reconociendo sus valores enriquecedores para la convivencia. 6. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas y valorar el papel de las administraciones en la garantía de los derechos y libertades fundamentales, así como de los servicios públicos básicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia. 8. Conocer y respetar las normas básicas que regulan la circulación, especialmente aquellas que tienen que ver con la seguridad. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad en el cuidado del entorno próximo. 9. Describir la organización, la forma de elección y las principales funciones de algunos órganos de gobierno del Municipio, de las Comunidades Autónomas, del Estado y de la Unión Europea. Identificar los deberes más relevantes asociados a ellos. 10. Educar en salud integral, conocer las habilidades y valores necesarios para actuar positivamente respecto a la salud. Tercer ciclo Contenidos Bloque 1. El individuo y las relaciones interpersonales y sociales. Autonomía, voluntad, autoestima y responsabilidad. La dignidad humana. Derechos Humanos y Derechos de la Infancia. Relaciones entre derechos y deberes. La universalidad de los Derechos Humanos. No discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos y especialmente en la familia y en el mundo laboral y social, promoviendo la corresponsabilidad de mujeres y hombres. Aprender a compartir las tareas domésticas y de cuidado de la familia. Reconocimiento de los otros como base de la convivencia. La amistad. Hábitos de vida saludables relacionados principalmente con la alimentación, la actividad física y deportiva. Bloque 2. La vida en comunidad. Valores cívicos en la sociedad democrática. La convivencia en la familia, el colegio, el barrio y la localidad. El derecho y el deber de participar. Los diferentes cauces de participación. El pluralismo en la sociedad democrática. Identificación de situaciones de marginación, desigualdad, discriminación e injusticia social. Importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social. Bloque 3. Vivir en sociedad. La convivencia social. Necesidad de las normas para convivir. Los principios de convivencia en la Constitución Española. Derechos y deberes en la Constitución. Servicios públicos y bienes comunes. La contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. Hábitos cívicos: Los espacios públicos y el medio ambiente. La protección civil y la colaboración ciudadana frente a los desastres. La seguridad integral del ciudadano. Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de causas y grupos de riesgo en los accidentes de tráfico (peatones, viajeros, ciclistas, etc.). Criterios de evaluación 1. Mostrar respeto por las diferencias y por las características personales propias y de los demás, valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas. 2. Argumentar y defender las opiniones personales, escuchar y valorar críticamente las opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto. 3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos, asumiendo tanto las obligaciones como las responsabilidades. 4. Conocer la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los principales derechos y obligaciones cívicas que de ellos se desprenden. 5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia, e identificar los factores sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro tipo que las provocan. 6. Conocer el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y reconocer la obligación de éstos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos. 7. Mostrar actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la defensa y a la seguridad integral de los ciudadanos. 8. Reconocer actitudes que contribuyan a la adquisición de hábitos de vida saludables relacionados principalmente con la alimentación, la actividad física y deportiva.» Artículo tercero. Modificación de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria. El Anexo II, materias de Educación Secundaria Obligatoria, apartado «Educación para la ciudadanía», de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria queda redactado de la siguiente manera: «EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas educativos velar por que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa, en sintonía con la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Por otra parte, la Constitución Española en su artículo 1.1, se refiere a los valores en que se debe sustentar la convivencia social, que son: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El mandato constitucional y estas recomendaciones son los ejes que vertebran el currículo de estas materias, cuyo objetivo fundamental es formar ciudadanos libres y responsables. La acción educativa debe permitir a los jóvenes asumir de un modo crítico, reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y sociales en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas diferentes de la propia. Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a la condición social del ser humano, que no se agota en la mera ciudadanía, e involucra elementos afectivos y emocionales que no siempre pueden regularse por la normativa legal ni son competencia fundamental de un Estado. Igualmente, y habida cuenta de que una nación no es sólo una realidad jurídica sino también simbólica, estas materias prestarán una especial atención al conocimiento y respeto de las instituciones jurídico-políticas y de los símbolos propios de España y de la Unión Europea. En este sentido, se abordarán especialmente la promoción de los derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, la creación de las normas jurídicas según la Constitución, el funcionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos, las teorías éticas y los derechos humanos, como referencia universal para la conducta humana, así como los aspectos relativos a la superación de conflictos, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas. La Educación para la Ciudadanía está configurada en esta etapa por dos materias: La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se imparte en uno de los tres primeros cursos y la Educación Ético-Cívica de cuarto curso. Ambas materias se estructuran en varios bloques que van desde lo personal y lo más próximo a lo global y más general; en ambas existe un conjunto de contenidos comunes a estos bloques, que llevan a la adquisición de procedimientos, habilidades sociales y actitudes básicas para el desarrollo de una buena convivencia y de la ciudadanía democrática. Es común a ambas materias partir de la reflexión sobre la persona y las relaciones interpersonales. También son comunes el conocimiento y la reflexión sobre los derechos humanos, desde la perspectiva de su carácter histórico, favoreciendo que el alumnado valore que no están garantizados por la mera existencia de una Declaración, sino que es posible su ampliación o su retroceso. Finalmente, ambas materias comparten el estudio de las características y problemas fundamentales de las sociedades y del mundo global del siglo XXI. Los contenidos se presentan organizados en cinco bloques. En el bloque 1 figuran los contenidos comunes, que están encaminados a desarrollar aquellas habilidades y destrezas relacionadas con la reflexión, la participación y el diálogo. El bloque 2, Relaciones interpersonales y participación, trata aspectos relativos a las relaciones humanas desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el fomento de la solidaridad. Asimismo, se abordan aspectos relativos a la participación y representación en el centro escolar y el compromiso con actividades sociales y de voluntariado, encaminadas a lograr una sociedad justa y solidaria. El bloque 3, Deberes y derechos ciudadanos, profundiza en un contenido ya trabajado en el tercer ciclo de Educación Primaria. Además del conocimiento de los principios recogidos en los textos internacionales, propone la reflexión en el sentido de dichos principios, en la identificación de situaciones de violación de los derechos humanos y en la actuación que corresponde a los Tribunales Ordinarios y a los Tribunales Internacionales cuando esas situaciones de violación de los derechos humanos se producen. El bloque 4, Las sociedades democráticas del siglo XXI, incluye contenidos relativos a la diversidad social y al funcionamiento de los Estados democráticos, centrándose particularmente en el modelo político español. El bloque 5, Ciudadanía en un mundo global, aborda algunas de las características de la sociedad actual: las diferencias entre distintas regiones del mundo, el proceso de globalización e interdependencia, los principales conflictos del mundo actual, así como el papel de los organismos internacionales e instituciones europeas en su prevención y resolución. En cuanto a la Educación Ético-Cívica de cuarto curso, parte también del análisis de las relaciones interpersonales y de la convivencia, analizando la libertad y responsabilidad como características que definen a la persona y que hacen posible la convivencia. El estudio de los derechos humanos, desde la perspectiva ética y moral, lleva al alumnado a la comprensión de los fundamentos morales de la convivencia. Además, adoptar la perspectiva de la filosofía moral, ayuda de modo específico a situar los problemas ético-políticos y ético-jurídicos en un nivel de universalidad y de abstracción racional, lo que permite desarrollar en los alumnos la capacidad crítica y argumentativa de un modo eminente. En este sentido, resulta imprescindible proporcionar a los alumnos una fundamentación filosófica de la especificidad moral de los seres humanos y el conocimiento de algunos conceptos claves de la moralidad humana (libertad, autonomía, valor, norma, derecho, deber, etc.) y, junto a ello, una breve introducción a las principales teorías éticas del mundo occidental. La Educación Ético-Cívica de cuarto curso se organiza en seis bloques, que incluyen en el primero de ellos los contenidos comunes señalados. El bloque 2, Identidad y alteridad, se centra en los valores de la identidad personal, la libertad y la responsabilidad. En el bloque 3, Teorías éticas, los derechos humanos, se incluye el análisis de las grandes líneas de reflexión ética y, particularmente, el referente ético universal que representan las diferentes formulaciones de los derechos humanos. El bloque 4, Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales, aborda el análisis de los fundamentos éticos y jurídicos de nuestro sistema político democrático planteándolo en un nivel de universalidad y de abstracción racional superior al de cursos anteriores, posible por la mayor madurez del alumnado de esta edad. El bloque 5, Problemas en el mundo actual, analiza la aproximación crítica a fenómenos tales como la globalización, las políticas de ayuda al desarrollo, los conflictos bélicos y la actuación de la comunidad internacional en su prevención y resolución. El bloque 6, La igualdad entre hombres y mujeres, vuelve al estudio de contenidos ya tratados en cursos anteriores (la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el mundo laboral así como la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado). En este curso se opta por incluir un bloque con entidad propia que haga posible la reflexión en profundidad sobre la igualdad, la corresponsabilidad y la libertad. Contribución de las materias a la adquisición de las competencias básicas La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la Educación Ético-Cívica se relacionan directamente con la competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen a desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias básicas. En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y público implícito en ella: Propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales puesto que trabaja las habilidades encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los Estados y de las sociedades democráticas y de otros contenidos específicos como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma en que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de conflicto o por parte de regímenes no democráticos. Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciudadana, favoreciendo que los alumnos reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos, al tomar una decisión o al afrontar un conflicto. Asimismo, se debe favorecer el conocimiento de los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos y Libertades y en la Constitución Española. La Educación para la Ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica del conocimiento, información y opinión. Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia básica de autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, al estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. Objetivos Las materias Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la Educación Ético-Cívica en esta etapa, tendrán como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 2. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y a los prejuicios. 4. Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan. 5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre la libertad y la responsabilidad individuales. 6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres. 7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos. 8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las causas que provocan la violación de los derechos. 10. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar las acciones encaminadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes de circulación. 14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. Cursos primero a tercero Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos Contenidos Bloque 1. Contenidos comunes. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los otros. El diálogo. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. Hechos y opiniones. Bloque 2. Persona y sociedad. Autonomía personal y relaciones interpersonales. Modelos socioculturales y autoestima, gestión de las emociones, desarrollo de factores de protección frente a las enfermedades, las adicciones y el consumismo. El carácter social del ser humano: persona y sociedad. La familia en el marco de la Constitución Española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. La noción de ciudadanía. Los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española. Los valores fundamentales de la Constitución Española: Sus símbolos. Derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La justicia. La equidad y la solidaridad. El cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas en situación desfavorecida. La participación en el centro educativo. Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros pactos y convenios internacionales asociados, como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. La protección de los derechos humanos frente a sus violaciones. Los Tribunales Internacionales. La extensión de los derechos humanos: Un reto del mundo actual. Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos con respeto a los límites impuestos por la legislación. La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar. Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. Gestión de desechos y consumo eficiente. Preservación de nuestro patrimonio natural. La contaminación acústica. Bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los servicios de interés general. El Estado del Bienestar. Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y el sistema español de pensiones. Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. El Estado de Derecho: Su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: La responsabilidad pública. El deber de transparencia en la gestión pública. Las sociedades democráticas como sociedades plurales y abiertas. Las democracias representativas. El Parlamento. La participación de los ciudadanos. Las elecciones. La opinión pública. Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural dentro del marco constitucional. La dimensión económica de la sociedad humana. Libertad política y libertad económica. El papel de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor. Las ONG y la Sociedad Civil. Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias. Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. Los conflictos en el mundo actual: Terrorismo, estados fallidos fanatismo religioso Derecho internacional humanitario. La lucha contra el subdesarrollo y acciones para lograr un mundo más próspero y más justo. Globalización e interdependencia: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevas formas de relación y ocio. Derecho a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual. Criterios de evaluación 1. Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, situaciones de discriminación. 2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo. 3. Rechazar la discriminación y toda violación de los Derechos Humanos. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global. 4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos. 5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y formas de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. 6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado de la salud, el entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. 7. Conocer y valorar el impacto de las nuevas tecnologías (derecho a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual), la globalización, o algunos de los rasgos de nuestras sociedades actuales (pluralidad cultural, sociedad del conocimiento, etc.) en nuestra convivencia cívica. 8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar la importancia del Derecho Internacional Humanitario para paliar las consecuencias de los conflictos. Cuarto curso Educación Ético-Cívica Contenidos Bloque 1. Contenidos comunes. Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes posturas éticas y políticas. Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o de carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, considerando las posiciones y alternativas existentes. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. Reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y de libertades y de las injusticias en el mundo contemporáneo. La libertad y la justicia como objetivo. Participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro. Bloque 2. Libertad y responsabilidad. El carácter moral y social de las acciones humanas. Libertad y responsabilidad como condiciones de posibilidad de la acción política y moral. Los criterios morales y la noción de valor. El bien y la justicia como valores fundamentales de la acción personal y social humana. La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito de reflexión propio de la Filosofía. Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos. Las teorías éticas. Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Evolución, interpretaciones y defensa efectiva de los derechos humanos. Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. Los derechos humanos en las nuevas tecnologías de la información. Los derechos humanos y el respeto a la vida y a la dignidad humana en el contexto de la nueva biotecnología. Bloque 4. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. Democracia y participación ciudadana. Instituciones democráticas del Estado Español, de la Comunidades autónomas y de la Unión Europea: Fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico español como instrumento de regulación de la convivencia. Instituciones y normas fundamentales. La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. Educación cívico-tributaria. Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual. Factores que generan problemas y discriminaciones. Valoración ética desde los derechos humanos. Propuestas de actuación. La globalización y desarrollo. Poder y medios de comunicación. Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. Cooperación. Los movimientos comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos. Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolución. Bloque 6. La igualdad entre hombres y mujeres. Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad. Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y de hecho. Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia contra las mujeres. Criterios de evaluación 1. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos básicos de la estructura moral de los seres humanos. 2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas morales. 3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales. 5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como forma de convivencia social y política. 6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución Española y la noción de sistema democrático como forma de organización política en España y en el mundo. 7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de vida más justas. 8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar el Derecho Internacional Humanitario. 9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Conocer los principales hitos en la historia de los derechos de las mujeres. Rechazar cualquier discriminación o violencia hacia la mujer. 10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y del entorno. 11. Identificar problemas éticos de las tecnologías de la información y la comunicación y de nuestro modelo de desarrollo tecnológico.» Disposición final primera. Aplicación de la Orden. Se autoriza a la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta orden. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 9 de enero de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.

El Gobierno modifica órdenes para que su versión de agosto de la Educación para la Ciudadanía siga vigente.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley, del que formarán parte los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Fijadas por el Gobierno las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, así como las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, el Ministerio de Educación y Ciencia estableció el currículo de la Educación Primaria en la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, y de la Educación Secundaria Obligatoria en la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio. El Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, establece una nueva redacción para el área de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» en la Educación Primaria, así como para la materia de «Educación para la ciudadanía» en la Educación Secundaria Obligatoria (correspondiente a las materias de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» de uno de los tres primeros cursos y « Educación Ético-Cívica» de cuarto curso). Por todo ello, resulta necesario proceder a la modificación de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria y de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación del la Educación Secundaria Obligatoria. En el proceso de elaboración de esta norma ha emitido informe el Consejo Escolar del Estado. La disposición final primera del Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, faculta al titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en el citado real decreto. En virtud de lo expuesto, dispongo: Artículo primero. Objeto y ámbito de aplicación. 1. El objeto de la presente orden es la modificación de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria y de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria. 2. Lo establecido en esta orden será de aplicación en los centros docentes públicos y privados correspondientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Artículo segundo. Modificación de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria. El Anexo II, Áreas de Educación Primaria, apartado «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos», de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, queda redactado de la siguiente manera: «EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS Según las recomendaciones de los organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Consejo de Europa (Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa), así como de la propia Unión Europea, la incorporación de esta área como materia independiente en el currículo atiende a la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad democrática como vía para lograr la cohesión social y una identidad europea común. En el último ciclo de la Educación Primaria, momento en el que se introduce el área, los niños están en condiciones de iniciarse en la participación democrática activa en el centro docente y en su comunidad y de abordar el estudio explícito de la Constitución Española y de los Derechos Humanos y su carácter universal. A esta edad también son capaces de reflexionar sobre su pertenencia a una nación, a una región, a un municipio y a un barrio, al tiempo que forman parte de una sociedad global. Los planteamientos metodológicos deben, por tanto, promover el afán de saber, el conocimiento de las normas jurídicas y de los reglamentos de convivencia de los centros escolares, el buen funcionamiento de las instituciones políticas constitucionales, la necesidad de la ética en la dirección de los asuntos públicos y el espíritu de autosuperación y de mejora de la sociedad. Los contenidos se organizan en tres bloques: el bloque 1, El Individuo y las relaciones interpersonales y sociales, trata de la libertad de las personas, su autonomía, la asunción de responsabilidades, identidad y condición moral, así como de los hábitos personales y sociales relacionados con la alimentación saludable y el fomento de la actividad física. Todo ello basado en el reconocimiento de la singularidad de todo ser humano y de los distintos caracteres y maneras de ser, así como la dignidad de todas las personas y de manera particular de aquellas con discapacidad. El bloque 2, La vida en comunidad, trata de la convivencia, de los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación). Se pretende también que el alumno comprenda el valor de la vida humana, la especificidad social y moral del ser humano que impide su tratamiento como un mero objeto. Finalmente, el bloque 3, Vivir en sociedad, propone el conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución, una información sobre los servicios públicos y bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones públ ### RESUMEN: El Gobierno modifica órdenes para que su versión de agosto de la Educación para la Ciudadanía siga vigente.

I La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, declara como deber del legislador y cometido de la ley consagrar y proteger el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, así como promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las vividas durante la contienda y la represión posterior. En los cimientos de esta Ley se encuentra la clara voluntad de reencuentro entre los españoles y de homenaje igualitario a todas las víctimas del episodio más doloroso de nuestra historia reciente. Se considera inaplazable que la democracia española honre a todos los que padecieron las injusticias y agravios producidos durante este enfrentamiento, que dividió a la sociedad española durante décadas. La reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que se acomete mediante el presente real decreto-ley, se asienta sobre estos mismos principios y valores, que son también los que inspiran la vigente Constitución Española. Es un símbolo que muestra la valentía y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas para hacer frente a nuestro pasado y para encarar así nuestro futuro como sociedad. II Uno de los aspectos destacados de la Ley 52/2007 es la retirada de símbolos y monumentos de exaltación de la Guerra Civil y de la Dictadura, como medida necesaria para expresar la repulsa y condena hacia elementos que chocan frontalmente con los principios que fundamentan nuestra sociedad y nuestro ordenamiento jurídico. En este contexto, deviene esencial el artículo 16.2 de la Ley al prever que en ningún lugar del Valle de los Caídos «podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo». Este precepto se sostiene en la voluntad, expresada en la disposición adicional sexta de esta Ley, de que el Valle de los Caídos se consagre como un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la represión política posterior. La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda. El presente real decreto-ley pretende poner fin a esta situación, al establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra. Así mismo, consagra de manera expresa el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas. III El fundamento y el objetivo de la reforma, a los que se acaba de aludir, son de un inequívoco y extraordinario interés público: que la actuación de los poderes públicos atienda al sentir mayoritario de la sociedad española, que considera inaplazable poner fin a décadas de una situación impropia de un Estado democrático y de Derecho consolidado. Muestra elocuente de este sentir ha sido la aprobación con un único voto en contra en el Congreso de los Diputados, el 11 de mayo de 2017, de la Proposición No de Ley para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007. Esta proposición no de Ley insta al Gobierno de España a «afrontar, de forma decidida y urgente, las recomendaciones del Informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos entregado al Ministerio de la Presidencia el 29 de noviembre de 2011. Con ello debemos proceder a resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos». Esta proposición no de ley explicita de forma contundente la voluntad de los representantes de la ciudadanía de proceder a la exhumación y de hacerlo, además, de forma no sólo urgente sino también preferente. En efecto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar las recomendaciones del Informe de 2011 de manera «urgente», señalando además como «preferente» la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos. De esta forma, resulta manifiesto que el mandato que el Congreso de los Diputados dirige al Gobierno debe cumplirse a la mayor brevedad. A mayor abundamiento, la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma legal viene apoyada y avalada por la perentoria exigencia de dar cumplimiento a los reiterados requerimientos de Naciones Unidas que, en los últimos años, ha venido requiriendo al Estado español para que dé cuenta de las medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática. Concretamente, el Informe emitido en julio de 2014 por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno español y la petición de que en un plazo de 90 días «presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar estas recomendaciones y asistir a las víctimas del franquismo». Con respecto al Valle de los Caídos, este Grupo de Trabajo lamenta específicamente que no se hayan implementado las recomendaciones del aludido Informe de 2011 en relación con la retirada de los restos del dictador Francisco Franco de dicho mausoleo. En este mismo sentido Pablo de Greiff, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió un Informe el mismo mes de julio de 2014 donde vinculaba la presencia de Francisco Franco en el Valle de los Caídos con la exaltación del franquismo y con las dificultades de consagrarlo como lugar en favor de la paz y la reconciliación, además de sugerir implementar las recomendaciones del 2011 respecto del Valle. Los motivos que acaban de exponerse justifican ampliamente la concurrencia de los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno para aprobar el presente real decreto-ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución (STC 142/2014, FJ 3 y STC 61/2018, FFJJ 4 y 7). Concurren también las notas de excepcionalidad, gravedad y relevancia que hacen necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de una ley, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (STC 68/2007, FJ 10 y STC 137/2011, FJ 7). Por otra parte, la ausencia de actividad gubernamental previa dirigida al cumplimiento del mandato parlamentario urgente y preferente del año 2017 no impide al ejecutivo usar, en este momento, la legislación de urgencia. En efecto, el hecho de que una situación haya sido tolerada por largo tiempo debido a la inactividad del Gobierno y al desconocimiento de un deber de normación impuesto por las Cortes Generales no es óbice para que se haga frente a la misma por vía de la legislación de urgencia (STC 11/2002, FJ 7). Finalmente, la circunstancia de que los restos de Francisco Franco hayan estado depositados durante décadas en el Valle de los Caídos no excluye la utilización de la figura del real decreto-ley. El carácter estructural de esta situación no impide que en el momento actual pueda convertirse en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad atendiendo a las circunstancias concurrentes (STC 137/2011, FJ 6; STC 183/2014, FJ 5; STC 47/2015, FJ 5; STC 139/2016, FJ 3 y STC 61/2018, FJ 4). IV Con base en todo lo expuesto, se precisa una respuesta normativa con rango de ley en la medida en que resulta necesario modificar las previsiones de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. El presente real decreto-ley añade un apartado 3 al artículo 16 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, referido al Valle de los Caídos. Este nuevo apartado consagra el Valle de los Caídos como un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje a los fallecidos en la Guerra Civil, disponiendo que solo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto. Para dar cumplimiento a este nuevo apartado del artículo 16, se incorpora la disposición adicional sexta bis, que articula un procedimiento de exhumación y traslado legitimando al Consejo de Ministros para su incoación y resolución. Este procedimiento tiene en cuenta los intereses de los afectados, tanto públicos como privados, y garantiza su derecho a ser oídos, su participación en el procedimiento y los recursos contra las actuaciones administrativas ante los órganos jurisdiccionales ordinarios competentes. Además, el procedimiento diseñado prevé expresamente las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares, quienes podrán disponer sobre su destino si lo desean. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y de la Ministra de Justicia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de agosto de 2018, DISPONGO: Artículo único. Modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en los términos que se recogen a continuación. Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 16, con la siguiente redacción: «3. En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda.» Dos. Se añade una nueva disposición adicional sexta bis con la siguiente redacción: «Disposición adicional sexta bis. Procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de esta Ley. 1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.3 de esta Ley, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo. 2. La decisión de exhumación y traslado será adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros, tras la tramitación del procedimiento regulado en los apartados siguientes. 3. El procedimiento se iniciará de oficio por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de incoación, que designará órgano instructor. Dicho acuerdo dará un plazo de quince días a los interesados a fin de que se personen en el procedimiento y aleguen lo que a sus derechos o intereses legítimos pudiese convenir. Los familiares podrán disponer en dicho plazo sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación, debiendo aportar en ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura. A estos efectos, queda legitimado para solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario y para realizar el resto de actuaciones que procedan. 4. Transcurrido el plazo contemplado en el apartado anterior, el Consejo de Ministros ordenará la continuación del procedimiento. A tal efecto, ordenará al titular del Ministerio competente en materia de justicia que remita al Ayuntamiento, en su caso, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, para su tramitación con arreglo a lo previsto en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Asimismo, le ordenará que solicite informe no vinculante al órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de sanidad mortuoria, que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes. 5. Concluidas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, se dará traslado a los interesados antes de la resolución para que, en el plazo improrrogable de diez días, aleguen lo que estimen oportuno sobre las mismas. 6. Transcurrido dicho plazo, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo motivado, resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales afectados. 7. El plazo de caducidad del procedimiento contemplado en esta disposición adicional será de doce meses a contar desde el acuerdo de incoación.» Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar legislación civil; en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad; en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común y legislación sobre expropiación forzosa; y en el artículo 149.1.24.ª, que atribuye al Estado competencia sobre obras públicas de interés general. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 24 de agosto de 2018. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Decreto-Ley para sacar a Franco del valle de los caídos. Se dice que se solo se dejarán a las víctimas de la guerra civil.

I La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, declara como deber del legislador y cometido de la ley consagrar y proteger el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, así como promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las vividas durante la contienda y la represión posterior. En los cimientos de esta Ley se encuentra la clara voluntad de reencuentro entre los españoles y de homenaje igualitario a todas las víctimas del episodio más doloroso de nuestra historia reciente. Se considera inaplazable que la democracia española honre a todos los que padecieron las injusticias y agravios producidos durante este enfrentamiento, que dividió a la sociedad española durante décadas. La reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que se acomete mediante el presente real decreto-ley, se asienta sobre estos mismos principios y valores, que son también los que inspiran la vigente Constitución Española. Es un símbolo que muestra la valentía y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas para hacer frente a nuestro pasado y para encarar así nuestro futuro como sociedad. II Uno de los aspectos destacados de la Ley 52/2007 es la retirada de símbolos y monumentos de exaltación de la Guerra Civil y de la Dictadura, como medida necesaria para expresar la repulsa y condena hacia elementos que chocan frontalmente con los principios que fundamentan nuestra sociedad y nuestro ordenamiento jurídico. En este contexto, deviene esencial el artículo 16.2 de la Ley al prever que en ningún lugar del Valle de los Caídos «podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo». Este precepto se sostiene en la voluntad, expresada en la disposición adicional sexta de esta Ley, de que el Valle de los Caídos se consagre como un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la represión política posterior. La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda. El presente real decreto-ley pretende poner fin a esta situación, al establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra. Así mismo, consagra de manera expresa el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas. III El fundamento y el objetivo de la reforma, a los que se acaba de aludir, son de un inequívoco y extraordinario interés público: que la actuación de los poderes públicos atienda al sentir mayoritario de la sociedad española, que considera inaplazable poner fin a décadas de una situación impropia de un Estado democrático y de Derecho consolidado. Muestra elocuente de este sentir ha sido la aprobación con un único voto en contra en el Congreso de los Diputados, el 11 de mayo de 2017, de la Proposición No de Ley para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007. Esta proposición no de Ley insta al Gobierno de España a «afrontar, de forma decidida y urgente, las recomendaciones del Informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos entregado al Ministerio de la Presidencia el 29 de noviembre de 2011. Con ello debemos proceder a resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos». Esta proposición no de ley explicita de forma contundente la voluntad de los representantes de la ciudadanía de proceder a la exhumación y de hacerlo, además, de forma no sólo urgente sino también preferente. En efecto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar las recomendaciones del Informe de 2011 de manera «urgente», señalando además como «preferente» la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos. De esta forma, resulta manifiesto que el mandato que el Congreso de los Diputados dirige al Gobierno debe cumplirse a la mayor brevedad. A mayor abundamiento, la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma legal viene apoyada y avalada por la perentoria exigencia de dar cumplimiento a los reiterados requerimientos de Naciones Unidas que, en los últimos años, ha venido requiriendo al Estado español para que dé cuenta de las medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática. Concretamente, el Informe emitido en julio de 2014 por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno español y la petición de que en un plazo de 90 días «presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar estas recomendaciones y asistir a las víctimas del franquismo». Con respecto al Valle de los Caídos, este Grupo de Trabajo lamenta específicamente que no se hayan implementado las recomendaciones del aludido Informe de 2011 en relación con la retirada de los restos del dictador Francisco Franco de dicho mausoleo. En este mismo sentido Pablo de Greiff, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió ### RESUMEN: Decreto-Ley para sacar a Franco del valle de los caídos. Se dice que se solo se dejarán a las víctimas de la guerra civil.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se notifica a Bellatrix Films, S.L. la resolución de 16/12/2013 de la Directora General del ICAA, que no ha podido ser notificada en la forma prevista por el apartado 2 del citado artículo 59, al haberse intentado sin efecto la notificación ordinaria de la misma remitida al último domicilio conocido, que es c/ Cobos de Segovia, 7, 28005 Madrid. En dicha resolución se declara la procedencia del reintegro de la subvención concedida a dicha empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones por un importe de 25.000 euros, más los intereses de demora correspondientes devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de resolución: Principal: 25.000 euros. Intereses de demora: 3.708,90 euros. Total a reintegrar: 28.708,90 euros. De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, la resolución que se notifica no se publica en su integridad, encontrándose a disposición del interesado el texto íntegro de la misma, así como la totalidad de los documentos obrantes en el expediente, en la sede de este Instituto (Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales) ubicado en la Plaza del Rey, 1, 3.º, 28071 Madrid. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conforme a lo previsto en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses desde su notificación. En el caso de no impugnarla directamente, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992. Asimismo, se informa que la presentación de dicho recurso podrá efectuarse, además de en los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, a través del Registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura (https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/) conforme a los requisitos que lo rigen. Madrid, 28 de enero de 2014.- Subdirectora General de Promoción y Relaciones Internacionales, Guadalupe Melgosa Fernández.

Cultura reclama a la película 'Todo lo que tú quieras" que devuelva una subvención de 25.000 euros + intereses

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se notifica a Bellatrix Films, S.L. la resolución de 16/12/2013 de la Directora General del ICAA, que no ha podido ser notificada en la forma prevista por el apartado 2 del citado artículo 59, al haberse intentado sin efecto la notificación ordinaria de la misma remitida al último domicilio conocido, que es c/ Cobos de Segovia, 7, 28005 Madrid. En dicha resolución se declara la procedencia del reintegro de la subvención concedida a dicha empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones por un importe de 25.000 euros, más los intereses de demora correspondientes devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de resolución: Principal: 25.000 euros. Intereses de demora: 3.708,90 euros. Total a reintegrar: 28.708,90 euros. De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, la resolución que se notifica no se publica en su integridad, encontrándose a disposición del interesado el texto íntegro de la misma, así como la totalidad de los documentos obrantes en el expediente, en la sede de este Instituto (Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales) ubicado en la Plaza del Rey, 1, 3.º, 28071 Madrid. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conforme a lo previsto en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses desde su notificación. En el caso de no impugnarla directamente, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992. Asimismo, se informa que la presentación de dicho recurso podrá efectuarse, además de en los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, a través del Registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura (https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/) conforme a los requisitos que lo rigen. Madrid, 28 de enero de 2014.- Subdirectora General de Promoción y Relaciones Internacionales, Guadalupe Melgosa Fernández. ### RESUMEN: Cultura reclama a la película 'Todo lo que tú quieras" que devuelva una subvención de 25.000 euros + intereses

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado Primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 16 de septiembre de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo: 1,58 euros/mes. – Término variable: 98,4104 cents./kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 83,7639 cents./kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 702,75, butano = 756,25. Media del flete bajo y alto ($/Tm): 120. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,331610. Asimismo, se han tenido en cuenta los costes de comercialización que se establecieron en la Resolución de 9 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 16 de septiembre de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 16 de septiembre de 2014. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 16 de septiembre de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u ordenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u ordenes aplicables. Sexto. Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución. Séptimo. Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. Madrid, 9 de septiembre de 2014.–El Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas.

La parte variable de la factura del Gas Natural baja un poquillo

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado Primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 16 de septiembre de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo: 1,58 euros/mes. – Término variable: 98,4104 cents./kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 83,7639 cents./kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 702,75, butano = 756,25. Media del flete bajo y alto ($/Tm): 120. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,331610. Asimismo, se han tenido en cuenta los costes de comercialización que se establecieron en la Resolución de 9 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 16 de septiembre de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 16 de septiembre de 2014. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 16 de septiembre de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u ordenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u ordenes aplicables. Sexto. Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medi ### RESUMEN: La parte variable de la factura del Gas Natural baja un poquillo

La Directora Técnica del Departamento 3º y Secretaria en el procedimiento de reintegro por alcance nº C166/2021.1, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 18 de enero de 2022, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. HACE SABER: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance nº C166/2021.1, SECTOR PÚBLICO LOCAL (Ayuntamiento de Canyelles), BARCELONA, por un presunto alcance por importe de 122.740,00 euros como consecuencia de presuntas irregularidades derivadas del pago injustificado de retribuciones a algunos miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Canyelles, durante el mandato representativo 2015-2019. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 18 de enero de 2022.- La Directora Técnica, Secretaria del procedimiento, María José Ferrero Peso.

El Tribunal de Cuentas investiga retribuciones irregulares al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Canyelles (Barcelona) por valor de 122.740 euros.

La Directora Técnica del Departamento 3º y Secretaria en el procedimiento de reintegro por alcance nº C166/2021.1, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 18 de enero de 2022, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. HACE SABER: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance nº C166/2021.1, SECTOR PÚBLICO LOCAL (Ayuntamiento de Canyelles), BARCELONA, por un presunto alcance por importe de 122.740,00 euros como consecuencia de presuntas irregularidades derivadas del pago injustificado de retribuciones a algunos miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Canyelles, durante el mandato representativo 2015-2019. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 18 de enero de 2022.- La Directora Técnica, Secretaria del procedimiento, María José Ferrero Peso. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga retribuciones irregulares al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Canyelles (Barcelona) por valor de 122.740 euros.

Con fecha 13 de septiembre de 2017 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España (MAEC) y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos para articular la estancia temporal de una diplomática neerlandesa en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, cuyo texto figura como anexo a esta Resolución. Madrid, 19 de septiembre de 2017.–El Secretario General Técnico, José María Muriel Palomino. ANEXO Convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España (MAEC) y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos para articular la estancia temporal de una diplomática neerlandesa en el MAEC REUNIDOS De una parte, el Sr. don Alejandro Polanco Mata, Director General del Servicio Exterior, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 495/2017, de 12 de mayo, en nombre y representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España (en lo sucesivo MAEC), actuando por delegación del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en virtud del apartado segundo punto tres de la Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo, de delegación de competencias en materias de personal, contratación y gestión presupuestaria y del gasto público. Y, de otra parte, el Sr. Willem van Ee, Secretario General Adjunto, en nombre y representación del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, actuando por mandato del Ministerio de Asuntos Exteriores en virtud del Decreto de 15 de marzo de 2017 («Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 maart 2017, MinBuZa 2017.68222, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017»). Los firmantes, en nombre y representación de ambas partes, manifiestan y aseguran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente, de acuerdo con la normativa que les resulta de aplicación para suscribir el presente convenio de colaboración y, a tal efecto, EXPONEN Primero. Que, en línea con el Memorando de Entendimiento firmado entre las partes en 2004 para la intensificación de las relaciones bilaterales a través del intercambio de diplomáticos, los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países acordaron en enero de 2017 destacar temporalmente a un diplomático neerlandés en el MAEC. Segundo. Que el Reino de los Países Bajos está interesado en conocer en profundidad la política migratoria española. Tercero. Que el Reino de España tiene especial interés en dar a conocer su experiencia en materia de migración a los Estados miembros de la UE. Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del convenio. Es objeto del presente Convenio establecer la colaboración entre ambas partes para la estancia temporal de doña Barbara Rietbroek, Policy Coordinating Officer del Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés, de nacionalidad neerlandesa, con número de documento de identidad DX4651824, en la Subdirección General de Asuntos Migratorios del MAEC. La colaboración tendrá por objeto el conocimiento, por parte de la diplomática neerlandesa, del funcionamiento de la Subdirección de Asuntos Migratorios, sus métodos de trabajo y organización y la realización de actividades técnicas, así como de la política migratoria española. La citada colaboración se llevará a cabo en la sede de la Subdirección de Asuntos Migratorios, dentro del horario de trabajo del mismo y conforme a las instrucciones impartidas por la Dirección General de Españoles en el Extranjero y Asuntos Consulares y Migratorios. La colaboración se realizará por un periodo máximo de dos años revisable tras el transcurso de un año. No obstante, previa consulta con la otra parte, el MAEC o el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos podrán decidir por escrito reducir este periodo de tiempo, posponer o cancelar la estancia temporal del diplomático neerlandés con al menos 30 días de antelación. Segunda. Obligaciones de las partes. 1. Obligaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos: a) Garantizará que los riesgos derivados de enfermedad, accidente y responsabilidad civil del diplomático neerlandés estarán bajo la cobertura de los correspondientes seguros suscritos por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, quedando el Estado español libre de cualquier tipo de responsabilidad con relación a su presencia en las instalaciones del MAEC. b) Las partes se comprometen a intercambiar información sobre el desarrollo de la colaboración del diplomático neerlandés de forma periódica. 2. Obligaciones del MAEC. a) Recibir en la sede de la Subdirección de Asuntos Migratorios a la diplomática neerlandesa en la fecha y horario que de común acuerdo se haya establecido. b) Fijar el plan de trabajo de la diplomática neerlandesa. c) El MAEC se ocupará de proveer al diplomático neerlandés del espacio y medios necesarios para el desempeño de las funciones que se le asignen en la Subdirección General de Asuntos Migratorios. d) Realizar el seguimiento de las actividades realizadas por la diplomática neerlandesa, a través del Subdirector de Asuntos Migratorios o por personal en quien este delegue. 3. Obligaciones de la diplomática neerlandesa. a) El diplomático neerlandés destacado en el MAEC estará sujeto a las normas y políticas del MAEC que le sean aplicables en virtud de la naturaleza de este convenio. b) Mantener contacto con la persona o personas que ejercen su seguimiento. c) Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales. d) La diplomática neerlandesa destacada en el MAEC se compromete a tratar de forma confidencial y, en consecuencia, a no difundir de ninguna forma las informaciones, instrucciones, documentación etc. de las que tenga conocimiento como consecuencia de su destacamento en el MAEC. e) El MAEC podrá decidir limitar el acceso del diplomático neerlandés a determinada información o la asistencia a determinadas reuniones. f) No serán imputables al diplomático neerlandés aquellas pérdidas o daños causados por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones en el MAEC, salvo que exista negligencia o mala fe. g) El diplomático neerlandés no tendrá, durante el periodo de colaboración, ningún vínculo laboral, mercantil o administrativo con el MAEC, ni se integrará dentro de la estructura organizativa de este. La colaboración no podrá suponer, en ningún caso, el ejercicio de funciones, tareas o competencias correspondientes al personal del MAEC. Tercera. Financiación. Este convenio de colaboración no generará compromiso financiero alguno para el Estado español. Todos los gastos derivados de la estancia temporal del diplomático neerlandés al MAEC (incluidos sin ánimo de exhaustividad el sueldo, gastos de instalación, etc.) correrán por cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Cuarta. Medidas de control y seguimiento. El punto de contacto en el MAEC será el Subdirector General de Asuntos Migratorios de quien dependerá el diplomático neerlandés. El punto de contacto en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos será la Jefa de Unidad del Departamento de Europa, dentro de la Dirección General de Asuntos Políticos (Head of Unit of the Europe Department, Directorate General for Political Affairs). Para la supervisión y control del presente convenio podrá constituirse, a petición de cualquiera de las partes, una Comisión de seguimiento con un representante por parte del MAEC y otro por parte de la Embajada del Reino de los Países Bajos en España. La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes competencias: Resolver los problemas que puedan suscitarse; Interpretar y aplicar, con carácter general, las disposiciones de este convenio, así como controlar su cumplimiento y resolver los posibles conflictos entre las partes. El seguimiento y control de la ejecución de lo establecido en el presente convenio de colaboración se realizará mediante el intercambio de información entre las partes y la elaboración de informes de evaluación y de valoración de los resultados. La Comisión se reunirá cuando así lo considere necesario cualquiera de las partes. Quinta. Modificación. El presente convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes. Sexta. Vigencia. Este convenio de colaboración resultará eficaz desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», previa inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Su periodo de vigencia inicial será de dos años. Séptima. Causas de extinción. Serán causas de resolución del convenio las siguientes: El mutuo acuerdo de las partes firmantes, manifestado por escrito; El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes; y Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. Octava. Legislación aplicable. 1. El presente convenio tiene naturaleza jurídico administrativa y es de los previstos en el artículo 47.2.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No le es de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.c) del citado texto refundido. Se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, aplicándose los principios del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 2. Las Partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en Madrid y en La Haya a 13 de septiembre de 2017.–Por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, Sr. don Alejandro Polanco Mata.–Por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, Sr. don Willem van Ee.

Diplomática holandesa va a pasar 2 años en Ministerio Asuntos Exteriores para conocer las políticas de inmigración españolas.

Con fecha 13 de septiembre de 2017 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España (MAEC) y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos para articular la estancia temporal de una diplomática neerlandesa en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, cuyo texto figura como anexo a esta Resolución. Madrid, 19 de septiembre de 2017.–El Secretario General Técnico, José María Muriel Palomino. ANEXO Convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España (MAEC) y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos para articular la estancia temporal de una diplomática neerlandesa en el MAEC REUNIDOS De una parte, el Sr. don Alejandro Polanco Mata, Director General del Servicio Exterior, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 495/2017, de 12 de mayo, en nombre y representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España (en lo sucesivo MAEC), actuando por delegación del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en virtud del apartado segundo punto tres de la Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo, de delegación de competencias en materias de personal, contratación y gestión presupuestaria y del gasto público. Y, de otra parte, el Sr. Willem van Ee, Secretario General Adjunto, en nombre y representación del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, actuando por mandato del Ministerio de Asuntos Exteriores en virtud del Decreto de 15 de marzo de 2017 («Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 maart 2017, MinBuZa 2017.68222, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017»). Los firmantes, en nombre y representación de ambas partes, manifiestan y aseguran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente, de acuerdo con la normativa que les resulta de aplicación para suscribir el presente convenio de colaboración y, a tal efecto, EXPONEN Primero. Que, en línea con el Memorando de Entendimiento firmado entre las partes en 2004 para la intensificación de las relaciones bilaterales a través del intercambio de diplomáticos, los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países acordaron en enero de 2017 destacar temporalmente a un diplomático neerlandés en el MAEC. Segundo. Que el Reino de los Países Bajos está interesado en conocer en profundidad la política migratoria española. Tercero. Que el Reino de España tiene especial interés en dar a conocer su experiencia en materia de migración a los Estados miembros de la UE. Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del convenio. Es objeto del presente Convenio establecer la colaboración entre ambas partes para la estancia temporal de doña Barbara Rietbroek, Policy Coordinating Officer del Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés, de nacionalidad neerlandesa, con número de documento de identidad DX4651824, en la Subdirección General de Asuntos Migratorios del MAEC. La colaboración tendrá por objeto el conocimiento, por parte de la diplomática neerlandesa, del funcionamiento de la Subdirección de Asuntos Migratorios, sus métodos de trabajo y organización y la realización de actividades técnicas, así como de la política migratoria española. La citada colaboración se llevará a cabo en la sede de la Subdirección de Asuntos Migratorios, dentro del horario de trabajo del mismo y conforme a las instrucciones impartidas por la Dirección General de Españoles en el Extranjero y Asuntos Consulares y Migratorios. La colaboración se realizará por un periodo máximo de dos años revisable tras el transcurso de un año. No obstante, previa consulta con la otra parte, el MAEC o el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos podrán decidir por escrito reducir este periodo de tiempo, posponer o cancelar la estancia temporal del diplomático neerlandés con al menos 30 días de antelación. Segunda. Obligaciones de las partes. 1. Obligaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos: a) Garantizará que los riesgos derivados de enfermedad, accidente y responsabilidad civil del diplomático neerlandés estarán bajo la cobertura de los correspondientes seguros suscritos por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, quedando el Estado español libre de cualquier tipo de responsabilidad con relación a su presencia en las instalaciones del MAEC. b) Las partes se comprometen a intercambiar información sobre el desarrollo de la colaboración del diplomático neerlandés de forma periódica. 2. Obligaciones del MAEC. a) Recibir en la sede de la Subdirección de Asuntos Migratorios a la diplomática neerlandesa en la fecha y horario que de común acuerdo se haya establecido. b) Fijar el plan de trabajo de la diplomática neerlandesa. c) El MAEC se ocupará de proveer al diplomático neerlandés del espacio y medios necesarios para el desempeño de las funciones que se le asignen en la Subdirección General de Asuntos Migratorios. d) Realizar el seguimiento de las actividades realizadas por la diplomática neerlandesa, a través del Subdirector de Asuntos Migratorios o por personal en quien este delegue. 3. Obligaciones de la diplomática neerlandesa. a) El diplomático neerlandés destacado en el MAEC estará sujeto a las normas y políticas del MAEC que le sean aplicables en virtud de la naturaleza de este convenio. b) Mantener contacto con la persona o personas que ejercen su seguimiento. c ### RESUMEN: Diplomática holandesa va a pasar 2 años en Ministerio Asuntos Exteriores para conocer las políticas de inmigración españolas.

I Desde que en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se inició el proceso de liberalización en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, el modelo del sector eléctrico en España se ha articulado sobre los principios de suficiencia de ingresos y percepción de una remuneración adecuada por los distintos actores que en él participan. La ratificación por España del Tratado de la Carta Europea de la Energía con fecha 11 de diciembre de 1997 y la continua incorporación a nuestro derecho interno del ordenamiento comunitario ha supuesto, por su parte, la asunción de los principios que los vertebran, y, con ello, el fomento de las energías renovables, la creación de condiciones que favorezcan la utilización de la energía de la forma más económica y respetuosa con el medio ambiente y el estímulo de la eficiencia energética. Junto a estos principios que definen el modelo, la intervención pública a través de la regulación tiene por objeto garantizar la seguridad de suministro, asumiendo que el funcionamiento del mercado permite la sostenibilidad económica y financiera del sector eléctrico, y que los distintos agentes intervinientes deberán acomodarse a las circunstancias específicas de un sector cambiante, si así fuera preciso en aras de garantizar aquélla. No obstante lo anterior, desde hace una década, el sistema eléctrico español genera un déficit tarifario que, con el paso del tiempo, se ha convertido en estructural, debido a que los costes reales asociados a las actividades reguladas y al funcionamiento del sector eléctrico resultan superiores a la recaudación por los peajes que fija la Administración y que pagan los consumidores. Entre los años 2004 y 2012 los ingresos del sistema eléctrico por peajes de los consumidores se han incrementado en un 122 por ciento, mientras que el aumento de los costes regulados del sistema en dicho periodo ha sido de un 197 por ciento. De entre las partidas de costes que han contribuido en mayor medida a dicho incremento destacan las primas del régimen especial y las anualidades de déficits acumulados, partidas que se han multiplicado por seis y por nueve respectivamente en dicho periodo. Según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de Energía, en un saldo de deuda acumulada de 26.062,51 millones de euros a 10 de mayo de 2013. De forma complementaria al cálculo de la deuda del sistema eléctrico, dicha Comisión señala que desde el año 2003 y hasta el 10 de mayo de 2013, el importe satisfecho para financiar el déficit del sistema eléctrico a través de las anualidades que se incorporan en los peajes de acceso de los consumidores, a precios corrientes de cada año, asciende a 11.823 millones de euros. Estas cifras dan cuenta del carácter insostenible del déficit del sector eléctrico y de la necesidad de adoptar medidas urgentes de vigencia inmediata que permitan poner término a dicha situación. Partiendo de los fundamentos que justifican la intervención pública en el sector, y con objeto de corregir los desajustes producidos por la evolución expansiva de las partidas de costes del sistema eléctrico, se han venido adoptando en los últimos años una serie de medidas de carácter urgente que afectan tanto a la partida de costes como a la de ingresos Entre las citadas medidas cabe citar, en primer lugar, el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, que estableció una serie de límites anuales decrecientes al déficit de la tarifa eléctrica con el horizonte de su supresión en 2013, creando, a la par, un mecanismo de financiación del déficit acumulado, mediante la cesión de los derechos de cobro al denominado Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE) y su colocación a terceros a través de un mecanismo competitivo. Tras la aprobación del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, se sucedieron, sin embargo, una serie de circunstancias, que provocaron que los límites anuales máximos de déficit ex ante establecidos resultaran insuficientes. Así, factores como la caída significativa de la demanda, el incremento en la producción eléctrica a partir de fuentes renovables primadas y la reducción de los precios de mercado (en buena medida determinada por la delicada situación económica internacional) provocaron incrementos de los desajustes temporales de difícil absorción. Dichos desajustes no podrían haberse cubierto mediante un incremento de los peajes de acceso sin agravar y comprometer la ya de por sí compleja situación económica de las familias y las empresas y sin afectar, por ello, de forma muy trascendente al conjunto de la actividad económica. Por este motivo, tanto en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, como en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, se adoptaron nuevas medidas de urgencia para la solución del problema. Así, en el citado Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, se elevaron los límites máximos de déficit que se habían establecido en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para los años 2010, 2011 y 2012, manteniendo el objetivo de no aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir del 2013. Además se procedió a la adopción de otras medidas puntuales de protección al consumidor y de reducción de determinadas partidas de los costes y de los ingresos del Sistema. Entre las medidas de reducción de costes imputables a los peajes de acceso, se limitaban las horas equivalentes primadas de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas para corregir los desvíos en las previsiones de generación de esta tecnología y se incrementaba, modificando a tal fin la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, la cuantía establecida para el otorgamiento del aval del Estado para hacer frente a los déficits previstos para los años 2010 y 2011, hasta un máximo de 22.000 millones de euros. Por el lado de los ingresos, se estableció la obligación de los productores de energía de hacer frente a un peaje de generación, dada la incidencia de esta actividad en el desarrollo de las redes de transporte y distribución. De igual modo, a lo largo del año 2012 y hasta la fecha se han adoptado nuevas medidas de carácter urgente con el idéntico propósito de hacer frente a las desviaciones que, por el agravamiento de los factores ya aludidos, se fueron poniendo de manifiesto en relación con las estimaciones iniciales. Entre las medidas adoptadas en 2012 destacan, en primer lugar, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, que suprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de nuevos costes al sistema eléctrico. Tras ello, el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, desde la perspectiva de la reducción de los costes del sector eléctrico, la fija unos nuevos criterios para la regulación de la retribución de las actividades de distribución y transporte, ajustando la retribución correspondiente a 2012, limitando, al tiempo, la ejecución de nuevas instalaciones de transporte, tanto en el sector eléctrico como en el gasista y disminuyendo el importe que ha de satisfacerse a las empresas de generación de electricidad por el concepto de 'garantía de potencia', entre otros. De igual forma, corrige la retribución de la actividad de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, a través del coste que se reconoce por la adquisición de combustible y vincula el pago por garantía de potencia a la disponibilidad real de las plantas. En la misma línea, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, incorpora otras medidas adicionales relativas al régimen retributivo de las centrales de generación en régimen ordinario en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, establece como obligatoria la imposición de un suplemento territorial en los peajes de acceso y tarifas de último recurso para las Comunidades Autónomas que gravan las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico con tributos propios o recargos sobre los tributos estatales y modifica, además, la retribución de la actividad de transporte, estableciéndose que la retribución en concepto de inversión se reconocerá para activos en servicio no amortizados, tomando como base para su retribución financiera el valor neto de los mismos. En el plano de los ingresos, se aprobó la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que reconoce como objetivo la armonización del sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y ambiental de la Unión Europea. Dado el fuerte impacto económico y ambiental del sector energético, esta Ley, introdujo medidas de carácter excepcional para que los costes del sistema fueran financiados tanto con los ingresos que proceden de los peajes de acceso y demás precios regulados, como de determinadas partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. A tal efecto, se introducen en el sistema tributario nuevas figuras impositivas y se reconoce expresamente que un importe equivalente de la recaudación se destinará a cubrir determinados costes del sistema eléctrico. En primer lugar, se regulan tres nuevos impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Por otro lado, se crea un canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica y se modifican los tipos impositivos de los impuestos especiales establecidos para el gas y el carbón, suprimiéndose además las exenciones previstas para determinados productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad y calor útil. Por último, se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en aspectos relacionados con el derecho a la percepción de un régimen económico primado por instalaciones de energía renovable que utilicen combustibles. Las modificaciones contenidas en las normas anteriormente mencionadas permitieron reducir determinados costes del sistema e incrementar los ingresos al combinar actuaciones de carácter regulatorio y fiscal. Por su parte, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establece tres medidas de carácter excepcional. En primer lugar, se suspende, al igual que en el ejercicio precedente, la aplicación del mecanismo de compensación de los extracostes de la generación en territorios insulares y extrapeninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, con vigencia exclusiva para 2013, la Ley dispone que no serán de aplicación las limitaciones a avales del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico establecidos en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, relativa a la suficiencia de los peajes de acceso y desajustes de ingresos de las actividades reguladas del sector eléctrico. En tercer lugar, establece una serie de aportaciones para financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de energías renovables equivalentes a la suma de la estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos incluidos en la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y el 90 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de euros. También, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social, dispuso que los desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico producidos en 2012, tuvieran la consideración de déficit de ingresos del sistema de liquidaciones eléctrico para ese año y que generaría derechos de cobro que podrán ser cedidos por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, y ello con carácter adicional a los 1.500 millones de euros de déficit ya reconocido en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Por otro lado, para garantizar el objetivo final para el que fue establecido el mecanismo de preasignación de retribución para las instalaciones de régimen especial, esto es, asegurar un régimen económico bajo el presupuesto y condición de la completa ejecución de la instalación en un concreto plazo, se introdujo una habilitación para la supresión o corrección del régimen económico primado en caso de constatación del incumplimiento de las obligaciones que constituyen presupuesto esencial de la definitiva adquisición de tal régimen económico. Del mismo modo, el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores. Para ello, se modificó el índice de actualización de los costes del sector eléctrico, con el fin de utilizar una referencia más estable que no se viera afectada por la volatilidad de los precios de alimentos no elaborados ni de los combustibles de uso doméstico. Así, con efectos a partir del 1 de enero de 2013, la referencia al Índice de Precios de Consumo prevista en la normativa del sector para actualizar las retribuciones, tarifas y primas se sustituye por la referencia al Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos (IPC-IC subyacente). Este Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, modificó, además, el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, con objeto de garantizar una rentabilidad razonable para estas instalaciones y evitar, al mismo tiempo, una sobre retribución de las mismas que recaería sobre los demás sujetos eléctricos. Por este motivo, a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley son dos las opciones de venta de la energía producida en instalaciones de régimen especial: la cesión de la electricidad al sistema percibiendo una tarifa regulada o la venta de la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica, sin complemento de prima. El 20 de junio de 2013 se ha aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados la Ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Adicionalmente a este ajuste de los costes se han adoptado otras normas que han supuesto un incremento de los peajes de acceso para los consumidores, y por consiguiente, de los ingresos del sistema eléctrico. Como puede comprobarse, las medidas adoptadas durante estos pasados meses se han proyectado de forma proporcional y equilibrada sobre los diferentes sujetos del sector eléctrico, en términos que, con los elementos de juicio disponibles al iniciarse el año 2013, parecían permitir alcanzar el objetivo de suficiencia tarifaria a principios de este año 2013, gracias al esfuerzo soportado por los consumidores y empresas que operan en el sector y a las partidas presupuestarias destinadas al efecto. Por esta razón, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el ejercicio presupuestario que supone la elaboración de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, procedió a mantener el precio de los peajes de acceso a las redes al considerar que los ingresos serían suficientes para cubrir los costes del sistema en el año 2013. Sin embargo, durante el primer semestre de 2013 se han producido una serie de hechos que han variado las hipótesis sobre las que se realizaron las estimaciones a principio de año, lo que traerá como consecuencia la aparición de nuevos desajustes al final del ejercicio si no se toman medidas de urgencia para corregir la situación. Estas desviaciones vienen motivadas por el hecho de que en los primeros meses del año 2013 han acontecido unas condiciones meteorológicas atípicas, y el nivel de pluviometría y las condiciones de viento han sido muy superiores a las medias históricas. Estas condiciones han provocado un doble efecto. Por un lado, han ocasionado el hundimiento del precio del mercado diario hasta un nivel mínimo de 18,17 €/MWh de media en el mes de abril, dando como resultado un precio medio en los seis primeros meses de 2013 que no alcanza los 37 €/MWh, muy inferior a los 51,19 €/MWh previstos para el conjunto del año. Por otro lado, se ha producido un incremento de las horas de funcionamiento de determinadas tecnologías, y en particular de la eólica con derecho a régimen primado. Todo ello ha determinado una notable desviación al alza del sobrecoste del régimen especial, como consecuencia de los menores precios del mercado registrados. Además, por efecto de la reducción de la actividad económica y la afección de la crisis económica sobre las economías domésticas, se ha producido una contracción de la demanda más acusada de lo previsto. Así, el balance eléctrico publicado por Red Eléctrica de España, S.A. como operador del sistema, muestra a fecha 5 de julio de 2013 una disminución de la demanda de 2,7 por ciento en lo que va de año 2013, y una caída de un 2,3 por ciento en el último año móvil frente a una caída estimada del 0,3 por ciento considerada en la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero. Este hecho tiene un impacto negativo derivado de la reducción de los ingresos por peajes de acceso de energía eléctrica. Por otra parte, en el procedimiento de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se ha puesto de relieve por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la imposibilidad del completo cumplimiento de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas para el sector energético y se aprueba el bono social. Esta disposición establece que las compensaciones por los extracostes de generación de los sistemas insulares y extrapeninsulares serán financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El motivo es la difícil situación presupuestaria la cual no permite dotar, en su totalidad, este extracoste sin comprometer el cumplimiento de los objetivos de déficit fijados para el ejercicio 2014. Estas circunstancias hacen patente tanto la necesidad imperiosa de adoptar de forma inmediata una serie de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico como, a la par, la pertinencia de acometer una revisión del marco regulatorio que permita su adaptación a los acontecimientos que definen la realidad del sector en cada periodo determinado en aras del mantenimiento de la sostenibilidad del sistema eléctrico. A todo ello se une que en el Programa Nacional de Reformas, presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea el pasado 30 de abril de 2013, se contenía el compromiso del Gobierno de presentar, en el primer semestre de este año un paquete de medidas normativas con vistas a garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Con base en estos principios, y en línea con las modificaciones anteriormente referidas, el presente real decreto-ley articula, con carácter urgente, una serie de medidas, equilibradas, proporcionadas y de amplio alcance, destinadas a garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico como presupuesto ineludible de su sostenibilidad económica y de la seguridad de suministro, y dirigidas a todas las actividades del sector eléctrico. II En primer lugar, se habilita al Gobierno para aprobar un nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. Así, se modifica el artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico para introducir los principios concretos sobre los que se articulará dicho régimen, al objeto de acotar el margen de actuación del Gobierno en el desarrollo de los regímenes retributivos para estas instalaciones. Este se basará en la percepción de los ingresos derivados de la participación en el mercado, con una retribución adicional que, en caso de resultar necesario, cubra aquellos costes de inversión que una empresa eficiente y bien gestionada no recupere en el mercado. En este sentido, conforme a la jurisprudencia comunitaria se entenderá por empresa eficiente y bien gestionada aquella empresa dotada de los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, cuyos costes son los de una empresa eficiente en dicha actividad y considerando los  ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la realización de sus funciones. El objetivo es garantizar que no se tomen como referencia los elevados costes de una empresa ineficiente. De esta manera se pretende la cobertura de los costes adicionales de estas instalaciones respecto de las del resto de tecnologías en el mercado. Este marco articulará una retribución que permitirá a las instalaciones renovables, a las de cogeneración y residuos cubrir los costes necesarios para competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías y obtener una rentabilidad razonable. Para el cálculo de la retribución específica se considerará para una instalación tipo, los ingresos por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado de producción, los costes de explotación medios necesarios para realizar la actividad y el valor de la inversión inicial de la instalación tipo, todo ello para una empresa eficiente y bien gestionada. De esta manera se instaura un régimen retributivo sobre parámetros estándar en función de las distintas instalaciones tipo que se establezcan. Además, se dispone que en ningún caso se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español y que en todo caso, los costes e inversiones deberán responder exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica. De esta manera, se realiza una asignación equilibrada de los costes imputables al sistema eléctrico, a los consumidores eléctricos y a los contribuyentes, en la medida en la que parte de esos costes se financian con cargo al Presupuesto General del Estado. Asimismo, se concreta en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la plasmación normativa del concepto de rentabilidad razonable, estableciéndolo, en línea con la doctrina jurisprudencial sobre el particular alumbrada en los últimos años, en una rentabilidad de proyecto, que girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado. Este nuevo marco regulatorio da una respuesta global al relevante cambio de las circunstancias experimentado en los últimos años, en términos que obedecen a motivos más que justificados. Las inversiones en estas tecnologías siguen estando protegidas y se ven debidamente fomentadas en España por este nuevo marco normativo, que, sin duda, es en su conjunto favorable para todas ellas, entre otras razones por consagrar el criterio de revisión de los parámetros retributivos cada seis años a fin de mantener el principio de rentabilidad razonable reconocido legalmente. De este modo, se trata de consolidar la continua adaptación que la regulación ha experimentado para mantener esta rentabilidad razonable mediante un sistema previsible y sometido a concreción temporal. Para articular este nuevo régimen se procede a la derogación del artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. No obstante, al objeto de mantener tanto los flujos retributivos a las instalaciones como el resto de procedimientos, derechos y obligaciones, se dispone que lo previsto en las normas citadas se aplicará, salvo ciertos extremos, con carácter transitorio en tanto no haya sido aprobada la nueva regulación. De esta forma, las instalaciones serán objeto, en su caso, de una liquidación a cuenta al amparo de este régimen transitorio y posteriormente una vez se aprueben las disposiciones normativas necesarias para la aplicación del nuevo régimen económico, se someterán a la regularización correspondiente por los derechos de cobro u obligaciones de pago resultantes de la aplicación de la nueva metodología, con efectos desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Por consiguiente, aun cuando se fija la efectividad de las disposiciones normativas retributivas que se aprueben con efectos desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, la norma otorga la necesaria previsibilidad a los agentes por cuanto establece el mecanismo retributivo, con participación en el mercado y percepción de una retribución de la inversión, y determina además la tasa de rentabilidad razonable para la instalación tipo. Por otra parte, para aquellas instalaciones que a la entrada en vigor del presente real decreto-ley tuvieran derecho al régimen económico primado, se determina una rentabilidad, antes de impuestos, que girará sobre el rendimiento medio de los últimos diez años de las Obligaciones del Estado a diez años, en el mercado secundario, incrementada en 300 puntos básicos, y que en todo caso, podrá ser revisada a los seis años. En segundo lugar, se establecen una serie de medidas de carácter urgente en relación al régimen retributivo de las actividades de distribución y transporte. La metodología de cálculo de la retribución de la actividad de distribución se encuentra actualmente regulada en el Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. Este régimen se ha visto modificado por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo. Así, su artículo 5, establece que para la actividad de distribución, el Ministro de Industria, Energía y Turismo elevará al Gobierno, para su aprobación, una propuesta de real decreto que vincule la retribución por inversión de las instalaciones a los activos en servicio no amortizados, así como que el devengo y el cobro de la retribución generada por las instalaciones se inicie desde el 1 de enero del año n+2, siendo n el año de puesta en servicio de la instalación. Adicionalmente, en el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, se determinó, respectivamente, el criterio de devengo de la retribución antes citado y que en todas las metodologías que contengan actualizaciones vinculadas al Índice de Precios de Consumo habrá de sustituirse dicho índice por el Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Por tanto, la aprobación de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas del régimen especial, se hizo al amparo del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, pero condicionado a los principios del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo y del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero. En cuanto a la metodología de cálculo y revisión de la retribución de la actividad de transporte, ésta se encuentra regulada en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y en el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008. Este régimen retributivo se ha visto modificado igualmente por los ya señalados Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, y Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En el artículo 6 del citado Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, se dispone que para la actividad de transporte, el Ministro de Industria, Energía y Turismo elevará al Gobierno, para su aprobación, una propuesta de real decreto con el mismo criterio de devengo y cobro de la retribución que en la actividad de distribución. Asimismo, en el artículo 39 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se introduce, como criterio para la actividad de transporte, que la retribución en concepto de inversión se hará para aquellos activos en servicio no amortizados tomando como base, para su retribución financiera, el valor neto de los mismos. Así pues, al igual que en el caso de la actividad de distribución, nos encontramos con que en el momento de elaboración de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, la normativa que regulaba la metodología de cálculo de la retribución de la actividad de transporte era el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre y el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, si bien su aplicación se veía igualmente sometida a los principios señalados en el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio y en el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero. Por consiguiente, en el presente real decreto-ley se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, a fin de introducir una serie de principios retributivos adicionales para el transporte y distribución de energía eléctrica. En primer lugar, se señala que en las metodologías de retribución de estas actividades se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios homogéneos en todo el territorio español. En segundo lugar, se afirma que estos regímenes económicos permitirán una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo, puesto que las actividades de red no están expuestas directamente a los riesgos propios del mercado de producción y porque, con independencia de la situación de la demanda, los regímenes retributivos otorgan para las instalaciones en servicio una retribución durante la vida útil regulatoria de ésta, siempre que la misma se mantenga operativa. En aplicación de este último principio se establece una tasa de retribución de los activos ligada a las Obligaciones del Estado más un diferencial. No obstante, al aprobarse este real decreto-ley vencido el primer semestre del año, se ha optado por atribuir carácter definitivo a la parte proporcional de la retribución recogida en la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, hasta la entrada en vigor de este real decreto ley. Asimismo, a partir de dicha fecha, se establece una metodología transitoria que regirá hasta que se inicie el primer periodo regulatorio al amparo de los reales decretos de retribución previstos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo. Todo ello garantizará la aplicación de una tasa adecuada de retribución anual, en línea con lo establecido con carácter general. Las medidas relativas a la modificación del régimen retributivo para las instalaciones de régimen especial y para las actividades de transporte y distribución se adoptan con carácter de urgencia por la necesidad de reducir los costes del sistema con carácter inmediato al objeto de iniciar la corrección de los desajustes en este momento, evitando así que a final de año pudiera existir un nuevo desajuste entre los ingresos y costes del sistema. Por otro lado, el artículo 12 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico señala que las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial. Por su parte, el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008, establece que los estándares serían únicos para todo el territorio nacional, lo que supone que, o bien se incluye este sobrecoste en el cálculo de los estándares nacionales, o bien se crean unos estándares específicos para los sistemas insulares o extrapeninsulares. Con el fin de asignar los costes correctamente y no crear unos estándares distorsionados se ha optado por determinar unos estándares específicos para los sistemas insulares o extrapeninsulares, para lo que resulta necesario modificar varias disposiciones del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. La urgencia para realizar esta modificación deriva de que las retribuciones de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 no pueden establecerse como definitivas hasta la aprobación por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo de los valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento para los sistemas insulares y extrapeninsulares, lo que ha impedido que las liquidaciones definitivas de dichos años hayan podido ser aprobadas, situación cuya persistencia, por más tiempo, resulta inasumible. III En tercer lugar, se contemplan un conjunto de medidas en relación con el Fondo para la Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico. El Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, en su disposición final cuarta modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, estableciendo que el déficit adicional que se produzca en 2012, más allá del límite ex ante, generará derechos de cobro que, a su vez, podrán ser cedidos por las empresas eléctricas al Fondo para la Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). En 2012, la liquidación de las actividades reguladas ha tenido como resultado un valor de 5.609 millones de euros correspondiente al déficit de dicho año, por lo que el déficit adicional del periodo asciende a 4.109 millones de euros. El fondo FADE financia la adquisición de los derechos de cobro que le son cedidos mediante emisiones avaladas por la Administración General del Estado. El aval otorgado a FADE, de 22.000 millones de euros de saldo vivo, no contemplaba las necesidades adicionales de financiación derivadas de la posibilidad de cesión a FADE de derechos de cobro adicionales por importe de 4.109 millones de euros. Teniendo en cuenta el remanente de aval disponible de FADE de acuerdo a la correspondiente orden de otorgamiento, sería necesario otorgar aval por un importe adicional de 4.000 millones de euros para disponer de margen suficiente para cubrir las necesidades de emisión adicionales y las refinanciaciones previstas durante la vida de FADE. De conformidad con el artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el otorgamiento de avales del Estado requiere autorización previa por norma con rango de ley que incluya el importe máximo de aval a otorgar, el beneficiario del mismo y el plazo máximo para otorgar el aval. Por tanto, resulta necesario y urgente modificar el artículo 54 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 con el objeto de incrementar el límite total de avales de la Administración General del Estado a otorgar en el ejercicio en curso por importe de los 4.000 millones que se estiman necesarios e incluir, asimismo, una reserva específica de límite de aval para tal finalidad en el apartado 2 del mismo artículo. En cuarto lugar, se prevé una disposición adicional relativa a la financiación con cargo a Presupuestos Generales del Estado únicamente de parte del extracoste de generación eléctrica de los sistemas insulares y peninsulares. Así, y como se ha expuesto anteriormente, la imposibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 puedan asumir la totalidad de las cantidades correspondientes a 2013 por el extracoste de los sistemas insulares y peninsulares, obliga con carácter de urgencia, por un lado, a derogar la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, y por otro, a establecer la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado únicamente el 50 por ciento del extracoste de generación en el régimen insular y extrapeninsular. Así, el extracoste correspondiente a 2013 será incorporado en la Ley de Presupuestos Generales del año 2014. IV En quinto lugar, en este real decreto-ley se establecen determinadas medidas en relación con los pagos por capacidad. Los pagos por capacidad incluyen dos tipos de servicios: el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo y el servicio de disponibilidad a medio plazo. El incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo se encuentra regulado en la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y tiene por objeto retribuir la inversión en nueva capacidad, necesaria para asegurar la cobertura de la demanda en el largo plazo. Este mecanismo incentiva la puesta a disposición del Operador del Sistema de determinada potencia instalada que se acredita mediante el acta de puesta en marcha de la instalación de generación. El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, revisó, con carácter excepcional para el año 2012, las retribuciones del incentivo a la inversión a largo plazo previsto en la Orden ITC/2794/2007, de 27 de diciembre, fijándolo en 23.400 €/MW/año. En el contexto actual en el que la demanda de energía eléctrica experimenta una intensa reducción y en donde existe un mínimo riesgo de déficit de capacidad instalada, se considera urgente ampliar la reducción de dicho incentivo, fijándolo en 10.000 €/MW/año, acompañando esta medida de un alargamiento en el plazo que resta para su percepción a aquellas instalaciones con derecho al cobro a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Asimismo, se suprime la aplicación del mencionado incentivo regulado en la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, para las nuevas instalaciones de producción, salvo para aquellas que obtuvieran el acta de puesta en servicio definitiva con anterioridad al 1 de enero de 2016. Adicionalmente, con carácter inmediato se adelantan dos medidas en relación con las instalaciones del régimen especial al objeto de evitar cualquier afección al modo de funcionamiento de las instalaciones que no pudiera corregirse una vez se apruebe la nueva metodología. Así, se procede, por un lado, a la supresión del complemento por eficiencia para las instalaciones que estuvieran percibiéndolo de acuerdo con el artículo 28 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y por otro lado, a la supresión de la bonificación por energía reactiva prevista en el artículo 29 del citado real decreto. En las circunstancias actuales resulta imprescindible y urgente, como ya se ha explicado, reducir los costes del sistema. Además, estas medidas no afectan a la rentabilidad de las instalaciones, ya que no fueron tenidas en cuenta para la determinación del régimen económico. V En el presente real decreto-ley se acomete, igualmente, la modificación del régimen de asunción del coste del bono social. Es bien sabido que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012, por la que se estimó el recurso ordinario 419/2010, declaró inaplicables, por una parte, el artículo 2.5 y el último párrafo de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social relativos ambos a la asunción del coste del bono social por parte de determinadas empresas del sector; y por otra, la disposición adicional segunda de la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial, en la que se desarrolla el mecanismo de financiación del bono social, así como la disposición adicional tercera de la citada orden, que recoge las tarifas de referencia para su aplicación. Por este motivo, y con el fin de dar cumplimiento a esta sentencia y dar continuidad a esta medida de protección adicional del derecho al suministro de electricidad en el marco de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, mediante la Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, se estableció, el bono social como coste del sistema eléctrico, y por tanto, cubierto por todos los consumidores eléctricos, y las tarifas de referencia para la aplicación del bono social. No obstante, dicha solución, que fue adoptada a fin de subvenir de forma inmediata a la nueva situación determinada por la sentencia de 7 de febrero de 2012 y comportaba, en esencia, la traslación del coste del bono social al conjunto de los consumidores, nunca tuvo vocación de permanencia y se revela como especialmente inadecuada en el presente momento, dado el particular contexto de disminución de ingresos e incremento de costes a que se ha aludido con anterioridad, con grave riesgo de inmediata aparición de nuevos desajustes de no adoptarse con urgencia medidas correctoras. En este sentido, es cierto que la sentencia de 7 de febrero de 2012, sin perjuicio de enunciar otras posibles modalidades de reparto del coste igualmente admisibles, señalaba que correspondía al Gobierno elegir la que estimará más adecuada, pudiendo optar «frente a otras soluciones presentes en derecho comparado, porque sea el propio sector eléctrico el que se haga cargo de dicha prestación social o, incluso, una parte de dicho sector». Partiendo de este hecho, y con el fin de contribuir a la necesaria y urgente reducción de costes del sistema, se juzga necesario modificar el régimen de reparto del coste introducido por la Orden IET/843/2012, de 25 de abril, imponiendo, como obligación de servicio público, la asunción del coste del bono social a las matrices de las sociedades o grupos de sociedades que realicen actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y que tengan el carácter de grupos verticalmente integrados. En efecto, la imposición de esta obligación a las tales matrices permite, siquiera sea indirectamente, repartir dicha carga entre las principales actividades empresariales intervinientes en el sector eléctrico. Ciertamente, quedaría con ello excluida de tal reparto la actividad de transporte, si bien dicha excepción se considera justificada por tratase de una actividad regulada, desarrollada en régimen de monopolio legal y exclusividad, siendo así que al transportista único no le resultaría posible, a diferencia de lo que ocurre con las citadas sociedades o grupos de sociedades, recuperar del mercado el eventual coste que hubiera de asumir en dicho concepto, lo que, a la postre, vendría a neutralizar la finalidad perseguida con esta modificación. Por otro lado, y en consonancia con las exigencias resultantes de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009, según la cual las obligaciones de servicio público deben definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, se establece que, a fin de que el reparto sea equitativo, la recíproca participación de cada una de las tales empresas o grupos de empresas en la asunción del coste sea proporcional al porcentaje que corresponda sobre una cuantía calculada considerando tanto el número de suministros conectados a las redes de distribución como el número de clientes a los que suministra la actividad de comercialización. De igual modo, en orden a asegurar la permanente adecuación del reparto a las concretas circunstancias del sector y posibilitar su público conocimiento y eventual control, se establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, calculará anualmente, sin perjuicio de su ulterior aprobación por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, los porcentajes de reparto aplicables y dará publicidad a la información para ello empleada. Adicionalmente, se contempla que la caracterización del bono social será la que resulta de la aplicación de la Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. VI Este real decreto-ley incluye asimismo, determinadas medidas relativas a la revisión de los peajes de acceso, a la creación del registro de autoconsumo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencias. También, se determina que el Ministro de Industria, Energía y Turismo procederá a realizar una revisión de los peajes de acceso de energía eléctrica. Esta medida se adopta con carácter de urgencia teniendo en cuenta el impacto que tiene el escenario ya descrito de caída de demanda de energía eléctrica más acusada de lo previsto y en línea con las modificaciones relativas a las diferentes partidas de costes del sistema contenidas en el presente real decreto-ley. Asimismo, y mediante la modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se procede a la creación del Registro administrativo de régimen retributivo específico, necesario para el seguimiento y correcta aplicación del régimen económico a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivo específico cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado en exclusiva y que debe ser independiente del Registro administrativo de instalaciones de producción donde se incluyen los datos relativos a las instalaciones de producción cuya autorización corresponde bien a la Administración General del Estado o bien a las Administraciones Autonómicas. Del mismo modo, se crea el Registro de autoconsumo para el adecuado seguimiento de los consumidores acogidos a modalidades de suministro con autoconsumo, necesario igualmente para el adecuado seguimiento de su régimen económico. La creación de estos registros se lleva a cabo en esta norma por cuanto resultan imprescindibles para la aprobación de los reales decretos en los que se aborde la regulación de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y la determinación de las condiciones aplicables a otras modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, que se van a tramitar con carácter inmediato. En consecuencia, se deroga el artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social relativos ambos a la asunción del coste del bono social, sin perjuicio del régimen transitorio que en este real decreto-ley se define. Por otra parte, se procede con carácter urgente a clarificar algunos aspectos del régimen transitorio para conocer de la toma de participaciones en el sector energético prevista en la disposición adicional novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hasta que se produzca el efectivo traspaso de medios humanos, materiales y técnicos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esta norma transitoria no altera el nuevo régimen jurídico para esas comunicaciones introducido por la citada ley. Por cuanto, la aprobación de alguna de las medidas contempladas en este real decreto-ley debe ir acompañada del correspondiente desarrollo reglamentario de las materias de este real decreto-ley y de la propia Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se hace preciso establecer de forma expresa que los informes que se soliciten en este ámbito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se emitirán con carácter urgente, previa consulta al Consejo Consultivo de Electricidad, en el que se sustanciará el trámite de audiencia. VII Finalmente, este real decreto-ley modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales en relación al impuesto especial sobre el carbón. La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, modificó la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, incrementando el gravamen aplicable al carbón hasta 0,65 euros por gigajulio. No obstante, con la finalidad de mantener la competitividad del sector industrial y poner en condiciones de igualdad a los diferentes consumidores de carbón y gas natural para similares fines y usos, se considera necesario establecer un tipo reducido de 0,15 euros por gigajulio para el carbón destinado a usos con fines profesionales, siempre y cuando no se utilice en procesos de generación y cogeneración eléctrica, y ello dentro del marco comunitario previsto por la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de la imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Como consecuencia de lo anterior y con el objeto de asegurar la diferenciación en la imposición basada en los diferentes fines, se considera conveniente precisar en la Ley reguladora de los Impuestos Especiales qué se entiende por «carbón destinado a usos con fines profesionales». Asimismo, ante la imposibilidad de conocer con exactitud, en el momento de realizar el suministro de carbón a una planta de cogeneración de energía eléctrica y calor útil, la carga tributaria que debe soportar el consumidor final y para ajustar esta, en la medida de lo posible, a la realidad, se fija un porcentaje de reparto provisional de la cantidad de carbón sobre la que se aplicarán los diferentes tipos impositivos regulados en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Por ello, es preciso, por un lado, establecer la necesaria especialidad en las reglas de repercusión del impuesto, con respecto a los sujetos pasivos que realizan estos suministros, y, por otro, recoger la obligación de regularizar el importe de las cuotas repercutidas conforme al porcentaje definitivo de destino del carbón. Adicionalmente, se tipifica una nueva infracción por la comunicación incorrecta de datos a los sujetos pasivos en relación con los suministros de carbón que se realicen con aplicación del tipo impositivo de 0,15 euros por gigajulio. Lo perentorio de la antedicha equiparación entre los diferentes consumidores de carbón y gas natural hace que concurran las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para adoptar esta medida. Por todo lo expresado anteriormente, en la adopción del conjunto de medidas que a continuación se aprueban concurren las exigencias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas por el artículo 86 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Extraordinaria y urgente necesidad derivadas de las razones ya mencionadas de protección a los consumidores en un contexto de crisis económica, y garantía de la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, y cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificación normativa pueda tener la eficacia que se pretende. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de julio de 2013, DISPONGO: Artículo 1.   Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico queda modificada en los siguientes términos: Uno. Se añade un nuevo apartado en el artículo 16 con la siguiente redacción: «11. En las metodologías retributivas de las actividades de transporte y distribución se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios básicos que serán homogéneos en todo el territorio español. Los regímenes económicos de las actividades de red permitirán una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo. A tal efecto, la tasa de retribución financiera del activo con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución estará referenciado al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario incrementado con un diferencial.» Dos. Se modifica el artículo 30.4 que queda redactado como sigue: «4. Adicionalmente y en los términos que reglamentariamente por real decreto del Consejo de Ministros se determine, a la retribución por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado, las instalaciones podrán percibir una retribución especifica compuesta por un término por unidad de potencia instalada, que cubra, cuando proceda, los costes de inversión de una instalación tipo que no pueden ser recuperados por la venta de la energía y un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el mercado de dicha instalación tipo. Para el cálculo de dicha retribución específica se considerarán, para una instalación tipo, a lo largo de su vida útil regulatoria y en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada: a) Los ingresos estándar por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado de producción. b) Los costes estándar de explotación. c) El valor estándar de la inversión inicial. A estos efectos, en ningún caso se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español. Del mismo modo, sólo se tendrán en cuenta aquellos costes e inversiones que respondan exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica. Como consecuencia de las singulares características de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, podrán definirse excepcionalmente instalaciones tipo específicas para cada uno de ellos. Este régimen retributivo no sobrepasará el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que permitan competir a las instalaciones en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado y que posibiliten obtener una rentabilidad razonable por referencia a la instalación tipo en cada caso aplicable. No obstante lo anterior, excepcionalmente el régimen retributivo podrá incorporar además un incentivo a la inversión y a la ejecución en plazo determinado cuando su instalación suponga una reducción significativa de los costes en los sistemas insulares y extrapeninsulares. Esta rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado. Los parámetros del régimen retributivo podrán ser revisados cada seis años.» Tres. Se modifica el primer párrafo del artículo 30.5 que queda redactado como sigue: «5. El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, podrá determinar el derecho a una retribución basada en los principios previstos en el apartado 4 para aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen como energía primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aun cuando las instalaciones de producción de energía eléctrica tengan una potencia instalada superior a 50 MW.» Cuatro. Se añaden los apartados 8 y 9 en el artículo 30 con la siguiente redacción: «8. A los efectos de esta ley se entenderá como biomasa la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal, de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. 9. Para el otorgamiento y adecuado seguimiento de la retribución específica otorgada a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se crea, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Registro de régimen retributivo específico, que incluirá los parámetros retributivos aplicables a dichas instalaciones. Reglamentariamente se establecerá su organización, así como los procedimientos y efectos de la inscripción y cancelación en dicho registro. La inscripción de la instalación en el Registro de régimen retributivo específico será requisito necesario para la aplicación a dicha instalación del régimen retributivo específico.» Cinco. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional vigésima primera, que queda redactado como sigue: «4. No obstante, para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, el déficit de ingresos previsto en la disposición por la que se aprobaron los peajes de acceso correspondientes no será superior a 3.500 millones de euros, 3.000 millones de euros, 3.000 millones de euros y 1.500 millones de euros, respectivamente. Asimismo, los desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico que se produzcan en 2010, hasta una cuantía máxima de 2.500 millones de euros, y en 2012, en el importe de 4.109.213 miles de euros, tendrán la consideración de déficit de ingresos del sistema de liquidaciones eléctrico para 2010 y 2012, respectivamente, que generará derechos de cobro que podrán ser cedidos por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, considerándose el importe para el año 2012 como definitivo a efectos de la cesión.» Seis. Se añade una disposición adicional vigésima séptima con la siguiente redacción: «Disposición adicional vigésima séptima. Registro Administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. Para el adecuado seguimiento de los consumidores acogidos a las modalidades de suministro de energía eléctrica previstas en el artículo 9.g) de esta ley y aquellos otros asociados a instalaciones de producción que estén conectadas en el interior de su red o a través de una línea directa, se crea, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Registro Administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, que contendrá la información relativa a los consumidores y sus instalaciones asociadas. Reglamentariamente se establecerá su organización.» Artículo 2.   Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 queda modificada como sigue: Uno. El apartado Uno del artículo 54 queda redactado en los siguientes términos: «Uno. El importe máximo de los avales a otorgar por la Administración General del Estado durante el ejercicio del año 2013 no podrá exceder de 165.043.560 miles de euros.» Dos. Se añade un párrafo d) al apartado Dos del artículo 54 con la siguiente redacción: «d) 4.000.000 miles de euros para garantizar, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima primera.9 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, las obligaciones económicas exigibles al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, derivadas de las emisiones de instrumentos financieros que realice dicho Fondo con cargo a los derechos de cobro que constituyan el activo del mismo.» Artículo 3.   Retribución de la actividad distribución y de transporte de energía eléctrica desde el 1 de enero de 2013 hasta la entrada en vigor del presente real decreto-ley. 1. La retribución de cada empresa distribuidora, desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, será la parte proporcional hasta dicha fecha de la que figura en los artículos 2.2 y 2.3 de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero. Esta retribución tendrá carácter de definitiva. No obstante lo anterior, aquellas empresas que antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley hubieran solicitado revisión de la retribución para el año 2013 al amparo de lo recogido en el anexo I de la mencionada Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, o como consecuencia de fusiones y adquisiciones de empresas distribuidoras o de adquisiciones de activos de distribución a otras empresas, podrán ver modificada la retribución de dicho primer periodo por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 2. La retribución de cada empresa titular de instalaciones de transporte, desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, será la parte proporcional hasta dicha fecha de la que figura en el artículo 1 de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero. Esta retribución tendrá carácter de definitiva. Artículo 4.   Método de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 1. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada una de las empresas distribuidoras para el periodo que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2013, el cual se denominará segundo periodo de 2013. A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitirá inmediatamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para informe una propuesta de retribución para cada una de las empresas que se calculará por aplicación de la metodología recogida en el anexo I. Sin perjuicio de las cantidades que en su momento se calculen y se aprueben correspondientes a los incentivos de calidad y reducción de pérdidas, las retribuciones a la actividad de distribución calculadas de acuerdo a dicha metodología tendrán carácter definitivo. 2. La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2014 hasta que se inicie el primer periodo regulatorio al amparo del real decreto de retribución de la actividad de distribución a que se hace referencia en el artículo 5 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, se calculará de acuerdo con la metodología recogida en el anexo II del presente real decreto-ley. Sin perjuicio de las cantidades que en su momento se calculen y se aprueben correspondientes a los incentivos de calidad y reducción de pérdidas, las retribuciones a la actividad de distribución calculadas de acuerdo a dicha metodología tendrán carácter definitivo. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para dicho periodo. A tal efecto, antes del 1 de octubre de cada año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una propuesta de retribución para cada una de las empresas distribuidoras. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia remitirá junto con la propuesta de retribución para cada empresa señalada en el apartado anterior la de todos aquellos parámetros del anexo II que resultan necesarios para el cálculo de ésta. 3. En el caso de que para una empresa concreta no se dispusiera de alguno de los datos necesarios para la determinación de su retribución de acuerdo con lo previsto en los anexos I y II, para el cálculo de la misma se emplearán los valores medios representativos del sector. Artículo 5.   Método de retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 1. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte para el periodo que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2013, el cual se denominará segundo periodo de 2013. A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitirá inmediatamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para informe una propuesta de retribución para cada una de las empresas que se calculará por aplicación de la metodología recogida en el anexo III. Sin perjuicio de las cantidades que en su momento se calculen y se aprueben correspondientes al incentivo de disponibilidad y a la retribución a la inversión y a la operación y mantenimiento asociada a las inversiones que se declaren como singulares y que se encuentren en servicio antes de 31 de diciembre de 2011, las retribuciones a la actividad de transporte calculadas de acuerdo a dicha metodología tendrán carácter definitivo. 2. La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2014 hasta que se inicie el primer periodo regulatorio al amparo del real decreto de retribución de la actividad de transporte a que se hace referencia en el artículo 6 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, se calculará de acuerdo con la metodología recogida en el anexo IV del presente real decreto-ley. Sin perjuicio de las cantidades que en su momento se calculen relativas al incentivo de disponibilidad de la red de transporte, las retribuciones calculadas de acuerdo a dicha metodología tendrán carácter definitivo. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para dicho periodo. A tal efecto, antes del 1 de octubre de cada año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una propuesta de retribución para cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia remitirá junto con la propuesta de retribución para cada empresa señalada en el apartado anterior la de todos aquellos parámetros del anexo IV que resultan necesarios para el cálculo de ésta. 3. En el caso de que para una empresa concreta no se dispusiera de alguno de los datos necesarios para la determinación de su retribución de acuerdo con lo previsto en los anexos III y IV, para el cálculo de la misma se emplearán los valores medios representativos del sector. Artículo 6.   Tasa de retribución durante la vigencia de los métodos retributivos de las actividades de red previstos en este real decreto-ley. 1. Con efectos en la retribución a percibir desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, durante el periodo en que sean de aplicación los artículos 4 y 5 de este real decreto-ley, la tasa de retribución del activo con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de transporte y distribución de energía eléctrica será la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los tres meses anteriores a la entrada en vigor de la norma incrementada con un diferencial. 2. Para el cálculo de las retribuciones de transporte y distribución en el segundo periodo de 2013 que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2013, en la tasa de retribución financiera señalada en el apartado anterior el diferencial tomará un valor de 100 puntos básicos. 3. Para el cálculo de la retribución a percibir a partir del 1 de enero del año 2014 y años sucesivos en que fuera de aplicación los artículos 4.2 y 5.2 del presente real decreto-ley, en la tasa de retribución financiera señalada en el apartado primero el diferencial tomará un valor de 200 puntos básicos. Artículo 7.   Incentivo a la inversión. 1. Se fija en 10.000 €/MW/año la cuantía correspondiente al incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo para las instalaciones de producción conforme a lo establecido en el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007. 2. Para aquellas instalaciones que tuvieran derecho a dicho incentivo a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el periodo durante el que tendrán derecho a percibir la cuantía será el doble del plazo que les restara para cubrir el periodo de diez años al que se refiere el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y se calculará tomando como fecha de inicio la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, de acuerdo a la siguiente fórmula: Plazo de cobro= (FecFin-FecInicio)*2 Siendo: Plazo de cobro: Plazo con derecho a la percepción de la retribución del servicio de capacidad a largo plazo, expresado en días, a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley. FecFin: Fecha de finalización del periodo de 10 años de cada instalación establecida de acuerdo a lo dispuesto en el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre. FecInicio: Fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley. 3. Las instalaciones de producción que a la entrada en vigor del presente real decreto-ley no estuvieran inscritas con carácter definitivo en la sección primera del Registro Administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo no tendrán derecho al referido incentivo al amparo de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de diciembre, salvo que contaran con acta de puesta en servicio definitiva con anterioridad al 1 de enero de 2016, en cuyo caso podrán tener derecho a percibir una cuantía de 10.000 €/MW/año durante un periodo de veinte años. Artículo 8.   Reparto del coste del bono social. 1. El coste del bono social será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades, que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. 2. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará, para cada grupo empresarial como la relación entre un término que será la suma de las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras en que participe el grupo, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de suministros y clientes de todos los grupos empresariales que deben ser considerados a los efectos de este reparto. Este porcentaje de reparto será calculado anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A estos efectos, la referida Comisión publicará en su página web, en el mes de noviembre de cada año la información relativa a las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras, así como la relación de grupos de sociedades o, en su caso, sociedades, que cumplan el requisito previsto en el apartado 1. La citada Comisión remitirá antes del 1 de diciembre de cada año una propuesta de fijación de los porcentajes de reparto que corresponderán a cada una de las sociedades matrices, correspondiendo al Ministro de Industria, Energía y Turismo su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades se depositarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo liquidador, que será responsable de su gestión. 3. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrá modificar el procedimiento y condiciones en que se realizarán las aportaciones que correspondan a cada una de las empresas. Artículo 9.   Revisión de precios de los peajes de acceso de energía eléctrica. Excepcionalmente, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá revisar los precios de los términos de potencia y de los términos de energía activa de los peajes de acceso con una periodicidad máxima trimestral, cuando se produzcan circunstancias que afecten de modo relevante a los costes regulados o a los parámetros utilizados para su cálculo. Disposición adicional primera.   Rentabilidad razonable de las instalaciones de producción con derecho a régimen económico primado. A los efectos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, para las instalaciones que a la fecha de la entrada en vigor del presente real decreto ley tuvieran derecho a un régimen económico primado, la rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez años anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto-ley de las Obligaciones del Estado a diez años incrementada en 300 puntos básicos, todo ello, sin perjuicio de la revisión prevista en el último párrafo del citado artículo. Disposición adicional segunda .   Carácter urgente de los informes . La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitirá con carácter urgente, previa consulta al Consejo Consultivo de Electricidad, los informes que le sean requeridos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el desarrollo de las materias de este real decreto-ley y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico en el plazo máximo de 15 días. Este plazo será de 7 días en el supuesto previsto en la disposición final cuarta. El carácter urgente deberá constar de forma expresa en el escrito de petición de informe. Disposición adicional tercera .   Competencia para conocer de la toma de participaciones en el sector energético. 1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será competente para conocer de las operaciones de toma de participaciones en el sector energético de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hasta que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo disponga de los medios necesarios para ejercer la competencia de forma efectiva de conformidad con lo previsto en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la referida ley. Mediante Orden del titular del Ministerio de Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas se determinará la fecha a partir de la cual el Ministerio de Industria, Energía y Turismo asumirá el ejercicio de esta competencia, así como de las demás que le atribuye la Ley 3/2013, de 4 de junio. Hasta esa fecha las comunicaciones que con tal objeto deban realizarse se dirigirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la que le corresponderá resolver sobre dichas operaciones de toma de participaciones en los términos establecidos en la citada disposición adicional novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, y en la restante normativa de aplicación. 2. La competencia para sancionar el incumplimiento del deber de comunicación o de las condiciones y obligaciones impuestas a las sociedades sujetas a operaciones comunicadas le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Administración General del Estado a partir de la fecha en que produzca efectos la orden prevista en el apartado anterior. 3. Los procedimientos en curso iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2013, de 4 de junio, se tramitarán y resolverán con arreglo a lo establecido en esta disposición. Disposición adicional cuarta .   Financiación del extracoste de generación en los territorios insulares y extrapeninsulares. Los extracostes derivados de las actividades de producción de energía eléctrica cuando se desarrollen en territorios insulares y extrapeninsulares de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, serán financiadas en un 50 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. A estos efectos, los extracostes correspondientes a cada año serán incorporados en la Ley de Presupuestos Generales del año posterior, en los términos fijados en la misma. Las compensaciones presupuestarias no tendrán la consideración de costes del sistema eléctrico. Reglamentariamente, con la participación de la Intervención General de la Administración del Estado, se determinará un mecanismo de control y reconocimiento de las compensaciones presupuestarias, así como el procedimiento de liquidación de las mismas. En todo caso el fondo de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por el órgano encargado de la liquidación actuará como mecanismo de financiación subsidiario, teniendo, sólo a estos efectos, la naturaleza de costes del sistema eléctrico. Disposición adicional quinta.   Referencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las referencias incluidas en el presente real decreto-ley a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se entenderán hechas a la Comisión Nacional de Energía hasta la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Disposición transitoria primera.   Caracterización y reparto del coste del bono social. 1. Antes de 1 de julio de 2014, se procederá a la revisión de la caracterización del bono social. Hasta que dicha revisión tenga lugar, dicha caracterización será la contemplada en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, en la Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. 2. A efectos de la aplicación inmediata de lo dispuesto en el artículo 8 del presente real decreto-ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia enviará, en fecha no posterior al 15 de septiembre de 2013, una propuesta de fijación de los porcentajes de financiación a los que se refiere el citado artículo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para su aprobación por orden, que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Hasta la aprobación de la citada orden, el coste del bono social será cubierto con cargo al sistema, conforme a lo dispuesto en la Orden IET/843/2012, de 25 de abril. La referida Comisión utilizará la información relativa a las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras correspondiente al último año móvil disponible, y publicará en su página web dicha información así como la relación de grupos de sociedades o, en su caso, sociedades, que cumplan el requisito previsto en dicho artículo 8. Disposición transitoria segunda.   Liquidación a cuenta de retribución durante el segundo periodo retributivo de 2013 para las actividades de transporte y distribución. Hasta la aprobación de las retribuciones del segundo periodo regulatorio de 2013 a que se hace referencia en los artículos 4.1 y 5.1 las cantidades devengadas a cuenta que se deberán considerar provisionalmente en las liquidaciones de las retribuciones del segundo periodo serán, para cada una de las empresas de distribución y transporte, la parte proporcional de la retribución que figure en la propuesta de retribución a que se hace referencia en el segundo párrafo del señalado artículo 4.1 y en el segundo párrafo del señalado artículo 5.1. Una vez aprobadas las órdenes ministeriales correspondientes, se liquidarán las obligaciones de pago o, en su caso, los derechos de cobro que resulten de su aplicación con cargo a la siguiente liquidación que realice el organismo encargado de las mismas con posterioridad a la fecha en que se aprueben dichas órdenes. Estas cantidades tendrán la consideración de ingreso o coste liquidable del sistema a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de los costes del sistema eléctrico. Disposición transitoria tercera.   Aplicación transitoria del artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología . 1. No obstante lo establecido en la disposición derogatoria única.2, lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología, se aplicará con carácter transitorio hasta la aprobación de las disposiciones necesarias para la plena aplicación del real decreto a que hace referencia la disposición final segunda del presente real decreto-ley, a excepción del artículo 28 y del porcentaje de bonificación por cumplimiento en el rango del factor de potencia entre 0,995 inductivo y 0,995 capacitivo recogido en el anexo V del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. 2. El organismo encargado de la liquidación abonará, con carácter de pago a cuenta, los conceptos liquidables devengados por las instalaciones de régimen especial, y aquellas de régimen ordinario con régimen retributivo primado al amparo de Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, en aplicación de lo previsto en los referidos reales decretos. Los derechos de cobro u obligaciones de pago resultantes de la aplicación de la metodología que se establezca en virtud de lo previsto en la disposición final segunda, a la energía producida desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta la entrada en vigor de las disposiciones necesarias para la plena aplicación del nuevo régimen retributivo, serán liquidados por el organismo encargado de las mismas en las seis liquidaciones posteriores a la entrada en vigor de dichas disposiciones. Dichas liquidaciones corresponderán, en todo caso, al mismo ejercicio y las cantidades tendrán la consideración de coste o ingreso liquidable del sistema, según proceda, a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de los costes del sistema eléctrico. Disposición derogatoria única .   Derogación normativa. 1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley. 2. Quedan derogados expresamente: a) El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. b) El Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. c) El artículo 4, la disposición adicional primera y el apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. Disposición final primera .   Título competencial. El presente real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del régimen energético y minero, respectivamente. No obstante lo anterior, la disposición final quinta se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda General. Disposición final segunda.   Nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen económico primado. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, aprobará un real decreto de regulación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con retribución primada que modificará el modelo retributivo de las instalaciones existentes. Este nuevo modelo se ajustará a los criterios previstos en el artículo 30 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, introducidos por el presente real decreto-ley y será de aplicación desde la entrada en vigor del presente real decreto ley. No obstante lo anterior, el régimen retributivo específico que se establezca para las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica adjudicatarias del régimen previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, estará compuesto por un único término a la operación cuyo valor será el resultante de la oferta económica para las que resultaran adjudicatarias. Disposición final tercera.   Modificación del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008. El Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008 queda modificado en los siguientes términos: Uno. El artículo 4.1 queda redactado de la siguiente forma: «1. El valor reconocido definitivo de la inversión del elemento de inmovilizado (VIi) de cada instalación autorizada, cuando éste resulte de aplicar los valores unitarios de referencia que el Gobierno determine reglamentariamente, se calculará como la suma del valor real de la inversión realizada, debidamente auditada, más el 50 por ciento de la diferencia entre el resultante de la aplicación de los valores unitarios que se determinen y dicho valor real. Este cálculo se realizará tanto si la diferencia es positiva como si fuera negativa. Además, en caso de resultar una diferencia negativa se deberá aportar una auditoría técnica que justifique que los costes incurridos son superiores a los valores unitarios por sus especiales características. Los valores unitarios de referencia se determinarán de acuerdo con los valores medios representativos del coste de las infraestructuras cuyo diseño técnico y condiciones operativas se adapten a los estándares utilizados en el sistema eléctrico. Los valores unitarios de referencia calculados para el sistema peninsular serán únicos para todo el territorio español, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se establecerán los valores unitarios de referencia para aquellas instalaciones que tengan consideración de red de transporte en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Como consecuencia de las singulares características derivadas de su ubicación territorial estos valores unitarios podrán ser diferentes para cada uno de los sistemas o subsistemas que se determinen a estos efectos, si bien serán únicos en cada uno de estos subsistemas. Para el cálculo de los valores de inversión reales, se descontarán aquellos impuestos indirectos en los que la normativa fiscal vigente prevea su exención o devolución. Asimismo, se descontarán las subvenciones percibidas de las Administraciones Públicas, y en su caso las instalaciones financiadas y cedidas por terceros. En el caso de las subvenciones provenientes de organismos de la Unión Europea, se descontará el 90 por ciento del importe percibido. En la aprobación del proyecto de ejecución se especificarán los parámetros necesarios para el cálculo de los valores unitarios de referencia de los costes de inversión y de los costes de operación y mantenimiento.» Dos. El último párrafo del artículo 4.2 pasa a tener la siguiente redacción: «La revisión de los valores unitarios se efectuará cada cuatro años. Dicha revisión se realizará de acuerdo con los valores medios representativos del coste de las infraestructuras cuyo diseño técnico y condiciones operativas se adapten a los estándares utilizados en el sistema eléctrico nacional. Dichos valores serán únicos para todo el territorio peninsular y para cada uno de los sistemas o subsistemas que se determinen a estos efectos.» Tres. El artículo 6.5 pasa a tener la siguiente redacción: «5. Una vez conocidos los valores definitivos de inversión real, el Ministro de Industria, Energía y Turismo establecerá la retribución definitiva a percibir por cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica. El organismo liquidador, en la liquidación inmediatamente posterior a la fecha de la aprobación, liquidará las diferencias entre las retribuciones a cuenta y definitiva, desde la fecha en que se devengaron.» Disposición final cuarta.   Revisión de precios de los peajes de acceso de energía eléctrica. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 del presente real decreto-ley, el Ministro de Industria, Energía y Turismo aprobará, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y en el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, una revisión de los precios de los términos de potencia y de los términos de energía activa de los peajes de acceso a las redes definidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en su normativa de desarrollo. Disposición final quinta.   Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales . La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales queda modificada como sigue: Uno. Se modifica el artículo 84 que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 84. Tipos impositivos. 1. El impuesto se exigirá con arreglo a los siguientes epígrafes: Epígrafe 1.1: Carbón destinado a usos con fines profesionales siempre y cuando no se utilice en procesos de cogeneración y generación directa o indirecta de energía eléctrica: 0,15 euros por gigajulio. A efectos de lo previsto en este Epígrafe se considera carbón destinado a usos con fines profesionales los suministros de carbón efectuados para su consumo en plantas e instalaciones industriales, con exclusión del que se utilice para producir energía térmica útil cuyo aprovechamiento final se produzca en establecimientos o locales que no tengan la condición de plantas o instalaciones industriales. Asimismo, tendrá la consideración de carbón destinado a usos con fines profesionales, el carbón utilizado en cultivos agrícolas. Epígrafe 1.2: Carbón destinado a otros usos: 0,65 euros por gigajulio. 2. En los suministros de carbón destinado a ser utilizado en una planta de cogeneración de energía eléctrica y energía térmica útil, sujeta al requisito de acreditación del cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente a que se refiere la normativa de desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se aplicarán los tipos impositivos regulados en los Epígrafes 1.1 y 1.2 del apartado 1 de este artículo en función del porcentaje de carbón que corresponda imputar a la producción de electricidad medida en bornes de alternador y a la energía térmica útil, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.» Dos. Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 85, que queda redactado de la siguiente forma: «En los suministros de carbón efectuados en los términos del artículo 84.2 de la ley, los sujetos pasivos que hayan repercutido el importe de las cuotas devengadas en función de un porcentaje provisional comunicado por los titulares de centrales de cogeneración de electricidad y energía térmica útil, deberán regularizar el importe de las cuotas repercutidas conforme al porcentaje definitivo de destino del carbón, una vez conocido, mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente.» Tres. Se modifica el artículo 87 que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 87. Infracciones y sanciones. 1. En los suministros de carbón realizados con aplicación del tipo impositivo establecido en el Epígrafe 1.1 del artículo 84, constituye infracción tributaria grave comunicar datos falsos o inexactos a los sujetos pasivos, cuando de ello se derive la repercusión de cuotas inferiores a las procedentes. La base de la sanción será la diferencia entre las cuotas que se hubieran debido repercutir y las efectivamente repercutidas. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento. 2. El resto de infracciones tributarias en este impuesto se calificarán y sancionarán conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.» Disposición final sexta.   Modificación de la Ley 3/2013, de 3 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se añade un apartado 3 en la disposición adicional octava de la Ley 3/2013, de 3 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con la siguiente redacción: «3. En el sector eléctrico y de hidrocarburos: conocer la toma de participaciones en el sector energético.» Disposición final séptima.   No incremento de gasto. La creación de los registros contemplados en el presente real decreto-ley no supondrá incremento del gasto público, y los gastos derivados de su funcionamiento se imputarán al presupuesto de gasto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al que se adscriben. Disposición final octava.   Modificación de disposiciones reglamentarias. 1. Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran. 2. Asimismo, se habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo a modificar y desarrollar el contenido de los artículos 4, 5 y 7 y de los anexos de este real decreto-ley. Disposición final novena.   Habilitación normativa y desarrollo reglamentario. Se faculta al Gobierno y al Ministro de Industria, Energía y Turismo para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley. En particular, se autoriza al Gobierno para modificar la indexación de la retribución de las diferentes actividades reguladas del sector eléctrico. Disposición final décima .   Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 12 de julio de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ANEXO I Metodología de cálculo de la retribución de la actividad de distribución durante el segundo periodo del año 2013 1. La retribución del segundo periodo del año 2013 correspondiente a la empresa distribuidora i se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: donde: ; es la retribución reconocida por el ejercicio de la actividad de distribución a la empresa distribuidora i en el segundo periodo del año 2013, asociada a los activos en servicio en el año 2011. ; es la retribución por inversión reconocida a la empresa distribuidora i en el segundo periodo del año 2013, asociada a los activos en servicio en el año 2011. : Es la retribución por operación, mantenimiento y otros costes de distribución reconocida a la empresa distribuidora i en el segundo periodo de 2013 asociada a los activos en servicio en el año 2011. Q2013i, es el incentivo o penalización a la calidad del servicio repercutido a la empresa distribuidora i con más de 100.000 clientes conectados a sus redes en el año 2013 asociado a los valores obtenidos durante el año 2011. P2013i, es el incentivo o penalización por la reducción de pérdidas repercutido a la empresa distribuidora i con más de 100.000 clientes conectados a sus redes en el año 2013 asociado a los valores obtenidos durante el año 2011. 2. La retribución por inversión reconocida a la empresa distribuidora i en el segundo periodo del año 2013 se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: ; donde el primer término es la amortización lineal del activo y el segundo es un término de retribución financiera del valor neto de los activos y a su vez ambos están afectados por un parámetro para limitar su efectos al segundo periodo regulatorio de 2013. En la expresión anterior: ; parámetro que expresa el cociente entre el número de días desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin del año 2013 y el número total de días de dicho año. Vida útil regulatoria media de las instalaciones de la empresa distribuidora i. TRF es la tasa de retribución financiera del segundo periodo retributivo de 2013 que se ha definido en el artículo 6.2 del presente real decreto-ley. Es el inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en el año 2013, y por tanto descontado el valor de instalaciones financiadas y cedidas por terceros, de la empresa distribuidora i asociado a las instalaciones que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria. Es el inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en el año 2013 de la empresa distribuidora i asociado a las instalaciones que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria. 3. Para el cálculo del inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de la empresa distribuidora i asociado a las instalaciones en servicio en el año 2011 y que no han superado la vida útil en dicho año se empleará la siguiente formulación: Este término se calculará por aplicación de la siguiente expresión: ; siendo Retribución a la actividad de distribución reconocida a la empresa distribuidora de energía eléctrica i sin incentivos de calidad y reducción de pérdidas debida a los activos puestos en servicio hasta el año 2011. Esta retribución se corresponderá con la que figura para cada empresa en la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero. Es un coeficiente que refleja para cada una de las empresas de distribución, qué cantidad en base uno de retribución se destina a retribuir los costes de operación y mantenimiento y otros costes de distribución incurridos por las empresas, excepción hecha de los costes de naturaleza comercial. El valor de este parámetro se obtendrá tomando como base la información regulatoria de costes. Es la vida residual de las instalaciones de la empresa distribuidora i. TR: Tasa de retribución calculada de acuerdo al artículo 7 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, con base en la metodología establecida por la Comisión Nacional de Energía en el año de 2008 tomando los datos a 31 de diciembre de 2011. Una vez calculado el término de inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en el año 2013,, el inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico del año 2013, , se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: 4. La retribución por operación, mantenimiento y otros costes de distribución reconocida a la empresa distribuidora i en el segundo periodo de 2013 del periodo regulatorio asociada a los activos en servicio en el año 2011 se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: ; donde: , y son los términos señalados anteriormente. Factor de eficiencia de la operación y mantenimiento. Con el fin de impulsar la eficiencia en la gestión de la operación y mantenimiento y como consecuencia del carácter de monopolio natural de la actividad, se introduce un factor de eficiencia que afectará a la retribución por operación y mantenimiento. Este factor de eficiencia en la Operación y Mantenimiento tomará un valor de 0,97. 5. El cálculo del incentivo a la mejora de la calidad y del incentivo a la reducción de pérdidas se realizará de acuerdo a la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009 y a la Orden ITC/2524/2009, de 8 de septiembre, por la que se regula el método de cálculo del incentivo o penalización para la reducción de pérdidas a aplicar a la retribución de la distribución para cada una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. ANEXO II Metodología de cálculo de la retribución de la actividad de distribución a partir de 2014 1. La retribución anual de la actividad de distribución reconocida al distribuidor i a partir del año 2014 se determinará mediante las siguientes fórmulas: ; donde: Es la retribución por inversión reconocida a la empresa distribuidora i en el año n asociada a los activos en servicio en el año n-2. : Es la retribución por operación, mantenimiento y otros costes de distribución reconocida a la empresa distribuidora i en el año n asociada a los activos en servicio en el año n-2. Qni, es el incentivo o penalización a la calidad del servicio repercutido a la empresa distribuidora i con más de 100.000 clientes conectados a sus redes en el año n asociado a los valores obtenidos durante el año n-2. Pni, es el incentivo o penalización por la reducción de pérdidas repercutido a la empresa distribuidora i con más de 100.000 clientes conectados a sus redes en el año n asociado a los valores obtenidos durante el año n-2. 2. La retribución por inversión reconocida a la empresa distribuidora i en el año n asociada a los activos en servicio en el año n-2 se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: ; donde el primer término es la amortización lineal del activo y el segundo es un término de retribución financiera del valor neto de los activos. TRF es la tasa de retribución financiera del segundo periodo retributivo de 2013 que se ha definido en el artículo 6.3. Para el cálculo de los términos anteriores, se calculará de acuerdo a la siguiente formulación: ; donde Es el inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en el año n de la empresa distribuidora i. Es el inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en el año n-1 de la empresa distribuidora i. Es el valor de la amortización regulatoria correspondiente a los activos totalmente amortizados durante el transcurso del año n-3 ese año y que por tanto ha superado su vida útil regulatoria durante dicho año. Es el volumen total de inversión auditada de la empresa distribuidora i en el año n-2. Es el coeficiente de eficiencia de la inversión para la empresa distribuidora i asociado a eficiencia inversora de la empresa distribuidora. Es un coeficiente en base uno que refleja para la empresa de distribución i el complemento a uno del volumen de instalaciones puestas en servicio en el año n-2 han sido financiadas y cedidas por terceros. Para el cálculo de la retribución financiera, es el valor del inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico reconocido a la empresa distribuidora i en el año n y que por tanto recoge el valor neto retributivo de su inmovilizado en el año n-2. Este valor se calculará tomando: ; donde Es el valor del inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico reconocido a la empresa distribuidora i en el año n. Es el valor del inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico reconocido a la empresa distribuidora i en el año n-1. Es el valor de la amortización regulatoria del año n-3 correspondiente a todos los activos en servicio dicho año n-3. Este valor se corresponde con la retribución percibida en concepto de retribución por amortización el año n-1. son los parámetros señalados anteriormente. 3. La retribución por operación, mantenimiento y otros costes de distribución reconocida a la empresa distribuidora i en el año n asociada a los activos en servicio en el año n-2 se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: : Es la retribución por operación, mantenimiento y otros costes de distribución reconocida a la empresa distribuidora i en el año n-1. Es un coeficiente que refleja para la empresa distribuidora i qué cantidad en base uno representa la retribución por operación, mantenimiento y otros costes de distribución sobre el volumen de inversión llevada a cabo en el año n-2. En el cálculo de este coeficiente se deberá tener en cuenta qué parte de las inversiones realizadas se destinan a renovación. Asimismo, este coeficiente internalizará el factor de eficiencia de la operación y mantenimiento señalado en el anexo I. Es el índice de actualización de la retribución por operación, mantenimiento y otros costes del año n-2. Este índice se calculará como: ; donde: IPCn-2, Es el menor valor de la variación del Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos del año n-2. IPRIn-2, es el menor valor de la variación del índice de precios industriales de bienes de equipo del año n-2. 4. El cálculo de los incentivos de mejora de la calidad y de la reducción de pérdidas se realizará de acuerdo a la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre y a la Orden ITC/2524/2009, de 8 de septiembre. ANEXO III Metodología de cálculo de la retribución de la actividad de transporte durante el segundo periodo del año 2013 1. La retribución del segundo periodo del año 2013 correspondiente a la empresa titular de instalaciones de transporte i se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: donde: ; es la retribución reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin de año 2013, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones en servicio en el año 2011. ; es la retribución reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin del año 2013, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. ; es la retribución reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin del año 2013, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. ; es la retribución reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin del año 2013, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. Incentivo de disponibilidad de la empresa transportista i a percibir en el año 2013 asociado al grado de disponibilidad ofrecido por sus instalaciones de transporte en el año 2011. 2. Para la determinación de la retribución a percibir por cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte por las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998, se aplicará la siguiente formulación: donde: ; es la retribución a la inversión reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin de año, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. ; es la retribución por operación y mantenimiento reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin de año, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. 2.a) Para el cálculo de se aplicará la siguiente expresión: En la expresión anterior: ; parámetro que expresa el cociente entre el número de días desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin del año 2013 y el número total de días de dicho año. Vida útil regulatoria media de las instalaciones de la empresa transportista i. TRF es la tasa de retribución financiera del segundo periodo retributivo de 2013 que se ha definido en el artículo 6.2 del presente real decreto-ley. Es el inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en el año 2013, y por tanto descontado el valor de instalaciones financiadas y cedidas por terceros, de la empresa transportista i asociado a todas las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria. Para el cálculo del inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en 2013 de la empresa titular de instalaciones de transporte i asociado a todas las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado la vida útil en dicho año se empleará la siguiente formulación: ; donde: Es la parte de la retribución que figura en la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, de la empresa transportista i asociado a todas las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. Es un coeficiente que refleja para cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte y respecto a la retribución vinculada a las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 y que aún se encuentran en servicio en el año 2011 qué cantidad en base uno de la retribución se destina a retribuir la inversión. Es la vida residual promedio a 31 de diciembre de 2011 de las instalaciones de la empresa i puestas en servicio con anterioridad a 1998 y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. : Tasa de retribución histórica aplicada para el cálculo del inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de las instalaciones puestas en servicio en el año con anterioridad al año 1998. Este parámetro tomará el mismo valor que se tomó como tasa de retribución para las instalaciones puestas en servicio en el año 1998 de acuerdo a la metodología establecida por el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre. Es el inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de la empresa transportista i en el año 2013, y por tanto descontado el valor de instalaciones financiadas y cedidas por terceros, de la empresa transportista i asociado a todas las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria. Una vez calculado el término de inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico,, el inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de 2013, , se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: 2. b) Para el cálculo de la retribución de la operación y mantenimiento percibido por cada empresa transportista i en el año 2013 debido a las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria se empleará la siguiente expresión: ; donde: , y son los términos señalados anteriormente. Factor de eficiencia de la operación y mantenimiento. Con el fin de impulsar la eficiencia en la gestión de la operación y mantenimiento y como consecuencia del carácter de monopolio natural de la actividad, se introduce un factor de eficiencia que afectará a la retribución por operación y mantenimiento. Este factor de eficiencia en la Operación y Mantenimiento tomará un valor de 0,97. 3. Para la determinación de la retribución a percibir por cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte por las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011, se aplicará la siguiente formulación: donde ; es la retribución a la inversión reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin de año, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. ; es la retribución por operación y mantenimiento reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin de año, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. 3.a) Para el cálculo de se aplicará la siguiente expresión: En la expresión anterior: ; y TRF son los términos definidos anteriormente. Es el inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en el año 2013, y por tanto descontado el valor de instalaciones financiadas y cedidas por terceros, de la empresa transportista i asociado a todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria. Para el cálculo del inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en 2013 de la empresa titular de instalaciones de transporte i asociado a todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado la vida útil en dicho año se empleará la siguiente formulación: ; siendo Es la parte de la retribución que figura en la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, de la empresa transportista i asociado a todas las todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado la vida útil en dicho año. Es un coeficiente que refleja para cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte y respecto a la retribución vinculada a las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011 qué cantidad en base uno de retribución se destina a retribuir la inversión. Es la vida residual promedio a 31 de diciembre de 2011 de las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011 : Tasa de retribución histórica aplicada para el cálculo del inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007. Este parámetro tomará el valor promedio que tomaron las tasas de retribución para las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 por aplicación de la metodología establecida por el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre. Es el inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de la empresa transportista i en el año 2013, y por tanto descontado el valor de instalaciones financiadas y cedidas por terceros, de la empresa transportista i asociado a todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria. Una vez calculado el término de inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico,, el inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de 2013, , se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: 3. b) Para el cálculo de la retribución de la operación y mantenimiento a percibir por cada empresa transportista i en el año 2013 debido a las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria se empleará la siguiente expresión: ; donde: , , y son los términos señalados anteriormente. 4. Para la determinación de la retribución a percibir por cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte por las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011, se aplicará la siguiente formulación: donde: ; es la retribución a la inversión reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin de año, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. ; es la retribución por operación y mantenimiento reconocida a la empresa i en el segundo periodo del año 2013, que transcurre desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta fin de año, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. 4.a) Para el cálculo de se aplicará la siguiente expresión: En la expresión anterior: ; y TRF son los términos definidos anteriormente. Es el inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en el año 2013, y por tanto descontado el valor de instalaciones financiadas y cedidas por terceros, de la empresa transportista i asociado a todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria. Para el cálculo del inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico en 2013 de la empresa titular de instalaciones de transporte i asociado a todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado la vida útil en dicho año se empleará la siguiente formulación: ; siendo: Es la parte de la retribución que figura en la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, de la empresa transportista i asociado a todas las todas las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado la vida útil en dicho año. Es un coeficiente que refleja para cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte y respecto a la retribución vinculada a las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011 qué cantidad en base uno de retribución se destina a retribuir la inversión. TA: Tasa de actualización con valor constante de 2,5 por ciento. : Tasa de retribución histórica aplicada para el cálculo del inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 y que aún continúan en servicio durante el año 2011. Este parámetro tomará el valor promedio que tomaron las tasas de retribución para las instalaciones puestas en servicio en dicho periodo por aplicación de la metodología establecida por el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. Es la vida residual promedio a 31 de diciembre de 2011 de las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año 2011. Es el inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de la empresa transportista i en el año 2013, y por tanto descontado el valor de instalaciones financiadas y cedidas por terceros, de la empresa transportista i asociado a todas las instalaciones puestas entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria. Una vez calculado el término de inmovilizado bruto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico,, el inmovilizado neto con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de 2013, , se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: 4. b) Para el cálculo de la retribución de la operación y mantenimiento percibido por cada empresa transportista i en el año 2013 debido a las instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 que se encuentran en servicio en el año 2011 y que no han superado en dicho año su vida útil regulatoria se empleará la siguiente expresión: ; donde: , , y son los términos señalados anteriormente. ANEXO IV Metodología de cálculo de la retribución de la actividad de transporte a partir de 2014 1. La retribución anual de la actividad de transporte reconocida al titular de instalaciones de transporte i a partir del año 2014 se determinará mediante las siguientes fórmulas: donde: ; es la retribución reconocida a la empresa i en el año n por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones en servicio en el año n-2. ; es la retribución reconocida a la empresa i en el año n por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas en servicio con anterioridad a 1998 y que aún se encuentran en servicio en el año n-2. ; es la retribución reconocida a la empresa i en el año n por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año n-2 ; es la retribución reconocida a la empresa i en el año n por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas las instalaciones puestas entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 inclusive y que aún se encuentran en servicio en el año n-2. Incentivo de disponibilidad de la empresa transportista i a percibir el año n asociado al grado de disponibilidad ofrecido por sus instalaciones de transporte en el año n-2. Es la retribución reconocida a la empresa i en el año n, asociado a todas las instalaciones j puestas en servicio con posterioridad al año 2011 y que aún se encuentran en servicio en el año n-2. 2. De acuerdo al Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, el devengo de la retribución se producirá a partir del año m+2, siendo m el de la puesta en servicio. La retribución devengada por cada una de estas instalaciones se calculará como: ; donde: es la retribución a la inversión a percibir por la instalación j de la empresa i en el año n y se calculará como: ; donde : Vida útil regulatoria de la instalación j expresada en años. k el número de años transcurridos desde la puesta en servicio. TRF es la tasa de retribución financiera definida en el artículo 6.3 : Valor reconocido de la inversión de la instalación j evaluado en el año de su puesta en servicio. Este valor se calculará como la suma del valor real de la inversión realizada, debidamente auditada, más el 50 % de la diferencia entre el resultante de la aplicación de los valores unitarios y dicho valor real: es la retribución en concepto de operación y mantenimiento a percibir por la instalación de la red de transporte j en el año n, como consecuencia de haber estado en servicio en el año n-2-. Este valor se calculará por aplicación de los valores unitarios de operación y mantenimiento a cada uno de los activos en servicio. 3. Para el cálculo de los términos , y se considerará como si en cada uno de ellos se contuviese una única instalación. Para el cálculo de la retribución por inversión se aplicará la metodología señalada en el punto 2 del presente anexo tomando como valor reconocido de la inversión el calculado en el anexo III. Asimismo se calculará el número de años transcurridos desde la puesta en servicio en función de la vida residual calculada en el anexo III. Para el cálculo de la retribución por operación y mantenimiento el año n para el conjunto de instalaciones puestas en servicio en cada uno de los periodos p anteriormente señalados , se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: ; Donde el índice de actualización se calculará como: ; donde: IPCn-2, Es el menor valor de la variación del Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos del año n-2. IPRIn-2, es el menor valor de la variación del índice de precios industriales de bienes de equipo del año n-2. 4. Se emplearán como valores unitarios de referencia para calcular del valor de inversión y de retribución por operación y mantenimiento para las instalaciones de transporte peninsulares puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2012, los establecidos en la Orden ITC/368/2011, de 21 de febrero. Los valores unitarios de referencia para calcular del valor de inversión y de retribución por operación y mantenimiento para las instalaciones de transporte no peninsulares puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2012, serán los que se aprueben para instalaciones puestas en servicio a partir de 2008. Estos valores se actualizarán tanto para la inversión como para la operación y mantenimiento con el índice señalado en el párrafo anterior.

Real decreto ley para subir el precio de la luz.

I Desde que en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se inició el proceso de liberalización en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, el modelo del sector eléctrico en España se ha articulado sobre los principios de suficiencia de ingresos y percepción de una remuneración adecuada por los distintos actores que en él participan. La ratificación por España del Tratado de la Carta Europea de la Energía con fecha 11 de diciembre de 1997 y la continua incorporación a nuestro derecho interno del ordenamiento comunitario ha supuesto, por su parte, la asunción de los principios que los vertebran, y, con ello, el fomento de las energías renovables, la creación de condiciones que favorezcan la utilización de la energía de la forma más económica y respetuosa con el medio ambiente y el estímulo de la eficiencia energética. Junto a estos principios que definen el modelo, la intervención pública a través de la regulación tiene por objeto garantizar la seguridad de suministro, asumiendo que el funcionamiento del mercado permite la sostenibilidad económica y financiera del sector eléctrico, y que los distintos agentes intervinientes deberán acomodarse a las circunstancias específicas de un sector cambiante, si así fuera preciso en aras de garantizar aquélla. No obstante lo anterior, desde hace una década, el sistema eléctrico español genera un déficit tarifario que, con el paso del tiempo, se ha convertido en estructural, debido a que los costes reales asociados a las actividades reguladas y al funcionamiento del sector eléctrico resultan superiores a la recaudación por los peajes que fija la Administración y que pagan los consumidores. Entre los años 2004 y 2012 los ingresos del sistema eléctrico por peajes de los consumidores se han incrementado en un 122 por ciento, mientras que el aumento de los costes regulados del sistema en dicho periodo ha sido de un 197 por ciento. De entre las partidas de costes que han contribuido en mayor medida a dicho incremento destacan las primas del régimen especial y las anualidades de déficits acumulados, partidas que se han multiplicado por seis y por nueve respectivamente en dicho periodo. Según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de Energía, en un saldo de deuda acumulada de 26.062,51 millones de euros a 10 de mayo de 2013. De forma complementaria al cálculo de la deuda del sistema eléctrico, dicha Comisión señala que desde el año 2003 y hasta el 10 de mayo de 2013, el importe satisfecho para financiar el déficit del sistema eléctrico a través de las anualidades que se incorporan en los peajes de acceso de los consumidores, a precios corrientes de cada año, asciende a 11.823 millones de euros. Estas cifras dan cuenta del carácter insostenible del déficit del sector eléctrico y de la necesidad de adoptar medidas urgentes de vigencia inmediata que permitan poner término a dicha situación. Partiendo de los fundamentos que justifican la intervención pública en el sector, y con objeto de corregir los desajustes producidos por la evolución expansiva de las partidas de costes del sistema eléctrico, se han venido adoptando en los últimos años una serie de medidas de carácter urgente que afectan tanto a la partida de costes como a la de ingresos Entre las citadas medidas cabe citar, en primer lugar, el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, que estableció una serie de límites anuales decrecientes al déficit de la tarifa eléctrica con el horizonte de su supresión en 2013, creando, a la par, un mecanismo de financiación del déficit acumulado, mediante la cesión de los derechos de cobro al denominado Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE) y su colocación a terceros a través de un mecanismo competitivo. Tras la aprobación del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, se sucedieron, sin embargo, una serie de circunstancias, que provocaron que los límites anuales máximos de déficit ex ante establecidos resultaran insuficientes. Así, factores como la caída significativa de la demanda, el incremento en la producción eléctrica a partir de fuentes renovables primadas y la reducción de los precios de mercado (en buena medida determinada por la delicada situación económica internacional) provocaron incrementos de los desajustes temporales de difícil absorción. Dichos desajustes no podrían haberse cubierto mediante un incremento de los peajes de acceso sin agravar y comprometer la ya de por sí compleja situación económica de las familias y las empresas y sin afectar, por ello, de forma muy trascendente al conjunto de la actividad económica. Por este motivo, tanto en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, como en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, se adoptaron nuevas medidas de urgencia para la solución del problema. Así, en el citado Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, se elevaron los límites máximos de déficit que se habían establecido en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para los años 2010, 2011 y 2012, manteniendo el objetivo de no aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir del 2013. Además se procedió a la adopción de otras medidas puntuales de protección al consumidor y de reducción de determinadas partidas de los costes y de los ingresos del Sistema. Entre las medidas de reducción de costes imputables a los peajes de acceso, se limitaban las horas equivalentes primadas de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas para corregir los desvíos en las previsiones de generación de esta tecnología y se incrementaba, modificando a tal fin la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, la cuantía establecida para el otorgamiento del aval del Estado para hacer frent ### RESUMEN: Real decreto ley para subir el precio de la luz.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 7089-2013, promovido por el Presidente del Gobierno, contra la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley Foral 8/2013 impugnada, desde la fecha de interposición del recurso –4 de diciembre de 2013–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El Tribunal Constitucional suspende la ley que ofrece asistencia sanitaria a todos los residentes en Navarra por recurso del Gobierno.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 7089-2013, promovido por el Presidente del Gobierno, contra la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley Foral 8/2013 impugnada, desde la fecha de interposición del recurso –4 de diciembre de 2013–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El Tribunal Constitucional suspende la ley que ofrece asistencia sanitaria a todos los residentes en Navarra por recurso del Gobierno.

La regulación de las elecciones al Parlamento Europeo viene recogida en el Acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787 del Consejo, de 20 de septiembre de 1976, modificada por las Decisiones del Consejo 93/81, de 1 de febrero de 1993, y 95/1, de 1 de enero de 1995. Por Decisión del Consejo de 14 de junio de 2013, el período contemplado en el artículo 10, apartado 1, del Acta de 20 de septiembre de 1976 relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, queda fijado, para la octava elección, del 22 al 25 de mayo de 2014. Asimismo, la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2013, sobre la mejora de las disposiciones prácticas para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, insiste en que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 10 del citado Acta, no se publicará ningún resultado oficial en ningún Estado miembro hasta después del cierre de los colegios electorales del Estado miembro cuyos votantes sean los últimos en votar el domingo 25 de mayo de 2014. El procedimiento electoral se regirá en cada Estado miembro, según el artículo 7 y hasta la aprobación de un procedimiento uniforme, por sus disposiciones nacionales. En España, las elecciones al Parlamento Europeo se rigen por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como por las normas reglamentarias reguladoras de los procesos electorales. Según recoge la Decisión del Consejo Europeo de 28 de junio de 2013, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo para la legislatura 2014-2019, el número de diputados a elegir en España es de 54. En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de marzo de 2014, DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria de elecciones. Se convocan elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el domingo día 25 de mayo de 2014. Artículo 2. Número de diputados que se eligen. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el número de diputados al Parlamento Europeo será de 54. Artículo 3. Campaña electoral. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la campaña electoral durará quince días. Comenzará a las 0 horas del día 9 de mayo y finalizará a las 24 horas del día 23 de mayo. Artículo 4. Información provisional sobre el resultado. La información provisional sobre el resultado de la elección, prevista en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, no podrá ser ofrecida hasta que se hayan cerrado las urnas en el Estado miembro en el que los electores hayan votado en último lugar. Artículo 5. Escrutinio. El escrutinio general comenzará, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a las 10 horas del día 28 de mayo y deberá concluir no más tarde de las 24 horas del día 31 de mayo. El recuento de votos en el ámbito nacional, la atribución de los escaños correspondientes a cada una de las candidaturas y la proclamación de electos se realizará por la Junta Electoral Central no más tarde del día 14 de junio. Artículo 6. Normas por las que se rigen estas elecciones. Las elecciones convocadas por este real decreto se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Serán igualmente aplicables las disposiciones reglamentarias reguladoras de los procesos electorales. Disposición final única. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el 1 de abril. Dado en Madrid, el 31 de marzo de 2014. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Convocadas elecciones europeas: A elegir 54 diputados. Campaña entre 9 y 23 de mayo

La regulación de las elecciones al Parlamento Europeo viene recogida en el Acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787 del Consejo, de 20 de septiembre de 1976, modificada por las Decisiones del Consejo 93/81, de 1 de febrero de 1993, y 95/1, de 1 de enero de 1995. Por Decisión del Consejo de 14 de junio de 2013, el período contemplado en el artículo 10, apartado 1, del Acta de 20 de septiembre de 1976 relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, queda fijado, para la octava elección, del 22 al 25 de mayo de 2014. Asimismo, la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2013, sobre la mejora de las disposiciones prácticas para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, insiste en que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 10 del citado Acta, no se publicará ningún resultado oficial en ningún Estado miembro hasta después del cierre de los colegios electorales del Estado miembro cuyos votantes sean los últimos en votar el domingo 25 de mayo de 2014. El procedimiento electoral se regirá en cada Estado miembro, según el artículo 7 y hasta la aprobación de un procedimiento uniforme, por sus disposiciones nacionales. En España, las elecciones al Parlamento Europeo se rigen por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como por las normas reglamentarias reguladoras de los procesos electorales. Según recoge la Decisión del Consejo Europeo de 28 de junio de 2013, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo para la legislatura 2014-2019, el número de diputados a elegir en España es de 54. En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de marzo de 2014, DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria de elecciones. Se convocan elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el domingo día 25 de mayo de 2014. Artículo 2. Número de diputados que se eligen. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el número de diputados al Parlamento Europeo será de 54. Artículo 3. Campaña electoral. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la campaña electoral durará quince días. Comenzará a las 0 horas del día 9 de mayo y finalizará a las 24 horas del día 23 de mayo. Artículo 4. Información provisional sobre el resultado. La información provisional sobre el resultado de la elección, prevista en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, no podrá ser ofrecida hasta que se hayan cerrado las urnas en el Estado miembro en el que los electores hayan votado en último lugar. Artículo 5. Escrutinio. El escrutinio general comenzará, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a las 10 horas del día 28 de mayo y deberá concluir no más tarde de las 24 horas del día 31 de mayo. El recuento de votos en el ámbito nacional, la atribución de los escaños correspondientes a cada una de las candidaturas y la proclamación de electos se realizará por la Junta Electoral Central no más tarde del día 14 de junio. Artículo 6. Normas por las que se rigen estas elecciones. Las elecciones convocadas por este real decreto se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Serán igualmente aplicables las disposiciones reglamentarias reguladoras de los procesos electorales. Disposición final única. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el 1 de abril. Dado en Madrid, el 31 de marzo de 2014. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: Convocadas elecciones europeas: A elegir 54 diputados. Campaña entre 9 y 23 de mayo

Intentada notificación al interesado conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiendo sido posible practicarla tras haberse intentado en el último domicilio conocido por dos veces, a los efectos previstos en el citado artículo, por el presente anuncio se notifica a D. Ricardo Tuimil Martínez, representante legal de la empresa COMERCIAL TUIMIL, S.A., la iniciación de la tramitación de expediente de resolución contractual en virtud de la causa establecida en el artículo 206 f) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. El texto completo del acuerdo de inicio del expediente de resolución contractual se encuentra en la C/ Donoso Cortés, 63, 3.ª planta, 28015-Madrid, donde podrá dirigirse para su constancia. Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Madrid, 15 de enero de 2015.- La Directora de Programas Consorcio Urbanístico Ciudad Universitaria de Madrid.

El contrato de bicis de Ciudad universitaria Madrid, piloto del servicio en la ciudad, en fase de resolución

Intentada notificación al interesado conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiendo sido posible practicarla tras haberse intentado en el último domicilio conocido por dos veces, a los efectos previstos en el citado artículo, por el presente anuncio se notifica a D. Ricardo Tuimil Martínez, representante legal de la empresa COMERCIAL TUIMIL, S.A., la iniciación de la tramitación de expediente de resolución contractual en virtud de la causa establecida en el artículo 206 f) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. El texto completo del acuerdo de inicio del expediente de resolución contractual se encuentra en la C/ Donoso Cortés, 63, 3.ª planta, 28015-Madrid, donde podrá dirigirse para su constancia. Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Madrid, 15 de enero de 2015.- La Directora de Programas Consorcio Urbanístico Ciudad Universitaria de Madrid. ### RESUMEN: El contrato de bicis de Ciudad universitaria Madrid, piloto del servicio en la ciudad, en fase de resolución

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Mutualidad General Judicial. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Número de expediente: 8/2012. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios postales. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 126.051,18. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 126.051,18 euros. Importe total: 152.521,93 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2013. c) Contratista: 'Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 100.662,21 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta válida. Madrid, 4 de enero de 2013.- La Gerente.

152.000 euros más para los servicios postales de la Mutualidad General Judicial

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Mutualidad General Judicial. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Número de expediente: 8/2012. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios postales. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 126.051,18. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 126.051,18 euros. Importe total: 152.521,93 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2013. c) Contratista: 'Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 100.662,21 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta válida. Madrid, 4 de enero de 2013.- La Gerente. ### RESUMEN: 152.000 euros más para los servicios postales de la Mutualidad General Judicial

DEPARTAMENTO 2º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Auto de fecha 8 de enero de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-320/15, del Sector Público Autonómico (Consejería de Sanidad -Hospital de San Juan), Alicante, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos públicos de la Generalidad Valenciana como consecuencia del presunto abono duplicado de gratificaciones al personal de la Unidad Informática de dicho Hospital. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto. Madrid, 8 de enero de 2016.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.

Tribunal de Cuentas investiga abonos duplicados al personal de informática del Hospital de San Juan (Alicante)

DEPARTAMENTO 2º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Auto de fecha 8 de enero de 2016, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-320/15, del Sector Público Autonómico (Consejería de Sanidad -Hospital de San Juan), Alicante, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos públicos de la Generalidad Valenciana como consecuencia del presunto abono duplicado de gratificaciones al personal de la Unidad Informática de dicho Hospital. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto. Madrid, 8 de enero de 2016.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: Tribunal de Cuentas investiga abonos duplicados al personal de informática del Hospital de San Juan (Alicante)

A propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2022, Vengo a disponer el cese, a petición propia, de doña Elena Biurrun Sainz de Rozas como Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2022. FELIPE R. El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE

Elena Biurrun deja el Gobierno después de ser jefa de gabinete del Ministerio de Inclusión y directora general de programas humanitarios.

A propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2022, Vengo a disponer el cese, a petición propia, de doña Elena Biurrun Sainz de Rozas como Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2022. FELIPE R. El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE ### RESUMEN: Elena Biurrun deja el Gobierno después de ser jefa de gabinete del Ministerio de Inclusión y directora general de programas humanitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de agosto de 2021, vengo a nombrar a doña Purificación Causapié Lopesino, como Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, con efectividad del 25 de agosto de 2021. Madrid, 25 de agosto de 2021.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.

Simancas se lleva como directora de gabinete a Purificación Causapié.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de agosto de 2021, vengo a nombrar a doña Purificación Causapié Lopesino, como Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, con efectividad del 25 de agosto de 2021. Madrid, 25 de agosto de 2021.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García. ### RESUMEN: Simancas se lleva como directora de gabinete a Purificación Causapié.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, contiene, dentro de su Título IV y disposiciones concordantes, los criterios básicos para determinar el importe de las pensiones públicas, fijando, con carácter general, su revalorización en un 0,25 por ciento, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 48 y 27 de los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, respectivamente, conforme a la redacción dada por el artículo 7 y la disposición final tercera de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Mediante el presente real decreto se desarrollan, en materia de Clases Pasivas, las previsiones contempladas en las citadas normas legales, estableciendo la revalorización de las pensiones en un 0,25 por ciento, cualquiera que sea su legislación reguladora, salvo las excepciones legalmente previstas en la referida ley. Asimismo, se fijan en este real decreto las reglas y el procedimiento para efectuar la revalorización y el sistema de concesión de complementos económicos para las pensiones mínimas. Debido a sus especiales características, en un Capítulo independiente se establece la revalorización de las pensiones de Clases Pasivas reconocidas al amparo de los Reglamentos de la Unión Europea. En definitiva, este real decreto da cumplimiento a través de las mencionadas medidas a aquellas previsiones legales, en orden a facilitar su rápida aplicación en beneficio de los colectivos afectados. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de diciembre de 2015, DISPONGO: CAPÍTULO l Normas generales sobre revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2016 Artículo 1. Incremento para el año 2016 de las pensiones de Clases Pasivas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 40 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, las pensiones abonadas por Clases Pasivas se incrementarán en un 0,25 por ciento respecto de las cuantías que a las mismas hubieran correspondido a 31 de diciembre de 2015, salvo las reguladas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan conforme a su legislación propia. Artículo 2. Pensiones no revalorizables durante el año 2016. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y en aplicación de lo establecido en el artículo 41 de la expresada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, no experimentarán incremento alguno las siguientes pensiones de Clases Pasivas: a) Aquellas cuyo importe íntegro, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de 2.567,28 euros íntegros en cómputo mensual cuando dicho titular tenga derecho a percibir 14 mensualidades al año o, en otro supuesto, de 35.941,92 euros en cómputo anual. b) Las reconocidas a favor de los Camineros del Estado y causadas con anterioridad al 1 de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo titular sólo percibiera esta pensión por tal condición. Artículo 3. Pensiones extraordinarias por actos de terrorismo. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.Uno.a), párrafo segundo, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, así como en el Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas originadas en actos terroristas están exentas de las normas excluyentes o limitativas contempladas en el artículo 2.a) y el artículo 4.2.ª de este real decreto. 2. En el supuesto de que, junto con alguna de las pensiones mencionadas en el número anterior, se tuviera derecho a percibir a 31 de diciembre de 2015 alguna o algunas otras pensiones públicas, las normas excluyentes o limitativas antes citadas sí serán aplicables respecto de estas últimas. Artículo 4. Reglas para el incremento de las pensiones de Clases Pasivas. La aplicación del incremento establecido en el artículo 1 de este real decreto se ajustará a las siguientes reglas: 1.ª El incremento se aplicará a las pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero del 2016 sobre la cuantía mensual íntegra que percibiera o le hubiera correspondido percibir a su titular a 31 de diciembre de 2015. Seguidamente se procederá a su actualización conforme a las normas que sobre revalorización, concurrencia de pensiones y limitación de su crecimiento se contienen en las Leyes de Presupuestos correspondientes, aplicándose para el año 2016 el incremento procedente. 2.ª A efectos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, el importe de la pensión o del conjunto de pensiones abonadas con cargo al crédito de Clases Pasivas que perciba un mismo titular, una vez aplicado el incremento procedente a cada una de ellas, estará limitado a la cantidad de 35.941,92 euros íntegros anuales, comprendiéndose en dicha cantidad tanto el importe de las mensualidades ordinarias como el de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder. En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos que puedan haberse reconocido al amparo de la Ley 19/1974, de 27 de junio, de mejora de pensiones de Clases Pasivas, y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981, no se computarán, en ningún caso, a efectos de la aplicación del límite máximo de percepción establecido en el párrafo anterior. En el supuesto de que en un mismo titular concurran una o varias pensiones de Clases Pasivas con otra u otras pensiones públicas, el valor de la pensión o conjunto de pensiones de Clases Pasivas tendrá como límite una cifra que guarde con la de 35.941,92 euros íntegros anuales la misma proporción que dicha pensión o pensiones tengan con el conjunto total de pensiones públicas que perciba su titular. Dicho límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: L = P x 35.941,92 euros anuales T siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2015 por la pensión o pensiones de Clases Pasivas, y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro en términos anuales de las otras pensiones públicas en idéntico momento. 3.ª Establecido para cada supuesto y conforme a las reglas anteriores el límite anual máximo de una pensión, dicho límite se dividirá entre el número de mensualidades ordinarias y pagas extraordinarias que, respecto de la anualidad y conforme a la legislación aplicable, tengan derecho a percibir los pensionistas, constituyendo la cifra resultante el importe mensual a percibir por el titular de aquella pensión en cada mensualidad ordinaria y paga extraordinaria. Artículo 5. Procedimiento para la revalorización. 1. La revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para 2016 se practicará de oficio por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. Dicha revalorización se llevará a cabo teniendo en cuenta los datos obrantes respecto de cada titular de pensión a 31 de diciembre de 2015. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, podrá requerirse a cualquier perceptor de Clases Pasivas para que facilite información respecto de su situación económica con los efectos que en dicha norma se previenen. 3. De acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, la revalorización tendrá carácter provisional hasta tanto por la Administración se compruebe la procedencia de la percepción de su cuantía, en función de las otras percepciones del titular de una pensión o pensiones y de las normas en materia de concurrencia e incompatibilidad que resulten aplicables en cada caso. Si de la elevación a definitiva de la revalorización anteriormente practicada se obtuviese la evidencia de que se han percibido cantidades en exceso, el pensionista vendrá obligado a reintegrar lo indebidamente percibido. Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el interesado hubiese cometido en su declaración falsedad u omisión de datos, podrán serle exigidas las correspondientes responsabilidades en que haya podido incurrir. CAPÍTULO lI Complementos para mínimos Artículo 6. Complementos económicos para las pensiones de Clases Pasivas durante el año 2016. 1. De acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 43 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, la aplicación de complementos económicos a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas se ajustará a las siguientes reglas: a) Podrá complementarse aquella pensión del Régimen de Clases Pasivas, cualquiera que fuese la fecha en que se causó, que no alcance el mínimo correspondiente que figura en la columna A del cuadro que se incluye en el número 2 de este artículo, siempre que se haya reconocido al amparo de la legislación general en la materia y que su titular no perciba durante el ejercicio de 2016 ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no excedan de 7.116,18 euros al año. Asimismo, en las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, será necesario residir en territorio español. No obstante, si el titular percibiera ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo anterior, tendrá derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalorizada no supere el límite correspondiente de la columna B del referido cuadro fijado para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre ambos importes, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales. b) En caso de percibir un mismo beneficiario varias pensiones de Clases Pasivas, el complemento se aplicará, cuando proceda, respecto de aquella pensión que, en atención a su naturaleza, tenga asignado un importe mayor en la columna A del cuadro que se incluye en el número 2 de este artículo. c) La cuantía del complemento será la necesaria para que la pensión a complementar, en cómputo íntegro mensual, incrementada, en su caso, con el importe íntegro mensual de todas las restantes pensiones abonables con cargo al crédito de Clases Pasivas u otras pensiones públicas percibidas por el beneficiario, alcance el mínimo correspondiente a la columna A del mencionado cuadro. En el supuesto de que se tenga reconocida una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos aplicable, en su caso, lo será en la misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión. Las pensiones de viudedad causadas a partir de 1 de enero de 2013, cuyo importe sea equivalente al de la pensión compensatoria que le hubiere correspondido en el momento de la separación o divorcio, no podrán ser complementadas. d) El importe a tener en cuenta será, para las pensiones de Clases Pasivas, el que resulte una vez revalorizadas las mismas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto, y para las restantes pensiones de carácter público, el que esté percibiendo el beneficiario en el momento de presentar la solicitud de iniciación de procedimiento en materia de complementos económicos a que se refiere el artículo 7.2 siguiente. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a rentas de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualesquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social, así como las pensiones percibidas con cargo a una entidad extranjera, con la excepción establecida en el siguiente artículo 9.3 relativa al complemento de garantía de las pensiones reconocidas al amparo de los Reglamentos de la Unión Europea. e) El complemento se minorará, o en su caso se suprimirá, en la cuantía necesaria para que la suma, en términos anuales, de la pensión revalorizada, junto con todas las rentas de trabajo o sustitutorias de estas o de capital, percibidas por el beneficiario, no supere el límite correspondiente de la columna B del cuadro que figura a continuación. A estos efectos, el concepto de renta se definirá conforme a la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si bien se tendrán en cuenta, en todo caso, los ingresos correspondientes a cualesquiera pensiones de carácter público, estén estas sometidas o no al mencionado impuesto; las pensiones de Clases Pasivas se tomarán en su valor anual una vez revalorizadas conforme a lo dispuesto en este real decreto; las restantes pensiones públicas tendrán el valor anual que corresponda en el momento de presentar la solicitud referida en el artículo 7.2 siguiente; y las rentas de trabajo y de capital se tomarán en el valor percibido en el año 2015, debiéndose excluir las dejadas de percibir por motivo del hecho causante de las distintas pensiones, así como aquéllas que se pruebe que no han de ser percibidas en el año 2016. También se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales, valoradas conforme a la legislación fiscal. Para el reconocimiento de los complementos para mínimos de las pensiones de Clases Pasivas, de los rendimientos íntegros percibidos por el pensionista, y computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los gastos deducibles en los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de actividades económicas y de bienes inmuebles. 2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior se tendrán en cuenta las siguientes cuantías:   A Pensión mínima mensual – Euros B Ingresos anuales máximos – Euros Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a cargo del titular 784,90 18.104,78 Pensión de jubilación o retiro sin cónyuge: Unidad económica unipersonal 636,10 16.021,58 Pensión de jubilación o retiro con cónyuge no a cargo. 603,50 15.565,18 Pensión de viudedad 636,10 16.021,58 Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo «n» el número de beneficiarios de la pensión o pensiones 620,00 n 7.116,18 + 8.680,00 n En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros familiares que fueran percibidas por varios beneficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro anterior no será inferior a 194,30 euros mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios cuyos ingresos anuales no superen a los que figuran en la columna B. No obstante, cuando alguno de los beneficiarios sea huérfano discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, la cuantía mínima a reconocer a dicho huérfano será de 382,40 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito de límite de ingresos citado. En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos que puedan haberse reconocido al amparo de la Ley 19/1974, de 27 de junio, y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, no se computarán a efectos de la aplicación del mínimo establecido en el cuadro anterior. Se entenderá que existe cónyuge a cargo del titular cuando éste se halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente de él. Se presumirá la convivencia siempre que se conserve el vínculo matrimonial, sin perjuicio de que esta presunción pueda destruirse de comprobarse lo contrario por la Administración, y a los mismos efectos se entenderá que existe dependencia económica cuando los ingresos del cónyuge, por cualquier concepto, no superen el salario mínimo interprofesional vigente. 3. Los complementos económicos regulados en este precepto, que se abonarán en doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, todas ellas de igual cuantía, no serán en ningún caso consolidables y serán absorbibles por cualquier futuro incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea por revalorización o por el reconocimiento en su favor de nuevas pensiones públicas. Para las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía fijada para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, establecida durante 2016 en 5.150,60 euros anuales. 4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5 del Real Decreto 1288/1990, de 25 de octubre, sobre revalorización de pensiones de clases pasivas para 1990 y complementos económicos de las mismas durante el citado ejercicio, podrán acceder al derecho a mínimos los beneficiarios de pensión de Clases Pasivas que la hubieran obtenido al amparo de la expresada norma. Artículo 7. Procedimiento en materia de complementos económicos. 1. Corresponde a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas reconocer y determinar los complementos económicos que procedan, de acuerdo con lo establecido en el precedente artículo 6. 2. El procedimiento se iniciará a petición del interesado mediante solicitud dirigida a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 3. A la vista de los datos consignados por el solicitante del complemento económico y, en su caso, de la consulta informática al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, la citada dirección general dictará, sin más trámites, la resolución que proceda, sin perjuicio de que esta sea revisable de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico. Si la solicitud de los complementos económicos se formulase, por vez primera, durante el presente ejercicio, sus efectos económicos se retrotraerán, como máximo, al 1 de enero de 2016 o a la fecha de inicio de la pensión si ésta fuese posterior. No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el derecho al cobro de una pensión cuyo hecho causante se produjo en el ejercicio anterior, los efectos económicos podrán ser los de la fecha de inicio de aquélla, con una retroactividad máxima de un año desde que se soliciten y siempre que se reúnan los requisitos necesarios para su percibo. 4. Si, una vez reconocidos los complementos económicos, se comprobara la existencia de alguna contradicción entre los datos declarados y la realidad, el solicitante vendrá obligado al reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de su posible revisión en vía administrativa. Podrán deducirse además contra el solicitante otras posibles responsabilidades en que hubiera podido incurrir de acuerdo con el ordenamiento jurídico. A efectos de dicha revisión, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2 del vigente texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, el pensionista deberá facilitar a la Administración la información que le sea formalmente requerida, y pudiendo suspenderse el pago del complemento en caso de incumplimiento de esta obligación. 5. El perceptor de los complementos de pensión vendrá obligado a poner en conocimiento de la Administración, en el momento de producirse, cualquier variación en la composición o cuantía de los ingresos declarados en la solicitud, así como cualquier variación de su estado civil o de la situación de dependencia económica de su cónyuge respecto de lo inicialmente declarado. El incumplimiento de esta obligación, si de ello se siguiera la percepción indebida de cantidades, dará origen al reintegro de estas. 6. Queda facultada la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para dictar cuantas Instrucciones de servicio pudieran resultar convenientes, en orden a agilizar los trámites para la percepción de los complementos a que se refiere este artículo. Artículo 8. Prohibición de concesión de complementos económicos en Clases Pasivas. 1. En el supuesto de que un pensionista de Clases Pasivas tuviera derecho a percibir, con arreglo a las normas de este real decreto, un complemento económico y por ser beneficiario además de otras pensiones públicas, abonadas con cargo a regímenes públicos de previsión diferentes, tuviera asimismo derecho a algún otro complemento, conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, no podrá percibir el complemento correspondiente a la pensión de Clases Pasivas salvo en los siguientes casos: a) Cuando las pensiones de los distintos sistemas sean de la misma naturaleza y el importe íntegro mensual de la pensión de Clases Pasivas fuera de superior cuantía al importe correspondiente a la otra pensión pública susceptible de ser complementada. b) Cuando las pensiones a percibir por el interesado fuesen de distinta naturaleza y el importe mínimo mensual de pensión correspondiente a la de Clases Pasivas fuese de mayor cuantía que el de la otra pensión pública. 2. En los dos supuestos contemplados en el número anterior, no podrá tomarse en consideración el complemento económico a que pudiera tener derecho el interesado por la pensión ajena al Régimen de Clases Pasivas, para determinar el importe del complemento que por dicho régimen le corresponda, conforme a las reglas del artículo 6 de este real decreto. CAPÍTULO III Pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social Artículo 9. Revalorización de las pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. 1. La revalorización de las pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea, de las que un tanto por ciento de su cuantía teórica esté a cargo del Régimen de Clases Pasivas, se llevará a cabo aplicando dicho tanto por ciento al incremento que hubiera correspondido de hallarse a cargo del citado Régimen el 100 por cien de la pensión. 2. A la pensión prorrateada, una vez actualizada de acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, se le añadirá, cuando así proceda en aplicación de las normas generales establecidas, el complemento para mínimos que corresponda conforme a las normas contenidas en el Capítulo II de este real decreto. Dicho complemento se calculará aplicando el mismo porcentaje que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión, a la diferencia resultante entre la cuantía que hubiera correspondido de hallarse a cargo del Régimen de Clases Pasivas el 100 por cien de la pensión y el mínimo establecido para la prestación de que se trate. 3. Si después de haber aplicado lo dispuesto en el número anterior, la suma de los importes reales de las pensiones reconocidas, tanto en virtud de la legislación española como extranjera al amparo de los Reglamentos de la Unión Europea, fuese inferior al mínimo que corresponda a la pensión de que se trate, se le garantizará al beneficiario, mientras resida en territorio nacional, la diferencia necesaria hasta alcanzar el referido mínimo, de acuerdo con las normas generales establecidas para su concesión. Disposición adicional primera. Complementos para mínimos y actualización de otras pensiones de Clases Pasivas. 1. Para el año 2016 se aplicarán los complementos económicos regulados en el Capítulo II de este real decreto a las pensiones de orfandad reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República; así como a las reconocidas a favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil; y 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana; y a aquellas otras causadas por el personal de las Minas de Almadén. 2. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, y de la Ley 35/1980, de 26 de junio, con excepción de las pensiones de orfandad a que se refiere el número anterior, así como de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, cualquiera que sea su fecha inicial de abono, no podrán ser inferiores en el año 2016 al importe establecido, para el citado ejercicio económico, como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad de titulares mayores de sesenta y cinco años. Asimismo, el importe de las pensiones reconocidas en propio favor al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. Disposición adicional segunda. Adaptación de oficio de los complementos para mínimos. 1. Las pensiones de Clases Pasivas a las que se hubieran aplicado complementos económicos durante el año 2015 se adaptarán de oficio, y con carácter provisional, con efectos de 1 de enero de 2016, a las cuantías establecidas en el artículo 6 de este real decreto, presumiéndose que sus titulares reúnen las condiciones y requisitos exigidos en dicho precepto, hasta tanto por los servicios administrativos correspondientes se compruebe la concurrencia de dichas condiciones y requisitos. 2. Si de la comprobación antes citada se dedujera la ausencia de algún requisito o condición, procederá el cese inmediato en el abono del complemento, con reintegro de lo indebidamente percibido por tal concepto desde, como máximo, el primero de enero del año 2016. Igualmente, si de dicha comprobación se derivara la necesidad de modificar la cuantía del complemento, se practicará la oportuna modificación, con reintegro de lo indebidamente percibido desde la fecha antes indicada. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4, procederá retrotraer el reintegro de lo indebidamente percibido a la fecha inicial en que el complemento económico comenzó a abonarse en ejercicios anteriores, hasta un máximo de cuatro años, si de la comprobación efectuada resultase la evidencia de que el perceptor de aquél cometió alguna omisión o falsedad en la declaración presentada al momento de solicitar la aplicación del complemento, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir. Disposición adicional tercera. Actualización de importes de determinadas pensiones. Para el cálculo de las pensiones de jubilación o retiro y de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que se causen durante 2016 al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, la cuantía inicial que corresponda se corregirá mediante la aplicación del porcentaje del 1 y 2 por ciento, según proceda, establecido para los años 2004, 2006, 2007 y 2008 en el apartado Cuatro de las disposiciones adicionales quinta y sexta, así como de la disposición adicional décima, de las Leyes 61/2003, de 30 de diciembre, 30/2005, de 29 de diciembre, 42/2006, de 28 de diciembre, y 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, 2006, 2007 y 2008, respectivamente. A tal efecto, se computará la mejora por hijo a cargo que pueda corresponder en las pensiones de viudedad por aplicación de las Leyes 19/1974, de 27 de junio, y 74/1980, de 29 de diciembre. Disposición adicional cuarta. Actualización de las ayudas sociales del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, las cuantías mensuales de las ayudas sociales, en favor de las personas que resultaron contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), reguladas en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre el importe de 611,70 euros. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social. Disposición final segunda. Habilitación para disposiciones de desarrollo. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que dicte las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para la aplicación de este real decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2016. Dado en Madrid, el 29 de diciembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Las pensiones suben un 0,25%.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, contiene, dentro de su Título IV y disposiciones concordantes, los criterios básicos para determinar el importe de las pensiones públicas, fijando, con carácter general, su revalorización en un 0,25 por ciento, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 48 y 27 de los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, respectivamente, conforme a la redacción dada por el artículo 7 y la disposición final tercera de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Mediante el presente real decreto se desarrollan, en materia de Clases Pasivas, las previsiones contempladas en las citadas normas legales, estableciendo la revalorización de las pensiones en un 0,25 por ciento, cualquiera que sea su legislación reguladora, salvo las excepciones legalmente previstas en la referida ley. Asimismo, se fijan en este real decreto las reglas y el procedimiento para efectuar la revalorización y el sistema de concesión de complementos económicos para las pensiones mínimas. Debido a sus especiales características, en un Capítulo independiente se establece la revalorización de las pensiones de Clases Pasivas reconocidas al amparo de los Reglamentos de la Unión Europea. En definitiva, este real decreto da cumplimiento a través de las mencionadas medidas a aquellas previsiones legales, en orden a facilitar su rápida aplicación en beneficio de los colectivos afectados. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de diciembre de 2015, DISPONGO: CAPÍTULO l Normas generales sobre revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2016 Artículo 1. Incremento para el año 2016 de las pensiones de Clases Pasivas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 40 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, las pensiones abonadas por Clases Pasivas se incrementarán en un 0,25 por ciento respecto de las cuantías que a las mismas hubieran correspondido a 31 de diciembre de 2015, salvo las reguladas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan conforme a su legislación propia. Artículo 2. Pensiones no revalorizables durante el año 2016. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y en aplicación de lo establecido en el artículo 41 de la expresada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, no experimentarán incremento alguno las siguientes pensiones de Clases Pasivas: a) Aquellas cuyo importe íntegro, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de 2.567,28 euros íntegros en cómputo mensual cuando dicho titular tenga derecho a percibir 14 mensualidades al año o, en otro supuesto, de 35.941,92 euros en cómputo anual. b) Las reconocidas a favor de los Camineros del Estado y causadas con anterioridad al 1 de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo titular sólo percibiera esta pensión por tal condición. Artículo 3. Pensiones extraordinarias por actos de terrorismo. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.Uno.a), párrafo segundo, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, así como en el Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas originadas en actos terroristas están exentas de las normas excluyentes o limitativas contempladas en el artículo 2.a) y el artículo 4.2.ª de este real decreto. 2. En el supuesto de que, junto con alguna de las pensiones mencionadas en el número anterior, se tuviera derecho a percibir a 31 de diciembre de 2015 alguna o algunas otras pensiones públicas, las normas excluyentes o limitativas antes citadas sí serán aplicables respecto de estas últimas. Artículo 4. Reglas para el incremento de las pensiones de Clases Pasivas. La aplicación del incremento establecido en el artículo 1 de este real decreto se ajustará a las siguientes reglas: 1.ª El incremento se aplicará a las pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero del 2016 sobre la cuantía mensual íntegra que percibiera o le hubiera correspondido percibir a su titular a 31 de diciembre de 2015. Seguidamente se procederá a su actualización conforme a las normas que sobre revalorización, concurrencia de pensiones y limitación de su crecimiento se contienen en las Leyes de Presupuestos correspondientes, aplicándose para el año 2016 el incremento procedente. 2.ª A efectos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, el importe de la pensión o del conjunto de pensiones abonadas con cargo al crédito de Clases Pasivas que perciba un mismo titular, una vez aplicado el incremento procedente a cada una de ellas, estará limitado a la cantidad de 35.941,92 euros íntegros anuales, comprendiéndose en dicha cantidad tanto el importe de las mensualidades ordinarias como el de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder. En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos que puedan haberse reconocido al amparo de la Ley 19/1974, de 27 de junio, de mejora de pensiones de Clases Pasivas, y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981, no se computarán, en ningún caso, a efectos de la aplicación del límite máximo de percepción establecido en el párrafo anterior. En el supuesto de que en un mismo titular concurran una o varias pensiones de Clases Pasivas con otra u otra ### RESUMEN: Las pensiones suben un 0,25%.

Por la Resolución CLT/2103/2013, de 27 de septiembre («DOGC» núm. 6482, de 17 de octubre de 2013), se incoó expediente de declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, a favor del Observatorio Fabra, en Barcelona, y se delimitó su entorno de protección. Se han cumplido todos los trámites preceptivos en la instrucción de este expediente de acuerdo con lo que establecen los artículos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán. En el expediente constan los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Catalán y del Institut d’Estudis Catalans. Durante la tramitación de este expediente se ha presentado una alegación que ha sido debidamente analizada y contestada por la Dirección General de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio. Por todo ello, a propuesta del consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: 1. Declarar bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, el Observatorio Fabra, en Barcelona, según la ubicación y la descripción que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. 2. Delimitar el entorno de protección de este monumento, que se grafía en el plano que se publica con este Acuerdo y según la justificación que consta en el anexo 2. 3. Incluir como objeto de protección el subsuelo del monumento. 4. Publicar íntegramente en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el «Boletín Oficial del Estado» este Acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, y notificarlo a las personas interesadas y al ayuntamiento del municipio donde radica el bien. Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, a contar, en los dos casos, desde la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o desde la correspondiente notificación. Barcelona, 4 de marzo de 2014.–El Secretario de Gobierno, Jordi Baiget i Cantons. ANEXO 1 Ubicación y descripción El elemento objeto de este Acuerdo de declaración como bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, es el Observatorio Fabra, en Barcelona (Barcelonès). El Observatorio Fabra, situado en la sierra de Collserola, cerca de la cima del Tibidabo, pertenece a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, quien se encarga de la dirección científica, de su funcionamiento y de su mantenimiento. Las actividades científicas que se desarrollan desde su inauguración en 1904 abarcan los campos de la meteorología, la sismología y la astronomía. Cabe destacar entre ellos, el descubrimiento de nuevos pequeños planetas y otros cuerpos celestes de repercusión mundial, y la especialización en la astronometría (determinación muy precisa de posiciones de pequeños planetas y cometas en el espacio), actividad que desarrolla dentro de una red astronómica mundial constituida por más de un millar de observatorios. El observatorio Fabra está clasificado con el número 6 por su antigüedad y sus características peculiares. En el campo de la meteorología se realizan diariamente cuatro observaciones completas y se recogen datos de grabación pluviométrica. Entre los astrónomos que han estado al cargo del Observatorio Fabra cabe mencionar a José Comas i Solá. Fue director del Observatorio Fabra de Barcelona desde su creación en el 1904, desarrollando una importante labor como astrónomo y divulgador científico catalán e impulsor de la astronomía moderna en Cataluña. El edificio es una obra de 1902-1904 del arquitecto Josep Domènech i Estapà, una de las figuras capitales en el panorama arquitectónico catalán a caballo entre los siglos XIX y XX que fue también doctor en ciencias, catedrático de geodesia y de geometría y académico de la Real Academia de Ciencias y Artes. Esta sólida formación técnica y científica se refleja en el edificio, que es un ejemplo de fidelidad funcional, de respuesta arquitectónica eficaz a un planteamiento de base científica que lo condiciona y que el autor utiliza para configurar un edificio coherente, equilibrado y racional, que aloja la sección de observación astronómica, la meteorológica y la sísmica. El edificio se adscribe a una ordenación general ecléctica premodernista, aunque el pórtico y la cúpula corresponden a una traza clásica. El Observatorio Fabra consta de un cuerpo de planta octogonal en un extremo y una torre de planta rectangular al otro que, por un saliente montado sobre cartelas, se transforma en cruciforme; entre ambas partes hay un cuerpo alargado, cubierto a dos vertientes, que los enlaza. El cuerpo octogonal está coronado por una cúpula giratoria de plancha de hierro que contiene el telescopio y que en la parte baja tiene, a modo de fachada, un atrio de acceso, con dos columnas neoegipcias y un atípico frontón, dentro de la línea del eclecticismo. La torre termina con una terraza y un cuerpo más alto con una torrecilla o remate metálico. En relación con el paisaje urbano de Barcelona, el Observatorio se ha convertido en un hito irremplazable formando parte del paisaje urbano de la ciudad; al mismo tiempo son especialmente destacables sus valores científicos, históricos, artísticos y culturales en contexto de la historia científica de Cataluña que llegan a tener un alcance internacional. La situación de este monumento es un hito que configura una imagen paisajística de singular interés dentro del marco paisajístico de la sierra de Collserola, y concretamente de la montaña del Tibidabo, que lo sustenta. Al mismo tiempo, la relación entre este monumento y el espacio físico donde está situado ha establecido un diálogo ambiental que a lo largo del tiempo ha dado una gran entidad paisajística, arquitectónica, emblemática y cultural a toda la zona. ANEXO 2 Justificación del entorno de protección La definición de un entorno de protección alrededor del Observatorio Fabra se presenta como el mejor instrumento para garantizar la pervivencia de sus múltiples valores culturales y paisajísticos en las mejores condiciones posibles. Esta figura legal considera e incorpora, desde su propia definición, las interacciones del monumento con cada uno de los elementos urbanos, aquí inexistentes, de su entorno, así como la relación entre ellos. Es pues, un instrumento de protección global, valorativo de la realidad, con la clara intención de conservar en las mejores condiciones posibles el legado patrimonial inherente al monumento. Se pretende conseguir el equilibrio entre la necesidad de crear un área de protección alrededor del monumento que garantice suficientemente el control sobre su entorno y la voluntad de no afectar más espacios de los estrictamente indispensables para su correcta percepción. El entorno se define siguiendo tres criterios básicos: – Controlar, con relación a los espacios citados y al propio monumento, la afectación de las posibles actuaciones en los edificios adyacentes o colindantes a los mismos. – Controlar la perspectiva del Observatorio desde los espacios públicos que lo rodean. – Considerar como unidad básica para su delimitación la parcela urbanística. El Observatorio, dado su emplazamiento privilegiado, se percibe desde varias perspectivas, incluso lejanas (p. e. la directriz que marca la calle de Balmes en el plano del Ensanche de Barcelona). El entorno, marcadamente rústico, se adecua a la protección de la percepción del conjunto. Este control que genera el entorno de protección es de naturaleza física, en el sentido de «contacto directo con el monumento», y sobre todo visual. Es por este motivo que la delimitación toma en cuenta la afectación de su integración en el paisaje de manera directa y donde intervenciones poco cuidadosas podrían desvirtuar los valores patrimoniales del monumento, tanto desde el punto de vista de su percepción como por su contacto físico. Por tanto, esta delimitación del entorno garantiza la conservación del monumento y su entorno próximo y asegura su control y coherencia, con la inclusión de elementos auxiliares que están en contacto con el edificio, ya sea física o visualmente.

El maravilloso Observatori Fabra, en Barcelona, ya es bien de interés cultural

Por la Resolución CLT/2103/2013, de 27 de septiembre («DOGC» núm. 6482, de 17 de octubre de 2013), se incoó expediente de declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, a favor del Observatorio Fabra, en Barcelona, y se delimitó su entorno de protección. Se han cumplido todos los trámites preceptivos en la instrucción de este expediente de acuerdo con lo que establecen los artículos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán. En el expediente constan los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Catalán y del Institut d’Estudis Catalans. Durante la tramitación de este expediente se ha presentado una alegación que ha sido debidamente analizada y contestada por la Dirección General de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio. Por todo ello, a propuesta del consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: 1. Declarar bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, el Observatorio Fabra, en Barcelona, según la ubicación y la descripción que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. 2. Delimitar el entorno de protección de este monumento, que se grafía en el plano que se publica con este Acuerdo y según la justificación que consta en el anexo 2. 3. Incluir como objeto de protección el subsuelo del monumento. 4. Publicar íntegramente en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el «Boletín Oficial del Estado» este Acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, y notificarlo a las personas interesadas y al ayuntamiento del municipio donde radica el bien. Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, a contar, en los dos casos, desde la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o desde la correspondiente notificación. Barcelona, 4 de marzo de 2014.–El Secretario de Gobierno, Jordi Baiget i Cantons. ANEXO 1 Ubicación y descripción El elemento objeto de este Acuerdo de declaración como bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, es el Observatorio Fabra, en Barcelona (Barcelonès). El Observatorio Fabra, situado en la sierra de Collserola, cerca de la cima del Tibidabo, pertenece a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, quien se encarga de la dirección científica, de su funcionamiento y de su mantenimiento. Las actividades científicas que se desarrollan desde su inauguración en 1904 abarcan los campos de la meteorología, la sismología y la astronomía. Cabe destacar entre ellos, el descubrimiento de nuevos pequeños planetas y otros cuerpos celestes de repercusión mundial, y la especialización en la astronometría (determinación muy precisa de posiciones de pequeños planetas y cometas en el espacio), actividad que desarrolla dentro de una red astronómica mundial constituida por más de un millar de observatorios. El observatorio Fabra está clasificado con el número 6 por su antigüedad y sus características peculiares. En el campo de la meteorología se realizan diariamente cuatro observaciones completas y se recogen datos de grabación pluviométrica. Entre los astrónomos que han estado al cargo del Observatorio Fabra cabe mencionar a José Comas i Solá. Fue director del Observatorio Fabra de Barcelona desde su creación en el 1904, desarrollando una importante labor como astrónomo y divulgador científico catalán e impulsor de la astronomía moderna en Cataluña. El edificio es una obra de 1902-1904 del arquitecto Josep Domènech i Estapà, una de las figuras capitales en el panorama arquitectónico catalán a caballo entre los siglos XIX y XX que fue también doctor en ciencias, catedrático de geodesia y de geometría y académico de la Real Academia de Ciencias y Artes. Esta sólida formación técnica y científica se refleja en el edificio, que es un ejemplo de fidelidad funcional, de respuesta arquitectónica eficaz a un planteamiento de base científica que lo condiciona y que el autor utiliza para configurar un edificio coherente, equilibrado y racional, que aloja la sección de observación astronómica, la meteorológica y la sísmica. El edificio se adscribe a una ordenación general ecléctica premodernista, aunque el pórtico y la cúpula corresponden a una traza clásica. El Observatorio Fabra consta de un cuerpo de planta octogonal en un extremo y una torre de planta rectangular al otro que, por un saliente montado sobre cartelas, se transforma en cruciforme; entre ambas partes hay un cuerpo alargado, cubierto a dos vertientes, que los enlaza. El cuerpo octogonal está coronado por una cúpula giratoria de plancha de hierro que contiene el telescopio y que en la parte baja tiene, a modo de fachada, un atrio de acceso, con dos columnas neoegipcias y un atípico frontón, dentro de la línea del eclecticismo. La torre termina con una terraza y un cuerpo más alto con una torrecilla o remate metálico. En relación con el paisaje urbano de Barcelona, el Observatorio se ha convertido en un hito irremplazable formando parte del paisaje urbano de la ciudad; al mismo tiempo son especialmente destacables sus valores científicos, históricos, artísticos y culturales en contexto de la historia científica de Cataluña que llegan a tener un alcance internacional. La situación de este monumento es un hito que configura una imagen paisajística de singular interés dentro del marco paisajístico de la sierra de Collserola, y concretamente de la montaña del Tibidabo, que lo sustenta. Al mismo tiempo, la relación entre este monumento y el espacio físico donde está situado ha establecido un diálogo ambiental que a lo largo del tiempo ha dado una gran entidad paisajística, arquitectónica, emblemática y cultural a ### RESUMEN: El maravilloso Observatori Fabra, en Barcelona, ya es bien de interés cultural

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. Esta Recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas o para realizar determinados ajustes en los criterios aplicados. Actualmente el listado se mantiene inalterado, a la espera de su posible próxima supresión en el marco de una revisión más profunda de la Recomendación del Consejo. La Recomendación del Consejo y sus modificaciones son aplicadas en España mediante la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, con sus sucesivas prórrogas y modificaciones. Los efectos de la Orden INT/657/2020 finalizan el 30 de abril de 2022, por lo que, al no haber variado la Recomendación del Consejo, procede prorrogar sus efectos. En esta ocasión, el periodo de prórroga será de sólo 15 días, mientras se terminan de definir las condiciones de reapertura ordenada y progresiva de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de la posibilidad de modificar cualquiera de los artículos, antes de ese plazo, si las circunstancias variasen. En su virtud, dispongo: Artículo único. Prórroga de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La disposición final única de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda modificada como sigue: «Esta orden surtirá efectos desde las 24:00 horas del 22 de julio de 2020 hasta las 24:00 horas del 15 de mayo de 2022, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito de la Unión Europea.» Disposición final única. Efectos. Esta orden surtirá efectos desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 29 de abril de 2022.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

Se prorroga 15 días más el cierre de fronteras.

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. Esta Recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas o para realizar determinados ajustes en los criterios aplicados. Actualmente el listado se mantiene inalterado, a la espera de su posible próxima supresión en el marco de una revisión más profunda de la Recomendación del Consejo. La Recomendación del Consejo y sus modificaciones son aplicadas en España mediante la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, con sus sucesivas prórrogas y modificaciones. Los efectos de la Orden INT/657/2020 finalizan el 30 de abril de 2022, por lo que, al no haber variado la Recomendación del Consejo, procede prorrogar sus efectos. En esta ocasión, el periodo de prórroga será de sólo 15 días, mientras se terminan de definir las condiciones de reapertura ordenada y progresiva de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de la posibilidad de modificar cualquiera de los artículos, antes de ese plazo, si las circunstancias variasen. En su virtud, dispongo: Artículo único. Prórroga de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La disposición final única de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda modificada como sigue: «Esta orden surtirá efectos desde las 24:00 horas del 22 de julio de 2020 hasta las 24:00 horas del 15 de mayo de 2022, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito de la Unión Europea.» Disposición final única. Efectos. Esta orden surtirá efectos desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 29 de abril de 2022.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez. ### RESUMEN: Se prorroga 15 días más el cierre de fronteras.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se notifica a JALEO FILMS, S.L., la comunicación de 4 de agosto de 2014 de la Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, que no se le pudo hacer llegar en la forma prevista por el apartado 2 del citado artículo 59 de la LRJPAC, al haberse intentado sin efecto la notificación ordinaria de la misma en el último domicilio conocido de la empresa, que es c/ San Sebastián, 20, Tomares, 41940 Sevilla, y en la que se declara la procedencia del inicio de reintegro de la subvención concedida a la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por un importe 323.000,00 euros. De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, la resolución que se notifica no se publica en su integridad, encontrándose a disposición del interesado el texto íntegro de la misma, así como la totalidad de los documentos obrantes en el expediente, en la sede de este Instituto (Subdirección General de Fomento) ubicado en la Plaza del Rey, s/n, 28071 Madrid. Frente a la citada resolución dispone el interesado de un plazo de quince días para la formulación de alegaciones y presentación de los documentos e informaciones que estime convenientes a su defensa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se prueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Madrid, 9 de octubre de 2014.- Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y de las Artes Audiovisuales.

El ministerio reclama la devolución de 232.000€ de subvención a Jaleo Films

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se notifica a JALEO FILMS, S.L., la comunicación de 4 de agosto de 2014 de la Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, que no se le pudo hacer llegar en la forma prevista por el apartado 2 del citado artículo 59 de la LRJPAC, al haberse intentado sin efecto la notificación ordinaria de la misma en el último domicilio conocido de la empresa, que es c/ San Sebastián, 20, Tomares, 41940 Sevilla, y en la que se declara la procedencia del inicio de reintegro de la subvención concedida a la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por un importe 323.000,00 euros. De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, la resolución que se notifica no se publica en su integridad, encontrándose a disposición del interesado el texto íntegro de la misma, así como la totalidad de los documentos obrantes en el expediente, en la sede de este Instituto (Subdirección General de Fomento) ubicado en la Plaza del Rey, s/n, 28071 Madrid. Frente a la citada resolución dispone el interesado de un plazo de quince días para la formulación de alegaciones y presentación de los documentos e informaciones que estime convenientes a su defensa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se prueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Madrid, 9 de octubre de 2014.- Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y de las Artes Audiovisuales. ### RESUMEN: El ministerio reclama la devolución de 232.000€ de subvención a Jaleo Films

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 de noviembre de 2017, a la vista del informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del informe de fiscalización de la contratación de la Corporación Radiotelevisión Española, S.A., ejercicios 2014 y 2015, acuerda: 1. Mejorar el contenido de la Memoria justificativa de la necesidad de contratación, aclarando los términos de la necesidad y oportunidad. 2. Eliminar la praxis de selección de las ofertas presentadas de forma previa al procedimiento de contratación. 3. Aplicar las medidas establecidas en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, para evitar las observaciones incluidas en este informe. 4. En los contratos de cesión de los derechos audiovisuales sobre determinada producción, negociar una rebaja de precio cuando la obra no se estrene en salas comerciales. 5. Establecer en los pliegos de condiciones los criterios de valoración de la oferta de forma exhaustiva. 6. Aplicar criterios de igualdad de género, sostenibilidad y transparencia en la contratación pública. 7. Instar al Gobierno a: – Llevar a cabo un estudio y análisis de las razones que motivan el bajo nivel de concurrencia a los procesos de licitación que la Corporación convoca. – Diversificar en mayor medida los criterios de valoración de las ofertas y, en particular, valorar la oferta técnica. – Incluir en los pliegos de contratación la posibilidad de identificar ofertas que pudieran contener valores anormales o desproporcionados estableciendo parámetro para apreciarlas. 8. Instar a la Corporación RTVE, S.A., a: – Cumplir con el mandato marco en cuanto al porcentaje de producción propia. – Reducir las externalizaciones y cumplir con los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia y no discriminación en la contratación de servicios. – Realizar una gestión del patrimonio de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia y economía. – La remisión de las respectivas relaciones certificadas de contratos sujetos al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con la observancia de las previsiones contenidas en la instrucción general del Tribunal de Cuentas. – Explicar y exponer, a través de la Comisión, las medidas adoptadas para resolver las deficiencias detectadas en el informe de fiscalización, atendiendo a sus recomendaciones y manifestaciones. En particular, exponer las actuaciones realizadas o previstas en relación con los siguientes aspectos del informe: a) Bajo nivel de concurrencia. b) Criterio único de selección del precio. c) Incorporación del acuerdo de confidencialidad. d) Cláusula que denomina de «buenas prácticas». e) Etcétera. 9. Instar al Tribunal de Cuentas a: – Proponer una solución que dé respuesta a supuestos como el planteado por el anterior Presidente de la Corporación de RTVE que, siendo responsable de la entidad en los ejercicios objetos de fiscalización tiene imposibilidad de acceder a la información necesaria para plantear las alegaciones, por no continuar en el cargo en el momento procedimental que se debate. Sin duda esto genera indefensión para el responsable de la Corporación y merece una profunda reflexión en el ánimo de buscar una solución que permita dar cobertura a situaciones como las reproducidas. Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.

Informes demoledores del Tribunal de Cuentas, donde destaca el de RTVE. Irregularidades en la contratación más externalizar más de lo debido, entre otros.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 de noviembre de 2017, a la vista del informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del informe de fiscalización de la contratación de la Corporación Radiotelevisión Española, S.A., ejercicios 2014 y 2015, acuerda: 1. Mejorar el contenido de la Memoria justificativa de la necesidad de contratación, aclarando los términos de la necesidad y oportunidad. 2. Eliminar la praxis de selección de las ofertas presentadas de forma previa al procedimiento de contratación. 3. Aplicar las medidas establecidas en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, para evitar las observaciones incluidas en este informe. 4. En los contratos de cesión de los derechos audiovisuales sobre determinada producción, negociar una rebaja de precio cuando la obra no se estrene en salas comerciales. 5. Establecer en los pliegos de condiciones los criterios de valoración de la oferta de forma exhaustiva. 6. Aplicar criterios de igualdad de género, sostenibilidad y transparencia en la contratación pública. 7. Instar al Gobierno a: – Llevar a cabo un estudio y análisis de las razones que motivan el bajo nivel de concurrencia a los procesos de licitación que la Corporación convoca. – Diversificar en mayor medida los criterios de valoración de las ofertas y, en particular, valorar la oferta técnica. – Incluir en los pliegos de contratación la posibilidad de identificar ofertas que pudieran contener valores anormales o desproporcionados estableciendo parámetro para apreciarlas. 8. Instar a la Corporación RTVE, S.A., a: – Cumplir con el mandato marco en cuanto al porcentaje de producción propia. – Reducir las externalizaciones y cumplir con los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia y no discriminación en la contratación de servicios. – Realizar una gestión del patrimonio de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia y economía. – La remisión de las respectivas relaciones certificadas de contratos sujetos al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con la observancia de las previsiones contenidas en la instrucción general del Tribunal de Cuentas. – Explicar y exponer, a través de la Comisión, las medidas adoptadas para resolver las deficiencias detectadas en el informe de fiscalización, atendiendo a sus recomendaciones y manifestaciones. En particular, exponer las actuaciones realizadas o previstas en relación con los siguientes aspectos del informe: a) Bajo nivel de concurrencia. b) Criterio único de selección del precio. c) Incorporación del acuerdo de confidencialidad. d) Cláusula que denomina de «buenas prácticas». e) Etcétera. 9. Instar al Tribunal de Cuentas a: – Proponer una solución que dé respuesta a supuestos como el planteado por el anterior Presidente de la Corporación de RTVE que, siendo responsable de la entidad en los ejercicios objetos de fiscalización tiene imposibilidad de acceder a la información necesaria para plantear las alegaciones, por no continuar en el cargo en el momento procedimental que se debate. Sin duda esto genera indefensión para el responsable de la Corporación y merece una profunda reflexión en el ánimo de buscar una solución que permita dar cobertura a situaciones como las reproducidas. Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver. ### RESUMEN: Informes demoledores del Tribunal de Cuentas, donde destaca el de RTVE. Irregularidades en la contratación más externalizar más de lo debido, entre otros.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora María Mercedes de la Guardia de Corró, exembajadora de la República de Panamá en España, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de mayo de 2017, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Dado en Madrid, el 5 de mayo de 2017. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO

Medalla para la exembajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia de Corró

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora María Mercedes de la Guardia de Corró, exembajadora de la República de Panamá en España, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de mayo de 2017, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Dado en Madrid, el 5 de mayo de 2017. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO ### RESUMEN: Medalla para la exembajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia de Corró

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. ÍNDICE Preámbulo. Título I. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. Artículo 2. Ámbito de aplicación de los títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. Artículo 3. Datos de las personas fallecidas. Título II. Principios de protección de datos. Artículo 4. Exactitud de los datos. Artículo 5. Deber de confidencialidad. Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad. Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. Artículo 9. Categorías especiales de datos. Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal. Título III. Derechos de las personas. Capítulo I. Transparencia e información. Artículo 11. Transparencia e información al afectado. Capítulo II. Ejercicio de los derechos. Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. Artículo 13. Derecho de acceso. Artículo 14. Derecho de rectificación. Artículo 15. Derecho de supresión. Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento. Artículo 17. Derecho a la portabilidad. Artículo 18. Derecho de oposición. Título IV. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Artículo 19. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales. Artículo 20. Sistemas de información crediticia. Artículo 21. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia. Artículo 23. Sistemas de exclusión publicitaria. Artículo 24. Sistemas de información de denuncias internas. Artículo 25. Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública. Artículo 26. Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas. Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. Título V. Responsable y encargado del tratamiento. Capítulo I. Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa. Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento. Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea. Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento. Artículo 32. Bloqueo de los datos. Capítulo II. Encargado del tratamiento. Artículo 33. Encargado del tratamiento. Capítulo III. Delegado de protección de datos. Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos. Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos. Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos. Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos. Capítulo IV. Códigos de conducta y certificación. Artículo 38. Códigos de conducta. Artículo 39. Acreditación de instituciones de certificación. Título VI. Transferencias internacionales de datos. Artículo 40. Régimen de las transferencias internacionales de datos. Artículo 41. Supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 42. Supuestos sometidos a autorización previa de las autoridades de protección de datos. Artículo 43. Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de protección de datos competente. Título VII. Autoridades de protección de datos. Capítulo I. La Agencia Española de Protección de Datos. Sección 1.ª Disposiciones generales. Artículo 44. Disposiciones generales. Artículo 45. Régimen jurídico. Artículo 46. Régimen económico presupuestario y de personal. Artículo 47. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 48. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 49. Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 50. Publicidad. Sección 2.ª Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva. Artículo 51. Ámbito y personal competente. Artículo 52. Deber de colaboración. Artículo 53. Alcance de la actividad de investigación. Artículo 54. Planes de auditoría. Sección 3.ª Otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 55. Potestades de regulación. Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 56. Acción exterior. Capítulo II. Autoridades autonómicas de protección de datos. Sección 1.ª Disposiciones generales. Artículo 57. Autoridades autonómicas de protección de datos. Artículo 58. Cooperación institucional. Artículo 59. Tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679. Sección 2.ª Coordinación en el marco de los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679. Artículo 60. Coordinación en caso de emisión de dictamen por el Comité Europeo de Protección de Datos. Artículo 61. Intervención en caso de tratamientos transfronterizos. Artículo 62. Coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Europeo de Protección de Datos. Título VIII. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Artículo 63. Régimen jurídico. Artículo 64. Forma de iniciación del procedimiento y duración. Artículo 65. Admisión a trámite de las reclamaciones. Artículo 66. Determinación del alcance territorial. Artículo 67. Actuaciones previas de investigación. Artículo 68. Acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Artículo 69. Medidas provisionales y de garantía de los derechos. Título IX. Régimen sancionador. Artículo 70. Sujetos responsables. Artículo 71. Infracciones. Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves. Artículo 73. Infracciones consideradas graves. Artículo 74. Infracciones consideradas leves. Artículo 75. Interrupción de la prescripción de la infracción. Artículo 76. Sanciones y medidas correctivas. Artículo 77. Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento. Artículo 78. Prescripción de las sanciones. Título X. Garantía de los derechos digitales. Artículo 79. Los derechos en la Era digital. Artículo 80. Derecho a la neutralidad de Internet. Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet. Artículo 82. Derecho a la seguridad digital. Artículo 83. Derecho a la educación digital. Artículo 84. Protección de los menores en Internet. Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet. Artículo 86. Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales. Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. Artículo 91. Derechos digitales en la negociación colectiva. Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet. Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet. Artículo 94. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Artículo 96. Derecho al testamento digital. Artículo 97. Políticas de impulso de los derechos digitales. Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en el ámbito del sector público. Disposición adicional segunda. Protección de datos y transparencia y acceso a la información pública. Disposición adicional tercera. Cómputo de plazos. Disposición adicional cuarta. Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes. Disposición adicional quinta. Autorización judicial en relación con decisiones de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos. Disposición adicional sexta. Incorporación de deudas a sistemas de información crediticia. Disposición adicional séptima. Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos. Disposición adicional octava. Potestad de verificación de las Administraciones Públicas. Disposición adicional novena. Tratamiento de datos personales en relación con la notificación de incidentes de seguridad. Disposición adicional décima. Comunicaciones de datos por los sujetos enumerados en el artículo 77.1. Disposición adicional undécima. Privacidad en las comunicaciones electrónicas. Disposición adicional duodécima. Disposiciones específicas aplicables a los tratamientos de los registros de personal del sector público. Disposición adicional decimotercera. Transferencias internacionales de datos tributarios. Disposición adicional decimocuarta. Normas dictadas en desarrollo del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE. Disposición adicional decimoquinta. Requerimiento de información por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Disposición adicional decimosexta. Prácticas agresivas en materia de protección de datos. Disposición adicional decimoséptima. Tratamientos de datos de salud. Disposición adicional decimoctava. Criterios de seguridad. Disposición adicional decimonovena. Derechos de los menores ante Internet. Disposición adicional vigésima. Especialidades del régimen jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. Disposición adicional vigésima primera. Educación digital. Disposición adicional vigésima segunda. Acceso a los archivos públicos y eclesiásticos. Disposición transitoria primera. Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. Disposición transitoria segunda. Códigos tipo inscritos en las autoridades de protección de datos conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos. Disposición transitoria cuarta. Tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680. Disposición transitoria quinta. Contratos de encargado del tratamiento. Disposición transitoria sexta. Reutilización con fines de investigación en materia de salud y biomédica de datos personales recogidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición final primera. Naturaleza de la presente ley. Disposición final segunda. Título competencial. Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Disposición final sexta. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Disposición final séptima. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disposición final octava. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Disposición final novena. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Disposición final décima. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Disposición final undécima. Modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Disposición final decimotercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Disposición final decimocuarta. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Disposición final decimoquinta. Desarrollo normativo. Disposición final decimosexta. Entrada en vigor. PREÁMBULO I La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales cuando dispuso que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno. El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. Por su parte, en la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 fue reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, a fin de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la regulación del derecho fundamental a la protección de datos en España y se complementó con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por otra parte, también se recoge en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Anteriormente, a nivel europeo, se había adoptado la Directiva 95/46/CE citada, cuyo objeto era procurar que la garantía del derecho a la protección de datos personales no supusiese un obstáculo a la libre circulación de los datos en el seno de la Unión, estableciendo así un espacio común de garantía del derecho que, al propio tiempo, asegurase que en caso de transferencia internacional de los datos, su tratamiento en el país de destino estuviese protegido por salvaguardas adecuadas a las previstas en la propia directiva. II En los últimos años de la pasada década se intensificaron los impulsos tendentes a lograr una regulación más uniforme del derecho fundamental a la protección de datos en el marco de una sociedad cada vez más globalizada. Así, se fueron adoptando en distintas instancias internacionales propuestas para la reforma del marco vigente. Y en este marco la Comisión lanzó el 4 de noviembre de 2010 su Comunicación titulada «Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea», que constituye el germen de la posterior reforma del marco de la Unión Europea. Al propio tiempo, el Tribunal de Justicia de la Unión ha venido adoptando a lo largo de los últimos años una jurisprudencia que resulta fundamental en su interpretación. El último hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo. III El Reglamento general de protección de datos pretende con su eficacia directa superar los obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. La transposición de la directiva por los Estados miembros se ha plasmado en un mosaico normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea lo que, en último extremo, ha conducido a que existan diferencias apreciables en la protección de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, se atiende a nuevas circunstancias, principalmente el aumento de los flujos transfronterizos de datos personales como consecuencia del funcionamiento del mercado interior, los retos planteados por la rápida evolución tecnológica y la globalización, que ha hecho que los datos personales sean el recurso fundamental de la sociedad de la información. El carácter central de la información personal tiene aspectos positivos, porque permite nuevos y mejores servicios, productos o hallazgos científicos. Pero tiene también riesgos, pues las informaciones sobre los individuos se multiplican exponencialmente, son más accesibles, por más actores, y cada vez son más fáciles de procesar mientras que es más difícil el control de su destino y uso. El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la vigente normativa. Procede a reforzar la seguridad jurídica y transparencia a la vez que permite que sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para sus destinatarios. Así, el Reglamento general de protección de datos contiene un buen número de habilitaciones, cuando no imposiciones, a los Estados miembros, a fin de regular determinadas materias, permitiendo incluso en su considerando 8, y a diferencia de lo que constituye principio general del Derecho de la Unión Europea que, cuando sus normas deban ser especificadas, interpretadas o, excepcionalmente, restringidas por el Derecho de los Estados miembros, estos tengan la posibilidad de incorporar al derecho nacional previsiones contenidas específicamente en el reglamento, en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y comprensión. En este punto hay que subrayar que no se excluye toda intervención del Derecho interno en los ámbitos concernidos por los reglamentos europeos. Al contrario, tal intervención puede ser procedente, incluso necesaria, tanto para la depuración del ordenamiento nacional como para el desarrollo o complemento del reglamento de que se trate. Así, el principio de seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a integrar el ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente clara y pública como para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación para tales Estados de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho nacional incompatibles con el europeo. De esta segunda vertiente se colige la consiguiente obligación de depurar el ordenamiento jurídico. En definitiva, el principio de seguridad jurídica obliga a que la normativa interna que resulte incompatible con el Derecho de la Unión Europea quede definitivamente eliminada «mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban modificarse» (Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2006, asunto Comisión vs. España; de 13 de julio de 2000, asunto Comisión vs. Francia; y de 15 de octubre de 1986, asunto Comisión vs. Italia). Por último, los reglamentos, pese a su característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación. En este sentido, más que de incorporación cabría hablar de «desarrollo» o complemento del Derecho de la Unión Europea. La adaptación al Reglamento general de protección de datos, que será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, según establece su artículo 99, requiere, en suma, la elaboración de una nueva ley orgánica que sustituya a la actual. En esta labor se han preservado los principios de buena regulación, al tratarse de una norma necesaria para la adaptación del ordenamiento español a la citada disposición europea y proporcional a este objetivo, siendo su razón última procurar seguridad jurídica. IV Internet, por otra parte, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se desarrolla en la Red y adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Ya en los años noventa, y conscientes del impacto que iba a producir Internet en nuestras vidas, los pioneros de la Red propusieron elaborar una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Internet. Hoy identificamos con bastante claridad los riesgos y oportunidades que el mundo de las redes ofrece a la ciudadanía. Corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital. La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a nivel social como económico. En este contexto, países de nuestro entorno ya han aprobado normativa que refuerza los derechos digitales de la ciudadanía. Los constituyentes de 1978 ya intuyeron el enorme impacto que los avances tecnológicos provocarían en nuestra sociedad y, en particular, en el disfrute de los derechos fundamentales. Una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Pero, en tanto no se acometa este reto, el legislador debe abordar el reconocimiento de un sistema de garantía de los derechos digitales que, inequívocamente, encuentra su anclaje en el mandato impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución Española y que, en algunos casos, ya han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria, constitucional y europea. V Esta ley orgánica consta de noventa y siete artículos estructurados en diez títulos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales. El Título I, relativo a las disposiciones generales, comienza regulando el objeto de la ley orgánica, que es, conforme a lo que se ha indicado, doble. Así, en primer lugar, se pretende lograr la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento general de protección de datos, y completar sus disposiciones. A su vez, establece que el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. Las comunidades autónomas ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución del derecho fundamental a la protección de datos personales en su ámbito de actividad y a las autoridades autonómicas de protección de datos que se creen les corresponde contribuir a garantizar este derecho fundamental de la ciudadanía. En segundo lugar, es también objeto de la ley garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Constitución. Destaca la novedosa regulación de los datos referidos a las personas fallecidas, pues, tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido. También excluye del ámbito de aplicación los tratamientos que se rijan por disposiciones específicas, en referencia, entre otras, a la normativa que transponga la citada Directiva (UE) 2016/680, previéndose en la disposición transitoria cuarta la aplicación a estos tratamientos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, hasta que se apruebe la citada normativa. En el Título II, «Principios de protección de datos», se establece que a efectos del Reglamento (UE) 2016/679 no serán imputables al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos obtenidos directamente del afectado, cuando hubiera recibido los datos de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad, o cuando el responsable los obtuviese del mediador o intermediario cuando las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establezcan la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador o cuando los datos hubiesen sido obtenidos de un registro público. También se recoge expresamente el deber de confidencialidad, el tratamiento de datos amparado por la ley, las categorías especiales de datos y el tratamiento de datos de naturaleza penal, se alude específicamente al consentimiento, que ha de proceder de una declaración o de una clara acción afirmativa del afectado, excluyendo lo que se conocía como «consentimiento tácito», se indica que el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas, y se mantiene en catorce años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento. Se regulan asimismo las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, Este es el caso, por ejemplo, de las bases de datos reguladas por ley y gestionadas por autoridades públicas que responden a objetivos específicos de control de riesgos y solvencia, supervisión e inspección del tipo de la Central de Información de Riesgos del Banco de España regulada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, o de los datos, documentos e informaciones de carácter reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Se podrán igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras, cuando ello derive del ejercicio de potestades públicas o del cumplimiento de una obligación legal y solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el reglamento europeo, cuando derive de una competencia atribuida por la ley. Y se mantiene la prohibición de consentir tratamientos con la finalidad principal de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos, lo que no impide que los mismos puedan ser objeto de tratamiento en los demás supuestos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679. Así, por ejemplo, la prestación del consentimiento no dará cobertura a la creación de «listas negras» de sindicalistas, si bien los datos de afiliación sindical podrán ser tratados por el empresario para hacer posible el ejercicio de los derechos de los trabajadores al amparo del artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2016/679 o por los propios sindicatos en los términos del artículo 9.2.d) de la misma norma europea. También en relación con el tratamiento de categorías especiales de datos, el artículo 9.2 consagra el principio de reserva de ley para su habilitación en los supuestos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679. Dicha previsión no sólo alcanza a las disposiciones que pudieran adoptarse en el futuro, sino que permite dejar a salvo las distintas habilitaciones legales actualmente existentes, tal y como se indica específicamente, respecto de la legislación sanitaria y aseguradora, en la disposición adicional decimoséptima. El Reglamento general de protección de datos no afecta a dichas habilitaciones, que siguen plenamente vigentes, permitiendo incluso llevar a cabo una interpretación extensiva de las mismas, como sucede, en particular, en cuanto al alcance del consentimiento del afectado o el uso de sus datos sin consentimiento en el ámbito de la investigación biomédica. A tal efecto, el apartado 2 de la Disposición adicional decimoséptima introduce una serie de previsiones encaminadas a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación en materia de salud, y en particular la biomédica, ponderando los indudables beneficios que la misma aporta a la sociedad con las debidas garantías del derecho fundamental a la protección de datos. El Título III, dedicado a los derechos de las personas, adapta al Derecho español el principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada «información por capas» ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos (tales como las «cookies»), facilitando al afectado la información básica, si bien, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. Se hace uso en este Título de la habilitación permitida por el considerando 8 del Reglamento (UE) 2016/679 para complementar su régimen, garantizando la adecuada estructura sistemática del texto. A continuación, la ley orgánica contempla los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad. En el Título IV se recogen «Disposiciones aplicables a tratamientos concretos», incorporando una serie de supuestos que en ningún caso debe considerarse exhaustiva de todos los tratamientos lícitos. Dentro de ellos cabe apreciar, en primer lugar, aquellos respecto de los que el legislador establece una presunción «iuris tantum» de prevalencia del interés legítimo del responsable cuando se lleven a cabo con una serie de requisitos, lo que no excluye la licitud de este tipo de tratamientos cuando no se cumplen estrictamente las condiciones previstas en el texto, si bien en este caso el responsable deberá llevar a cabo la ponderación legalmente exigible, al no presumirse la prevalencia de su interés legítimo. Junto a estos supuestos se recogen otros, tales como la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas en que la licitud del tratamiento proviene de la existencia de un interés público, en los términos establecidos en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679. Finalmente, se hace referencia en este Título a la licitud de otros tratamientos regulados en el Capítulo IX del reglamento, como los relacionados con la función estadística o con fines de archivo de interés general. En todo caso, el hecho de que el legislador se refiera a la licitud de los tratamientos no enerva la obligación de los responsables de adoptar todas las medidas de responsabilidad activa establecidas en el Capítulo IV del reglamento europeo y en el Título V de esta ley orgánica. El Título V se refiere al responsable y al encargado del tratamiento. Es preciso tener en cuenta que la mayor novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de un modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos personales para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan. Con el fin de aclarar estas novedades, la ley orgánica mantiene la misma denominación del Capítulo IV del Reglamento, dividiendo el articulado en cuatro capítulos dedicados, respectivamente, a las medidas generales de responsabilidad activa, al régimen del encargado del tratamiento, a la figura del delegado de protección de datos y a los mecanismos de autorregulación y certificación. La figura del delegado de protección de datos adquiere una destacada importancia en el Reglamento (UE) 2016/679 y así lo recoge la ley orgánica, que parte del principio de que puede tener un carácter obligatorio o voluntario, estar o no integrado en la organización del responsable o encargado y ser tanto una persona física como una persona jurídica. La designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de protección de datos, accesible por cualquier persona. Los conocimientos en la materia se podrán acreditar mediante esquemas de certificación. Asimismo, no podrá ser removido, salvo en los supuestos de dolo o negligencia grave. Es de destacar que el delegado de protección de datos permite configurar un medio para la resolución amistosa de reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que no sea atendida por el responsable o encargado del tratamiento. El Título VI, relativo a las transferencias internacionales de datos, procede a la adaptación de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 y se refiere a las especialidades relacionadas con los procedimientos a través de los cuales las autoridades de protección de datos pueden aprobar modelos contractuales o normas corporativas vinculantes, supuestos de autorización de una determinada transferencia, o información previa. El Título VII se dedica a las autoridades de protección de datos, que siguiendo el mandato del Reglamento (UE) 2016/679 se han de establecer por ley nacional. Manteniendo el esquema que se venía recogiendo en sus antecedentes normativos, la ley orgánica regula el régimen de la Agencia Española de Protección de Datos y refleja la existencia de las autoridades autonómicas de protección de datos y la necesaria cooperación entre las autoridades de control. La Agencia Española de Protección de Datos se configura como una autoridad administrativa independiente con arreglo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. El Título VIII regula el «Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos». El Reglamento (UE) 2016/679 establece un sistema novedoso y complejo, evolucionando hacia un modelo de «ventanilla única» en el que existe una autoridad de control principal y otras autoridades interesadas. También se establece un procedimiento de cooperación entre autoridades de los Estados miembros y, en caso de discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité Europeo de Protección de Datos. En consecuencia, con carácter previo a la tramitación de cualquier procedimiento, será preciso determinar si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo y, en caso de tenerlo, qué autoridad de protección de datos ha de considerarse principal. La regulación se limita a delimitar el régimen jurídico; la iniciación de los procedimientos, siendo posible que la Agencia Española de Protección de Datos remita la reclamación al delegado de protección de datos o a los órganos o entidades que tengan a su cargo la resolución extrajudicial de conflictos conforme a lo establecido en un código de conducta; la inadmisión de las reclamaciones; las actuaciones previas de investigación; las medidas provisionales, entre las que destaca la orden de bloqueo de los datos; y el plazo de tramitación de los procedimientos y, en su caso, su suspensión. Las especialidades del procedimiento se remiten al desarrollo reglamentario. El Título IX, que contempla el régimen sancionador, parte de que el Reglamento (UE) 2016/679 establece un sistema de sanciones o actuaciones correctivas que permite un amplio margen de apreciación. En este marco, la ley orgánica procede a describir las conductas típicas, estableciendo la distinción entre infracciones muy graves, graves y leves, tomando en consideración la diferenciación que el Reglamento general de protección de datos establece al fijar la cuantía de las sanciones. La categorización de las infracciones se introduce a los solos efectos de determinar los plazos de prescripción, teniendo la descripción de las conductas típicas como único objeto la enumeración de manera ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea. La ley orgánica regula los supuestos de interrupción de la prescripción partiendo de la exigencia constitucional del conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del Reglamento general de protección de datos. El Reglamento (UE) 2016/679 establece amplios márgenes para la determinación de la cuantía de las sanciones. La ley orgánica aprovecha la cláusula residual del artículo 83.2 de la norma europea, referida a los factores agravantes o atenuantes, para aclarar que entre los elementos a tener en cuenta podrán incluirse los que ya aparecían en el artículo 45.4 y 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y que son conocidos por los operadores jurídicos. Finalmente, el Título X de esta ley acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución. En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como la neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital así como los derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital. Ocupa un lugar relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección de los menores en Internet. Finalmente, resulta destacable la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales. Las disposiciones adicionales se refieren a cuestiones como las medidas de seguridad en el ámbito del sector público, protección de datos y transparencia y acceso a la información pública, cómputo de plazos, autorización judicial en materia de transferencias internacionales de datos, la protección frente a prácticas abusivas que pudieran desarrollar ciertos operadores, o los tratamientos de datos de salud, entre otras. De conformidad con la disposición adicional decimocuarta, la normativa relativa a las excepciones y limitaciones en el ejercicio de los derechos que hubiese entrado en vigor con anterioridad a la fecha de aplicación del reglamento europeo y en particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, seguirá vigente en tanto no sea expresamente modificada, sustituida o derogada. La pervivencia de esta normativa supone la continuidad de las excepciones y limitaciones que en ella se contienen hasta que se produzca su reforma o abrogación, si bien referida a los derechos tal y como se regulan en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. Así, por ejemplo, en virtud de la referida disposición adicional, las Administraciones tributarias responsables de los ficheros de datos con trascendencia tributaria a que se refiere el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán, en relación con dichos datos, denegar el ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras. Las disposiciones transitorias están dedicadas, entre otras cuestiones, al estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, el régimen transitorio de los procedimientos o los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680. Se recoge una disposición derogatoria y, a continuación, figuran las disposiciones finales sobre los preceptos con carácter de ley ordinaria, el título competencial y la entrada en vigor. Asimismo, se introducen las modificaciones necesarias de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Finalmente, y en relación con la garantía de los derechos digitales, también se introducen modificaciones en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley orgánica tiene por objeto: a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. 1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. Esta ley orgánica no será de aplicación: a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. Artículo 3. Datos de las personas fallecidas. 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. TÍTULO II Principios de protección de datos Artículo 4. Exactitud de los datos. 1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. Artículo 5. Deber de confidencialidad. 1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad. 1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Artículo 9. Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte. Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal. 1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. TÍTULO III Derechos de las personas CAPÍTULO I Transparencia e información Artículo 11. Transparencia e información al afectado. 1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. b) La finalidad del tratamiento. c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también: a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. b) Las fuentes de las que procedieran los datos. CAPÍTULO II Ejercicio de los derechos Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica. Artículo 13. Derecho de acceso. 1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. 4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. Artículo 14. Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. Artículo 15. Derecho de supresión. 1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento. 1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. Artículo 17. Derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. Artículo 18. Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. TÍTULO IV Disposiciones aplicables a tratamientos concretos Artículo 19. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. 2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas. 3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias. Artículo 20. Sistemas de información crediticia. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado. f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. 2. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679. Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. 3. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia. Artículo 21. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios. 2. En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica. Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia. 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. 2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. 3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica. 4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información. En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento. 5. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes. 6. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica. 7. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo. 8. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica. Artículo 23. Sistemas de exclusión publicitaria. 1. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas. 2. Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán a la autoridad de control competente su creación, su carácter general o sectorial, así como el modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en su caso, hacer valer sus preferencias. La autoridad de control competente hará pública en su sede electrónica una relación de los sistemas de esta naturaleza que le fueran comunicados, incorporando la información mencionada en el párrafo anterior. A tal efecto, la autoridad de control competente a la que se haya comunicado la creación del sistema lo pondrá en conocimiento de las restantes autoridades de control para su publicación por todas ellas. 3. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, este deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada por la autoridad de control competente. 4. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla. Artículo 24. Sistemas de información de denuncias internas. 1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información. 2. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente a quienes, incardinados o no en el seno de la entidad, desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que eventualmente se designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que, en su caso, procedan. Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito penal o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y control de recursos humanos. 3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado. 4. Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica. Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, los datos podrán seguir siendo tratados, por el órgano al que corresponda, conforme al apartado 2 de este artículo, la investigación de los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de información de denuncias internas. 5. Los principios de los apartados anteriores serán aplicables a los sistemas de denuncias internas que pudieran crearse en las Administraciones Públicas. Artículo 25. Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública. 1. El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. 2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando los datos se encuentren amparados por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica. Artículo 26. Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas. Será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo en interés público, que se someterá a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica con las especialidades que se derivan de lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, así como la legislación autonómica que resulte de aplicación. Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. 1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá: a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. 2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. TÍTULO V Responsable y encargado del tratamiento CAPÍTULO I Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento. 1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento. 2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos: a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales. c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones administrativas. d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos. e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad. f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales. g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección. h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación. Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento. Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea. 1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679. Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda. 2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados. Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento. 1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5. El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro. 2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal. Artículo 32. Bloqueo de los datos. 1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. 2. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos. 3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior. 4. Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo. 5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para el responsable del tratamiento. CAPÍTULO II Encargado del tratamiento Artículo 33. Encargado del tratamiento. 1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo. 2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público. Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades. 3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista. 4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. 5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. CAPÍTULO III Delegado de protección de datos Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos. 1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades: a) Los colegios profesionales y sus consejos generales. b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas. c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala. d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio. e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. f) Los establecimientos financieros de crédito. g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores. i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural. j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos. l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes. Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual. m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas. n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego. ñ) Las empresas de seguridad privada. o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. 2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. 3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria. 4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos. 5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados. Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos. Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos. 1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias. 2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses. 3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica. 4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento. Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos. 1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame. En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación. 2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes. Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. 3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de protección de datos. CAPÍTULO IV Códigos de conducta y certificación Artículo 38. Códigos de conducta. 1. Los códigos de conducta regulados por la sección 5.ª del Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679 serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos. Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. 2. Dichos códigos podrán promoverse, además de por las asociaciones y organismos a los que se refiere el artículo 40.2 del Reglamento (UE) 2016/679, por empresas o grupos de empresas así como por los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica. Asimismo, podrán ser promovidos por los organismos o entidades que asuman las funciones de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679. Los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión las reclamaciones que les fueran formuladas por los afectados en relación con los tratamientos de datos incluidos en su ámbito de aplicación en caso de considerar que no procede atender a lo solicitado en la reclamación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de esta ley orgánica. Además, sin menoscabo de las competencias atribuidas por el Reglamento (UE) 2016/679 a las autoridades de protección de datos, podrán voluntariamente y antes de llevar a cabo el tratamiento, someter al citado organismo o entidad de supervisión la verificación de la conformidad del mismo con las materias sujetas al código de conducta. En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace o desestime la reclamación, o si el responsable o encargado del tratamiento no somete la reclamación a su decisión, el afectado podrá formularla ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos. La autoridad de protección de datos competente verificará que los organismos o entidades que promuevan los códigos de conducta han dotado a estos códigos de organismos de supervisión que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 41.2 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de protección de datos competente. 4. La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos someterán los proyectos de código al mecanismo de coherencia mencionado en el artículo 63 de Reglamento (UE) 2016/679 en los supuestos en que ello proceda según su artículo 40.7. El procedimiento quedará suspendido en tanto el Comité Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen al que se refieren los artículos 64.1.b) y 65.1.c) del citado reglamento. Cuando sea una autoridad autonómica de protección de datos la que someta el proyecto de código al mecanismo de coherencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 60 de esta ley orgánica. 5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por las mismas, que estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro gestionado por el Comité Europeo de Protección de Datos conforme al artículo 40.11 del citado reglamento. El registro será accesible a través de medios electrónicos. 6. Mediante real decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta. Artículo 39. Acreditación de instituciones de certificación. Sin perjuicio de las funciones y poderes de acreditación de la autoridad de control competente en virtud de los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, la acreditación de las instituciones de certificación a las que se refiere el artículo 43.1 del citado reglamento podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que comunicará a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de protección de datos de las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o revocaciones de las acreditaciones, así como su motivación. TÍTULO VI Transferencias internacionales de datos Artículo 40. Régimen de las transferencias internacionales de datos. Las transferencias internacionales de datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y sus normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno, y en las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos y de las autoridades autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus respectivas competencias. En todo caso se aplicarán a los tratamientos en que consista la propia transferencia las disposiciones contenidas en dichas normas, en particular las que regulan los principios de protección de datos. Artículo 41. Supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán adoptar, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cláusulas contractuales tipo para la realización de transferencias internacionales de datos, que se someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos previsto en el artículo 64 del citado reglamento. 2. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán aprobar normas corporativas vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679. El procedimiento se iniciará a instancia de una entidad situada en España y tendrá una duración máxima de nueve meses. Quedará suspendido como consecuencia de la remisión del expediente al Comité Europeo de Protección de Datos para que emita el dictamen al que se refiere el artículo 64.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, y continuará tras su notificación a la Agencia Española de Protección de Datos o a la autoridad autonómica de protección de datos competente. Artículo 42. Supuestos sometidos a autorización previa de las autoridades de protección de datos. 1. Las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen en alguna de las garantías previstas en el artículo anterior y en el artículo 46.2 del Reglamento (UE) 2016/679, requerirán una previa autorización de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos, que podrá otorgarse en los siguientes supuestos: a) Cuando la transferencia pretenda fundamentarse en la aportación de garantías adecuadas con fundamento en cláusulas contractuales que no correspondan a las cláusulas tipo previstas en el artículo 46.2, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2016/679. b) Cuando la transferencia se lleve a cabo por alguno de los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica y se funde en disposiciones incorporadas a acuerdos internacionales no normativos con otras autoridades u organismos públicos de terceros Estados, que incorporen derechos efectivos y exigibles para los afectados, incluidos los memorandos de entendimiento. El procedimiento tendrá una duración máxima de seis meses. 2. La autorización quedará sometida a la emisión por el Comité Europeo de Protección de Datos del dictamen al que se refieren los artículos 64.1.e), 64.1.f) y 65.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679. La remisión del expediente al citado comité implicará la suspensión del procedimiento hasta que el dictamen sea notificado a la Agencia Española de Protección de Datos o, por conducto de la misma, a la autoridad de control competente, en su caso. Artículo 43. Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de protección de datos competente. Los responsables del tratamiento deberán informar a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, de cualquier transferencia internacional de datos que pretendan llevar a cabo sobre la base de su necesidad para fines relacionados con intereses legítimos imperiosos perseguidos por aquéllos y la concurrencia del resto de los requisitos previstos en el último párrafo del artículo 49.1 del Reglamento (UE) 2016/679. Asimismo, informarán a los afectados de la transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos. Esta información deberá facilitarse con carácter previo a la realización de la transferencia. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las actividades llevadas a cabo por las autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes públicos, de acuerdo con el artículo 49.3 del Reglamento (UE) 2016/679. TÍTULO VII Autoridades de protección de datos CAPÍTULO I La Agencia Española de Protección de Datos Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 44. Disposiciones generales. 1. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente». Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. 2. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. 3. La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. Artículo 45. Régimen jurídico. 1. La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la presente ley orgánica y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63.2 de esta ley orgánica, se regirá por las normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 2. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su Estatuto mediante real decreto. Artículo 46. Régimen económico presupuestario y de personal. 1. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado. 2. El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será el establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar las modificaciones presupuestarias que impliquen hasta un tres por ciento de la cifra inicial de su presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los créditos para gastos de personal. Las restantes modificaciones que no excedan de un cinco por ciento del presupuesto serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, en los demás casos, por el Gobierno. 3. La Agencia Española de Protección de Datos contará para el cumplimiento de sus fines con las asignaciones que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los ingresos, ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del ejercicio de las potestades establecidos en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679. 4. El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia Española de Protección de Datos a la dotación de sus reservas con el fin de garantizar su plena independencia. 5. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su caso, por la normativa laboral. 6. La Agencia Española de Protección Datos elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda, respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto. En dicha relación de puestos de trabajo constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. 7. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico-financiera de la Agencia Española de Protección de Datos estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Artículo 47. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea. Artículo 48. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices. 2. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará auxiliada por un Adjunto en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los procedimientos regulados por el Título VIII de esta ley orgánica, y que la sustituirá en el ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos. Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 3. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido éste, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos. Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de Presidencia y Adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación o, de no alcanzarse ésta, por mayoría absoluta en segunda votación, que se realizará inmediatamente después de la primera. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de Diputados pertenecientes, al menos, a dos grupos parlamentarios diferentes. 4. La Presidencia y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante real decreto. 5. El mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La Presidencia y el Adjunto solo cesarán antes de la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros, por: a) Incumplimiento grave de sus obligaciones, b) incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, c) incompatibilidad, o d) condena firme por delito doloso. En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) será necesaria la ratificación de la separación por las mayorías parlamentarias previstas en el apartado 3 de este artículo. 6. Los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Artículo 49. Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros: a) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados. b) Un Senador, propuesto por el Senado. c) Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial. d) Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Justicia. e) Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad de protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la respectiva Comunidad Autónoma. f) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. g) Un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios. h) Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales. i) Un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados. j) Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos previstos en el Capítulo IV del Título V, propuesto por el Ministro de Justicia. k) Un experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. l) Un representante de las organizaciones que agrupan a los Consejos Generales, Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el Ministro de Justicia. m) Un representante de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados. n) Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ñ) Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. 2. A los efectos del apartado anterior, la condición de experto requerirá acreditar conocimientos especializados en el Derecho y la práctica en materia de protección de datos mediante el ejercicio profesional o académico. 3. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado. 4. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y, en todo caso, una vez al semestre. 5. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante. 6. En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen, competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 50. Publicidad. La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su Presidencia que declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, las que pongan fin a los procedimientos de reclamación, las que archiven las actuaciones previas de investigación, las que sancionen con apercibimiento a las entidades a que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica, las que impongan medidas cautelares y las demás que disponga su Estatuto. Sección 2.ª Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva Artículo 51. Ámbito y personal competente. 1. La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará su actividad de investigación a través de las actuaciones previstas en el Título VIII y de los planes de auditoría preventivas. 2. La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su Presidencia. 3. En los casos de actuaciones conjuntas de investigación conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (UE) 2016/679, el personal de las autoridades de control de otros Estados Miembros de Unión Europea que colabore con la Agencia Española de Protección de Datos ejercerá sus facultades con arreglo a lo previsto en la presente ley orgánica y bajo la orientación y en presencia del personal de esta. 4. Los funcionarios que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio, incluso después de haber cesado en él. Artículo 52. Deber de colaboración. 1. Las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, y los particulares estarán obligados a proporcionar a la Agencia Española de Protección de Datos los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación. Cuando la información contenga datos personales la comunicación de dichos datos estará amparada por lo dispuesto en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. En el marco de las actuaciones previas de investigación, cuando no haya podido realizar la identificación por otros medios, la Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar de las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, las informaciones y datos que resulten imprescindibles con la exclusiva finalidad de lograr la identificación de los responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas de infracción del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica. En el supuesto de las Administraciones tributarias y de la Seguridad Social, la información se limitará a la que resulte necesaria para poder identificar inequívocamente contra quién debe dirigirse la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos de creación de entramados societarios que dificultasen el conocimiento directo del presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica. 3. Cuando no haya podido realizar la identificación por otros medios, la Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar de los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información los datos que obren en su poder y que resulten imprescindibles para la identificación del presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica cuando se hubiere llevado a cabo mediante la utilización de un servicio de la sociedad de la información o la realización de una comunicación electrónica. A tales efectos, los datos que la Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar al amparo de este apartado son los siguientes: a) Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de telefonía fija o móvil: 1.º El número de teléfono de origen de la llamada en caso de que el mismo se hubiese ocultado. 2.º El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o usuario registrado al que corresponda ese número de teléfono. 3.º La mera confirmación de que se ha realizado una llamada específica entre dos números en una determinada fecha y hora. b) Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de la sociedad de la información: 1.º La identificación de la dirección de protocolo de Internet desde la que se hubiera llevado a cabo la conducta y la fecha y hora de su realización. 2.º Si la conducta se hubiese llevado a cabo mediante correo electrónico, la identificación de la dirección de protocolo de Internet desde la que se creó la cuenta de correo y la fecha y hora en que la misma fue creada. 3.º El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le hubiera asignado la dirección de Protocolo de Internet a la que se refieren los dos párrafos anteriores. Estos datos deberán ser cedidos, previo requerimiento motivado de la Agencia Española de Protección de Datos, exclusivamente en el marco de actuaciones de investigación iniciadas como consecuencia de una denuncia presentada por un afectado respecto de una conducta de una persona jurídica o respecto a la utilización de sistemas que permitan la divulgación sin restricciones de datos personales. En el resto de los supuestos la cesión de estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada conforme a las normas procesales cuando resultara exigible. Quedan excluidos de lo previsto en este apartado los datos de tráfico que los operadores estuviesen tratando con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, cuya cesión solamente podrá tener lugar de acuerdo con lo dispuesto en ella, previa autorización judicial solicitada por alguno de los agentes facultados a los que se refiere el artículo 6 de dicha ley. Artículo 53. Alcance de la actividad de investigación. 1. Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación. 2. Cuando fuese necesario el acceso por el personal que desarrolla la actividad de investigación al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, será preciso contar con su consentimiento o haber obtenido la correspondiente autorización judicial. 3. Cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 54. Planes de auditoría. 1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la realización de planes de auditoría preventiva, referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad. Tendrán por objeto el análisis del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica, a partir de la realización de actividades de investigación sobre entidades pertenecientes al sector inspeccionado o sobre los responsables objeto de la auditoría. 2. A resultas de los planes de auditoría, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar las directrices generales o específicas para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la plena adaptación del sector o responsable al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica. En la elaboración de dichas directrices la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá solicitar la colaboración de los organismos de supervisión de los códigos de conducta y de resolución extrajudicial de conflictos, si los hubiere. 3. Las directrices serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría. Sección 3.ª Otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos Artículo 55. Potestades de regulación. Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica, que se denominarán «Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos». 2. Su elaboración se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, que deberá prever los informes técnicos y jurídicos que fueran necesarios y la audiencia a los interesados. 3. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Artículo 56. Acción exterior. 1. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos. Asimismo a las comunidades autónomas, a través de las autoridades autonómicas de protección de datos, les compete ejercitar las funciones como sujetos de la acción exterior en el marco de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional y acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional, no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su competencia en el marco de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 2. La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo competente para la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales derivado de la aplicación de cualquier Convenio Internacional en el que sea parte el Reino de España que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia y la representante común de las autoridades de Protección de Datos en el Comité Europeo de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 del Reglamento (UE) 2016/679. La Agencia Española de Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas de protección de datos acerca de las decisiones adoptadas en el Comité Europeo de Protección de Datos y recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia Española de Protección de Datos: a) Participará en reuniones y foros internacionales de ámbito distinto al de la Unión Europea establecidos de común acuerdo por las autoridades de control independientes en materia de protección de datos. b) Participará, como autoridad española, en las organizaciones internacionales competentes en materia de protección de datos, en los comités o grupos de trabajo, de estudio y de colaboración de organizaciones internacionales que traten materias que afecten al derecho fundamental a la protección de datos personales y en otros foros o grupos de trabajo internacionales, en el marco de la acción exterior del Estado. c) Colaborará con autoridades, instituciones, organismos y Administraciones de otros Estados a fin de impulsar, promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo suscribir acuerdos internacionales administrativos y no normativos en la materia. CAPÍTULO II Autoridades autonómicas de protección de datos Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 57. Autoridades autonómicas de protección de datos. 1. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer, las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se refieran a: a) Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta. b) Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente Administración Autonómica o Local. c) Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía. 2. Las autoridades autonómicas de protección de datos podrán dictar, en relación con los tratamientos sometidos a su competencia, circulares con el alcance y los efectos establecidos para la Agencia Española de Protección de Datos en el artículo 55 de esta ley orgánica. Artículo 58. Cooperación institucional. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará, por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica. En todo caso, se celebrarán reuniones semestrales de cooperación. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán solicitar y deberán intercambiarse mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en particular, la relativa a la actividad del Comité Europeo de Protección de Datos. Asimismo, podrán constituir grupos de trabajo para tratar asuntos específicos de interés común. Artículo 59. Tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679. Cuando la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679 podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación. Si la autoridad autonómica no atendiere en plazo el requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito, la Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Sección 2.ª Coordinación en el marco de los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 Artículo 60. Coordinación en caso de emisión de dictamen por el Comité Europeo de Protección de Datos. Se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos todas las comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos cuando éstas, como autoridades competentes, deban someter su proyecto de decisión al citado comité o le soliciten el examen de un asunto en virtud de lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679. En estos casos, la Agencia Española de Protección de Datos será asistida por un representante de la Autoridad autonómica en su intervención ante el Comité. Artículo 61. Intervención en caso de tratamientos transfronterizos. 1. Las autoridades autonómicas de protección de datos ostentarán la condición de autoridad de control principal o interesada en el procedimiento establecido por el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando se refiera a un tratamiento previsto en el artículo 57 de esta ley orgánica que se llevara a cabo por un responsable o encargado del tratamiento de los previstos en el artículo 56 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que desarrollase significativamente tratamientos de la misma naturaleza en el resto del territorio español. 2. Corresponderá en estos casos a las autoridades autonómicas intervenir en los procedimientos establecidos en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, informando a la Agencia Española de Protección de Datos sobre su desarrollo en los supuestos en que deba aplicarse el mecanismo de coherencia. Artículo 62. Coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Europeo de Protección de Datos. 1. Se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos todas las comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos cuando estas, como autoridades principales, deban solicitar del citado Comité la emisión de una decisión vinculante según lo previsto en el artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. Las autoridades autonómicas de protección de datos que tengan la condición de autoridad interesada no principal en un procedimiento de los previstos en el artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679 informarán a la Agencia Española de Protección de Datos cuando el asunto sea remitido al Comité Europeo de Protección de Datos, facilitándole la documentación e información necesarias para su tramitación. La Agencia Española de Protección de Datos será asistida por un representante de la autoridad autonómica interesada en su intervención ante el mencionado comité. TÍTULO VIII Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos Artículo 63. Régimen jurídico. 1. Las disposiciones de este Título serán de aplicación a los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, así como en los que aquella investigue la existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y en la presente ley orgánica. 2. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos. 3. El Gobierno regulará por real decreto los procedimientos que tramite la Agencia Española de Protección de Datos al amparo de este Título, asegurando en todo caso los derechos de defensa y audiencia de los interesados. Artículo 64. Forma de iniciación del procedimiento y duración. 1. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 65 de esta ley orgánica. En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación. 2. Cuando el procedimiento tenga por objeto la determinación de la posible existencia de una infracción de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica, se iniciará mediante acuerdo de inicio adoptado por propia iniciativa o como consecuencia de reclamación. Si el procedimiento se fundase en una reclamación formulada ante la Agencia Española de Protección de Datos, con carácter previo, esta decidirá sobre su admisión a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley orgánica. Cuando fuesen de aplicación las normas establecidas en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, el procedimiento se iniciará mediante la adopción del proyecto de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, del que se dará conocimiento formal al interesado a los efectos previstos en el artículo 75 de esta ley orgánica. Admitida a trámite la reclamación así como en los supuestos en que la Agencia Española de Protección de Datos actúe por propia iniciativa, con carácter previo al acuerdo de inicio, podrá existir una fase de actuaciones previas de investigación, que se regirá por lo previsto en el artículo 67 de esta ley orgánica. El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones. 3. El procedimiento podrá también tramitarse como consecuencia de la comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos por parte de la autoridad de control de otro Estado miembro de la Unión Europea de la reclamación formulada ante la misma, cuando la Agencia Española de Protección de Datos tuviese la condición de autoridad de control principal para la tramitación de un procedimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y 60 del Reglamento (UE) 2016/679. Será en este caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 y en los párrafos primero, tercero, cuarto y quinto del apartado 2. 4. Los plazos de tramitación establecidos en este artículo así como los de admisión a trámite regulados por el artículo 65.5 y de duración de las actuaciones previas de investigación previstos en el artículo 67.2, quedarán automáticamente suspendidos cuando deba recabarse información, consulta, solicitud de asistencia o pronunciamiento preceptivo de un órgano u organismo de la Unión Europea o de una o varias autoridades de control de los Estados miembros conforme con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, por el tiempo que medie entre la solicitud y la notificación del pronunciamiento a la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 65. Admisión a trámite de las reclamaciones. 1. Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite, de conformidad con las previsiones de este artículo. 2. La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción. 3. Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos podrá inadmitir la reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la Agencia Española de Protección de Datos, hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas en el artículo 74 de esta ley orgánica. b) Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas. 4. Antes de resolver sobre la admisión a trámite de la reclamación, la Agencia Española de Protección de Datos podrá remitir la misma al delegado de protección de datos que hubiera, en su caso, designado el responsable o encargado del tratamiento o al organismo de supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta a los efectos previstos en los artículos 37 y 38.2 de esta ley orgánica. La Agencia Española de Protección de Datos podrá igualmente remitir la reclamación al responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de protección de datos ni estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación en el plazo de un mes. 5. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, así como la que determine, en su caso, la remisión de la reclamación a la autoridad de control principal que se estime competente, deberá notificarse al reclamante en el plazo de tres meses. Si transcurrido este plazo no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en este Título a partir de la fecha en que se cumpliesen tres meses desde que la reclamación tuvo entrada en la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 66. Determinación del alcance territorial. 1. Salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 64.3 de esta ley orgánica, la Agencia Española de Protección de Datos deberá, con carácter previo a la realización de cualquier otra actuación, incluida la admisión a trámite de una reclamación o el comienzo de actuaciones previas de investigación, examinar su competencia y determinar el carácter nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades, del procedimiento a seguir. 2. Si la Agencia Española de Protección de Datos considera que no tiene la condición de autoridad de control principal para la tramitación del procedimiento remitirá, sin más trámite, la reclamación formulada a la autoridad de control principal que considere competente, a fin de que por la misma se le dé el curso oportuno. La Agencia Española de Protección de Datos notificará esta circunstancia a quien, en su caso, hubiera formulado la reclamación. El acuerdo por el que se resuelva la remisión a la que se refiere el párrafo anterior implicará el archivo provisional del procedimiento, sin perjuicio de que por la Agencia Española de Protección de Datos se dicte, en caso de que así proceda, la resolución a la que se refiere el apartado 8 del artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679. Artículo 67. Actuaciones previas de investigación. 1. Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y una vez admitida a trámite la reclamación si la hubiese, la Agencia Española de Protección de Datos podrá llevar a cabo actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento. La Agencia Española de Protección de Datos actuará en todo caso cuando sea precisa la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos personales. 2. Las actuaciones previas de investigación se someterán a lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título VII de esta ley orgánica y no podrán tener una duración superior a doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de admisión a trámite o de la fecha del acuerdo por el que se decida su iniciación cuando la Agencia Española de Protección de Datos actúe por propia iniciativa o como consecuencia de la comunicación que le hubiera sido remitida por la autoridad de control de otro Estado miembro de la Unión Europea, conforme al artículo 64.3 de esta ley orgánica. Artículo 68. Acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 1. Concluidas, en su caso, las actuaciones a las que se refiere el artículo anterior, corresponderá a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando así proceda, dictar acuerdo de inicio de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en que se concretarán los hechos, la identificación de la persona o entidad contra la que se dirija el procedimiento, la infracción que hubiera podido cometerse y su posible sanción. 2. Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, el proyecto de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador se someterá a lo dispuesto en el mismo. Artículo 69. Medidas provisionales y de garantía de los derechos. 1. Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento (UE) 2016/679, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado. 2. En los casos en que la Agencia Española de Protección de Datos considere que la continuación del tratamiento de los datos personales, su comunicación o transferencia internacional comportara un menoscabo grave del derecho a la protección de datos personales, podrá ordenar a los responsables o encargados de los tratamientos el bloqueo de los datos y la cesación de su tratamiento y, en caso de incumplirse por estos dichos mandatos, proceder a su inmovilización. 3. Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar en cualquier momento, incluso con anterioridad a la iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamación. TÍTULO IX Régimen sancionador Artículo 70. Sujetos responsables. 1. Están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica: a) Los responsables de los tratamientos. b) Los encargados de los tratamientos. c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea. d) Las entidades de certificación. e) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. 2. No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador establecido en este Título. Artículo 71. Infracciones. Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica. Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves. 1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679. b) El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. c) El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 para la validez del consentimiento. d) La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello. e) El tratamiento de datos personales de las categorías a las que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto y en el artículo 9 de esta ley orgánica. f) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 10 de esta ley orgánica. g) El tratamiento de datos personales relacionados con infracciones y sanciones administrativas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 27 de esta ley orgánica. h) La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 de esta ley orgánica. i) La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley orgánica. j) La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información a la que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, fuera de los supuestos establecidos en su artículo 12.5. k) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. l) La transferencia internacional de datos personales a un destinatario que se encuentre en un tercer país o a una organización internacional, cuando no concurran las garantías, requisitos o excepciones establecidos en los artículos 44 a 49 del Reglamento (UE) 2016/679. m) El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad de protección de datos competente en ejercicio de los poderes que le confiere el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679. n) El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida en el artículo 32 de esta ley orgánica cuando la misma sea exigible. ñ) No facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de datos competente a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean requeridos por la autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus poderes de investigación. o) La resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la autoridad de protección de datos competente. p) La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados. 2. Tendrán la misma consideración y también prescribirán a los tres años las infracciones a las que se refiere el artículo 83.6 del Reglamento (UE) 2016/679. Artículo 73. Infracciones consideradas graves. En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: a) El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679. b) No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado por un menor de edad o por el titular de su patria potestad o tutela sobre el mismo, conforme a lo requerido por el artículo 8.2 del Reglamento (UE) 2016/679. c) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación. d) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos desde el diseño, así como la no integración de las garantías necesarias en el tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/679. e) La falta de adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto, solo se tratarán los datos personales necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento, conforme a lo exigido por el artículo 25.2 del Reglamento (UE) 2016/679. f) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679. g) El quebrantamiento, como consecuencia de la falta de la debida diligencia, de las medidas técnicas y organizativas que se hubiesen implantado conforme a lo exigido por el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679. h) El incumplimiento de la obligación de designar un representante del responsable o encargado del tratamiento no establecido en el territorio de la Unión Europea, conforme a lo previsto en el artículo 27 del Reglamento (UE) 2016/679. i) La falta de atención por el representante en la Unión del responsable o del encargado del tratamiento de las solicitudes efectuadas por la autoridad de protección de datos o por los afectados. j) La contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. k) Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un contrato u otro acto jurídico escrito con el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. l) La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la autorización previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios producidos en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles. m) La infracción por un encargado del tratamiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica, al determinar los fines y los medios del tratamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.10 del citado reglamento. n) No disponer del registro de actividades de tratamiento establecido en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. ñ) No poner a disposición de la autoridad de protección de datos que lo haya solicitado, el registro de actividades de tratamiento, conforme al apartado 4 del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. o) No cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones en los supuestos no previstos en el artículo 72 de esta ley orgánica. p) El tratamiento de datos personales sin llevar a cabo una previa valoración de los elementos mencionados en el artículo 28 de esta ley orgánica. q) El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable del tratamiento las violaciones de seguridad de las que tuviera conocimiento. r) El incumplimiento del deber de notificación a la autoridad de protección de datos de una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679. s) El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679 si el responsable del tratamiento hubiera sido requerido por la autoridad de protección de datos para llevar a cabo dicha notificación. t) El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible. u) El tratamiento de datos personales sin haber consultado previamente a la autoridad de protección de datos en los casos en que dicha consulta resulta preceptiva conforme al artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679 o cuando la ley establezca la obligación de llevar a cabo esa consulta. v) El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible su nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica. w) No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de datos en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus funciones. x) La utilización de un sello o certificación en materia de protección de datos que no haya sido otorgado por una entidad de certificación debidamente acreditada o en caso de que la vigencia del mismo hubiera expirado. y) Obtener la acreditación como organismo de certificación presentando información inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679. z) El desempeño de funciones que el Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los organismos de certificación, sin haber sido debidamente acreditado conforme a lo establecido en el artículo 39 de esta ley orgánica. aa) El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y deberes a los que está sometido según lo previsto en los artículos 42 y 43 de Reglamento (UE) 2016/679. ab) El desempeño de funciones que el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los organismos de supervisión de códigos de conducta sin haber sido previamente acreditado por la autoridad de protección de datos competente. ac) La falta de adopción por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de las medidas que resulten oportunas en caso que se hubiera producido una infracción del código, conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679. Artículo 74. Infracciones consideradas leves. Se consideran leves y prescribirán al año las restantes infracciones de carácter meramente formal de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, las siguientes: a) El incumplimiento del principio de transparencia de la información o el derecho de información del afectado por no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679. b) La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo permita su artículo 12.5, si su cuantía excediese el importe de los costes afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada. c) No atender las solicitudes de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 72.1.k) de esta ley orgánica. d) No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 c) de esta ley orgánica. e) El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento exigida por el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/679. f) El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento. g) El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3 de esta ley orgánica. h) La falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo que determine las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas con respecto al tratamiento de datos personales y sus relaciones con los afectados al que se refiere el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 o la inexactitud en la determinación de las mismas. i) No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo formalizado entre los corresponsables del tratamiento, conforme exige el artículo 26.2 del Reglamento (UE) 2016/679. j) La falta del cumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al responsable del tratamiento acerca de la posible infracción por una instrucción recibida de este de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 o de esta ley orgánica, conforme a lo exigido por el artículo 28.3 del citado reglamento. k) El incumplimiento por el encargado de las estipulaciones impuestas en el contrato o acto jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones del responsable del tratamiento, salvo que esté legalmente obligado a ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica o en los supuestos en que fuese necesario para evitar la infracción de la legislación en materia de protección de datos y se hubiese advertido de ello al responsable o al encargado del tratamiento. l) Disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la información exigida por el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. m) La notificación incompleta, tardía o defectuosa a la autoridad de protección de datos de la información relacionada con una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679. n) El incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de seguridad, exigida por el artículo 33.5 del Reglamento (UE) 2016/679. ñ) El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados, conforme a lo exigido por el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 73 s) de esta ley orgánica. o) Facilitar información inexacta a la Autoridad de protección de datos, en los supuestos en los que el responsable del tratamiento deba elevarle una consulta previa, conforme al artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679. p) No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos, o no comunicarlos a la autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica. q) El incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la autoridad de protección de datos de la expedición, renovación o retirada de una certificación, conforme a lo exigido por los apartados 1 y 5 del artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679. r) El incumplimiento por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de la obligación de informar a las autoridades de protección de datos acerca de las medidas que resulten oportunas en caso de infracción del código, conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679. Artículo 75. Interrupción de la prescripción de la infracción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679 interrumpirá la prescripción el conocimiento formal por el interesado del proyecto de acuerdo de inicio que sea sometido a las autoridades de control interesadas. Artículo 76. Sanciones y medidas correctivas. 1. Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 se aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en el apartado 2 del citado artículo. 2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del Reglamento (UE) 2016/679 también podrán tenerse en cuenta: a) El carácter continuado de la infracción. b) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos personales. c) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción. d) La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de la infracción. e) La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente. f) La afectación a los derechos de los menores. g) Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de datos. h) El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que existan controversias entre aquellos y cualquier interesado. 3. Será posible, complementaria o alternativamente, la adopción, cuando proceda, de las restantes medidas correctivas a las que se refiere el artículo 83.2 del Reglamento (UE) 2016/679. 4. Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. Cuando la autoridad competente para imponer la sanción sea una autoridad autonómica de protección de datos, se estará a su normativa de aplicación. Artículo 77. Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento. 1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados: a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a los mismos. b) Los órganos jurisdiccionales. c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local. d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. e) Las autoridades administrativas independientes. f) El Banco de España. g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público. h) Las fundaciones del sector público. i) Las Universidades Públicas. j) Los consorcios. k) Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas, así como los grupos políticos de las Corporaciones Locales. 2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido. La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado, en su caso. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación. Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda. 4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores. 5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo. 6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, esta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción. Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa específica. Artículo 78. Prescripción de las sanciones. 1. Las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de esta ley orgánica prescriben en los siguientes plazos: a) Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un año. b) Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los dos años. c) Las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los tres años. 2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor. TÍTULO X Garantía de los derechos digitales Artículo 79. Los derechos en la Era digital. Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet contribuirán a garantizar su aplicación. Artículo 80. Derecho a la neutralidad de Internet. Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet. 1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica. 2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. 3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral. 4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores. 5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales. 6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales. Artículo 82. Derecho a la seguridad digital. Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos. Artículo 83. Derecho a la educación digital. 1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas de libre configuración la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. 2. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior. 3. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet. 4. Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos. Artículo 84. Protección de los menores en Internet. 1. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales. 2. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet. 1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet. 2. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original. Artículo 86. Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales. Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio. En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior. Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. 1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador. 2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. 3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores. El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados. Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado. Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. 1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. 2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. 1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida. En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica. 2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos. 3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley. Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. 1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. 2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión. Artículo 91. Derechos digitales en la negociación colectiva. Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral. Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet. Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información. Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica. Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet. 1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet. Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo. 2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho. Artículo 94. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. 1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. 2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio. Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas. 3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2. Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible. Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal. Artículo 96. Derecho al testamento digital. 1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas: a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto. b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones. c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. d) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. 2. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones. El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación a la misma. 3. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica. 4. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación. Artículo 97. Políticas de impulso de los derechos digitales. 1. El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de Acceso a Internet con los siguientes objetivos: a) superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales económicamente desfavorecidos mediante, entre otras medidas, un bono social de acceso a Internet; b) impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público; y c) fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de Internet y de las tecnologías digitales. 2. Asimismo se aprobará un Plan de Actuación dirigido a promover las acciones de formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las redes sociales y de los servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la finalidad de garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos fundamentales. 3. El Gobierno presentará un informe anual ante la comisión parlamentaria correspondiente del Congreso de los Diputados en el que se dará cuenta de la evolución de los derechos, garantías y mandatos contemplados en el presente Título y de las medidas necesarias para promover su impulso y efectividad. Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en el ámbito del sector público. 1. El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las medidas que deban implantarse en caso de tratamiento de datos personales para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el tratamiento de los datos a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica deberán aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, así como impulsar un grado de implementación de medidas equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al Derecho privado. En los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se corresponderán con las de la Administración pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad. Disposición adicional segunda. Protección de datos y transparencia y acceso a la información pública. La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como las obligaciones de publicidad activa establecidas por la legislación autonómica, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. Disposición adicional tercera. Cómputo de plazos. Los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 o en esta ley orgánica, con independencia de que se refieran a relaciones entre particulares o con entidades del sector público, se regirán por las siguientes reglas: a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. b) Si el plazo se fija en semanas, concluirá el mismo día de la semana en que se produjo el hecho que determina su iniciación en la semana de vencimiento. c) Si el plazo se fija en meses o años, concluirá el mismo día en que se produjo el hecho que determina su iniciación en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. d) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Disposición adicional cuarta. Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes. Lo dispuesto en el Título VIII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes. Disposición adicional quinta. Autorización judicial en relación con decisiones de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos. 1. Cuando una autoridad de protección de datos considerase que una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, de cuya validez dependiese la resolución de un procedimiento concreto, infringiese lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, menoscabando el derecho fundamental a la protección de datos, acordará inmediatamente la suspensión del procedimiento, a fin de solicitar del órgano judicial autorización para declararlo así en el seno del procedimiento del que esté conociendo. Dicha suspensión deberá ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo de admisión o inadmisión a trámite de la solicitud de la autoridad de protección de datos dirigida al tribunal competente. Las decisiones de la Comisión Europea a las que puede resultar de aplicación este cauce son: a) aquellas que declaren el nivel adecuado de protección de un tercer país u organización internacional, en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679; b) aquellas por las que se aprueben cláusulas tipo de protección de datos para la realización de transferencias internacionales de datos, o c) aquellas que declaren la validez de los códigos de conducta a tal efecto. 2. La autorización a la que se refiere esta disposición solamente podrá ser concedida si, previo planteamiento de cuestión prejudicial de validez en los términos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la decisión de la Comisión Europea cuestionada fuera declarada inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Disposición adicional sexta. Incorporación de deudas a sistemas de información crediticia. No se incorporarán a los sistemas de información crediticia a los que se refiere el artículo 20.1 de esta ley orgánica deudas en que la cuantía del principal sea inferior a cincuenta euros. El Gobierno, mediante real decreto, podrá actualizar esta cuantía. Disposición adicional séptima. Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos. 1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse. Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos. En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 2. A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, el Gobierno impulsará la elaboración de un protocolo de colaboración que defina procedimientos seguros de publicación y notificación de actos administrativos, con la participación de los órganos con competencia en la materia. Disposición adicional octava. Potestad de verificación de las Administraciones Públicas. Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos. Disposición adicional novena. Tratamiento de datos personales en relación con la notificación de incidentes de seguridad. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional que resulte de aplicación, deban notificarse incidentes de seguridad, las autoridades públicas competentes, equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y proveedores de tecnologías y servicios de seguridad, podrán tratar los datos personales contenidos en tales notificaciones, exclusivamente durante el tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, protección y respuesta ante incidentes y adoptando las medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas al nivel de riesgo determinado. Disposición adicional décima. Comunicaciones de datos por los sujetos enumerados en el artículo 77.1. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán comunicar los datos personales que les sean solicitados por sujetos de derecho privado cuando cuenten con el consentimiento de los afectados o aprecien que concurre en los solicitantes un interés legítimo que prevalezca sobre los derechos e intereses de los afectados conforme a lo establecido en el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679. Disposición adicional undécima. Privacidad en las comunicaciones electrónicas. Lo dispuesto en la presente ley orgánica se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas de Derecho interno y de la Unión Europea reguladoras de la privacidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, sin imponer obligaciones adicionales a las personas físicas o jurídicas en materia de tratamiento en el marco de la prestación de servicios públicos de comunicaciones electrónicas en redes públicas de comunicación en ámbitos en los que estén sujetas a obligaciones específicas establecidas en dichas normas. Disposición adicional duodécima. Disposiciones específicas aplicables a los tratamientos de los registros de personal del sector público. 1. Los tratamientos de los registros de personal del sector público se entenderán realizados en el ejercicio de poderes públicos conferidos a sus responsables, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. Los registros de personal del sector público podrán tratar datos personales relativos a infracciones y condenas penales e infracciones y sanciones administrativas, limitándose a los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines. 3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento (UE) 2016/679, y por considerarlo una razón de interés público importante, los datos cuyo tratamiento se haya limitado en virtud del artículo 18.1 del citado reglamento, podrán ser objeto de tratamiento cuando sea necesario para el desarrollo de los procedimientos de personal. Disposición adicional decimotercera. Transferencias internacionales de datos tributarios. Las transferencias de datos tributarios entre el Reino de España y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales, se regularán por los términos y con los límites establecidos en la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados de la Unión Europea, o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales, así como por las normas sobre la asistencia mutua establecidas en el Capítulo VI del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Disposición adicional decimocuarta. Normas dictadas en desarrollo del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE. Las normas dictadas en aplicación del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que hubiesen entrado en vigor con anterioridad a 25 de mayo de 2018, y en particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siguen vigentes en tanto no sean expresamente modificadas, sustituidas o derogadas. Disposición adicional decimoquinta. Requerimiento de información por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuando no haya podido obtener por otros medios la información necesaria para realizar sus labores de supervisión o inspección, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá recabar de los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, los datos que obren en su poder relativos a la comunicación electrónica o servicio de la sociedad de la información proporcionados por dichos prestadores que sean distintos a su contenido y resulten imprescindibles para el ejercicio de dichas labores. La cesión de estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada conforme a las normas procesales. Quedan excluidos de lo previsto en este apartado los datos de tráfico que los operadores estuviesen tratando con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Disposición adicional decimosexta. Prácticas agresivas en materia de protección de datos. A los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se consideran prácticas agresivas las siguientes: a) Actuar con intención de suplantar la identidad de la Agencia Española de Protección de Datos o de una autoridad autonómica de protección de datos en la realización de cualquier comunicación a los responsables y encargados de los tratamientos o a los interesados. b) Generar la apariencia de que se está actuando en nombre, por cuenta o en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos o una autoridad autonómica de protección de datos en la realización de cualquier comunicación a los responsables y encargados de los tratamientos en que la remitente ofrezca sus productos o servicios. c) Realizar prácticas comerciales en las que se coarte el poder de decisión de los destinatarios mediante la referencia a la posible imposición de sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. d) Ofrecer cualquier tipo de documento por el que se pretenda crear una apariencia de cumplimiento de las disposiciones de protección de datos de forma complementaria a la realización de acciones formativas sin haber llevado a cabo las actuaciones necesarias para verificar que dicho cumplimiento se produce efectivamente. e) Asumir, sin designación expresa del responsable o el encargado del tratamiento, la función de delegado de protección de datos y comunicarse en tal condición con la Agencia Española de Protección de Datos o las autoridades autonómicas de protección de datos. Disposición adicional decimoséptima. Tratamientos de datos de salud. 1. Se encuentran amparados en las letras g), h), i) y j) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 los tratamientos de datos relacionados con la salud y de datos genéticos que estén regulados en las siguientes leyes y sus disposiciones de desarrollo: a) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. b) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. c) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. d) La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. e) La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. f) La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. g) La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. h) La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. i) El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 105 medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. j) El texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre. 2. El tratamiento de datos en la investigación en salud se regirá por los siguientes criterios: a) El interesado o, en su caso, su representante legal podrá otorgar el consentimiento para el uso de sus datos con fines de investigación en salud y, en particular, la biomédica. Tales finalidades podrán abarcar categorías relacionadas con áreas generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora. b) Las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública. c) Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines de investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el estudio inicial. En tales casos, los responsables deberán publicar la información establecida por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en un lugar fácilmente accesible de la página web corporativa del centro donde se realice la investigación o estudio clínico, y, en su caso, en la del promotor, y notificar la existencia de esta información por medios electrónicos a los afectados. Cuando estos carezcan de medios para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión en otro formato. Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe previo favorable del comité de ética de la investigación. d) Se considera lícito el uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud y, en particular, biomédica. El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud pública y biomédica requerirá: 1.º Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación. 2.º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de investigación cuando: i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad de reidentificación. ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el acceso de terceros no autorizados. Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen, cuando con motivo de una investigación que utilice datos seudonimizados, se aprecie la existencia de un peligro real y concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo de personas, o una amenaza grave para sus derechos o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia sanitaria. e) Cuando se traten datos personales con fines de investigación en salud, y en particular la biomédica, a los efectos del artículo 89.2 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán excepcionarse los derechos de los afectados previstos en los artículos 15, 16, 18 y 21 del Reglamento (EU) 2016/679 cuando: 1.º Los citados derechos se ejerzan directamente ante los investigadores o centros de investigación que utilicen datos anonimizados o seudonimizados. 2.º El ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la investigación. 3.º La investigación tenga por objeto un interés público esencial relacionado con la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública u otros objetivos importantes de interés público general, siempre que en este último caso la excepción esté expresamente recogida por una norma con rango de Ley. f) Cuando conforme a lo previsto por el artículo 89 del Reglamento (UE) 2016/679, se lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en salud pública y, en particular, biomédica se procederá a: 1.º Realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos derivados del tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 o en los establecidos por la autoridad de control. Esta evaluación incluirá de modo específico los riesgos de reidentificación vinculados a la anonimización o seudonimización de los datos. 2.º Someter la investigación científica a las normas de calidad y, en su caso, a las directrices internacionales sobre buena práctica clínica. 3.º Adoptar, en su caso, medidas dirigidas a garantizar que los investigadores no acceden a datos de identificación de los interesados. 4.º Designar un representante legal establecido en la Unión Europea, conforme al artículo 74 del Reglamento (UE) 536/2014, si el promotor de un ensayo clínico no está establecido en la Unión Europea. Dicho representante legal podrá coincidir con el previsto en el artículo 27.1 del Reglamento (UE) 2016/679. g) El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del comité de ética de la investigación previsto en la normativa sectorial. En defecto de la existencia del mencionado Comité, la entidad responsable de la investigación requerirá informe previo del delegado de protección de datos o, en su defecto, de un experto con los conocimientos previos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679. h) En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los comités de ética de la investigación, en el ámbito de la salud, biomédico o del medicamento, deberán integrar entre sus miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un experto con conocimientos suficientes del Reglamento (UE) 2016/679 cuando se ocupen de actividades de investigación que comporten el tratamiento de datos personales o de datos seudonimizados o anonimizados. Disposición adicional decimoctava. Criterios de seguridad. La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará, con la colaboración, cuando sea precisa, de todos los actores implicados, las herramientas, guías, directrices y orientaciones que resulten precisas para dotar a los profesionales, microempresas y pequeñas y medianas empresas de pautas adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad activa establecidas en el Título IV del Reglamento (UE) 2016/679 y en el Título V de esta ley orgánica. Disposición adicional decimonovena. Derechos de los menores ante Internet. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley orgánica, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet, con el fin de garantizar su seguridad y luchar contra la discriminación y la violencia que sobre los mismos es ejercida mediante las nuevas tecnologías. Disposición adicional vigésima. Especialidades del régimen jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. No será de aplicación a la Agencia Española de Protección de Datos el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 2. La Agencia Española de Protección de Datos podrá adherirse a los sistemas de contratación centralizada establecidos por las Administraciones Públicas y participar en la gestión compartida de servicios comunes prevista en el artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposición adicional vigésima primera. Educación digital. Las Administraciones educativas darán cumplimiento al mandato contenido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 83 de esta ley orgánica en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la misma. Disposición adicional vigésima segunda. Acceso a los archivos públicos y eclesiásticos. Las autoridades públicas competentes facilitarán el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en relación con los datos que se soliciten con ocasión de investigaciones policiales o judiciales de personas desaparecidas, debiendo atender las solicitudes con prontitud y diligencia las instituciones o congregaciones religiosas a las que se realicen las peticiones de acceso. Disposición transitoria primera. Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. El Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, continuará vigente en lo que no se oponga a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica. 2. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 48 y en el artículo 49 de esta ley orgánica se aplicará una vez expire el mandato de quien ostente la condición de Director de la Agencia Española de Protección de Datos a la entrada en vigor de la misma. Disposición transitoria segunda. Códigos tipo inscritos en las autoridades de protección de datos conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los promotores de los códigos tipo inscritos en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos o en las autoridades autonómicas de protección de datos deberán adaptar su contenido a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679 en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley orgánica. Si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera solicitado la aprobación prevista en el artículo 38.4 de esta ley orgánica, se cancelará la inscripción y se comunicará a sus promotores. Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos. 1. Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de esta ley orgánica se regirán por la normativa anterior, salvo que esta ley orgánica contenga disposiciones más favorables para el interesado. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a los procedimientos respecto de los cuales ya se hubieren iniciado las actuaciones previas a las que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo III del Título IX del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Disposición transitoria cuarta. Tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680. Los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada directiva. Disposición transitoria quinta. Contratos de encargado del tratamiento. Los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. Durante dichos plazos cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el Capítulo II del Título V de esta ley orgánica. Disposición transitoria sexta. Reutilización con fines de investigación en materia de salud y biomédica de datos personales recogidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley orgánica. Se considerará lícita y compatible la reutilización con fines de investigación en salud y biomédica de datos personales recogidos lícitamente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley orgánica cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que dichos datos personales se utilicen para la finalidad concreta para la que se hubiera prestado consentimiento. b) Que, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen tales datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con la especialidad médica o investigadora en la que se integrase científicamente el estudio inicial. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional decimocuarta y en la disposición transitoria cuarta, queda derogada la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. 3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. Disposición final primera. Naturaleza de la presente ley. La presente ley tiene el carácter de ley orgánica. No obstante, tienen carácter de ley ordinaria: – El Título IV, – el Título VII, salvo los artículos 52 y 53, que tienen carácter orgánico, – el Título VIII, – el Título IX, – los artículos 79, 80, 81, 82, 88, 95, 96 y 97 del Título X, – las disposiciones adicionales, salvo la disposición adicional segunda y la disposición adicional decimoséptima, que tienen carácter orgánico, – las disposiciones transitorias, – y las disposiciones finales, salvo las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, octava, décima y decimosexta, que tienen carácter orgánico. Disposición final segunda. Título competencial. 1. Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. El Capítulo I del Título VII, el Título VIII, la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria primera sólo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos. 3. Los artículos 87 a 90 se dictan al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución reserva al Estado en materia de legislación laboral y bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos respectivamente. 4. La disposición adicional quinta y las disposiciones finales séptima y sexta se dictan al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución atribuye al Estado en materia de legislación procesal. 5. La disposición adicional tercera se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 6. El artículo 96 se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución. Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que queda redactada como sigue: Uno. El apartado 3 del artículo treinta y nueve queda redactado como sigue: «3. Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si bien solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. También serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral. No serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior.» Dos. Se añade un nuevo artículo cincuenta y ocho bis, con el contenido siguiente: «Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. 1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas. 2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. 3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial. 4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral. 5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.» Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se modifica la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los siguientes términos: Uno. Se añade un apartado tercero al artículo 58, con la siguiente redacción: «Artículo 58. Tercero. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.» Dos. Se añade una letra f) al artículo 66, con la siguiente redacción: «Artículo 66. f) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.» Tres. Se añaden una letra k) al apartado 1 y un nuevo apartado 7 al artículo 74, con la siguiente redacción: «Artículo 74. 1. […] k) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva. […] 7. Corresponde a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.» Cuatro. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 90: «7. Corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.» Disposición final quinta. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Se añade un nuevo Capítulo II al Título VI de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad con el siguiente contenido: «CAPÍTULO II Tratamiento de datos de la investigación en salud Artículo 105 bis. El tratamiento de datos personales en la investigación en salud se regirá por lo dispuesto en la Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.» Disposición final sexta. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se modifica en los siguientes términos: Uno. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 10: «7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva.» Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 11: «5. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.» Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 12: «4. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.» Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 122 ter, con el siguiente tenor: «Artículo 122 ter. Procedimiento de autorización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos. 1. El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se iniciará con la solicitud de la autoridad de protección de datos dirigida al Tribunal competente para que se pronuncie acerca de la conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos con el Derecho de la Unión Europea. La solicitud irá acompañada de copia del expediente que se encontrase pendiente de resolución ante la autoridad de protección de datos. 2. Serán partes en el procedimiento, además de la autoridad de protección de datos, quienes lo fueran en el procedimiento tramitado ante ella y, en todo caso, la Comisión Europea. 3. El acuerdo de admisión o inadmisión a trámite del procedimiento confirmará, modificará o levantará la suspensión del procedimiento por posible vulneración de la normativa de protección de datos tramitado ante la autoridad de protección de datos, del que trae causa este procedimiento de autorización judicial. 4. Admitida a trámite la solicitud, el Tribunal competente lo notificará a la autoridad de protección de datos a fin de que dé traslado a quienes interviniesen en el procedimiento tramitado ante la misma para que se personen en el plazo de tres días. Igualmente, se dará traslado a la Comisión Europea a los mismos efectos. 5. Concluido el plazo mencionado en la letra anterior, se dará traslado de la solicitud de autorización a las partes personadas a fin de que en el plazo de diez días aleguen lo que estimen procedente, pudiendo solicitar en ese momento la práctica de las pruebas que estimen necesarias. 6. Transcurrido el período de prueba, si alguna de las partes lo hubiese solicitado y el órgano jurisdiccional lo estimase pertinente, se celebrará una vista. El Tribunal podrá decidir el alcance de las cuestiones sobre las que las partes deberán centrar sus alegaciones en dicha vista. 7. Finalizados los trámites mencionados en los tres apartados anteriores, el Tribunal competente adoptará en el plazo de diez días una de estas decisiones: a) Si considerase que la decisión de la Comisión Europea es conforme al Derecho de la Unión Europea, dictará sentencia declarándolo así y denegando la autorización solicitada. b) En caso de considerar que la decisión es contraria al Derecho de la Unión Europea, dictará auto de planteamiento de cuestión prejudicial de validez de la citada decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los términos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La autorización solamente podrá ser concedida si la decisión de la Comisión Europea cuestionada fuera declarada inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 8. El régimen de recursos será el previsto en esta ley.» Disposición final séptima. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se modifica el artículo 15 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado como sigue: «Artículo 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia y de protección de datos. 1. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias podrán intervenir en los procesos de defensa de la competencia y de protección de datos, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Con la venia del correspondiente órgano judicial, podrán presentar también observaciones verbales. A estos efectos, podrán solicitar al órgano jurisdiccional competente que les remita o haga remitir todos los documentos necesarios para realizar una valoración del asunto de que se trate. La aportación de información no alcanzará a los datos o documentos obtenidos en el ámbito de las circunstancias de aplicación de la exención o reducción del importe de las multas previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas aportarán la información o presentarán las observaciones previstas en el número anterior diez días antes de la celebración del acto del juicio a que se refiere el artículo 433 o dentro del plazo de oposición o impugnación del recurso interpuesto. 3. Lo dispuesto en los anteriores apartados en materia de procedimiento será asimismo de aplicación cuando la Comisión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus competencias, consideren precisa su intervención en un proceso que afecte a cuestiones relativas a la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.» Disposición final octava. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Se incluye una nueva letra l) en el apartado 2 del artículo 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con el contenido siguiente: «l) La formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet.» Disposición final novena. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que pasa a tener el siguiente tenor: «Artículo 16. […] 3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clinicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el apartado 2 de la Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Asimismo se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clinicoasistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso. Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración que solicitase el acceso a los datos.» Disposición final décima. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Se incluye una nueva letra l) en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que queda redactado como sigue: «l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.» Disposición final undécima. Modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en los siguientes términos: Uno. Se añade un nuevo artículo 6 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.» Dos. El apartado 1 del artículo 15 queda redactado como sigue: «1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.» Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que pasan a tener la siguiente redacción: «Artículo 28. […] 2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente. 3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.» Disposición final decimotercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se añade un nuevo artículo 20 bis al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con el siguiente contenido: «Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión. Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.» Disposición final decimocuarta. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se añade una nueva letra j bis) en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que quedará redactada como sigue: «j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.» Disposición final decimoquinta. Desarrollo normativo. Se habilita al Gobierno para desarrollar lo dispuesto en los artículos 3.2, 38.6, 45.2, 63.3, 96.3 y disposición adicional sexta, en los términos establecidos en ellos. Disposición final decimosexta. Entrada en vigor. La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 5 de diciembre de 2018. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Cuatro leyes: Reforma electoral para que puedan votar discapacitados intelectuales. Evaluación ambiental. Agua para Huelva y LOPD

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. ÍNDICE Preámbulo. Título I. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. Artículo 2. Ámbito de aplicación de los títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. Artículo 3. Datos de las personas fallecidas. Título II. Principios de protección de datos. Artículo 4. Exactitud de los datos. Artículo 5. Deber de confidencialidad. Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad. Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. Artículo 9. Categorías especiales de datos. Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal. Título III. Derechos de las personas. Capítulo I. Transparencia e información. Artículo 11. Transparencia e información al afectado. Capítulo II. Ejercicio de los derechos. Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. Artículo 13. Derecho de acceso. Artículo 14. Derecho de rectificación. Artículo 15. Derecho de supresión. Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento. Artículo 17. Derecho a la portabilidad. Artículo 18. Derecho de oposición. Título IV. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Artículo 19. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales. Artículo 20. Sistemas de información crediticia. Artículo 21. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia. Artículo 23. Sistemas de exclusión publicitaria. Artículo 24. Sistemas de información de denuncias internas. Artículo 25. Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública. Artículo 26. Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas. Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. Título V. Responsable y encargado del tratamiento. Capítulo I. Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa. Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento. Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea. Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento. Artículo 32. Bloqueo de los datos. Capítulo II. Encargado del tratamiento. Artículo 33. Encargado del tratamiento. Capítulo III. Delegado de protección de datos. Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos. Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos. Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos. Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos. Capítulo IV. Códigos de conducta y certificación. Artículo 38. Códigos de conducta. Artículo 39. Acreditación de instituciones de certificación. Título VI. Transferencias internacionales de datos. Artículo 40. Régimen de las transferencias internacionales de datos. Artículo 41. Supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 42. Supuestos sometidos a autorización previa de las autoridades de protección de datos. Artículo 43. Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de protección de datos competente. Título VII. Autoridades de protección de datos. Capítulo I. La Agencia Española de Protección de Datos. Sección 1.ª Disposiciones generales. Artículo 44. Disposiciones generales. Artículo 45. Régimen jurídico. Artículo 46. Régimen económico presupuestario y de personal. Artículo 47. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 48. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 49. Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 50. Publicidad. Sección 2.ª Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva. Artículo 51. Ámbito y personal competente. Artículo 52. Deber de colaboración. Artículo 53. Alcance de la actividad de investigación. Artículo 54. Planes de auditoría. Sección 3.ª Otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 55. Potestades de regulación. Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 56. Acción exterior. Capítulo II. Autoridades autonómicas de protección de datos. Sección 1.ª Disposiciones generales. Artículo 57. Autoridades autonómicas de protección de datos. Artículo 58. Cooperación institucional. Artículo 59. Tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679. Sección 2.ª Coordinación en el marco de los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679. Artículo 60. Coordinación en caso de emisión de dictamen por el Comité Europeo de Protección de Datos. Artículo 61. Intervención en caso de tratamientos transfronterizos. Artículo 62. Coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Europeo de Protección de Datos. Título VIII. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Artículo ### RESUMEN: Cuatro leyes: Reforma electoral para que puedan votar discapacitados intelectuales. Evaluación ambiental. Agua para Huelva y LOPD

La Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados. En el artículo 3.5 de la referida orden se indica que los precios máximos de venta al público se revisarán con periodicidad bimestral y producirán efectos a partir del tercer martes del mes en el que se efectué la revisión. Asimismo, en el artículo 6 se establece que la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, efectuará los cálculos necesarios para la aplicación del sistema establecido en la mencionada orden y dictará las correspondientes resoluciones de determinación de costes de comercialización y de los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, en su modalidad envasado, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente y con el fin de hacer públicos los nuevos precios máximos de los gases licuados del petróleo en dicha modalidad de suministro, esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente: Primero. Ámbito de aplicación. 1. La presente resolución será de aplicación en todo el territorio español, a los suministros de los gases licuados del petróleo pendientes de ejecución el día 15 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que a las cero horas del día 15 de septiembre de 2015 aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización. 2. Las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer variaciones en más o en menos sobre los costes de comercialización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados. 3. En particular, lo previsto en esta resolución será de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo envasados en recipientes de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg de contenido de GLP, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 4. Esta resolución no será de aplicación a los gases licuados del petróleo envasados en envases con una tara inferior o igual a los 9 kg, excepto para aquellos operadores al por mayor de GLP, con obligación de suministro domiciliario en el correspondiente ámbito territorial, que no dispongan de envases cuya tara sea superior a 9 kg, de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Segundo. Precio máximo de venta antes de impuestos. Desde las cero horas del día 15 de septiembre de 2015, el precio máximo de venta, antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo incluidos en el ámbito de aplicación de esta resolución será de 82,8918 c€/Kg. Tercero. Coste de comercialización. El coste de comercialización sin impuestos, considerado en el precio indicado en el apartado anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados es de 50,1143 c€/Kg. Cuarto. Precios de referencia y desajustes. En el precio máximo de venta indicado en el apartado segundo, establecido según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 y en la disposición transitoria única de la citada Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, se han tenido en cuenta los siguientes cálculos y desajustes para el próximo periodo: Bimestre Tipo de cambio – $/€ Cotización Internacional – $/Tm Flete (Fb) – $/Tm Coste de comercialización (CCb) – c€/Kg Coste de la materia prima (CMPb) – c€/kg Precio sin impuestos teórico sin desajuste (PSIbt) – c€/Kg Desajuste (Xb) – c€/Kg Precio sin impuestos (PSIb) – c€/Kg 2015/4 1,118139 346,1000 49,20 50,1143 35,3534 85,4677 –1,6940 87,2545 2015/5 1,106742 283,6300 42,50 50,1143 29,4676 79,5819 –3,1073 82,8918 Para obtener estos precios se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional ($/Tm): Propano agosto: 294,7. Butano agosto: 297,5. Propano septiembre: 260. Butano septiembre: 272,9. Fletes julio ($/Tm): 45,4. Fletes agosto ($/Tm): 39,6. Media julio del cambio dólar/euro: 1,099578. Media agosto del cambio dólar/euro: 1,113905. Quinto. Eficacia. Esta resolución surtirá efectos desde el día 15 de septiembre de 2015. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía, en el plazo de un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 9 de septiembre de 2015.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.

Bajan un poco los precios de gas natural y butano

La Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados. En el artículo 3.5 de la referida orden se indica que los precios máximos de venta al público se revisarán con periodicidad bimestral y producirán efectos a partir del tercer martes del mes en el que se efectué la revisión. Asimismo, en el artículo 6 se establece que la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, efectuará los cálculos necesarios para la aplicación del sistema establecido en la mencionada orden y dictará las correspondientes resoluciones de determinación de costes de comercialización y de los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, en su modalidad envasado, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente y con el fin de hacer públicos los nuevos precios máximos de los gases licuados del petróleo en dicha modalidad de suministro, esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente: Primero. Ámbito de aplicación. 1. La presente resolución será de aplicación en todo el territorio español, a los suministros de los gases licuados del petróleo pendientes de ejecución el día 15 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que a las cero horas del día 15 de septiembre de 2015 aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización. 2. Las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer variaciones en más o en menos sobre los costes de comercialización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados. 3. En particular, lo previsto en esta resolución será de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo envasados en recipientes de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg de contenido de GLP, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 4. Esta resolución no será de aplicación a los gases licuados del petróleo envasados en envases con una tara inferior o igual a los 9 kg, excepto para aquellos operadores al por mayor de GLP, con obligación de suministro domiciliario en el correspondiente ámbito territorial, que no dispongan de envases cuya tara sea superior a 9 kg, de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Segundo. Precio máximo de venta antes de impuestos. Desde las cero horas del día 15 de septiembre de 2015, el precio máximo de venta, antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo incluidos en el ámbito de aplicación de esta resolución será de 82,8918 c€/Kg. Tercero. Coste de comercialización. El coste de comercialización sin impuestos, considerado en el precio indicado en el apartado anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados es de 50,1143 c€/Kg. Cuarto. Precios de referencia y desajustes. En el precio máximo de venta indicado en el apartado segundo, establecido según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 y en la disposición transitoria única de la citada Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, se han tenido en cuenta los siguientes cálculos y desajustes para el próximo periodo: Bimestre Tipo de cambio – $/€ Cotización Internacional – $/Tm Flete (Fb) – $/Tm Coste de comercialización (CCb) – c€/Kg Coste de la materia prima (CMPb) – c€/kg Precio sin impuestos teórico sin desajuste (PSIbt) – c€/Kg Desajuste (Xb) – c€/Kg Precio sin impuestos (PSIb) – c€/Kg 2015/4 1,118139 346,1000 49,20 50,1143 35,3534 85,4677 –1,6940 87,2545 2015/5 1,106742 283,6300 42,50 50,1143 29,4676 79,5819 –3,1073 82,8918 Para obtener estos precios se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional ($/Tm): Propano agosto: 294,7. Butano agosto: 297,5. Propano septiembre: 260. Butano septiembre: 272,9. Fletes julio ($/Tm): 45,4. Fletes agosto ($/Tm): 39,6. Media julio del cambio dólar/euro: 1,099578. Media agosto del cambio dólar/euro: 1,113905. Quinto. Eficacia. Esta resolución surtirá efectos desde el día 15 de septiembre de 2015. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía, en el plazo de un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 9 de septiembre de 2015.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín. ### RESUMEN: Bajan un poco los precios de gas natural y butano

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección General ha resuelto ordenar la publicación de las ayudas concedidas a entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico, correspondientes al ejercicio 2014. Las ayudas se han concedido conforme a lo dispuesto en la Orden INT/1834/2013, de 7 de octubre, por la que se establecieron las bases reguladoras de las convocatorias (BOE del 11) y en la Resolución de 2 de abril de 2014, de la Dirección General de Tráfico (BOE del 9) por la que se publicó la convocatoria de las ayudas, por un importe total de 450 000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 16.101.132B.488 del presupuesto de gastos de la Jefatura Central de Tráfico, según figura en el anexo. Madrid, 21 de agosto de 2014.–La Directora General de Tráfico, María Seguí Gómez. ANEXO Subvenciones concedidas Entidad C.I.F. Proyectos Cuantía – Euros AESLEME Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. G-80061856 – Atención jurídica. – Atención psicológica. – Te puede pasar. – Road Show. – Cursos de reeducación del carné por puntos. – Programa de prevención del consumo del alcohol y otras drogas ligadas a la conducción de vehículos: «Si controlas, vuelves». – Programa de integración laboral para personas discapacitadas graves después de un accidente. 104 957,83 ASPAYM Asociación de Parapléjicos y Grandes discapacitados Físicos. G-45018744 – Atención al nuevo lesionado medular por accidente de tráfico y sus familias. – Campaña de prevención de accidentes de trafico: «No corras. No bebas. No cambies de ruedas». – Nunca es tarde: experiencia y prudencia. 69 550,15 DIA Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes. G-53745402 – Servicio de atención integral a victimas de accidentes de tráfico. – Coste 0,0: cero drogas, cero accidentes. Concienciación vial para jóvenes. – AutoEducArte, actúa, protagoniza, aprende. 39 025,07 FEDACE Federación Española de Daño Cerebral. G-41792284 – Atención psicológica integral para la promoción de la autonomía personal de personas con daño cerebral por traumatismo craneoencefálico en accidentes de tráfico. – Programa de Prevención para la Seguridad Vial. 60 978,89 Fundación AVATA. G-85982171 – Diseño y desarrollo de itinerarios de inserción para el acompañamiento psicológico, jurídico y socio-laboral. – Testimonio: Una herramienta terapéutica para concienciar. – Revista sensibilización accidente de trafico. 21 294, 50 Fundación CEA. G-85839256 – Servicio de atención de 24 horas a victimas de accidentes de tráfico. – Campaña educativa: amaxofobia. 17 570,19 P A T Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico. G-58028614 – Programa de orientación y atención psicológica a víctimas de accidentes de tráfico. – Programa de orientación y atención jurídico-legal a víctimas de accidentes de tráfico. 32 859, 46 STOP Accidentes. G-62484480 – Atención psicológica integral en víctimas y familiares de accidentes de tráfico. – Intervención psicoterapéutica grupal. – Asesoramiento jurídico personalizado a víctimas y familiares de los accidentes de tráfico. – Multiplicadores de vida. – La seguridad vial, un valor para la convivencia. 103 763,91 Total 450 000,00

Las ayudas a organizaciones que trabajan con víctimas de accidentes de tráfico se mantiene en 450.000 €

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección General ha resuelto ordenar la publicación de las ayudas concedidas a entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico, correspondientes al ejercicio 2014. Las ayudas se han concedido conforme a lo dispuesto en la Orden INT/1834/2013, de 7 de octubre, por la que se establecieron las bases reguladoras de las convocatorias (BOE del 11) y en la Resolución de 2 de abril de 2014, de la Dirección General de Tráfico (BOE del 9) por la que se publicó la convocatoria de las ayudas, por un importe total de 450 000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 16.101.132B.488 del presupuesto de gastos de la Jefatura Central de Tráfico, según figura en el anexo. Madrid, 21 de agosto de 2014.–La Directora General de Tráfico, María Seguí Gómez. ANEXO Subvenciones concedidas Entidad C.I.F. Proyectos Cuantía – Euros AESLEME Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. G-80061856 – Atención jurídica. – Atención psicológica. – Te puede pasar. – Road Show. – Cursos de reeducación del carné por puntos. – Programa de prevención del consumo del alcohol y otras drogas ligadas a la conducción de vehículos: «Si controlas, vuelves». – Programa de integración laboral para personas discapacitadas graves después de un accidente. 104 957,83 ASPAYM Asociación de Parapléjicos y Grandes discapacitados Físicos. G-45018744 – Atención al nuevo lesionado medular por accidente de tráfico y sus familias. – Campaña de prevención de accidentes de trafico: «No corras. No bebas. No cambies de ruedas». – Nunca es tarde: experiencia y prudencia. 69 550,15 DIA Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes. G-53745402 – Servicio de atención integral a victimas de accidentes de tráfico. – Coste 0,0: cero drogas, cero accidentes. Concienciación vial para jóvenes. – AutoEducArte, actúa, protagoniza, aprende. 39 025,07 FEDACE Federación Española de Daño Cerebral. G-41792284 – Atención psicológica integral para la promoción de la autonomía personal de personas con daño cerebral por traumatismo craneoencefálico en accidentes de tráfico. – Programa de Prevención para la Seguridad Vial. 60 978,89 Fundación AVATA. G-85982171 – Diseño y desarrollo de itinerarios de inserción para el acompañamiento psicológico, jurídico y socio-laboral. – Testimonio: Una herramienta terapéutica para concienciar. – Revista sensibilización accidente de trafico. 21 294, 50 Fundación CEA. G-85839256 – Servicio de atención de 24 horas a victimas de accidentes de tráfico. – Campaña educativa: amaxofobia. 17 570,19 P A T Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico. G-58028614 – Programa de orientación y atención psicológica a víctimas de accidentes de tráfico. – Programa de orientación y atención jurídico-legal a víctimas de accidentes de tráfico. 32 859, 46 STOP Accidentes. G-62484480 – Atención psicológica integral en víctimas y familiares de accidentes de tráfico. – Intervención psicoterapéutica grupal. – Asesoramiento jurídico personalizado a víctimas y familiares de los accidentes de tráfico. – Multiplicadores de vida. – La seguridad vial, un valor para la convivencia. 103 763,91 Total 450 000,00 ### RESUMEN: Las ayudas a organizaciones que trabajan con víctimas de accidentes de tráfico se mantiene en 450.000 €

I El progresivo deterioro de las finanzas públicas experimentado desde el inicio de la crisis económica hizo inevitable la adopción de una serie de medidas a finales de 2011, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, dirigidas a poner las bases para la reducción del desequilibrio presupuestario, como punto de partida para conseguir la reactivación económica. En tales circunstancias, con una tasa de crecimiento negativa del Producto Interior Bruto, con un elevado déficit público, una tasa de paro creciente y una caída en el número de ocupados, entre las medidas incorporadas al ordenamiento tributario por el citado Real Decreto-ley 20/2011, resultó ineludible el establecimiento de un gravamen complementario temporal a la cuota íntegra estatal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicable para los períodos impositivos 2012 y 2013, posteriormente prorrogado para 2014 a través de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, gravamen que reforzó la progresividad del impuestos y requirió de un notable esfuerzo por parte de los contribuyentes. Una vez estabilizadas las cifras de recaudación tributaria, se han adoptado numerosas medidas en el ámbito tributario cuyo fin último ha sido contribuir a la recuperación de la actividad económica y al crecimiento, por tanto, a la creación de empleo y manteniendo la reducción del déficit público, cumpliendo con el objetivo de estabilidad de las finanzas públicas comprometido con las autoridades europeas y recuperando la credibilidad en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Tras dos años, 2012 y 2013, especialmente difíciles habida cuenta del rigor de las medidas introducidas, en un contexto de incipiente recuperación económica, se abordó durante 2014 una ambiciosa reforma tributaria, plasmada en el Derecho positivo en las Leyes 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 15/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Dicha reforma incorpora una importante y generalizada reducción de la carga impositiva soportada por los contribuyentes, cuya concreción última ha de ser un aumento en la renta disponible por parte de estos y, a resultas de ello, una mejora en diversas variables económicas. La reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2015 se diseñó para una implantación gradual en dos fases, 2015 y 2016, porque en el marco de las previsiones económicas vigentes en aquel momento el Gobierno actuó con prudencia en la conciliación entre los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo perseguido con la reforma de apuntalar el crecimiento económico y creación de empleo. Sin embargo, la evolución de la economía ha sido más positiva de lo esperado y las previsiones han mejorado continuamente. El escenario macroeconómico aprobado en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, momento en el que se diseñaba la reforma fiscal, preveía un crecimiento del producto interior bruto real del 2 por ciento para este año y, actualmente, la previsión oficial es que el crecimiento alcance un 3,3 por ciento. Del mismo modo, la previsión inicial para el ejercicio 2015 era un aumento de empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del 1,4 por ciento, y ya en el primer trimestre de 2015, según datos de contabilidad nacional trimestral, ha crecido a una tasa interanual del 2,8%, el doble de lo previsto, y se prevé crecimiento del 3% en 2015. La mejora económica se viene manifestando también en la mejora de la recaudación tributaria. Las bases imponibles agregadas de los principales impuestos crecieron un 2,6 por ciento en el año 2014, por primera vez después de seis años consecutivos de descensos. Ahora, las bases imponibles han acelerado su tasa de crecimiento en el primer trimestre de 2015 hasta un 4,2 por ciento. De esta forma los ingresos tributarios han crecido de forma sostenida en los primeros meses del año, incluso estando ya en vigor la reforma fiscal. Los ingresos tributarios en términos homogéneos, es decir, corregidos de los distintos ritmos de devoluciones tributarias y otros efectos de calendario, crecieron entre enero y mayo a una tasa interanual del 3,7 por ciento. En el caso concreto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la recaudación en términos homogéneos se mantiene en niveles prácticamente iguales al año anterior, de forma que el buen ritmo del aumento del empleo y la moderada mejora en los salarios medios hacen que se esté compensando el coste inicial de la reforma fiscal con el crecimiento de las rentas sujetas a gravamen. Por estas razones, es posible adelantar seis meses la segunda fase de la rebaja en el IRPF, a julio de 2015. Con la actual evolución de la recaudación, resulta aconsejable acelerar la implantación de alguna de las medidas de la reforma tributaria, adelantando el calendario inicialmente diseñado, de manera que se incremente la rebaja impositiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2015. El impacto automático de la aprobación de una nueva tarifa del impuesto, a través del sistema de retenciones e ingresos a cuenta, incrementará la liquidez disponible para los contribuyentes a lo largo del segundo semestre de este año, en una cuantía que se estima en mil quinientos millones de euros. Por otra parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas debe atender la situación de especial dificultad por la que pueden estar atravesando determinados contribuyentes, por lo que resulta imprescindible mitigar la tributación de las ayudas que perciben colectivos que se encuentren en situaciones de especial necesidad, al tiempo que se evita el embargo o traba de las mismas, atendiendo el Impuesto no solo a criterios de justicia tributaria sino de justicia social. Los innegables efectos beneficiosos antes aludidos para consolidar la recuperación económica justifican la introducción de estas medidas en nuestro ordenamiento jurídico de manera inmediata, ya que concurre, por su naturaleza y finalidad, la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para la utilización del real decreto-ley, requisito imprescindible, como ha recordado, por otra parte, la jurisprudencia constitucional. Partiendo de estas premisas, el capítulo I del presente Real Decreto-ley está integrado por cuatro artículos. El artículo primero introduce diversas modificaciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El citado artículo adopta la principal medida de este Real Decreto-ley en cuya virtud se incrementará la renta disponible de los contribuyentes de dicho impuesto. La instrumentación de dicha medida se lleva a cabo mediante la aprobación de una nueva escala general estatal y del ahorro aplicables desde 1 de enero de 2015 en la que se reducen en medio punto los marginales correspondientes a cada uno de los tramos de las citadas escalas. En este escenario, y con la finalidad de trasladar este incremento de renta disponible de forma significativa a los trabajadores por cuenta ajena y autónomos, se aprueba, para el primero de ellos, una nueva escala de retención que se tendrá en cuenta para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 1 de agosto, que, lógicamente, determinará una rebaja generalizada del citado tipo de retención. No obstante, los pagadores podrán aplicar la nueva escala desde la propia fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Ahora bien, debe advertirse que lo indicado anteriormente no significa que los efectos económicos de dicha medida se limiten a reducir la carga tributaria de los rendimientos satisfechos a partir de dicha fecha, ya que para calcular el nuevo tipo de retención se tiene en cuenta la nueva escala y las retribuciones obtenidas desde el 1 de enero de 2015, lo que determinará que el nuevo tipo de retención sea menor para corregir el exceso de retención soportado en las nóminas correspondientes a los meses anteriores, haciendo de esta forma efectiva la rebaja con efectos desde 1 de enero de 2015. En cuanto a los trabajadores autónomos, bajo la misma perspectiva de incrementar su renta disponible, se reduce de forma generalizada el tipo de retención, que queda fijado, cualquiera que sea el nivel de sus ingresos, en un 15 por ciento a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Al mismo tiempo, a partir de dicha fecha, se rebaja al 7 por ciento el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable durante los tres primeros años de inicio de la actividad profesional. La rebaja anterior obliga a reducir en el mismo importe la cuantía del tipo fijo de retención aplicable a los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias o similares, así como de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación. Igualmente, en relación con las rentas del ahorro y otras rentas sujetas a retención, se minora el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, que quedará fijado en el 19,5 por ciento frente al 20 por ciento actual. Adicionalmente, dada la especial situación por la que pueden estar pasando determinados contribuyentes, se declaran exentas las ayudas públicas concedidas por las Comunidades Autónomas o entidades locales para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples, así como las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y, en particular, a víctimas de violencia de género. Por otra parte, dada su pequeña cuantía y el elevado número de contribuyentes afectados, que puede incluso llegar a producir una tributación superior a la propia ayuda percibida en caso de que, por percibir la misma, se conviertan en obligados a presentar declaración, se declaran igualmente exentas las ayudas percibidas para compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital Por último, en los mismos términos que en ejercicios anteriores, se aclara cuál será la escala autonómica aplicable a los contribuyentes que residan en Ceuta y Melilla. El artículo segundo, como consecuencia de las reducciones en los tipos de retención e ingreso a cuenta anteriormente señalados, modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, rebajando el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable del 20 al 19,5 por ciento a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Igualmente, por las mismas razones, el artículo tercero modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo, rebajando el tipo de gravamen previsto en el apartado 2 del artículo 19 y en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 25 del citado texto refundido, al 19,5 por ciento, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Por último, el artículo cuarto, con la finalidad de posibilitar la consecución de los objetivos a que se destinan determinadas prestaciones y ayudas concedidas por las distintas Administraciones Públicas, se limita la posibilidad de embargo de las mismas mediante la aplicación de las reglas que ya rigen en la actualidad en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los embargos del salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente. II El capítulo II del presente Real Decreto-ley está integrado por tres artículos, mediante los que se adoptan determinadas medidas relacionadas con el sector energético. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, dando continuidad a lo ya previsto con anterioridad en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, establece la posibilidad de que la retribución de la actividad de producción contemple un componente en concepto de mecanismo de capacidad. El objetivo es, según la ley, dotar al sistema de un margen de cobertura adecuado e incentivar la disponibilidad de potencia gestionable. Los mecanismos por capacidad incluyen dos tipos de servicios: el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo y el servicio de disponibilidad a medio plazo. El incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo se encuentra regulado en la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y tiene por objeto retribuir la inversión en nueva capacidad, necesaria para asegurar la cobertura de la demanda en el largo plazo. Este mecanismo incentiva la puesta a disposición del operador del sistema de determinada potencia instalada que se acredita mediante el acta de puesta en marcha de la instalación de generación. La citada Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, además del incentivo de inversión a largo plazo, regulaba también un pago en concepto de servicio de disponibilidad, definiéndose éste como un servicio de medio plazo para completar los servicios de ajuste del sistema destinados a asegurar la disponibilidad de potencia a corto plazo. Este servicio de disponibilidad se desarrolló mediante la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión al que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, mantiene la diferenciación entre incentivo a la inversión y servicio de disponibilidad. El mecanismo de financiación de los pagos por capacidad es el previsto en la disposición adicional séptima de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008. De acuerdo con ella, están obligados al pago por capacidad todos los comercializadores y consumidores directos en mercado por la energía que efectivamente adquieran a través de las diferentes modalidades de contratación y destinada al consumo interno español, salvo la energía correspondiente al autoconsumo de producción y al consumo de bombeo. Los precios unitarios para la financiación de los pagos por capacidad que son actualmente de aplicación a la demanda son los establecidos en la disposición adicional cuarta de la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a los que hay que añadir los previstos para los peajes de acceso supervalle en el anexo I.2.2.3 de la Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan los peajes de acceso, se establecen los precios de los peajes de acceso supervalle y se actualizan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir de 1 de octubre de 2011, y los previstos para los peajes de acceso 6.1A y 6.1B en el anexo I.2 de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015 En el año 2010, los precios de los pagos por capacidad fueron revisados a fin de adecuarlos a la entrada en vigor del mecanismo regulado en el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. Este mecanismo era de aplicación a instalaciones de generación que utilizan como combustible carbón autóctono y los costes derivados de su aplicación suponían un sobrecoste directo para el consumidor que contribuye a su financiación a través de los pagos por capacidad. El hecho de que el 31 de diciembre del año 2014 finalizase de manera improrrogable el mecanismo de restricciones por garantía de suministro regulado por el anteriormente citado Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, motiva la revisión de los precios en concepto de pagos por capacidad. Por criterios de prudencia y hasta ver el comportamiento real de la demanda, cuya recuperación se viene constatando, hasta el momento se ha mantenido la cantidad que pagan los consumidores por este concepto, existiendo un exceso de recaudación en esta partida para el año 2015, que se viene confirmando además en las diferentes liquidaciones del sector eléctrico realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ante esta situación, se recoge en la presente norma una revisión de los precios que soportan los consumidores en concepto de pagos por capacidad, ajustando los valores unitarios, y que supone una reducción de la cantidad que pagan actualmente en términos anuales, contribuyendo por tanto a la disminución de la factura eléctrica que se mantendrá desde su entrada en vigor. No obstante, para 2015 para efectuar una reducción equivalente de la cuantía total en concepto de pagos por capacidad debe tenerse en cuenta que los valores unitarios aplican solo en los meses que restan de año (agosto-diciembre), lo que se traduce en una disminución media de la factura anual de los precios de los consumidores en estos meses superior a lo que representaría en cómputo anual. Por tanto, la medida debe adoptarse con la máxima antelación posible para evitar saltos bruscos en la repercusión que estos cambios de precios podrían suponer para los consumidores en caso de retrasarse su aprobación, lo que rompería la estabilidad de precios actual. En todo caso, esta medida se adopta sin que se altere, en ningún caso, la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico exigida en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dado que está garantizado el equilibrio entre las diferentes partidas de ingresos y costes que lo componen. El segundo de los artículos de este capítulo II incorpora una modificación de la Ley del Sector Eléctrico dirigida a beneficiar a los consumidores de pequeña potencia que decidan autoconsumir energía eléctrica. El artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de noviembre, del Sector Eléctrico, regula el autoconsumo. El apartado 3 determina que «todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico. Para ello estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que correspondan a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo descritas en el apartado anterior.» Además contempla una excepción en el caso de los territorios no peninsulares cuando supongan una reducción de los costes de dichos sistemas, si bien no se había contemplado ningún tratamiento específico para aquellos pequeños consumidores. En la actualidad, con esta medida se amplía la excepción a los consumidores de pequeña potencia que decidieran autoconsumir energía eléctrica con el objetivo de minorar las cargas administrativas, de gestión y sus costes asociados. Su impacto para el conjunto del sistema eléctrico es poco significativo, por lo que resulta conveniente flexibilizar esta carga. Por ello resulta conveniente ampliar esta excepción a estos casos. En todo caso, dicha excepción se desarrollará garantizando la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. La urgente y extraordinaria necesidad, en línea con otras medidas adoptadas en este Real Decreto-ley, viene justificada por la contribución al impulso de la economía y a la mejora de la competitividad que supone esta reducción de precios para los consumidores eléctricos. III El capítulo II de este Real Decreto-ley recoge finalmente otras medidas excepcionales de carácter social a favor de empresas de la minería de carbón no competitiva. La Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas no competitivas, consideró que la aportación del carbón subvencionado a las fuentes de energías autóctonas que contribuyen al abastecimiento de la Unión Europea no justificaba el mantenimiento indefinido de las subvenciones, limitando hasta 2018 la posibilidad de que los Estados miembros concedieran ayudas a las minas no competitivas para cubrir los costes relacionados con el carbón destinado a la producción de electricidad. Para ello exigió un Plan de Cierre de las unidades de producción no competitivas, de modo que pudiese desarrollarse un cese ordenado de las actividades mineras en dichas unidades de producción que culminase a más tardar el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, con esa norma se ofrecía también un marco jurídico que facilitaba a los Estados miembros mitigar eficazmente los posibles efectos perjudiciales de los cierres de minas, especialmente en sus aspectos sociales, a fin de minimizar su impacto en zonas eminentemente mineras. En nuestro país ello se tradujo en un Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el período 2013-2018, acordado el día 1 de octubre de 2013 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con la central sindical FITAG-UGT, la Federación de Industria de CC.OO, la Federación de Industria de USO y, la agrupación de empresarios del sector, CARBUNIÓN. Este marco, adoptado de conformidad con lo dispuesto en la referida Decisión del Consejo de 10 de diciembre, se configura «como el instrumento de planificación de las políticas públicas de reordenación del sector de la minería del carbón (…) en el escenario establecido por la Decisión.» Persiguiendo, entre otros objetivos, «atenuar el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo, así como su repercusión en la economía regional.» A la consecución de los distintos objetivos previstos en el mismo se destinaron diferentes líneas de ayudas, entre las que figuran, las denominadas ayudas por costes excepcionales, siendo una de sus modalidades, «las Ayudas de carácter social destinadas a financiar procesos de reducción de plantilla de unidades de producción de carbón que cierren». Tales ayudas permiten asumir el coste de prestaciones sociales derivadas de la jubilación de quienes no tienen la edad legal de jubilación, o el pago de indemnizaciones ajenas al sistema legal, según determina el anexo de la referida decisión comunitaria, atendiendo a lo dispuesto en su artículo 4 «Ayudas para cubrir costes excepcionales». Estas líneas de ayudas las desarrolla el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón. Conforme a esta norma, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018, se podrá financiar la reducción de las plantillas propias de las empresas que cierren sus unidades de producción de carbón, por medio de ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada y mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario, a las que accederían los trabajadores en función del cumplimiento de una serie de requisitos objetivos. Tales medidas permitían cubrir la pérdida de empleo de los trabajadores del sector, cuya salida se preveía de forma escalonada hasta el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, las actuales circunstancias del sector, motivadas por la caída de la cotización del carbón en los mercados internacionales con la consiguiente pérdida de competitividad del carbón nacional frente al carbón importado en los últimos meses, han conducido a que la producción de carbón siga una curva descendente que obliga a la mayoría de las empresas a adelantar la fecha de cierre inicialmente prevista y a incurrir en declaraciones de concurso de acreedores o en situaciones de insolvencia y liquidación que llevan, inexorablemente, a la extinción de los contratos de trabajo de sus plantillas. Así, el precio internacional del carbón ha evolucionado a la baja en los dos últimos años habiendo alcanzado un precio medio CIF (coste, seguro y flete) por debajo de los 55 euros por tonelada, en marzo del año 2015, en los puertos ARA (Ámsterdam, Róterdam y Amberes) que suelen emplearse como referencia en Europa. Este desplome de la caída de los precios del carbón mucho más de lo previsto en el momento de la firma del nuevo Marco de actuación para el periodo 2013-2018 y la incertidumbre sobre la evolución de los mercados internacionales está ocasionando graves problemas de competitividad tanto a las empresas de la minería del carbón españolas como de otros países europeos que han visto enormemente limitadas sus posibilidades de suministro de carbón autóctono. En este contexto de cierre de aquellas unidades de producción no competitivas en el sector de la minería del carbón, las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, se muestran claramente insuficientes pues los requisitos establecidos se han previsto para un cese progresivo que culminaría en 2018. Resulta de capital importancia, por tanto, paliar la repercusión que el próximo cierre de las minas puede provocar en las cuencas mineras, donde ya existe un elevado índice de desempleo y limitadas oportunidades de reinserción laboral para unos trabajadores que vienen realizando tareas muy específicas, propias de un sector en crisis, en unos puestos de trabajo que requieren unas características físicas singulares del trabajador, en particular, un gran desgaste físico. Se trata, en definitiva, de facilitar el acceso a unas ayudas que ya estaban previstas, en apoyo a las empresas mineras, que llegan a esta situación de cierre muy endeudadas y con falta de liquidez, soportando el coste de la reducción de las plantillas propias, según estaba acordado en el referido Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el período 2013-2018, cuyo objetivo es garantizar una minería competitiva del sector del carbón de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión Europea. Para ello basta con permitir que se adelante la fecha de entrada al sistema de ayudas por edad avanzada de aquellos trabajadores que, de otro modo, se habrían incorporado al plan de ayudas en 2017 o 2018. Se trata de anticipar, por consiguiente, esa fecha, flexibilizando las exigencias de edad equivalente y periodo de cotización, lo que se vería compensado con una minoración del importe de la ayuda. Adicionalmente, se facilita con carácter excepcional el acceso a las ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario, a aquellos trabajadores incorporados a las plantillas de las empresas privadas de la minería de carbón no competitiva en fecha anterior a 1 de enero de 2015 y posterior a 31 de diciembre de 2011. En la adopción de estas medidas excepcionales de carácter social y voluntario a favor de los trabajadores de las empresas de la minería de carbón no competitiva, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa. En efecto, la crisis del sector, agudizada por la evolución de los precios del carbón en los mercados internacionales, hace imprescindible abordar el impacto social y regional de los procesos de cierre, como así prevé la normativa comunitaria, y garantizar, sin dilación, que el conjunto de las plantillas excedentes de la minería de carbón no competitivas puedan acceder a las categorías de ayudas amparadas por el artículo 4 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010. IV El texto del Real Decreto-ley se completa con una disposición adicional, una disposición transitoria y tres disposiciones finales. La disposición adicional única tiene como finalidad autorizar la formalización a Presupuesto de los anticipos efectuados en el año 2014 para atender los intereses de demora abonados a la Unión Europea y pendientes de aplicar a 31 de diciembre de 2014. En el ejercicio 2014 han quedado pendientes de formalizar a Presupuesto pagos efectuados a la Unión Europea, derivados de intereses de demora por el retraso en la puesta a disposición de la Unión Europea de los Recursos propios tradicionales correspondientes a una deuda que nació como consecuencia de la retirada de mercancía bajo control aduanero y que circulaba al amparo de las disposiciones del Transito Comunitario Externo, por importe de 3.172.388,46 euros. Al tener estos anticipos la consideración de obligaciones de ejercicios anteriores requieren para su formalización, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, una norma con rango de ley. Por el principio de transparencia y seguridad jurídica resulta necesario que, de manera inmediata, se proceda a regularizar estas obligaciones de ejercicios anteriores. Por tanto, concurre la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española. Las tres disposiciones finales se refieren, respectivamente, al título competencial, a la posibilidad de modificar en el futuro mediante normas de rango reglamentario el contenido de las que teniendo dicho rango hayan sido modificadas por el presente Real Decreto-ley y a la entrada en vigor del Real Decreto-ley. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, Energía y Turismo y, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de 2015, DISPONGO: CAPÍTULO I Medidas de carácter tributario Artículo 1. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Con efectos desde 1 de enero de 2015, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno. Se añade una nueva letra y) al artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma: «y) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples. Asimismo estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición.» Dos. Se añade un nuevo apartado 4 a la disposición adicional quinta, que queda redactado de la siguiente forma: «4. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, las ayudas concedidas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.» Tres. Se modifica el apartado 3 y la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley, que quedan redactados de la siguiente forma: «3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación, será del 15 por ciento. Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.» «a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria. No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente. Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.» Cuatro. Se modifica la disposición adicional trigésima primera, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional trigésima primera. Escalas y tipos de retención aplicables en 2015. 1. En el período impositivo 2015 las escalas para la determinación de la cuota íntegra del impuesto serán: a) La escala general del impuesto a que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 63 de esta Ley será la siguiente: Base liquidable – Hasta euros Cuota íntegra – Euros Resto base liquidable – Hasta euros Tipo aplicable – Porcentaje 0,00 0,00 12.450,00 9,50 12.450,00 1.182,75 7.750,00 12 20.200,00 2.112,75 13.800,00 15 34.000,00 4.182,75 26.000,00 18,5 60.000,00 8.992,75 En adelante 22,5 b) La escala a que se refiere el artículo 65 de esta Ley será la establecida en la letra a) anterior y la siguiente: Base liquidable – Hasta euros Cuota íntegra – Euros Resto base liquidable – Hasta euros Tipo aplicable – Porcentaje 0,00 0,00 12.450,00 10,00 12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50 20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50 34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50 60.000,00 9.422,75 En adelante 23,50 c) La escala del ahorro a que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 66. d) La escala del ahorro a que se refiere el número 1.º del apartado 2 del artículo 66 de esta Ley será la siguiente: Base liquidable del ahorro – Hasta euros Cuota íntegra – Euros Resto base liquidable del ahorro – Hasta euros Tipo aplicable – Porcentaje 0 0 6.000 19,5 6.000,00 1.170 44.000 21,5 50.000,00 10.630 En adelante 23,5 e) La escala del ahorro a que se refiere el número 1.º del artículo 76 de esta Ley será la siguiente: Base liquidable del ahorro – Hasta euros Cuota íntegra – Euros Resto base liquidable del ahorro – Hasta euros Tipo aplicable – Porcentaje 0 0 6.000 10 6.000,00 600 44.000 11 50.000,00 5.440 En adelante 12 f) La escala a que se refiere el número 1.º de la letra e) del apartado 2 del artículo 93 de esta Ley será la siguiente: Base liquidable – Euros Tipo aplicable – Porcentaje Hasta 600.000 euros 24 Desde 600.000,01 euros en adelante 47 g) La escala a que se refiere el número 2.º de la letra e) del apartado 2 del artículo 93 de esta Ley será la siguiente: Base liquidable del ahorro – Hasta euros Cuota íntegra – Euros Resto base liquidable del ahorro – Hasta euros Tipo aplicable – Porcentaje 0 0 6.000 19,5 6.000,00 1.170 44.000 21,5 50.000,00 10.630 En adelante 23,5 2. En el período impositivo 2015, para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a 12 de julio a los que resulte de aplicación el procedimiento general de retención a que se refiere el artículo 82 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la escala de retención a que se refiere el apartado 1 del artículo 101 de esta Ley será la siguiente: Base para calcular el tipo de retención – Hasta euros Cuota de retención – Euros Resto base para calcular el tipo de retención – Hasta euros Tipo aplicable – Porcentaje 0,00 0,00 12.450,00 20,00 12.450,00 2.490,00 7.750,00 25,00 20.200,00 4.427,50 13.800,00 31,00 34.000,00 8.705,50 26.000,00 39,00 60.000,00 18.845,50 En adelante 47,00 A partir de 12 de julio para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, la escala de retención a tomar en consideración será la siguiente: Base para calcular el tipo de retención – Hasta euros Cuota de retención – Euros Resto base para calcular el tipo de retención – Hasta euros Tipo aplicable – Porcentaje 0,00 0,00 12.450,00 19,50 12.450,00 2.427,75 7.750,00 24,50 20.200,00 4.326,5 13.800,00 30,50 34.000,00 8.535,5 26.000,00 38,00 60.000,00 18.415,5 En adelante 46,00 El tipo de retención o ingreso a cuenta se regularizará de acuerdo con la anterior escala, si procede, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 12 de julio, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, la regularización a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 1 de agosto, en cuyo caso, el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha se determinará tomando en consideración la escala de retención a que se refiere el primer párrafo de este apartado. 3. En el período impositivo 2015: a) El porcentaje de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos previstos en el apartado 3 del artículo 101 de esta Ley, satisfechos o abonados con anterioridad a 12 de julio, será el 19 por ciento. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a dichos rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, será el 15 por ciento. b) El porcentaje de retención e ingreso a cuenta a que se refiere el primer párrafo de la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley aplicable a los rendimientos satisfechos o abonados con anterioridad a 12 de julio, será el 19 por ciento. No obstante, dicho porcentaje será el 15 por ciento cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio y el contribuyente hubiera comunicado al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, será el 15 por ciento. c) El porcentaje de retención e ingreso a cuenta a que se refiere el segundo párrafo de la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley aplicable a los rendimientos satisfechos o abonados con anterioridad a 12 de julio, será el 9 por ciento. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, será el 7 por ciento. d) Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta del 19 por ciento previstos en el artículo 101 de esta Ley serán el 20 por ciento cuando la obligación de retener o ingresar a cuenta hubiera nacido con anterioridad a 12 de julio. Cuando el nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta se hubiera producido a partir de dicha fecha, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 19,5 por ciento. e) El porcentaje de retención del 35 por ciento previsto en el apartado 2 del artículo 101 de esta Ley, será el 37 por ciento, el porcentaje de retención del 45 por ciento previsto en la letra f) del apartado 2 del artículo 93 de esta Ley será el 47 por ciento y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 92.8 y del pago a cuenta del 19 por ciento previsto en la disposición adicional vigésima sexta, ambos de esta Ley, serán el 20 por ciento.» Cinco. Se modifica la disposición adicional trigésima segunda, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional trigésima segunda. Escala autonómica aplicable a los residentes en Ceuta y Melilla. La escala autonómica aplicable a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla será la prevista en el artículo 65 de esta Ley.» Artículo 2. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Con efectos a partir de 1 de enero de 2015, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades: Uno. Se deroga la letra ñ) de la disposición transitoria trigésima cuarta. Dos. Se añade una disposición transitoria trigésima octava, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria trigésima octava. Porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable en 2015. Desde 1 de enero de 2015 hasta 11 de julio de 2015, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 128 de esta Ley será el 20 por ciento. Dicho porcentaje será el 19,5 por ciento desde 12 de julio de 2015 hasta 31 de diciembre de 2015.» Artículo 3. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo. Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo: Uno. Se modifica la regla 2ª del apartado 1 del artículo 38, que queda redactada de la siguiente forma: «2.ª La cuota íntegra se determinará aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de entre los previstos en la normativa del Impuesto de Sociedades.» Dos. Se modifica la disposición adicional novena, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional novena. Tipos de gravamen aplicables en 2015. En el año 2015, para los impuestos devengados con anterioridad a 12 de julio, el tipo de gravamen del 19 por ciento previsto en el apartado 2 del artículo 19 y en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 25 de esta Ley, será del 20 por ciento. Los citados tipos serán del 19,5 por ciento cuando el impuesto se devengue a partir de dicha fecha.» Artículo 4. Prestaciones y ayudas públicas inembargables. 1. Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los embargos ordenados en el ámbito de procedimientos judiciales y administrativos que tengan por objeto las siguientes prestaciones públicas: a) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos. b) Las demás ayudas establecidas por las Comunidades Autónomas o por las Entidades Locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes. c) Las prestaciones y ayudas establecidas por el Estado con finalidad análoga a las señaladas en los apartados anteriores. d) Las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición. 2. Las prestaciones y ayudas a que se refiere este artículo serán consideradas como una percepción más a efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. CAPÍTULO II Medidas relacionadas con el sector energético Artículo 5. Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad. Los precios unitarios para la financiación de los pagos por capacidad regulados en el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y en la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión al que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, aplicables por la energía adquirida por los sujetos a los que se refiere la disposición adicional séptima de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, serán los siguientes: Peajes de acceso   Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad Euro/kWh (b.c.) P1 P2 P3 P4 P5 P6 Peajes de baja tensión:             2.0 A (Pc ≤ 10 kW). 0,008181           2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW). 0,008430 0,001422         2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW). 0,008430 0,001920 0,001138       2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW). 0,008181           2.1 DHA (10< Pc ≤ 15 kW). 0,008430 0,001422         2.1 DHS (10< Pc ≤ 15 kW). 0,008430 0,001920 0,001138       3.0 A ( Pc > 15 kW). 0,014798 0,007606 0,000102       Peajes de alta tensión:             3.1 A ( 1 kV a 36 kV). 0,011365 0,006119 0,000000       6.1A (1 kV a 30 kV). 0,011365 0,005246 0,003496 0,002622 0,002622 0,000000 6.1B (30 kV a 36 kV). 0,011365 0,005246 0,003496 0,002622 0,002622 0,000000 6.2 ( 36 kV a 72,5 kV). 0,011365 0,005246 0,003496 0,002622 0,002622 0,000000 6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ). 0,011365 0,005246 0,003496 0,002622 0,002622 0,000000 6.4 ( Mayor o igual a 145 kV). 0,011365 0,005246 0,003496 0,002622 0,002622 0,000000 Artículo 6. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Se añade un párrafo al final del artículo 9.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, redactado en los siguientes términos: «Artículo 9. 3. (...) (...) (...) Asimismo, de forma excepcional y siempre que se garantice la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema, con las condiciones que el Gobierno regule, se podrán establecer reducciones de peajes, cargos y costes para determinadas categorías de consumidores de baja tensión de la modalidad de suministro con autoconsumo. En todo caso, tanto la potencia máxima contratada de consumo como la instalada de generación no serán superiores a 10 kW.» Artículo 7. Medidas excepcionales de carácter social y voluntario a favor de trabajadores de empresas de la minería de carbón no competitiva. 1. Con carácter excepcional, podrá anticiparse a partir del 1 de enero de 2016 el acceso a las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada previstas para los ejercicios 2017 y 2018 en el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón, conforme a lo establecido a continuación: a) Se podrán acoger a estas ayudas aquellas empresas mineras susceptibles de ser beneficiarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicho real decreto, siempre que sus trabajadores reúnan los siguientes requisitos objetivos: 1.º Su condición de trabajadores con contrato indefinido en la empresa solicitante. 2.º Tener cincuenta y dos o más años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda. Se entenderá cumplido este requisito en aquellos trabajadores que sin tener esta edad tuvieran prevista su prejubilación hasta el 31 de diciembre de 2018, de haber mantenido, hasta esa fecha, el coeficiente reductor que tuviesen asignado en el momento de la extinción de su relación laboral. 3.º Antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos, tres años consecutivos, a contar desde la extinción de la relación laboral que da lugar a estas ayudas. 4.º Cotizaciones al Régimen Especial de la Minería del Carbón de la Seguridad Social durante, al menos, nueve años. 5.º Los trabajadores deberán acreditar al cumplir la edad legal de jubilación conforme a lo previsto en el artículo 161 y en la disposición transitoria vigésima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el periodo mínimo de cotización que se requiera para acceder a la misma en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. En el supuesto de modificación normativa del periodo mínimo, el trabajador que ya está cobrando estas ayudas, las tendrá garantizadas hasta que alcance un nuevo periodo mínimo exigido para acceder a su jubilación. b) La cuantificación de las ayudas se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, aplicando un porcentaje de reducción en función de la edad equivalente del trabajador. De esta forma, una vez calculada la cantidad bruta garantizada ésta se reducirá en un 4,66 por ciento a los trabajadores cuya edad equivalente sea igual o superior a 53 años e inferior a 54 años. En el caso de que dicha edad equivalente sea igual o superior a 52 años, o la misma se entienda cumplida conforme a este Real Decreto-ley, la reducción de esta cantidad será de un 9,32 por ciento. c) Las solicitudes de las empresas que deseen acogerse a las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada con carácter anticipado, podrán ser presentadas, junto con el resto de documentación exigida en el artículo 10 del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, en cualquier momento a partir del 1 de septiembre de 2015 hasta el 15 de septiembre de 2017. d) Estas ayudas se mantendrán para cada trabajador hasta que se alcance la edad legal de jubilación conforme a lo previsto en el artículo 161 y en la disposición transitoria vigésima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. En el supuesto de modificación normativa de la edad legal de jubilación, el trabajador que ya esté cobrando estas ayudas, las tendrá garantizadas hasta que alcance la edad legal para acceder a su jubilación. 2. Excepcionalmente, se podrán acoger voluntariamente a baja indemnizada los trabajadores de las empresas mineras susceptibles de ser beneficiarias de estas ayudas de acuerdo con el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, cuando así lo soliciten sus empresas antes del 1 de octubre de 2015, siempre que se acrediten los siguientes requisitos objetivos: a) Su antigüedad en el Régimen Especial de la Minería del Carbón de la Seguridad Social desde, al menos, tres años. b) Su condición de trabajadores de la plantilla anterior al 1 de enero de 2015 y posterior al 31 de diciembre de 2011, en cualquiera de las empresas mineras privadas del carbón que figuran en el anexo del referido real decreto. c) Una antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos, un año antes de la extinción del contrato de trabajo. 3. La resolución de concesión de las ayudas previstas en este artículo estará condicionada a la acreditación del efectivo cumplimiento por parte de los trabajadores de la empresa minera de los requisitos establecidos en el mismo. 4. La aplicación de estas medidas de carácter excepcional se regirá en lo no previsto en este Real Decreto-ley por el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto. 5. En todo caso, las empresas que no se acojan a estas medidas excepcionales podrán acceder a las ayudas previstas en el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, siempre que se cumplan los requisitos y demás condiciones contemplados en el mismo. Disposición adicional única. Formalización al vigente presupuesto de la Sección 34 «Relaciones Financieras con la Unión Europea» de anticipos pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre de 2014. Se autoriza la formalización al vigente presupuesto de la Sección 34 “Relaciones Financieras con la Unión Europea” del anticipo pendiente de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2014, efectuado para atender al pago a la Unión Europea de intereses de demora derivados del retraso en la puesta a disposición de determinados Recursos Propios Tradicionales, por importe de 3.172.388,46 euros. El anticipo se aplicará al crédito dotado en el Servicio 01, Programa 943M, concepto 352 Intereses de demora. Disposición transitoria única. Precio unitario transitorio para la financiación de los pagos por capacidad. Transitoriamente, los precios unitarios para la financiación de los pagos por capacidad regulados en el artículo 5 que deben aplicarse a efectos de facturación en el periodo desde el 1 de agosto de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos incluidos, serán los siguientes: Peajes de acceso Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad Euro/kWh (b.c.) P1 P2 P3 P4 P5 P6 Peajes de baja tensión:             2.0 A (Pc ≤ 10 kW). 0,005898           2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW). 0,006078 0,001026         2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW). 0,006078 0,001384 0,000821       2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW). 0,005898           2.1 DHA (10< Pc ≤ 15 kW). 0,006078 0,001026         2.1 DHS (10< Pc ≤ 15 kW). 0,006078 0,001384 0,000821       3.0 A ( Pc > 15 kW). 0,010669 0,005484 0,000073       Peajes de alta tensión:             3.1 A ( 1 kV a 36 kV). 0,008194 0,004412 0,000000       6.1A (1 kV a 30 kV). 0,008194 0,003782 0,002521 0,001891 0,001891 0,000000 6.1B (30 kV a 36 kV). 0,008194 0,003782 0,002521 0,001891 0,001891 0,000000 6.2 ( 36 kV a 72,5 kV). 0,008194 0,003782 0,002521 0,001891 0,001891 0,000000 6.3 ( 72,5 kV a 145 kV ). 0,008194 0,003782 0,002521 0,001891 0,001891 0,000000 6.4 ( Mayor o igual a 145 kV). 0,008194 0,003782 0,002521 0,001891 0,001891 0,000000 Disposición final primera. Título competencial. El capítulo I de este Real Decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda general salvo el artículo cuatro que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución, en materia de legislación procesal. Los artículos 5 y 6 del presente Real Decreto-ley se dictan al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 149.1, reglas 13.ª y 25.ª de la Constitución, atribuyen al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del régimen energético y minero, respectivamente. El artículo 7 de este Real Decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 149.1, reglas 7.ª y 13.ª de la Constitución atribuyen al Estado en materia de legislación laboral y de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Disposición final segunda. Modificación de disposiciones reglamentarias. Las modificaciones que, con posterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación por el mismo, podrán efectuarse por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que actualmente figuran. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 10 de julio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

El decreto-ley modifica leyes de eléctrica, presupuesto con la UE y ayudas trabajadores minería del carbón.

I El progresivo deterioro de las finanzas públicas experimentado desde el inicio de la crisis económica hizo inevitable la adopción de una serie de medidas a finales de 2011, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, dirigidas a poner las bases para la reducción del desequilibrio presupuestario, como punto de partida para conseguir la reactivación económica. En tales circunstancias, con una tasa de crecimiento negativa del Producto Interior Bruto, con un elevado déficit público, una tasa de paro creciente y una caída en el número de ocupados, entre las medidas incorporadas al ordenamiento tributario por el citado Real Decreto-ley 20/2011, resultó ineludible el establecimiento de un gravamen complementario temporal a la cuota íntegra estatal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicable para los períodos impositivos 2012 y 2013, posteriormente prorrogado para 2014 a través de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, gravamen que reforzó la progresividad del impuestos y requirió de un notable esfuerzo por parte de los contribuyentes. Una vez estabilizadas las cifras de recaudación tributaria, se han adoptado numerosas medidas en el ámbito tributario cuyo fin último ha sido contribuir a la recuperación de la actividad económica y al crecimiento, por tanto, a la creación de empleo y manteniendo la reducción del déficit público, cumpliendo con el objetivo de estabilidad de las finanzas públicas comprometido con las autoridades europeas y recuperando la credibilidad en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Tras dos años, 2012 y 2013, especialmente difíciles habida cuenta del rigor de las medidas introducidas, en un contexto de incipiente recuperación económica, se abordó durante 2014 una ambiciosa reforma tributaria, plasmada en el Derecho positivo en las Leyes 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 15/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Dicha reforma incorpora una importante y generalizada reducción de la carga impositiva soportada por los contribuyentes, cuya concreción última ha de ser un aumento en la renta disponible por parte de estos y, a resultas de ello, una mejora en diversas variables económicas. La reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2015 se diseñó para una implantación gradual en dos fases, 2015 y 2016, porque en el marco de las previsiones económicas vigentes en aquel momento el Gobierno actuó con prudencia en la conciliación entre los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo perseguido con la reforma de apuntalar el crecimiento económico y creación de empleo. Sin embargo, la evolución de la economía ha sido más positiva de lo esperado y las previsiones han mejorado continuamente. El escenario macroeconómico aprobado en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, momento en el que se diseñaba la reforma fiscal, preveía un crecimiento del producto interior bruto real del 2 por ciento para este año y, actualmente, la previsión oficial es que el crecimiento alcance un 3,3 por ciento. Del mismo modo, la previsión inicial para el ejercicio 2015 era un aumento de empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del 1,4 por ciento, y ya en el primer trimestre de 2015, según datos de contabilidad nacional trimestral, ha crecido a una tasa interanual del 2,8%, el doble de lo previsto, y se prevé crecimiento del 3% en 2015. La mejora económica se viene manifestando también en la mejora de la recaudación tributaria. Las bases imponibles agregadas de los principales impuestos crecieron un 2,6 por ciento en el año 2014, por primera vez después de seis años consecutivos de descensos. Ahora, las bases imponibles han acelerado su tasa de crecimiento en el primer trimestre de 2015 hasta un 4,2 por ciento. De esta forma los ingresos tributarios han crecido de forma sostenida en los primeros meses del año, incluso estando ya en vigor la reforma fiscal. Los ingresos tributarios en términos homogéneos, es decir, corregidos de los distintos ritmos de devoluciones tributarias y otros efectos de calendario, crecieron entre enero y mayo a una tasa interanual del 3,7 por ciento. En el caso concreto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la recaudación en términos homogéneos se mantiene en niveles prácticamente iguales al año anterior, de forma que el buen ritmo del aumento del empleo y la moderada mejora en los salarios medios hacen que se esté compensando el coste inicial de la reforma fiscal con el crecimiento de las rentas sujetas a gravamen. Por estas razones, es posible adelantar seis meses la segunda fase de la rebaja en el IRPF, a julio de 2015. Con la actual evolución de la recaudación, resulta aconsejable acelerar la implantación de alguna de las medidas de la reforma tributaria, adelantando el calendario inicialmente diseñado, de manera que se incremente la rebaja impositiva del Impuesto sobre la Renta ### RESUMEN: El decreto-ley modifica leyes de eléctrica, presupuesto con la UE y ayudas trabajadores minería del carbón.

Conforme a lo ordenado por dicho Tribunal en su oficio de 9 de mayo de 2022, en relación con el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación del Toro de Lidia contra el Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven (BOE número 70, de 23 de marzo de 2022), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede al emplazamiento de los posibles interesados para que, en el plazo de nueve días a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución, puedan comparecer ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, si a su derecho conviene. Madrid, 9 de junio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Laura Cadenas Lázaro.

La Fundación del Toro de lidia ha llevado al Supremo el bono cultural joven.

Conforme a lo ordenado por dicho Tribunal en su oficio de 9 de mayo de 2022, en relación con el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación del Toro de Lidia contra el Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven (BOE número 70, de 23 de marzo de 2022), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede al emplazamiento de los posibles interesados para que, en el plazo de nueve días a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución, puedan comparecer ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, si a su derecho conviene. Madrid, 9 de junio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Laura Cadenas Lázaro. ### RESUMEN: La Fundación del Toro de lidia ha llevado al Supremo el bono cultural joven.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.º de los Estatutos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, aprobados el 8 de octubre de 1999, se convoca a los Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Grandes y Títulos del Reino a la Asamblea Ordinaria que se celebrará con la Venia de Su Majestad el Rey (q. D. g.) el día 26 de marzo de 2014 a las 19 horas en el salón de actos de la Fundación Ramón Areces, calle Vitruvio, número 5, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día: Primero.- Lectura de la convocatoria y relación de Grandes y Títulos del Reino presentes y representados. Segundo.- Palabras del Sr. Decano, con motivo de la presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria y gestión del ejercicio 2013. Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del estado de cuentas del año 2013 y presupuesto para el 2014. Cuarto.- Propuesta de reelección de miembros del Consejo. Quinto.- Ruegos y preguntas. Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea. Madrid, 2 de enero de 2014.- Vº. Bº. El Decano, El Duque de Híjar. Vº. Bº. El Secretario, El Marqués de Valtierra.

El 26 de marzo se reúnen los Grandes de España

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.º de los Estatutos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, aprobados el 8 de octubre de 1999, se convoca a los Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Grandes y Títulos del Reino a la Asamblea Ordinaria que se celebrará con la Venia de Su Majestad el Rey (q. D. g.) el día 26 de marzo de 2014 a las 19 horas en el salón de actos de la Fundación Ramón Areces, calle Vitruvio, número 5, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día: Primero.- Lectura de la convocatoria y relación de Grandes y Títulos del Reino presentes y representados. Segundo.- Palabras del Sr. Decano, con motivo de la presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria y gestión del ejercicio 2013. Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del estado de cuentas del año 2013 y presupuesto para el 2014. Cuarto.- Propuesta de reelección de miembros del Consejo. Quinto.- Ruegos y preguntas. Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea. Madrid, 2 de enero de 2014.- Vº. Bº. El Decano, El Duque de Híjar. Vº. Bº. El Secretario, El Marqués de Valtierra. ### RESUMEN: El 26 de marzo se reúnen los Grandes de España

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de A Coruña. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza de Mª Pita, nº 1-2º. 3) Localidad y código postal: A Coruña 15001. 4) Teléfono: 981 184 219. 5) Telefax: 981 184 271. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.coruna.es. d) Número de expediente: As-42/2014. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de mediación, inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional en medios para campañas y acciones de comunicación y publicidad del Ayuntamiento de A Coruña. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada. b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de valoración. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 500.000 euros anuales (IVA incluido). 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría C. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2014, a las 13:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Oficina de Registro. 2) Domicilio: Plaza de María Pita, nº 1. 3) Localidad y código postal: A Coruña 15001. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto público cuya fecha y hora se publicará en el Perfil del Contratante. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 26 de agosto de 2014. A Coruña, 28 de agosto de 2014.- El Alcalde, P.D., el Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Oficina Presupuestaria, Roberto Luis Coira Andrade.

A Coruña gasta medio millón de euros al año en insertar publicidad institucional en medios.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de A Coruña. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza de Mª Pita, nº 1-2º. 3) Localidad y código postal: A Coruña 15001. 4) Teléfono: 981 184 219. 5) Telefax: 981 184 271. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.coruna.es. d) Número de expediente: As-42/2014. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de mediación, inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional en medios para campañas y acciones de comunicación y publicidad del Ayuntamiento de A Coruña. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada. b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de valoración. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 500.000 euros anuales (IVA incluido). 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría C. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2014, a las 13:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Oficina de Registro. 2) Domicilio: Plaza de María Pita, nº 1. 3) Localidad y código postal: A Coruña 15001. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto público cuya fecha y hora se publicará en el Perfil del Contratante. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 26 de agosto de 2014. A Coruña, 28 de agosto de 2014.- El Alcalde, P.D., el Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Oficina Presupuestaria, Roberto Luis Coira Andrade. ### RESUMEN: A Coruña gasta medio millón de euros al año en insertar publicidad institucional en medios.

Suscrito el 12 de septiembre de 2017, Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para la captación y tratamiento de los datos del Registro Nacional de Prótesis Mamarias y colaboración científica, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta Resolución. Madrid, 8 de enero de 2018.–El Secretario General de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza Sanz. ANEXO Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para: la captación y tratamiento de los datos del Registro Nacional de Prótesis Mamarias y colaboración científico-técnica Madrid, a 12 de septiembre de 2017. REUNIDOS De una parte, doña Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por nombramiento del Consejo Rector de la misma, de fecha 3 de octubre de 2011 (BOE de 20 de octubre de 2011), y en virtud del artículo 14.2.f) del Estatuto de la Agencia estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios» aprobado por Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, en representación de esta Agencia estatal, con domicilio social en calle Campezo, n.º 1, 28022 Madrid, y CIF: Q 2827023 I. Y de otra, don Carlos del Cacho García, con DNI número 46400219-L y don Ángel Juárez Cordero, con DNI núm.09757178-A, Presidente y Tesorero, respectivamente, de la SECPRE, actuando en nombre y representación de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, con CIF G28215101, con domicilio social en calle General Oráa, núm. 69, 1.º A, de Madrid. Intervienen en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados y en ejercicio de sus mutuas facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente Convenio, y por ello, EXPONEN Primero. Que la Agencia Española del Medicamento (AEM) ha sido creada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, como un Organismo público, de carácter autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (en adelante MSSSI). En el capítulo II de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se reordenan las competencias en materia de farmacia, de tal forma que la AEM cambia su denominación por Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante AEMPS) aumentando sus competencias a las relativas a evaluación, registro, autorización, inspección, vigilancia y control de productos sanitarios, cosméticos y productos de higiene personal y de sus empresas, así como a las actividades de análisis económico necesarias para la evaluación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. El Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios» y se aprueba su Estatuto, declara en el artículo 6 de dicho Estatuto como objeto de la misma el de garantizar que tanto los medicamentos de uso humano, como los de uso veterinario y los productos sanitarios, cosméticos y productos de higiene personal cumplan con estrictos criterios de calidad, seguridad, eficacia y correcta información con arreglo a la normativa vigente sobre estas materias en el ámbito estatal y de la Unión Europea. Asimismo, su artículo 14.2, letra f) faculta al Director para suscribir toda clase de actos, convenios, contratos y encomiendas en nombre de la Agencia. Segundo. Que a la AEMPS le corresponde desarrollar, entre otras, las funciones de planificación, desarrollo y gestión del Sistema Español de Vigilancia de productos sanitarios, actuando como centro de referencia nacional en las correspondientes redes europeas, la evaluación de la idoneidad sanitaria de los productos sanitarios y la autorización, modificación, suspensión o revocación de las investigaciones clínicas con productos sanitarios, funciones todas ellas recogidas en el citado Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, pudiendo adoptar las medidas de protección de la salud que resulten necesarias sobre la comercialización de los productos incluidas la difusión de advertencias para procurar el uso seguro de los mismos. Tercero. Que para desarrollar las actuaciones de seguimiento y vigilancia de los productos sanitarios regulados en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, entre los cuales se encuentran productos utilizados en el ámbito de la cirugía plástica, reparadora y estética, como las prótesis mamarias y otros productos, resulta de gran importancia el conocimiento de su comportamiento a largo plazo a fin de obtener datos sobre su seguridad. Cuarto. Que el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, establece en su artículo 33 que determinados implantes citados expresamente, que se distribuyan en España, deberán ir acompañados de una tarjeta de implantación, por triplicado, ejemplar, que contiene, entre otros, datos del producto, datos del paciente y datos del centro donde se realizó la implantación. En el caso en que se haya dispuesto de un registro nacional de implantes, uno de estos ejemplares de la tarjeta o copia del mismo deberá ser remitido al registro nacional por la empresa suministradora. El apartado 4 de este mismo artículo, señala, además, que la AEMPS tendrá acceso a los datos contenidos en las tarjetas a los fines establecidos en la Orden SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, por la que se crean los Registros Nacionales de Implantes. Quinto. Que la referida Orden SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, crea entre otros, el Registro Nacional de Prótesis mamarias. Dicha Orden otorga la titularidad de los Registros a la AEMPS, si bien prevé que para la gestión y mantenimiento de los mismos se podrán concluir acuerdos o convenios con otras Administraciones Públicas, Organismos Públicos o entidades privadas. Sexto. Que, mediante Orden SSI/2322/2013, de 2 de diciembre, se crea el fichero SREIM, cuyo objetivo es mantener un listado actualizado y permanente de las prótesis mamarias y el control de su implantación y explantación para la atención de las urgencias que puedan derivarse de cualquier incidencia surgida y la toma de decisiones en materia de salud por la AEMPS. El elevado número de personas que se colocan prótesis de mama en España, así como los recientes acontecimientos de fraude sanitario con una marca comercial de prótesis que han requerido la adopción de medidas de seguimiento con las personas portadoras de estos implantes, aconsejan proceder sin demora a la carga de datos en el fichero y puesta en funcionamiento de este Registro, que, entre otras ventajas, posibilitará el conocimiento de su comportamiento a largo plazo a fin de obtener datos sobre su seguridad. Las Instituciones europeas: Parlamento Europeo y Comisión Europea han emitido recomendaciones a los Estados miembros en este mismo sentido. Séptimo. Que la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (en adelante SECPRE) es una Asociación que tiene por objeto contribuir con todos los medios a su alcance, dentro del ámbito nacional, al progreso científico y conocimiento práctico de la Cirugía Plástica, así como a la difusión científica de la especialidad. Octavo. Que la SECPRE ha venido colaborando con las autoridades sanitarias en diversas actuaciones relacionadas con la seguridad de las prótesis mamarias, primero con las prótesis mamarias de silicona, y luego con las prótesis mamarias de soja, a través de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Igualmente, desde el año 2003, ha mantenido múltiples contactos con la AEMPS para elaborar de forma conjunta un Registro nacional de prótesis mamarias y dar soporte científico al mantenimiento de dicho Registro. La SECPRE formó parte, igualmente, de la Comisión Permanente del Comité de Expertos constituido en España para el seguimiento de las prótesis mamarias PIP y participó en la elaboración del Protocolo clínico que se está aplicando en España para la retirada y el seguimiento de estas prótesis. Igualmente, trabajó, en el seno de esta Comisión, en la elaboración del Protocolo clínico general de prótesis mamarias y otras actuaciones relacionadas con estos implantes. Actualmente la SECPRE forma parte de la Comisión Asesora de Implantes mamarios y afines, constituida en el seno del Comité de Productos Sanitarios de la AEMPS. Tomando como base el proyecto piloto desarrollado en 2014 por la SECPRE, durante el año 2016, la AEMPS ha desarrollado una aplicación informática para el Registro Nacional de Prótesis Mamarias, aplicación informática que actualmente se encuentra la fase de revisión, para su implantación previsiblemente a lo largo del año 2017. Noveno. Que la participación de la SECPRE en la gestión y el funcionamiento del Registro, cuando se disponga de la aplicación informática al efecto es esencial para optimizar la recogida de información y para realizar una valoración de los datos de las implantaciones y explantaciones de prótesis mamarias que se realizan en España, así como de los datos de seguimiento clínico de dichos implantes, ya que sus miembros son los especialistas que poseen la formación y experiencia apropiadas para ello. La SECPRE tiene, igualmente, mecanismos internos entre sus miembros que facilitan esta recogida y posee los datos necesarios para contactar con los profesionales y centros sanitarios en un momento dado. La SECPRE, además, facilitará a la AEMPS los informes de resultados y las conclusiones derivadas del Registro, que podrán ser puestos a disposición de los cirujanos que implantan los productos a fin de que se beneficien de esta información y la tengan en cuenta en su práctica profesional, para lo cual es esencial que venga avalada por la sociedad médica que es referente en estas intervenciones. Décimo. Aprobados los presupuestos 2017 mediante la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se incluye en los presupuestos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, una subvención nominativa a favor de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) por importe de 60.000 euros (sesenta mil euros). De acuerdo con el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, teniendo a estos efectos el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. Este Convenio tiene por objeto canalizar dicha subvención, estableciendo el régimen de la misma. De conformidad con lo expuesto, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 65 de su Reglamento, ambas entidades tienen a bien suscribir el presente convenio de acuerdo con las siguientes ESTIPULACIONES Primera. Objeto. El objeto del presente convenio es la canalización de la subvención nominativa establecida en los presupuestos de la AEMPS a favor de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) para la realización de actividades encaminadas a la gestión y tratamiento de los datos incluidos en el Registro Nacional de Prótesis Mamarias, de forma que la información contenida en el mismo se encuentre permanentemente actualizada, en orden a adoptar las medidas que resulten precisas en beneficio de la salud de los pacientes, así como para la colaboración científico-técnica y la realización del resto de actividades que figuran en el presente convenio. Segunda. Actividades. Estas actividades consistirán en: 1. La SECPRE llevará a cabo la gestión y tratamiento de los datos del Registro de Prótesis mamarias SREIM, propiedad de la AEMPS, de forma que los datos se encuentren permanentemente actualizados a efectos de su consulta por los usuarios autorizados y supervisará la carga de datos on line en la aplicación diseñada al efecto por parte de los cirujanos que implanten, explanten o realicen el seguimiento de las prótesis mamarias. 2. La SECPRE explotará la información contenida en el Registro y diseñará los modelos de informe que podrán obtenerse como consecuencia de la explotación de la información. 3. La SECPRE realizará la explotación de la información contenida en el Registro conforme al procedimiento autorizado por la AEMPS y elaborará informes con la periodicidad que requiera la AEMPS y en todo caso un informe anual. Estos informes reflejarán la información desglosada por Comunidades autónomas, y se realizará un tratamiento estadístico y una valoración del comportamiento de los productos bajo los criterios generales de normas jurídicas y actuaciones habituales de este tipo de estudios de investigación. Estos informes serán difundidos en la forma que determine la AEMPS, quien podrá autorizar su difusión total o parcial en los ámbitos médico-científicos relacionados, en los términos y bajo las condiciones que considere pertinentes. La SECPRE no podrá utilizar ni ceder los datos del fichero sin la autorización expresa de la AEMPS. 4. La SECPRE ejecutará actos de divulgación y adhesión para la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Implantes mamarios, a fin de involucrar a los profesionales sanitarios cuya participación es imprescindible para la puesta en funcionamiento del citado Registro. 5. La SECPRE prestará asesoramiento a la AEMPS en todos aquellos aspectos que ésta requiera relacionados con las prótesis mamarias. De igual manera prestará asesoramiento en relación con otros productos sanitarios utilizados en el campo de la cirugía plástica, reparadora y estética, incluyendo la participación en sesiones clínicas monográficas a requerimiento de la AEMPS. Igualmente, enviará a la AEMPS informe específico cuando detecte incidentes adversos producidos por estos productos. Cuando, por las circunstancias del caso, se requiera la emisión de Notas de Seguridad o Resoluciones por la AEMPS, ésta podrá hacer mención en las mismas a la consulta realizada a la SECPRE. 6. La SECPRE colaborará con la AEMPS en la elaboración y difusión de documentos sobre práctica clínica, cumplimiento de regulación, información sanitaria, etc. relacionado con la cirugía plástica, reparadora y estética, para pacientes y/o profesionales. Igualmente colaborará en las acciones que se deriven de las decisiones adoptadas en la Unión Europea sobre prótesis mamarias. 7. La SECPRE elaborará Guías para la notificación por los profesionales al Sistema de Vigilancia de incidentes adversos con productos utilizados en el ámbito de la cirugía plástica, reparadora y estética, tomando como referencia las elaboradas en el ámbito europeo. A fin de regular las relaciones entre la SECPRE y la AEMPS se formalizará el Protocolo de Contacto entre la AEMPS y la SECPRE para alertas y otras noticias relacionadas con los productos sanitarios utilizados en el ámbito de la cirugía plástica, reparadora y estética, que se incluye en el anexo 1 de este convenio. En todas estas actuaciones se tendrán en cuenta las normas relativas a la protección de datos, y a garantizar la confidencialidad y la protección de la vida privada de los pacientes. La inclusión de datos personales contará con el consentimiento de los pacientes. La información derivada de estas actividades sólo será utilizada a los efectos previstos en este convenio. Tercera. Compromisos de la SECPRE. 1. Para la realización de las actividades que se relacionan en el presente Convenio la SECPRE pondrá a disposición personal especializado, por su titulación y experiencia, para realizar las valoraciones, análisis y estudios necesarios para la emisión de los informes mencionados en este Convenio, así como para la elaboración de la información y los documentos que se acuerden y para la prestación, en su caso, de los asesoramientos clínicos puntuales que la AEMPS solicite. Para la realización de las actividades de gestión del Registro nacional de prótesis mamarias, la SECPRE designará, a la firma del presente convenio, una relación de expertos con conocimientos y experiencia acreditados. Una vez realizada la designación, cualquier cambio en su composición deberá ser autorizado previamente por la AEMPS y en todo caso el personal sustituto deberá acreditar la misma experiencia que el equipo inicial. 2. Deberá acreditar no estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones para ser beneficiaria de la subvención mediante la presentación de una declaración responsable, tal y como señala el artículo 26 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones. 3. La SECPRE se compromete a destinar los fondos aportados por la AEMPS a los gastos derivados de las actividades del presente Convenio. La SECPRE deberá indicar si ha solicitado o recibido subvenciones de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así como el importe de las mismas. 4. La SECPRE se compromete a cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones. 5. La SECPRE, de conformidad con lo indicado en el apartado b) del articulo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno quedará obligada a lo dispuesto en el capítulo II del Título I de dicha Ley. Cuarta. Compromisos de la SECPRE relativos a la confidencialidad y protección de los datos que constituyen los Registros Nacionales de Implantes. En la captación, gestión y tratamiento de los datos necesarios para el funcionamiento del Registro, se adoptarán todas las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad y la protección de la vida privada de los pacientes, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. El tratamiento de datos obtenidos a partir de formularios de implantación, explantación o seguimiento estará siempre sometido a la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal. La SECPRE deberá garantizar en todo momento que la información aportada desde los centros hospitalarios y/o las empresas no será divulgada a terceros, sino que será tratada de forma confidencial exclusivamente para los fines autorizados en este convenio. Cualquier otro uso de dichos datos por la SECPRE sólo podrá llevarse a cabo previa autorización expresa del titular del Registro es decir de la AEMPS. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal, el tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de tercero requiere la celebración de un contrato privado con los requisitos legales correspondientes. A los efectos anteriores se suscribirá junto con el presente convenio un contrato entre las partes que figura como anexo 2 del presente documento. Los compromisos de la SECPRE se entenderán extendidos a los especialistas que designe o ponga a disposición para tales actividades. Quinta. Compromisos de la AEMPS. 1. La AEMPS pondrá a disposición de la SECPRE la nueva aplicación para el Registro Nacional de Prótesis Mamarias. 2. La AEMPS atenderá las consultas realizadas por la SECPRE sobre cualquier materia que interese a sus profesionales en el ámbito de las competencias de la AEMPS. 3. La publicación y/o difusión por la AEMPS de documentos, protocolos, guías, folletos u otra información que se hayan derivado de las actividades del presente convenio hará mención de dicho marco de colaboración AEMPS -SECPRE Sexta. Dotación económica. La aportación que efectuará la AEMPS a la SECPRE para llevar a cabo las actividades especificadas en las estipulaciones anteriores no podrá superar la cantidad máxima total de 60.000 € (sesenta mil euros). Esta cantidad, que la ejecución del presente convenio exige, es la asignada nominativamente en la aplicación presupuestaria número 26.401.313A.485, y en consecuencia, se abonará con cargo a ésta. Séptima. Pago. El pago se efectuará tras la presentación por la SECPRE la factura y de la/s memoria/s de actividad en la cuenta de CAIXA n.º 2100 3918 8302 0018 6991 y en la forma siguiente: 1. Se realizará un pago parcial, de hasta 30.000 € (IVA incluido), con posterioridad al 30 de septiembre y previa recepción de los informes de las actividades realizadas hasta el 30/09/2017. 2. El segundo pago, de hasta una cuantía equivalente a la diferencia entre lo abonado en el anterior pago y el importe total de la subvención (IVA incluido), se abonará, con posterioridad al 1 de diciembre de 2017, previa recepción de los informes relativos a las actividades realizadas desde el primer pago antes mencionado y hasta dicha fecha. 3. Cuando no se haya procedido a presentar la factura correspondiente al primer semestre indicada en el apartado 1 de esta cláusula, podrá realizarse un único pago que como máximo cubrirá el importe de la totalidad de la subvención, previa recepción de un informe relativo a las actividades comprendidas en la totalidad del convenio. 4. Con el objeto de agilizar el abono, los informes y facturas señalados en los apartados 2 y 3 de esta cláusula deberán ser presentados dentro de los cinco días hábiles del mes de diciembre de 2017. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, a efectos de que se consignen en las facturas emitidas en el presente convenio, se indican los códigos DIR a efectos del Registro Contable de Facturas de la AEMPS, código de oficina contable EO4919401; código de Unidad tramitadora EA0003159 y código de órgano gestor (Departamento de Productos Sanitarios) EO3181805. La acreditación de las actividades realizadas que será previa al abono de los importes estipulados corresponderá realizarla a la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a propuesta de la Jefe del Departamento de Productos Sanitarios. Asimismo, la propuesta de gasto será efectuada por la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Octava. Compatibilidad con otras subvenciones. La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, la SECPRE pueda percibir para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales de la Unión Europea o de Organismos Internacionales, en los términos establecidos en el artículo 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Novena. Plazo y justificación de la subvención recibida. La documentación justificativa de la subvención deberá ser presentada en las oficinas de la AEMPS antes del transcurso de los tres meses a contar desde el 30 de noviembre de 2017, fecha de finalización del convenio. La SECPRE deberá acreditar el cumplimiento de la finalidad de la subvención realizada mediante la aportación ante el órgano concedente, es decir la AEMPS de la cuenta justificativa abreviada, de acuerdo con lo indicado en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La cuenta justificativa contendrá la siguiente información: a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos. La AEMPS, como órgano concedente comprobará, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener una evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la SECPRE la remisión de los justificantes de gasto. De conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones se considerarán gastos subvencionables, los que se realicen durante el periodo elegible fijado en la estipulación undécima del presente convenio, que respondan a la actividad subvencionada y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación señalado con anterioridad. Décima. Comisión de Seguimiento. Para garantizar el normal desarrollo y ejecución de este Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento, de carácter paritario, integrada por dos representantes de cada una de las partes, y a designar por las mismas. Esta Comisión se reunirá al menos una vez durante la vigencia del Convenio. De cada sesión que celebre esta Comisión se levantará la correspondiente acta. Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes: a) Interpretación y control del desarrollo y ejecución del presente Convenio. b) Seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del Convenio. La Comisión de Seguimiento en su funcionamiento se regirá por lo previsto en el presente Convenio y supletoriamente por lo estipulado en la Sección tercera, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Undécima. Efectos. El presente Convenio producirá efectos desde la fecha de su firma hasta el 30 de noviembre de 2017. No obstante lo anterior, el periodo de elegibilidad del gasto se iniciará el 1 de diciembre de 2016. Asimismo si por razones justificadas alguna de las partes no pudiera continuar hasta la finalización del mismo o de su prórroga, habrá de comunicarlo a la otra parte por escrito y con una antelación de al menos dos meses. En cualquier caso ambas partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas encaminadas a la finalización de las actividades acordadas que se hubieran puesto en marcha. Duodécima. Naturaleza jurídica. Este Convenio se formaliza como instrumento para canalizar la subvención prevista nominativamente para la SECPRE en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Por ello, dada la naturaleza administrativa de este Convenio, el mismo se regirá por lo estipulado entre las partes, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de aplicación, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, para resolver dudas que pudieran presentarse. Siendo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la competente para resolver las controversias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente convenio. Y de conformidad firman el presente Convenio en triplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga.–Por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, Carlos del Cacho García, y Ángel Juárez Cordero. ANEXO 1 Protocolo de contacto entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) Ámbito de aplicación El presente protocolo se aplicará en los casos en que la AEMPS necesite obtener la opinión de la SECPRE sobre: a) Incidentes adversos relacionados con prótesis mamarias o con cualquier otro producto sanitario utilizado en el ámbito de la cirugía plástica, reparadora y estética b) Recomendaciones a emitir a los profesionales sanitarios en relación con el uso de los citados productos o el seguimiento de los pacientes. c) Información a facilitar a los pacientes portadores o que hayan sido tratados con productos sanitarios con finalidad plástica, reconstructiva o estética. También se aplicará en los casos en que la AEMPS necesite recabar la opinión de la SECPRE sobre cualquier noticia, información o asunto relacionado con los citados productos en el ámbito de las competencias y funciones de la AEMPS. Procedimiento 1. La AEMPS contactará con el/la secretario/a general de la SECPRE, indicando el motivo de la consulta y el grado de urgencia, plazos de respuesta y forma de respuesta (telefónica, informe escrito, etc.), facilitando el nombre y datos de contacto del responsable del asunto en la AEMPS. 2. La SECPRE determinará la persona idónea por sus conocimientos o experiencia para proporcionar la respuesta, la cual se pondrá en contacto con el responsable del asunto en la AEMPS en aras a la mejor resolución de la consulta. 3. Dependiendo de la urgencia del caso, se emitirá una opinión o un informe inmediato a la AEMPS o bien un informe más completo con el tiempo suficiente para una adecuada revisión del tema. Igualmente si resultara necesario, se celebrará una reunión entre la AEMPS y los especialistas de la SECPRE. Reciprocidad La AEMPS podrá ser consultada, igualmente, por parte de la SECPRE sobre cualquier materia que interese a sus profesionales en el ámbito de las competencias de la AEMPS sobre productos sanitarios. A estos efectos, la consulta se dirigirá al buzón institucional [email protected]. ANEXO 2 Contrato para el tratamiento de datos personales por cuenta de tercero En Madrid, a ..................................... de 2017. La AEMPS ha convenido la ejecución de las actividades consistentes en gestión y explotación de los datos contenidos en el fichero y aplicación diseñada al efecto del Registro Nacional de Implantes mamarios con la SECPRE. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD), el tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de tercero requiere la celebración de un contrato privado con los requisitos legales correspondientes. De acuerdo con lo anterior, las partes suscriben el presente anexo, que se regirá de conformidad con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Definiciones. Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Según la terminología anterior, la AEMPS es el responsable de los ficheros y la SECPRE es el encargado del tratamiento de los mismos. Segunda. Objeto. El objeto del presente contrato es el tratamiento por parte de la SECPRE de los datos personales relativos a los pacientes portadores de implantes mamarios, con la finalidad de poder realizar la gestión, mantenimiento y explotación del Registro Nacional de prótesis mamarias, para lo cual previamente deberá ésta poner a disposición del encargado del tratamiento dichos datos personales. Dicho tratamiento se realizará de conformidad con lo establecido en la LOPD y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, o normativa que los sustituya. Tercera. Precio. La remuneración por los servicios concertados en virtud del presente contrato se entiende incluida en la cantidad que percibe la SECPRE por las actividades indicadas en el convenio del que este anexo forma parte, y que realiza por cuenta de la AEMPS. Cuarta. Datos a los que se da acceso y nivel de seguridad. Los datos personales que forman parte de los ficheros de la AEMPS, a los que tendrá acceso el encargado del tratamiento son los siguientes: Nombre y apellidos del implantado, NIF, sexo al nacer, fecha de nacimiento, datos acerca de la propia intervención. Quinta. Obligaciones del encargado del tratamiento. 1. El encargado del tratamiento solamente tratará los datos que se le han encomendado conforme a las instrucciones del responsable del fichero. 2. Los datos facilitados no se aplicarán ni utilizarán con una finalidad diferente a la que figura en este documento, ni el encargado del tratamiento los comunicará, ni siquiera a efectos de su conservación, a terceros. 3. El encargado del tratamiento y el personal a su cargo están obligados a guardar secreto y absoluta confidencialidad respecto de los datos que les han sido confiados para su tratamiento. 4. El encargado del tratamiento deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, sustracción, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 5. En caso de resolución del presente contrato, los datos serán destruidos en su totalidad o devueltos al responsable del fichero, teniendo en cuenta los distintos soportes o documentos donde estos puedan constar: bases de datos en discos, ficheros temporales, copias de seguridad, soportes en papel, etc. 6. Una vez se haya realizado la operación mencionada en el punto anterior, el encargado del tratamiento se compromete a entregar una declaración por escrito al responsable del fichero donde conste que así se ha realizado. 7. Será de aplicación en todo caso, en lo no previsto en este contrato, la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Sexta. Duración y resolución del contrato. El presente contrato se considera accesorio del «Convenio por el que, se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para la captación y tratamiento de los datos del Registro Nacional de Prótesis Mamarias» existente entre las partes, por lo que su duración y extinción queda supeditada al mismo. Y en prueba de su conformidad, firman las partes el presente contrato, en lugar y fecha señalados en el encabezamiento.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga.–Por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, Carlos del Cacho García y Ángel Juárez Cordero.

Subvención directa de 60.000€ a la Sociedad Española de Cirugía plástica por mantener el registro de prótesis mamarias.

Suscrito el 12 de septiembre de 2017, Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para la captación y tratamiento de los datos del Registro Nacional de Prótesis Mamarias y colaboración científica, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta Resolución. Madrid, 8 de enero de 2018.–El Secretario General de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza Sanz. ANEXO Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para: la captación y tratamiento de los datos del Registro Nacional de Prótesis Mamarias y colaboración científico-técnica Madrid, a 12 de septiembre de 2017. REUNIDOS De una parte, doña Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por nombramiento del Consejo Rector de la misma, de fecha 3 de octubre de 2011 (BOE de 20 de octubre de 2011), y en virtud del artículo 14.2.f) del Estatuto de la Agencia estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios» aprobado por Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, en representación de esta Agencia estatal, con domicilio social en calle Campezo, n.º 1, 28022 Madrid, y CIF: Q 2827023 I. Y de otra, don Carlos del Cacho García, con DNI número 46400219-L y don Ángel Juárez Cordero, con DNI núm.09757178-A, Presidente y Tesorero, respectivamente, de la SECPRE, actuando en nombre y representación de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, con CIF G28215101, con domicilio social en calle General Oráa, núm. 69, 1.º A, de Madrid. Intervienen en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados y en ejercicio de sus mutuas facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente Convenio, y por ello, EXPONEN Primero. Que la Agencia Española del Medicamento (AEM) ha sido creada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, como un Organismo público, de carácter autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (en adelante MSSSI). En el capítulo II de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se reordenan las competencias en materia de farmacia, de tal forma que la AEM cambia su denominación por Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante AEMPS) aumentando sus competencias a las relativas a evaluación, registro, autorización, inspección, vigilancia y control de productos sanitarios, cosméticos y productos de higiene personal y de sus empresas, así como a las actividades de análisis económico necesarias para la evaluación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. El Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios» y se aprueba su Estatuto, declara en el artículo 6 de dicho Estatuto como objeto de la misma el de garantizar que tanto los medicamentos de uso humano, como los de uso veterinario y los productos sanitarios, cosméticos y productos de higiene personal cumplan con estrictos criterios de calidad, seguridad, eficacia y correcta información con arreglo a la normativa vigente sobre estas materias en el ámbito estatal y de la Unión Europea. Asimismo, su artículo 14.2, letra f) faculta al Director para suscribir toda clase de actos, convenios, contratos y encomiendas en nombre de la Agencia. Segundo. Que a la AEMPS le corresponde desarrollar, entre otras, las funciones de planificación, desarrollo y gestión del Sistema Español de Vigilancia de productos sanitarios, actuando como centro de referencia nacional en las correspondientes redes europeas, la evaluación de la idoneidad sanitaria de los productos sanitarios y la autorización, modificación, suspensión o revocación de las investigaciones clínicas con productos sanitarios, funciones todas ellas recogidas en el citado Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, pudiendo adoptar las medidas de protección de la salud que resulten necesarias sobre la comercialización de los productos incluidas la difusión de advertencias para procurar el uso seguro de los mismos. Tercero. Que para desarrollar las actuaciones de seguimiento y vigilancia de los productos sanitarios regulados en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, entre los cuales se encuentran productos utilizados en el ámbito de la cirugía plástica, reparadora y estética, como las prótesis mamarias y otros productos, resulta de gran importancia el conocimiento de su comportamiento a largo plazo a fin de obtener datos sobre su seguridad. Cuarto. Que el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, establece en su artículo 33 que determinados implantes citados expresamente, que se distribuyan en España, deberán ir acompañados de una tarjeta de implantación, por triplicado, ejemplar, que contiene, entre otros, datos del producto, datos del paciente y datos del centro donde se realizó la implantación. En el caso en que se haya dispuesto de un registro nacional de implantes, uno de estos ejemplares de la tarjeta o copia del mismo deberá ser remitido al registro nacional por la empresa suministradora. El apartado 4 de este ### RESUMEN: Subvención directa de 60.000€ a la Sociedad Española de Cirugía plástica por mantener el registro de prótesis mamarias.

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, ha dispuesto en su disposición adicional trigésima octava que la ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, por parte del personal al que se refiere el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, comportará la aplicación del mismo descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal en los términos y condiciones que establezcan respecto a su personal cada una de las Administraciones Públicas. Añade esta disposición adicional que en el caso de la Administración del Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma y órganos constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural no supere la cifra que se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los requisitos y condiciones determinados en la misma. La presente Orden da cumplimiento a esta previsión si bien referida únicamente al personal de la Administración del Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, quedando pendiente lo referido al personal de los órganos constitucionales debido a su regulación bajo legislación específica propia. En virtud de esta habilitación, dispongo: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. La presente Orden tiene por objeto regular el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural a los que no resulta de aplicación el descuento en nómina previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como fijar los requisitos y condiciones bajo los cuales se debe realizar dicho descuento. 2. El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende al personal al servicio de la Administración del Estado y a los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, cualquiera que sea su relación jurídica con la Administración y su régimen de Seguridad Social. Artículo 2. Descuento en nómina 1. Los días de ausencia al trabajo por parte del personal señalado en el artículo 1 de esta Orden, que superen el límite de días de ausencia al año, motivadas por enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de incapacidad temporal, comportarán la misma deducción de retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de ausencia por incapacidad temporal en el artículo 9 y en la Disposición adicional decimoctava del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 2. Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones del régimen de Seguridad Social que resulte de aplicación, de presentar en plazo el correspondiente parte de baja, se aplicará lo previsto para las ausencias no justificadas al trabajo en la normativa reguladora de la deducción proporcional de haberes y en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. 3. La deducción de retribuciones se aplicará en los mismos términos y condiciones que se establecen en la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos de 15 de octubre de 2012, por la que se dispone dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración del Estado, siendo de aplicación los plazos y el cómputo de los mismos previstos en dicha Instrucción conjunta. Artículo 3. Días de ausencia sin deducción de retribuciones El descuento en nómina regulado en el artículo anterior no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos desde el 1 de enero de 2013. Madrid, 28 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

Descuento de medio sueldo tras cuatro días de enfermedad sin baja

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, ha dispuesto en su disposición adicional trigésima octava que la ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, por parte del personal al que se refiere el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, comportará la aplicación del mismo descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal en los términos y condiciones que establezcan respecto a su personal cada una de las Administraciones Públicas. Añade esta disposición adicional que en el caso de la Administración del Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma y órganos constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural no supere la cifra que se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los requisitos y condiciones determinados en la misma. La presente Orden da cumplimiento a esta previsión si bien referida únicamente al personal de la Administración del Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, quedando pendiente lo referido al personal de los órganos constitucionales debido a su regulación bajo legislación específica propia. En virtud de esta habilitación, dispongo: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. La presente Orden tiene por objeto regular el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural a los que no resulta de aplicación el descuento en nómina previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como fijar los requisitos y condiciones bajo los cuales se debe realizar dicho descuento. 2. El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende al personal al servicio de la Administración del Estado y a los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, cualquiera que sea su relación jurídica con la Administración y su régimen de Seguridad Social. Artículo 2. Descuento en nómina 1. Los días de ausencia al trabajo por parte del personal señalado en el artículo 1 de esta Orden, que superen el límite de días de ausencia al año, motivadas por enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de incapacidad temporal, comportarán la misma deducción de retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de ausencia por incapacidad temporal en el artículo 9 y en la Disposición adicional decimoctava del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 2. Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones del régimen de Seguridad Social que resulte de aplicación, de presentar en plazo el correspondiente parte de baja, se aplicará lo previsto para las ausencias no justificadas al trabajo en la normativa reguladora de la deducción proporcional de haberes y en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. 3. La deducción de retribuciones se aplicará en los mismos términos y condiciones que se establecen en la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos de 15 de octubre de 2012, por la que se dispone dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración del Estado, siendo de aplicación los plazos y el cómputo de los mismos previstos en dicha Instrucción conjunta. Artículo 3. Días de ausencia sin deducción de retribuciones El descuento en nómina regulado en el artículo anterior no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos desde el 1 de enero de 2013. Madrid, 28 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. ### RESUMEN: Descuento de medio sueldo tras cuatro días de enfermedad sin baja

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de Elche. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n. 3) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante). 4) Teléfono: 966658741 5) Telefax: 966658632 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.umh.es. d) Número de expediente: 09/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Suministro de un robot de servicio humanoide para el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Miguel Hernández de Elche. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 45 puntos. Características técnicas: 40 puntos. Plazo de entrega: 10 puntos. Garantías adicionales: 5 puntos. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 120.000 € (Fondos Feder GV financiado por el Programa Operativo 2007/2013. Anualidad 2012) + 25.200 € correspondientes al IVA. Importe total: 145.200 €. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. c) Otros requisitos específicos: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Universidad. Edif. Rectorado y Consejo Social. Campus de Elche. Horario de 9:00 h a 14:00 h. 2) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n. 3) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante). e) Admisión de variantes: No. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala de Juntas del Edificio Rectorado y Consejo Social. Campus de Elche de la Universidad. b) Dirección: Avda. de la Universidad, s/n. c) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante). d) Fecha y hora: Se publicarán en el perfil de contratante. 10. Gastos de publicidad: Serán a cuenta del adjudicatario. Elche, 20 de marzo de 2013.- El Rector (P.D. RR. 0730/11, de 19/05/2011,DOCV 6530, de 27/05/11, ampliada por RR 207/12, de 13/02/2012, DOCV6719,de 22/02/2012), Fernando Vidal Giménez, Vicerrector de Economía y Empresa.

La universidad de Elche va a comprarse un robot de servicio humanoide.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de Elche. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n. 3) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante). 4) Teléfono: 966658741 5) Telefax: 966658632 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.umh.es. d) Número de expediente: 09/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Suministro de un robot de servicio humanoide para el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Miguel Hernández de Elche. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 45 puntos. Características técnicas: 40 puntos. Plazo de entrega: 10 puntos. Garantías adicionales: 5 puntos. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 120.000 € (Fondos Feder GV financiado por el Programa Operativo 2007/2013. Anualidad 2012) + 25.200 € correspondientes al IVA. Importe total: 145.200 €. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. c) Otros requisitos específicos: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Universidad. Edif. Rectorado y Consejo Social. Campus de Elche. Horario de 9:00 h a 14:00 h. 2) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n. 3) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante). e) Admisión de variantes: No. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala de Juntas del Edificio Rectorado y Consejo Social. Campus de Elche de la Universidad. b) Dirección: Avda. de la Universidad, s/n. c) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante). d) Fecha y hora: Se publicarán en el perfil de contratante. 10. Gastos de publicidad: Serán a cuenta del adjudicatario. Elche, 20 de marzo de 2013.- El Rector (P.D. RR. 0730/11, de 19/05/2011,DOCV 6530, de 27/05/11, ampliada por RR 207/12, de 13/02/2012, DOCV6719,de 22/02/2012), Fernando Vidal Giménez, Vicerrector de Economía y Empresa. ### RESUMEN: La universidad de Elche va a comprarse un robot de servicio humanoide.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de febrero de 2015, Vengo en nombrar Presidenta de la Delegación que asistirá al Consistorio Cardenalicio que tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de febrero de 2015, en el Vaticano, a doña Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. Dado en Madrid, el 13 de febrero de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

Los días 14 y 15 Soraya Sáenz de Santamaría dirigirá la excursión al Vaticano.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de febrero de 2015, Vengo en nombrar Presidenta de la Delegación que asistirá al Consistorio Cardenalicio que tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de febrero de 2015, en el Vaticano, a doña Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. Dado en Madrid, el 13 de febrero de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL ### RESUMEN: Los días 14 y 15 Soraya Sáenz de Santamaría dirigirá la excursión al Vaticano.

La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, promulgada al amparo del artículo 42 de la Constitución Española, configura el marco jurídico que garantiza a los españoles del exterior el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en España. Constituye uno de los objetivos de dicha norma, contenidos en su artículo 3, «Configurar conjuntamente con las Comunidades Autónomas, el marco en que deberán desarrollarse las actuaciones en materia de retorno para facilitar la integración social, cultural y laboral de los españoles que decidan regresar a España». El artículo 26 del Estatuto establece que los poderes públicos habrán de adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que dificulten a los españoles retornados el acceso a las prestaciones o beneficios sociales existentes, en las mismas condiciones que los españoles residentes en España. Señala, asimismo, que el Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las Asociaciones de Emigrantes Retornados promoverá una política integral que facilite el retorno de los españoles de origen residentes en el exterior. El Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, atribuye a este Departamento, a través de la Dirección General de Migraciones, entre otras, las funciones de atención a los españoles en el exterior y retornados y de gestión de los programas de subvenciones y ayudas destinados a los españoles en el exterior y retornados; funciones para cuya atención los Presupuestos Generales del Estado consignan cada año los oportunos créditos. La Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados –actualmente derogada por la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio– incluía entre sus diversos programas de ayudas, uno específicamente dirigido a personas mayores y dependientes, que regulaba ayudas para actividades asistenciales dirigidas a estos colectivos, y uno de cuyos objetos lo constituía el «Favorecer la acogida e integración de españoles mayores retornados que no pertenezcan a la población activa, mediante el apoyo a la creación o mantenimiento de residencias de acogida». En este marco, se han venido subvencionando hasta 2011, en régimen de concurrencia competitiva, las actividades de acogida de emigrantes españoles mayores retornados desarrolladas por la Fundación Gumiel en su residencia «El Retorno», ubicada en Alalpardo (Madrid). Las condiciones de esta acogida eran de naturaleza temporal, por el periodo mínimo necesario para la adjudicación de plazas definitivas en las Comunidades Autónomas de origen de los beneficiarios. El cierre de este servicio, comunicado por la entidad propietaria con margen de tiempo insuficiente para que las administraciones de las Comunidades Autónomas afectadas completasen los procesos de reubicación de las dieciocho personas residentes en ese momento en él, aconsejó a la Administración la búsqueda de recursos asistenciales alternativos para ellas. Ante la necesidad sobrevenida y urgente de atención temporal a las personas que se encontraban acogidas en la residencia «El Retorno», la organización no gubernamental Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) efectuó su traslado y acogida temporal en las instalaciones de las que dispone la organización en Sigüenza (Guadalajara). ACCEM es una organización no gubernamental y no lucrativa que trabaja con refugiados, inmigrantes, emigrantes y apátridas en España. Dispone de recursos que garantizan la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento y manutención de las personas acogidas y permiten potenciar su participación comunitaria y la realización de actividades saludables. ACCEM cuenta con una larga trayectoria de actividades en el ámbito migratorio que han contado con el apoyo institucional de la Dirección General de Migraciones a través de los correspondientes programas de subvenciones. Las circunstancias descritas y sus consecuencias en relación con el colectivo de beneficiarios afectados por el cierre de la residencia «El Retorno» revisten un carácter excepcional no pudiendo, por otro lado, ser atendidos en el marco de las convocatorias periódicas anuales. Su atención, además, ha exigido una respuesta inmediata de la Administración española competente, a fin de evitar la desatención de los afectados, pertenecientes a un colectivo en situación de vulnerabilidad social. Por ello, la vía más adecuada para el reconocimiento de ayudas destinadas a compensar la atención de estas personas por la entidad de acogida es la de la subvención directa, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de mayo de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y singular, de una subvención a la entidad Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), destinada a sufragar los gastos originados por la acogida temporal de españoles de origen mayores, retornados a España. Artículo 2. Procedimiento de concesión. 1. La concesión de la subvención prevista en el artículo anterior se realizará de forma directa, por concurrir razones humanitarias y de interés social, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha Ley, y en el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 2. La subvención se concederá mediante resolución del titular de la Dirección General de Migraciones. Artículo 3. Beneficiario y finalidad de la subvención. La entidad beneficiaria de esta subvención será la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) para la realización de las siguientes actividades a favor de las dieciocho personas acogidas: a) Recepción y acogida. b) Alojamiento y manutención. c) Actividades de terapia ocupacional y de tiempo libre. d) Traslado a la residencia de la Comunidad Autónoma de destino. Artículo 4. Cuantía y financiación. 1. El importe de la subvención que se otorgará a la entidad beneficiaria será el necesario para compensar los gastos producidos por la realización de las actividades señaladas en el artículo 3. 2. Estas ayudas extraordinarias se financiarán con cargo al Presupuesto de Gasto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, consignado en la aplicación presupuestaria 19.07.231B.483.02 por el importe máximo total de setenta y cinco mil (75.000) euros. Artículo 5. Plazo de ejecución. La subvención establecida en este real decreto se fija para las actividades descritas en el artículo 3, desarrolladas desde el 22 de junio de 2012 hasta el 19 de marzo de 2013. Artículo 6. Obligaciones del beneficiario. La entidad beneficiaria de esta subvención quedará obligada a: a) Realizar las actividades para las que se le concede la subvención de la presente norma en el plazo establecido en el artículo 5, de acuerdo con este real decreto y con la correspondiente resolución de concesión, presentando las justificaciones que procedan. b) Comunicar al órgano concedente el reconocimiento de otras subvenciones por cualquier ente público o privado, para la misma finalidad. c) Facilitar toda la información requerida por el órgano concedente o por los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, para la supervisión, seguimiento y control de la subvención. d) Identificar convenientemente la procedencia de la subvención y dar la adecuada difusión al carácter público de la financiación de la actuación. A tal efecto, habrán de incorporar de forma visible, en el material que se utilice para la difusión de la actuación subvencionada en las publicaciones que pudieran derivarse del proyecto, el logotipo que figura a continuación: e) La entidad beneficiaria quedará, en todo caso, sujeta a las obligaciones impuestas por los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Artículo 7. Subcontratación de la actividad subvencionada. 1. La Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) podrá subcontratar parcialmente la actividad por un máximo del 50 % del importe de la actividad subvencionada, tal y como se recoge en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 2. En ningún caso se podrá subcontratar la ejecución total o parcial de las actividades en los supuestos previstos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículo 8. Pago de la ayuda. 1. El pago de las cantidades previstas en el artículo 4 y su tramitación se ajustará a lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. El pago de la subvención se realizará previa justificación por la entidad beneficiaria de la realización de la actividad. 3. Para la efectividad del pago a la entidad beneficiaria ésta deberá presentar en la Dirección General de Migraciones la documentación que se especifique en la resolución de concesión. Artículo 9. Justificación. 1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la entidad beneficiaria de la subvención queda obligada a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. 2. Dicha justificación deberá realizarse mediante la presentación de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, en los términos previstos en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y deberá contener: a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 3. Los gastos efectuados en la actividad desarrollada para el cumplimiento del programa subvencionado se justificarán mediante facturas originales y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia administrativa. 4. Podrán justificarse con cargo a la ayuda recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse con anterioridad a su concesión, siempre que el gasto haya sido efectivamente pagado y se refiera a la actividad subvencionada. Artículo 10. Reintegro. Se exigirá el reintegro de la subvención, con el interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención, en los casos y en los términos previstos en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en los artículos 91 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Artículo 11. Régimen jurídico aplicable. La subvención regulada en este real decreto se regirá, además de por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, por lo establecido en las demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación. Disposición final primera. Título competencial. El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de emigración. Disposición final segunda. Habilitación. Se faculta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 10 de mayo de 2013. JUAN CARLOS R. La Ministra de Empleo y Seguridad Social, FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA

Ayuda directa a ACCEM, por Real Decreto, para acoger a los residentes de la residencia El Retorno.

La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, promulgada al amparo del artículo 42 de la Constitución Española, configura el marco jurídico que garantiza a los españoles del exterior el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en España. Constituye uno de los objetivos de dicha norma, contenidos en su artículo 3, «Configurar conjuntamente con las Comunidades Autónomas, el marco en que deberán desarrollarse las actuaciones en materia de retorno para facilitar la integración social, cultural y laboral de los españoles que decidan regresar a España». El artículo 26 del Estatuto establece que los poderes públicos habrán de adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que dificulten a los españoles retornados el acceso a las prestaciones o beneficios sociales existentes, en las mismas condiciones que los españoles residentes en España. Señala, asimismo, que el Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las Asociaciones de Emigrantes Retornados promoverá una política integral que facilite el retorno de los españoles de origen residentes en el exterior. El Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, atribuye a este Departamento, a través de la Dirección General de Migraciones, entre otras, las funciones de atención a los españoles en el exterior y retornados y de gestión de los programas de subvenciones y ayudas destinados a los españoles en el exterior y retornados; funciones para cuya atención los Presupuestos Generales del Estado consignan cada año los oportunos créditos. La Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados –actualmente derogada por la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio– incluía entre sus diversos programas de ayudas, uno específicamente dirigido a personas mayores y dependientes, que regulaba ayudas para actividades asistenciales dirigidas a estos colectivos, y uno de cuyos objetos lo constituía el «Favorecer la acogida e integración de españoles mayores retornados que no pertenezcan a la población activa, mediante el apoyo a la creación o mantenimiento de residencias de acogida». En este marco, se han venido subvencionando hasta 2011, en régimen de concurrencia competitiva, las actividades de acogida de emigrantes españoles mayores retornados desarrolladas por la Fundación Gumiel en su residencia «El Retorno», ubicada en Alalpardo (Madrid). Las condiciones de esta acogida eran de naturaleza temporal, por el periodo mínimo necesario para la adjudicación de plazas definitivas en las Comunidades Autónomas de origen de los beneficiarios. El cierre de este servicio, comunicado por la entidad propietaria con margen de tiempo insuficiente para que las administraciones de las Comunidades Autónomas afectadas completasen los procesos de reubicación de las dieciocho personas residentes en ese momento en él, aconsejó a la Administración la búsqueda de recursos asistenciales alternativos para ellas. Ante la necesidad sobrevenida y urgente de atención temporal a las personas que se encontraban acogidas en la residencia «El Retorno», la organización no gubernamental Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) efectuó su traslado y acogida temporal en las instalaciones de las que dispone la organización en Sigüenza (Guadalajara). ACCEM es una organización no gubernamental y no lucrativa que trabaja con refugiados, inmigrantes, emigrantes y apátridas en España. Dispone de recursos que garantizan la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento y manutención de las personas acogidas y permiten potenciar su participación comunitaria y la realización de actividades saludables. ACCEM cuenta con una larga trayectoria de actividades en el ámbito migratorio que han contado con el apoyo institucional de la Dirección General de Migraciones a través de los correspondientes programas de subvenciones. Las circunstancias descritas y sus consecuencias en relación con el colectivo de beneficiarios afectados por el cierre de la residencia «El Retorno» revisten un carácter excepcional no pudiendo, por otro lado, ser atendidos en el marco de las convocatorias periódicas anuales. Su atención, además, ha exigido una respuesta inmediata de la Administración española competente, a fin de evitar la desatención de los afectados, pertenecientes a un colectivo en situación de vulnerabilidad social. Por ello, la vía más adecuada para el reconocimiento de ayudas destinadas a compensar la atención de estas personas por la entidad de acogida es la de la subvención directa, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de mayo de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y singular, de una subvención a la entidad Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), destinada a sufragar los gastos originados por la acogida temporal de españoles de origen mayores, retornados a España. Artículo 2. Procedimiento de concesión. 1. La concesión de la subvención prevista en el artículo anterior se realizará de forma directa, por concurrir razones humanitarias y de interés social, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido ### RESUMEN: Ayuda directa a ACCEM, por Real Decreto, para acoger a los residentes de la residencia El Retorno.

Transcurridos varios meses de legislatura, la experiencia ha revelado la conveniencia de modificar puntualmente la distribución de funciones realizada por el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, principalmente en el ámbito de los órganos directivos de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, para una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las unidades responsables. Por tal motivo se procede, en primer lugar, a modificar el artículo 6, que se refiere a las competencias correspondientes a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, con el fin de concentrar todas las funciones relacionadas con la cooperación con comunidades autónomas en la Subdirección General de Cooperación Territorial. Y, en segundo lugar, se modifica el artículo 7, que regula las competencias de la Dirección General de Formación Profesional, al que se le da una nueva redacción que afecta tanto a su apartado 1, donde se relacionan de nuevo, con las modificaciones necesarias, el elenco de competencias que corresponden a esta dirección general; como a su apartado 2, en este caso con el fin de asignar correctamente las funciones que corresponden a cada una de las tres unidades con nivel orgánico de subdirección general que dependen de dicho centro directivo. Por otra parte, la Exposición de Motivos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, recogió un doble ámbito de la intervención de la Administración General del Estado referida a la fiesta de los toros. Por un lado, se regulan las competencias de orden público y seguridad ciudadana en relación con espectáculos públicos y, por otro, el fomento de la cultura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución. Con objeto de lograr una correcta articulación de la materia dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se hace necesario modificar la ubicación de las funciones, de alcance transversal, relativas al fomento y protección de la tauromaquia, el funcionamiento de los registros taurinos, y el secretariado de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, que el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, atribuye a la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, de modo que pasen a integrarse en la Subsecretaría del Departamento. Asimismo, y dada la interrelación de las funciones que tienen atribuidas la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Subdirección General de Atención al Ciudadano, subdirección ésta que queda suprimida al pasar a denominarse Oficina de Atención al Ciudadano, se hace conveniente que ambas dependan de un mismo órgano directivo a fin de garantizar una mayor coordinación entre ellas de manera que la Oficina de Atención al Ciudadano, actualmente dependiente de la Secretaría General Técnica, pasa a depender, como la otra, directamente de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte. Además, y como funciones novedosas, se distribuyen respectivamente entre las dos subdirecciones anteriores la parte técnica de las redes sociales institucionales y la coordinación de las cuentas de dichas redes. Por otro lado, y tras la publicación de la Orden ECD/1982/2012, de 13 de septiembre, por la que se crean las Mesas de los órganos de contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura, se hace necesario proceder a la adecuación de las competencias atribuidas en el real decreto modificado a la Oficialía Mayor, limitándolas a la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, ya que las competencias de asistencia y apoyo a la Mesa y la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura pasan a corresponder a esta última a través de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera. Por último, y ya en la parte final del real decreto, se resuelven dos problemas de índole prácticos que están íntimamente relacionados con el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero. En la disposición adicional segunda, uno de representatividad en los órganos rectores de museos, archivos y bibliotecas de titularidad y gestión estatal, de forma que en aquellos órganos con representación del Ministerio, la que corresponda, en su caso, al titular de la Subsecretaría del extinto Ministerio de Cultura, corresponderá al Secretario de Estado de Cultura, en los casos en que no figure éste. En las disposiciones finales primera y segunda, por no ser el objeto principal de este real decreto, otro también de representatividad, ya que mediante sendas modificaciones muy puntuales de dos reales decretos se procede a regular el desempeño de la Presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje al objeto de abrir la posibilidad de que el Presidente del Consejo Superior de Deportes pueda designar a cualquier persona con rango de Director General o asimilado. En su virtud, a iniciativa del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de febrero de 2013, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, queda modificado como sigue: Uno. Los párrafos a) y ñ) del artículo 6.1 quedan redactados en los siguientes términos: «a) Las relaciones de coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, en el ámbito educativo, y la promoción del intercambio de información entre las diferentes Administraciones educativas, así como la planificación, gestión y seguimiento de los programas de cooperación territorial y convenios de cooperación con las Comunidades Autónomas.» «ñ) La programación y gestión de las actuaciones y planes para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, así como la convocatoria, adjudicación y entrega de los premios nacionales al estudio.» Dos. El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 7. Dirección General de Formación Profesional. 1. Corresponde a la Dirección General de Formación Profesional ejercer las siguientes funciones: a) La ordenación académica básica de las enseñanzas de formación profesional en el sistema educativo y el establecimiento de los títulos de formación profesional y cursos de especialización. b) Las relaciones de coordinación en el ámbito de la formación profesional y del aprendizaje a lo largo de la vida y la cooperación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, así como la planificación, gestión y seguimiento de los programas y convenios con las administraciones educativas en materia de formación profesional y del aprendizaje a lo largo de la vida, todo ello en coordinación con la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. c) La elaboración de las bases del régimen jurídico de la función pública docente y la coordinación de la política del personal docente. d) El establecimiento de las directrices para la expedición de títulos oficiales españoles de formación profesional. e) La aprobación de equivalencias de escalas de calificaciones de títulos y estudios extranjeros de formación profesional y la homologación y convalidación de estudios extranjeros en el ámbito de la formación profesional. f) La resolución de convalidaciones y equivalencias de estudios españoles con la formación profesional del sistema educativo español. g) La elaboración de la oferta formativa aplicable al territorio de gestión del departamento en materia de formación profesional y de los programas de cualificación profesional inicial, el régimen de funcionamiento de los centros integrados de competencia del departamento, así como el apoyo y coordinación de las unidades periféricas del Departamento en dicha materia y la colaboración en la planificación de las necesidades de infraestructura y equipamiento educativo, en coordinación con la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. h) La elaboración de estudios, trabajos técnicos e informes, y la elaboración y ejecución de planes para la innovación, mejora y promoción de la formación profesional, así como medidas que promuevan las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal. i) La información y el asesoramiento y diseño de estrategias en materia de orientación y formación profesional. j) La gestión de las ayudas del Fondo Social Europeo. k) La ordenación de la educación de las personas adultas, y la elaboración de la oferta formativa aplicable al territorio de gestión del Departamento en este ámbito. l) La elaboración de estudios, informes y trabajos técnicos, así como el diseño y desarrollo de medidas que orienten el aprendizaje a lo largo de la vida, tanto a través de actividades de enseñanza reglada como no reglada. m) La participación y colaboración en los programas internacionales de educación de personas adultas, de formación profesional y aprendizaje a lo largo de la vida. n) La elaboración y mantenimiento actualizado del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. ñ) La elaboración de los instrumentos de apoyo necesarios para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y vías no formales de formación. 2. Dependen de la Dirección General de Formación Profesional las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general: a) La Subdirección General de Orientación y Formación Profesional, que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), c), d), e), f), g) h), i) y j) del apartado 1 y, en el ámbito de sus competencias, las funciones de los párrafos b) y m) del citado apartado 1. b) La Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida, que ejercerá las funciones asignadas a la Dirección General en los párrafos k) y l) del apartado 1 y, en el ámbito de sus competencias, las funciones de los párrafos b) y m) del citado apartado 1. c) El Instituto Nacional de las Cualificaciones, que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos n) y ñ) del apartado 1.» Tres. El apartado 4 del artículo 8 queda redactado en los siguientes términos: «4. Depende directamente de la Secretaría de Estado de Cultura, la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera, que ejercerá las funciones de asistencia a los órganos directivos en la preparación de los expedientes de contratación, la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones, la asistencia y apoyo a la mesa y junta de contratación de la Secretaría de Estado de Cultura, y la tramitación de los expedientes de ejecución presupuestaria.» Cuatro. Se modifica el artículo 10, suprimiendo el párrafo u) de su apartado 1, y su mención en el párrafo c) de su apartado 2. Cinco. Se da nueva redacción a los párrafos l) y m) y se añaden los párrafos p), q) y r) en el artículo 11.2 y se añade un párrafo f) en el artículo 11.4. «2.l) La asistencia y apoyo a la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. 2.m) El impulso y coordinación de la política en materia de tecnologías de la información y comunicaciones del ministerio y de sus diferentes organismos; el desarrollo de los sistemas de información necesarios para el funcionamiento de los servicios; la administración y gestión de la administración electrónica, la Intranet, la administración y gestión de las redes sociales institucionales, el portal y dominios Internet del departamento; la gestión y administración de las redes de comunicación de voz y datos en los servicios centrales, periféricos y en el exterior; el asesoramiento y asistencia a los usuarios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones así como la coordinación y cooperación con otras administraciones y órganos del Estado en estas materias». «2.p) El ejercicio de las competencias relativas al funcionamiento de los registros taurinos, el fomento y protección de la tauromaquia y el secretariado de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, correspondiendo su Presidencia al Ministro de Educación, Cultura y Deporte o autoridad en quien éste delegue. 2.q) La planificación y ejecución de la política de información administrativa dirigida al ciudadano, a través del Centro de Información al Ciudadano y de los servicios telemáticos desarrollados a tal fin, así como la coordinación y publicación de los contenidos digitales de la página web del Departamento, y la coordinación de las distintas cuentas de redes sociales institucionales del Departamento y de sus Organismos Autónomos. 2.r) La organización y gestión de las oficinas de registro del departamento.» «4.f) La Oficina de Atención al Ciudadano, que ejercerá las funciones atribuidas a la Subsecretaría en los párrafos q) y r) del apartado 2.» Seis. Se suprimen los párrafos r) y s) del artículo 12.1 pasando el actual t) a ser el párrafo r); se suprime el párrafo e) del artículo 12.2 pasando el actual f) a ser el párrafo e) que queda redactado del siguiente modo: «e) La Subdirección General del Protectorado de Fundaciones, que ejercerá la función atribuida a la Secretaría General Técnica en el párrafo r) del apartado 1.» Siete. La disposición adicional quinta queda redactada del siguiente modo: «Disposición adicional quinta. Suplencia de los titulares de órganos superiores y directivos. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, se establece el siguiente régimen de suplencia de los órganos superiores y directivos del Departamento: a) Los titulares de las Secretarías de Estado, de la Subsecretaría del Ministerio y de la Secretaría General de Universidades serán sustituidos por los Directores Generales y Secretario General Técnico, de su dependencia, siguiendo el orden en que aparecen mencionados por primera vez en este real decreto, salvo que el superior jerárquico común a todos ellos establezcan expresamente otro orden de sustitución. b) Los Directores Generales y el Secretario General Técnico del Departamento serán sustituidos por los Subdirectores Generales de su dependencia, siguiendo el orden en el que aparecen mencionados por primera vez en este real decreto, salvo que el superior jerárquico común a todos ellos establezca expresamente otro orden de sustitución.» Disposición adicional primera. Supresión de órganos. Queda suprimida la Subdirección General de Atención al Ciudadano. Disposición adicional segunda. No incremento de gastos en materia de personal. El presente real decreto no podrá suponer, en ningún caso, incremento neto de estructura o de personal, dotándose, exclusivamente, mediante la correspondiente redistribución de efectivos, y su funcionamiento tendrá que realizarse con los medios materiales de que dispone actualmente la Administración. Disposición transitoria única. Representación de la Secretaría de Estado de Cultura en órganos colegiados. En tanto se adapte la composición de los órganos rectores de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad y gestión estatal, con representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en los casos en que no estuviera atribuida la representación al Secretario de Estado de Cultura se entenderá que la representación, en su caso, del titular de la Subsecretaría del extinto Ministerio de Cultura, corresponderá al Secretario de Estado de Cultura. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre, por el que se regula la estructura orgánica y las funciones del Consejo Superior de Deportes. Se suprime el apartado 4 del artículo 6 pasando el vigente 5 a numerarse como apartado 4. Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 811/2007, de 22 de junio, por el que se determina la estructura, composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos: «2. Desempeñará la Presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje la persona que designe el Presidente del Consejo Superior de Deportes, que deberá tener rango de Director General o asimilado. El Presidente podrá ser sustituido por el titular de una de las vocalías designadas por la Administración General del Estado con rango, al menos, de Subdirección General o asimilada o de Departamento de la Agencia Estatal Antidopaje, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.» Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 8 de febrero de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Wert reorganiza la estructura del ministerio para tener el fomento de los toros bajo su mando directo

Transcurridos varios meses de legislatura, la experiencia ha revelado la conveniencia de modificar puntualmente la distribución de funciones realizada por el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, principalmente en el ámbito de los órganos directivos de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, para una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las unidades responsables. Por tal motivo se procede, en primer lugar, a modificar el artículo 6, que se refiere a las competencias correspondientes a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, con el fin de concentrar todas las funciones relacionadas con la cooperación con comunidades autónomas en la Subdirección General de Cooperación Territorial. Y, en segundo lugar, se modifica el artículo 7, que regula las competencias de la Dirección General de Formación Profesional, al que se le da una nueva redacción que afecta tanto a su apartado 1, donde se relacionan de nuevo, con las modificaciones necesarias, el elenco de competencias que corresponden a esta dirección general; como a su apartado 2, en este caso con el fin de asignar correctamente las funciones que corresponden a cada una de las tres unidades con nivel orgánico de subdirección general que dependen de dicho centro directivo. Por otra parte, la Exposición de Motivos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, recogió un doble ámbito de la intervención de la Administración General del Estado referida a la fiesta de los toros. Por un lado, se regulan las competencias de orden público y seguridad ciudadana en relación con espectáculos públicos y, por otro, el fomento de la cultura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución. Con objeto de lograr una correcta articulación de la materia dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se hace necesario modificar la ubicación de las funciones, de alcance transversal, relativas al fomento y protección de la tauromaquia, el funcionamiento de los registros taurinos, y el secretariado de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, que el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, atribuye a la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, de modo que pasen a integrarse en la Subsecretaría del Departamento. Asimismo, y dada la interrelación de las funciones que tienen atribuidas la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Subdirección General de Atención al Ciudadano, subdirección ésta que queda suprimida al pasar a denominarse Oficina de Atención al Ciudadano, se hace conveniente que ambas dependan de un mismo órgano directivo a fin de garantizar una mayor coordinación entre ellas de manera que la Oficina de Atención al Ciudadano, actualmente dependiente de la Secretaría General Técnica, pasa a depender, como la otra, directamente de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte. Además, y como funciones novedosas, se distribuyen respectivamente entre las dos subdirecciones anteriores la parte técnica de las redes sociales institucionales y la coordinación de las cuentas de dichas redes. Por otro lado, y tras la publicación de la Orden ECD/1982/2012, de 13 de septiembre, por la que se crean las Mesas de los órganos de contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura, se hace necesario proceder a la adecuación de las competencias atribuidas en el real decreto modificado a la Oficialía Mayor, limitándolas a la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, ya que las competencias de asistencia y apoyo a la Mesa y la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura pasan a corresponder a esta última a través de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera. Por último, y ya en la parte final del real decreto, se resuelven dos problemas de índole prácticos que están íntimamente relacionados con el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero. En la disposición adicional segunda, uno de representatividad en los órganos rectores de museos, archivos y bibliotecas de titularidad y gestión estatal, de forma que en aquellos órganos con representación del Ministerio, la que corresponda, en su caso, al titular de la Subsecretaría del extinto Ministerio de Cultura, corresponderá al Secretario de Estado de Cultura, en los casos en que no figure éste. En las disposiciones finales primera y segunda, por no ser el objeto principal de este real decreto, otro también de representatividad, ya que mediante sendas modificaciones muy puntuales de dos reales decretos se procede a regular el desempeño de la Presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje al objeto de abrir la posibilidad de que el Presidente del Consejo Superior de Deportes pueda designar a cualquier persona con rango de Director General o asimilado. En su virtud, a iniciativa del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de febrero de 2013, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, queda modificado como sigue: Uno. Los párrafos a) y ñ) del artículo 6.1 quedan redactados en los siguientes términos: «a) Las relaciones de coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, en el ámbito educativo, y la promoción del intercambio de información entre las diferentes Administraciones educativas, así como la plan ### RESUMEN: Wert reorganiza la estructura del ministerio para tener el fomento de los toros bajo su mando directo

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I El Pleno del Parlamento Vasco aprobó, el 31 de marzo de 2011, la Proposición no de Ley 61/2011, sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política. En esta proposición, el Parlamento instó al Gobierno Vasco a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas, y a la reparación de su sufrimiento, lo que, en su momento, se materializó en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política, vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante la dictadura franquista. Fue un primer paso que tenía un ámbito temporal limitado, dejando para un ulterior momento legislativo la extensión de esta política de acompañamiento a las víctimas. El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el 11 de junio de 2015, aprobó la Proposición no de Ley 70/2015, con el siguiente tenor literal: «1. El Parlamento Vasco reitera que ninguna causa política puede situarse por encima de los derechos humanos, y que la convivencia futura requiere el reconocimiento de la injusticia de la violencia y del daño causado, así como el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. 2. El Parlamento Vasco invita al Gobierno español a sumarse a las políticas de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos no reconocidas, como es el caso de las víctimas de abuso policial del periodo 1960-1978, desde el consenso social, político e institucional en favor del reconocimiento a todas las víctimas. 3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a continuar desarrollando las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial que se vienen impulsando desde la anterior legislatura. En este sentido, y dando continuidad a esta línea, insta a que el anunciado proyecto de ley de reconocimiento y reparación a estas víctimas que va a presentar a esta Cámara busque desde el inicio el máximo consenso social, político e institucional.» La presente ley supone, por tanto, la continuación del camino entonces emprendido y la plasmación de la voluntad de atender a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos a partir del 29 de diciembre de 1978. Su necesidad viene determinada, fundamentalmente, por la existencia de víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no han sido reconocidas, ni reparadas, a partir de esa fecha. En la medida en que existen, es imperativo ético y democrático crear un instrumento para su reconocimiento y reparación. La Constitución española, aprobada en 1978, en el epígrafe de regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas, en su artículo 15, señala que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Cuando en un sistema democrático se vulnera ese derecho fundamental, los poderes públicos deben actuar no sólo en la prevención de esas actuaciones, sino también, en su caso, en su reparación y reconocimiento, y la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencias reconocidas para actuar en esta materia. Un diagnóstico completo de las violaciones de derechos humanos sufridas en Euskadi en los periodos temporales a los que se refiere el Decreto 107/2012 y la presente ley, deben incluir sin discursos equiparadores de realidades muy distintas y mucho menos justificativas de ninguna violación de derechos humanos a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de violaciones provocadas directa o indirectamente por agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. Pero tanto el Decreto 107/2012 como la Ley, se ciñen a las víctimas no reconocidas de ambas etapas temporales, que tenían como contexto compartido la existencia de ETA. Las acciones terroristas no justifican ni una sola vulneración que haya sido ejercida mediante abuso de poder pero la existencia de vulneraciones de derechos humanos no puede tampoco ser presentada como un enfrentamiento entre dos violencias provocado por un conflicto político. Por tanto, esta ley se ciñe a la atención de las víctimas que en su condición de tales no han sido reconocidas ni reparadas como tal, sin ninguna otra interpretación posible. La existencia de estas víctimas ha quedado recogida en informes de organismos internacionales de derechos humanos, así como en crónicas e informaciones y en diferentes informes elaborados por instancias académicas y expertas. En consecuencia, son las propias víctimas, que hasta el momento no han sido reconocidas ni reparadas, las que justifican la necesidad de esta ley, que está directamente vinculada al compromiso democrático con el Estado de derecho y con los principios, derechos, libertades y garantías que lo fundamentan. Esta ley, por tanto, significa reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos que se hubieran producido en un contexto de motivación política. Este reconocimiento no supone menoscabo para el Estado de derecho y sus instituciones. Antes, al contrario, significa su más sólido reforzamiento, en la medida en que implica un compromiso y una voluntad de reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático. El Estado de derecho lo es, no tanto porque en su seno no se produzcan errores o actuaciones ilícitas, sino por su capacidad de identificarlos, corregirlos y reparar, en la medida de lo posible, sus consecuencias. Mediante la presente ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos en los años 1978-1999, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos. Con esta ley se pretende, además, contribuir a la normalización de la convivencia y a la construcción de una memoria crítica del pasado. La sociedad vasca ha padecido más de cinco décadas de terrorismo y violencia. En este contexto de violencia de motivación política, se ha producido un significativo número de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, muy especialmente a finales de los setenta y hasta bien entrados los ochenta. Víctimas que han quedado sin cobertura en la legislación actual. Este reconocimiento es, por tanto, pieza necesaria para la normalización de la convivencia y la construcción de una memoria crítica del pasado. En definitiva, cuando se haya producido una vulneración de derechos humanos en un contexto de la violencia de motivación política, entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, esta ley viene a reconocer y a reparar a las víctimas, con el ánimo de que sean tratadas de forma justa y equitativa. II La cobertura que ofrece esta ley a las víctimas producidas con posterioridad al año 1978 se proyecta, por el momento, hasta el año 1999, dando continuidad a la experiencia acumulada con la ejecución del Decreto 107/2012, de 12 de junio. La justificación de este ámbito temporal viene marcada por la institución de la prescripción. Permite abordar los casos que, por haber prescrito, no han encontrado el merecido reconocimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación. Evita así interferencias en los asuntos en los que todavía es posible entablar acciones legales ante los tribunales de justicia. En segundo lugar la experiencia acumulada con la ejecución del Decreto 107/2012 aconseja abordar la atención a las víctimas acotando sectores temporales de intervención de la política pública. III La ley se asienta en la doctrina que emana de los tratados y acuerdos internacionales en materia de protección de los derechos humanos, que partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los pactos de 1966 de Naciones Unidas y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, entre otros muchos, avanzaron a lo largo del pasado siglo en la definición y protección de una serie de derechos considerados como fundamentales de la persona, entre los que, con toda claridad, se encuentran el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica, moral y sexual. Derechos que tienen un carácter cuasiabsoluto y son considerados, en la actualidad, como parte integrante del contenido esencial de protección de la persona y constituyen, por sí mismos, un mínimo común democrático y un ámbito de protección indiscutible e intemporal de nuestra sociedad. En el mismo sentido, es obligado traer a colación el cuerpo jurídico de los derechos fundamentales que, por la vía del artículo 10.2 de la Constitución española, se deben interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, y ratificada por España el 19 de diciembre de 1987, y la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 14 de julio de 2009. Estos derechos fundamentales deben ser protegidos por los poderes públicos, en el marco de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Y ello sobre la base inspiradora de los denominados «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones», que emanan de la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005. Principios que, sin duda, establecen en el trípode justicia, verdad y reparación, la base desde la que los estados deben atender las violaciones graves de los derechos humanos a la hora de configurar la atención, prestaciones y derechos para con sus víctimas. Los estándares internacionales de atención a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos enlazan, de manera fluida, con los estándares regionales europeos y, en particular, con la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorecen un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan, al margen de las mismas, regulaciones particulares en atención a colectivos de víctimas con necesidades especiales. En cuanto a la legislación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía establece, como principio rector, el deber de los poderes públicos de velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía, y de impulsar una política tendente a la mejora de las condiciones de vida. Corresponde también a los poderes públicos adoptar aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales. Obligación que entronca con el contenido del artículo 9.2 de la Constitución Española y que, en tal medida, habilita un ámbito de protección y reparación indiscutiblemente intemporal de la persona y, en definitiva, de nuestra sociedad. Sobre esta base previa, esta política de acompañamiento de las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos debe inscribirse en los títulos competenciales que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco por vía del artículo 10.12, asistencia social, del artículo 18, sanidad, y del artículo 10.39, desarrollo comunitario, del Estatuto de Gernika. En este sentido, la ley aborda la corrección de desigualdades producidas por el efecto de una grave vulneración de derechos humanos, y lo hace desde una perspectiva asistencial y personalizada para cada caso. Por otra parte, se orienta a promover el desarrollo comunitario conciliador y restaurador de una sociedad que ha padecido una vivencia traumática, sostenida durante décadas, de acciones de terrorismo, violencia y agresiones. IV La ley establece un sistema de reconocimiento y reparación, en la línea de su precedente, el Decreto 107/2012, de 12 de junio, aunque progresa en la definición de víctima y sus derechos para adaptar sus contenidos al nuevo ámbito temporal de aplicación de la ley, a las recomendaciones y experiencia que emanan de la Comisión de Valoración del citado Decreto 107/2012, y a las directrices asentadas por la Sentencia 267/2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Las modificaciones también obedecen a la voluntad de profundizar en los contenidos de reparación para con las víctimas, que deben encontrar en la indemnización una primera vía, pero no única, como camino al reconocimiento de la injusticia de la vulneración de los derechos humanos que padecieron. Para ello la ley se divide en siete capítulos, siete disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. El capítulo I articula las disposiciones generales de la ley identificando su objeto y su ámbito de aplicación, tanto geográfico como temporal, concretando la definición de víctima e identificando las personas beneficiarias. El capítulo II regula los principios de actuación para con las víctimas en aras de su reconocimiento y reparación según máximas de solidaridad, celeridad, evitación de nuevos procesos de victimización, colaboración interinstitucional y garantía de derechos. El capítulo III, relativo al reconocimiento y reparación, recoge los derechos al reconocimiento público, a la justicia y a la verdad, en la medida en que resultan compatibles con el suelo competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La constatación y acreditación de un maltrato grave o de lesiones de carácter no permanente darán lugar al derecho a la declaración y reconocimiento como víctima, pero no a la compensación económica. Para los supuestos que conllevan compensación económica se establece un sistema baremado que viene determinado por la naturaleza de los daños causados. Este capítulo contempla, también como medida de reparación, el derecho a la asistencia sanitaria integral. El capítulo IV regula el procedimiento, el órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento, los modos de iniciación, la instrucción y la resolución. Atribuye la tramitación al órgano competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco, la instrucción a la Comisión de Valoración y la resolución del procedimiento a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos. Este procedimiento, que no conlleva desarrollo reglamentario, contempla un plazo de dos años para la presentación de solicitudes, y un plazo de dos años para la resolución del expediente, dejando abierta la posibilidad a una ampliación de este plazo si concurrieran circunstancias excepcionales que lo justificaran. Todo ello con el ánimo de facilitar la presentación de solicitudes y de evitar, en la medida de lo posible, una presentación masiva de solicitudes, por un lado, y de hacer posible una evaluación rigurosa y ordenada, por otro, ya que, en algunos casos, será preciso realizar un análisis de situaciones complejas y ocurridas hace muchos años. El capítulo V crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión de Valoración, que estará integrada por la persona que ostente la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dos peritos forenses y un psicólogo designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal, y seis personas expertas en el objeto de regulación de la ley, designadas tres de ellas por el Gobierno Vasco y otras tres por el Parlamento Vasco. La función principal de esta comisión se centrará, a partir de la acreditación de los hechos, en la valoración de daños, lesiones o secuelas de los casos de vulneración de derechos humanos que se le presenten, sin entrar en la consideración penal de los mismos. El capítulo VI contiene las obligaciones de la víctima y las consecuencias de su incumplimiento. El capítulo VII regula la provisión, mediante ley de presupuestos, de los créditos a consignar para esta finalidad y la necesaria publicidad de las dotaciones económicas que al efecto se aprueben. La ley incorpora siete disposiciones adicionales. Las tres primeras permiten habilitar la aplicación retroactiva de la norma, en primer lugar, a quienes ya obtuvieron, en su momento, un reconocimiento al amparo del Decreto 107/2012, de 12 de junio, para que puedan asimismo beneficiarse de las nuevas prestaciones sanitarias que la ley contempla. En segundo lugar, para reconocer a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita entre 1960 y 1978, en supuestos en los que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en esta ley, no estaban amparados por el Decreto 107/2012, de 12 de junio. Y en tercer lugar para aquella personas que cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Decreto 17/2012, de 12 de junio no hubieran solicitado su reconocimiento o lo hubieran hecho fuera de plazo. La cuarta determina la normativa vigente aplicable a las indemnizaciones por lesiones permanentes de carácter no invalidante. La quinta establece un plazo para la constitución de la Comisión de Valoración. La sexta establece la excepción relativa a la relación concreta de culpabilidad. La séptima establece la necesidad de elaboración de un reglamento sobre los procedimientos de la Comisión de Valoración. Por último, la disposición final primera autoriza a la persona titular de la Secretaría General o Viceconsejería competente en materia de derechos humanos para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la ley; y la disposición final segunda se refiere a la entrada en vigor de la misma. CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. Es objeto de la presente ley la configuración de los derechos al reconocimiento y, en su caso, a la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde el 29 de diciembre de 1978 al 31 de diciembre de 1999, con los efectos y el alcance previstos en esta ley. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Constituye supuesto de hecho para la aplicación de la presente ley que se haya producido una vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2. A los efectos de esta ley, se considerará vulneración de derechos humanos producida en un contexto de violencia de motivación política aquella que se haya producido con la concurrencia de las siguientes condiciones: a) Que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política. b) Que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de motivación política, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones; o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada. c) Que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas. 3. Se considerarán, también, vulneración de derechos humanos producida dentro del ámbito de aplicación de esta ley, los casos de aquellas personas que puedan justificar indefensión, debido a que no se hayan investigado las denuncias presentadas por las violaciones de derechos humanos a las que se refiere la ley, a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho que acredite la indefensión. 4. La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo. 5. Se entenderá que la vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política prevista en esta ley se ha producido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los siguientes casos: a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. b) Cuando los hechos se hubieran cometido fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero la persona afectada estuviera domiciliada, en aquel momento, en un municipio de dicha Comunidad Autónoma. c) Cuando los hechos se hubieran cometido fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la víctima hubiera residido diez años en la misma. 6. Los derechos y prestaciones reconocidos en esta ley alcanzan a las víctimas directas de las vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, en los términos que se expresan en cada caso. 7. Quedan expresamente excluidas de la aplicación de esta ley las personas que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta, incluso cuando con dichas actuaciones lo que se pretendía fuera repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Artículo 3. Personas beneficiarias. 1. Serán personas beneficiarias directas de todos los derechos reconocidos en la presente ley las personas que acrediten que padecieron las vulneraciones de los derechos humanos previstas en esta ley. 2. En el supuesto de que la vulneración de los derechos humanos de una persona haya tenido como consecuencia directa su fallecimiento, podrán solicitar la declaración de víctima, y beneficiarse de la compensación económica correspondiente, en orden excluyente: a) La o el cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separadas, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos e hijas de la persona fallecida. b) En caso de inexistencia de las anteriores, serán destinatarias, por orden sucesivo y excluyente, el padre y la madre, las nietas y nietos, los hermanos y hermanas y las abuelas y abuelos de la persona fallecida. c) En defecto de las anteriores, las y los hijos de la persona conviviente y menores en acogimiento familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella. 3. En el caso de la concurrencia prevista en el apartado a), la ayuda se repartirá por mitades, correspondiendo una a la o el cónyuge o conviviente y la otra a los hijos e hijas, distribuyéndose esta última por partes iguales. 4. En los supuestos de concurrencia de personas con el mismo parentesco, la cuantía total se repartirá entre ellas por partes iguales. 5. En caso de fallecimiento de la persona que padeció las vulneraciones de los derechos humanos previstas en esta ley con posterioridad a la producción del hecho y por causas ajenas al mismo, podrán solicitar la declaración de víctima las personas indicadas en el apartado 2 de este artículo. En este supuesto, cuando como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos se hubieran producido lesiones de carácter permanente, se abonará el 65 % de la cuantía prevista para la correspondiente lesión, con el límite máximo de la indemnización prevista para el caso de fallecimiento en la letra a) del artículo 10.2 de esta ley. 6. Respecto de la asistencia psicológica prevista en el artículo 11.4 podrán ser beneficiarias de la misma las personas mencionadas en el apartado 2 de este artículo, siempre que con carácter previo se haya emitido la correspondiente resolución de declaración de víctima al amparo de lo establecido en la presente ley. CAPÍTULO II Principios de actuación Artículo 4. Principios de actuación. 1. Los poderes públicos vascos, con base en el principio de solidaridad con las víctimas, adoptarán las medidas oportunas para: a) Documentar con el máximo rigor, veracidad y coherencia, y dentro del marco definitorio de esta ley, la existencia de vulneraciones de derechos humanos en los casos presentados, atendiendo a la diversidad y a las diferencias existentes. b) Promover un reconocimiento institucional y social de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, favoreciendo su visibilización, la rehabilitación de su honor y su satisfacción moral. c) Garantizar una reparación efectiva adoptando las medidas oportunas que permitan paliar, en la medida de lo posible, los daños físicos, psíquicos, morales y sexuales padecidos, a través de las prestaciones sanitarias y compensaciones económicas previstas en esta ley. 2. La instrucción y resolución de los procedimientos estará presidida por los principios siguientes: a) Principio de trato favorable a las víctimas, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad y desigualdad en que puedan encontrarse, procurando que el procedimiento no dé lugar a nuevos procesos traumáticos. b) Principio de celeridad, evitando trámites formales que alarguen o dificulten innecesariamente el reconocimiento de los derechos y su reparación. En este sentido, no se requerirá aportación documental a la persona interesada para probar hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los archivos o antecedentes de la administración actuante. c) Principio de colaboración interinstitucional, de manera que las instituciones públicas suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos que les sean solicitados y facilitarán la colaboración, tanto de autoridades como del personal técnico a su servicio, que sea precisa para el esclarecimiento de los hechos y la resolución de los expedientes. d) Principio de garantía de los derechos de terceras personas, que conlleva que, la concurrencia de estas en los expedientes administrativos tramitados al amparo de esta ley no podrá suponer, en ningún caso, vulneración ni afección alguna a sus garantías jurídicas y constitucionales, sin perjuicio, en su caso, de aplicar lo previsto en el artículo 7.b) de esta ley. CAPÍTULO III Reconocimiento y reparación Artículo 5. La declaración de víctima. A los efectos de esta ley, la declaración de víctima de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política implicará, en todo caso, el derecho al reconocimiento público de la condición de víctima. Este reconocimiento público deberá compaginarse con el derecho de la víctima, cuando lo solicite expresamente, a preservar su intimidad, y a que, por tanto, tal reconocimiento no se publicite ni notifique a terceros, salvo que dichos terceros acrediten interés legítimo o exista otra finalidad lícita que justifique esa comunicación. En la medida en que lo permita el ámbito competencial de los poderes públicos, se procurará la promoción, por parte de los mismos, de aquellas actuaciones que posibiliten el derecho a la verdad. Artículo 6. Derecho al reconocimiento público. Los poderes públicos vascos impulsarán medidas activas para asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas y mediante actos, símbolos o elementos análogos, el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley. Artículo 7. Derecho a la verdad. 1. Los poderes públicos vascos colaborarán con los órganos y organismos del Gobierno Vasco que ejerzan funciones en materia de derechos humanos, promoción de la memoria o convivencia democrática para, en el marco de sus respectivas competencias, contribuir al conocimiento de la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos a las que se refiere esta ley, a través de las siguientes acciones: a) Promoverán el derecho de todas las víctimas a que se conozcan los hechos contrastados de lo sucedido, facilitando el acceso a todo tipo de archivos oficiales y a cualesquiera otros lugares donde se pueda conseguir información. b) Difundirán, con el necesario respeto a la identidad de las víctimas, y atendiendo a la diversidad y a las diferencias existentes, las relaciones de hechos que la Comisión de Valoración haya considerado vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política a las que se refiere esta ley. 2. Los poderes públicos vascos colaborarán, en la medida de sus posibilidades y competencias, para garantizar el acceso de todas las víctimas a las siguientes acciones: a) Facilitarán a las personas beneficiarias previstas en el artículo 3 de esta ley información sobre los recursos disponibles y, en su caso, aquella que permita incoar los oportunos procedimientos judiciales que, en cada caso, puedan proceder. b) Cuando la Comisión de Valoración considere que del contenido del expediente pudiera desprenderse alguna actuación ilegal no prescrita, lo comunicará a los tribunales competentes y, en su caso, a la administración competente. c) Asimismo, los expedientes de las víctimas reconocidas por esta ley serán, en todo caso, remitidos al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos para que este pueda, siempre dentro del necesario respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal, desarrollar las políticas que son de su competencia. Artículo 8. Derecho a la reparación. La declaración de víctima de vulneraciones de derechos humanos conllevará, en aquellos casos previstos en esta ley, el derecho a la reparación, que comprenderá una compensación económica y, en su caso, una asistencia sanitaria para superar los daños sufridos como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos acaecidas, de acuerdo con las reglas que se establecen en los dos artículos siguientes. Artículo 9. Indemnización. 1. Las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política reconocidas conforme a las previsiones de esta ley, tendrán derecho a recibir una indemnización por los daños sufridos, de acuerdo con las reglas que se establecen en el presente artículo. 2. El importe queda determinado por los daños causados por la vulneración de derechos, de acuerdo con el siguiente baremo: a) Por fallecimiento: 135.000 euros. b) Por gran invalidez: 390.000 euros. c) Por incapacidad permanente absoluta: 95.000 euros. d) Por incapacidad permanente total: 45.000 euros. e) Por incapacidad permanente parcial: 35.000 euros. f) Por lesiones permanentes de carácter no invalidante, el importe se calculará de acuerdo con las cuantías, multiplicadas por tres, establecidas en la normativa general aplicable a las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. El importe total de la cuantía por este concepto no podrá alcanzar ni exceder, en ningún caso, el señalado en la letra anterior para la incapacidad permanente parcial. 3. El maltrato grave y las lesiones de carácter no permanente no darán lugar a una compensación económica, sin perjuicio del derecho a la declaración de víctima a los demás efectos que se prevén en esta ley. 4. El pago de las compensaciones económicas se realizará mediante un único libramiento, que se efectuará tras el reconocimiento del derecho de reparación. 5. En las concedidas por fallecimiento, el pago a cualquiera de las personas beneficiarias liberará a la Administración de cualquier obligación frente a terceros con derecho a las mismas, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer entre sí. Artículo 10. Compatibilidades de las compensaciones económicas. Estas compensaciones económicas son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos en el marco de expedientes de responsabilidad patrimonial por el normal o anormal funcionamiento de la Administración, y con aquellas indemnizaciones que las víctimas hubieran percibido o tuvieran derecho a percibir en el marco de la legislación en materia de memoria histórica o de víctimas del terrorismo, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo de esta ley. En este caso procederá la percepción por la diferencia entre las cantidades percibidas o reconocidas en base a la correspondiente normativa y el importe previsto en esta ley. Artículo 11. Asistencia sanitaria. 1. Quienes hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos derivados de las vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, tendrán acceso a cuantas prestaciones sanitarias, incluidas en la cartera de prestaciones del sistema vasco de salud, sean necesarias para recuperar, en la medida de lo posible, las condiciones físicas anteriores al hecho causante. 2. Dicha atención sanitaria se prestará con los recursos adscritos del sistema sanitario de Euskadi. No obstante, si las necesidades del o la paciente así lo aconsejaran y la idoneidad del tratamiento estuviera objetivamente justificada, pero no tuviera cabida dentro de la red sanitaria pública, podrán autorizarse tratamientos médicos facilitados fuera de ese ámbito, siendo por cuenta del departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco el coste de dichos tratamientos y los gastos generados por el acompañamiento de la persona atendida. 3. La Administración cubrirá la totalidad de los gastos generados por el implante de prótesis o mejoras periódicas de las mismas, así como los gastos derivados de la necesidad de rehabilitación, diagnosticados por el servicio público de salud de Euskadi. Todo aquello diagnosticado y no cubierto por el sistema de protección sanitaria ordinaria será asumido por el departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco. 4. La asistencia psicológica, incluida la psicosocial y la psicopedagógica, dirigida a superar los efectos de tal naturaleza derivados de la vulneración de derechos humanos, producida en un contexto de violencia de motivación política, será dispensada a cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 3 siempre que se acredite su necesidad mediante certificación en tal sentido expedida por facultativo público. La asistencia psicológica a que se refiere este párrafo se prestará a través de los medios públicos adscritos al sistema sanitario de Euskadi, y excepcionalmente, cuando esté objetivamente justificado, se admitirá la asistencia psicológica impartida por profesional privado, asumiendo su coste el departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco. La compensación económica, en estos casos, se abonará por trimestres vencidos, previa presentación de las facturas de los gastos y honorarios correspondientes, hasta un límite total, por persona, de 3.500 euros. En caso de que el diagnóstico médico lo prescriba, podrá ampliarse la ayuda concedida por igual cuantía. 5. Estas ayudas serán incompatibles con las de la misma naturaleza que pudieran prestar, por las mismas causas, otras administraciones públicas. CAPÍTULO IV Procedimiento Artículo 12. Órgano competente. El procedimiento para la declaración de los derechos reconocidos en esta ley será tramitado por el órgano competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco y resuelto por la persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en dicha materia. Dicha tramitación se ajustará a las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos que resulten de aplicación. Artículo 13. Iniciación. 1. Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios presenciales o electrónicos. 2. El procedimiento se iniciará por solicitud de las personas indicadas en el artículo 3 de esta ley. A los efectos de facilitar su presentación, la resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, por la que se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes, contendrá un modelo normalizado de solicitud. 3. En caso de que la persona afectada haya fallecido, junto con la solicitud, deberá aportarse certificado de defunción de la víctima, así como la siguiente documentación en función de la relación de parentesco entre la persona fallecida y la solicitante: a) Si se tratara de la persona cónyuge no separada legalmente, ni en proceso de separación o nulidad matrimonial, copia del libro de familia o certificación literal de la inscripción del matrimonio, expedida por el Registro Civil con posterioridad a la fecha de defunción de la víctima, así como declaración responsable de la persona interesada en la que manifieste no haberse iniciado un proceso de separación o nulidad matrimonial. b) Cuando la persona solicitante fuera la que hubiera convivido con análoga relación de afectividad, esta habrá de justificarse mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos: Documento público en el que conste la existencia de la pareja de hecho. En caso de existencia de hijos o hijas comunes, copia del libro de familia o las certificaciones literales de nacimiento expedidas por el Registro Civil, así como la declaración responsable de la persona interesada en la que acredite la convivencia con la persona fallecida. Certificado de convivencia del ayuntamiento o acta notarial de notoriedad que acredite la convivencia en los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, acompañado de cualquier documento que sirva para acreditar la análoga relación de afectividad a la conyugal, cuya valoración se realizará por la Comisión de Valoración. c) Cuando se trate de los hijos e hijas de la persona fallecida, se acompañará copia del libro de familia o las certificaciones literales de nacimiento expedidas por el Registro Civil. d) Si las personas solicitantes fuesen los padres y madres, nietos y nietas o hermanos y hermanas de la persona fallecida, deberán acreditar su relación de parentesco con el o la causante de la indemnización mediante copia del libro de familia o las correspondientes certificaciones literales de nacimiento o matrimonio, expedidas por el Registro Civil. e) A efectos de determinar tanto la eventual prelación como la concurrencia de personas beneficiarias con el mismo derecho, las personas incluidas en la letra d) anterior deberán declarar en la solicitud que no tienen constancia de la existencia de personas beneficiarias con mejor derecho a la compensación económica o, en su caso, los nombres y apellidos de otras posibles perceptoras con igual derecho. 4. La solicitud contendrá una descripción de las circunstancias, previstas en esta ley, en que se hubiere producido la vulneración del derecho humano. Dicha descripción deberá presentar las características del suceso comprendido en el ámbito de aplicación de la presente ley, que podrá acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho y, en particular, mediante los informes y documentos que se consideren relevantes a efectos de demostrar la condición de víctima regulada en esta ley. 5. Las solicitudes para la declaración de la condición de víctima de vulneraciones de derechos humanos previstas en esta ley, se dirigirán al órgano competente del Gobierno Vasco en materia de derechos humanos, en el plazo de dos años desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco» de la correspondiente resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes. 6. Las solicitudes irán acompañadas de aquellos informes y certificados médicos que permitan la adecuada valoración de la vulneración de derechos humanos y del resultado causado. Artículo 14. Instrucción. 1. Recibida la solicitud, junto con la documentación requerida, el órgano competente en materia de derechos humanos, al que corresponde la tramitación del expediente, dará traslado del mismo a la Comisión de Valoración regulada en el capítulo V de esta ley, quien realizará de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados. 2. En todo caso, si lo considera necesario, la Comisión de Valoración podrá: a) Escuchar a la persona solicitante, al objeto de completar la información sobre los documentos y pruebas presentados por su parte. A estos efectos, citará a la persona solicitante a una entrevista a realizar en la sede del Gobierno Vasco, o en la de sus delegaciones territoriales o dependencias, o en su defecto en el lugar que se acuerde con la víctima, siguiendo los principios de cercanía geográfica a su domicilio. De esta entrevista se levantará acta por la secretaría técnica de la Comisión de Valoración pudiéndose, con la conformidad de la persona solicitante, grabar por medios audiovisuales su declaración. b) Recabar los antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los departamentos y organismos dependientes del Gobierno Vasco, así como en otros registros públicos de la misma Administración, donde pudiera haber quedado constancia de los mismos. c) Solicitar información a otras administraciones públicas, entidades u órganos privados o públicos de los antecedentes, datos o informes que puedan resultar necesarios para la tramitación de los expedientes, siempre dentro de los límites fijados por la legislación vigente en materia de transparencia y protección de datos. d) Solicitar informe o testimonio de personas que, bien por su conocimiento directo o indirecto de los hechos o bien por su experiencia o pericia técnica, pudieran aportar información relevante sobre la solicitud presentada, cuya declaración podrá, igualmente, ser objeto de grabación. e) Llevar a cabo cuantas actuaciones estime precisas en orden al mayor esclarecimiento de los hechos en cuestión y a una mejor resolución de la solicitud presentada. 3. En el caso de que la solicitud sea presentada por una o varias de las personas indicadas en el artículo 3 de la presente ley, y la Comisión de Valoración tuviera conocimiento, en el ejercicio de sus funciones, de que pudiera haber otras personas que se encuentren en igual o mejor derecho, habrá de dar traslado de la solicitud a las mismas a los efectos de que puedan personarse en el procedimiento como parte interesada. 4. Las entidades públicas y personas privadas, relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Comisión de Valoración, habrán de prestarle la colaboración que les sea requerida al objeto de esclarecer los hechos y en el marco de los expedientes tramitados al amparo de la presente ley. A este respecto suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos y la colaboración del personal técnico que les sea requerida y, en caso de que sean citadas, comparecerán, personalmente o mediante representante autorizado, ante la Comisión de Valoración para responder directamente a los requerimientos de información. La Comisión de Valoración podrá, en el ámbito de sus competencias, mantener las relaciones que estime necesarias con cualquier autoridad o sus agentes, así como intercambiar informaciones y recibir las colaboraciones de organismos y entidades públicas y privadas. 5. En aquellos casos en los que la Comisión de Valoración tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, el órgano encargado de resolver el expediente suspenderá la tramitación del procedimiento, hasta que la vía judicial se haya agotado. Igual suspensión se producirá cuando se tenga conocimiento de la existencia de procedimientos administrativos sancionadores abiertos, hasta que los mismos sean firmes en la vía administrativa. 6. En cada expediente habrá de constar un informe técnico emitido por, al menos, dos peritos forenses pertenecientes al Instituto Vasco de Medicina legal, que formen parte de la Comisión de Valoración, en el que, en el ámbito de las funciones que tienen atribuidas en la Comisión de Valoración, se pronuncien sobre la compatibilidad del maltrato o lesiones alegadas, con los hechos causantes. En los casos de gran invalidez, incapacidad permanente parcial, total o absoluta, acreditada mediante certificado expedido por la autoridad competente, los respectivos informes técnicos habrán de pronunciarse sobre el grado de vinculación de las lesiones acreditadas con los hechos alegados en el marco de cada expediente. En aquellos casos en los que el informe concluya que existe un determinado grado de invalidez o incapacidad permanente, que no se encuentra acreditado por certificado emitido por la autoridad competente, desde la Comisión de Valoración se indicará el procedimiento para facilitar su obtención. 7. Corresponde a la Comisión de Valoración, con carácter exclusivo e independiente, proponer, de forma motivada, la inadmisión a trámite de las solicitudes, así como analizar las solicitudes admitidas y acordar, motivadamente, la propuesta de declaración de la condición de víctima o de denegación de la solicitud presentada. 8. Para ello, la Comisión de Valoración examinará la documentación y los elementos de prueba que consten en el expediente y los valorará en su conjunto. La Comisión de Valoración emitirá un informe motivado de cada solicitud presentada, en el que analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2 de esta ley, realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos humanos de la víctima que considera probados, incluirá una valoración sobre la relación de causalidad entre dichos hechos y las lesiones acreditadas, detallando los medios de prueba en los que se fundamenta, y propondrá, en su caso, la declaración de víctima, a los efectos de esta ley, así como las medidas reparadoras que considere oportunas. 9. La comisión, al efecto de proceder a la determinación del importe correspondiente a la compensación económica a abonar en función de la naturaleza de las lesiones en los casos de gran invalidez, incapacidad permanente parcial, total o absoluta, o lesiones permanentes de carácter no invalidante, deberá aplicar, como criterio determinante, el certificado emitido por la autoridad competente, cuando lo hubiera, modulado en función de la vinculación existente entre las lesiones acreditadas con los hechos alegados, según se recoja en los informes técnicos preceptivos de las y los peritos forenses. Artículo 15. Resolución. 1. La propuesta de la Comisión de Valoración se comunicará a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos, quien dictará la correspondiente resolución sobre la solicitud presentada, reconociendo, cuando proceda, la condición de víctima de la persona que haya padecido las vulneraciones de derechos previstas en esta ley y determinando, en su caso, los derechos derivados de dicho reconocimiento, o inadmitiendo o denegando la solicitud. 2. El órgano competente deberá resolver la solicitud planteada y notificar la resolución a las personas interesadas en el plazo máximo de veinticuatro meses, salvo que concurrieran circunstancias excepcionales que justifiquen la ampliación motivada de dicho plazo. La ampliación se ajustará, en todo caso, a los límites que establezca la normativa vigente. 3. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, la persona o personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. CAPÍTULO V Comisión de Valoración Artículo 16. Creación. 1. Se crea una comisión que se encargará de valorar las solicitudes presentadas y proponer, al amparo de esta ley, la inadmisión de solicitudes o, cuando proceda, la declaración de la condición de víctima y, en su caso, las medidas de reparación o la denegación de la solicitud presentada. 2. La secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos deberá facilitar los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus tareas. 3. Sus miembros actuarán bajo los principios de legalidad, independencia, confidencialidad, colaboración y eficacia. Artículo 17. Composición y constitución. 1. La Comisión de Valoración estará compuesta por: a) La persona que ostente la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. b) Tres personas designadas por la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, donde una de ellas será jurista especializada en Derecho penal, otra tendrá experiencia en materia de víctimas, y una tercera historiadora especialista en el contexto temporal al que se refiere la ley. c) Tres personas expertas en la materia objeto de regulación de esta ley, designadas por la Comisión del Parlamento Vasco encargada del seguimiento de los derechos humanos, entre las que incluirá a un representante de la sociedad civil. d) Dos peritos forenses y un/a psicólogo/a designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal, todos ellos con experiencia en materia de víctimas. e) Ostentará la Secretaría Técnica de la Comisión, con voz y sin voto, una persona al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de nivel técnico, licenciada en Derecho, designada por la Secretaría General o Viceconsejería competente en materia de derechos humanos. 2. La presidencia de la Comisión de Valoración será elegida de entre sus miembros por mayoría. 3. A efectos de garantizar el derecho a recusación de las personas interesadas, la identidad de las y los miembros titulares y suplentes que integran la Comisión de Valoración se hará pública mediante resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, que será publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco». 4. En los supuestos en los que así lo decida, la Comisión de Valoración podrá contar además con la presencia de otras y otros peritos expertos cuya aportación se considere necesaria para la acreditación de las vulneraciones del derecho a la vida, integridad física, psíquica, moral o sexual objeto de la ley. El trabajo de valoración, análisis y estudio llevado a cabo por estas y estos peritos se ejercerá bajo la dirección de la Secretaría Técnica de la Comisión. Artículo 18. Funcionamiento. 1. La Comisión de Valoración se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes, debiendo establecer en su primera reunión su calendario anual de sesiones. Excepcionalmente podrá reunirse a iniciativa propia de su presidencia, o a petición de al menos cinco de las nueve personas que la componen, previa convocatoria realizada al efecto con, al menos, cinco días de antelación. En todo caso, para su válida constitución se requerirá la presencia de, al menos, la mitad de sus miembros, incluidas las personas que ocupen su presidencia y la Secretaría Técnica. 2. Los acuerdos de la comisión serán adoptados por mayoría de votos de los y las miembros presentes disponiendo, en caso de empate, de voto de calidad su Presidencia. Los y las miembros de la comisión podrán solicitar que conste en acta su voto contra el acuerdo adoptado o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cuando algún miembro discrepe del acuerdo mayoritario podrá formular voto particular por escrito, en el plazo de dos días desde la adopción del acuerdo, que se incorporará al texto aprobado. 3. Los y las miembros de la Comisión de Valoración podrán utilizar en las reuniones cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así mismo, en las convocatorias de las reuniones, en el orden del día, en las actas y en los diferentes escritos que elabore esta Comisión de Valoración se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 4. La Comisión de Valoración podrá completar sus propias normas de funcionamiento, conforme a lo que la legislación de régimen jurídico aplicable establezca respecto de los órganos colegiados. 5. La Comisión de Valoración elaborará un informe anual, en el que dará cuenta de los resultados de su trabajo, de las investigaciones, las características de los datos recabados, las solicitudes presentadas y cualquier otro dato que ayude a tener un conocimiento exhaustivo y real de lo sucedido. Todo ello desagregado por sexo y analizando las distintas situaciones de mujeres y hombres. En cualquier caso, al finalizar su labor la Comisión de Valoración elaborará un informe final que dé cuenta de los resultados obtenidos de una manera global. 6. Las personas que integran la Comisión de Valoración, que no sean miembros de la Administración pública, tendrán derecho a percibir dietas por los trabajos realizados. CAPÍTULO VI Obligaciones de las personas beneficiarias Artículo 19. Obligaciones de las personas víctimas de vulneración de derechos humanos. Las personas víctimas de vulneración de derechos humanos están obligadas a: a) Admitir, en todo momento, la verificación, por la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos, de los datos y documentos aportados, así como facilitar cuanta información le fuese requerida, a los efectos de controlar y completar el expediente. b) Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa general para obtener la condición de persona beneficiaria y con las obligaciones que para las mismas establece la citada normativa, en aquellos casos en los que la declaración de víctima lleve aparejado el reconocimiento a una compensación económica de las incluidas en la presente ley. c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad concedente y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas percibidas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Artículo 20. Incumplimiento de las condiciones y requisitos. El incumplimiento por parte de la persona víctima de vulneración de derechos humanos de los términos establecidos en la presente ley, o la falsedad de los datos presentados, determinará la pérdida del reconocimiento de víctima y, en su caso, la pérdida de la compensación económica o prestaciones reconocidas, previa tramitación del oportuno expediente incoado al efecto con audiencia de las personas interesadas. Ello conllevará la obligación de reintegrar, cuando proceda, a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses legales que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. CAPÍTULO VII Recursos económicos Artículo 21. Recursos económicos. 1. Para la financiación de las compensaciones económicas contempladas en la presente ley se destinarán los correspondientes créditos de pago consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para cada ejercicio, a cuyos efectos se dará la oportuna publicidad en el «Boletín Oficial del País Vasco», mediante publicación, en el mismo, de la correspondiente resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos. 2. Esta cantidad podrá verse actualizada en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas en otros programas de la sección en que se encuentran, consignadas a través del régimen de modificaciones presupuestarias que se puedan aprobar o de las vinculaciones crediticias que resulten de aplicación. 3. Las solicitudes que no pudieran ser atendidas por agotamiento de la dotación presupuestaria asignada anualmente, serán diferidas al ejercicio siguiente mediante resolución administrativa del órgano competente. 4. Tanto del posible aumento como del agotamiento, en su caso, de los recursos económicos asignados, se dará la oportuna publicidad en el «Boletín Oficial del País Vasco», mediante resolución de la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos. Disposición adicional primera. Aplicación retroactiva a víctimas reconocidas al amparo del Decreto 107/2012, de 12 de junio. Quienes en base a lo establecido en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hubieran obtenido el reconocimiento y, en su caso, la compensación económica correspondiente, podrán solicitar, si procediera, la asistencia sanitaria regulada en el artículo 11 de la presente ley. Disposición adicional segunda. Aplicación retroactiva a víctimas no amparadas por el Decreto 107/2012, de 12 de junio. La presente ley se aplicará con carácter retroactivo y excepcional hasta 1960, para reconocer a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos en supuestos en los que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 2.2 de esta ley, no estaban amparados por el Decreto 107/2012, de 12 de junio. Disposición adicional tercera. Plazo extraordinario para la aplicación del Decreto 107/2012, de 12 de junio. Se abre un plazo extraordinario de doce meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para que se acojan a ella todas aquellas personas que, aun cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, no hubieran solicitado su reconocimiento y reparación o lo hubieran hecho fuera de plazo Disposición adicional cuarta. Normativa vigente aplicable a las indemnizaciones por lesiones permanentes de carácter no invalidante. A los efectos de determinar las indemnizaciones por lesiones permanentes de carácter no invalidante, recogidas en el artículo 10.2.f) de la presente ley, será de aplicación, en tanto en cuanto esté vigente, la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de normativa vigente aplicable a las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. Disposición adicional quinta. Constitución de la Comisión de Valoración. La Comisión de Valoración se constituirá, a instancias de su Presidencia, en el plazo máximo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco» de la resolución por la que se hace pública la identidad de las personas que la integran. Disposición adicional sexta. Aplicación de la ley a las vulneraciones de derechos humanos donde no pueda establecerse una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones de derechos humanos. También se considera, a los efectos de aplicación de esta ley, como vulneración de derechos humanos la causada por abusos de poder o uso ilegítimo de la violencia policial que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política, donde hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones; o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada, sin que sea preciso establecer una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones siempre que como consecuencia de la vulneración se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas. Disposición adicional séptima. Desarrollo reglamentario. El Gobierno Vasco desarrollará mediante un reglamento los procedimientos que se establecerán para abordar los distintos supuestos que se le presenten en las solicitudes de reconocimiento de la condición de víctima, a fin de que las resoluciones administrativas que adopte la Comisión de Valoración tengan plena seguridad jurídica. Disposición final primera. Ejecución de la ley. Se autoriza a la persona titular de la secretaría general o viceconsejería competente en materia de derechos humanos para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la ejecución de la presente ley. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco». Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar. Vitoria-Gasteiz, 29 de julio de 2016.–El Lehendakari, Íñigo Urkullu Renteria. (Publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 151, de 10 de agosto de 2016)

Ley vasca de víctimas de abusos policiales entre el 78 y el 99, aprobada el 28 de julio

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I El Pleno del Parlamento Vasco aprobó, el 31 de marzo de 2011, la Proposición no de Ley 61/2011, sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política. En esta proposición, el Parlamento instó al Gobierno Vasco a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas, y a la reparación de su sufrimiento, lo que, en su momento, se materializó en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política, vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante la dictadura franquista. Fue un primer paso que tenía un ámbito temporal limitado, dejando para un ulterior momento legislativo la extensión de esta política de acompañamiento a las víctimas. El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el 11 de junio de 2015, aprobó la Proposición no de Ley 70/2015, con el siguiente tenor literal: «1. El Parlamento Vasco reitera que ninguna causa política puede situarse por encima de los derechos humanos, y que la convivencia futura requiere el reconocimiento de la injusticia de la violencia y del daño causado, así como el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. 2. El Parlamento Vasco invita al Gobierno español a sumarse a las políticas de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos no reconocidas, como es el caso de las víctimas de abuso policial del periodo 1960-1978, desde el consenso social, político e institucional en favor del reconocimiento a todas las víctimas. 3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a continuar desarrollando las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial que se vienen impulsando desde la anterior legislatura. En este sentido, y dando continuidad a esta línea, insta a que el anunciado proyecto de ley de reconocimiento y reparación a estas víctimas que va a presentar a esta Cámara busque desde el inicio el máximo consenso social, político e institucional.» La presente ley supone, por tanto, la continuación del camino entonces emprendido y la plasmación de la voluntad de atender a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos a partir del 29 de diciembre de 1978. Su necesidad viene determinada, fundamentalmente, por la existencia de víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no han sido reconocidas, ni reparadas, a partir de esa fecha. En la medida en que existen, es imperativo ético y democrático crear un instrumento para su reconocimiento y reparación. La Constitución española, aprobada en 1978, en el epígrafe de regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas, en su artículo 15, señala que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Cuando en un sistema democrático se vulnera ese derecho fundamental, los poderes públicos deben actuar no sólo en la prevención de esas actuaciones, sino también, en su caso, en su reparación y reconocimiento, y la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencias reconocidas para actuar en esta materia. Un diagnóstico completo de las violaciones de derechos humanos sufridas en Euskadi en los periodos temporales a los que se refiere el Decreto 107/2012 y la presente ley, deben incluir sin discursos equiparadores de realidades muy distintas y mucho menos justificativas de ninguna violación de derechos humanos a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de violaciones provocadas directa o indirectamente por agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. Pero tanto el Decreto 107/2012 como la Ley, se ciñen a las víctimas no reconocidas de ambas etapas temporales, que tenían como contexto compartido la existencia de ETA. Las acciones terroristas no justifican ni una sola vulneración que haya sido ejercida mediante abuso de poder pero la existencia de vulneraciones de derechos humanos no puede tampoco ser presentada como un enfrentamiento entre dos violencias provocado por un conflicto político. Por tanto, esta ley se ciñe a la atención de las víctimas que en su condición de tales no han sido reconocidas ni reparadas como tal, sin ninguna otra interpretación posible. La existencia de estas víctimas ha quedado recogida en informes de organismos internacionales de derechos humanos, así como en crónicas e informaciones y en diferentes informes elaborados por instancias académicas y expertas. En consecuencia, son las propias víctimas, que hasta el momento no han sido reconocidas ni reparadas, las que justifican la necesidad de esta ley, que está directamente vinculada al compromiso democrático con el Estado de derecho y con los principios, derechos, libertades y garantías que lo fundamentan. Esta ley, por tanto, significa reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos que se hubieran producido en un contexto de motivación política. Este reconocimiento no supone menoscabo para el Estado de derecho y sus instituciones. Antes, al contrario, significa su más sólido reforzamiento, en la medida en que implica un compromiso y una voluntad de reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático. El Estado de derecho lo es, no tanto porque en su seno no ### RESUMEN: Ley vasca de víctimas de abusos policiales entre el 78 y el 99, aprobada el 28 de julio

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración. El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, formuló 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas. En la misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 establece la necesidad de impulsar medidas para racionalizar la actuación administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad. Este convencimiento está inspirado en lo que dispone el propio artículo 31.2 de la Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Como se señala en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (en adelante CORA), la normativa reguladora de las Administraciones Públicas ha pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los procedimientos. Esta separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que unificó en un solo instrumento estas materias. La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes, reales decretos y demás disposiciones de inferior rango, que han completado la columna vertebral del derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el momento actual normas que regulan aspectos orgánicos, como la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado; la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos; y otras que tratan aspectos tanto orgánicos como procedimentales de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por citar las más relevantes. Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la CORA. En él se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas. La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos. Queda así sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter Administraciones, que se complementa con su normativa presupuestaria, destacando especialmente la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Se conserva como texto independiente la Ley del Gobierno, que por regular de forma específica la cabeza del poder ejecutivo de la nación, de naturaleza y funciones eminentemente políticas, debe mantenerse separada de la norma reguladora de la Administración Pública, dirigida por aquél. De acuerdo con este criterio, la presente Ley modifica aquella, con el objeto de extraer aquellas materias que, por ser más propias de la organización y funciones de los miembros del gobierno en cuanto que órganos administrativos, deben regularse en este texto legal. El Informe CORA recomienda reformar el ordenamiento jurídico administrativo no solo por razones de coherencia normativa y política legislativa. Las Administraciones Públicas, lejos de constituir un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial. Para ello es imprescindible establecer un marco normativo que impida la creación de órganos o entidades innecesarios o redundantes, y asegure la eficacia y eficiencia de los entes públicos, ejerciendo sobre ellos una supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos que justificaron su creación, y cuestionar su mantenimiento cuando aquellos se hayan agotado o exista otra forma más eficiente de alcanzarlos. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante OCDE), ha valorado la reforma administrativa emprendida por la CORA de forma muy positiva. En el informe emitido sobre ella, señala que el paquete de reforma es resultado de un riguroso proceso de recolección de datos, diálogo entre profesionales y diagnóstico de las debilidades de la Administraciones Públicas españolas. Considera la OCDE que el conjunto de asuntos políticos incluidos en la reforma (por ejemplo, gobierno electrónico, relaciones de gobernanza multinivel, buena regulación, reformas presupuestarias), junto con las iniciativas paralelas adoptadas en los dos últimos años en áreas como estabilidad presupuestaria, transparencia y regeneración democrática, explica uno de los más ambiciosos procesos de reforma realizados en un país de la OCDE. La presente Ley, por tanto, no representa el único instrumento normativo que materializa la reforma, Pero sí constituye, junto con la que disciplinará el procedimiento administrativo, de tramitación paralela, y las ya aprobadas sobre transparencia y buen gobierno y estabilidad presupuestaria, la piedra angular sobre la que se edificará la Administración Pública española del futuro, al servicio de los ciudadanos. II La Ley comienza estableciendo, en sus disposiciones generales, los principios de actuación y de funcionamiento del sector público español. Entre los principios generales, que deberán respetar todas las Administraciones Públicas en su actuación y en sus relaciones recíprocas, además de encontrarse los ya mencionados en la Constitución Española de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, destaca la incorporación de los de trasparencia y de planificación y dirección por objetivos, como exponentes de los nuevos criterios que han de guiar la actuación de todas las unidades administrativas. La Ley recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento electrónico del sector público, y algunas de las previstas en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. Se integran así materias que demandaban una regulación unitaria, como corresponde con un entorno en el que la utilización de los medios electrónicos ha de ser lo habitual, como la firma y sedes electrónicas, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la actuación administrativa automatizada. Se establece asimismo la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, previsión que se desarrolla posteriormente en el título referente a la cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. La enumeración de los principios de funcionamiento y actuación de las Administraciones Públicas se completa con los ya contemplados en la normativa vigente de responsabilidad, calidad, seguridad, accesibilidad, proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos. El Título Preliminar regula pormenorizadamente el régimen de los órganos administrativos, tomando como base la normativa hasta ahora vigente contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la que se incorporan ciertas novedades. La creación de órganos solo podrá hacerse previa comprobación de que no exista ninguna duplicidad con los existentes. Se completan las previsiones sobre los órganos de la Administración consultiva y se mejora la regulación de los órganos colegiados, en particular, los de la Administración General del Estado, destacando la generalización del uso de medios electrónicos para que éstos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir las actas de sus reuniones. También se incorporan en este Título los principios relativos al ejercicio de la potestad sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Entre las novedades más destacables en este ámbito, merecen especial mención los cambios introducidos en la regulación de la denominada «responsabilidad patrimonial del Estado Legislador» por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, concretándose las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en su caso, a la indemnización que corresponda. Por último, se regulan en el Título Preliminar los convenios administrativos, en la línea prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal. De este modo, se desarrolla un régimen completo de los convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y extinción y asegura su control por el Tribunal de Cuentas. III En relación con la Administración del Estado, el Título primero parte de la regulación contenida en la Ley 6/1997, de 14 de abril, aplicando ciertas mejoras que el tiempo ha revelado necesarias. Se establecen los órganos superiores y directivos propios de la estructura ministerial y también en el ámbito de la Administración periférica y en el exterior. En el caso de los organismos públicos, serán sus estatutos los que establezcan sus órganos directivos. La Ley regula los Ministerios y su organización interna, sobre la base de los siguientes órganos: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales. Se integran en esta Ley funciones de los Ministros que, hasta ahora, estaban dispersas en otras normas o que eran inherentes al ejercicio de ciertas funciones, como celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios; autorizar las modificaciones presupuestarias; decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo; rendir la cuenta del departamento ante el Tribunal de Cuentas; y resolver los recursos administrativos presentados ante los órganos superiores y directivos del Departamento. La Ley reordena parcialmente las competencias entre los órganos superiores, Ministros y Secretarios de Estado, y directivos, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de los Ministerios, atribuyendo a ciertos órganos como propias algunas funciones que hasta ahora habitualmente se delegaban en ellos. Y con el objeto de posibilitar las medidas de mejora de gestión propuestas en el Informe CORA, se atribuye a los Subsecretarios una nueva competencia: la de adoptar e impulsar las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos y medios materiales en el ámbito de su Departamento. Se atribuyen también expresamente a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. Debe recordarse que, al tratarse de un ámbito ajeno a la estructura del propio departamento ministerial, esta atribución excede del real decreto en que se fije la estructura orgánica de aquél. Con el objeto de evitar la proliferación de centros encargados de la prestación de servicios administrativos en cada ente o unidad, y facilitar que los mismos se provean por órganos especializados en el ámbito del Ministerio o de forma centralizada para toda la Administración, se prevé la posibilidad de que la organización y gestión de los servicios comunes de los Ministerios y entidades dependientes pueda ser coordinada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u otro organismo público; o bien por la Subsecretaría de cada departamento. IV Sobre la base de la regulación de la Administración Periférica contenida en la Ley 6/1997, la Ley regula los órganos de la Administración General del Estado de carácter territorial, los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Como principales novedades respecto a la regulación hasta ahora vigente, destacan las siguientes cuestiones. En cuanto a los Delegados del Gobierno, se refuerza su papel político e institucional, se les define como órganos directivos, y se dispone que su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones lo establecido en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se mejora la regulación de su suplencia, vacante o enfermedad, correspondiendo al Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe. En caso de no haber realizado formalmente la designación, y cuando se trate de una Comunidad uniprovincial que carezca de Subdelegado, la suplencia recaerá sobre el Secretario General. Las competencias de los Delegados del Gobierno, que hasta ahora eran recogidas en diversos preceptos, pasan a estar reguladas en un único artículo, sistematizándolas en cinco categorías: competencias de dirección y coordinación; de información de la acción del Gobierno y a los ciudadanos; de coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas; competencias relativas al control de legalidad; y competencias relacionadas con el desarrollo de las políticas públicas. Se recoge expresamente en la Ley la competencia atribuida a los Delegados del Gobierno en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, referente a la coordinación de los usos de los edificios de la Administración General del Estado en su ámbito de actuación, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General de Patrimonio del Estado. Respecto de los Subdelegados del Gobierno, se concretan los requisitos de titulación para ser nombrado Subdelegado del Gobierno, de tal manera que ahora se indica el subgrupo funcionarial al que debe pertenecer. En cuanto a las competencias de los Subdelegados del Gobierno, y como novedad más relevante, se le atribuye la de coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito de su provincia. Se recoge legalmente la existencia de un órgano que se ha revelado como fundamental en la gestión de las Delegaciones y Subdelegaciones, la Secretaría General, encargada de la llevanza de los servicios comunes y de la que dependerán las áreas funcionales. También se establece a nivel legal que la asistencia jurídica y el control financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán ejercidos por la Abogacía del Estado y por la Intervención General de la Administración del Estado, respectivamente, cuestión anteriormente regulada por normativa reglamentaria. La Ley también prevé expresamente la existencia de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, cuyas atribuciones, composición y funcionamiento serán objeto de regulación reglamentaria. Por lo que se refiere a la Administración General del Estado en el exterior, se efectúa una remisión a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, y a su normativa de desarrollo, declarándose la aplicación supletoria de la presente Ley. V En el ámbito de la denominada Administración institucional, la Ley culmina y hace efectivas las conclusiones alcanzadas en este ámbito por la CORA y que son reflejo de la necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado artículo 31.2 de la Constitución, que ordena que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos públicos, y que su programación y ejecución respondan a los criterios de eficiencia y economía. De forma congruente con este mandato, el artículo 135 de la Constitución establece que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. La permanente necesidad de adaptación de la Administración Institucional se aprecia con el mero análisis de la regulación jurídica de los entes que la componen. Un panorama en el que se han aprobado de forma sucesiva diferentes leyes que desde distintas perspectivas han diseñado el marco normativo de los entes auxiliares de que el Estado dispone. En primer lugar, la regulación jurídica fundamental de los diferentes tipos de entes y organismos públicos dependientes del Estado está prevista en la Ley 6/1997, de 14 de abril, que diferencia tres tipos de entidades: Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Agencias Estatales, categoría que se añadió con posterioridad. Cada uno de estos organismos públicos cuenta con una normativa reguladora específica, que normalmente consta de una referencia en la ley de creación y de un desarrollo reglamentario posterior dictado al aprobar los correspondientes estatutos. No obstante, el marco aparentemente general es cuestionado por la previsión establecida en la disposición adicional décima de la Ley, 6/1997, de 14 de abril, que excluye de su aplicación a determinados entes que cuentan con previsiones legales propias, por lo que la Ley se les aplica de forma sólo supletoria. Esta excepción pone de relieve el principal obstáculo en la clarificación normativa de estos entes, que no es otro que el desplazamiento del derecho común en beneficio de un derecho especial normalmente vinculado a una percepción propia de un sector de actividad, social o corporativo, que a través de la legislación específica logra dotarse de un marco jurídico más sensible a sus necesidades. Con posterioridad a la Ley 6/1997, de 14 de abril, la descentralización funcional del Estado recuperó rápidamente su tendencia a la diversidad. En primer lugar, por la aprobación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. En ella se diseña el régimen aplicable a las fundaciones constituidas mayoritariamente por entidades del sector público estatal, aplicando la técnica fundacional al ámbito de la gestión pública. Desde otra perspectiva, basada en el análisis de la actividad que realizan los diferentes entes, el ordenamiento vigente ha regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la totalidad del denominado «sector público estatal», que está formado por tres sectores: Primero, el Sector Público administrativo, que está constituido por la Administración General del Estado; los organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado; las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social; los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado pero forman parte del sector público estatal; las entidades estatales de derecho público y los consorcios, cuando sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado, su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios y no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. Segundo, el Sector Público empresarial, que está constituido por las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella; las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; y las Entidades estatales de derecho público distintas de las comprendidas en el Sector Público administrativo y los consorcios no incluidos en él. Tercero, el Sector Público fundacional, constituido por las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre. El siguiente hito normativo fue la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, que regula el denominado «patrimonio empresarial de la Administración General del Estado», formado por las entidades públicas empresariales, a las que se refiere el Capítulo III del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, las entidades de Derecho público cuyos ingresos provengan, al menos en un 50 por 100, de operaciones realizadas en el mercado; y las sociedades mercantiles estatales. La preocupación por la idoneidad de los entes públicos y la voluntad de abordar su reforma condujo a la aprobación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos, mediante la que se creó este nuevo tipo de ente. El objetivo prioritario de esta Ley fue establecer mecanismos de responsabilidad en la dirección y gestión de los nuevos organismos públicos, vinculando el sistema retributivo al logro de sus objetivos y reconociendo un mayor margen de discrecionalidad en la gestión presupuestaria. La Ley autorizó la creación de 12 Agencias, si bien hasta el momento sólo se han constituido 7 de ellas, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, autorizada en otra Ley. El objetivo de la reforma fue instaurar la Agencia como nuevo modelo de ente público, pero nació ya con una eficacia limitada. La disposición adicional quinta de la Ley autorizaba al Gobierno para transformar en Agencia los Organismos Públicos cuyos objetivos y actividades se ajustasen a su naturaleza, lo que implicaba el reconocimiento de la existencia de entidades que, por no cumplir este requisito, no precisarían transformación, y que permanecerían en su condición de Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales o entes con estatuto especial. Y, sin embargo, la disposición adicional séptima ordenaba atribuir el estatuto a todos los organismos públicos de futura creación «con carácter general». Por todo ello, no puede decirse que los objetivos de la Ley se hayan alcanzado, incluso después de más de seis años de vigencia, porque su desarrollo posterior ha sido muy limitado, y porque las medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión de dotar a las agencias de mayor autonomía financiera. Otras normas se han referido con mayor o menor amplitud, al ámbito y categoría del sector público. Es el caso de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que diferencia entre el «Sector Público» y las «Administraciones Públicas», introduciendo el concepto de «poderes adjudicadores». Distinción igualmente recogida en el posterior Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, llevó a cabo una regulación propia y especial para los seis organismos reguladores existentes en esos momentos, con especial atención a garantizar su independencia respecto de los agentes del mercado. Posteriormente la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia integró en esta supervisión hasta siete preexistentes. Incluso nos encontramos con que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para evitar dudas interpretativas, se remite a la definición del «sector público» «en el ámbito comunitario». El proyecto de reforma administrativa puesto en marcha aborda la situación de los entes instrumentales en dos direcciones: medidas concretas de racionalización del sector público estatal, fundacional y empresarial, que se han materializado en sucesivos Acuerdos de Consejo de Ministros, y en otras disposiciones; y la reforma del ordenamiento aplicable a los mismos, que se materializa en la presente Ley, y de la que ya se habían dado pasos en la reciente Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que modificó el régimen jurídico de los consorcios. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la Ley establece, en primer lugar, dos normas básicas para todas las Administraciones Públicas. Por un lado, la obligatoriedad de inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Esta inscripción será requisito necesario para obtener el número de identificación fiscal definitivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este Registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del número y los tipos de organismos públicos y entidades existentes en cada momento. Y por otro lado, se obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de transformación, mantenimiento o extinción. Ya en el ámbito de la Administración General del Estado, se establece una nueva clasificación del sector público estatal para los organismos y entidades que se creen a partir de la entrada en vigor de la Ley, más clara, ordenada y simple, pues quedan reducidos a los siguientes tipos: organismos públicos, que incluyen los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica. La meta es la de sistematizar el régimen hasta ahora vigente en el ámbito estatal y mejorarlo siguiendo las pautas que se explican a continuación. En primer lugar, preservando los aspectos positivos de la regulación de los distintos tipos de entes, de modo que se favorezca la programación de objetivos, el control de eficacia de los entes públicos y el mantenimiento de los estrictamente necesarios para la realización de las funciones legalmente encomendadas al sector público. En segundo lugar, suprimiendo las especialidades que, sin mucha justificación, propiciaban la excepción de la aplicación de controles administrativos que deben existir en toda actuación pública, en lo que ha venido en denominarse la «huida del derecho administrativo». La flexibilidad en la gestión ha de ser compatible con los mecanismos de control de la gestión de fondos públicos. Y, en tercer lugar, dedicando suficiente atención a la supervisión de los entes públicos y a su transformación y extinción, materias éstas que, por poco frecuentes, no habían demandado un régimen detallado en el pasado. Con ello se resuelve una de las principales carencias de la Ley de Agencias: la ausencia de una verdadera evaluación externa a la entidad, que permita juzgar si sigue siendo la forma más eficiente y eficaz posible de cumplir los objetivos que persiguió su creación y que proponga alternativas en caso de que no sea así. De este modo, se establecen dos tipos de controles de las entidades integrantes del sector público estatal. Una supervisión continua, desde su creación hasta su extinción, a cargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley. Un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad de la entidad, que será ejercido anualmente por el Departamento al que esté adscrita la entidad u organismo público, sin perjuicio del control de la gestión económico financiera que se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado. Este sistema, que sigue las mejores prácticas del derecho comparado, permitirá evaluar de forma continua la pervivencia de las razones que justificaron la creación de cada entidad y su sostenibilidad futura. Así se evitará tener que reiterar en el futuro el exhaustivo análisis que tuvo que ejecutar la CORA para identificar las entidades innecesarias o redundantes y que están en proceso de extinción. Se incorpora al contenido de la Ley la regulación de los medios propios y servicios técnicos de la Administración, de acuerdo con lo que en la actualidad se establece en la normativa de contratos del sector público. Como novedad, la creación de un medio propio o su declaración como tal deberá ir precedida de una justificación, por medio de una memoria de la intervención general, de que la entidad resulta sostenible y eficaz, de acuerdo con los criterios de rentabilidad económica, y que resulta una opción más eficiente que la contratación pública para disponer del servicio o suministro cuya provisión le corresponda, o que concurren otras razones excepcionales que justifican su existencia, como la seguridad pública o la urgencia en la necesidad del servicio. Asimismo, estas entidades deberán estar identificadas a través de un acrónimo «MP», para mayor seguridad jurídica. Estos requisitos se aplicarán tanto a los medios propios que se creen en el futuro como a los ya existentes, estableciéndose un plazo de seis meses para su adaptación. Bajo la denominación de «organismos públicos», la Ley regula los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales del sector público estatal. Los organismos públicos se definen como aquéllos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente, bien a través de otro organismo público, cuyas características justifican su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia, y que son creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, así como actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas. Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines salvo la potestad expropiatoria. Se establece una estructura organizativa común en el ámbito del sector público estatal, articulada en órganos de gobierno, ejecutivos y de control de eficacia, correspondiendo al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. En general, se hace más exigente la creación de organismos públicos al someterse a los siguientes requisitos: por un lado, la elaboración de un plan de actuación con un contenido mínimo que incluye un análisis de eficiencia y las razones que fundamentan la creación; justificación de la forma jurídica propuesta; determinación de los objetivos a cumplir y los indicadores para medirlos; acreditación de la inexistencia de duplicidades, etc. Y, por otro lado, un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De acuerdo con el criterio de racionalización anteriormente expuesto para toda la Administración General del Estado, tanto los organismos existentes en el sector público estatal como los de nueva creación aplicarán una gestión compartida de los servicios comunes, salvo que la decisión de no hacerlo se justifique en la memoria que acompañe a la norma de creación por razones de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. Por primera vez, se incluye para el sector público estatal un régimen de transformaciones y fusiones de organismos públicos de la misma naturaleza jurídica, bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, o bien mediante su absorción por otro ya existente. La fusión se llevará a cabo por una norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la ley de creación. Se establece un mayor control para la transformación de organismo autónomo en sociedad mercantil estatal o en fundación del sector público, con el fin de evitar el fenómeno de la huida de los controles del derecho administrativo, para lo que se exige la elaboración de una memoria que lo justifique y un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado. En cambio, se facilita la transformación de sociedades mercantiles estatales en organismos autónomos, que están sometidos a controles más intensos. Se regula, también en el ámbito estatal, la disolución, liquidación y extinción de organismos públicos. En este sentido, se detallan las causas de disolución, entre las que destaca la situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos, circunstancia que no opera de modo automático, al poder corregirse mediante un plan elaborado al efecto. El proceso de disolución es ágil, al bastar un acuerdo del Consejo de Ministros. Deberá designarse un órgano administrativo o entidad del sector público institucional como liquidador, cuya responsabilidad será directamente asumida por la Administración que le designe, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra aquél cuando hubiera causa legal para ello. Publicado el acuerdo de disolución, la liquidación se inicia automáticamente, y tendrá lugar por cesión e integración global de todo el activo y pasivo del organismo en la Administración General del Estado, que sucederá a la entidad extinguida en todos sus derechos y obligaciones. Formalizada la liquidación se producirá la extinción automática. En cuanto a la tipología propia del sector institucional del Estado, la Ley contempla las siguientes categorías de entidades: organismos públicos, que comprende los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las autoridades administrativas independientes; las sociedades mercantiles estatales; las fundaciones del sector público estatal; los consorcios; y los fondos sin personalidad jurídica. En los capítulos correspondientes a cada tipo se define su régimen jurídico, económico-financiero, presupuestario, de contratación, y de personal. Los organismos autónomos desarrollan actividades derivadas de la propia Administración Pública, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta, mientras que las entidades públicas empresariales, se cualifican por simultanear el ejercicio de potestades administrativas y de actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. Las autoridades administrativas independientes, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad económica, para cuyo desempeño deben estar dotadas de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. En atención a esta peculiar idiosincrasia, se rigen en primer término por su normativa especial, y supletoriamente, en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones, por la presente Ley. Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales actualmente vigente en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, respecto de las cuales se incluye como novedad que la responsabilidad aplicable a los miembros de sus consejos de administración designados por la Administración General del Estado será asumida directamente por la Administración designante. Todo ello, sin perjuicio de que pueda exigirse de oficio la responsabilidad del administrador por los daños y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. La Ley establece con carácter básico el régimen jurídico de los consorcios, al tratarse de un régimen que, por definición, afectará a todas las Administraciones Públicas, siguiendo la línea de las modificaciones efectuadas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. La creación de un consorcio en el que participe la Administración General del Estado ha de estar prevista en una ley e ir precedida de la autorización del Consejo de Ministros. El consorcio se constituye mediante el correspondiente convenio, al que habrán de acompañarse los estatutos, un plan de actuación de igual contenido que el de los organismos públicos y el informe preceptivo favorable del departamento competente en la Hacienda Pública o la intervención general que corresponda. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria, por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida. Su disolución es automática mediante acuerdo del máximo órgano de gobierno del consorcio, que nombrará a un órgano o entidad como liquidador. La responsabilidad del empleado público que sea nombrado liquidador será asumida por la entidad o la Administración que lo designó, sin perjuicio de las acciones que esta pueda ejercer para, en su caso, repetir la responsabilidad que corresponda. Finalmente, cabe destacar que se avanza en el rigor presupuestario de los consorcios que estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos y por tanto se integrarán o, en su caso, acompañarán a los presupuestos de la Administración de adscripción en los términos previstos en su normativa. Se establece el régimen jurídico de las fundaciones del sector público estatal, manteniendo las líneas fundamentales de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. La creación de las fundaciones, o la adquisición de forma sobrevenida de esta forma jurídica, se efectuará por ley. Se deberá prever la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público estatal pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria. Como novedad, se establece con carácter básico el régimen de adscripción pública de las fundaciones y del protectorado. Se regulan por último en este Título los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal, figura cuya frecuente utilización demandaba el establecimiento de un régimen jurídico, y que deberán crearse por ley. VI El Título III establece un régimen completo de las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, que deberán sujetarse a nuevos principios rectores cuya última ratio se halla en los artículos 2, 14 y 138 de la Constitución, como la adecuación al sistema de distribución de competencias, la solidaridad interterritorial, la programación y evaluación de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Siguiendo la jurisprudencia constitucional, se definen y diferencian dos principios clave de las relaciones entre Administraciones: la cooperación, que es voluntaria y la coordinación, que es obligatoria. Sobre esta base se regulan los diferentes órganos y formas de cooperar y coordinar. Se desarrollan ampliamente las técnicas de cooperación y en especial, las de naturaleza orgánica, entre las que destaca la Conferencia de Presidentes, que se regula por primera vez, las Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación. Dentro de las funciones de las Conferencias Sectoriales destaca como novedad la de ser informadas sobre anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable. Con ello se pretende potenciar la planificación conjunta y evitar la aparición de duplicidades. Se aclara que las Conferencias Sectoriales podrán adoptar recomendaciones, que implican el compromiso de quienes hayan votado a favor a orientar sus actuaciones en esa materia en el sentido acordado, con la obligación de motivar su no seguimiento; y acuerdos, que podrán adoptar la forma de planes conjuntos, que serán de obligado cumplimiento para todos los miembros no discrepantes, y que serán exigibles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acuerdo será obligatorio para todas las Administraciones de la conferencia sectorial. Se prevé el posible funcionamiento electrónico de estos órganos, lo que favorecerá las convocatorias de las Conferencias Sectoriales, que podrán ser más frecuentes, ahorrando costes de desplazamiento. Dentro del deber de colaboración se acotan los supuestos en los que la asistencia y cooperación puede negarse por parte de la Administración requerida, y se concretan las técnicas de colaboración: la creación y mantenimiento de sistemas integrados de información; el deber de asistencia y auxilio para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias y cualquier otra prevista en la Ley. No obstante, el deber de colaboración al que están sometidas las Administraciones Públicas se ejercerá con sometimiento a lo establecido en la normativa específica aplicable. Se crea un Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, con efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general conocimiento, de forma fiable, la información relativa a los órganos de cooperación y coordinación en los que participa la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, y qué convenios hay en vigor en cada momento. Se da también respuesta legal a las interrelaciones competenciales que se han venido desarrollando durante los últimos años, propiciando la creación voluntaria de servicios integrados o complementarios, en los que cada Administración tenga en cuenta las competencias de otras Administraciones Públicas y conozca sus proyectos de actuación para mejorar la eficacia de todo el sistema administrativo. También se potencia la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua, cada vez más integrados, tal como se ha puesto de relieve con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En las disposiciones adicionales de la Ley se recogen, entre otras materias, la mención a la Administración de los Territorios Históricos del País Vasco, los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla, la estructura administrativa en las islas menores, las relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla, la adaptación de organismos públicos y entidades existentes, la gestión compartida de servicios comunes de los organismos públicos existentes, la transformación de los medios propios existentes, el Registro estatal de órganos e instrumentos de cooperación, la adaptación de los convenios vigentes, la Comisión sectorial de administración electrónica, la adaptación a los consorcios en los que participa el Estado, los conflictos de atribuciones intraministeriales, así como el régimen jurídico del Banco de España, las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la organización militar, únicos cuyas peculiaridades justifican un tratamiento separado. En las disposiciones transitorias se establece el régimen aplicable al sector público institucional existente en la entrada en vigor de la Ley, así como las reglas aplicables a los procedimientos de elaboración de normas en curso. En la disposición derogatoria única se recoge la normativa y las disposiciones de igual o inferior rango que quedan derogadas. Entre las disposiciones finales se incluye la modificación de la regulación del Gobierno contenida en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre; también se modifica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre; se establecen los títulos competenciales en base a los cuales se dicta la Ley, la habilitación para su desarrollo normativo; y la entrada en vigor, prevista para un año después de la publicación de la Ley en el «Boletín Oficial del Estado». Las modificaciones introducidas en la actual Ley del Gobierno suponen una serie de trascendentes novedades. Así, se adecúa el régimen de los miembros del Gobierno a las previsiones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En cuanto al Presidente del Gobierno, a los Vicepresidentes y a los Ministros, se introducen mejoras técnicas sobre el procedimiento y formalidades del cese. En el caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos a dichos órganos. Además de ello, se prevé excepcionalmente la asistencia de otros altos cargos al Consejo de Ministros, cuando sean convocados, posibilidad que hasta ahora solo se contemplaba respecto de los Secretarios de Estado. Se flexibiliza el régimen de la suplencia de los miembros del Consejo de Ministros, ya que no se considerará ausencia la interrupción transitoria de la asistencia de los Ministros a las reuniones de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del Gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. El Real Decreto de creación de cada una de las Comisiones Delegadas del Gobierno deberá regular, además de otras cuestiones, el régimen interno de funcionamiento y, en particular, el de convocatorias y suplencias. De esta manera, se completa el régimen de tales órganos. Se contempla asimismo una habilitación al Gobierno para que defina determinadas cuestiones, como son la regulación de las precedencias en los actos oficiales de los titulares de los poderes constitucionales y de las instituciones nacionales, autonómicas, los Departamentos ministeriales y los órganos internos de estos, así como el régimen de los expresidentes del Gobierno. De acuerdo con el propósito de que la tramitación telemática alcance todos los niveles del Gobierno, se prevé que el Ministro de la Presidencia pueda dictar instrucciones para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno que regulen la posible documentación de propuestas y acuerdos por medios electrónicos. Los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno siguen siendo los mismos que en la normativa actual: Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Secretariado del Gobierno y Gabinetes del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. La Ley introduce mejoras en el funcionamiento de estos órganos, en particular, atribuyendo a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios el análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su Presidente. Se recogen también a nivel legal las funciones del Secretariado del Gobierno como órgano de apoyo del Ministro de la Presidencia, del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y se le encomiendan otras que están relacionadas con la tramitación administrativa de la sanción y promulgación real de las Leyes, la expedición de los Reales Decretos, la tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno o al Presidente del Congreso de los Diputados y la tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno, entre otras. En cuanto al régimen de funcionamiento del Consejo de Ministros, destaca como novedad la regulación de la posibilidad de avocar, a propuesta del Presidente del Gobierno, las competencias cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno. Por último, se modifica el Título V de la Ley del Gobierno, con dos finalidades. En primer lugar, se reforma el procedimiento a través del cual se ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, en línea con los principios establecidos con carácter general para todas las Administraciones en la Ley de Procedimiento Administrativo y que entrañan la elaboración de un Plan Anual Normativo; la realización de una consulta pública con anterioridad a la redacción de las propuestas; el reforzamiento del contenido de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo; la atribución de funciones al Ministerio de la Presidencia para asegurar la calidad normativa; y la evaluación ex post de las normas aprobadas. Estas importantes novedades, tributarias de las iniciativas llevadas a cabo sobre Better Regulation en la Unión Europea, siguen asimismo las recomendaciones que en esta materia ha formulado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe emitido en 2014 «Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement». Es la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de 25 de junio de 2008 (A «Small Bussiness Act» for Europe) la que entre sus recomendaciones incluye la de fijar fechas concretas de entrada en vigor de cualquier norma que afecte a las pequeñas y medianas empresas, propuesta que se incorpora a la normativa estatal y que contribuirá a incrementar la seguridad jurídica en nuestra actividad económica. En segundo lugar, se extrae el artículo dedicado al control del Gobierno del Título V, en el que impropiamente se encontraba, de modo que pasa a constituir uno específico con este exclusivo contenido, con una redacción mas acorde con la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Artículo 2. Ámbito Subjetivo. 1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2. Artículo 3. Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias. CAPÍTULO II De los órganos de las Administraciones Públicas Sección 1.ª De los órganos administrativos Artículo 5. Órganos administrativos. 1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. 3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. b) Delimitación de sus funciones y competencias. c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio. 1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. Artículo 7. Órganos consultivos. La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada. Sección 2.ª Competencia Artículo 8. Competencia. 1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. 3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos. Artículo 9. Delegación de competencias. 1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente. 2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) La adopción de disposiciones de carácter general. c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. 3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. 4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. 5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. 6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. 7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría. Artículo 10. Avocación. 1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. 2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. Artículo 11. Encomiendas de gestión. 1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. 2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. 3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas: a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local. Artículo 12. Delegación de firma. 1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9. 2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. 3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Artículo 13. Suplencia. 1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. 2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. 3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse: a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes según corresponda. b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. 4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia. Artículo 14. Decisiones sobre competencia. 1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. 2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. 3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas Subsección 1.ª Funcionamiento Artículo 15. Régimen. 1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. 2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado. 3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento. Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia. Artículo 16. Secretario. 1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. 2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. 3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal. Artículo 17. Convocatorias y sesiones. 1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. 2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. 3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. 4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. 6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. Artículo 18. Actas. 1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. 2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella. 1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por las normas establecidas en este artículo, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2. Corresponderá a su Presidente: a) Ostentar la representación del órgano. b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación. c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas. d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas. e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2 en los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado. 3. Los miembros del órgano colegiado deberán: a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo. b) Participar en los debates de las sesiones. c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. d) Formular ruegos y preguntas. e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15 las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización. Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de interés. 4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo. Corresponde al Secretario del órgano colegiado: a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo. b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo. c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de éstos por cualquier medio del que el Secretario deje expresión y constancia. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados. 1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos. 2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos: a) Sus fines u objetivos. b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica. c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes miembros. d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya. e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento. 3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o en su norma o convenio de creación. Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados. 1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su composición, se clasifican en: a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios. b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un solo Ministerio. 2. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá haber representantes de otras Administraciones Públicas, cuando éstas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine. 3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos. Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados. 1. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias: a) Competencias decisorias. b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos. c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado. 2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales, y Orden ministerial para los de este carácter. 3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros. 4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto. Sección 4.ª Abstención y recusación Artículo 23. Abstención. 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 2. Son motivos de abstención los siguientes: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente. 4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda. Artículo 24. Recusación. 1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. CAPÍTULO III Principios de la potestad sancionadora Artículo 25. Principio de legalidad. 1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. 4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. Artículo 26. Irretroactividad. 1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Artículo 27. Principio de tipicidad. 1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. 2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. 3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. 4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. Artículo 28. Responsabilidad. 1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. 2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. 4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. Artículo 29. Principio de proporcionalidad. 1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. c) La naturaleza de los perjuicios causados. d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. 5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Artículo 30. Prescripción. 1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Artículo 31. Concurrencia de sanciones. 1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. CAPÍTULO IV De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas Artículo 32. Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. 6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. 4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. Artículo 34. Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad. Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días. b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. c) Audiencia durante un plazo de diez días. d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes. Artículo 37. Responsabilidad penal. 1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. CAPÍTULO V Funcionamiento electrónico del sector público Artículo 38. La sede electrónica. 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente. Artículo 39. Portal de internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. Artículo 40. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet. Artículo 41. Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. Artículo 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público. Artículo 44. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. 3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. 4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan. Artículo 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. Artículo 46. Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados. CAPÍTULO VI De los convenios Artículo 47. Definición y tipos de convenios. 1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos: a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía. b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública. c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado. d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes. Artículo 48. Requisitos de validez y eficacia de los convenios. 1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. 2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos. 3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. 6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración firmante. 9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. Artículo 49. Contenido de los convenios. Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir, al menos, las siguientes materias: a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes. b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas. c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento. f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación el contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima. Artículo 50. Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos. 1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley. 2. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán además de: a) El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar este informe cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio jurídico que corresponda. b) Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable. c) La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes. d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito de sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. e) Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas, serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 51. Extinción de los convenios. 1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 2. Son causas de resolución: a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. Artículo 52. Efectos de la resolución de los convenios. 1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas: a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público. b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos. 3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior. Artículo 53. Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas. 1. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda. 2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados. 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de fiscalización externos de las Comunidades Autónomas, para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. TÍTULO I Administración General del Estado CAPÍTULO I Organización administrativa Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. 1. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. 2. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado. 1. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley. 2. La Administración General del Estado comprende: a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes. b) La Organización Territorial. c) La Administración General del Estado en el exterior. 3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos: a) Órganos superiores: 1.º Los Ministros. 2.º Los Secretarios de Estado. b) Órganos directivos: 1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales. 2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales. 3.º Los Subdirectores generales. 4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general. 5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. 6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo. 8. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos. 9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. 10. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones: a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada. b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria. Artículo 56. Elementos organizativos básicos. 1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades menores. 2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma. 3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano. CAPÍTULO II Los Ministerios y su estructura interna Artículo 57. Los Ministerios. 1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. 2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro. 3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Artículo 58. Organización interna de los Ministerios. 1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. 2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título. 3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. 4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. 1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo. Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales. 1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. 2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general. Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general. Artículo 61. Los Ministros. Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones: a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley. e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquél las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo. g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Ministro. h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento. i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios. k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva. l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento. Corresponderá al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de éste. m)   Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento. n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre. ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda. o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras. p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento. q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes. r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último. s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. Artículo 62. Los Secretarios de Estado. 1. Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales. 2. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde: a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro. b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado. d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia. e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado. g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva. h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento. i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. Artículo 63. Los Subsecretarios. 1. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes: a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico. b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos. c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación. f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento. g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio. En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda. A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento. h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del Departamento. k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento. l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento. m)   Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio. o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial. p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario. q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor. 2. La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. 3. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 64. Los Secretarios generales. 1. Cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. 2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2.b), así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio. 3. Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 65. Los Secretarios generales técnicos. 1. Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. 2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente. 3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 66. Los Directores generales. 1. Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde: a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas. c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo. d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos. e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos. 2. Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 67. Los Subdirectores generales. 1. Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. 2. Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios. 1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados. Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones. 2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios. 3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes: a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios. b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad. CAPÍTULO III Órganos territoriales Sección 1.ª La organización territorial de la Administración General del Estado Artículo 69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno. 1. Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas. 2. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. 3. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 4. En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno. Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. Artículo 70. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado. Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1. Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. Artículo 71. Los servicios territoriales. 1. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno. 2. La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores. 3. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios. 4. Los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia. Sección 2.ª Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. 1. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes. 2. Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad. 3. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. 4. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, será suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado la suplencia corresponderá al Secretario General. Artículo 73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. 1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este Capítulo, las siguientes competencias: a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos: 1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios. 2.º Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad. 3.º Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno. b) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos: 1.º Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General del Estado y sus Organismos públicos en la Comunidad Autónoma. 2.º Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de información al ciudadano. 3.º Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos públicos en su ámbito territorial. 4.º Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico. c) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas: 1.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades Locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes. 2.º Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades Locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales, en particular, en relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos. 3.º Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine. d) Control de legalidad: 1.º Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del Ministerio competente por razón de la materia. Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos correspondientes del Ministerio competente por razón de la materia. Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se tramitarán por el Ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho Departamento. 2.º Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno. 3.º Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes. e) Políticas públicas: 1.º Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales. 2.º Proponer ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras Administraciones Públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia. 3.º Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado. 4.º Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento. En particular, corresponde a los Delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado. 2. Asimismo, los Delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. 3. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. 4. En relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio. Sección 3.ª Los Subdelegados del Gobierno en las provincias Artículo 74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias. En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, que será nombrado por aquél mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. Artículo 75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias. A los Subdelegados del Gobierno les corresponde: a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les corresponde: 1.º Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia. 2.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes. b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. c) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. e) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia. f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada. Sección 4.ª La estructura de las delegaciones del gobierno Artículo 76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 1. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo. 2. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad. Artículo 77. Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica. Sección 5.ª Órganos colegiados Artículo 78. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado. 1. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado se encargará de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales. 3. Mediante Real Decreto se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento. Artículo 79. Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno. 1. En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, con las siguientes características: a) Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta. b) A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno. c) Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones: 1.º Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales. 2.º Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través del establecimiento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales. 3.º Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos. 4.º Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna. 2. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado anterior. 3. En cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado del Gobierno presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Subdelegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado primero, referidas al ámbito provincial. CAPÍTULO IV De la Administración General del Estado en el exterior Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado. El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley. TÍTULO II Organización y funcionamiento del sector público institucional CAPÍTULO I Del sector público institucional Artículo 81. Principios generales de actuación. 1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. 2. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. 3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y IV y en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban. Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 1. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la Intervención General de la Administración del Estado y la captación y el tratamiento de la información enviada por las Comunidades Autónomas y las Entidades locales para la formación y mantenimiento del inventario dependerá de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. 2. El Inventario de Entidades del Sector Público contendrá, al menos, información actualizada sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control así como la clasificación en términos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional. 3. Al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 1. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación justificativa que determina tal circunstancia. 2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se realizará de conformidad con las siguientes reglas: a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia o enlace a la publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o copia del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de actuación. b) La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción. c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte de la Administración Tributaria será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. CAPÍTULO II Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal. 1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en: 1.º Organismos autónomos. 2.º Entidades Públicas Empresariales. b) Las autoridades administrativas independientes. c) Las sociedades mercantiles estatales. d) Los consorcios. e) Las fundaciones del sector público. f) Los fondos sin personalidad jurídica. g) Las universidades públicas no transferidas. 2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales. 3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre que les sea de aplicación y lo dispuesto en esta ley en lo que no previsto en su normativa específica. Artículo 85. Control de eficacia y supervisión continua. 1. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110. Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisarán cada tres años, y que se completará con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente. 2. El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado. 3. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley. En particular verificará, al menos, lo siguiente: a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. b) Su sostenibilidad financiera. c) La concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos. Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se determinarán reglamentariamente. 4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán en consideración: a) La información económico financiera disponible. b) El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa. c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales. Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción como por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público o entidad. Artículo 86. Medio propio y servicio técnico. 1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes: a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica. b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos. En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.». 3. A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá acompañarse una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y deberá ser informada por la Intervención General de la Administración del Estado que vaya a declarar el medio propio y servicio técnico. Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal. 1. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas. 2. La transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones. La transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 3. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación. 4. Cuando un organismo autónomo o entidad pública empresarial se transforme en una entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector público, el Real Decreto mediante el que se lleve a cabo la transformación deberá ir acompañado de la siguiente documentación: a) Una memoria que incluya: 1.º Una justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones manteniendo su naturaleza jurídica originaria. 2.º Un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que generará la transformación y la acreditación de inexistencia de duplicidades con las funciones que ya desarrolle otro órgano, organismo público o entidad preexistente. 3.º Un análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si, en su caso, parte del mismo se integrará, bien en la Administración General del Estado o bien en la entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación que resulte de la transformación. b) Un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado en el que se valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. 5. La aprobación del Real Decreto de transformación conllevará: a) La adaptación de la organización de los medios personales, materiales y económicos que resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurídica. b) La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la Administración General del Estado. En su caso, esta integración se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable. Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los mismos derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. La adaptación, en su caso, de personal que conlleve la transformación no supondrá, por sí misma, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en la entidad transformada. La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades de la entidad donde se integren. De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente en la entidad transformada. CAPÍTULO III De los organismos públicos estatales Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 88. Definición y actividades propias. Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia. Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades. 1. Los organismos públicos tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley. 2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria. Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio. Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 90. Estructura organizativa en el sector público estatal. 1. Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto. Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El estatuto puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas. La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos. 2. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades serán clasificadas en tres grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de: a) Número máximo de miembros de los órganos de gobierno. b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable. Artículo 91. Creación de organismos públicos estatales. 1. La creación de los organismos públicos se efectuará por Ley. 2. La Ley de creación establecerá: a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación. b) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley. 3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. Artículo 92. Contenido y efectos del plan de actuación. 1. El plan inicial de actuación contendrá, al menos: a) Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente. b) La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado. c) La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento. d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del Estado. e) Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en el caso de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creación y en los anuales. 2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación. Éste se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser aprobado en el último trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y deberá guardar coherencia con el Programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria. El Plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión de la programación estratégica del organismo. La falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado por causa imputable al organismo, y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra decisión. 3. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público en la página web del organismo público al que corresponda. Artículo 93. Contenido de los estatutos. 1. Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos: a) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar. b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa. c) El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos. d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación. e) La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines asignados. 2. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. 3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público. Artículo 94. Fusión de organismos públicos estatales. 1. Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, bien mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente. 2. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la Ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público resultante de la fusión deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2 sobre requisitos de creación de organismos públicos. 3. A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión. Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según corresponda. La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión. El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente, según corresponda al tipo de fusión. 4. La aprobación de la norma de fusión conllevará: a) La integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, en los términos previstos en el plan de redimensionamiento. b) El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma reglamentaria de fusión y de conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable. Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades del organismos donde se integren. Esta integración de personal no supondrá, en ningún caso, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos públicos fusionados. De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los organismos públicos afectados. c) La cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de los organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público resultante de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público resultante de la fusión o al organismo público absorbente, según proceda, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 97. La liquidación deberá llevarse a cabo durante los dos años siguientes a la aprobación de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes. 1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la norma de creación, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo. 2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los siguientes: a) Gestión de bienes inmuebles. b) Sistemas de información y comunicación. c) Asistencia jurídica. d) Contabilidad y gestión financiera. e) Publicaciones. f) Contratación pública. Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales. 1. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse: a) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación. b) Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado. c) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia. d) Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua. e) Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos. Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados brutos negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos. f) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. g) Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución. 2. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en las letras a), b), c), d) o f) del apartado anterior, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de dos meses desde que concurra la causa de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la comunicación y concurriendo la causa de disolución, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. En el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de disolución, en el que designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal que asumirá las funciones de liquidador, y se comunicará al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el acuerdo de disolución haya sido publicado, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. 3. Cuando un organismo público incurra en la causa de disolución prevista en la letra e) del apartado 1, el titular del máximo órgano de dirección del organismo dispondrá del plazo de dos meses, a contar desde la concurrencia de dicha causa, para comunicarlo a la Administración General del Estado. En el plazo de dos meses a contar desde la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el organismo público, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado deberá aprobar un plan de corrección del desequilibrio. Como parte del mencionado plan de corrección, la Administración General del Estado podrá realizar aportaciones patrimoniales en el ejercicio presupuestario inmediato anterior. El plan de corrección se aplicará en el ejercicio presupuestario en el que se apruebe y en el siguiente. Transcurridos esos dos ejercicios sin que se haya corregido el desequilibrio, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en los cinco días naturales siguientes a la finalización del plazo mencionado. Recibida la comunicación, se aplicará lo previsto en el apartado 2, salvo que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, decida prorrogar la duración del plan de corrección. Si transcurre el citado plazo de cinco días sin que se haya producido dicha comunicación, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales. 1. Publicado el acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior, o transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación. 2. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las Leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 4. Formalizada la liquidación del organismo público se producirá su extinción automática. Sección 2.ª Organismos autónomos estatales Artículo 98. Definición. 1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. 2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su denominación la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.». Artículo 99. Régimen jurídico. Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación. 1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral. El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado. El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica. El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su Ley de creación o en sus estatutos. 2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación. Artículo 101. Régimen económico-financiero y patrimonial. 1. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 2. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes: a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales del Estado. d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas. e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos. Artículo 102. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero. Los organismo autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Sección 3.ª Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal Artículo 103. Definición. 1. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. 2. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E». Artículo 104. Régimen jurídico. Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación. Artículo 105. Ejercicio de potestades administrativas. 1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. 2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos. Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación. 1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. 2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas: a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos. 5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado, podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos. 6. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público. Artículo 107. Régimen económico-financiero y patrimonial. 1. Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 2. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes: a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes: a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado. b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas. c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 3. Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el Inventario de Entidades del sector Público estatal, Autonómico y Local. Artículo 108. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero. Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. CAPÍTULO IV Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal Artículo 109. Definición. 1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. 2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar en su denominación la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.». Artículo 110. Régimen jurídico. 1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. 2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. CAPÍTULO V De las sociedades mercantiles estatales Artículo 111. Definición. 1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal: a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de estatales deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.». Artículo 112. Principios rectores. La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Artículo 113. Régimen jurídico. Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. Artículo 114. Creación y extinción. 1. La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá, al menos: a) Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos, deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes. b) Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado. c) Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos. Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente, que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. El Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado. 2. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado. 1. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del consejo de administración será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó. 2. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. Artículo 116. Tutela. 1. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma. 2. En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades que esta Ley y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad. 3. El Ministerio de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas, y propondrá su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital y Programas de Actuación Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Dirección General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado, o del organismo público que sea titular de su capital. 4. En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades, para que realicen determinadas actividades, cuando resulte de interés público su ejecución. 5. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen una variación de los Presupuestos de Explotación y Capital de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación correspondiente. 6. En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas. Artículo 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personal. 1. Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado. El Programa contendrá la revisión trienal del plan de creación a que se refiere el artículo 85. 2. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan. 3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado. 4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. CAPÍTULO VI De los consorcios Artículo 118. Definición y actividades propias. 1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. 2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. 3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia. 4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C». Artículo 119. Régimen jurídico. 1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. 2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley. Artículo 120. Régimen de adscripción. 1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo. 2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que: a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. 4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción. Artículo 121. Régimen de personal. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla. Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones. Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial. 1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas. 3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. 4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción. 5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos. Artículo 123. Creación. 1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes. 2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá: a) Que su creación se autorice por ley. b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación, y corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de los organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado. c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Artículo 124. Contenido de los estatutos. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos: a) Sede, objeto, fines y funciones. b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas. c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo. d) Causas de disolución. Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio. 1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio. Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial. Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo. 2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento. Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio. 1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración. 2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes reglas: a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa. La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa. b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley. Artículo 127. Disolución del consorcio. 1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos. 2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio. 4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva. 5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente. CAPÍTULO VII De las fundaciones del sector público estatal Artículo 128. Definición y actividades propias. 1. Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan alguno de los requisitos siguientes: a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente. c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público institucional estatal. 2. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las realizadas, sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación. Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa. Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas. En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar necesariamente la indicación «fundación del sector público» o su abreviatura «F.S.P.». 3. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación, debe haberse previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria. Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones. 1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo. 2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que: a) Disponga de mayoría de patronos. b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato. e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. 3. En el supuesto de que participen en la fundación entidades privadas sin ánimo de lucro, la fundación del sector público estará adscrita a la Administración que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. 4. El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción. Artículo 130. Régimen jurídico. Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en esta Ley, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público. Artículo 131. Régimen de contratación. La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. Artículo 132. Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal. 1. Las fundaciones del sector público estatal elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado y formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre fundaciones. 2. Las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado. 3. El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria así como lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Artículo 133. Creación de fundaciones del sector público estatal. 1. La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realizará por ley que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota. 2. El anteproyecto de ley de creación de una fundación del sector público estatal que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente. 3. Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado, que estará determinado en sus Estatutos. No obstante, por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá modificarse el Ministerio al que se adscriba inicialmente la fundación. Artículo 134. Protectorado. El Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley. Artículo 135. Estructura organizativa. En las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del patronato será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. Artículo 136. Fusión, disolución, liquidación y extinción. A las fundaciones del sector público estatal le resultará de aplicación el régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97. CAPÍTULO VIII De los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal Artículo 137. Creación y extinción. 1. La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectuará por Ley. La norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado. 2. Con independencia de su creación por Ley se extinguirán por norma de rango reglamentario. 3. En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J». Artículo 138. Régimen jurídico. Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. Artículo 139. Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero. Los fondos carentes de personalidad jurídica estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. TÍTULO III Relaciones interadministrativas CAPÍTULO I Principios generales de las relaciones interadministrativas Artículo 140. Principios de las relaciones interadministrativas. 1. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: a) Lealtad institucional. b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local. c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes. d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones. i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. 2. En lo no previsto en el presente Título, las relaciones entre la Administración General del Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local se regirán por la legislación básica en materia de régimen local. CAPÍTULO II Deber de colaboración Artículo 141. Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones Públicas deberán: a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias. b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones. c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia. d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. e) Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan normativamente. 2. La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante. 3. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las de las Entidades Locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales. Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos cuando así se acuerde. Artículo 142. Técnicas de colaboración. Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de las siguientes técnicas: a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. b) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. c) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial. d) Cualquier otra prevista en una Ley. CAPÍTULO III Relaciones de cooperación Sección 1.ª Técnicas de cooperación Artículo 143. Cooperación entre Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. 2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. Artículo 144. Técnicas de Cooperación. 1. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que las Administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser: a) La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes Administraciones Públicas. b) La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas. c) La participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente. d) La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones Públicas. e) La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia. f) La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias. g) Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial. h) Cualquier otra prevista en la Ley. 2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben. 3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito. Sección 2.ª Técnicas orgánicas de cooperación Artículo 145. Órganos de cooperación. 1. Los órganos de cooperación son órganos de composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial, constituidos por representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada Administración Pública tiene. 2. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en esta Ley y por las disposiciones específicas que les sean de aplicación. 3. Los órganos de cooperación entre distintas Administraciones Públicas en los que participe la Administración General del Estado, deberán inscribirse en el Registro estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión constitutiva. 4. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes, podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho, en los términos que se establezcan de común acuerdo. Artículo 146. Conferencia de Presidentes. 1. La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas y está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 2. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas, estando asistida para la preparación de sus reuniones por un Comité preparatorio del que forman parte un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad Autónoma. Artículo 147. Conferencias Sectoriales. 1. La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 2. Las Conferencias Sectoriales, u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra denominación, habrán de inscribirse en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución. 3. Cada Conferencia Sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros. Artículo 148. Funciones de las Conferencias Sectoriales. 1. Las Conferencias Sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. 2. En particular, las Conferencias Sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones: a) Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto. b) Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos. c) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras Administraciones. d) Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico. e) Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método de trabajo. f) Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Artículo 149. Convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales. 1. Corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día. 2. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la suficiente antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la Conferencia Sectorial manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será propuesto por el Presidente y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar. 3. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial. De conformidad con lo previsto en este apartado la elaboración y remisión de actas podrá realizarse a través de medios electrónicos. Artículo 150. Secretaría de las Conferencias Sectoriales. 1. Cada Conferencia Sectorial tendrá un secretario que será designado por el Presidente de la Conferencia Sectorial. 2. Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial, al menos, las siguientes funciones: a) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto. b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden del Presidente. c) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Conferencia Sectorial y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones. e) Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones. f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. Artículo 151. Clases de decisiones de la Conferencia Sectorial. 1. La adopción de decisiones requerirá la previa votación de los miembros de la Conferencia Sectorial. Esta votación se producirá por la representación que cada Administración Pública tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas. 2. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma de: a) Acuerdo: supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad. El acuerdo será certificado en acta. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial, y en el que se incluirán los votos particulares que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta. Las Conferencias Sectoriales podrán adoptar planes conjuntos, de carácter multilateral, entre la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, para comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes, que tendrán la naturaleza de Acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria: 1.º Los objetivos de interés común a cumplir. 2.º Las actuaciones a desarrollar por cada Administración. 3.º Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración. 4.º Los compromisos de aportación de recursos financieros. 5.º La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación. b) Recomendación: tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la Conferencia Sectorial se comprometen a orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo previsto en la Recomendación salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Si algún miembro se aparta de la Recomendación, deberá motivarlo e incorporar dicha justificación en el correspondiente expediente. Artículo 152. Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo. 1. La Comisión Sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la Conferencia Sectorial, estando constituida por el Secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el Ministro correspondiente, que la presidirá, y un representante de cada Comunidad Autónoma, así como un representante de la Ciudad de Ceuta y de la Ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del Ministerio correspondiente. Si así se prevé en el reglamento interno de funcionamiento de la Conferencia Sectorial, las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán funcionar de forma electrónica o por medios telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial. 2. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones: a) La preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial, para lo que tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial. c) El seguimiento y evaluación de los Grupos de trabajo constituidos. d) Cualquier otra que le encomiende la Conferencia Sectorial. 3. Las Conferencias Sectoriales podrán crear Grupos de trabajo, de carácter permanente o temporal, formados por Directores Generales, Subdirectores Generales o equivalentes de las diferentes Administraciones Públicas que formen parte de dicha Conferencia, para llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial. A estos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar. El director del Grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado, podrá solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular consultas. Artículo 153. Comisiones Bilaterales de Cooperación. 1. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla. 2. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autónoma, a la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla. 3. Para el desarrollo de su actividad, las Comisiones Bilaterales de Cooperación podrán crear Grupos de trabajo y podrán convocarse y adoptar acuerdos por videoconferencia o por medios electrónicos. 4. Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación revestirán la forma de Acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos Administraciones que lo suscriban y en ese caso serán exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta. 5. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de las peculiaridades que, de acuerdo con las finalidades básicas previstas, se establezcan en los Estatutos de Autonomía en materia de organización y funciones de las comisiones bilaterales. Artículo 154. Comisiones Territoriales de Coordinación. 1. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo requiera, podrán crearse Comisiones Territoriales de Coordinación, de composición multilateral, entre Administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. En función de las Administraciones afectadas por razón de la materia, estas Comisiones podrán estar formadas por: a) Representantes de la Administración General del Estado y representantes de las Entidades Locales. b) Representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades locales. c) Representantes de la Administración General del Estado, representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales. 2. La decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación revestirán la forma de Acuerdos, que serán certificados en acta y serán de obligado cumplimiento para las Administraciones que lo suscriban y exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. 3. El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el establecido para las Conferencias Sectoriales en los artículos 149 y 150, salvo la regla prevista sobre quién debe ejercer las funciones de secretario, que se designará según su reglamento interno de funcionamiento. CAPÍTULO IV Relaciones electrónicas entre las Administraciones Artículo 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas. 1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. 2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. 3. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros. Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad. 1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. 2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada. Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración. 1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas. 2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información. 3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan. En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de Administraciones. En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones. 1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión. 2. La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad. Disposición adicional primera. Administración de los Territorios Históricos del País Vasco. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artículo segundo, se entenderá por Administraciones Públicas las Diputaciones Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes o vinculadas. Disposición adicional segunda. Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 1. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá un Delegado del Gobierno que representará al Gobierno de la Nación en su territorio. 2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley que hagan referencia a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas se deberán entender también referidas a los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 3. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los responsables de los servicios territoriales. A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados que el Delegado del Gobierno considere oportuno. Disposición adicional tercera. Relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla. Lo dispuesto en esta Ley sobre las relaciones entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas será de aplicación a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas. Disposición adicional cuarta. Adaptación de entidades y organismos públicos existentes en el ámbito estatal. Todas las entidades y organismos públicos que integran el sector público estatal existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al contenido de la misma en el plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica. La adaptación se realizará preservando las actuales especialidades de los organismos y entidades en materia de personal, patrimonio, régimen presupuestario, contabilidad, control económico-financiero y de operaciones como agente de financiación, incluyendo, respecto a estas últimas, el sometimiento, en su caso, al ordenamiento jurídico privado. Las especialidades se preservarán siempre que no hubieran generado deficiencias importantes en el control de ingresos y gastos causantes de una situación de desequilibrio financiero en el momento de su adaptación. Las entidades que no tuvieran la consideración de poder adjudicador, preservarán esta especialidad en tanto no se oponga a la normativa comunitaria. Las entidades que tengan como fines la promoción de la internacionalización de la economía y de la empresa española preservarán además y con las mismas limitaciones las especialidades en materia de ayudas en tanto no se opongan a la normativa comunitaria. Disposición adicional quinta. Gestión compartida de servicios comunes de los organismos públicos estatales existentes. 1. Los organismos públicos integrantes del sector público estatal a la entrada en vigor de esta ley compartirán la organización y gestión de sus servicios comunes salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en una memoria elaborada al efecto y que se dirigirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en razones de seguridad nacional, o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo público. 2. La organización y gestión compartida de los servicios comunes a los que se refiere el artículo 95 podrá realizarse de las formas siguientes: a) Mediante su coordinación por el departamento con competencias en materia de Hacienda pública o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo. b) Mediante su coordinación por el departamento al que esté vinculado o del que dependa el organismo público. c) Mediante su coordinación por el organismo público al que esté vinculado o del que dependa a su vez el organismo público. Disposición adicional sexta. Transformación de los medios propios estatales existentes. Todas las entidades y organismos públicos que en el momento de la entrada en vigor de esta Ley tengan la condición de medio propio en el ámbito estatal deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor. Disposición adicional séptima. Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. 1. La Administración General del Estado mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que participa ella o alguno de sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes y de convenios celebrados con el resto de Administraciones Públicas. Este registro será dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 2. La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así como la suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes deberá ser comunicada por el órgano de ésta que lo haya suscrito, en el plazo de quince días desde que ocurra el hecho inscribible, al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. 3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretaría de los órganos de cooperación deberán comunicar al registro antes del 30 de enero de cada año los órganos de cooperación que hayan extinguido. 4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente al Consejo de Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de cooperación existentes, así como sobre los convenios vigentes a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. 5. Los órganos de cooperación y los convenios vigentes disponen del plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su inscripción en este Registro. 6. Los órganos de cooperación que no se hayan reunido en un plazo de cinco años desde su creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley quedarán extinguidos. Disposición adicional octava. Adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley. 2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier Administración Pública y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán estar inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo de tres meses a contar desde dicha entrada en vigor. Disposición adicional novena. Comisión Sectorial de administración electrónica. 1. La Comisión Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en materia de administración electrónica. 2. El Comisión Sectorial de la administración electrónica desarrollará, al menos, las siguientes funciones: a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas. b) Impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España. c) Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar información administrativa clara, actualizada e inequívoca. 3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones de la Comisión Sectorial. Disposición adicional décima. Aportaciones a los consorcios. Cuando las Administraciones Públicas o cualquiera de sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no estarán obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que estén obligados. Disposición adicional undécima. Conflictos de atribuciones intraministeriales. 1. Los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos de un mismo Ministerio serán resueltos por el superior jerárquico común en el plazo de diez días, sin que quepa recurso alguno. 2. En los conflictos positivos, el órgano que se considere competente requerirá de inhibición al que conozca del asunto, quien suspenderá el procedimiento por un plazo de diez días. Si dentro de dicho plazo acepta el requerimiento, remitirá el expediente al órgano requirente. En caso de considerarse competente, remitirá acto seguido las actuaciones al superior jerárquico común. 3. En los conflictos negativos, el órgano que se estime incompetente remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, quien decidirá en el plazo de diez días y, en su caso, de considerarse, asimismo, incompetente, remitirá acto seguido el expediente con su informe al superior jerárquico común. 4. Los interesados en el procedimiento plantearán estos conflictos de acuerdo a lo establecido en el artículo 14. Disposición adicional duodécima. Régimen Jurídico de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado. Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sean de aplicación y, supletoriamente, por lo establecido en esta Ley. Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico de las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 1. A las Entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades que conforme a la Ley integran la Administración de la Seguridad Social, les será de aplicación las previsiones de esta Ley relativas a los organismos autónomos, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 2. El régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, de participación en la gestión, así como la asistencia jurídica, será el establecido por su legislación específica, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en las materias que sea de aplicación, y supletoriamente por esta Ley. Disposición adicional decimocuarta. La organización militar y las Delegaciones de Defensa. 1. La organización militar se rige por su legislación específica y por las bases establecidas en la ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. 2. Las Delegaciones de Defensa permanecerán integradas en el Ministerio de Defensa y se regirán por su normativa específica. Disposición adicional decimoquinta. Personal militar de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia. Las referencias que en los artículos 63, 65, 66 y 67 de esta ley se realizan a los funcionarios de carrera pertenecientes al Subgrupo A1 comprenderán al personal militar de las Fuerzas Armadas perteneciente a cuerpos y escalas con una categoría equivalente a aquélla. Dichas previsiones normativas serán igualmente aplicables al personal del Centro Nacional de Inteligencia perteneciente al Subgrupo A1, según su normativa estatutaria. Disposición adicional decimosexta. Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno. Los servicios territoriales que, a la entrada en vigor de esta Ley, estuviesen integrados en las Delegaciones del Gobierno continuarán en esta situación, siendo aplicable a los mismos lo previsto en la presente Ley. Disposición adicional decimoséptima. Régimen jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria se regirá por su legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo previsto en esta Ley. El acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria se regirán en todo caso por su legislación específica. Disposición adicional decimoctava. Régimen jurídico del Centro Nacional de Inteligencia. La actuación administrativa de los órganos competentes del Centro Nacional de Inteligencia se regirá por lo previsto en su normativa específica y en lo no previsto en ella, en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones propias, por lo dispuesto en la presente Ley. Disposición adicional decimonovena. Régimen jurídico del Banco de España. El Banco de España en su condición de banco central nacional se regirá, en primer término, por lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013 y la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. En lo no previsto en las referidas normas y en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones será de aplicación lo previsto en la presente Ley. Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tendrá la consideración de autoridad administrativa independiente de conformidad con lo previsto en esta Ley. Disposición adicional vigesimoprimera. Órganos Colegiados de Gobierno. Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados no serán de aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las Entidades Locales. Disposición adicional vigesimosegunda. Actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos. La actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regirá por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la actuación administrativa de acuerdo con esta Ley. Disposición transitoria primera. Composición y clasificación del sector público institucional. La composición y clasificación del sector público institucional estatal prevista en el artículo 84 se aplicará únicamente a los organismos públicos y las entidades integrantes del sector público institucional estatal que se creen tras la entrada en vigor de la Ley y a los que se hayan adaptado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta. Disposición transitoria segunda. Entidades y organismos públicos existentes. 1. Todos los organismos y entidades integrantes del sector público estatal en el momento de la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por su normativa específica, incluida la normativa presupuestaria que les resultaba de aplicación, hasta su adaptación a lo dispuesto en la Ley de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta. 2. No obstante, en tanto no resulte contrario a su normativa específica: a) Los organismos públicos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y desde ese momento aplicarán los principios establecidos en el Capítulo I del Título II, el régimen de control previsto en el artículo 85 y 92.2, y lo dispuesto en los artículos 87, 94, 96, 97 si se transformaran fusionaran, disolvieran o liquidaran tras la entrada en vigor de esta Ley. b) Las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, fundaciones y fondos sin personalidad jurídica existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley aplicarán desde ese momento, respectivamente, lo previsto en el Capítulo V, Capítulo VI, Capítulo VII y Capítulo VIII del Título II. Disposición transitoria tercera. Procedimientos de elaboración de normas en la Administración General del Estado. Los procedimientos de elaboración de normas que se hallaren en tramitación en la Administración General del Estado a la entrada en vigor de esta Ley se sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se iniciaron. Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en la disposición final novena. Lo dispuesto en la disposición final novena será de aplicación a los expedientes de contratación iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha disposición. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley y, en especial: a) El artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. b) El artículo 110 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. c) Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. d) Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. e) Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. f) Los artículos 12, 13, 14 y 15 y disposición adicional sexta de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. g) El artículo 6.1.f), la disposición adicional tercera, la disposición transitoria segunda y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. h) Los artículos 37, 38, 39 y 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales. Hasta que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta, concluya el plazo de adaptación de las agencias existentes en el sector público estatal, se mantendrá en vigor la Ley 28/2006, de 18 de julio. Disposición final primera. Modificación de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. El apartado uno del artículo octavo de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, quedará redactado en la forma siguiente: «Uno. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a trece, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. Al Presidente y al Gerente les será de aplicación lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, debiendo realizarse su nombramiento entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo A1. Dos de los Vocales, al menos, deberán de provenir de instituciones museísticas y culturales de reconocido prestigio y proyección internacional. Igualmente, en dos de los Vocales, al menos, habrá de concurrir la condición de Alcaldes de Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional. El Presidente, el Gerente y los demás miembros del Consejo de Administración serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.» Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera. Uno. Se añade un nuevo apartado tres a la disposición adicional sexta, renumerándose los apartados tres a seis como cuatro a siete. El apartado tres tendrá la siguiente redacción: «Tres. Consejo General. 1. El Instituto de Crédito Oficial estará regido por un Consejo General, que tendrá a su cargo la superior dirección de su administración y gestión. 2. El Consejo General estará formado por el Presidente de la entidad, que lo será también del Consejo, y diez Vocales, y estará asistido por el Secretario y, en su caso, el Vicesecretario del mismo. Todos los integrantes del Consejo General actuarán siempre en interés del Instituto de Crédito Oficial en el ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo General. 3. El nombramiento y cese de los Vocales del Consejo General corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, que los designará entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actividad del Instituto de Crédito Oficial. 4. Cuatro de los diez Vocales del Consejo serán independientes. A tal efecto, se entenderá independiente aquél que no sea personal al servicio del Sector Público. 5. El mandato de los vocales independientes será de tres años, tras el cual cabrá una sola reelección. Reglamentariamente se establecerán las causas de cese de dichos Vocales, así como el régimen jurídico al que quedan sometidos los integrantes del Consejo General. 6. Cada uno de los Vocales independientes dispondrá de dos votos exclusivamente para la adopción de acuerdos relativos a operaciones financieras de activo y pasivo propias del negocio del Instituto.» Dos. Se añade una nueva disposición transitoria, que tendrá la siguiente redacción: «Disposición transitoria quinta. Operaciones y atribuciones vigentes. La modificación de la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, introducida por la disposición final segunda de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no afectará al régimen de las operaciones del Instituto de Crédito Oficial actualmente en vigor, sin que por ello se modifiquen los términos y condiciones de los contratos y convenios suscritos. Adicionalmente, se mantendrán las atribuciones, poderes y delegaciones conferidas por el Consejo General en otras autoridades y órganos del Instituto de Crédito Oficial hasta que el Consejo General decida, en su caso, su revisión. Los Consejeros que, a la entrada en vigor de la disposición final segunda de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, formasen parte del Consejo General del Instituto de Crédito Oficial continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se nombre a quienes hubieran de sucederles.» Disposición final tercera. Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, queda modificada en los siguientes términos: Uno. El apartado segundo del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos: «2. Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.» Dos. Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 5. Del Consejo de Ministros. 1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional. e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley. h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. 2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. 3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.» Tres. El apartado segundo del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos: «2. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso: a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión. b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran. c) Las funciones que se atribuyen a la Comisión. d) El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma. e) El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.» Cuatro. El apartado segundo del artículo 7 queda redactado en los siguientes términos: «2. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.» Cinco. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales. Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que se trate. 2. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos ministeriales. 3. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Secretario el Director del Secretariado del Gobierno. 4. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. 5. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros. b) El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente.» Seis. Se modifica el artículo 9 que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno. 1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones: a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros. b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados. c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno. d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno. f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el “Boletín Oficial del Estadoˮ. 2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al Ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones: a) Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos. b) La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno. c) La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno. 3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese Ministerio. El Director del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.» Siete. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos: «10. De los Gabinetes. 1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de Gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta Ley. 2. Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente. 3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.» Ocho. Se modifica el artículo 11 con la siguiente redacción: «Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo. Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.» Nueve. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 12. Del nombramiento y cese. 1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución. 2. Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del Departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos. 3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado. 4. Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del Gobierno tras su cese.» Diez. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 13. De la suplencia. 1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. 2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia. 3. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.» Once. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 20. Delegación y avocación de competencias. 1. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias: a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros. b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio. 2. Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno. 3. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias: a) Las atribuidas directamente por la Constitución. b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros. c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción prevista en el apartado 2 de este artículo. d) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación. 4. El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la decisión adoptada.» Doce. El Título V queda redactado del siguiente modo: «TÍTULO V De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno. El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título. Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria. Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros. 1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes: a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución. b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente. c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto. e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros. f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados. 2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. Artículo 25. Plan Anual Normativo. 1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos. 3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo. 4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril. Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan. Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento: 1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales. 3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación. b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública regulado en el apartado 2. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda. 5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administración o a un órgano u Organismo dotado de espacial independencia o autonomía. El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo éstos ser emitidos en un plazo no superior a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior. En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes de ser sometidas al órgano competente para promulgarlos. Si transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud de aprobación por parte del citado Ministerio no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación. Será además necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. 7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente. 8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y su normativa de desarrollo. 9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en las Cortes Generales. c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito. d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma cuando fuere preceptivo. e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. f)   El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado. g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno. Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la realización de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento. 10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. 11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10. Artículo 27. Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos: a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea. b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto mencionará la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de fundamento. 2. La tramitación por vía de urgencia implicará que: a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. Si, en aplicación de la normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo. b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días. c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba. Artículo 28. Informe anual de evaluación. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa. 2. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas a que se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y deberá comprender, en todo caso: a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines pretendidos con su aprobación. b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias. c) La sostenibilidad de la disposición. El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del análisis.» Trece. Se añade un Título VI en el que se incluye el artículo 26 actual, que se renumera como artículo 29, y que queda redactado del siguiente modo: «TÍTULO VI Del control del Gobierno Artículo 29. Del control de los actos del Gobierno. 1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. 2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales. 3. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora. 4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.» Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El apartado 2 del artículo 34 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, queda redactado en los siguientes términos: «2. Las funciones de Protectorado respecto de las fundaciones de competencia estatal serán ejercidas por la Administración General del Estado a través de un único órgano administrativo, en la forma que reglamentariamente se determine.» Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada en los siguientes términos: Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue: «1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus acreedores y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de esta Ley. Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación.» Dos. El artículo 34 ter queda redactado como sigue: «Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria. 1. El Ministerio de Justicia gestionará la cuenta de garantía arancelaria en la forma que se determine reglamentariamente, ya sea directamente o a través de terceros. 2. La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizará a través de la aplicación informática que determine el Ministerio de Justicia. La aplicación dispondrá de los mecanismos adecuados de control, seguridad y supervisión, y deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos de pago, así como proporcionar información sobre los movimientos y saldos de las cuentas. 3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida, se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando los impresos normalizados. 4. La cuenta de garantía arancelaria permitirá el control de las aportaciones que corresponden a los administradores concursales. Si en el momento de la rendición de cuentas el administrador concursal no hubiera realizado los ingresos en la cuenta a los que estuviera obligado, el secretario judicial le instará a que lo haga en el plazo de 10 días. Si transcurrido dicho plazo no hubiera cumplido con su obligación, será dado de baja en la sección cuarta del Registro Público Concursal hasta que proceda a su abono.» Tres. El apartado 2 del artículo 34 quáter de la Ley Concursal quedará con la siguiente redacción: «2. Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, la administración concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las aportaciones obligatorias establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre las cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente, la administración concursal o cada uno de los administradores concursales deberán dar cuenta al secretario judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado.» Cuatro. El punto 6.º del apartado 1, del artículo 90 queda redactado como sigue: «6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso: a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a dicha declaración. b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin desplazamiento de la posesión, se haya inscrito en el registro público competente. c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.» Disposición final sexta. Modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas queda modificada en los siguientes términos: Uno. El apartado 1 del artículo 166, queda redactado como sigue: «1. Las disposiciones de este título serán de aplicación a las siguientes entidades: a) Las entidades públicas empresariales, a las que se refiere la Sección 3.ª del capítulo III del Título II de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. b) Las entidades de Derecho público vinculadas a la Administración General del Estado o a sus organismos públicos cuyos ingresos provengan, al menos en un 50 por ciento, de operaciones realizadas en el mercado. c) Las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aquellas sobre la que se ejerce control estatal: 1.º Bien porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o algunas de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. 2.º Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.» Dos. El apartado segundo del artículo 167 queda redactado en los siguientes términos: «2. Las entidades a que se refiere el párrafo c) del apartado 1 del artículo anterior ajustarán la gestión de su patrimonio al Derecho privado, sin perjuicio de las disposiciones de esta ley que les resulten expresamente de aplicación.» Disposición final séptima. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Uno. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue: «Artículo 10. Órganos competentes para la concesión de subvenciones. 1. Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del Estado y los presidentes o directores de los organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, cualquiera que sea el régimen jurídico a que hayan de sujetar su actuación, son los órganos competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos ámbitos, previa consignación presupuestaria para este fin. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario acuerdo del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, la autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía supere el citado límite. La autorización a que se refiere el párrafo anterior no implicará la aprobación del gasto, que, en todo caso, corresponderá al órgano competente. 3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artículo, podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros. 4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local.» Dos. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta con el siguiente contenido: «1. Las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la Administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2. La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien en mayor proporción la subvención correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal Administración, las funciones serán ejercidas por los órganos de la Administración que ejerza el Protectorado de la fundación.» Tres. Se introduce una nueva disposición transitoria tercera con el siguiente contenido: «Disposición transitoria tercera. Convocatorias iniciadas y subvenciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones incluida en la disposición final séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las subvenciones públicas que se concedan en régimen de concurrencia competitiva cuya convocatoria se hubiera aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación del artículo 10 de la Ley General de Subvenciones, se regirán por la normativa anterior.» Cuatro. Se introduce una nueva disposición adicional vigésima quinta con el siguiente contenido: «Disposición adicional vigésima quinta. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 1. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, integrado en la Intervención General de la Administración del Estado, coordinará las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude y dar cumplimiento al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 3.4 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 2. Corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude: a) Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales y promover los cambios legislativos y administrativos necesarios para proteger los intereses financieros de la Unión Europea. b) Identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestión de fondos de la Unión Europea. c) Establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades y sospechas de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF. d) Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude. 3. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ejercerá sus competencias con plena independencia y deberá ser dotado con los medios adecuados para atender los contenidos y requerimientos establecidos por la OLAF. 4. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude estará asistido por un Consejo Asesor presidido por el Interventor General de la Administración del Estado e integrado por representantes de los ministerios, organismos y demás instituciones nacionales que tengan competencias en la gestión, control, prevención y lucha contra el fraude en relación con los intereses financieros de la Unión Europea. Su composición y funcionamiento se determinarán por Real Decreto. 5. Las autoridades, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos y otros entes públicos y quienes, en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo al Servicio. El Servicio tendrá las mismas facultades que la OLAF para acceder a la información pertinente en relación con los hechos que se estén investigando. 6. El Servicio podrá concertar convenios con la OLAF para la transmisión de la información y para la realización de investigaciones.» Disposición final octava. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Se modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactada como sigue: Uno. Se modifica el artículo 2 que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 2. Sector público estatal. 1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal: a) La Administración General del Estado. b) El sector público institucional estatal. 2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en: 1.° Organismos autónomos. 2.° Entidades Públicas Empresariales. b) Las autoridades administrativas independientes. c) Las sociedades mercantiles estatales. d) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. e) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado. f) Los fondos sin personalidad jurídica. g) Las universidades públicas no transferidas. h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados. i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. 3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado, forman parte del sector público estatal, regulándose su régimen económico-financiero por esta Ley, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organización y funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de control quedará sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea aplicable en dichas materias lo establecido en esta Ley. Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no será de aplicación a las Cortes Generales, que gozan de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución; no obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.» Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como sigue: «Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional. A los efectos de esta Ley, el sector público estatal se divide en los siguientes: 1. El sector público administrativo, integrado por: a) La Administración General del Estado, los organismos autónomos, las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados, así como las entidades del apartado 3 del artículo anterior. b) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica, que cumplan alguna de las dos características siguientes: 1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. 2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 2. El sector público empresarial, integrado por: a) Las entidades públicas empresariales. b) Las sociedades mercantiles estatales. c) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo. 3. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público estatal.» Disposición final novena. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado como sigue: Uno. El artículo 60 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 60. Prohibiciones de contratar. 1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 61 bis, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado. b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación; o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto. c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 146 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información que corresponda en materia de clasificación y la relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas. f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las mismas. La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero. h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el “Boletín Oficial del Estado” el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo. 2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 61 bis las siguientes: a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 151 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el artículo 156.3 por causa imputable al adjudicatario. c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios. d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley. 3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.» Dos. El artículo 61 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 61. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento. 1. Las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán directamente por los órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan. 2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior se apreciará directamente por los órganos de contratación, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas. En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición de contratar; en los casos de la letra e) del apartado primero del artículo anterior; y en los supuestos contemplados en el apartado segundo, también del artículo anterior, el alcance y duración de la prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este artículo. 3. La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar en el caso de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, en los casos en que no figure en la correspondiente sentencia o resolución, y la competencia para la declaración de la prohibición de contratar en el caso de la letra e) del apartado primero del artículo anterior respecto de la obligación de comunicar la información prevista en materia de clasificación y respecto del registro de licitadores y empresas clasificadas, corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, o a los órganos que resulten competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas en el caso de la letra e) citada. A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el órgano judicial o administrativo del que emane la sentencia o resolución administrativa deberá remitir de oficio testimonio de aquélla o copia de ésta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, sin perjuicio de que por parte de éste órgano, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio de la sentencia o copia de la resolución administrativa, pueda solicitarlos al órgano del que emanaron. En los supuestos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior referido a casos en que se hubiera incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 146, y en los supuestos previstos en el apartado segundo del artículo 60, la declaración de la prohibición de contratar corresponderá al órgano de contratación. 4. La competencia para la declaración de la prohibición de contratar en los casos en que la entidad contratante no tenga el carácter de Administración Pública corresponderá al titular del departamento, presidente o director del organismo al que esté adscrita o del que dependa la entidad contratante o al que corresponda su tutela o control. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria. 5. Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una declaración previa sobre la concurrencia de la prohibición, el alcance y duración de ésta se determinarán siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca. 6. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los que ésta no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme. En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres años, para cuyo cómputo se estará a lo establecido en el apartado tercero del artículo 61 bis. 7. En el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, el procedimiento, de ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de la letra b) del apartado 2 del mismo artículo, si hubiesen transcurrido más de tres meses desde que se produjo la adjudicación. En los restantes supuestos previstos en dicho artículo, el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de tres años contados a partir de las siguientes fechas: a) Desde la firmeza de la resolución sancionadora, en el caso de la causa prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo anterior; b) Desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde aquella en que hubiera debido comunicarse la correspondiente información, en los casos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior; c) Desde la fecha en que fuese firme la resolución del contrato, en el caso previsto en la letra d) del apartado 2 del artículo anterior; d) En los casos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, desde la fecha en que se hubiese procedido a la adjudicación del contrato, si la causa es la retirada indebida de proposiciones o candidaturas; o desde la fecha en que hubiese debido procederse a la adjudicación, si la prohibición se fundamenta en el incumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del artículo 151. e) Desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato en los casos previstos en la letra c) del apartado segundo del artículo 61 bis.» Tres. Se introduce un artículo 61 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 61 bis. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar. 1. En los supuestos en que se den las circunstancias establecidas en el apartado segundo del artículo 60 y en la letra e) del apartado primero del mismo artículo en lo referente a haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable del artículo 146 o al facilitar otros datos relativos a su capacidad y solvencia, la prohibición de contratar afectará al ámbito del órgano de contratación competente para su declaración. Dicha prohibición se podrá extender al correspondiente sector público en el que se integre el órgano de contratación. En el caso del sector público estatal, la extensión de efectos corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del apartado tercero del artículo anterior respecto a la letra e) del apartado primero del artículo 60, la competencia para la declaración de la prohibición de contratar corresponda a los órganos que resulten competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas, la citada prohibición de contratar afectará a todos los órganos de contratación del correspondiente sector público. Excepcionalmente, y siempre que previamente se hayan extendido al correspondiente sector público territorial, los efectos de las prohibiciones de contratar a las que se refieren los párrafos anteriores se podrán extender al conjunto del sector público. Dicha extensión de efectos a todo el sector público se realizará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, y a solicitud de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente en los casos en que la prohibición de contratar provenga de tales ámbitos. En los casos en que la competencia para declarar la prohibición de contratar corresponda al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la misma producirá efectos en todo el sector público. 2. Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en que se den alguna de las circunstancias previstas en las letras c), d), g) y h) del apartado primero del artículo 60, se inscribirán en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades Autónomas, en función del ámbito de la prohibición de contratar y del órgano que la haya declarado. Los órganos de contratación del ámbito de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales situadas en su territorio notificarán la prohibición de contratar a los Registros de Licitadores de las Comunidades Autónomas correspondientes, o si no existieran, al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores correspondiente caducará pasados 3 meses desde que termine su duración, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. 3. Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del apartado primero del artículo 60 producirán efectos desde la fecha en que devinieron firmes la sentencia o la resolución administrativa en los casos en que aquélla o ésta se hubieran pronunciado sobre el alcance y la duración de la prohibición. En el resto de supuestos, los efectos se producirán desde la fecha de inscripción en el registro correspondiente. No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo 60 en los casos en que los efectos de la prohibición de contratar se produzcan desde la inscripción en el correspondiente registro, podrán adoptarse, en su caso, por parte del órgano competente para resolver el procedimiento de determinación del alcance y duración de la prohibición, de oficio, o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera adoptarse. 4. Las prohibiciones de contratar cuya causa fuera la prevista en la letra f) del apartado primero del artículo 60, producirán efectos respecto de las Administraciones Públicas que se establezcan en la resolución sancionadora que las impuso, desde la fecha en que ésta devino firme.» Cuatro. El apartado 2 del artículo 150 queda redactado de la siguiente manera: «2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma en que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible esta valoración separada. Cuando en los contratos de concesión de obra pública o gestión de servicios públicos se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en todo caso figurará como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación.» Cinco. El artículo 254 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 254. Aportaciones públicas a la construcción y garantías a la financiación. 1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de la obra mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de las obras, tal como dispone el artículo 240 de esta Ley, o una vez concluidas éstas, y cuyo importe será fijado por los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía máxima que establezcan los pliegos de condiciones. 2. Las aportaciones públicas a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en aportaciones no dinerarias del órgano de contratación o de cualquier otra Administración con la que exista convenio al efecto, de acuerdo con la valoración de las mismas que se contenga en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarán en el patrimonio afecto a la concesión, destinándose al uso previsto en el proyecto de la obra, y revertirán a la Administración en el momento de su extinción, debiendo respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenación urbanística o sectorial que les afecten. 3. Todas las aportaciones públicas han de estar previstas en el pliego de condiciones determinándose su cuantía en el procedimiento de adjudicación y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato. 4. El mismo régimen establecido para las aportaciones será aplicable a cualquier tipo de garantía, avales y otras medidas de apoyo a la financiación del concesionario que, en todo caso, tendrán que estar previstas en los pliegos.» Seis. El artículo 256 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 256. Aportaciones públicas a la explotación. Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes aportaciones a fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de la obra, que, en todo caso, tendrán que estar previstas en el pliego de condiciones y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin perjuicio del reequilibrio previsto en el artículo 258: a) Subvenciones, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza, para ser aportados desde el inicio de la explotación de la obra o en el transcurso de la misma. La devolución de los préstamos y el pago de los intereses devengados en su caso por los mismos se ajustarán a los términos previstos en la concesión. b) Ayudas, incluyendo todo tipo de garantías, en los casos excepcionales en que, por razones de interés público, resulte aconsejable la promoción de la utilización de la obra pública antes de que su explotación alcance el umbral mínimo de rentabilidad.» Siete. El artículo 261 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 261. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos. 1. Las concesiones de obras públicas con los bienes y derechos que lleven incorporados serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación. No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras públicas en garantía de deudas que no guarden relación con la concesión correspondiente. 2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo y en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no resuelve y notifica en ese plazo. 3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obra o de gestión de servicio público, a que se refieren los primeros apartados de los artículos 271 y 288, así como los derivados de las aportaciones públicas y de la ejecución de garantías establecidos en los artículos 254 y 256, sólo podrán pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de contratación, que deberá publicarse en el “Boletín Oficial del Estado” o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.» Ocho. Los apartados 1 y 3 del artículo 271 quedan redactados de la siguiente manera: «1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal. La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a la Administración, el importe a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 271 bis. En todo caso, se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable a la Administración cuando obedezca a alguna de las causas previstas en las letras a), b), c), e) y j) del artículo 269 de esta Ley.» «3. En los supuestos de los párrafos g), h) e i) del artículo 269, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen. Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta: a) los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, cuantificándolos en la media aritmética de los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un período de tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación de la concesión. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este último. La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio ponderado correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario. b) la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a aquélla, considerando su grado de amortización.» Nueve. Se añade un nuevo artículo 271 bis con la siguiente redacción: «Artículo 271 bis. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración. 1. En el supuesto de resolución por causas no imputables a la Administración, el órgano de contratación deberá licitar nuevamente la concesión, siendo el tipo de licitación el que resulte del artículo siguiente. La licitación se realizará mediante subasta al alza siendo el único criterio de adjudicación el precio. En el caso que quedara desierta la primera licitación, se convocará una nueva licitación en el plazo máximo de un mes, siendo el tipo de licitación el 50 % de la primera. El adjudicatario de la licitación deberá abonar el importe de ésta en el plazo de dos meses desde que se haya adjudicado la concesión. En el supuesto de que no se abone el citado importe en el indicado plazo, la adjudicación quedará sin efecto, adjudicándose al siguiente licitador por orden o, en el caso de no haber más licitadores, declarando la licitación desierta. La convocatoria de la licitación podrá realizarse siempre que se haya incoado el expediente de resolución, si bien no podrá adjudicarse hasta que éste no haya concluido. En todo caso, desde la resolución de la concesión a la apertura de las ofertas de la primera licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres meses. Podrá participar en la licitación todo empresario que haya obtenido la oportuna autorización administrativa en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 263. 2. El valor de la concesión, en el supuesto de que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, será el que resulte de la adjudicación de las licitaciones a las que se refiere el apartado anterior. En el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la concesión será el tipo de ésta, sin perjuicio de la posibilidad de presentar por el concesionario originario o acreedores titulares al menos de un 5 % del pasivo exigible de la concesionaria, en el plazo máximo de tres meses a contar desde que quedó desierta, un nuevo comprador que abone al menos el citado tipo de licitación, en cuyo caso el valor de la concesión será el importe abonado por el nuevo comprador. La Administración abonará al primitivo concesionario el valor de la concesión en un plazo de tres meses desde que se haya realizado la adjudicación de la licitación a la que se refiere el apartado anterior o desde que la segunda licitación haya quedado desierta. En todo caso, el nuevo concesionario se subrogará en la posición del primitivo concesionario quedando obligado a la realización de las actuaciones vinculadas a las subvenciones de capital percibidas cuando no se haya cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención. 3. El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1 tendrá en todo caso la naturaleza de contrato de concesión de obra pública, siendo las condiciones del mismo las establecidas en el contrato primitivo que se ha resuelto, incluyendo el plazo de duración.» Diez. Se añade un nuevo artículo 271 ter con la siguiente redacción: «Artículo 271 ter. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración. Para la fijación del tipo de la primera licitación, al que se refiere el artículo 271 bis se seguirán las siguientes reglas: a) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea obtener por la sociedad concesionaria, por la explotación de la concesión, en el periodo que resta desde la resolución del contrato hasta su reversión, actualizados al tipo de descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a diez años incrementado en 300 puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda Pública. b) El instrumento de deuda que sirve de base al cálculo de la rentabilidad razonable y el diferencial citados podrán ser modificados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe de la Oficina Nacional de Evaluación, para adaptarlo a las condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público. c) Los flujos netos de caja futuros se cuantificarán en la media aritmética de los flujos de caja obtenidos por la entidad durante un período de tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este último. No se incorporará ninguna actualización de precios en función de la inflación futura estimada. d) El valor de los flujos de caja será el que el Plan General de Contabilidad establece en el Estado de Flujos de Efectivo como Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación sin computar en ningún caso los pagos y cobros de intereses, los cobros de dividendos y los cobros o pagos por impuesto sobre beneficios. e) Si la resolución del contrato se produjera antes de la terminación de la construcción de la infraestructura, el tipo de la licitación será el 70 % del importe equivalente a la inversión ejecutada. A estos efectos se entenderá por inversión ejecutada el importe que figure en las últimas cuentas anuales aprobadas incrementadas en la cantidad resultante de las certificaciones cursadas desde el cierre del ejercicio de las últimas cuentas aprobadas hasta el momento de la resolución. De dicho importe se deducirá el correspondiente a las subvenciones de capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad no se haya cumplido.» Once. El apartado 1 del artículo 288 queda redactado de la siguiente manera: «1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal de la inversión. Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 271 bis. En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del contrato cuando ésta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a) y b) del artículo 223 de esta Ley.» Doce. Se incorpora una nueva disposición adicional con el siguiente contenido: «Disposición adicional trigésimo sexta. La Oficina Nacional de Evaluación. 1. Se crea la Oficina Nacional de Evaluación que tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios públicos. 2. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinará la composición, organización y funcionamiento de la misma. 3. La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión de obras y de gestión de servicios públicos a celebrar por los poderes adjudicadores dependientes de la Administración General del Estado y de las Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos: a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario. b) Las concesiones de obra pública y los contratos de gestión de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros. Asimismo informará de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, en los casos previstos en los artículos 258.2 y 282.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto de las concesiones de obras y servicios públicos que hayan sido informadas previamente de conformidad con las letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporación en el contrato de alguno de los elementos previstos en éstas. Cada Comunidad Autónoma podrá adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación para que realice dichos informes o si hubiera creado un órgano u organismo equivalente solicitará estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus contratos de concesión. Reglamentariamente se fijarán las directrices apropiadas para asegurar que la elaboración de los informes se realiza con criterios suficientemente homogéneos. 4. Los informes previstos en el apartado anterior evaluarán si la rentabilidad del proyecto obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida es razonable en atención al riesgo de demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación se tendrá en cuenta la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del de demanda, que habitualmente deban ser soportados por los operadores económicos. En los contratos de concesión de obra en los que el abono de la tarifa concesional se realice por el poder adjudicador la oficina evaluará previamente la transferencia del riesgo de demanda al concesionario. Si éste no asume completamente dicho riesgo, el informe evaluará la razonabilidad de la rentabilidad en los términos previstos en el párrafo anterior. En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe evaluará si las compensaciones financieras establecidas mantienen una rentabilidad razonable según lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado. 5. Los informes serán evacuados, a solicitud del poder adjudicador contratante, en el plazo de treinta días desde la petición o nueva aportación de información al que se refiere el párrafo siguiente. Este plazo podrá reducirse a la mitad siempre que se justifique en la solicitud las razones de urgencia. Estos informes serán publicados a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y estarán disponibles para su consulta por el público a través de medios electrónicos. El poder adjudicador que formule la petición remitirá la información necesaria a la Oficina, quien evacuará su informe sobre la base de la información recibida. Si dicha Oficina considera que la información remitida no es suficiente, no es completa o requiriere alguna aclaración se dirigirá al poder adjudicador peticionario para que le facilite la información requerida dentro del plazo que ésta señale al efecto. La información que reciba la Oficina deberá ser tratada respetando los límites que rigen el acceso a la información confidencial. 6. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se apartara de las recomendaciones contenidas en un informe preceptivo de la Oficina, deberá motivarlo en un informe que se incorporará al expediente del correspondiente contrato y que será objeto de publicación. En el caso de la Administración General del Estado esta publicación se hará a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas. 7. La Oficina publicará anualmente una memoria de actividad.» Trece. Se incorpora una nueva disposición transitoria con el siguiente contenido: «Disposición transitoria décima. Prohibición de contratar por incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. 1. La prohibición de contratar establecida en el artículo 60.1.d) relativa al incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad no será efectiva en tanto no se desarrolle reglamentariamente y se establezca qué ha de entenderse por el cumplimiento de dicho requisito a efectos de la prohibición de contratar y cómo se acreditará el mismo, que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo. 2. Hasta el momento en que se produzca la aprobación del desarrollo reglamentario a que se refiere el apartado anterior, los órganos de contratación ponderarán en los supuestos que ello sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en relación con la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.» Disposición final décima. Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Se modifica la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que queda redactada en los siguientes términos: «Décima tercera. Subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Uno. Con vigencia indefinida tendrán derecho a obtener bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo y aéreo de pasajeros, los ciudadanos españoles, así como los de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Suiza, sus familiares nacionales de terceros países beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración, que acrediten su condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. El derecho de residencia de los familiares de ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo se acreditará conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo. El derecho de residencia de larga duración de los nacionales de terceros países a que se refiere el párrafo anterior se acreditará conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su normativa de desarrollo. Para ciudadanos españoles, de los Estados miembros de la Unión Europea o de los demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, el documento acreditativo de su identidad será el documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. En el caso de los familiares de ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración, su identidad se acreditará mediante la tarjeta española de residencia de familiar de ciudadano de la Unión o de identidad de extranjero en la que debe constar su condición de residente de larga duración, respectivamente. Dichos documentos deben encontrarse en vigor. En el caso de que telemáticamente se haya constatado que el pasajero cumple las condiciones para ser beneficiario de la subvención, éste podrá acreditar su identidad en el modo aéreo a través de los mismos medios que los pasajeros sin derecho a bonificación. En este caso, el pasajero no tendrá que acreditar su condición de residente ni en facturación ni en embarque. Dos. El porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte marítimo, con vigencia indefinida, para los trayectos directos, ya sean de ida o de ida y vuelta, entre las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional será del 50 por ciento de la tarifa bonificable y en los viajes interinsulares será del 25 por ciento de dicha cuantía. Tres. El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional, así como en los viajes interinsulares será, con vigencia indefinida, del 50 por ciento de la tarifa bonificable por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta. A estos efectos, se considera trayecto directo de ida aquél que se realiza desde el aeropuerto o helipuerto del punto de origen en los archipiélagos, Ceuta o Melilla, al de destino final, distinto del anterior, en el territorio nacional y viceversa, sin escalas intermedias o con escalas, siempre que estas no superen las 12 horas de duración, salvo aquéllas que vinieran impuestas por las necesidades técnicas del servicio o por razones de fuerza mayor. A los efectos de esta bonificación, del importe de la tarifa bonificable se deducirá el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales públicas a que se refieren las letras d), e) y f) del artículo 68.2 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, con independencia de que hayan sido repercutidas o no al pasajero. A tal efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecerán desglosadas en la documentación justificativa de los cupones de vuelo. Cuatro. La condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los efectos de las bonificaciones reguladas en esta disposición se acreditará mediante el certificado de empadronamiento en vigor. Reglamentariamente podrán establecerse otros medios para la acreditación de la condición de residente, en sustitución del previsto en este apartado o como adicionales de éste. Cinco. En relación con la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta disposición: a) Los órganos gestores de las bonificaciones del Ministerio de Fomento podrán acceder a los servicios de verificación y consulta de datos de identidad, domicilio, residencia, nacionalidad y régimen de extranjería de la Plataforma de Intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la subvención y realizar las funciones de control encomendadas a dichos órganos, con las garantías previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) Los órganos gestores podrán facilitar por vía telemática a las agencias, las compañías aéreas o marítimas o sus delegaciones, que comercialicen los títulos de transporte bonificados y lo soliciten, la confirmación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la subvención. La cesión de datos prevista en los párrafos precedentes y su tratamiento, no requerirá el consentimiento de los interesados ni requerirá informarles sobre dicho tratamiento, de conformidad con lo previsto, respectivamente, en los artículos 11.2, letra a), y 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. La integración en el sistema telemático de acreditación de la residencia de los sistemas de emisión de billetes y su utilización al emitir billetes subvencionados será obligatoria para todas las compañías, aéreas o marítimas, que emitan billetes aéreos o marítimos subvencionados por razones de residencia en territorios no peninsulares, en todos sus canales de venta. En el caso de la incorporación a un mercado subvencionado de una nueva compañía de transporte regular aéreo o marítimo, ésta podrá emitir billetes aéreos o marítimos con derecho a subvención, sin necesidad de hacer uso del sistema telemático, durante un máximo de tres meses hasta la implantación efectiva de dicho sistema en todos sus canales de venta. Seis. Cuando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario de estas subvenciones no pueda acreditarse a través de la Plataforma de Intermediación conforme a lo previsto en el apartado Cinco, dichos requisitos se acreditarán por cualquiera de los medios previstos en la normativa de aplicación. A estos efectos, el certificado de empadronamiento se ajustará a lo previsto reglamentariamente en la normativa de desarrollo de estas bonificaciones. Siete. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición, las bonificaciones previstas en él para familiares nacionales de terceros países beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración, que acrediten su condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, surten efectos a partir del 1 de abril de 2013. Ocho. Además de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora de las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla y para familias numerosas y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las compañías aéreas y marítimas, como entidades colaboradoras, deben cumplir lo siguiente: a) En el caso de las compañías aéreas, presentarán las liquidaciones mensuales de los cupones bonificados volados durante un mes en el transcurso de los dos meses siguientes, salvo autorización expresa de la Dirección General de Aviación Civil por razones excepcionales. Estas liquidaciones podrán contener aquellos cupones volados en los seis meses anteriores que no hayan podido ser incluidos, por causas justificadas, en los ficheros de meses pasados. En el caso de las compañías marítimas, presentarán las liquidaciones trimestrales en el transcurso de los dos meses siguientes, salvo autorización expresa de la Dirección General de la Marina Mercante por razones excepcionales. Estas liquidaciones podrán contener aquellos embarques bonificados en los seis meses anteriores que no hayan podido ser incluidos, por causas justificadas, en los ficheros de trimestres pasados. b) En la documentación justificativa de la subvención desglosarán el precio y la identificación de todos los conceptos incluidos en el billete aéreo y marítimo, así como cualquier servicio adicional contratado por el pasajero incluido en el billete. c) Levantarán un parte de incidente cuando un pasajero que posea un billete subvencionado no acredite su identidad y residencia de conformidad con la normativa aplicable. Los partes correspondientes a cada periodo de liquidación o, en otro caso, un certificado de inexistencia de incidentes en dicho período serán enviados al órgano gestor durante el periodo siguiente. d) Cumplir con las obligaciones de registro establecidas reglamentariamente, así como registrar ante el órgano gestor, con anterioridad a su comercialización, las tarifas aéreas que incluyan servicios ajenos al transporte aéreo especificándolo en sus condiciones, así como los convenios, contratos o acuerdos de cualquier tipo, con sus anexos, adendas o modificaciones, susceptibles de generar la emisión de billetes subvencionados, con al menos un mes de antelación a la emisión del primer billete bonificado. Nueve. Asimismo, las compañías marítimas y aéreas y sus agentes, incluidos los sistemas de reserva, habrán de conservar toda la información y documentación relativa a billetes bonificados tanto por razón de residencia no peninsular como por familias numerosas, cualquiera que sea su forma de almacenamiento, que acredite el importe de la subvención y el cumplimento de los procedimientos recogidos reglamentariamente para la concesión de la subvención, a disposición del Ministerio de Fomento, durante el plazo de prescripción previsto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A efectos de la liquidación de las bonificaciones aplicadas, las compañías marítimas, aéreas, y sus agentes, lo que incluye a los sistemas de reserva y a cualquier tercero que haya intervenido en la determinación de la tarifa bonificada, en el pago realizado por el pasajero o en la gestión o aplicación de la bonificación, estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación les sea requerida en relación con las tarifas comercializadas objeto de bonificación, las bonificaciones aplicadas, los pagos realizados por el pasajero y las liquidaciones efectuadas. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder. Diez. Se autoriza al órgano gestor a modificar mediante resolución, tras dar trámite de audiencia a las compañías aéreas que exploten los mercados sujetos a subvención y a las principales asociaciones de aerolíneas, el contenido de los modelos de los anexos, en lo que afecta a las bonificaciones al transporte aéreo, del Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Once. No serán objeto de liquidación por las compañías marítimas y aéreas, ni de reembolso a éstas: a) Los billetes subvencionados con tarifas marítimas y aéreas que incluyan respectivamente servicios ajenos al transporte marítimo y aéreo, sean o no repercutidos al pasajero. b) Los billetes aéreos subvencionados emitidos bajo contratos, convenios o acuerdos de cualquier tipo que no hayan sido registrados y expresamente aprobados por la Dirección General de Aviación Civil. c) Los conceptos excluidos de bonificación por la normativa de aplicación, entre otros, las ofertas, descuentos, promociones o prácticas comerciales equivalentes, que deben ser aplicados de forma previa al cálculo de la subvención, así como los servicios opcionales del transporte comercializados por la compañía marítima y aérea. Doce. Verificación de fichero informático de las liquidaciones solicitadas por las compañías marítimas con la relación de los embarques realmente producidos en puertos. El procedimiento de inspección y control de las bonificaciones al transporte marítimo ha de incluir la comprobación de si los datos de los embarques contenidos en el fichero informático se corresponden con embarques reales producidos en los puertos. Para ello, las autoridades portuarias remitirán mensualmente a la Dirección General de la Marina Mercante la relación de todos los embarques reales producidos en los puertos correspondientes a los trayectos bonificables. La relación mensual de todos los embarques reales producidos en cada puerto incluirá las relaciones de embarques de todas y cada una de las escalas que hayan tenido lugar durante ese período. Estas relaciones de embarques de cada trayecto serán recabadas directamente por las autoridades portuarias u organismos competentes en cada caso o, en su defecto, remitidas electrónicamente a éstas por las compañías marítimas. La remisión se realizará en el tiempo y forma que determine la Dirección General de la Marina Mercante, pero en todo caso, deberán haber sido recibidas por el órgano competente antes de que la nave llegue a su destino. No podrá bonificarse ningún embarque contenido en el fichero informático que no esté incluido en la relación de embarques reales, salvo que se demuestre error u omisión. Trece. El Gobierno dictará las normas de aplicación y desarrollo de las bonificaciones al transporte, marítimo y aéreo, regular de pasajeros.» Disposición final undécima. Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Se modifica el apartado 2 de la disposición final vigésima primera de la ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que queda redactado en los siguientes términos: «2. No obstante, la disposición transitoria decimotercera y la disposición adicional decimosexta entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación. Las disposiciones transitorias cuarta y décima entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2015. La disposición final novena entrará en vigor el 1 de julio de 2016. La disposición final duodécima entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.» Disposición final duodécima. Restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas. El reconocimiento de los derechos previstos en la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, así como la tramitación y resolución de los procedimientos iniciados al amparo de dicha Ley, seguirán suspendidos hasta que se verifiquen las condiciones que permitan atender las prestaciones que la Ley reconoce sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones públicas prioritarias. Una vez se constate la concurrencia de las expresadas condiciones, el Gobierno aprobará el Reglamento de desarrollo de la Ley, el cual fijará un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación. Disposición final decimotercera. Referencias normativas. Las referencias hechas a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda. Disposición final decimocuarta. Título competencial. 1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases régimen jurídico de las Administraciones Públicas, así como al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª, relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y del artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda Pública general. 2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del Estado y al sector público estatal lo previsto en: a) La subsección 2.ª referida a los órganos colegiados de la Administración General del Estado de la sección 3.ª del capítulo II del Título preliminar. b) El Título I relativo a la Administración General del Estado. c) Lo dispuesto en el Capítulo II relativo a la organización y funcionamiento del sector público institucional estatal, el Capítulo III de los organismos públicos estatales, el Capítulo IV de las Autoridades administrativas independientes, el Capítulo V de las sociedades mercantiles estatales, en el artículo 123.2 del Capítulo VI relativo a los Consorcios, los artículos 128, 130, 131, 132, 133, 135 y 136 del Capítulo VII de las fundaciones del sector público estatal y el Capítulo VIII de los fondos carentes de personalidad jurídica, todos ellos del Título II relativo a la organización y funcionamiento del sector público institucional. d) Lo previsto en las disposiciones adicionales: cuarta, sobre adaptación de entidades y organismos estatales, quinta, sobre gestión compartida de servicios comunes en organismos públicos estatales, sexta, sobre medios propios, séptima, sobre el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación, undécima, sobre conflictos de atribuciones intraministeriales, duodécima, sobre Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, decimotercera, relativa a las entidades de la Seguridad Social, decimocuarta, sobre la organización militar, decimoquinta, relativa al personal militar, la decimosexta, sobre Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno, decimoséptima, relativa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la decimoctava relativa al Centro Nacional de Inteligencia, la decimonovena relativa al Banco de España y la vigésima relativa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Disposición final decimoquinta. Desarrollo normativo de la Ley. Se faculta al Consejo de Ministros y a los Ministros de Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de esta Ley. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se desarrollará lo previsto en el artículo 85 sobre la supervisión continua. Disposición final decimosexta. Precedencias en actos oficiales. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, se determinarán las precedencias de los titulares de los poderes constitucionales y de las instituciones nacionales, así como las de los titulares de los departamentos ministeriales y de los órganos internos de estos en relación con los actos oficiales. Disposición final decimoséptima. Adaptación normativa. 1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la misma las normas estatales o autonómicas que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley. 2. Los consorcios creados por una ley singular aprobada por las Cortes Generales con anterioridad a la aprobación de esta Ley seguirán rigiéndose por su legislación especial hasta que se produzca la citada adaptación normativa. Disposición final decimoctava. Entrada en vigor. 1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción del punto cuatro de la disposición final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, de los puntos uno a once de la disposición final novena, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la disposición final decimosegunda, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y el punto doce de la misma disposición final novena, que lo hará a los seis meses de la citada publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 2. No obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» la disposición final primera, de modificación de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la disposición final segunda, de modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, los puntos uno a tres de la disposición final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la disposición final séptima, de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la disposición final undécima, de modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 3. La disposición final décima de modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que los apartados Uno, primer y segundo párrafo; Dos; Tres, párrafos primero y segundo; Cuatro; Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 1 de octubre de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Leyes que cambian TODO. Procedimiento administrativo común y Régimen Jurídico Sector Público.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración. El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, formuló 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas. En la misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 establece la necesidad de impulsar medidas para racionalizar la actuación administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad. Este convencimiento está inspirado en lo que dispone el propio artículo 31.2 de la Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Como se señala en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (en adelante CORA), la normativa reguladora de las Administraciones Públicas ha pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los procedimientos. Esta separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que unificó en un solo instrumento estas materias. La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes, reales decretos y demás disposiciones de inferior rango, que han completado la columna vertebral del derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el momento actual normas que regulan aspectos orgánicos, como la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado; la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos; y otras que tratan aspectos tanto orgánicos como procedimentales de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por citar las más relevantes. Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la CORA. En él se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas. La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos. Queda así sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter Administraciones, que se complementa con su normativa presupuestaria, destacando especialmente la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Se conserva como texto independiente la Ley del Gobierno, que por regular de forma específica la cabeza del poder ejecutivo de la nación, de naturaleza y funciones eminentemente políticas, debe mantenerse separada de la norma reguladora de la Administración Pública, dirigida por aquél. De acuerdo con este criterio, la presente Ley modifica aquella, con el objeto de extraer aquellas materias que, por ser más propias de la organización y funciones de los miembros del gobierno en cuanto que órganos administrativos, deben regularse en este texto legal. El Informe CORA recomienda reformar el ordenamiento jurídico administrativo no solo por razones de coherencia normativa y política legislativa. Las Administraciones Públicas, lejos de constituir un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial. Para ello es imprescindible establecer un marco normativo que impida la creación de órganos o entidades innecesarios o redundantes, y asegure la eficacia y eficiencia de los entes públicos, ejerciendo sobre ellos una supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos que justific ### RESUMEN: Leyes que cambian TODO. Procedimiento administrativo común y Régimen Jurídico Sector Público.

El Real Decreto 629/2013, de 2 de agosto, por el que se regula la pesca de coral rojo, su primera venta y el procedimiento de autorización para la obtención de licencias para su pesca, tiene por objeto regular el ejercicio de la pesca del coral rojo (Corallium rubrum) en aguas bajo soberanía o jurisdicción española, con excepción de las aguas interiores, así como el procedimiento de autorización para la obtención de las correspondientes licencias para su pesca. Su artículo 6 establece la obligatoriedad de que con carácter bienal se abra un procedimiento, que deberá ser convocado mediante orden ministerial publicada en el «Boletín Oficial del Estado», para la concesión de las licencias de capturas de coral rojo y su primera venta. Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de un mes, contado desde el día que surta efecto la correspondiente convocatoria y se cumplimentarán según el modelo que figura en el anexo II, y deberán ir acompañadas de la documentación que se señala en el artículo 7 del real decreto referido. En su virtud, dispongo: Artículo único. Convocatoria y duración de las autorizaciones para la extracción y venta de coral rojo. 1. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.1 de Real Decreto 629/2013, de 2 de agosto, por el que se regula la pesca de coral rojo, su primera venta y el procedimiento de autorización para la obtención de licencias para su pesca, mediante la presente orden se establece la convocatoria que abre el procedimiento de autorización para la extracción y venta de coral rojo, desde el 1 al 31 de octubre de 2013, ambos inclusive, en los términos, condiciones y requisitos regulados en el citado real decreto. 2. Las autorizaciones concedidas tendrán una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha de autorización. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 18 de septiembre de 2013.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Convocatoria para la autorización de extracción de coral rojo durante dos años

El Real Decreto 629/2013, de 2 de agosto, por el que se regula la pesca de coral rojo, su primera venta y el procedimiento de autorización para la obtención de licencias para su pesca, tiene por objeto regular el ejercicio de la pesca del coral rojo (Corallium rubrum) en aguas bajo soberanía o jurisdicción española, con excepción de las aguas interiores, así como el procedimiento de autorización para la obtención de las correspondientes licencias para su pesca. Su artículo 6 establece la obligatoriedad de que con carácter bienal se abra un procedimiento, que deberá ser convocado mediante orden ministerial publicada en el «Boletín Oficial del Estado», para la concesión de las licencias de capturas de coral rojo y su primera venta. Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de un mes, contado desde el día que surta efecto la correspondiente convocatoria y se cumplimentarán según el modelo que figura en el anexo II, y deberán ir acompañadas de la documentación que se señala en el artículo 7 del real decreto referido. En su virtud, dispongo: Artículo único. Convocatoria y duración de las autorizaciones para la extracción y venta de coral rojo. 1. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.1 de Real Decreto 629/2013, de 2 de agosto, por el que se regula la pesca de coral rojo, su primera venta y el procedimiento de autorización para la obtención de licencias para su pesca, mediante la presente orden se establece la convocatoria que abre el procedimiento de autorización para la extracción y venta de coral rojo, desde el 1 al 31 de octubre de 2013, ambos inclusive, en los términos, condiciones y requisitos regulados en el citado real decreto. 2. Las autorizaciones concedidas tendrán una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha de autorización. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 18 de septiembre de 2013.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. ### RESUMEN: Convocatoria para la autorización de extracción de coral rojo durante dos años

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. Esta Recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas. La Recomendación del Consejo y sus modificaciones han sido aplicadas en España mediante la Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, del mismo título, con sus prórrogas y modificaciones, la última de ellas mediante la Orden INT/420/2021, de 29 de abril, que extendía sus efectos hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2021. El 6 de mayo se aprobó una modificación de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea con el fin incluir a Israel en el listado de países cuyos residentes están exentos de restricciones. Sobre la base de todo lo anterior se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, para incluir a Israel en el anexo. En su virtud, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El anexo de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda modificado como sigue: «Terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden: I. Estados 1. Australia. 2. Israel. 3. Nueva Zelanda. 4. Ruanda. 5. Singapur. 6. Corea del Sur. 7. Tailandia. 8. China. II. Regiones administrativas especiales de la República Popular China RAE de Hong Kong. RAE de Macao.» Disposición final única. Efectos. Esta orden surtirá efectos desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de mayo de 2021.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

Israel entra en la lista de países desde los que se puede entrar en Europa (y en España) de forma libre, sin necesidad de justificar el viaje. Se suma así a Australia, Nueza Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. Esta Recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas. La Recomendación del Consejo y sus modificaciones han sido aplicadas en España mediante la Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, del mismo título, con sus prórrogas y modificaciones, la última de ellas mediante la Orden INT/420/2021, de 29 de abril, que extendía sus efectos hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2021. El 6 de mayo se aprobó una modificación de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea con el fin incluir a Israel en el listado de países cuyos residentes están exentos de restricciones. Sobre la base de todo lo anterior se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, para incluir a Israel en el anexo. En su virtud, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El anexo de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda modificado como sigue: «Terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden: I. Estados 1. Australia. 2. Israel. 3. Nueva Zelanda. 4. Ruanda. 5. Singapur. 6. Corea del Sur. 7. Tailandia. 8. China. II. Regiones administrativas especiales de la República Popular China RAE de Hong Kong. RAE de Macao.» Disposición final única. Efectos. Esta orden surtirá efectos desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de mayo de 2021.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez. ### RESUMEN: Israel entra en la lista de países desde los que se puede entrar en Europa (y en España) de forma libre, sin necesidad de justificar el viaje. Se suma así a Australia, Nueza Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/960/2014, interpuesto por la mercantil Viesgo Infraestructuras Energéticas, SA (antes E.ON España, SLU), contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 20 de diciembre de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido: 1. Estimar el recurso contencioso-administrativo núm. 960/2014 interpuesto en representación de Viesgo Infraestructuras Energéticas, SA (antes denominada E.ON España) contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 2. Declarar inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. 3. Declarar inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el citado artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 4. Declarar el derecho de Viesgo Infraestructuras Energéticas, SA a ser indemnizada por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del Real Decreto 968/2014 impugnado hasta la fecha de ejecución de la sentencia, de manera que se reintegren a la demandante todas las cantidades que haya abonado por ese concepto, que se determinarán en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes computados desde fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro. 5. No se imponen las costas procesales a ninguno de los litigantes. 6. Ordenar la publicación de este fallo en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.–Eduardo Espín Templado.–José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.–Eduardo Calvo Rojas.–José María del Riego Valledor.–Diego Córdoba Castroverde.–Ángel Ramón Arozamena Laso.

Dice el Supremo, 7 años después, que el reparto de lo que le toca pagar a cada eléctrica por el bono social que se aprobó en 2014 no es legal y que devuelvan a Viesgo lo que pagó.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/960/2014, interpuesto por la mercantil Viesgo Infraestructuras Energéticas, SA (antes E.ON España, SLU), contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 20 de diciembre de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido: 1. Estimar el recurso contencioso-administrativo núm. 960/2014 interpuesto en representación de Viesgo Infraestructuras Energéticas, SA (antes denominada E.ON España) contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 2. Declarar inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. 3. Declarar inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el citado artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 4. Declarar el derecho de Viesgo Infraestructuras Energéticas, SA a ser indemnizada por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del Real Decreto 968/2014 impugnado hasta la fecha de ejecución de la sentencia, de manera que se reintegren a la demandante todas las cantidades que haya abonado por ese concepto, que se determinarán en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes computados desde fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro. 5. No se imponen las costas procesales a ninguno de los litigantes. 6. Ordenar la publicación de este fallo en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.–Eduardo Espín Templado.–José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.–Eduardo Calvo Rojas.–José María del Riego Valledor.–Diego Córdoba Castroverde.–Ángel Ramón Arozamena Laso. ### RESUMEN: Dice el Supremo, 7 años después, que el reparto de lo que le toca pagar a cada eléctrica por el bono social que se aprobó en 2014 no es legal y que devuelvan a Viesgo lo que pagó.

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (en adelante Plan Estatal de I+D+I), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de febrero de 2013, es el instrumento de programación del que dispone el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para la ejecución a cargo de la Administración General del Estado de las políticas públicas de fomento y coordinación de las actividades de I+D+I y que permite desarrollar y financiar las actuaciones contenidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, asimismo aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros. Enmarcadas en este Plan Estatal de I+D+I el 22 de enero de 2015, ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria 2015 para la concesión de las ayudas Retos-Colaboración dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, cuyo órgano competente para la instrucción es la Subdirección General de Colaboración Público-Privada. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en los artículos 25.4 y 25.5 que el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión no podrá exceder de seis meses, pudiendo entender los interesados desestimada por silencio administrativo su solicitud por el transcurso de dicho plazo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Para garantizar un procedimiento de selección transparente y objetivo, tanto la tramitación administrativa como la instrucción del procedimiento de las convocatorias de ayudas a la I+D+i, en sus diferentes fases, conllevan necesariamente el empleo de un gran volumen de recursos humanos y materiales. Cabe indicar que estos procedimientos requieren conocer y, en su caso, verificar la autenticidad de la múltiple y diversa documentación que deben aportar todos los solicitantes en apoyo de sus solicitudes así como valorar, con arreglo a criterios bien determinados y preservando la igualdad de trato de todos los ciudadanos, cada una de las solicitudes que se presentan. Por otro lado, cabe señalar que a esta convocatoria se viene presentando un número cada vez más elevado de solicitudes, que amplía las dificultades que conlleva la carencia de recursos humanos y materiales anteriormente mencionada. Este hecho unido a la necesidad de resolución de los trabajos informáticos que se llevan a cabo para adaptar los procesos mecanizados a los nuevos requerimientos establecidos para este ejercicio, hace que se produzcan situaciones de espera que retrasan la tramitación administrativa, lo que hace altamente improbable que esta convocatoria puedan verse resuelta antes de los meses adicionales contemplados en las prórroga que a tal efecto se solicita. A pesar de los importantes avances conseguidos en materia de tramitación electrónica, cabe añadir que la experiencia histórica de convocatorias anteriores muestra la gran dificultad existente para completar la tramitación del procedimiento de concesión en el plazo máximo establecido en la Ley General de Subvenciones, por lo que los interesados podrían presuponer la no concesión de la solicitud presentada. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en su artículo 42.6, por el que se permite excepcionalmente ampliar el plazo máximo de resolución bajo la existencia de condiciones tasadas, dado que las circunstancias actuales lo justifican y lo aconsejan y que con ello no se perjudican derechos de terceros, se hace necesario ampliar el plazo de resolución establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En base a lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Estado dispone: Primero. Se amplía de seis a nueve meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria regulada por Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2015, para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Segundo. Entrada en vigor. 1. La presente resolución surte efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y resultará aplicable a todas las solicitudes que se hayan presentado a la convocatoria indicada en el apartado primero. 2. Contra la presente resolución de ampliación de plazo no cabrá recurso alguno. Madrid, 27 de mayo de 2015.–La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo.

Ayudas que no se resuelven a tiempo por falta de medios humanos y materiales. Ampliación de 6 a 9 meses

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (en adelante Plan Estatal de I+D+I), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de febrero de 2013, es el instrumento de programación del que dispone el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para la ejecución a cargo de la Administración General del Estado de las políticas públicas de fomento y coordinación de las actividades de I+D+I y que permite desarrollar y financiar las actuaciones contenidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, asimismo aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros. Enmarcadas en este Plan Estatal de I+D+I el 22 de enero de 2015, ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria 2015 para la concesión de las ayudas Retos-Colaboración dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, cuyo órgano competente para la instrucción es la Subdirección General de Colaboración Público-Privada. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en los artículos 25.4 y 25.5 que el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión no podrá exceder de seis meses, pudiendo entender los interesados desestimada por silencio administrativo su solicitud por el transcurso de dicho plazo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Para garantizar un procedimiento de selección transparente y objetivo, tanto la tramitación administrativa como la instrucción del procedimiento de las convocatorias de ayudas a la I+D+i, en sus diferentes fases, conllevan necesariamente el empleo de un gran volumen de recursos humanos y materiales. Cabe indicar que estos procedimientos requieren conocer y, en su caso, verificar la autenticidad de la múltiple y diversa documentación que deben aportar todos los solicitantes en apoyo de sus solicitudes así como valorar, con arreglo a criterios bien determinados y preservando la igualdad de trato de todos los ciudadanos, cada una de las solicitudes que se presentan. Por otro lado, cabe señalar que a esta convocatoria se viene presentando un número cada vez más elevado de solicitudes, que amplía las dificultades que conlleva la carencia de recursos humanos y materiales anteriormente mencionada. Este hecho unido a la necesidad de resolución de los trabajos informáticos que se llevan a cabo para adaptar los procesos mecanizados a los nuevos requerimientos establecidos para este ejercicio, hace que se produzcan situaciones de espera que retrasan la tramitación administrativa, lo que hace altamente improbable que esta convocatoria puedan verse resuelta antes de los meses adicionales contemplados en las prórroga que a tal efecto se solicita. A pesar de los importantes avances conseguidos en materia de tramitación electrónica, cabe añadir que la experiencia histórica de convocatorias anteriores muestra la gran dificultad existente para completar la tramitación del procedimiento de concesión en el plazo máximo establecido en la Ley General de Subvenciones, por lo que los interesados podrían presuponer la no concesión de la solicitud presentada. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en su artículo 42.6, por el que se permite excepcionalmente ampliar el plazo máximo de resolución bajo la existencia de condiciones tasadas, dado que las circunstancias actuales lo justifican y lo aconsejan y que con ello no se perjudican derechos de terceros, se hace necesario ampliar el plazo de resolución establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En base a lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Estado dispone: Primero. Se amplía de seis a nueve meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria regulada por Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2015, para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Segundo. Entrada en vigor. 1. La presente resolución surte efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y resultará aplicable a todas las solicitudes que se hayan presentado a la convocatoria indicada en el apartado primero. 2. Contra la presente resolución de ampliación de plazo no cabrá recurso alguno. Madrid, 27 de mayo de 2015.–La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo. ### RESUMEN: Ayudas que no se resuelven a tiempo por falta de medios humanos y materiales. Ampliación de 6 a 9 meses

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015). La solicitud de depósito fue formulada por D.ª Amanda Gutiérrez Domínguez mediante escrito tramitado con el número de entrada 99/2021/002466. Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por D.ª Andrea Pereira Cejudo, D.ª Patricia Guijarro Gutiérrez y D.ª Amanda Gutiérrez Domínguez, todas ellas en calidad de promotoras. Se indica que el domicilio social del sindicato es el establecido en el artículo 3 de sus estatutos, su ámbito funcional en el artículo 6 y su ámbito territorial es estatal. Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada. La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro Directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011). Madrid, 25 de octubre de 2021.- La Directora General P.D. (Real Decreto 499/2020, de 28 de abril y Orden TMS/1075/2018, de 10 de octubre), el Subdirector General de Relaciones Laborales, Rafael Martínez de la Gándara.

Las futbolistas Andrea Pereira Cejudo y Patricia Guijarro Gutiérrez y la abogada especializada en derecho deportivo femenino, Amanda Gutiérrez Domínguez, crean un nuevo sindicato: FUTPRO.

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015). La solicitud de depósito fue formulada por D.ª Amanda Gutiérrez Domínguez mediante escrito tramitado con el número de entrada 99/2021/002466. Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por D.ª Andrea Pereira Cejudo, D.ª Patricia Guijarro Gutiérrez y D.ª Amanda Gutiérrez Domínguez, todas ellas en calidad de promotoras. Se indica que el domicilio social del sindicato es el establecido en el artículo 3 de sus estatutos, su ámbito funcional en el artículo 6 y su ámbito territorial es estatal. Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada. La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro Directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011). Madrid, 25 de octubre de 2021.- La Directora General P.D. (Real Decreto 499/2020, de 28 de abril y Orden TMS/1075/2018, de 10 de octubre), el Subdirector General de Relaciones Laborales, Rafael Martínez de la Gándara. ### RESUMEN: Las futbolistas Andrea Pereira Cejudo y Patricia Guijarro Gutiérrez y la abogada especializada en derecho deportivo femenino, Amanda Gutiérrez Domínguez, crean un nuevo sindicato: FUTPRO.

Advertido error en la Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resolvió inscribir en el Registro de Fundaciones la inscripción de la Fundación Ideas Didac Sánchez, tras la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal y demás disposiciones concordantes y a tenor de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se rectifican los errores materiales detectados en dicha resolución, en el siguiente sentido: Resuelvo: Rectificar los errores materiales detectados en dicha resolución, en el siguiente sentido: En el punto primero de los Antecedentes de hecho, donde dice: «La Fundación fue constituida por don Diego Sánchez Giménez, don Enric Roque Berlanga y don Joan Ramón Gallego Aragón, en Barcelona el 18 de junio de 2015, según consta en la escritura pública número 2045, otorgada ante la notaria del Ilustre Colegio de Cataluña, doña María Dolores Giménez Arbona.» Debe decir: «La Fundación fue constituida por don Diego Sánchez Giménez, en Barcelona el 18 de junio de 2015, según consta en la escritura pública número 2045, otorgada ante la notaria del Ilustre Colegio de Cataluña, doña María Dolores Giménez Arbona.» Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la presente notificación, ante la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Madrid, 2 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

Dídac Sánchez corrige para decir que en realidad no constituyó la fundación con sus socios, sino solo él.

Advertido error en la Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resolvió inscribir en el Registro de Fundaciones la inscripción de la Fundación Ideas Didac Sánchez, tras la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal y demás disposiciones concordantes y a tenor de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se rectifican los errores materiales detectados en dicha resolución, en el siguiente sentido: Resuelvo: Rectificar los errores materiales detectados en dicha resolución, en el siguiente sentido: En el punto primero de los Antecedentes de hecho, donde dice: «La Fundación fue constituida por don Diego Sánchez Giménez, don Enric Roque Berlanga y don Joan Ramón Gallego Aragón, en Barcelona el 18 de junio de 2015, según consta en la escritura pública número 2045, otorgada ante la notaria del Ilustre Colegio de Cataluña, doña María Dolores Giménez Arbona.» Debe decir: «La Fundación fue constituida por don Diego Sánchez Giménez, en Barcelona el 18 de junio de 2015, según consta en la escritura pública número 2045, otorgada ante la notaria del Ilustre Colegio de Cataluña, doña María Dolores Giménez Arbona.» Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la presente notificación, ante la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Madrid, 2 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago. ### RESUMEN: Dídac Sánchez corrige para decir que en realidad no constituyó la fundación con sus socios, sino solo él.

La disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con la que se fijan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura establece un volumen máximo anual total a trasvasar de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana). Dicha Ley establece cuatro niveles, numerados del 1 al 4, para los que se fijan los potenciales envíos. Para los niveles 1 y 2 la determinación de los volúmenes a trasvasar queda establecida de forma automática. En situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno. Para el caso de nivel 3, denominado «de situaciones hidrológicas excepcionales» se remite a una regulación reglamentaria que fue establecida en el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, modificada mediante el Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Este real decreto indica los valores umbrales mensuales de reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía que definen el nivel 3 y establece que, al tratarse de una situación hidrológica excepcional, el órgano competente habrá de motivar los volúmenes que discrecionalmente decida autorizar hasta el límite máximo de 20 hm3/mes. El órgano competente se define en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio. Así, cuando concurran las condiciones del nivel 3, autorizará los trasvases el Ministro o Ministra que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, creada por Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, modificada, en cuanto a su composición por Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre. De acuerdo con el artículo 14.2 del Real Decreto 2/2020, de 13 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política del agua como bien público esencial. Por tanto, corresponde a la titular de este departamento autorizar los trasvases por el acueducto Tajo-Segura en situación de nivel 3. Por otra parte, y tal y como establece la Disposición General 5.ª de la Orden TED/533/2021, de 20 de mayo, sobre delegación de competencias en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Ministra delega en el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la autorización de los trasvases a través del Acueducto Tajo-Segura, cuando concurran las condiciones hidrológicas del Nivel 3, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 17 de noviembre de 2021, se ha constatado una situación hidrológica excepcional, nivel 3, y se ha realizado una valoración técnica de la situación. Según se recoge en el informe realizado por el CEDEX para este mes de noviembre, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, las existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de noviembre de 2021 ascienden a 608,3 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 609 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el RD 773/2014 para el mes de noviembre y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constata la situación hidrológica excepcional, nivel 3. De acuerdo con el método previsto para situaciones hidrológicas excepcionales, el trasvase resultante para el mes de noviembre podría llegar a un máximo de 20 hm3. Asimismo, y partiendo de la situación registrada a comienzos de noviembre, la aplicación trimestral de la regla de explotación realizada en el informe del CEDEX indica que el sistema se encontraría en situación hidrológica excepcional (nivel 3) durante todo el trimestre. Adicionalmente, en dicho informe se ha procedido a aplicar la regla semestralmente con el único propósito de disponer de una ventana de pronóstico algo mayor que permita anticipar la posible tendencia en su evolución y tener algo más de perspectiva, concluyendo que si se confirmaran las aportaciones de cálculo supuestas, correspondientes al percentil del 20%, se mantendría el nivel 3 durante todo el semestre. El citado informe recoge también la información enviada por la Confederación Hidrográfica del Segura sobre los volúmenes de agua trasvasada disponibles a 1 de noviembre, para abastecimiento y regadíos en la cuenca, que son de 22,55 hm3 y 42,30 hm3, respectivamente, lo que supone un volumen total de 64,85 hm3. Estos volúmenes de agua, acumulada dentro de los embalses de la propia cuenca del Segura, constituyen una reserva de agua ya trasvasada cuyo objetivo es atender las necesidades de suministro que surjan en el futuro de forma simultánea con los trasvases posteriores. Adicionalmente a 1 de noviembre de 2021 se encuentran autorizados y pendientes de trasvasar 12 hm3. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de 17 de noviembre del 2021 y a la vista del informe del CEDEX, decide informar, conforme a lo previsto legalmente para este caso, que se podría autorizar un volumen máximo de 20,0 hm3 para el mes de noviembre de 2021. Dada la situación hidrológica excepcional existente en los embalses de cabecera, es razonable tomar en consideración las reservas existentes procedentes del trasvase en la cuenca receptora. El volumen actual de reservas en la cuenca del Segura procedente del trasvase de 64,85 hm3 supone un valor medio respecto a los volúmenes almacenados en los últimos años. Dado que la previsión recogida en el informe del CEDEX es que el sistema se encuentre en nivel 3 correspondiente a situación hidrológica excepcional durante los próximos 3 meses y teniendo en cuenta los consumos de abastecimiento y regadío estimados para los próximos meses, las reservas se agotarían en algo más de tres meses. Otro dato relevante para las necesidades de agua para riego, son las precipitaciones que se han producido en la cuenca. A este respecto debe indicarse, que la lluvia media en la cuenca del Segura en los últimos doce meses ha sido de 371,29 mm, valor ligeramente superior a la media anual de 354,92 mm, lo que indica que el suelo previsiblemente tendrá unas condiciones de humedad cercanas a la media. Considerando todo lo expuesto anteriormente: 1) Se constata que a fecha 1 de noviembre de 2021 la situación del sistema es la correspondiente al Nivel 3, referida a situaciones hidrológicas excepcionales. 2) Se toma nota de la previsión para el trimestre, que indica que el sistema se mantendrá en situación hidrológica excepcional. 3) Se toma nota de que, a fecha de 1 de noviembre de 2021 existe un volumen de agua trasvasada disponible en la cuenca del Segura para abastecimientos y regadíos de 64,85 hm3 y un volumen autorizado y pendiente de trasvasar de 12 hm3. 4) Se toma nota de la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura celebrada el 17 de noviembre de 2021 que, a la vista del informe del CEDEX, concluye que se podría autorizar hasta un volumen máximo de 20,0 hm3 para el mes de noviembre de 2021. 5) Se toma en consideración que de acuerdo con la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica le Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre abastecimientos y regadíos, asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos. Por todo ello, en aplicación de los principios de prevención y precaución que deben presidir la acción de las Administraciones Públicas, y considerando la conveniencia, dada la situación hidrológica excepcional del sistema de la cabecera del Tajo, de aprovechar parte de las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura a fecha 1 de noviembre, teniendo en cuenta los consumos de abastecimiento y regadío estimados para los próximos meses, autorizo un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura de 18 hm3 para el mes de noviembre de 2021. De ellos, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 10,5 hm3 para regadío. Madrid, 23 de noviembre de 2021.–La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, P.D. (Orden TED/533/2021, de 20 de mayo, sobre delegación de competencias), el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán Fernández.

Nuevo trasvase Tajo - Segura, esta vez de 18 hectómetros cúbicos.

La disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con la que se fijan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura establece un volumen máximo anual total a trasvasar de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana). Dicha Ley establece cuatro niveles, numerados del 1 al 4, para los que se fijan los potenciales envíos. Para los niveles 1 y 2 la determinación de los volúmenes a trasvasar queda establecida de forma automática. En situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno. Para el caso de nivel 3, denominado «de situaciones hidrológicas excepcionales» se remite a una regulación reglamentaria que fue establecida en el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, modificada mediante el Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Este real decreto indica los valores umbrales mensuales de reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía que definen el nivel 3 y establece que, al tratarse de una situación hidrológica excepcional, el órgano competente habrá de motivar los volúmenes que discrecionalmente decida autorizar hasta el límite máximo de 20 hm3/mes. El órgano competente se define en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio. Así, cuando concurran las condiciones del nivel 3, autorizará los trasvases el Ministro o Ministra que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, creada por Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, modificada, en cuanto a su composición por Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre. De acuerdo con el artículo 14.2 del Real Decreto 2/2020, de 13 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política del agua como bien público esencial. Por tanto, corresponde a la titular de este departamento autorizar los trasvases por el acueducto Tajo-Segura en situación de nivel 3. Por otra parte, y tal y como establece la Disposición General 5.ª de la Orden TED/533/2021, de 20 de mayo, sobre delegación de competencias en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Ministra delega en el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la autorización de los trasvases a través del Acueducto Tajo-Segura, cuando concurran las condiciones hidrológicas del Nivel 3, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 17 de noviembre de 2021, se ha constatado una situación hidrológica excepcional, nivel 3, y se ha realizado una valoración técnica de la situación. Según se recoge en el informe realizado por el CEDEX para este mes de noviembre, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, las existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de noviembre de 2021 ascienden a 608,3 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 609 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el RD 773/2014 para el mes de noviembre y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constata la situación hidrológica excepcional, nivel 3. De acuerdo con el método previsto para situaciones hidrológicas excepcionales, el trasvase resultante para el mes de noviembre podría llegar a un máximo de 20 hm3. Asimismo, y partiendo de la situación registrada a comienzos de noviembre, la aplicación trimestral de la regla de explotación realizada en el informe del CEDEX indica que el sistema se encontraría en situación hidrológica excepcional (nivel 3) durante todo el trimestre. Adicionalmente, en dicho informe se ha procedido a aplicar la regla semestralmente con el único propósito de disponer de una ventana de pronóstico algo mayor que permita anticipar la posible tendencia en su evolución y tener algo más de perspectiva, concluyendo que si se confirmaran las aportaciones de cálculo supuestas, correspondientes al percentil del 20%, se mantendría el nivel 3 durante todo el semestre. El citado informe recoge también la información enviada por la Confederación Hidrográfica del Segura sobre los volúmenes de agua trasvasada disponibles a 1 de noviembre, para abastecimiento y regadíos en la cuenca, que son de 22,55 hm3 y 42,30 hm3, respectivamente, lo que supone un volumen total de 64,85 hm3. Estos volúmenes de agua, acumulada dentro de los embalses de la propia cuenca del Segura, constituyen una reserva de agua ya trasvasada cuyo objetivo es atender las necesidades de suministro que surjan en el futuro de forma simultánea con los trasvases posteriores. Adicionalmente a 1 de noviembre de 2021 se encuentran autorizados y pendientes de trasvasar 12 hm3. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de 17 de noviembre del 2021 y a la vista del informe del CEDEX, decide informar, conforme a lo previsto legalmente para este caso, que se podría autorizar un volumen máximo de 20,0 hm3 para el mes de noviembre de 2021. Dada la situación hidrol ### RESUMEN: Nuevo trasvase Tajo - Segura, esta vez de 18 hectómetros cúbicos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la regla 38 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, relativa a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las cuentas anuales de las Entidades de la Administración Institucional del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136.4 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se hacen públicos: el resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía aprobadas por la Comisión permanente del Patronato de dicho organismo en fecha 2 de septiembre de 2019 y el informe de auditoría de cuentas. Madrid, 5 de septiembre de 2019.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D. (Resolución de 12 de abril de 2013), la Subdirectora Gerente, Cristina Juarranz de la Fuente.

Las cuentas del Museo Reina Sofía.

En cumplimiento de lo dispuesto en la regla 38 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, relativa a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las cuentas anuales de las Entidades de la Administración Institucional del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136.4 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se hacen públicos: el resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía aprobadas por la Comisión permanente del Patronato de dicho organismo en fecha 2 de septiembre de 2019 y el informe de auditoría de cuentas. Madrid, 5 de septiembre de 2019.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D. (Resolución de 12 de abril de 2013), la Subdirectora Gerente, Cristina Juarranz de la Fuente. ### RESUMEN: Las cuentas del Museo Reina Sofía.

Por Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (BOE del 20 de agosto), se convocaron los XXX Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad educativa. El apartado noveno.2 de dicha convocatoria dispone que el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial por delegación de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades contenida en la Orden ECD/4652012, de 2 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 9), resolverá la convocatoria antes del 29 de diciembre de 2014, publicándose la adjudicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, por dificultades de llevar a efecto la evaluación por el jurado de selección y la consiguiente propuesta de concesión de los citados premios en las fechas inicialmente previstas, he resuelto: Única. El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, por delegación de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades contenida en la Orden ECD/4652012, de 2 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 9), resolverá la convocatoria antes del 29 de enero de 2015, publicándose la adjudicación en el «Boletín Oficial del Estado». Esta Resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, y Artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente, en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo Órgano que la ha dictado. Madrid, 5 de diciembre de 2014.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio Kindelán.

Incluso en la concesión de unos premios a la calidad educativa van con retraso y dan un mes más de plazo

Por Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (BOE del 20 de agosto), se convocaron los XXX Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad educativa. El apartado noveno.2 de dicha convocatoria dispone que el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial por delegación de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades contenida en la Orden ECD/4652012, de 2 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 9), resolverá la convocatoria antes del 29 de diciembre de 2014, publicándose la adjudicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, por dificultades de llevar a efecto la evaluación por el jurado de selección y la consiguiente propuesta de concesión de los citados premios en las fechas inicialmente previstas, he resuelto: Única. El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, por delegación de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades contenida en la Orden ECD/4652012, de 2 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 9), resolverá la convocatoria antes del 29 de enero de 2015, publicándose la adjudicación en el «Boletín Oficial del Estado». Esta Resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, y Artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente, en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo Órgano que la ha dictado. Madrid, 5 de diciembre de 2014.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio Kindelán. ### RESUMEN: Incluso en la concesión de unos premios a la calidad educativa van con retraso y dan un mes más de plazo

PREÁMBULO I El 11 de marzo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, dirigida a dar un nuevo impulso a la asistencia entre las Administraciones tributarias de los Estados miembros y configurada como un instrumento para superar los efectos negativos de la creciente internacionalización de los mercados. La nueva Directiva refuerza la cooperación, especialmente en el intercambio de información necesaria para la liquidación de los tributos. Con la finalidad fundamental de cumplir con el mandato de transposición, se adopta el presente real decreto, no exigiendo dicha transposición modificación de rango legal alguna, dado que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, incorporó ya los aspectos sustantivos en esta materia que exigían su regulación en ley. Dicha modificación legal se aprobó con objeto de transponer la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas. La transposición tuvo en cuenta la existencia de otras normas de carácter internacional que regulan la asistencia entre Estados o con entidades internacionales o supranacionales en el ámbito tributario. De esta forma, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, da cobertura a todos los tipos de actuaciones de asistencia que la Administración tributaria española pueda solicitar o tenga que prestar a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales, incluyendo las derivadas de la Directiva 2011/16/UE. En consonancia con lo anterior, el texto del presente real decreto, aunque, como se ha indicado más arriba, está destinado esencialmente a transponer la Directiva 2011/16/UE, ha seguido idéntica línea de desarrollo, previendo actuaciones de asistencia mutua derivadas de otras normas internacionales en la materia. Hay que destacar, además, que a través del presente real decreto no solo se lleva a cabo la transposición de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, sino que, además, se efectúa el desarrollo reglamentario de los preceptos legales relativos a la asistencia mutua, en su momento incorporados a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que así lo necesitan, ya que las actuaciones de asistencia que la Administración tributaria española realice en virtud de la normativa internacional se han configurado en esta ley como aplicación de los tributos y, consecuentemente, les son de aplicación los procedimientos establecidos en la misma y en sus reglamentos de desarrollo, con una serie de especialidades legalmente establecidas. Esas especialidades exigen, como se ha indicado, en determinados casos, el correspondiente desarrollo reglamentario, objeto del presente texto normativo. Por otra parte, como se ha señalado con anterioridad, si bien la finalidad fundamental del real decreto es materializar la transposición ya citada, la norma también va a incorporar modificaciones en materia de obligaciones de información, ligadas al ámbito internacional, por cuanto se refieren a la información que habrá de suministrarse por los obligados tributarios en relación con determinados bienes o derechos situados en el extranjero. Por último, a través de este real decreto se modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, para superar determinadas dificultades surgidas en la ejecución de los acuerdos internacionales alcanzados en dichos procedimientos. II En primer lugar, se introducen varias modificaciones en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio: En la gestión recaudatoria de las deudas de titularidad extranjera, técnicamente no existe un período voluntario o ejecutivo de pago, por lo que se establece que dicha gestión se efectúa de acuerdo con la normativa sobre asistencia mutua. De conformidad con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se atribuye a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia para formular peticiones de asistencia mutua a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. Además de lo anterior, se establecen las normas que son aplicables en el cálculo de los intereses de demora que devengan los créditos de titularidad extranjera, haciéndose referencia, por otra parte, a las causas adicionales de suspensión de los procedimientos de recaudación tramitados a instancia de otro Estado o entidad internacional o supranacional, así como de terminación de dichos procedimientos. III En segundo lugar, se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Entre las modificaciones introducidas cabe destacar las siguientes: En primer término, se reconoce expresamente que el origen de las actuaciones de obtención de información puede encontrarse en peticiones de asistencia formuladas por otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. En relación con las nuevas obligaciones de información a las que se ha hecho referencia más arriba, no vinculadas con la transposición que se produce a través del real decreto, la mismas tienen por finalidad conocer las cuentas que los obligados tributarios tengan abiertas en el extranjero en entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio, así como sobre determinados bienes o derechos explicitados en la norma, también depositados, situados o gestionados en el extranjero, incluyéndose información sobre bienes inmuebles y derechos sobre los mismos. Se hace una remisión a las normas de organización específicas a efectos de determinar el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con los obligados en virtud de la normativa sobre asistencia mutua. Se suprime el precepto reglamentario regulador de la asistencia mutua al haber sido su contenido incluido en diversos preceptos legales relativos a dicha asistencia. Como consecuencia de la posible utilización de información obtenida en el marco de la asistencia mutua, se hace preciso introducir una nueva causa de interrupción justificada de los procedimientos de aplicación de los tributos, aplicable únicamente en aquellos supuestos en los que se haya obtenido con anterioridad información de otro Estado o entidad internacional o supranacional respecto de la cual se necesite información complementaria posterior a requerir a dicho Estado o entidad. Se crea un nuevo título regulador de aspectos específicos de las actuaciones derivadas de la asistencia mutua respecto de los cuales se desea destacar su aplicación exclusiva en este ámbito, en el que se incluyen una serie de disposiciones que, siendo necesarias para transponer la Directiva 2011/16/UE, se han establecido, como ya se ha señalado, con el objeto de dar cobertura a los distintos ámbitos de la asistencia mutua, cualquiera que sea la norma internacional de la que derive la actuación administrativa. El nuevo título se divide en dos capítulos, el primero de los cuales contiene diversas disposiciones de carácter introductorio relativas a las distintas finalidades que puede tener la asistencia mutua y a la atribución de las funciones en este ámbito. A su vez, para dar seguridad jurídica a la autoridad requerida y mayor agilidad al proceso de asistencia mutua, y salvo que la normativa reguladora de la asistencia mutua establezca otra cosa, se otorga validez y eficacia plena a las solicitudes de asistencia recibidas conforme a dicha normativa, sin necesidad de que sean reconocidas o sustituidas en España. El segundo capítulo establece una serie de disposiciones comunes a la aplicación de los tributos derivada de todas las vertientes de la asistencia mutua, es decir, el intercambio de información para liquidar tributos, la asistencia en la recaudación de créditos y, en general, cualquier otra finalidad que eventualmente se establezca en la normativa internacional sobre asistencia. Este capítulo se divide, a su vez, en dos secciones: La primera sección contiene disposiciones relativas al intercambio de información en el marco de la asistencia mutua, estableciéndose, por un lado, las distintas modalidades de suministro de información a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales recogidas en las distintas normativas sobre asistencia mutua, y, por otro, incorporando la posibilidad de no suministrar documentación original en el cumplimiento de la asistencia. A su vez, se desarrolla el procedimiento de cesión de datos suministrados por otro Estado o entidad internacional o supranacional en el marco de la asistencia mutua. La sección segunda regula las relaciones internas de colaboración entre distintos órganos administrativos de la misma o de distintas Administraciones, que necesariamente deben producirse para poder dar cumplimiento a la normativa sobre asistencia, atendiendo a las diversas modalidades de asistencia. IV Para finalizar, a la vista de las dificultades surgidas en la ejecución de los acuerdos alcanzados en el seno de procedimientos amistosos, se modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre. Se clarifica la forma en la que se van a aplicar dichos acuerdos, estableciéndose que los mismos se ejecutarán mediante una liquidación por periodo impositivo objeto del procedimiento. No obstante, se incorpora la posibilidad de dictar un único acto en el que se incluyan todas las liquidaciones derivadas del procedimiento amistoso, estableciéndose que la normativa que se tendrá en cuenta a todos los efectos, es la vigente en los periodos o en el momento del devengo a los que se refiere el procedimiento amistoso. En los casos en que ya existiese una liquidación administrativa previa, supuestos en los que el procedimiento amistoso tiene su origen en una actuación de la administración española, se procederá a la correspondiente modificación o, en su caso, anulación de esa liquidación. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de noviembre de 2012, DISPONGO: Artículo primero. Modificación del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio: Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 2. Concepto de gestión recaudatoria. La gestión recaudatoria de la Hacienda pública consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago. A efectos de este reglamento, todos los créditos de naturaleza pública a que se refiere este artículo se denominarán deudas. Se considerarán obligados al pago aquellas personas o entidades a las que la Hacienda pública exige el ingreso de la totalidad o parte de una deuda. La gestión recaudatoria podrá realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. El cobro en periodo ejecutivo de los recursos a los que se refiere el párrafo anterior se efectuará por el procedimiento de apremio regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este reglamento. La gestión recaudatoria también podrá consistir en el desarrollo de actuaciones recaudatorias y de colaboración en este ámbito conforme a la normativa de asistencia mutua a la que se refiere el artículo 1.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.» Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma: «3. De conformidad con el artículo 5.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la gestión recaudatoria a la que se refiere el último párrafo del artículo 2 que deba realizarse por el Estado español a favor de otros Estados o de otras entidades internacionales o supranacionales, en el marco de la asistencia mutua, se llevará a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Asimismo, corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la realización de las peticiones de asistencia mutua a otros Estados, o a otras entidades internacionales o supranacionales.» Tres. Se introduce un nuevo artículo 72 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 72 bis. Cálculo de los intereses de demora en el ámbito de la asistencia mutua. Las cantidades adeudadas de titularidad de otros Estados o de otras entidades internacionales y supranacionales, cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua, devengarán interés de demora de acuerdo con el artículo 26.2.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El cálculo de intereses se realizará, según los casos, de la siguiente forma: a) Cuando se produzca el pago de la deuda una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 62.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración. b) En el supuesto al que se refiere el párrafo a), el órgano de recaudación competente podrá, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, liquidar y exigir los intereses en el momento del pago de la deuda. c) En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquel fuese superior. d) Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue.» Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 73, con la siguiente redacción: «3. La suspensión del procedimiento de recaudación seguido en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en los apartados anteriores y en el artículo 177 terdecies de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.» Cinco. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 116, con la siguiente redacción: «4. Cuando el procedimiento de recaudación se desarrolle en el marco de la asistencia mutua, el procedimiento podrá terminar, además, por la modificación o retirada de la solicitud de dicha asistencia.» Seis. Se suprime la disposición adicional tercera. Artículo segundo. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio: Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 30, que quedan redactados de la siguiente forma: «2. Los obligados tributarios que realicen actividades económicas, así como aquellos que satisfagan rentas o rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta, intermedien o intervengan en operaciones económicas, profesionales o financieras, deberán suministrar información de carácter general en los términos que se establezca en la normativa específica, en la normativa sobre asistencia mutua y en este capítulo. En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará los modelos de declaración que, a tal efecto, deberán de presentarse, el lugar y plazo de presentación y los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse mediante soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.» «3. El cumplimiento de la obligación de información también podrá consistir en la contestación a requerimientos individualizados relativos a datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, aunque no existiera obligación de haberlos suministrado con carácter general a la Administración tributaria mediante las correspondientes declaraciones. En estos casos, la información requerida deberá aportarse por los obligados tributarios en la forma y plazos que se establezcan en el propio requerimiento, de conformidad con lo establecido en este reglamento. Las actuaciones de obtención de información podrán desarrollarse directamente en los locales, oficinas o domicilio de la persona o entidad en cuyo poder se hallen los datos correspondientes o mediante requerimientos para que tales datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria sean remitidos o aportados a la Administración tributaria. Las actuaciones de obtención de información podrán realizarse por propia iniciativa del órgano administrativo actuante, a solicitud de otros órganos administrativos o jurisdiccionales en los supuestos de colaboración establecidos legalmente, o a petición de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales en el marco de la asistencia mutua. Los requerimientos individualizados de obtención de información respecto de terceros podrán realizarse en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos o ser independientes de este. Los requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias de la persona o entidad requerida no suponen, en ningún caso, el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación.» Dos. Se introduce un nuevo artículo 42 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 42 bis. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. 1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vendrán obligados a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las cuentas de su titularidad, o en las que figuren como representantes, autorizados o beneficiarios, o sobre las que tengan poderes de disposición, o de las que sean titulares reales conforme a lo señalado en el párrafo siguiente, que se encuentren situadas en el extranjero, abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, a 31 de diciembre de cada año. Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, representantes, autorizados, o beneficiarios de las citadas cuentas, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración. A estos efectos, se entenderá por titular real quien tenga dicha consideración de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de cuentas a nombre de las personas o instrumentos a que se refiere el citado apartado 2, cuando éstos tengan su residencia o se encuentren constituidos en el extranjero. 2. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá: a) La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio. b) La identificación completa de las cuentas. c) La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización. d) Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. La información a suministrar se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución. 3. La información sobre saldos a 31 de diciembre y saldo medio correspondiente al último trimestre deberá ser suministrada por quien tuviese la condición de titular, representante, autorizado o beneficiario o tenga poderes de disposición sobre las citadas cuentas o la consideración de titular real a esa fecha. El resto de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales deberán indicar el saldo de la cuenta en la fecha en la que dejaron de tener tal condición. 4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de las siguientes cuentas: a) Aquéllas de las que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado, por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. b) Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas. c) Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas. d) Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por dichas entidades conforme a lo previsto en el artículo 37 de este Reglamento, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta. e) No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el apartado 2.d) no superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios a que se refiere el mismo apartado. En caso de superarse cualquiera de dichos límites conjuntos deberá informarse sobre todas las cuentas. 5. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos conjuntos a que se refiere el apartado 4.e) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración. En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 3 respecto de las cuentas a las que el mismo se refiere. Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración. 6. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren los apartados 2.a) y 2.b) anteriores, para cada entidad y cuenta. A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las fechas y saldos a los que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 2 así como el saldo a que se refiere el último párrafo del apartado 3, para cada cuenta.» Tres. Se introduce un nuevo artículo 42 ter, con la siguiente redacción: «Artículo 42 ter. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero. 1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán suministrar a la Administración tributaria, mediante la presentación de una declaración anual, información respecto de los siguientes bienes y derechos situados en el extranjero de los que resulten titulares o respecto de los que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a 31 de diciembre de cada año: i) Los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. ii) Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. iii) Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y «trusts» o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico. La declaración informativa contendrá los siguientes datos: a) Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurídica, según corresponda, así como su domicilio. b) Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas. La información comprenderá el número y clase de acciones y participaciones de las que se sea titular, así como su valor. c) Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. La información comprenderá el número y clase de valores de los que se sea titular, así como su valor. d) Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente. La información comprenderá el número y clase de valores aportados, así como su valor. La obligación de información regulada en este apartado también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real de los valores y derechos a los que se refieren los párrafos b), c) y d) anteriores en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo. 2. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado anterior deberán suministrar a la Administración tributaria información, mediante la presentación de una declaración anual, de las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero de las que sean titulares o respecto de las que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La información comprenderá la razón social o denominación completa de la institución de inversión colectiva y su domicilio, así como el número y clase de acciones y participaciones y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan, así como su valor liquidativo a 31 de diciembre. La obligación de información regulada en este apartado 2 se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real de las acciones y participaciones en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo. 3. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado primero de este artículo deberán suministrar a la Administración tributaria información mediante una declaración anual sobre: a) Los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores a 31 de diciembre de cada año cuando la entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero, con indicación de su valor de rescate a dicha fecha. b) Las rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios a 31 de diciembre, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero, con indicación de su valor de capitalización a dicha fecha. En los casos señalados en los párrafos a) y b) anteriores, se deberá identificar a la entidad aseguradora indicando la razón social o denominación completa y su domicilio. 4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará exigible en los siguientes supuestos: a) Cuando el obligado tributario sea una de las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado, por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. b) Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica o entidad residente en territorio español o cuando sea un establecimiento permanente en España de no residentes, que tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, seguros y rentas a que se refiere este artículo. c) Cuando los valores a los que se refieren cada uno de los apartados 1.b), 1.c) y 1.d), el valor liquidativo a que se refiere el apartado 2, el valor de rescate a que se refiere el apartado 3.a) y el valor de capitalización señalado en el apartado 3.b), no superen, conjuntamente, el importe de 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los títulos, activos, valores, derechos, seguros o rentas. 5. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor conjunto para todos los valores previsto en el apartado 4.c) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración. En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 1 y en el último párrafo del apartado 2, respecto de los valores, derechos, acciones y participaciones respecto de los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre. Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración. 6. Las valoraciones a que se refieren los distintos apartados de este artículo deberán suministrarse calculadas conforme a las reglas establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 7. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen conjunto de datos los relativos a la identificación y domicilio de cada una de las entidades jurídicas, terceros cesionarios, instrumentos o relaciones jurídicas, instituciones de inversión colectiva y entidades aseguradoras a que se refieren los apartados 1.a), 2 y 3. A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las informaciones exigidas en los apartados anteriores para cada tipo de elemento patrimonial individualizado conforme a continuación se indica: a) En el apartado 1.b), por cada clase de acción y participación. b) En el apartado 1.c), por cada clase de valor. c) En el apartado 1.d), por cada clase de valor. d) En el apartado 2, por cada clase de acción y participación. e) En el apartado 3.a), por cada seguro de vida. f) En el apartado 3.b), por cada renta temporal o vitalicia. También tendrá la consideración de dato cada uno de los saldos a que se refieren el último párrafo del apartado 1, por cada clase de valor, y el último párrafo del apartado 2, por cada clase de acción y participación.» Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 54 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 54 bis. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. 1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vendrán obligados a presentar una declaración informativa anual referente a los bienes inmuebles o a derechos sobre bienes inmuebles, situados en el extranjero, de los que sean titulares o respecto de los que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a 31 de diciembre de cada año. 2. La declaración informativa contendrá los siguientes datos: a) Identificación del inmueble con especificación, sucinta, de su tipología, según se determine en la correspondiente orden ministerial. b) Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número. c) Fecha de adquisición. d) Valor de adquisición. 3. En caso de titularidad de contratos de multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la información señalada los párrafos a) y b) del apartado anterior, deberá indicarse la fecha de adquisición de dichos derechos y su valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 4. En caso de titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la información señalada en los párrafos a) y b) del apartado 2, deberá indicarse la fecha de adquisición de dicha titularidad y su valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 5. La obligación de información regulada en este artículo también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real del inmueble o derecho conforme a lo indicado en el apartado 1, en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiera perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, además de los datos a que se refiere el apartado 2, la declaración informativa deberá incorporar el valor de transmisión del inmueble o derecho y la fecha de ésta. 6. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de los siguientes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles, situados en el extranjero: a) Aquéllos de los que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. b) Aquéllos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registrados en su contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados. c) Aquéllos de los que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registrados en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados. d) No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho sobre bien inmueble cuando los valores a que se refieren los apartados 2.d), 3 y 4 no superasen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles. 7. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor conjunto establecido en el apartado 6.d) hubiese experimentado un incremento superior al 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración. En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el apartado 5, respecto de los inmuebles o derechos respecto de los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre. Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración. 8. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado 2, en relación con cada uno de los inmuebles a los que se refiere dicho apartado y en relación con cada uno de los inmuebles sobre los que se constituyan los derechos a que se refieren los apartados 3 y 4. A estos mismos efectos, tendrán la consideración de dato los siguientes: a) Cada fecha y valor a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 2 en relación con cada uno de los inmuebles. b) Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 3, en relación con cada uno de los derechos. c) Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 4, en relación con cada uno de los derechos. d) Cada fecha y valor de transmisión a que se refiere el apartado 5, en relación con cada uno de los inmuebles.» Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 59, que queda redactado de la siguiente forma: «4. En el caso de obligados tributarios no residentes sin establecimiento permanente en España, será competente el órgano de la Administración tributaria en cuyo ámbito territorial tenga el domicilio el representante del obligado tributario, el responsable, el retenedor, el depositario o el gestor de los bienes o derechos, o el pagador de las rentas al no residente, sin perjuicio de lo previsto en la normativa propia de cada tributo. En el caso de los obligados tributarios regulados en el artículo 35.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecerá, en sus normas de organización específica, el órgano competente.» Seis. Se suprime el apartado 3 del artículo 61, renumerándose el actual apartado 4 como 3. Siete. Se introduce un nuevo párrafo b) en el artículo 103, reordenándose el actual párrafo b) y los restantes, con la siguiente redacción: «b) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes o valoraciones a otro Estado o entidad internacional o supranacional como consecuencia de la información previamente recibida de los mismos en el marco de la asistencia mutua, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición a la autoridad competente del otro Estado o entidad hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones, de 12 meses. Este plazo de interrupción es independiente del regulado en el párrafo a) anterior.» Ocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 114, que queda redactado de la siguiente forma: «4. La Administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre asistencia mutua, podrá solicitar de la autoridad competente de otro Estado la práctica de notificaciones de cualquier acto dictado por dicha Administración tributaria. Las notificaciones realizadas en otro Estado al amparo de lo previsto en el párrafo anterior deberán acreditarse mediante la incorporación al expediente de la notificación o de la comunicación a la autoridad competente española de la notificación efectuada por dicho Estado conforme a su propia normativa. Las notificaciones practicadas en otro Estado cuya acreditación se produzca de la forma prevista en este apartado se tendrán por válidamente efectuadas.» Nueve. Se introduce un nuevo Título VI, con la siguiente redacción: «TÍTULO VI Actuaciones derivadas de la normativa sobre asistencia mutua CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 198. Finalidades de la asistencia mutua. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1.2 y 177 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la asistencia mutua que la Administración tributaria preste o solicite a otros Estados o a entidades internacionales o supranacionales podrá tener por finalidad, entre otras, el intercambio de información y la recaudación de créditos. Artículo 199. Funciones derivadas de la asistencia mutua. Entre las funciones administrativas a las que se refiere el artículo 141.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, atribuidas a los órganos de inspección a través del artículo 166 de este reglamento, se encuentran aquéllas que deriven de la normativa sobre asistencia mutua, sin perjuicio de las competencias que, en relación con dicha asistencia mutua, puedan atribuirse a otros órganos de la Administración tributaria. Artículo 200. Solicitudes de asistencia mutua efectuadas por otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. Con carácter general, las solicitudes que hayan sido recibidas conforme a la normativa sobre asistencia mutua no estarán sujetas a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración tributaria española, salvo que dicha normativa establezca otra cosa, sin perjuicio de la subsanación que de las mismas pueda instarse por parte de dicha Administración. CAPÍTULO II Normas comunes en asistencia mutua Sección 1.ª Intercambio de información Artículo 201. Formas de intercambio de información. En el marco del artículo 177 ter.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración tributaria podrá facilitar información a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales de las siguientes formas: a) Previa solicitud de asistencia mutua de la autoridad competente del otro Estado o entidad, cualquiera que sea la naturaleza o la finalidad de dicha solicitud; b) De forma automática en relación con determinadas categorías de información y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre asistencia mutua; c) De forma espontánea en cumplimiento de la normativa sobre asistencia mutua cuando pueda ser útil al otro Estado o entidad. Artículo 202. Formato de la documentación. Cuando en cumplimiento de las obligaciones de asistencia mutua la Administración tributaria deba proporcionar documentación a otro Estado o entidad internacional o supranacional, la autoridad competente española podrá oponerse motivadamente a aportar la documentación original, salvo que la normativa sobre asistencia mutua disponga otra cosa. Artículo 203. Cesión de datos procedentes de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales. A efectos de determinar si la información suministrada a la Administración tributaria a la que se refiere el artículo 177 ter. 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, puede ser cedida a terceros en los supuestos del artículo 95.1 de dicha ley o a un tercer Estado o entidad internacional o supranacional, el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria recabará del Estado o entidad que suministró la información una autorización para proceder a dicha cesión. La solicitud de autorización se podrá formular en el momento en el que se solicita la asistencia o con posterioridad a la recepción de la información. No podrá efectuarse la cesión referida en tanto no se haya obtenido la autorización expresa del Estado o entidad internacional o supranacional que suministró la información. La cesión se ajustará a los términos contenidos en la autorización. Lo dispuesto en este artículo será aplicable siempre que la normativa sobre asistencia mutua aplicable no establezca otra cosa. Sección 2.ª Colaboración administrativa en materia de asistencia mutua Artículo 204. Tramitación de solicitudes de asistencia mutua. 1. De conformidad con el artículo 5.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, recibida una petición de asistencia mutua de otro Estado o entidad internacional o supranacional será la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competente para su cumplimiento, que podrá requerir del órgano correspondiente, según el objeto de la asistencia, la colaboración necesaria. Dicho órgano deberá practicar los trámites o actuaciones derivadas de dicha colaboración. 2. Cuando la colaboración a la que se refiere el apartado anterior consista en el suministro de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos, el órgano correspondiente al que se refiere el apartado anterior deberá remitir dicha información en el plazo máximo de 3 meses, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca un plazo inferior a 6 meses para la prestación de la asistencia. En este último caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria señalará un plazo para suministrar la información no superior a la mitad del establecido en la normativa sobre asistencia mutua para dar cumplimiento a la obligación de asistir al Estado o entidad requirente. Si el órgano correspondiente no se hallase en condiciones de responder a la solicitud en el plazo establecido en el párrafo anterior, informará al órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la mayor brevedad posible, de los motivos que le impiden hacerlo, así como de la fecha en la que considera que podrá proporcionar una respuesta. 3. Todas las solicitudes de asistencia mutua a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales que se soliciten conforme al artículo 177 bis.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán ser tramitadas a través del órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme al artículo 5.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 205. Tramitación de información en el intercambio automático. Cuando en virtud de la normativa sobre asistencia mutua se deba transmitir de forma automática determinada información a otro Estado o entidad internacional o supranacional, la misma se comunicará, en todo caso, al órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para su remisión al otro Estado o entidad. Artículo 206. Tramitación de información en el intercambio espontáneo. Cuando en virtud de la normativa sobre asistencia mutua proceda el suministro espontáneo de información por parte de la Administración tributaria a otro Estado o entidad internacional o supranacional, cualquier órgano que disponga de información que, conforme a dicha normativa, se considere de utilidad a otro Estado o entidad internacional o supranacional, la comunicará de forma motivada al órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a efectos de su transmisión al Estado o entidad interesados. Artículo 207. Medios de comunicación entre órganos. Las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores se llevarán a cabo, preferentemente, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en los términos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su normativa de desarrollo.» Artículo tercero. Modificación del Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre. Se modifica el artículo 15 del Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 15. Ejecución del acuerdo. 1. Una vez que adquiera firmeza el acuerdo, éste será comunicado en el plazo de un mes a la Administración tributaria española competente para ejecutarlo. 2. El acuerdo será ejecutado de oficio o a instancia del interesado. 3. La ejecución del acuerdo por la Administración tributaria española competente se realizará mediante la práctica de una liquidación por cada período impositivo objeto del procedimiento amistoso. Para la práctica de esta liquidación se tendrá en cuenta la normativa vigente en cada período objeto del procedimiento amistoso. Tratándose de impuestos en los que no exista período impositivo, la aplicación del acuerdo se realizará mediante la práctica de una liquidación correspondiente al momento del devengo de cada hecho imponible objeto del procedimiento amistoso. 4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración tributaria podrá dictar un único acto que contendrá las liquidaciones derivadas del procedimiento amistoso a fin de que la cantidad resultante se determine mediante la suma algebraica de dichas liquidaciones. 5. Cuando existiese una liquidación previa practicada por la Administración tributaria española en relación con la misma obligación tributaria objeto del procedimiento amistoso, la ejecución del acuerdo determinará la modificación, o en su caso, anulación, de dicha liquidación. 6. En la liquidación resultante de la ejecución del acuerdo se exigirán los intereses de demora devengados sobre la deuda derivada de dicha ejecución, incluido, en su caso, el periodo de tiempo que haya durado la suspensión, sin que se exijan intereses de demora por el tiempo de tramitación del procedimiento amistoso de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera, apartado 5, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.» Disposición derogatoria. Derogación normativa. Quedan derogados: a) El Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de aplicación de Directivas de la Comunidad Europea sobre intercambio de información tributaria; b) El Real Decreto 704/2002, de 19 de julio, por el que se incorporan las modificaciones de determinadas Directivas comunitarias sobre asistencia mutua en materia de recaudación. c) Todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este real decreto. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 3.ª,8.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, las relaciones internacionales, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, sobre Hacienda General y Deuda del Estado y sobre el procedimiento administrativo común respectivamente. Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea. Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. Disposición final tercera. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013, salvo lo dispuesto en el artículo tercero, que se aplicará a los acuerdos que adquieran firmeza a partir del día siguiente al de la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado». Las obligaciones de información establecidas en el artículo segundo, apartados dos, tres y cuatro, serán exigibles por primera vez para la información a suministrar correspondiente al año 2012. Dado en Madrid, el 15 de noviembre de 2012. JUAN CARLOS R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Decreto que obliga a informar de bienes en el extranjero de más de 50.000 euros

PREÁMBULO I El 11 de marzo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, dirigida a dar un nuevo impulso a la asistencia entre las Administraciones tributarias de los Estados miembros y configurada como un instrumento para superar los efectos negativos de la creciente internacionalización de los mercados. La nueva Directiva refuerza la cooperación, especialmente en el intercambio de información necesaria para la liquidación de los tributos. Con la finalidad fundamental de cumplir con el mandato de transposición, se adopta el presente real decreto, no exigiendo dicha transposición modificación de rango legal alguna, dado que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, incorporó ya los aspectos sustantivos en esta materia que exigían su regulación en ley. Dicha modificación legal se aprobó con objeto de transponer la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas. La transposición tuvo en cuenta la existencia de otras normas de carácter internacional que regulan la asistencia entre Estados o con entidades internacionales o supranacionales en el ámbito tributario. De esta forma, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, da cobertura a todos los tipos de actuaciones de asistencia que la Administración tributaria española pueda solicitar o tenga que prestar a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales, incluyendo las derivadas de la Directiva 2011/16/UE. En consonancia con lo anterior, el texto del presente real decreto, aunque, como se ha indicado más arriba, está destinado esencialmente a transponer la Directiva 2011/16/UE, ha seguido idéntica línea de desarrollo, previendo actuaciones de asistencia mutua derivadas de otras normas internacionales en la materia. Hay que destacar, además, que a través del presente real decreto no solo se lleva a cabo la transposición de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, sino que, además, se efectúa el desarrollo reglamentario de los preceptos legales relativos a la asistencia mutua, en su momento incorporados a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que así lo necesitan, ya que las actuaciones de asistencia que la Administración tributaria española realice en virtud de la normativa internacional se han configurado en esta ley como aplicación de los tributos y, consecuentemente, les son de aplicación los procedimientos establecidos en la misma y en sus reglamentos de desarrollo, con una serie de especialidades legalmente establecidas. Esas especialidades exigen, como se ha indicado, en determinados casos, el correspondiente desarrollo reglamentario, objeto del presente texto normativo. Por otra parte, como se ha señalado con anterioridad, si bien la finalidad fundamental del real decreto es materializar la transposición ya citada, la norma también va a incorporar modificaciones en materia de obligaciones de información, ligadas al ámbito internacional, por cuanto se refieren a la información que habrá de suministrarse por los obligados tributarios en relación con determinados bienes o derechos situados en el extranjero. Por último, a través de este real decreto se modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, para superar determinadas dificultades surgidas en la ejecución de los acuerdos internacionales alcanzados en dichos procedimientos. II En primer lugar, se introducen varias modificaciones en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio: En la gestión recaudatoria de las deudas de titularidad extranjera, técnicamente no existe un período voluntario o ejecutivo de pago, por lo que se establece que dicha gestión se efectúa de acuerdo con la normativa sobre asistencia mutua. De conformidad con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se atribuye a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia para formular peticiones de asistencia mutua a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. Además de lo anterior, se establecen las normas que son aplicables en el cálculo de los intereses de demora que devengan los créditos de titularidad extranjera, haciéndose referencia, por otra parte, a las causas adicionales de suspensión de los procedimientos de recaudación tramitados a instancia de otro Estado o entidad internacional o supranacional, así como de terminación de dichos procedimientos. III En segundo lugar, se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Entre las modificaciones introducidas cabe destacar las siguientes: En primer término, se reconoce expresamente que el origen de las actuaciones de obtención de información puede encontrarse en peticiones de asistencia formuladas por otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. En relación con las nuevas obligaciones de información a las que se ha hecho referencia más arriba, no vinculadas con la transposición que se produce a través del real decreto, la mismas tienen por finalidad conocer las cuentas que los obligados tributarios tengan abiertas en el extranjero en entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio, así como sobre determinados bienes o derechos explicitados en la norma, también depositados, situados o gestionados en el extranjero, incluyéndose información sobre ### RESUMEN: Decreto que obliga a informar de bienes en el extranjero de más de 50.000 euros

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, Esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución. Madrid, 11 de noviembre de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras. ANEXO Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha adoptado el siguiente Acuerdo: 1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía de 30 de abril de 2013, para el estudio y propuesta de solución de la discrepancia competencial manifestada en relación con la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ambas partes consideran solventada la misma en los siguientes términos: La Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a interpretar la Disposición Transitoria Primera por la que se viene a fijar dos periodos de rebajas, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Esto supone, que los comerciantes gozan de plena libertad para hacer uso de la figura de las rebajas en Andalucía, sin que los dos periodos establecidos sean tenidos en cuenta para condicionar la celebración de este tipo de promoción de ventas y que servirán exclusivamente como criterio para facilitar la determinación de domingos y festivos de apertura comercial en desarrollo del artículo 19 del mismo Decreto-ley. 2.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Finalmente, tras reunión Estado-Andalucía, los comerciantes podrán celebrar periodos de rebajas cuando quieran

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, Esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución. Madrid, 11 de noviembre de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras. ANEXO Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha adoptado el siguiente Acuerdo: 1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía de 30 de abril de 2013, para el estudio y propuesta de solución de la discrepancia competencial manifestada en relación con la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ambas partes consideran solventada la misma en los siguientes términos: La Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a interpretar la Disposición Transitoria Primera por la que se viene a fijar dos periodos de rebajas, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Esto supone, que los comerciantes gozan de plena libertad para hacer uso de la figura de las rebajas en Andalucía, sin que los dos periodos establecidos sean tenidos en cuenta para condicionar la celebración de este tipo de promoción de ventas y que servirán exclusivamente como criterio para facilitar la determinación de domingos y festivos de apertura comercial en desarrollo del artículo 19 del mismo Decreto-ley. 2.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. ### RESUMEN: Finalmente, tras reunión Estado-Andalucía, los comerciantes podrán celebrar periodos de rebajas cuando quieran

La Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio («BOE» número 166, de 12 de julio), regula las bases para la concesión de subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación Española a fundaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal y establece como objeto de las mismas la financiación a las fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal para la ejecución de actividades relacionadas con la promoción de la democracia y la consolidación de los sistemas de partidos políticos. Para dicho fin se establece en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 la concesión de subvenciones a las fundaciones dependientes de partidos con representación parlamentaria de ámbito nacional. Procede, por consiguiente, convocar la concesión de dichas subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.143A.486 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. Por todo lo anterior he tenido a bien disponer: Primero. Convocatoria, objeto y finalidad de la subvención. Se convoca la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático, y de todos sus componentes, preferentemente en los países identificados en el Plan Director de la Cooperación Española, que se vayan a realizar antes de 31 de diciembre de 2014, por fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal. Segundo. Financiación. La financiación de las subvenciones se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.143A.486 del vigente presupuesto de gastos del Departamento, siendo la cantidad destinada a este fin de 900.000 euros. Tercero. Requisitos de los solicitantes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la citada Orden AEC/1510 /2012, de 21 de junio, podrán acceder a la convocatoria las fundaciones y asociaciones que cumplan los siguientes requisitos: 1. Estar legalmente constituida. 2. Mantener dependencia orgánica de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal. 3. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y, en su caso, respecto de la Seguridad Social. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones las asociaciones o fundaciones en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Cuarto. Documentación. Los solicitantes aportarán la siguiente documentación acompañando a la petición: a) Escritura de constitución o Estatutos y código de identificación fiscal. b) Escrito de quien ostente la representación del partido político, designando a la fundación o asociación solicitante como perceptora de la subvención. c) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Las entidades solicitantes podrán autorizar a esta Secretaría General (mediante el anexo 1) para que obtenga de forma directa la acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.. En caso contrario, se deberán aportar las correspondientes certificaciones. d) Declaración expresa responsable realizada ante una autoridad administrativa o notarial, de no hallarse su entidad en ninguno de los supuestos recogidos en los apartados 2 y 3 del 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. e) Plan general de actividades para los que se solicita la subvención. f) Descripción de cada una de las actividades que se buscan financiar. g) Resultados esperados de las actividades. h) Presupuesto programado de acuerdo cuando menos a los siguientes rubros: Dirección y coordinación: Gastos del personal cuyas funciones y tareas estén directamente relacionadas con las actividades y/o de los servicios técnicos y profesionales necesarios para la realización de las mismas. Materiales y equipos: Se considerará materiales y equipos la adquisición de elementos afectos a la actividad subvencionada y estrictamente necesarios para llevarla a cabo. Se excluye el equipamiento y la adquisición de materiales para sedes administrativas. No podrán subvencionarse los gastos de amortización de bienes inventariables, por los períodos en que hayan sido puestos a disposición de la actividad. Gastos indirectos: Gastos propios del funcionamiento regular de la Fundación, imputándose los incurridos dentro del periodo de ejecución de las actividades hasta un importe máximo del 12 % del total de la subvención concedida. Quinto. Presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Las solicitudes irán dirigidas a la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se presentarán en el Registro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o por cualquiera de las formas prescritas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso de presentarse la solicitud en lugar distinto a las dependencias de este Departamento ministerial, deberá anunciarse su envío por email dirigido a [email protected]. Si la solicitud no se acompañase de los datos y documentación requerida o fuera defectuosa se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de diez días, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sexto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el titular del Gabinete de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las solicitudes y documentación presentadas serán informadas por una Comisión de Estudio y Asesoramiento, cuyo informe será preceptivo y no vinculante. Esta Comisión estará integrada por los siguientes miembros: Presidente: El Jefe del Gabinete del Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vocales: El titular de la Subdirección General de Políticas de Desarrollo; un asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, un asesor de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo y un representante de la AECID. Secretario: Un funcionario del Gabinete del Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El funcionamiento de la Comisión de Estudio y Asesoramiento se ajustará al régimen de órganos colegiados establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De acuerdo con el artículo 6 de la Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio, el órgano de resolución será el Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por delegación del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Séptimo. Notificaciones. Los medios de notificación serán los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Octavo. Criterios de valoración. Las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán de acuerdo a los siguientes criterios: – Valoración Técnica. – Numero de escaños que el partido político de quién dependa la fundación o asociación que se presenta, tenga en el Congreso de los Diputados y el Senado, en el momento de la realización de la Convocatoria. La valoración técnica tendrá en consideración: 1. Contenido de la actividad, hasta 25 puntos. Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la identificación, la pertinencia, la coherencia de la lógica de la intervención, los indicadores, las fuentes de verificación, la eficiencia, y la sostenibilidad. En el caso de propuestas formativas, se tendrá en cuenta la metodología didáctica y estrategias utilizadas, el alcance y públicos meta. En el caso de propuestas de estudios, se tendrá en cuenta el impacto esperado en programas o políticas de gobernabilidad, la aplicabilidad y utilidad, la inserción en un programa global de Investigación sobre Desarrollo. En el caso de propuestas de fortalecimiento de redes y consorcios de la sociedad civil, se tendrá especialmente en cuenta, el número, relevancia e implantación de las entidades y redes implicadas y el impacto esperado, en programas o políticas de desarrollo. 2. Calidad de la propuesta, hasta 25 puntos. Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la calidad de la identificación, la claridad de la formulación, la calidad de los indicadores y de las fuentes de verificación. En el caso de propuestas formativas, se tendrá en cuenta, su calidad educativa, la participación social y coordinación con otros actores sociales. En el caso de propuestas de estudios, se tendrá en cuenta, la calidad técnico/científica, y la estrategia de difusión de los resultados. 3. Coherencia con el Plan Director de la Cooperación Española vigente, hasta 50 puntos. Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la adecuación a las prioridades del Plan Director de la cooperación española, a los Marcos de Asociación, Estrategias País, Comisiones Mixtas o líneas de intervención específicas en el país o región, a las Estrategias Sectoriales de la cooperación española y a los Planes Sectoriales de la AECID, y a las prioridades horizontales de la cooperación española. El resultado total de la valoración técnica se multiplica por el número total de escaños del partido político. Se establecerá el valor porcentual de ese resultado sobre la suma de los productos de todos los partidos políticos que han concurrido a la convocatoria a través de sus fundaciones o asociaciones vinculadas. Dicho valor porcentual se aplicará a la partida presupuestaria de la convocatoria, siendo ésta la cantidad que se adjudicará como subvención. Noveno. Resolución. El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el plazo quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para el Iberoamérica en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos. Transcurrido el plazo máximo fijado sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Décimo. Modificación de la resolución y finalización por incumplimiento. Cuando durante la ejecución de la actividad se manifiesten circunstancias que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la misma, la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo podrá autorizar las modificaciones precisas. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales fuera de los casos permitidos por el apartado duodécimo de esta Resolución, podrá dar lugar a la modificación de la concesión de la subvención. La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo podrá dar por finalizada cualquiera de las actividades cuando se detecten incumplimientos sustanciales de las obligaciones contraídas por el beneficiario. En este supuesto exigirá la presentación de la justificación y la devolución cautelar de los fondos de las ayudas no ejecutados hasta ese momento. Undécimo. Pago de la subvención. El pago de las subvenciones, cuya entrega podrá hacerse en efectivo o bien en especie, según prevé la disposición adicional quinta de la Ley General de Subvenciones, se realizará a partir de la fecha de aceptación de la subvención por parte del beneficiario, en un solo pago anticipado sin exigencia de garantía. Los beneficiarios de las subvenciones deberán depositar el importe percibido –siempre que no sea utilizado de manera inmediata a su recepción– en una cuenta bancaria, abierta exclusivamente para estos fondos, con el título de la actividad subvencionada. La justificación de tales depósitos se realizará por medio de los documentos bancarios, que se unirán a la justificación de la subvención. Duodécimo. Compatibilidad con otras ayudas. Las subvenciones serán compatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad, teniendo en cuenta que el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley General de Subvenciones. Decimotercero. Obligaciones del beneficiario. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio, los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados a: a) Aceptar por escrito la subvención concedida dentro del plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la recepción de la notificación de concesión. Si no fuera aceptada en dicho plazo, se entenderá que se renuncia a la misma, salvo que exista una causa de fuerza mayor, pudiendo concederse, en su caso, al suplente que figure en el primer lugar de la resolución de concesión. b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, antes del 31 de diciembre de 2014 sin que pueda realizarse cambio o modificación alguna del objeto o la finalidad para la que se concedió. c) Justificar ante el órgano concedente, en el plazo de tres meses contados a partir de la finalización de las actividades subvencionadas, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención. d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación que efectúe el órgano concedente, así como al control financiero que corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado y al Tribunal de Cuentas. e) Comunicar al órgano concedente de forma inmediata la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien la misma actividad subvencionada, y siempre con anterioridad a la justificación de la aplicación de los fondos concedidos. f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. g) Incorporar de forma visible en el material de promoción y publicidad de las actividades subvencionadas la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, mediante el logotipo de la Cooperación Española. h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Decimocuarto. Plazo y forma de justificación. Los beneficiarios de las subvenciones deberán presentar la justificación de las actividades y de los gastos realizados en el plazo de tres meses contados a partir de la finalización de la actividad, en español o traducida al mismo. El plazo de justificación podrá ser objeto de prórroga a petición del interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La justificación se realizará mediante la presentación de: 1. Memoria justificativa de las actividades desarrolladas en relación con la finalidad para la que la subvención fue concedida y de las condiciones impuestas, en su caso, con motivo de la concesión. Indicará con el máximo detalle los objetivos alcanzados, las actividades realizadas, el proceso de gestión de las intervenciones tras su finalización, así como el análisis de sus efectos, aportando datos relevantes y fuentes de verificación objetivas 2. Resultados obtenidos de acuerdo a lo programado. 3. Aportación de facturas y documentos de pago justificativos de los gastos realizados, de acuerdo a los rubros establecidos en la propuesta, en original y fotocopia para su compulsa y posterior devolución de los originales. 4. En su caso, documentos bancarios justificativos de los depósitos a los que hace referencia el apartado undécimo de la presente Resolución. 5. Certificación en la que se expresen las subvenciones o ayudas percibidas para la misma finalidad. La justificación de las subvenciones se realizará conforme a la modalidad de cuenta justificativa del gasto realizado. Decimoquinto. Normativa aplicable. En todo lo no regulado por la presente Resolución se estará a lo dispuesto en la Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio; a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Decimosexto. Entrada en vigor. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 20 de febrero de 2014.–El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, P.D. (Resolución de 23 de mayo de 2012), el Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles Orozco. ANEXO I Don ..............................................................................................................................., con DNI .................................., y domicilio a efectos de notificaciones en ........................................................................................., actuando en representación de ..............................................................................................., en virtud de ...................................................... □ SÍ □ NO autoriza (marcar la opción que corresponda) a la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo para que obtenga de forma directa la acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, con anterioridad a que se dicte la propuesta de Resolución de Concesión de esta subvención y previamente a su pago. En caso de denegación del consentimiento, se compromete a aportar las correspondientes certificaciones. ......................................., a ........ de ..................... de 20...... Fdo.: ........................................

Un año más, las fundaciones de partidos se repartirán 900.000 euros de Cooperación Internacional

La Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio («BOE» número 166, de 12 de julio), regula las bases para la concesión de subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación Española a fundaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal y establece como objeto de las mismas la financiación a las fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal para la ejecución de actividades relacionadas con la promoción de la democracia y la consolidación de los sistemas de partidos políticos. Para dicho fin se establece en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 la concesión de subvenciones a las fundaciones dependientes de partidos con representación parlamentaria de ámbito nacional. Procede, por consiguiente, convocar la concesión de dichas subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.143A.486 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. Por todo lo anterior he tenido a bien disponer: Primero. Convocatoria, objeto y finalidad de la subvención. Se convoca la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático, y de todos sus componentes, preferentemente en los países identificados en el Plan Director de la Cooperación Española, que se vayan a realizar antes de 31 de diciembre de 2014, por fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal. Segundo. Financiación. La financiación de las subvenciones se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.143A.486 del vigente presupuesto de gastos del Departamento, siendo la cantidad destinada a este fin de 900.000 euros. Tercero. Requisitos de los solicitantes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la citada Orden AEC/1510 /2012, de 21 de junio, podrán acceder a la convocatoria las fundaciones y asociaciones que cumplan los siguientes requisitos: 1. Estar legalmente constituida. 2. Mantener dependencia orgánica de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal. 3. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y, en su caso, respecto de la Seguridad Social. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones las asociaciones o fundaciones en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Cuarto. Documentación. Los solicitantes aportarán la siguiente documentación acompañando a la petición: a) Escritura de constitución o Estatutos y código de identificación fiscal. b) Escrito de quien ostente la representación del partido político, designando a la fundación o asociación solicitante como perceptora de la subvención. c) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Las entidades solicitantes podrán autorizar a esta Secretaría General (mediante el anexo 1) para que obtenga de forma directa la acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.. En caso contrario, se deberán aportar las correspondientes certificaciones. d) Declaración expresa responsable realizada ante una autoridad administrativa o notarial, de no hallarse su entidad en ninguno de los supuestos recogidos en los apartados 2 y 3 del 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. e) Plan general de actividades para los que se solicita la subvención. f) Descripción de cada una de las actividades que se buscan financiar. g) Resultados esperados de las actividades. h) Presupuesto programado de acuerdo cuando menos a los siguientes rubros: Dirección y coordinación: Gastos del personal cuyas funciones y tareas estén directamente relacionadas con las actividades y/o de los servicios técnicos y profesionales necesarios para la realización de las mismas. Materiales y equipos: Se considerará materiales y equipos la adquisición de elementos afectos a la actividad subvencionada y estrictamente necesarios para llevarla a cabo. Se excluye el equipamiento y la adquisición de materiales para sedes administrativas. No podrán subvencionarse los gastos de amortización de bienes inventariables, por los períodos en que hayan sido puestos a disposición de la actividad. Gastos indirectos: Gastos propios del funcionamiento regular de la Fundación, imputándose los incurridos dentro del periodo de ejecución de las actividades hasta un importe máximo del 12 % del total de la subvención concedida. Quinto. Presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Las solicitudes irán dirigidas a la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se presentarán en el Registro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o por cualquiera de las formas prescritas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso de presentarse la solicitud en lugar distinto a las dependencias de este Departamento ministerial, deberá anunciarse su envío por email dirigido a [email protected]. Si la solicitud no se acompañase de los datos y documentación requerida o fuera defectuosa se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de diez días, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sexto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el titular del Gabinete de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las solicitudes y documentación ### RESUMEN: Un año más, las fundaciones de partidos se repartirán 900.000 euros de Cooperación Internacional

Por Resolución de 5 de septiembre de 2012 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de septiembre), se anunció convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado en su redacción por la Ley 33/1988, de 28 de julio, y en el artículo 12.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos exigidos en la convocatoria, esta Secretaría de Estado acuerda: Resolver la referida convocatoria y nombrar a doña Rosario Alburquerque Pérez, funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 1218160746 A0590, como Subdirectora General de Promoción y Relaciones Internacionales en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común. Madrid, 28 de enero de 2013.–El Secretario de Estado de Cultura, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sainz.

Rosario Alburquerque, nombrada Subdirectora General de Promoción y RRII en el ICAA, puesto del que fue cesada en 2010

Por Resolución de 5 de septiembre de 2012 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de septiembre), se anunció convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado en su redacción por la Ley 33/1988, de 28 de julio, y en el artículo 12.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los requisitos exigidos en la convocatoria, esta Secretaría de Estado acuerda: Resolver la referida convocatoria y nombrar a doña Rosario Alburquerque Pérez, funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 1218160746 A0590, como Subdirectora General de Promoción y Relaciones Internacionales en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común. Madrid, 28 de enero de 2013.–El Secretario de Estado de Cultura, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sainz. ### RESUMEN: Rosario Alburquerque, nombrada Subdirectora General de Promoción y RRII en el ICAA, puesto del que fue cesada en 2010

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento Galdakao. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Número de expediente: 21/2012. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.galdakao.net. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de agencia publicitaria para el Ayuntamiento de Galdakao, con una duración de 2 años. c) Lote: No. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6. e) Acuerdo marco: No procede. f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado. Boletín Oficial de Bizkaia. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/08/2012. 18/08/2012. 09/08/2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto y con multiplicidad de criterios de adjudicación. 4. Valor estimado del contrato: 813.556,00 euros (IVA excluido), para la duración total del contrato, esto es, incluyendo su posible prórroga. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 203.389,00 euros/año. Importe total: 240.000,00 euros/año. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de enero de 2013. c) Contratista: Mediasal 2000, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 203.389,00 euros/año. Importe total: 240.000,00 euros/año. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa. Galdakao, 11 de enero de 2013.- El Alcalde-Presidente.

El ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) gasta al año en publicidad un importe total de 240.000 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento Galdakao. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Número de expediente: 21/2012. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.galdakao.net. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de agencia publicitaria para el Ayuntamiento de Galdakao, con una duración de 2 años. c) Lote: No. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6. e) Acuerdo marco: No procede. f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado. Boletín Oficial de Bizkaia. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/08/2012. 18/08/2012. 09/08/2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto y con multiplicidad de criterios de adjudicación. 4. Valor estimado del contrato: 813.556,00 euros (IVA excluido), para la duración total del contrato, esto es, incluyendo su posible prórroga. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 203.389,00 euros/año. Importe total: 240.000,00 euros/año. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de enero de 2013. c) Contratista: Mediasal 2000, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 203.389,00 euros/año. Importe total: 240.000,00 euros/año. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa. Galdakao, 11 de enero de 2013.- El Alcalde-Presidente. ### RESUMEN: El ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) gasta al año en publicidad un importe total de 240.000 euros.

El artículo 163 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que la auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el Plan Anual de Auditorías a que se refiere el artículo 165 de esta Ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal y sobre los fondos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley. Por su parte, el artículo 165 prevé que la Intervención General de la Administración del Estado elabore anualmente un Plan de auditorías en el que se incluyan las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio. En este sentido, el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, establece la obligación de la Intervención General de la Administración del Estado de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empresariales, las Entidades Estatales de Derecho Público distintas de las anteriores, los Consorcios contemplados en el artículo 2.1.h) de la Ley, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y los Fondos considerados en el artículo 2.2 de la Ley que rindan cuentas independientes, las Fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa específica y las Sociedades Mercantiles Estatales y las Fundaciones del sector público estatal no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan Anual de Auditorías. Asimismo, el artículo 141 establece que la Intervención General de la Administración del Estado ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público estatal y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa comunitaria. La disposición adicional segunda de la ley prevé que para la ejecución de dicho Plan Anual, la Intervención General de la Administración del Estado pueda, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se especificará la insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado que justifique dicha contratación. Mediante Resolución de 1 de julio de 2013 del Interventor General de la Administración del Estado, se ha aprobado el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2014 que contempla las actuaciones de auditoría a efectuar en cumplimiento del artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, relativo a la auditoría de cuentas anuales. Asimismo, mediante Resolución 9 de julio de 2013 del Interventor General de la Administración del Estado, se ha aprobado el Plan de Control de Fondos Comunitarios para el año auditor 2013-2014 (Plan IGAE 2014) que determina, entre otras, las auditorías de funcionamiento de los sistemas de gestión y control y de operaciones sobre fondos comunitarios a realizar en 2014, en desarrollo de las obligaciones de control dimanantes de las Estrategias de Auditoría aprobadas para el marco 2007-2013. La Intervención General de la Administración del Estado, como en años anteriores, carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones incluidas en los planes aprobados, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría, mediante la contratación de la ejecución de determinadas actuaciones de control mencionadas anteriormente, que la Intervención General de la Administración del Estado no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Insuficiencia de medios. La Intervención General de la Administración del Estado carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditoría previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2014 y en el Plan de Control de Fondos Comunitarios para el año auditor 2013-2014 por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa encaminadas a cumplir los objetivos de ejecución contenidos en dichos Planes y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control. Artículo 2. Colaboración de empresas privadas. Se autoriza a la Intervención General de la Administración del Estado, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la realización de auditorías de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de las entidades a que se refiere el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, incluidas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2014 y para la realización de controles de fondos comunitarios establecidos en el Plan de Control de Fondos Comunitarios para el año auditor 2013-2014. Artículo 3. Contratos plurianuales. En aquellos trabajos de control o auditoría cuya realización por la Intervención General de la Administración del Estado tenga carácter periódico y recurrente, conforme a lo establecido en una norma legal, se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con empresas privadas de auditoría por un plazo de vigencia superior a un año, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley General Presupuestaria. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 9 de septiembre de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

El Estado dice que no tiene suficientes medios para auditarse y contratará a empresas.

El artículo 163 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que la auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el Plan Anual de Auditorías a que se refiere el artículo 165 de esta Ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal y sobre los fondos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley. Por su parte, el artículo 165 prevé que la Intervención General de la Administración del Estado elabore anualmente un Plan de auditorías en el que se incluyan las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio. En este sentido, el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, establece la obligación de la Intervención General de la Administración del Estado de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empresariales, las Entidades Estatales de Derecho Público distintas de las anteriores, los Consorcios contemplados en el artículo 2.1.h) de la Ley, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y los Fondos considerados en el artículo 2.2 de la Ley que rindan cuentas independientes, las Fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa específica y las Sociedades Mercantiles Estatales y las Fundaciones del sector público estatal no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan Anual de Auditorías. Asimismo, el artículo 141 establece que la Intervención General de la Administración del Estado ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público estatal y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa comunitaria. La disposición adicional segunda de la ley prevé que para la ejecución de dicho Plan Anual, la Intervención General de la Administración del Estado pueda, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se especificará la insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado que justifique dicha contratación. Mediante Resolución de 1 de julio de 2013 del Interventor General de la Administración del Estado, se ha aprobado el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2014 que contempla las actuaciones de auditoría a efectuar en cumplimiento del artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, relativo a la auditoría de cuentas anuales. Asimismo, mediante Resolución 9 de julio de 2013 del Interventor General de la Administración del Estado, se ha aprobado el Plan de Control de Fondos Comunitarios para el año auditor 2013-2014 (Plan IGAE 2014) que determina, entre otras, las auditorías de funcionamiento de los sistemas de gestión y control y de operaciones sobre fondos comunitarios a realizar en 2014, en desarrollo de las obligaciones de control dimanantes de las Estrategias de Auditoría aprobadas para el marco 2007-2013. La Intervención General de la Administración del Estado, como en años anteriores, carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones incluidas en los planes aprobados, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría, mediante la contratación de la ejecución de determinadas actuaciones de control mencionadas anteriormente, que la Intervención General de la Administración del Estado no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Insuficiencia de medios. La Intervención General de la Administración del Estado carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditoría previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2014 y en el Plan de Control de Fondos Comunitarios para el año auditor 2013-2014 por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa encaminadas a cumplir los objetivos de ejecución contenidos en dichos Planes y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control. Artículo 2. Colaboración de empresas privadas. Se autoriza a la Intervención General de la Administración del Estado, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la realización de auditorías de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de las entidades a que se refiere el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, incluidas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2014 y para la realización de controles de fondos comunitarios establecidos en el Plan de Control de Fondos Comunitarios para el año auditor 2013-2014. Artículo 3. Contratos plurianuales. En aquellos trabajos de control o auditoría cuya realización por la Intervención General de la Administración del Estado tenga carácter periódico y recurrente, conforme a lo establecido en una norma legal, se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con empresas privadas de auditoría por un plazo de vigencia superior a un año, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley General Presupuestaria. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 9 de septiembre de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. ### RESUMEN: El Estado dice que no tiene suficientes medios para auditarse y contratará a empresas.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Senado. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Restauración de la fachada norte del Palacio del Senado. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 550.253,60 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 18 de junio de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio de 2013. c) Contratista: Proyectos y Rehabilitaciones Kalam, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 373.948,84 euros. Madrid, 2 de julio de 2013.- Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Adjudicado las obras para la restauración de la fachada norte del Senado por importe total de 373.948,84 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Senado. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Restauración de la fachada norte del Palacio del Senado. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 550.253,60 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 18 de junio de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio de 2013. c) Contratista: Proyectos y Rehabilitaciones Kalam, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 373.948,84 euros. Madrid, 2 de julio de 2013.- Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado. ### RESUMEN: Adjudicado las obras para la restauración de la fachada norte del Senado por importe total de 373.948,84 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el procedimiento ordinario núm. 376/2014, promovido por la Fundación Instituto Homeopático y Hospital de San José, contra la resolución de 3 de julio de 2014, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la de 21 de enero de 2014, por la que se deniega la inscripción en el Registro de Fundaciones a la Fundación San José para la Atención y Formación en Homeopatía. Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida ley. Madrid, 11 de noviembre de 2014.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.

Atención y Formación en Homeopatía recurre porque no le dejan inscribirse en registro de fundaciones sanitarias

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el procedimiento ordinario núm. 376/2014, promovido por la Fundación Instituto Homeopático y Hospital de San José, contra la resolución de 3 de julio de 2014, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la de 21 de enero de 2014, por la que se deniega la inscripción en el Registro de Fundaciones a la Fundación San José para la Atención y Formación en Homeopatía. Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida ley. Madrid, 11 de noviembre de 2014.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez. ### RESUMEN: Atención y Formación en Homeopatía recurre porque no le dejan inscribirse en registro de fundaciones sanitarias

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Barcelona d'Infarestructures Municipals, Sociedad Anónima. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico y de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima. 2) Domicilio: Calle Bolivia 105, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bimsa.es/perfilcontractant. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras del proyecto de reforma de la Avenida Diagonal en los ámbitos de los paseos, calzadas laterales y aceras. Tramo: Francesc Macià-Paseo de Gracia. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Barcelona. e) Plazo de ejecución/entrega: Diez meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000, 45000000, 45220000 y 45100000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No procede. d) Criterios de adjudicación: Precio, hasta 40 puntos; baja sobre precios contradictorios, hasta 1 punto; plan de trabajos, hasta 20 puntos; memoria descriptiva del proceso de ejecución, hasta 20 puntos; memoria de seguridad y salud, hasta 6 puntos; plan de gestión medioambiental, hasta 9 puntos; autocontrol de la calidad, hasta 4 puntos. 4. Valor estimado del contrato: 17.205.680,47 euros, IVA excluído. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 14338067,06 euros. Importe total: 17349061,14 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 10.000,00 euros. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6f. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego de condiciones (http://www.bimsa.es/perfilcontractant). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2014, hasta las 13:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima. 2) Domicilio: Calle Bolivia 105, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018. e) Admisión de variantes: No procede. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura ofertas evaluables mediante un juicio de valor. b) Dirección: Calle Bolivia 105, 4.ª planta. c) Localidad y código postal: Barcelona. d) Fecha y hora: 2 de abril de 2014, a las 10:00 horas. 10. Gastos de publicidad: No superiores a 4.000,00 euros, a cargo del adjudicatario. Incluye anuncios de licitación y de formalización. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 26 de febrero de 2014. 12. Otras informaciones: Se podrá interponer recursos especial de contratación contra el anuncio, conforme a aquello previsto al artículo 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Barcelona, 26 de febrero de 2014.- Director general.

Barcelona licita por 17 millones las obras de reforma de la calzada de la Avinguda Diagonal

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Barcelona d'Infarestructures Municipals, Sociedad Anónima. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico y de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima. 2) Domicilio: Calle Bolivia 105, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bimsa.es/perfilcontractant. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras del proyecto de reforma de la Avenida Diagonal en los ámbitos de los paseos, calzadas laterales y aceras. Tramo: Francesc Macià-Paseo de Gracia. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Barcelona. e) Plazo de ejecución/entrega: Diez meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000, 45000000, 45220000 y 45100000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No procede. d) Criterios de adjudicación: Precio, hasta 40 puntos; baja sobre precios contradictorios, hasta 1 punto; plan de trabajos, hasta 20 puntos; memoria descriptiva del proceso de ejecución, hasta 20 puntos; memoria de seguridad y salud, hasta 6 puntos; plan de gestión medioambiental, hasta 9 puntos; autocontrol de la calidad, hasta 4 puntos. 4. Valor estimado del contrato: 17.205.680,47 euros, IVA excluído. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 14338067,06 euros. Importe total: 17349061,14 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 10.000,00 euros. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6f. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego de condiciones (http://www.bimsa.es/perfilcontractant). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2014, hasta las 13:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima. 2) Domicilio: Calle Bolivia 105, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018. e) Admisión de variantes: No procede. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura ofertas evaluables mediante un juicio de valor. b) Dirección: Calle Bolivia 105, 4.ª planta. c) Localidad y código postal: Barcelona. d) Fecha y hora: 2 de abril de 2014, a las 10:00 horas. 10. Gastos de publicidad: No superiores a 4.000,00 euros, a cargo del adjudicatario. Incluye anuncios de licitación y de formalización. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 26 de febrero de 2014. 12. Otras informaciones: Se podrá interponer recursos especial de contratación contra el anuncio, conforme a aquello previsto al artículo 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Barcelona, 26 de febrero de 2014.- Director general. ### RESUMEN: Barcelona licita por 17 millones las obras de reforma de la calzada de la Avinguda Diagonal

Vista la solicitud presentada por el Policía del Cuerpo Nacional de Policía, don Jesús Esteban Vidal, número de Registro Personal 16496323 46XA 8347 y documento nacional de identidad número 16496323 X, y Resultando: Que, don Jesús Esteban Vidal, en instancia de fecha 11 del presente mes de marzo ha solicitado la renuncia a la condición de funcionario a partir del 31 de marzo de 2013. Considerando: Primero. Que el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público contempla, como una de las causas de la perdida de la condición de funcionario, la renuncia que será aceptada siempre que el funcionario lo manifieste por escrito y el mismo no esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su caso auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, circunstancias favorables que reúne el solicitante. Segundo. Que el artículo 12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, atribuye al Secretario de Estado de Interior (hoy de Seguridad), la competencia para nombrar funcionarios del Carrera del Cuerpo Nacional de Policía, motivo por el cual puede considerarse competente para aceptar la renuncia a tal condición, con la que se extingue la relación funcionarial. En atención a lo antedicho, esta Secretaría de Estado, Acuerda, Aceptar la renuncia formulada por don Jesús Esteban Vidal, con número de Registro Personal 16496323 46XA 8347 y documento nacional de identidad 16496323 X, a su condición de funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, con pérdida de todos los derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 y en la disposición adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Disposición Adicional 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, podrá el interesado interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de Seguridad, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 116 y 117, de la Ley 30/1992 (en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero); o bien, recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 12 de marzo de 2013.–El Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó Gutiérrez.

Un policía renuncia a la condición de funcionario.

Vista la solicitud presentada por el Policía del Cuerpo Nacional de Policía, don Jesús Esteban Vidal, número de Registro Personal 16496323 46XA 8347 y documento nacional de identidad número 16496323 X, y Resultando: Que, don Jesús Esteban Vidal, en instancia de fecha 11 del presente mes de marzo ha solicitado la renuncia a la condición de funcionario a partir del 31 de marzo de 2013. Considerando: Primero. Que el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público contempla, como una de las causas de la perdida de la condición de funcionario, la renuncia que será aceptada siempre que el funcionario lo manifieste por escrito y el mismo no esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su caso auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, circunstancias favorables que reúne el solicitante. Segundo. Que el artículo 12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, atribuye al Secretario de Estado de Interior (hoy de Seguridad), la competencia para nombrar funcionarios del Carrera del Cuerpo Nacional de Policía, motivo por el cual puede considerarse competente para aceptar la renuncia a tal condición, con la que se extingue la relación funcionarial. En atención a lo antedicho, esta Secretaría de Estado, Acuerda, Aceptar la renuncia formulada por don Jesús Esteban Vidal, con número de Registro Personal 16496323 46XA 8347 y documento nacional de identidad 16496323 X, a su condición de funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, con pérdida de todos los derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 y en la disposición adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Disposición Adicional 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, podrá el interesado interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de Seguridad, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 116 y 117, de la Ley 30/1992 (en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero); o bien, recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 12 de marzo de 2013.–El Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó Gutiérrez. ### RESUMEN: Un policía renuncia a la condición de funcionario.

El Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, aprobado mediante el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, estableció en sus artículos 45 y 46 el procedimiento a seguir para la inscripción del resto de las variedades que se incluyen en esta orden. Mediante la Decisión 98/294/CE de la Comisión, de 22 de abril de 1998, relativa a la comercialización de maíz (Zea mays. L. línea MON 810) modificado genéticamente con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo, se autorizó para toda la Unión Europea, la comercialización de la línea de maíz modificada genéticamente, denominada MON 810. Teniendo en cuenta que todas las variedades que figuran en esta orden, han cumplido todos los trámites establecidos en sus respectivos Reglamentos Generales, así como, en los Reglamentos Técnicos de Inscripción de variedades de distintas especies, resuelvo: Primero. Quedan incluidas en el Registro de Variedades Comerciales, las variedades cuyas denominaciones figuran en el anexo I de la presente orden. La información relativa a las variedades que se incluyen, se encuentra en la Oficina Española de Variedades Vegetales. Segundo. La comercialización de variedades que contienen la modificación genética MON810, queda sujeta al cumplimiento de un Plan de seguimiento, por parte de los solicitantes, el cual, figura como anexo II a esta orden, según establece el artículo 10 del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales. En cuanto al etiquetado oficial de los envases de semilla, además de la información requerida en el Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, deberá figurar la inscripción: «variedad modificada genéticamente». En los catálogos de venta y en los envases, se deberá indicar que las variedades son modificadas genéticamente y que tal modificación las protege contra el taladro o barrenador del maíz. Tercero. La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Contra ella podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, ante el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación o ser impugnada, directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación. Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición, si éste se hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte que el plazo para la interposición del recurso jurisdiccional, en caso desestimación presunta del recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 29 de octubre de 2012.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, P. D. (Orden AAA/838/2012, 20 de abril), la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina. ANEXO I Especie: Apio de cortar Inscripción definitiva: 20100002 Mission. Especie: Avena Inscripción definitiva: 20100229 Malena. Especie: Cebada. Inscripción definitiva: 20100231 Doblona. 20090309 Gala. 20100262 Luhkas. Especie: Girasol Inscripción definitiva: 20090359 Euralis 01. Especie: Maíz Inscripción definitiva: 20100040 Kayras YG (OGM-MON810). 20110008 LG30707 YG (OGM-MON810). Especie: Melocotonero Inscripción definitiva: 20060149 Adelfar. Especie: Melón Inscripción definitiva: 20100323 Akiles. 20090356 Crianza. 20100293 Katrina. 20090333 Paloma. Especie: Patata Inscripción definitiva: 20100048 Laris. Especie: Pimiento Inscripción definitiva: 20090243 Kappone. Especie: Remolacha azucarera Inscripción definitiva: 20100062 Bengal. 20020041 Verdi. Especie: Trigo blando Inscripción definitiva: 20100217 Akim. 20100216 Alhambra. 20100232 Atae. 20100304 Cruzado. 20100224 Paterna. Especie: Trigo duro Inscripción definitiva: 20100225 Don Norman. 20100236 Durasur. 20090273 Lecitur. 20100235 Tredur. ANEXO II Requisitos que debe cumplir el plan de seguimiento que llevarán a cabo los solicitantes de las variedades modificadas genéticamente, que contienen la modificación genética MON 810 1. El plan de seguimiento tendrá una duración mínima de cinco años y deberá presentarse antes de que finalice el periodo de dos meses a contar desde la fecha de publicación de esta orden. 2. Se deberá suministrar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, al final de cada campaña de siembra, y en todo caso, antes del 15 de junio de cada año, los datos a nivel nacional de ventas de semilla de cada variedad, por localidades, incluyendo listado de compradores. Asimismo, se deberá proporcionar la información referida en el párrafo anterior a las Comunidades Autónomas en el ámbito de su territorio. 3. El Plan de Seguimiento deberá contener, al menos, los siguientes aspectos: a) Evaluación de la efectividad del carácter insecticida de la modificación introducida en estas variedades. b) Estudio de la posible aparición de resistencias a la proteína cryIA(b) en las poblaciones de taladro. Las muestras se obtendrán de zonas donde se haya cultivado significativamente estas variedades. c) Posibles efectos sobre la entomofauna y microorganismos del suelo en las parcelas cultivadas con estas variedades. d) Indicación de la superficie que deberá sembrarse con variedades convencionales en relación con la superficie sembrada con variedades transgénicas, al objeto de que sirvan de refugio al taladro. e) Programas de Información a los agricultores, recomendando prácticas culturales para el control de plantas adventicias, así como de la necesidad de la siembra de una banda con una variedad convencional de maíz con la anchura y características adecuadas a cada caso. 4. En aquellos casos en los que se haya detectado la aparición de insectos resistentes o se detecte algún efecto relevante, se informará antes de haber transcurrido treinta días, al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, así como al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. Si se confirma la resistencia y se estima que los efectos detectados presentan especial relevancia, el solicitante de la variedad iniciará las siguientes acciones: 1. Notificar el hecho, al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, Comunidad Autónoma correspondiente y agricultores afectados. 2. Asesorar a los agricultores sobre la aplicación de las medidas necesarias para paliar los efectos adversos detectados. 3. Proceder a la destrucción de los restos de cosechas por los medios más aconsejables en cada caso. 4. Si las medidas no son efectivas cesará la venta de cualquier variedad de maíz que contenga dicho producto en la localidad afectada y en las circundantes.

El Gobierno autoriza la comercialización de dos nuevas variedades de maíz transgénico

El Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, aprobado mediante el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, estableció en sus artículos 45 y 46 el procedimiento a seguir para la inscripción del resto de las variedades que se incluyen en esta orden. Mediante la Decisión 98/294/CE de la Comisión, de 22 de abril de 1998, relativa a la comercialización de maíz (Zea mays. L. línea MON 810) modificado genéticamente con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo, se autorizó para toda la Unión Europea, la comercialización de la línea de maíz modificada genéticamente, denominada MON 810. Teniendo en cuenta que todas las variedades que figuran en esta orden, han cumplido todos los trámites establecidos en sus respectivos Reglamentos Generales, así como, en los Reglamentos Técnicos de Inscripción de variedades de distintas especies, resuelvo: Primero. Quedan incluidas en el Registro de Variedades Comerciales, las variedades cuyas denominaciones figuran en el anexo I de la presente orden. La información relativa a las variedades que se incluyen, se encuentra en la Oficina Española de Variedades Vegetales. Segundo. La comercialización de variedades que contienen la modificación genética MON810, queda sujeta al cumplimiento de un Plan de seguimiento, por parte de los solicitantes, el cual, figura como anexo II a esta orden, según establece el artículo 10 del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales. En cuanto al etiquetado oficial de los envases de semilla, además de la información requerida en el Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, deberá figurar la inscripción: «variedad modificada genéticamente». En los catálogos de venta y en los envases, se deberá indicar que las variedades son modificadas genéticamente y que tal modificación las protege contra el taladro o barrenador del maíz. Tercero. La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Contra ella podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, ante el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación o ser impugnada, directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación. Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición, si éste se hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte que el plazo para la interposición del recurso jurisdiccional, en caso desestimación presunta del recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 29 de octubre de 2012.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, P. D. (Orden AAA/838/2012, 20 de abril), la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina. ANEXO I Especie: Apio de cortar Inscripción definitiva: 20100002 Mission. Especie: Avena Inscripción definitiva: 20100229 Malena. Especie: Cebada. Inscripción definitiva: 20100231 Doblona. 20090309 Gala. 20100262 Luhkas. Especie: Girasol Inscripción definitiva: 20090359 Euralis 01. Especie: Maíz Inscripción definitiva: 20100040 Kayras YG (OGM-MON810). 20110008 LG30707 YG (OGM-MON810). Especie: Melocotonero Inscripción definitiva: 20060149 Adelfar. Especie: Melón Inscripción definitiva: 20100323 Akiles. 20090356 Crianza. 20100293 Katrina. 20090333 Paloma. Especie: Patata Inscripción definitiva: 20100048 Laris. Especie: Pimiento Inscripción definitiva: 20090243 Kappone. Especie: Remolacha azucarera Inscripción definitiva: 20100062 Bengal. 20020041 Verdi. Especie: Trigo blando Inscripción definitiva: 20100217 Akim. 20100216 Alhambra. 20100232 Atae. 20100304 Cruzado. 20100224 Paterna. Especie: Trigo duro Inscripción definitiva: 20100225 Don Norman. 20100236 Durasur. 20090273 Lecitur. 20100235 Tredur. ANEXO II Requisitos que debe cumplir el plan de seguimiento que llevarán a cabo los solicitantes de las variedades modificadas genéticamente, que contienen la modificación genética MON 810 1. El plan de seguimiento tendrá una duración mínima de cinco años y deberá presentarse antes de que finalice el periodo de dos meses a contar desde la fecha de publicación de esta orden. 2. Se deberá suministrar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, al final de cada campaña de siembra, y en todo caso, antes del 15 de junio de cada año, los datos a nivel nacional de ventas de semilla de cada variedad, por localidades, incluyendo listado de compradores. Asimismo, se deberá proporcionar la información referida en el párrafo anterior a las Comunidades Autónomas en el ámbito de su territorio. 3. El Plan de Seguimiento deberá ### RESUMEN: El Gobierno autoriza la comercialización de dos nuevas variedades de maíz transgénico

El Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, atribuye a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores la asistencia al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la formulación y ejecución de la política exterior en sus planteamientos y objetivos globales, así como en su concreción para las distintas áreas geográficas. En especial, le corresponde a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, bajo la dependencia directa del titular del Departamento, la coordinación y el seguimiento de la participación de España en la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y en concreto, entre otras materias, la coordinación de la política exterior en el campo de la protección y promoción de los derechos humanos. En este contexto, con el objetivo de hacer frente al incremento de actuaciones en el ámbito de la defensa de los derechos humanos se estableció una línea de subvenciones, gestionada por Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores, destinada a apoyar la realización de actividades o proyectos de promoción y defensa de los derechos humanos emprendidas por organizaciones de la sociedad civil. Mediante la presente convocatoria de ayudas se pretende promover la realización de todo tipo de acciones que contribuyan a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos con proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional que tengan relación con España. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden AEC/1122 /2011, de 15 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 106, de 4 de mayo de 2011), que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la presente Resolución se anuncia la convocatoria de subvenciones correspondientes al ejercicio 2013, para lo cual tengo a bien disponer lo siguiente: Apartado 1. Objeto, condiciones y finalidad. La presente resolución tiene por objeto convocar subvenciones destinadas a la financiación de actividades relativas a la mejora, el desarrollo y el conocimiento de los derechos humanos. Dichas subvenciones tienen como finalidad contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional que tengan relación con España. Dichas subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación. Apartado 2. Financiación. La financiación de las subvenciones previstas en la presente Resolución se efectuará con cargo al crédito consignado a tales efectos en el concepto presupuestario 12.04.142A.482 del Presupuesto de Gastos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores para el ejercicio 2013, hasta un importe máximo total de 184.000 euros. La concesión de estas subvenciones queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las ayudas con cargo al presupuesto del citado ejercicio. El pago de las ayudas se efectuará de una sola vez a favor del solicitante que resulte beneficiario por la resolución de la convocatoria de subvenciones. No se realizará el pago si el beneficiario no se hallase al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o si fuese deudor, por cualquier otro concepto, de la Administración concedente. Apartado 3. Límite de las ayudas. Tanto la concesión de la subvención como su concreta cuantía, quedarán supeditadas a las disponibilidades presupuestarias en el concepto mencionado en el apartado 2 de la presente Resolución. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos, supere el coste de la actividad subvencionada. Apartado 4. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. Podrá solicitar la subvención toda institución o entidad, no perteneciente al sector público, española o extranjera, y legalmente constituida que, en todo caso, reúna y esté en disposición de acreditar los siguientes requisitos: 1. Carecer su actividad de fines de lucro. 2. Cumplir con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 3. Disponer de los medios y capacidad suficientes para realizar las actividades y garantizar el objetivo de cumplimiento de los objetivos previstos en dichas actividades. 4. No encontrarse comprendido en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sobre la prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas. Apartado 5. Solicitudes y documentación. 5.1 Las solicitudes de la subvención dirigidas al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores se podrán presentar: – Utilizando los medios electrónicos, previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la página web www.maec.es. – En cualquiera de las formas que prescribe el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. En el caso de presentarse en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Plaza de la Provincia n.º 1, 28071 Madrid), su horario de atención al público es, los días hábiles de lunes a viernes, de 9:00 a 17.00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Cuando no se utilicen los medios electrónicos para la presentación de solicitudes, se recomienda enviar un aviso mediante correo electrónico a la siguiente dirección [email protected], o por fax al número 91-3.94.86.60, indicando el nombre de la entidad solicitante, el título del proyecto y la cantidad solicitada, así como la fecha y forma de envío. 5.2 Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, se deberá cumplimentar el formulario disponible al efecto en el Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, siguiendo las instrucciones correspondientes. En el resto de los casos, a la solicitud, que se presentará según el modelo que se une a esta convocatoria como Anexo 1, deberá adjuntarse la siguiente documentación, a) Formulario para la identificación del proyecto, según modelo que se adjunta a esta convocatoria como Anexo 2. b) Presupuesto estimado de los gastos que se prevean realizar desglosado por partidas de gasto, según modelo que se adjunta como Anexo 3. c) Memoria explicativa de las actividades proyectadas y que pueden ser objeto de la subvención, fecha y lugar de realización, intervinientes previstos, contenido de las actividades a desarrollar y resultados esperados. d) Memoria explicativa de la entidad en la que se incluya relación del personal responsable de la organización de la actividad presentada y actividades desarrolladas en los tres últimos años en el ámbito de los derechos humanos. e) Copia del alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o, en su caso, declaración de exención. f) Las entidades solicitantes podrán autorizar a esta Secretaría de Estado (en el Anexo 1) para que obtenga de forma directa la acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y Seguridad Social. En caso contrario, se deberán aportar las correspondientes certificaciones. Los Anexos 1, 2 y 3 se presentarán por duplicado y el resto de la documentación en un solo ejemplar. Dichos anexos se encontrarán, junto con la convocatoria, disponibles en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (www.maec.es). 5.3 Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se tendrá por desistido de su solicitud. Apartado 6. Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Apartado 7. Procedimiento de concesión y órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la propuesta de concesión se formula al órgano concedente por el órgano colegiado a través del órgano instructor. El órgano instructor queda establecido en la Oficina de Derechos Humanos. Dicho órgano instructor será asesorado por un órgano colegiado, Comisión de Valoración, que estará compuesto por los siguientes Vocales: La Directora de la Oficina de Derechos Humanos, que ejercerá de Presidente, el Director adjunto de la Oficina, el Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, un representante de cada una de las Direcciones Generales dependientes de esta Secretaría de Estado, un representante de la Secretaria de Estado para Iberoamérica, el Subdirector General de Asuntos Internacionales de Terrorismo, el Subdirector General de NNUU y Asuntos Globales, el Subdirector General de Organismos Internacionales Técnicos y los/las Embajadores/as en Misión Especial dependientes de la Dirección General Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, así como un representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario adscrito a la Oficina de Derechos Humanos. La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas. La evaluación de solicitudes será realizada por la Comisión de Valoración conforme a los criterios objetivos de concesión y ponderación que se detallan en el artículo 7 de las bases reguladoras de estas Subvenciones, Orden AEC/1122/2011 de 15 de abril (BOE de 4 de mayo) teniendo en cuenta también los aspectos para la valoración indicados en el apartado 8 de la presente convocatoria, así como los ámbitos de actuación preferente en materia de Derechos Humanos establecidas en el apartado 9. La Comisión de Valoración elaborará una propuesta de resolución que contendrá la relación de los candidatos que han obtenido mejor puntuación y las cuantías que se proponen para cada uno de ellos. La Comisión de Valoración solicitará a los candidatos seleccionados, que deberán aceptar la subvención concedida en la forma y plazo establecido en el apartado 12 de esta resolución, la siguiente documentación, sólo en caso de que no haya sido presentada en esta Secretaría de Estado para la obtención de subvenciones en convocatorias publicadas en los cinco últimos años: – Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. – Fotocopia de la escritura o documento de constitución, de modificación, en su caso, de los estatutos o del acto fundacional, inscrito en el registro correspondiente cuando proceda, en el que consten las normas que rigen su actividad, así como la documentación acreditativa de representación. Las copias presentadas deberán estar autentificadas o cotejadas por funcionario público competente. Asimismo, si la cuantía propuesta por la Comisión de Valoración fuera inferior a la solicitada, se podrá instar al beneficiario, tal como se prevé en el artículo 5 de las bases reguladoras, si se considera conveniente, a revisar su petición, con el fin de ajustar los compromisos y las condiciones a la subvención otorgable. La propuesta final de concesión se elevará al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores por la Comisión de Valoración, a través de la Oficina de Derechos Humanos. El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores resolverá y firmará, en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de la elevación de la propuesta, la correspondiente resolución de concesión de subvenciones que contendrá la relación de beneficiarios y la cuantía concedida a cada uno de ellos, haciendo constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. Apartado 8. Criterios de valoración y su ponderación. Los criterios objetivos de valoración son los recogidos en artículo 7 de las bases reguladoras (Orden AEC/1122/2011, de 15 de abril, BOE de 4 de mayo), para cuya evaluación se tendrán en cuenta los aspectos que se enumeran a continuación: a) Formulación clara y precisa de objetivos y coincidencia de los mismos con los que se relacionan en el apartado 1 de la presente convocatoria, es decir, contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional que tengan relación con España. Se valorará con un peso relativo del 25%. b) Calidad, viabilidad (se valorará la financiación propia y la cofinanciación de los proyectos por parte de otras entidades) e innovación del proyecto o actividad. Se valorará con un peso relativo del 25%. c) Impacto, repercusión, relevancia e interés de la actividad en relación con los ámbitos enumerados en el apartado 9. Se valorará con un peso relativo del 25%. d) Experiencia, trayectoria y especialización del solicitante en actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, así como la existencia de interlocución entre la institución solicitante y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, especialmente respecto al proyecto presentado. Se valorará con un peso relativo del 25%. Cada uno de los criterios anteriores se puntuará del 0 al 5, de la siguiente manera: 0 = nulo, 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto y 5 = muy alto, y se valorarán con un peso relativo del 25%. La puntuación final obtenida será la siguiente: Puntuación final = (criterio a x 0,25) + (criterio b x 0,25) + (criterio c x 0,25) + (criterio d x 0,25). Apartado 9. Ámbitos de actuación preferente: Se valorarán preferentemente aquellos proyectos que incidan en alguno de los ámbitos siguientes: Lucha contra la pena de muerte, derechos de las personas con discapacidad, empresas transnacionales y derechos humanos, derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, defensores de derechos humanos, no discriminación, incluyendo por razón de género u orientación sexual; libertad de religión o creencia, derechos de los niños, y derechos de las víctimas del terrorismo. Apartado 10. Resolución. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses contados a partir de la publicación de la presente convocatoria. La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de ayuda. Apartado 11. Medio de notificación. La resolución del Secretario de Estado deberá notificarse a los beneficiarios en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción contenida en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa. Apartado 12. Plazo para la realización de la actividad. La actividad objeto de la subvención deberá estar concluida el 30 de noviembre de 2014. Los gastos de preparación de la actividad que se produzcan previamente a la notificación de la concesión de la subvención podrán ser admitidos como gastos subvencionables únicamente si se han producido dentro del año en que se publique la convocatoria. Apartado 13. Obligaciones de los beneficiarios. Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a lo establecido en el artículo 9 de la Orden AEC/1122/2011, de 15 de abril, de bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La carta de aceptación expresa de la subvención concedida se deberá presentar en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de concesión. Si no fuera aceptada en dicho plazo se entenderá que renuncia a la misma. Apartado 14. Justificación de la aplicación de fondos. La justificación de las actividades y de la aplicación de fondos se deberá realizar en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha en que finalizó la actividad objeto del proyecto, en la forma que se detalla en el artículo 10 de la Orden AEC/1122/2011, de 15 de abril, de bases reguladoras. En todo caso las justificaciones deberán estar presentadas antes de que finalice el año 2014. Asimismo, se deberá tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando las actividades sean financiadas con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. Apartado 15. Medidas de garantía. Como medida de garantía de los intereses públicos se establece la revisión de las subvenciones, la responsabilidad y régimen sancionador de los beneficiarios, tal como se recoge en los artículos 13 al 15 de citada Orden AEC/1122/2011, de 15 de abril, así como en los artículos 30.8 y del 36 al 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en los artículos 91 al 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en relación con el reintegro de subvenciones, y del 52 al 69, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, relativos a infracciones administrativas en materia de subvenciones. Apartado 16. Normativa aplicable. Para todos aquellos extremos no previstos en la presente Resolución será de aplicación lo establecido en la Orden AEC/1122/2011, de 15 de abril, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones para realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, así como lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Madrid, 28 de febrero de 2013.–El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito Secades.

Convocatoria de subvenciones para la defensa y promoción de los Derechos Humanos 184.000 euros, de Exteriores

El Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, atribuye a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores la asistencia al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la formulación y ejecución de la política exterior en sus planteamientos y objetivos globales, así como en su concreción para las distintas áreas geográficas. En especial, le corresponde a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, bajo la dependencia directa del titular del Departamento, la coordinación y el seguimiento de la participación de España en la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y en concreto, entre otras materias, la coordinación de la política exterior en el campo de la protección y promoción de los derechos humanos. En este contexto, con el objetivo de hacer frente al incremento de actuaciones en el ámbito de la defensa de los derechos humanos se estableció una línea de subvenciones, gestionada por Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores, destinada a apoyar la realización de actividades o proyectos de promoción y defensa de los derechos humanos emprendidas por organizaciones de la sociedad civil. Mediante la presente convocatoria de ayudas se pretende promover la realización de todo tipo de acciones que contribuyan a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos con proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional que tengan relación con España. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden AEC/1122 /2011, de 15 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 106, de 4 de mayo de 2011), que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la presente Resolución se anuncia la convocatoria de subvenciones correspondientes al ejercicio 2013, para lo cual tengo a bien disponer lo siguiente: Apartado 1. Objeto, condiciones y finalidad. La presente resolución tiene por objeto convocar subvenciones destinadas a la financiación de actividades relativas a la mejora, el desarrollo y el conocimiento de los derechos humanos. Dichas subvenciones tienen como finalidad contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional que tengan relación con España. Dichas subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación. Apartado 2. Financiación. La financiación de las subvenciones previstas en la presente Resolución se efectuará con cargo al crédito consignado a tales efectos en el concepto presupuestario 12.04.142A.482 del Presupuesto de Gastos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores para el ejercicio 2013, hasta un importe máximo total de 184.000 euros. La concesión de estas subvenciones queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las ayudas con cargo al presupuesto del citado ejercicio. El pago de las ayudas se efectuará de una sola vez a favor del solicitante que resulte beneficiario por la resolución de la convocatoria de subvenciones. No se realizará el pago si el beneficiario no se hallase al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o si fuese deudor, por cualquier otro concepto, de la Administración concedente. Apartado 3. Límite de las ayudas. Tanto la concesión de la subvención como su concreta cuantía, quedarán supeditadas a las disponibilidades presupuestarias en el concepto mencionado en el apartado 2 de la presente Resolución. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos, supere el coste de la actividad subvencionada. Apartado 4. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. Podrá solicitar la subvención toda institución o entidad, no perteneciente al sector público, española o extranjera, y legalmente constituida que, en todo caso, reúna y esté en disposición de acreditar los siguientes requisitos: 1. Carecer su actividad de fines de lucro. 2. Cumplir con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 3. Disponer de los medios y capacidad suficientes para realizar las actividades y garantizar el objetivo de cumplimiento de los objetivos previstos en dichas actividades. 4. No encontrarse comprendido en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sobre la prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas. Apartado 5. Solicitudes y documentación. 5.1 Las solicitudes de la subvención dirigidas al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores se podrán presentar: – Utilizando los medios electrónicos, previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la página web www.maec.es. – En cualquiera de las formas que prescribe el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. En el caso de presentarse en el Registro General ### RESUMEN: Convocatoria de subvenciones para la defensa y promoción de los Derechos Humanos 184.000 euros, de Exteriores

Con fecha 25 de noviembre de 2021 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-1/2021, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 5 de mayo de 2021 a Bankoa, SA. Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las sanciones por infracciones graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. Toda vez que la citada resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 115.5, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la siguiente sanción, impuesta en dicha resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a Bankoa, SA (actualmente, Abanca Corporación Bancaria, SA, entidad absorbente y sucesora universal de Bankoa, SA): Sanción de multa impuesta a Bankoa, SA (actualmente, Abanca Corporación Bancaria, SA, entidad absorbente y sucesora universal de Bankoa, SA), por importe de ciento ochenta mil euros (180.000 euros) —tras la aplicación de las reducciones del 40 % contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.l) de dicha Ley 10/2014, consistente en la remisión inexacta de la información que ha de reportarse al Banco de España en el estado «Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado residente» incluido en el anejo 9 de la Circular 5/2012 del Banco de España. Madrid, 7 de enero de 2022.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez.

Multa de 180.000 euros a Bankoa, ahora Abanca, por remitir al Banco de España información inexacta sobre sus tipos de interés.

Con fecha 25 de noviembre de 2021 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-1/2021, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 5 de mayo de 2021 a Bankoa, SA. Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las sanciones por infracciones graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. Toda vez que la citada resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 115.5, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la siguiente sanción, impuesta en dicha resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a Bankoa, SA (actualmente, Abanca Corporación Bancaria, SA, entidad absorbente y sucesora universal de Bankoa, SA): Sanción de multa impuesta a Bankoa, SA (actualmente, Abanca Corporación Bancaria, SA, entidad absorbente y sucesora universal de Bankoa, SA), por importe de ciento ochenta mil euros (180.000 euros) —tras la aplicación de las reducciones del 40 % contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.l) de dicha Ley 10/2014, consistente en la remisión inexacta de la información que ha de reportarse al Banco de España en el estado «Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado residente» incluido en el anejo 9 de la Circular 5/2012 del Banco de España. Madrid, 7 de enero de 2022.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez. ### RESUMEN: Multa de 180.000 euros a Bankoa, ahora Abanca, por remitir al Banco de España información inexacta sobre sus tipos de interés.

Advertidos errores en el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 261, de 30 de octubre de 2012, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: En la página 76323, en el preámbulo, tercer párrafo, quinta línea, donde dice: «Asimismo, se redefinición algunos de los requisitos...», debe decir: «Asimismo, se redefinieron algunos de los requisitos...». En la página 76326, en el artículo 3.2.c), primer párrafo, quinta línea, donde dice: «Este canon se calculará mediante la titulización durante un periodo de seis años…», debe decir: «Este canon se calculará mediante la totalización durante un periodo de seis años…».

Errores ortográficos y gramaticales en el Boe. Normalmente hay un montón y no se corrigen.

Advertidos errores en el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 261, de 30 de octubre de 2012, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: En la página 76323, en el preámbulo, tercer párrafo, quinta línea, donde dice: «Asimismo, se redefinición algunos de los requisitos...», debe decir: «Asimismo, se redefinieron algunos de los requisitos...». En la página 76326, en el artículo 3.2.c), primer párrafo, quinta línea, donde dice: «Este canon se calculará mediante la titulización durante un periodo de seis años…», debe decir: «Este canon se calculará mediante la totalización durante un periodo de seis años…». ### RESUMEN: Errores ortográficos y gramaticales en el Boe. Normalmente hay un montón y no se corrigen.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de Valores. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Número de expediente: 07/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Suministro de licencias de productos Microsoft. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de marzo de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 331.205,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24 de mayo de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 20 de junio de 2013. c) Contratista: Dell Computer, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 294.456,48 euros. Madrid, 28 de junio de 2013.- La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores compra a Dell 964 licencias Windows (400 de escritorio) por 294.456 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de Valores. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Número de expediente: 07/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Suministro de licencias de productos Microsoft. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de marzo de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 331.205,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24 de mayo de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 20 de junio de 2013. c) Contratista: Dell Computer, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 294.456,48 euros. Madrid, 28 de junio de 2013.- La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer. ### RESUMEN: La Comisión Nacional del Mercado de Valores compra a Dell 964 licencias Windows (400 de escritorio) por 294.456 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta. b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. Negociado de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. Negociado de Contratación. 2) Domicilio: Edificio Ceuta Center, calle Padilla, sin número. 3) Localidad y código postal: Ceuta, 51001. 4) Teléfono: 956528253 5) Telefax: 956528284 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ceuta.es/contratacion. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de mayo de 2013. d) Número de expediente: 08/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio y mantenimiento de telecomunicaciones de voz, fijos, móviles y datos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro (4) años. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8 y 64210000-1. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No. d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Valor estimado del contrato: 3.545.454,54 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.363.636,36 euros. Importe total: 2.600.000,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicacion excluido el IPSI. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría D. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 2) Domicilio: Plaza de África, sin número. 3) Localidad y código postal: Ceuta, 51001. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2) meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. b) Dirección: Edificio Ceuta- Center, calle Padilla, sin número. c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001. d) Fecha y hora: 29 de mayo de 2013, a las nueve y treinta horas, siempre que fuera posible. 10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 11 de abril de 2013. Ceuta, 15 de abril de 2013.- La Secretaria General. P.D. el Técnico de Administración general, don Juan Manuel Verdejo Rodríguez.

Ceuta licita sus servicios de telecomunicaciones por 2,6 millones de euros

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta. b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. Negociado de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. Negociado de Contratación. 2) Domicilio: Edificio Ceuta Center, calle Padilla, sin número. 3) Localidad y código postal: Ceuta, 51001. 4) Teléfono: 956528253 5) Telefax: 956528284 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ceuta.es/contratacion. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de mayo de 2013. d) Número de expediente: 08/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio y mantenimiento de telecomunicaciones de voz, fijos, móviles y datos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro (4) años. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000-8 y 64210000-1. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No. d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Valor estimado del contrato: 3.545.454,54 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.363.636,36 euros. Importe total: 2.600.000,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicacion excluido el IPSI. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría D. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 2) Domicilio: Plaza de África, sin número. 3) Localidad y código postal: Ceuta, 51001. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2) meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. b) Dirección: Edificio Ceuta- Center, calle Padilla, sin número. c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001. d) Fecha y hora: 29 de mayo de 2013, a las nueve y treinta horas, siempre que fuera posible. 10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 11 de abril de 2013. Ceuta, 15 de abril de 2013.- La Secretaria General. P.D. el Técnico de Administración general, don Juan Manuel Verdejo Rodríguez. ### RESUMEN: Ceuta licita sus servicios de telecomunicaciones por 2,6 millones de euros

Visto el texto del Acta de fecha 10 de abril de 2014 donde se recogen los acuerdos de revisión salarial para el año 2014 del Convenio colectivo del personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (Código de convenio n.º 90100762012012) que fue suscrita por la Comisión Paritaria del Convenio de la que forman parte los designados por dicha Comisión en su representación y el Comité de empresa en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 13 de mayo de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL ASALARIADO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE COMISIONES OBRERAS. En Madrid, siendo las diez horas del día 10 de abril de 2014, se reúnen en la sede de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (C.S. de CC.OO.), calle Fernández de la Hoz, n.º 12, las personas relacionadas a continuación, todas ellas integrantes de la Comisión Paritaria del Convenio del personal asalariado al servicio de la comisión ejecutiva confederal de comisiones obreras, reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para este acto. En representación de la Comisión Ejecutiva. María Cardeñosa Peñas. Espíritu Santo Martínez Garrido. Carlos Rodríguez Rodríguez. En representación de los trabajadores (Comité de Empresa). Mario E. Sánchez Richter, CC.OO. Miguel Sánchez Díaz, CC.OO. Jaime González Gómez, CC.OO. A fin de tratar, previa convocatoria, el único punto del orden del día establecido, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del mismo, 1. Incremento salarial para el año 2014 Efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes adoptan los siguientes acuerdos: 1. Incremento salarial para 2014, actualización de la tabla salarial de 2014 y actualización de cantidades de los diversos conceptos reflejados en los artículos 7, 8, 12.7.2, 23, 26 y 27. En este punto se acuerda que, conforme al artículo 5.3 del convenio colectivo corresponde un incremento del 0,6% en los conceptos retributivos y sociales pertinentes que a continuación se reflejan y por tanto las tablas salariales para el año 2014 son las que se reflejan en el anexo I. Artículo 7. Antigüedad. La cuantía de este complemento queda fijada en 39,54 euros mensuales por cada trienio. Artículo 8. Plus Transporte. El importe por dicho concepto queda fijado en 2,12 euros día si el domicilio está en Madrid capital y en 2,26 euros día si el domicilio está fuera de Madrid capital. Artículo 12.7.2 Plus de Flexibilidad. Si procede. Personal Flexibilidad maxima anual Cantidad mensual Cantidad anual Personal a tres turnos o turno de noche. 11 días 82,5 horas 69,54 834,48 Personal a turno fijo u horario de mañana y tarde. 7 días 52,5 horas 44,55 534,6 Artículo 23. El Fondo anual para becas queda establecido en 6.199 euros. Artículo 26. El Fondo social anual se fija en 3.100 euros. Artículo 27. El Fondo para préstamos queda en 40.678 euros. Se aprueba por unanimidad la presente acta y se acuerda remitir la misma a la Autoridad Laboral, a los efectos de su registro, homologación y publicación en el «BOE», facultando expresamente para ello a doña Raquel Prieto García. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Comisión Paritaria, y de ella el correspondiente Acta, que una vez leída y encontrada conforme por las partes, firman los asistentes, ratificando el contenido de la misma. ANEXO I Tabla salarial 1 de enero de 2014. incremento 0,6% Categoría Nivel Salario euros mes Técnico Superior - Técnico Informática 1ª - Jefe de Área. 1 3.461,70 2 3.200,76 3 2.914,51 4 2.630,87 5 2.480,81 Técnico Medio - Técnico Informática 2.ª 5 2.480,81 6 2.353,94 Jefe Administrativo 1ª - Jefe de Servicio - Técnico Informática - Personal de Apoyo Sindical. 7 2.230,06 8 2.146,24 Jefe 2ª Administrativo - Técnico Informática. 9 2.022,35 10 1.938,53 Oficial 1ª Administrativo - Técnico Informática 3.ª - Oficial 1ª Oficios. 11 1.814,65 12 1.730,85 Oficial 2ª Administrativo - Oficial 2ª Oficio- Recepcionista - Conserje. 13 1.606,97 14 1.523,12 Oficial Oficios Varios - Personal de Limpieza. 15 1.480,34 Auxiliar Administrativo - Telefonista - Portero. 15 1.480,34 Trienio.   39,54

Tabla salarial de CCOO. Sueldo más alto debe ser 2,34 veces el sueldo mas bajo.

Visto el texto del Acta de fecha 10 de abril de 2014 donde se recogen los acuerdos de revisión salarial para el año 2014 del Convenio colectivo del personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (Código de convenio n.º 90100762012012) que fue suscrita por la Comisión Paritaria del Convenio de la que forman parte los designados por dicha Comisión en su representación y el Comité de empresa en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 13 de mayo de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL ASALARIADO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE COMISIONES OBRERAS. En Madrid, siendo las diez horas del día 10 de abril de 2014, se reúnen en la sede de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (C.S. de CC.OO.), calle Fernández de la Hoz, n.º 12, las personas relacionadas a continuación, todas ellas integrantes de la Comisión Paritaria del Convenio del personal asalariado al servicio de la comisión ejecutiva confederal de comisiones obreras, reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para este acto. En representación de la Comisión Ejecutiva. María Cardeñosa Peñas. Espíritu Santo Martínez Garrido. Carlos Rodríguez Rodríguez. En representación de los trabajadores (Comité de Empresa). Mario E. Sánchez Richter, CC.OO. Miguel Sánchez Díaz, CC.OO. Jaime González Gómez, CC.OO. A fin de tratar, previa convocatoria, el único punto del orden del día establecido, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del mismo, 1. Incremento salarial para el año 2014 Efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes adoptan los siguientes acuerdos: 1. Incremento salarial para 2014, actualización de la tabla salarial de 2014 y actualización de cantidades de los diversos conceptos reflejados en los artículos 7, 8, 12.7.2, 23, 26 y 27. En este punto se acuerda que, conforme al artículo 5.3 del convenio colectivo corresponde un incremento del 0,6% en los conceptos retributivos y sociales pertinentes que a continuación se reflejan y por tanto las tablas salariales para el año 2014 son las que se reflejan en el anexo I. Artículo 7. Antigüedad. La cuantía de este complemento queda fijada en 39,54 euros mensuales por cada trienio. Artículo 8. Plus Transporte. El importe por dicho concepto queda fijado en 2,12 euros día si el domicilio está en Madrid capital y en 2,26 euros día si el domicilio está fuera de Madrid capital. Artículo 12.7.2 Plus de Flexibilidad. Si procede. Personal Flexibilidad maxima anual Cantidad mensual Cantidad anual Personal a tres turnos o turno de noche. 11 días 82,5 horas 69,54 834,48 Personal a turno fijo u horario de mañana y tarde. 7 días 52,5 horas 44,55 534,6 Artículo 23. El Fondo anual para becas queda establecido en 6.199 euros. Artículo 26. El Fondo social anual se fija en 3.100 euros. Artículo 27. El Fondo para préstamos queda en 40.678 euros. Se aprueba por unanimidad la presente acta y se acuerda remitir la misma a la Autoridad Laboral, a los efectos de su registro, homologación y publicación en el «BOE», facultando expresamente para ello a doña Raquel Prieto García. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Comisión Paritaria, y de ella el correspondiente Acta, que una vez leída y encontrada conforme por las partes, firman los asistentes, ratificando el contenido de la misma. ANEXO I Tabla salarial 1 de enero de 2014. incremento 0,6% Categoría Nivel Salario euros mes Técnico Superior - Técnico Informática 1ª - Jefe de Área. 1 3.461,70 2 3.200,76 3 2.914,51 4 2.630,87 5 2.480,81 Técnico Medio - Técnico Informática 2.ª 5 2.480,81 6 2.353,94 Jefe Administrativo 1ª - Jefe de Servicio - Técnico Informática - Personal de Apoyo Sindical. 7 2.230,06 8 2.146,24 Jefe 2ª Administrativo - Técnico Informática. 9 2.022,35 10 1.938,53 Oficial 1ª Administrativo - Técnico Informática 3.ª - Oficial 1ª Oficios. 11 1.814,65 12 1.730,85 Oficial 2ª Administrativo - Oficial 2ª Oficio- Recepcionista - Conserje. 13 1.606,97 14 1.523,12 Oficial Oficios Varios - Personal de Limpieza. 15 1.480,34 Auxiliar Administrativo - Telefonista - Portero. 15 1.480,34 Trienio.   39,54 ### RESUMEN: Tabla salarial de CCOO. Sueldo más alto debe ser 2,34 veces el sueldo mas bajo.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Jefatura de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire. b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire. c) Número de expediente: 4023014005100. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Operaciones de Búsqueda y Rescate de Helicóptero As.332 S'puer Puma (Hd-21-10) del 802 Escuadrón del Sar del Ejército del Aire Accidentado en Aguas de Las Islas Canarias (20144150). d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60443100 (Servicios de rescate aéreo-marítimo). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 3.200.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.200.000,00 euros. Importe total: 3.200.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de abril de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 11 de abril de 2014. c) Contratista: PHOENIX. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.200.000,00 euros. Importe total: 3.200.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación atendiendo a los criterios de valoración, sin embargo, la mesa aprecia que la proposición de esta empresa es susceptible de ser considerada desproporcionada o anormal. Madrid, 15 de abril de 2014.- Jefe de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire.

Contratos que sí justifican negociado sin publicidad y urgente: para buscar helicóptero hallado ayer en Fuerteventura

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Jefatura de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire. b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire. c) Número de expediente: 4023014005100. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Operaciones de Búsqueda y Rescate de Helicóptero As.332 S'puer Puma (Hd-21-10) del 802 Escuadrón del Sar del Ejército del Aire Accidentado en Aguas de Las Islas Canarias (20144150). d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60443100 (Servicios de rescate aéreo-marítimo). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 3.200.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.200.000,00 euros. Importe total: 3.200.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de abril de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 11 de abril de 2014. c) Contratista: PHOENIX. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.200.000,00 euros. Importe total: 3.200.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación atendiendo a los criterios de valoración, sin embargo, la mesa aprecia que la proposición de esta empresa es susceptible de ser considerada desproporcionada o anormal. Madrid, 15 de abril de 2014.- Jefe de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire. ### RESUMEN: Contratos que sí justifican negociado sin publicidad y urgente: para buscar helicóptero hallado ayer en Fuerteventura

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. b) Dependencia que tramita el expediente: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. c) Número de expediente: 2013/626 CAJ. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación servicio de mejora y gestión medioambiental de espacios en la Delegación de El Pardo-Complejo de la Zarzuela. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000 (Servicios de mantenimiento de jardines y parques). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 13 de septiembre de 2013 y DOUE: 11 de septiembre de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 995.310,76 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 497.655,38 euros. Importe total: 602.163,01 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de enero de 2014. c) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 398.061,53 euros. Importe total: 481.654,45 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa. Madrid, 10 de enero de 2014.- Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

Jardinería en La Zarzuela. 2 años, 481.654 euros que cobrará Ferrovial.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. b) Dependencia que tramita el expediente: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. c) Número de expediente: 2013/626 CAJ. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación servicio de mejora y gestión medioambiental de espacios en la Delegación de El Pardo-Complejo de la Zarzuela. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000 (Servicios de mantenimiento de jardines y parques). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 13 de septiembre de 2013 y DOUE: 11 de septiembre de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 995.310,76 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 497.655,38 euros. Importe total: 602.163,01 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de enero de 2014. c) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 398.061,53 euros. Importe total: 481.654,45 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa. Madrid, 10 de enero de 2014.- Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. ### RESUMEN: Jardinería en La Zarzuela. 2 años, 481.654 euros que cobrará Ferrovial.

La situación actual en que se encuentran las reservas de agua en la Confederación Hidrográfica del Júcar, como consecuencia de la falta de precipitaciones, determina que no puedan cubrirse de modo adecuado las demandas con las reservas existentes en los sistemas de explotación de la demarcación. El año hidrológico 2013/2014 ha sido extremadamente seco desde el punto de vista de la meteorología, siendo la precipitación acumulada en el ámbito territorial de la confederación inferior a la recogida en los últimos 23 años. La precipitación acumulada en este año ha sido de unos 281 mm mientras que el valor medio anual en esos años es de unos 439 mm. Consecuencia de ello, en diciembre de 2014 se encuentran en el escenario de emergencia los sistemas Marina Alta, Vinalopó-Alacantí y Serpis, de los cuales los dos primeros no disponen de embalses de regulación y utilizan principalmente recursos subterráneos y el tercero combina aguas superficiales con recursos subterráneos. El sistema Palancia-Los Valles y el sistema Marina Baja se encuentran en el escenario de alerta y el resto de sistemas, exceptuando el del Júcar que está en normalidad, se encuentran en el escenario de prealerta. La situación de los escenarios en los sistemas de explotación sería todavía peor, de no ser por el buen estado de almacenamiento en el que se encontraban algunos de los embalses a principios de octubre del año 2013. La declaración de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar se realiza en este real decreto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y teniendo en consideración el estado de los sistemas de explotación de la demarcación según el Sistema Global de Indicadores Hidrológicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que integra los indicadores de estado definidos en los Planes Especiales de Actuación en situación de alerta y eventual sequía en las cuencas intercomunitarias, aprobados según Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 10/2001 antes mencionada. Los planes especiales de sequía han significado un cambio sustancial en la planificación y gestión de estos fenómenos naturales, y han servido de referencia metodológica para la declaración formal de las situaciones de sequía en España. El plan especial de sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha sido y es, por lo tanto, eficaz en la detección de situaciones de escasez y ha permitido activar con suficiente antelación, la puesta en marcha programada de actuaciones de gestión encaminadas a la prevención y la mitigación de sus impactos para minimizar el deterioro del dominio público hidráulico. Las situación de sequía hidrológica existente en la Confederación Hidrográfica del Júcar obliga, por un lado, a adoptar medidas temporales que permitan un incremento del agua disponible hasta que los niveles de las reservas mejoren y, por otro, a adoptar las medidas administrativas necesarias que permitan corregir en lo posible esa situación mediante la limitación y restricción de los aprovechamientos de forma equitativa y solidaria entre todos los sectores afectados. Asimismo, será necesario buscar un equilibrio entre los aprovechamientos y la protección de las masas de agua y aplicar para ello las medidas correctoras que sean necesarias. Con ese fin, y sin perjuicio del ejercicio de las facultades previstas en el artículo 55 de la Ley de Aguas, el artículo 58 del vigente texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, faculta al Gobierno para adoptar, mediante real decreto y en circunstancias de sequías extraordinarias, como las que se dan actualmente en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión, para la superación de circunstancias de necesidad, urgencia, anómalas o excepcionales. De acuerdo con ello, este real decreto persigue dotar a la Administración hidráulica de los instrumentos normativos que le permitan proceder a la ordenación y protección de los recursos hídricos en la forma más conveniente para el interés general. Para ello, se otorga a los órganos rectores de la Confederación Hidrográfica del Júcar un elenco de facultades extraordinarias, entre las que destacan, de una parte, la autorización a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica para modificar las condiciones de utilización del dominio público hidráulico cualquiera que sea el título legal que haya dado lugar a esa utilización y para establecer las reducciones de suministro de agua que sean precisas para la justa y racional distribución de los recursos disponibles, limitando los derechos concesionales a esas dotaciones, así como la adaptación de los caudales ecológicos fijados en la normativa del plan hidrológico de cuenca cuando su aplicación ponga en riesgo la garantía del abastecimiento a las poblaciones, y de otra, la habilitación a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica para que acuerde la realización o para que imponga la ejecución de aquellas actuaciones que sean necesarias para una mejor gestión de los recursos hídricos, así como para ejecutar obras de captación, transporte o adecuación de infraestructuras. Los procedimientos vinculados a la ejecución del real decreto se declaran de urgencia, al amparo de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al mismo tiempo, se simplifican los trámites para la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, elemento central para garantizar la eficacia de esta regulación excepcional, asegurando en todo caso la necesaria participación y audiencia de los interesados. Se refuerza el régimen sancionador en lo que atañe a las infracciones cometidas en relación con las medidas excepcionales incluidas en el real decreto, para dotar a los órganos competentes de facultades acordes con la gravedad de la situación, en beneficio del interés público. Por otra parte, y teniendo en consideración las bajas reservas hídricas existentes en la mayoría de los sistemas de explotación del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para que todas estas medidas puedan ser realmente eficaces, el período de aplicación de este real decreto se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015. La realización de obras y otras actuaciones técnicas que fuesen precisas como consecuencia de la declaración de Sequía que se establece en el presente real decreto, deberán ser financiadas de acuerdo con la normativa vigente. En la elaboración de este real decreto ha sido oída la Confederación Hidrográfica del Júcar. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de mayo de 2015, DISPONGO: Artículo 1. Objeto y ámbito territorial. Este real decreto tiene por objeto declarar la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y establecer las medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos que permitan paliar los efectos de la sequía. Artículo 2. Atribuciones de la Junta de Gobierno y de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 1. La Junta de Gobierno constituirá una Comisión Permanente, presidida por el Presidente de la Confederación Hidrográfica, y de la que formarán parte el Comisario de Aguas, el Director Técnico, el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, un representante de cada uno de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, un representante de cada comunidad autónoma afectada cuyo territorio esté situado en el ámbito de la Confederación Hidrográfica y un representante por cada uno de los siguientes grupos de usuarios: abastecimiento y aprovechamientos energéticos, y dos representantes del grupo de regadío, de los cuales al menos uno será de los sistemas de explotación que se encuentren en peor estado según el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequia. Los representantes serán designados entre los que integran cada grupo dentro de la Junta de Gobierno, a propuesta de la mayoría de los integrantes de cada uno de los grupos. El Presidente de la Confederación Hidrográfica nombrará al Secretario de la Comisión entre sus miembros. Asimismo, participarán en la Comisión Permanente, con voz pero sin voto, un representante de las asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, dos de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y uno de las entidades locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la demarcación hidrográfica, designados por el Presidente de la Confederación Hidrográfica, a propuesta de los respectivos grupos. 2. Corresponde a la Comisión Permanente: a) Modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico cualquiera que sea el título habilitante que haya dado derecho a esa utilización, y en particular: 1.º Reducir las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas para racionalizar la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos. 2.º Modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua, respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en el artículo 60.3.1.º de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 3.º Modificar temporalmente las asignaciones y reservas previstas en la normativa el plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado Real Decreto 595/2014, de 11 de julio. 4.º Imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado, para racionalizar el aprovechamiento del recurso y dar cumplimiento al régimen de caudales ecológicos establecido en el plan hidrológico. 5.º Modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, para proteger la salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico y el de los sistemas terrestres asociados. 6.º Adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades, con el fin de compatibilizarlos con otros usos. b) También podrá admitirse una situación de deterioro temporal del estado de una o varias de las masas de agua bajo las condiciones y requerimientos que establece el artículo 8 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 3. La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar queda facultada para: a) Adoptar cuantas medidas sean precisas para el eficaz cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente. b) Acordar la realización o imponer la ejecución de aquellas obras de control o de medida de caudales y de evolución de las masas de agua subterránea que sean necesarias para una mejor gestión de los recursos, así como para ejecutar obras de captación, transporte o adecuación de infraestructuras. Artículo 3. Tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales. 1. La tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales previstas en este real decreto tendrá carácter de urgencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. En su virtud, todos los plazos previstos en dichos procedimientos quedarán reducidos a la mitad, salvo los relativos a la presentación de recursos. 2. La tramitación de los procedimientos de modificación en las condiciones de utilización del dominio público hidráulico se efectuará de la siguiente manera: a) El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente, lo que se notificará a los interesados. b) El informe y la elaboración de la propuesta de modificación se realizará por parte de la Comisaría de Aguas. c) La audiencia a los interesados se reducirá al plazo de cinco días. d) La aprobación de la propuesta corresponderá a la Comisión Permanente, debiendo ser motivada la resolución. e) La Presidencia de la Confederación Hidrográfica adoptará las medidas precisas para hacer efectiva la resolución de modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. 3. La resolución adoptada determinará la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico mientras no sea expresamente revocada o se mantenga vigente este real decreto. Artículo 4. Modificación de las normas de prelación en los contratos de cesión de derechos de usos de agua. El titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, podrá autorizar, con carácter temporal y excepcional, cesiones de derechos de uso de agua que no respeten el orden de preferencia definido en el plan hidrológico o en el artículo 60.3 de la norma citada, respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en el párrafo 1.º del artículo 60.3 citado. Artículo 5. Puesta en servicio y ejecución de sondeos. La Presidencia de la Confederación Hidrográfica queda facultada para autorizar la puesta en marcha, por cuenta propia o ajena, de cualquier sondeo, cuente éste con instalación elevadora o no, que permita la aportación provisional de nuevos recursos. Esta facultad incluye la puesta en servicio de sondeos existentes o la ejecución de otros nuevos en la medida en que sean imprescindibles para obtener los caudales suficientes con los que satisfacer las demandas más urgentes y para aportar recursos para el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos en los ríos y zonas húmedas, fijado en la normativa del plan hidrológico. Tales sondeos dejarán de utilizarse de forma ordinaria cuando desaparezcan las condiciones de escasez y, en ningún caso, generarán nuevos derechos concesionales. En el caso de que la realización de dichos sondeos llevara aparejado algún coste, éste sería financiado con cargo a los créditos ordinarios de la propia Confederación Hidrográfica. Artículo 6. Régimen sancionador. 1. El incumplimiento por los usuarios de las medidas de reducción de las dotaciones en el suministro de agua que se adopten en aplicación del artículo 2.2.a) de este real decreto se entenderá que constituye una infracción administrativa incluida en el tipo definido en el artículo 116.3.c) del texto refundido de la Ley de Aguas, y la sanción que corresponda se impondrá en su grado máximo, en atención a su especial repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico. 2. La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas, sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, constituye una infracción administrativa del artículo 116.3.b) del texto refundido de la Ley de Aguas, y la sanción que corresponda, durante el periodo de aplicación de este real decreto, se impondrá en su grado máximo, en atención a su especial repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico. 3. La Confederación Hidrográfica del Júcar podrá ejecutar directamente las medidas de reparación y reposición adoptadas en las correspondientes resoluciones de los expedientes sancionadores. El importe de dichas medidas correrá a cargo de los infractores y podrá exigirse por la vía administrativa de apremio. Artículo 7. Relaciones con las Delegaciones del Gobierno. La Presidencia de la Confederación Hidrográfica comunicará a los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas por este real decreto las actuaciones que deban realizarse con el fin de conseguir el cumplimiento de las medidas contenidas en él. Disposición adicional primera. Gasto público. 1. La creación y funcionamiento de la Comisión Permanente de Sequia, serán atendidos con los recursos asignados a los órganos administrativos y organismos públicos en ella representados, por lo tanto no supondrán incremento alguno del gasto público. 2. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Disposición adicional segunda. Subordinación de las medidas que puedan adoptarse al Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Lo dispuesto en los artículos 2.2 a 5 del presente real decreto se entenderá sin perjuicio de que ninguna de las medidas a adoptar en su aplicación podrá apartarse de la regulación general de las situaciones de sequía prolongada previstas en los artículos 8.1 y 19.2, en relación con los artículos 10.1, 12 y apéndice 6.1, del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar aprobado por Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, ni podrá alterar la preferencia en las actuaciones que se prevén en el mismo cuando se actúe en alguno de los Sistemas para los que el citado Plan prevé acciones o medidas a acometer o llevar a cabo en casos de sequía prolongada, salvo que se motive adecuadamente su insuficiencia o la imposibilidad de acometerlas con carácter urgente. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.22.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. Disposición final segunda. Habilitación normativa. Se faculta al titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. Disposición final tercera. Vigencia temporal. Este real decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 8 de mayo de 2015. FELIPE R. La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ISABEL GARCÍA TEJERINA

Se declara sequía oficial en a cuenca del Segura y del Júcar Hasta el 31/12

La situación actual en que se encuentran las reservas de agua en la Confederación Hidrográfica del Júcar, como consecuencia de la falta de precipitaciones, determina que no puedan cubrirse de modo adecuado las demandas con las reservas existentes en los sistemas de explotación de la demarcación. El año hidrológico 2013/2014 ha sido extremadamente seco desde el punto de vista de la meteorología, siendo la precipitación acumulada en el ámbito territorial de la confederación inferior a la recogida en los últimos 23 años. La precipitación acumulada en este año ha sido de unos 281 mm mientras que el valor medio anual en esos años es de unos 439 mm. Consecuencia de ello, en diciembre de 2014 se encuentran en el escenario de emergencia los sistemas Marina Alta, Vinalopó-Alacantí y Serpis, de los cuales los dos primeros no disponen de embalses de regulación y utilizan principalmente recursos subterráneos y el tercero combina aguas superficiales con recursos subterráneos. El sistema Palancia-Los Valles y el sistema Marina Baja se encuentran en el escenario de alerta y el resto de sistemas, exceptuando el del Júcar que está en normalidad, se encuentran en el escenario de prealerta. La situación de los escenarios en los sistemas de explotación sería todavía peor, de no ser por el buen estado de almacenamiento en el que se encontraban algunos de los embalses a principios de octubre del año 2013. La declaración de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar se realiza en este real decreto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y teniendo en consideración el estado de los sistemas de explotación de la demarcación según el Sistema Global de Indicadores Hidrológicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que integra los indicadores de estado definidos en los Planes Especiales de Actuación en situación de alerta y eventual sequía en las cuencas intercomunitarias, aprobados según Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 10/2001 antes mencionada. Los planes especiales de sequía han significado un cambio sustancial en la planificación y gestión de estos fenómenos naturales, y han servido de referencia metodológica para la declaración formal de las situaciones de sequía en España. El plan especial de sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha sido y es, por lo tanto, eficaz en la detección de situaciones de escasez y ha permitido activar con suficiente antelación, la puesta en marcha programada de actuaciones de gestión encaminadas a la prevención y la mitigación de sus impactos para minimizar el deterioro del dominio público hidráulico. Las situación de sequía hidrológica existente en la Confederación Hidrográfica del Júcar obliga, por un lado, a adoptar medidas temporales que permitan un incremento del agua disponible hasta que los niveles de las reservas mejoren y, por otro, a adoptar las medidas administrativas necesarias que permitan corregir en lo posible esa situación mediante la limitación y restricción de los aprovechamientos de forma equitativa y solidaria entre todos los sectores afectados. Asimismo, será necesario buscar un equilibrio entre los aprovechamientos y la protección de las masas de agua y aplicar para ello las medidas correctoras que sean necesarias. Con ese fin, y sin perjuicio del ejercicio de las facultades previstas en el artículo 55 de la Ley de Aguas, el artículo 58 del vigente texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, faculta al Gobierno para adoptar, mediante real decreto y en circunstancias de sequías extraordinarias, como las que se dan actualmente en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión, para la superación de circunstancias de necesidad, urgencia, anómalas o excepcionales. De acuerdo con ello, este real decreto persigue dotar a la Administración hidráulica de los instrumentos normativos que le permitan proceder a la ordenación y protección de los recursos hídricos en la forma más conveniente para el interés general. Para ello, se otorga a los órganos rectores de la Confederación Hidrográfica del Júcar un elenco de facultades extraordinarias, entre las que destacan, de una parte, la autorización a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica para modificar las condiciones de utilización del dominio público hidráulico cualquiera que sea el título legal que haya dado lugar a esa utilización y para establecer las reducciones de suministro de agua que sean precisas para la justa y racional distribución de los recursos disponibles, limitando los derechos concesionales a esas dotaciones, así como la adaptación de los caudales ecológicos fijados en la normativa del plan hidrológico de cuenca cuando su aplicación ponga en riesgo la garantía del abastecimiento a las poblaciones, y de otra, la habilitación a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica para que acuerde la realización o para que imponga la ejecución de aquellas actuaciones que sean necesarias para una mejor gestión de los recursos hídricos, así como para ejecutar obras de captación, transporte o adecuación de infraestructuras. Los procedimientos vinculados a la ejecución del real decreto se declaran de urgencia, al amparo de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al mismo tiempo, se simplifican los trámites para la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, elemento central para garantizar la eficacia de esta regulación excepcional, asegurando en todo caso la necesaria participación y audiencia de los interesados. Se refuerza el régimen san ### RESUMEN: Se declara sequía oficial en a cuenca del Segura y del Júcar Hasta el 31/12

El artículo 40.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece que la planificación hidrológica tendrá como objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del Dominio Público Hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. En este sentido, el citado artículo, en su apartado 3, establece que la planificación hidrológica se realiza mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional, este último aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. El marco normativo de la planificación hidrológica está configurado por la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas; el texto refundido de la Ley de Aguas; la Ley 10/2001, de 5 de julio; el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; el Reglamento de la Planificación Hidrológica aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio; la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica; el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas; el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas; el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro; el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y además se tendrá en cuenta sobre la gestión de las inundaciones, el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones y Acuerdo del Consejo de Ministros, de 9 de diciembre de 1994, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, donde se establece el contenido y las funciones básicas de los planes de las comunidades autónomas ante el riesgo de inundaciones. El marco normativo anterior se completa con el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, y el Real Decreto 1366/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Este marco normativo se encuadra en el ámbito de los tratados internacionales suscritos por España, en especial el Convenio de las Naciones Unidas sobre la protección y uso de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de 1992 y el Acuerdo administrativo entre España y Francia sobre gestión del agua, firmado en Toulouse el 15 de febrero de 2006. El artículo 40.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, establece que el ámbito territorial de cada plan hidrológico será coincidente con el de la demarcación hidrográfica correspondiente. En este sentido, el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, en su artículo 3.6 ha delimitado la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, luego el ámbito territorial del presente Plan comprende, «el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Ebro y sus aguas de transición, de la cuenca hidrográfica del río Garona y de las demás cuencas hidrográficas que vierten al océano Atlántico a través de la frontera con Francia, excepto las de los ríos Nive y Nivelle; además la cuenca endorreica de la laguna de Gallocanta. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 122,5.º que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar y como línea norte la línea con orientación 90.º que pasa por el cabo de Roig». Consecuentemente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, al ser el Organismo de cuenca de la parte española de esta Demarcación Hidrográfica, ha elaborado este Plan Hidrológico lo que supone la derogación del anterior Plan Hidrológico de cuenca del Ebro aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los planes hidrológicos de cuenca, derogación que se extiende también a las determinaciones de contenido normativo de este Plan que fue objeto de publicación por la Orden de 13 de agosto de 1999. La competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro para ello se basa, de manera general, en lo establecido en el artículo 23.1.a) del texto refundido de la Ley de Aguas y se ha expresado a través de su Junta de Gobierno y del Consejo del Agua de la Demarcación de la forma que se relaciona a continuación. El procedimiento seguido por la Confederación Hidrográfica del Ebro, para la elaboración del presente Plan Hidrológico se ha desarrollado en tres etapas: una primera, en la que de acuerdo con el artículo 78.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica se elaboró un programa de trabajo que incluyó un calendario sobre las fases previstas, un estudio general de la Demarcación y las fórmulas de consulta; una segunda en la que fue elaborado un Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de aguas de la Demarcación Hidrográfica; y otra tercera en la que se procedió a la redacción del Plan Hidrológico propiamente dicho. En la segunda etapa del proceso de planificación hidrológica, y tras la preceptiva consulta pública durante un período de seis meses, el Organismo de cuenca elaboró un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas Importantes, incorporándose a dicho documento aquellas que consideró adecuadas conformando así el citado Esquema. Posteriormente, en virtud de la disposición transitoria única incorporada al Reglamento de la Planificación Hidrológica, por el Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, y al no estar todavía constituido el Consejo del Agua de la Demarcación, el Esquema de Temas Importantes se sometió a informe preceptivo del Consejo del Agua de la cuenca y a la conformidad del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. El Consejo del Agua de la cuenca con fecha 25 de octubre de 2010 emitió informe favorable al mencionado documento. Por su parte, el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación dio su conformidad ese mismo día. En la tercera etapa del proceso de planificación, el Organismo de cuenca redactó la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. La elaboración del Plan se guió por criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos hídricos, prevención del deterioro del estado de las aguas, protección y mejora del medio y de los ecosistemas acuáticos, reducción de la contaminación y prevención de los efectos de las inundaciones y sequías. En paralelo a la propia elaboración del Plan Hidrológico, de forma interactiva a lo largo de todo su proceso de desarrollo y toma de decisiones, se ha efectuado el proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.6 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Así, este Plan Hidrológico ha sido sometido al citado procedimiento, tal y como establecía la entonces vigente Ley 9/2006, de 28 de abril, actualmente derogada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, con el fin de integrar los aspectos ambientales en dicha planificación. En consecuencia, el 30 de septiembre de 2008, la Confederación Hidrográfica del Ebro, responsable de la elaboración del Plan Hidrológico y, por tanto, órgano promotor en el proceso de evaluación ambiental estratégica, emitió el documento inicial que dio comienzo al proceso por el que se comunicaba al órgano ambiental correspondiente, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el inicio del proceso de elaboración del Plan Hidrológico, según determina el artículo 18 de la Ley 9/2006, de 28 de abril. Tras el preceptivo trámite de consulta a las administraciones públicas afectadas y al público interesado, el órgano ambiental emitió, con fecha 30 de abril de 2009, el Documento de Referencia, tal y como prevén los artículos 9 y 19 de la citada ley. El Documento de Referencia define los criterios ambientales estratégicos, los principios de sostenibilidad aplicables y el contenido de la información que debe tenerse en cuenta en la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico. En el Informe de Sostenibilidad Ambiental se identifican, describen y evalúan los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que derivan del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tienen en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del mismo. Siguiendo con el proceso de elaboración del Plan, con carácter previo a la preceptiva consulta pública de la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico y con objeto de fomentar y hacer efectiva la participación activa de las partes interesadas en el proceso de planificación, el Organismo de cuenca organizó un extenso proceso participativo por subcuencas con los agentes económicos, sociales y ambientales de cada territorio, así como con las administraciones locales, las autonómicas y las administraciones francesa y andorrana. En total más de 120 reuniones con la participación de 1.205 organizaciones y entidades distintas. Además se llevaron a cabo reuniones y foros de carácter sectorial con los agentes más representativos de la cuenca de todos los intereses, incentivando y apoyando su participación. Por otro lado, se elaboraron documentos de participación por subcuencas, de amplia distribución, como dos ediciones con un total de 3.500 ejemplares de un documento resumen del Plan; en ambos casos, redactados en un lenguaje accesible al público en general. Por su parte, el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro y luego, en virtud del Real Decreto 1366/2011, de 7 de octubre, el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, como máximo órgano de participación, celebró 7 reuniones, en pleno y en comisión, para tratar diferentes aspectos del proceso de planificación hidrológica, la última de ellas poco antes del inicio del proceso de consulta pública. La propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico y el Informe de Sostenibilidad Ambiental se sometieron entonces a consulta pública durante un periodo de 6 meses, desde el 12 de mayo de 2012 hasta el 12 de noviembre de 2012. Ultimado el período de consulta pública, la Confederación Hidrográfica del Ebro realizó un informe sobre las propuestas y sugerencias recibidas, incorporando aquéllas que consideró adecuadas y, posteriormente el 4 de julio de 2013 lo sometió a informe preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación. En la redacción final de la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico, se tuvo en cuenta la Memoria Ambiental, emitida en mayo de 2013 y aprobada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente el 3 de julio de 2013, de conformidad con el artículo 80.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Con la conformidad del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación, en su reunión del 5 de julio de 2013 la redacción final del Proyecto de Plan Hidrológico y el Informe de Sostenibilidad fueron remitidos el 9 de julio de 2013 al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dicho Departamento sometió el proyecto a consulta del Consejo Nacional del Agua, que emitió su informe preceptivo con fecha 29 de julio de 2013; dicho informe estuvo acompañado de varios votos particulares que han sido tenidos en consideración para la mejora de la propuesta como paso previo a su aprobación mediante real decreto por el Gobierno. El contenido del presente Plan se acomoda a lo previsto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Aguas y siguiendo las previsiones del artículo 81 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, la documentación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro se estructura en, por un lado, la Memoria, acompañada de quince anejos, y por otro lado, la Normativa con trece anexos, que comprende las determinaciones de contenido normativo del Plan y que forma parte inseparable del presente real decreto al que se integran. Sin que por ello se reste carácter vinculante al contenido del Plan previsto en la Memoria y sus anejos, en particular al Programa de Medidas del anejo X, pues de conformidad con el artículo 40.4 del texto refundido de la Ley de Aguas los planes hidrológicos son públicos y vinculantes. Efectivamente, el Programa de Medidas, es un instrumento vinculante y de cumplimiento obligatorio, del que se han extraído sus principales mandatos de carácter normativo para trasladarlos a la Normativa que figura a continuación del real decreto, por lo que los principios básicos de dicho programa, están estructuralmente incluidos en la citada «Normativa», pero no por ello deja de tener el resto del Programa de Medidas carácter de obligatorio cumplimiento. La publicidad del Plan Hidrológico, teniendo en cuenta la extensión de cada una de las partes en las que se estructura, se materializa, tal y como figura en la disposición adicional cuarta de este real decreto, a través de: la publicación formal del contenido normativo del Plan y sus anexos, junto con el real decreto de aprobación, en el «Boletín Oficial de Estado»; y la publicación de la Memoria y sus anejos en la página Web de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El real decreto consta de dos artículos, ocho disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, y dos disposiciones finales, y la Normativa del Plan. La Normativa que se aprueba consta de cien artículos estructurados en un capítulo preliminar de disposiciones generales y diez capítulos: el ámbito territorial y la definición de masas de agua, los objetivos medioambientales, los regímenes de caudales ecológicos, la prioridad y compatibilidad de usos, la asignación y reserva de recursos, la utilización del Dominio Público Hidráulico, la protección del Dominio Público Hidráulico y la calidad de las aguas, el régimen económico financiero, el seguimiento y revisión del Plan Hidrológico y el Programa de Medidas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de febrero de 2014, DISPONGO: Artículo 1. Aprobación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.5 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 2. La estructura del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro de conformidad con el artículo 81 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, es la siguiente: a) Una Memoria y quince Anejos con los siguientes títulos: Designación de masas de agua artificiales y muy modificadas (anejo I); Inventario de recursos hídricos (anejo II); Usos y demandas de agua (anejo III); Zonas protegidas (anejo IV); Estudios previos para la aproximación técnica a los caudales ecológicos en la cuenca del Ebro (anejo V); Sistemas de explotación y balances (anejo VI); Inventario de presiones (anejo VII); Objetivos medioambientales y exenciones (anejo VIII); Recuperación de costes de los servicios del agua (anejo IX); Programa de Medidas 2010-15 (anejo X); Programa de Medidas potenciales (anejo XI), Participación pública (anejo XII); Caracterización adicional de las masas de agua subterráneas (anejo XIII), Código de buenas prácticas (anejo XIV) y Atlas cartográfico (anejo XV) y cinco apéndices. b) Una Normativa del Plan que se inserta a este real decreto acompañada de trece anexos, con los siguientes títulos: Composición del Comité de Autoridades Competentes (anexo 1), Masas de agua superficial (anexo 2), Masas de agua subterránea (anexo 3), Condiciones de referencia, límites de cambio de clase y valores umbral (anexo 4), Masas de agua artificiales y muy modificadas (anexo 5), Objetivos medioambientales (anexo 6), Régimen de caudales ecológicos (anexo 7), Dotaciones y necesidades hídricas (anexo 8), Reservas naturales fluviales (anexo 9), Criterios técnicos para la determinación de las condiciones de las concesiones (anexo 10), Programa de Medidas (anexo 11), Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda (anexo 12), Criterios a tener en cuenta para el diseño de dispositivos de franqueo para peces en azudes (anexo 13). 3. El ámbito territorial del Plan Hidrológico de la Demarcación, es el definido en el artículo 3.6 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Artículo 2. Condiciones para la realización de las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración General del Estado. Las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración General del Estado y previstas en el Plan, serán sometidas, previamente a su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental por la Administración General del Estado. En cualquier caso, su construcción se supeditará a la normativa vigente sobre evaluación de impacto ambiental, a las disponibilidades presupuestarias y a los correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa específica así lo prevea. Disposición adicional primera. Masas de agua transfronterizas. Todas las referencias a las masas de agua que realiza este Plan Hidrológico quedan limitadas desde un punto de vista normativo a la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Disposición adicional segunda. Adaptación y consolidación de métricas y umbrales para la valoración del estado de las masas de agua. Mediante Orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a propuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y previo informe favorable del Consejo del Agua de la Demarcación, se podrán incorporar, adaptar y consolidar las métricas, condiciones de referencia y umbrales necesarios para evaluar el estado de las masas de agua de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, hasta lograr una adecuada valoración a los efectos de poder presentar una imagen integrada y coherente del estado de las masas de agua, conforme a las nuevas disposiciones o a los nuevos avances científicos y técnicos, nacionales y comunitarios, que se produzcan en la identificación y utilización de dichos parámetros. Se considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una determinación más precisa de su estado. Para verificar la evolución del estado de las masas de agua, en las sucesivas revisiones del Plan Hidrológico se detallará junto con la valoración más actualizada, la recogida inicialmente en este Plan. Disposición adicional tercera. Programa de Medidas. Dentro del Programa de Medidas recogido en la Normativa y desarrollado en extenso en el Anejo X de la Memoria, que forma parte de este Plan Hidrológico, se priorizarán, en función de las disponibilidades presupuestarias, aquellas actuaciones que repercutan sobre las masas de agua que tengan un estado o potencial peor que «bueno», para conseguir los objetivos medioambientales propuestos y alcanzar el buen estado o potencial en los plazos previstos. Asimismo, dentro de estas actuaciones, se fomentarán las medidas que sean más sostenibles tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. Todo ello sin perjuicio del obligado cumplimiento de las partes del Programa de Medidas que se han incorporado a la Normativa referida en el artículo 1.2.b) y de las que de su propio tenor se derive su carácter obligatorio. Disposición adicional cuarta. Publicidad. Dado el carácter público de los planes hidrológicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 40.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, cualquier persona podrá consultar el contenido íntegro del Plan en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Igualmente esta información estará disponible en la sección de planificación de su página Web (www.chebro.es). Asimismo se podrán obtener copias o certificados de los extremos del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y acceder a su contenido en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Disposición adicional quinta. Integración de la protección del medio hídrico en el resto de políticas sectoriales. Con objeto de alcanzar un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio acuático, las exigencias de la protección del medio hídrico deberán integrarse en la definición y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sectoriales a desarrollar en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, en particular con el fin de promover un uso racional, equilibrado y sostenible del agua. Disposición adicional sexta. Régimen económico. De la aplicación del presente real decreto no podrá derivarse ningún incremento de gasto de personal. Las nuevas necesidades de recursos humanos que en su caso, pudieran surgir como consecuencia de las obligaciones normativas contempladas en este real decreto, deberán ser atendidas mediante la reordenación o redistribución de efectivos. Disposición adicional séptima. Declaración de utilidad pública e interés social. De conformidad con el artículo 44.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, y el artículo 91 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, se declaran de utilidad pública a los efectos de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, los proyectos, obras y terrenos necesarios para la ejecución de todas las infraestructuras relacionadas en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico para la consecución de los objetivos medioambientales de las masas de agua superficial y subterránea del Plan. Disposición adicional octava. Actualización y revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. De conformidad con el apartado 6 de la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de Aguas, este Plan será revisado antes del 31 de diciembre de 2015. Disposición derogatoria única. Derogación del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Quedan derogados el artículo 1.1 h) «Plan Hidrológico del Ebro» del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, de 24 de julio, por el que se aprueban los planes hidrológicos de cuenca y la Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de cuenca del Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 28 de febrero de 2014. JUAN CARLOS R. El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MIGUEL ARIAS CAÑETE [encabezado]CONTENIDO NORMATIVO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO Y ANEXOS ÍNDICE Capítulo preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Autoridades competentes. Capítulo 1. Ámbito territorial y definición de masas de agua. Artículo 3. Ámbito territorial. Artículo 4. Identificación y delimitación de masas de agua superficial. Artículo 5. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea. Artículo 6. Condiciones de referencia, límites de cambio de clase y valores umbral. Artículo 7. Designación de las masas de agua artificiales y muy modificadas. Artículo 8. Masas de agua subterránea compartidas. Artículo 9. Masas de agua transfronterizas. Artículo 10. Definición y ámbito de los sistemas de explotación. Capítulo 2. Objetivos medioambientales. Artículo 11. Objetivos medioambientales. Artículo 12. Objetivos particulares para el bajo Ebro y el delta. Artículo 13. Objetivos medioambientales menos rigurosos. Artículo 14. Deterioro temporal del estado de las masas de agua. Artículo 15. Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones. Capítulo 3. Caudales ecológicos. Artículo 16. Caudales ecológicos en condiciones ordinarias. Artículo 17. Caudales ecológicos en condiciones de sequía prolongada. Artículo 18. Régimen de caudales ecológicos en puntos singulares Artículo 19. Control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos. Artículo 20. Implantación y cumplimiento del régimen de caudales ecológicos. Artículo 21. Continuidad del régimen de caudales ecológicos. Artículo 22. Caudales preventivos. Capítulo 4. Usos y demandas. Prioridad y compatibilidad de usos. Artículo 23. Clasificación de los usos del agua. Artículo 24. Orden de preferencia y compatibilidad de usos. Artículo 25. Dotaciones para abastecimiento de población. Artículo 26. Cálculo de población. Artículo 27. Demanda agraria y dotaciones y necesidades máximas hídricas de riego. Artículo 28. Dotaciones ganaderas. Artículo 29. Fomento de la eficiencia energética en las zonas regables. Artículo 30. Dotaciones para la industria. Artículo 31. Participación en las Juntas de Explotación. Capítulo 5. Asignación y reserva de recursos. Artículo 32. Consideraciones generales sobre la asignación y reserva de recursos. Artículo 33. Volúmenes de reserva para laminación de embalses. Artículo 34. Definiciones y conceptos sobre la asignación de recursos. Artículo 35. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 1: Cabecera y Eje del Ebro. Artículo 36. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 2. Cuencas del Tirón-Najerilla. Artículo 37. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 3. Cuenca del Iregua. Artículo 38. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 4: Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha. Artículo 39. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 5. Cuenca del Jalón. Artículo 40. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 6. Cuenca del Huerva. Artículo 41. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 7. Cuenca del Aguas Vivas. Artículo 42. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 8. Cuenca del Martín. Artículo 43. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 9. Cuenca del Guadalope. Artículo 44. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 10. Cuenca del Matarraña. Artículo 45. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 11. Bajo Ebro. Artículo 46. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 12. Cuenca del Segre. Artículo 47. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 13. Cuencas del Ésera y Noguera Ribagorzana. Artículo 48. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 14. Cuencas del Gállego y Cinca. Artículo 49. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 15. Cuencas del Aragón y Arba. Artículo 50. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 16. Cuencas del Irati, Arga y Ega. Artículo 51. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 17. Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares. Capítulo 6. Utilización del dominio público hidráulico. Artículo 52. Criterios de regulación interna para concesiones. Artículo 53. Concesiones para riego. Artículo 54. Asignación del plazo concesional. Artículo 55. Utilización de aguas subterráneas. Artículo 56. Concesiones hidroeléctricas. Artículo 57. Modificación y revisión de concesiones. Artículo 58. Inscripción de derechos en los sistemas de riego del Estado. Artículo 59. Gestión de retornos de riego. Artículo 60. Comunidades de usuarios. Capítulo 7. Protección del dominio público hidráulico. Sección primera. Protección del dominio público hidráulico. Artículo 61. Reservas naturales fluviales. Artículo 62. Zonas húmedas. Artículo 63. Zonas húmedas en cola de embalse. Artículo 64. Protección del Delta del Ebro y la costa. Artículo 65. Plantaciones de arbolado en márgenes. Artículo 66. Plantaciones de arbolado en ribera. Artículo 67. Continuidad fluvial y dispositivos de franqueo para peces en azudes. Artículo 68. Limpieza y mantenimiento de balsas. Articulo 69. Delimitación técnica. Artículo 70. Deslinde del patrimonio del Estado en zonas regables. Artículo 71. Recarga y protección de acuíferos. Artículo 72. Criterios técnicos para determinar las condiciones de las concesiones de agua subterránea. Artículo 73. Criterios técnicos de carácter específico para determinar las condiciones de las concesiones de agua subterránea. Artículo 74. Autorizaciones para la investigación de las masas de agua subterránea. Sección segunda. Vertidos y reutilización. Artículo 75. Criterios a tener en cuenta en las actuaciones de depuración y autorización de vertidos. Artículo 76. Tramitación previa de autorizaciones de vertido y control de efluentes urbanos. Artículo 77. Caudal circulante a efectos de autorizaciones de vertido. Artículo 78. Aplicación de medidas adicionales. Artículo 79. Vertidos en azarbes y colectores de riego. Artículo 80. Vertidos directos de contaminantes en aguas subterráneas. Artículo 81. Reutilización de aguas residuales Sección tercera. Gestión de inundaciones y sequías. Artículo 82. Coordinación con el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación. Artículo 83. Actuaciones en Dominio Público Hidráulico. Artículo 84. Protección contra las inundaciones. Artículo 85. Daños producidos por las avenidas. Artículo 86. Actuaciones menores de conservación del Dominio Público Hidráulico. Artículo 87. Comunicación y sistema de información. Artículo 88. Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía Capítulo 8. Régimen económico y financiero. Artículo 89. Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda. Artículo 90. Recuperación del coste de los servicios del agua. Artículo 91. Estaciones depuradoras de aguas residuales que sirven a más de una entidad local. Artículo 92. Financiación del Programa de Medidas del Plan Hidrológico. Capítulo 9. Seguimiento y revisión del plan hidrológico. Artículo 93. Seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca y su Programa de Medidas. Artículo 94. Sistema de información del Plan Hidrológico. Capítulo 10. Programa de medidas. Sección primera. Programa de medidas. Artículo 95. Programa de Medidas. Artículo 96. Restitución territorial. Sección segunda. Normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío. Artículo 97. Auxilios para la mejora y modernización de los regadíos existentes. Artículo 98. Requisitos de ejecución de los estudios de viabilidad de los nuevos regadíos. Artículo 99. Selección de transformaciones en regadíos. Artículo 100. Sistemas de información en las redes de riego y drenaje. Anexos. Anexo 1. Composición del Comité de Autoridades Competentes. Anexo 2. Masas de agua superficial. Anexo 3. Masas de agua subterránea. Anexo 4. Condiciones de referencia, límites de cambio de clase y valores umbral. Anexo 5. Masas de agua artificiales y muy modificadas. Anexo 6. Objetivos medioambientales. Anexo 7. Régimen de caudales ecológicos. Anexo 8. Dotaciones y necesidades hídricas. Anexo 9. Reservas naturales fluviales. Anexo 10. Criterios técnicos para determinar las condiciones de las concesiones. Anexo 11. Programa de Medidas. Anexo 12. Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda. Anexo 13. Criterios a tener en cuenta para el diseño de dispositivos de franqueo para peces en azudes. [fin indice]CAPÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. La presente normativa tiene por objeto incorporar a un único documento los contenidos normativos del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. Artículo 2. Autoridades competentes. 1. Las autoridades competentes en materia de gestión y protección de las aguas de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro integran el Comité de Autoridades Competentes de la demarcación, que está constituido por: a) Los órganos y entidades de la Administración General del Estado con competencias sobre el aprovechamiento, gestión, protección y control de las aguas en el ámbito territorial del presente Plan hidrológico. b) Los órganos y entidades de las comunidades autónomas cuyo territorio forme parte total o parcialmente del ámbito territorial del presente Plan hidrológico, con competencias sobre la gestión, protección y control de las aguas. c) Los entes locales, cuyo territorio coincida total o parcialmente con el ámbito territorial del presente Plan hidrológico, con competencias sobre la gestión, protección y control de las aguas. 2. La actual composición del Comité de Autoridades Competentes de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, designada de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regula la composición, funcionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, se recoge en el anexo 1. CAPÍTULO 1 Ámbito territorial y definición de masas de agua Artículo 3. Ámbito territorial. 1. El ámbito territorial de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro es el definido en el artículo 3.6 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. 2. De conformidad con el artículo 40.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, la denominación de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro es equivalente a la de Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Artículo 4. Identificación y delimitación de masas de agua superficial. Se definen 821 masas de agua superficial, de las cuales 700 son de la categoría río, de ellas 56 embalses, 110 masas de la categoría lago, 8 son masas de agua de transición y 3 masas de agua costera, todas ellas relacionadas en el anexo 2. Artículo 5. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea. Se definen 105 masas de agua subterránea, las cuales quedan definidas en el anexo 3. Artículo 6. Condiciones de referencia, límites de cambio de clase y valores umbral. 1. Las condiciones de referencia, los límites de cambio de clase y los valores umbral para los diferentes tipos y categorías de masas de agua superficial quedan definidas por las tablas que recoge el anexo 4, todo ello sin perjuicio de que puedan ser actualizadas o completadas con nuevas métricas adicionales en los términos previstos reglamentariamente y de la aplicación de otras normas de calidad establecidas, ya sean generales o para zonas protegidas, de conformidad con la disposición adicional segunda. Los parámetros a considerar en zonas protegidas para la definición de objetivos específicos, vendrán determinados por la normativa que rija cada zona protegida. 2. Los valores umbral adoptados en el Plan Hidrológico respecto a los contaminantes a utilizar para la valoración del estado químico de las masas de agua subterránea de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro, han sido calculados atendiendo a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, y se indican en el anexo 4.5. Artículo 7. Designación de las masas de agua artificiales y muy modificadas. Se designan 7 masas de agua artificiales, de las cuales 2 son asimilables a ríos y 5 a lagos. Igualmente se designan 109 masas muy modificadas, de las cuales 63 son asimilables a ríos, 44 a lagos y 2 a aguas de transición. Todas ellas están relacionadas en el anexo 5. Artículo 8. Masas de agua subterránea compartidas. De acuerdo con el artículo 9.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y conforme a los estudios hidrogeológicos efectuados, la delimitación de las masas de agua subterránea dentro de la cuenca del Ebro queda circunscrita por la delimitación del ámbito de la demarcación hidrográfica establecida en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero. No obstante, como señala el informe del Consejo Nacional del Agua, se reconoce la continuidad hidrogeológica entre las masas de agua subterránea de la cuenca del Ebro y las situadas en las unidades hidrogeológicas descritas en el Plan Hidrológico Nacional aprobado mediante la Ley 10/2001, de 5 de julio, de La Bureba, Araviana-Vozmediano y Almazán-Aranda de Moncayo en la cuenca del Duero, de Cella-Molina de Aragón en las cuencas del Tajo y Júcar, y del Bajo Ebro-Montsiá en las Cuencas Internas de Cataluña. Artículo 9. Masas de agua transfronterizas. 1. No se han definido masas de agua transfronterizas, sin embargo de conformidad con las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, se establecerá la adecuada cooperación con Francia y Andorra a fin de lograr los objetivos medioambientales definidos en la Demarcación Hidrográfica del Ebro tal y como se determina en los apartados siguientes. 2. La coordinación y cooperación con la República Francesa en materia de aplicación de la Directiva 2000/60/CE, estará a lo dispuesto en el Acuerdo administrativo entre España y Francia sobre gestión del agua, firmado en Toulouse el 15 de febrero de 2006. 3. Los aprovechamientos compartidos con Francia estarán a lo dispuesto en los tratados de límites y en particular en el Acta adicional a los tres tratados de límites entre España y Francia firmada en Bayona el 26 de mayo de 1866, y a su tratamiento en el marco de las comisiones mixtas existentes: a) Comisión mixta del control del aprovechamiento del Lago Lanós. b) Comisión mixta hispano-francesa del alto Garona. c) Comisión mixta hispano-francesa de aguas fronterizas. 4. La coordinación y cooperación con el Principado de Andorra estará a los acuerdos que en la materia se adopten. Artículo 10. Definición y ámbito de los sistemas de explotación. 1. Como criterio definitorio de los sistemas parciales en los que se divide funcionalmente el territorio de la demarcación se ha tenido en cuenta el ámbito espacial de las Juntas de Explotación, al tratarse del órgano de coordinación de la explotación de las obras y de los aprovechamientos de las aguas superficiales y subterráneas que están interrelacionados. Consecuentemente, el ámbito territorial de las Juntas de Explotación incorporan los elementos constitutivos previstos en el artículo 19.2 del Reglamento de la Planificación Hidrológica para la delimitación de los sistemas de explotación de los recursos. De conformidad con el apartado anterior se adoptan los siguientes sistemas de explotación de recursos, coincidentes con el ámbito de las Juntas de Explotación, tal y como cada una de ellas quedaron definidas en la resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 2 de octubre de 1989: a) Junta de Explotación número 1. Cabecera y eje del Ebro. El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del Ebro hasta Miranda de Ebro y toda la faja de regadíos a uno y otro lado del Ebro, desde Miranda hasta la cola del embalse de Mequinenza, cerca de Escatrón. Su extensión corresponde a las provincias de Cantabria, Álava, Burgos, La Rioja, Navarra y Zaragoza. Su delimitación es la siguiente; N: límite de la cuenca general del Ebro con las del Cantábrico. S: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Escatrón hasta Miranda de Ebro y límite de la cuenca del río Tirón por su margen izquierda. E: Límite de la cuenca del río Bayas por su margen derecha y límite de la huerta izquierda del Ebro desde Miranda de Ebro hasta Escatrón. O: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero. Se consideran vinculados a esta Junta, el río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Mequinenza cerca de Escatrón, así como todos los afluentes a dicho río desde su nacimiento hasta Miranda de Ebro. b) Junta de Explotación número 2. Cuencas afluentes al Ebro desde el Tirón al Najerilla. El ámbito territorial de la Junta es el del conjunto de todas las cuencas afluentes al Ebro desde el río Tirón hasta el río Najerilla ambos inclusive, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Casi toda la extensión corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja y una pequeña parte a las provincias de Soria y Burgos. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Miranda a Fuenmayor. S: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero. E: Límite de la cuenca del río Iregua por su margen izquierda. O: Límite de la cuenca del río Tirón por su margen izquierda. Se consideran vinculados a esta Junta los ríos Tirón y Najerilla desde su nacimiento hasta el río Ebro, junto con todos los afluentes. Así mismo quedan incluidos los afluentes al río Ebro por su margen derecha desde Haro a Fuenmayor. c) Junta de Explotación número 3. Cuenca del Iregua. El ámbito territorial de la Junta es el de las cuencas del río Iregua y de todos los ríos afluentes al Ebro desde Fuenmayor a Agoncillo, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Casi toda la extensión corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja y una pequeña parte a la provincia de Soria. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Fuenmayor a Agoncillo. S: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero. E: Límite de la cuenca del río Leza por su margen izquierda. O: Límite de la cuenca del río Iregua por su margen izquierda. Se considera vinculado a esta Junta el río Iregua desde su nacimiento hasta el Ebro, junto con todos sus afluentes. Así mismo quedan incluidos los afluentes del río Ebro desde Fuenmayor a Agoncillo. d) Junta de Explotación número 4. Cuencas afluentes del Ebro desde el Leza hasta el Huecha. El ámbito territorial de la Junta es el del conjunto de todas las cuencas afluentes al Ebro, por su margen derecha, desde la cuenca del Leza hasta la del Huecha, ambas inclusive, y con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a las provincias de Soria, Zaragoza y a las Comunidades Autónomas de Navarra y La Rioja. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Agoncillo hasta Boquiñeni. S: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero. E: Límite con la cuenca del Jalón por su margen izquierda. O: Límite con la cuenca del Iregua por su margen derecha. Se consideran vinculados a esta Junta los ríos Leza y Jubera, Cidacos, Alhama y Linares, Queiles, Huecha y sus afluentes. Así mismo quedan incluidos los afluentes al río Ebro desde Agoncillo a Boquiñeni. e) Junta de Explotación número 5. Cuenca del Jalón. El ámbito territorial de la Junta es el de las cuencas del río Jalón y de todos los ríos afluentes al Ebro desde Boquiñeni a Garrapinillos, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a las provincias de Teruel, Guadalajara, Soria y principalmente Zaragoza. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Boquiñeni a Garrapinillos. S: Límite de la cuenca general del Ebro con la de los ríos Tajo, Guadalaviar o Turia y Alfambra. E: Límite con las cuencas del Huerva, del Aguas Vivas y del Martín. O: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero y límite con la cuenca del Huecha por su margen derecha. Se consideran vinculados a ésta Junta al río Jalón desde su nacimiento hasta el Ebro, con todos sus afluentes. Así mismo quedan incluidos los afluentes al río Ebro por su margen derecha desde Boquiñeni hasta Garrapinillos. f) Junta de Explotación número 6. Cuenca del Huerva. El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del Huerva y de todos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde Garrapinillos a El Burgo de Ebro, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a la provincia de Zaragoza y en una pequeña superficie de la provincia de Teruel. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Garrapinillos a El Burgo de Ebro. S: Límite con la cuenca del Jiloca por su margen derecha. E: Límite con las cuencas del Aguas Vivas y del Ginel por su margen izquierda. O: Límite con la cuenca del Jalón por su margen derecha. Se consideran vinculados a esta Junta, el río Huerva desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos los afluentes a dicho río Huerva. Así mismo quedan incluidos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde Garrapinillos a El Burgo de Ebro. g) Junta de Explotación número 7. Cuenca del Aguas Vivas. El ámbito territorial de la Junta es el de las cuencas de los ríos Aguas Vivas y Ginel, y de todos los afluentes del Ebro por su margen derecha desde El Burgo de Ebro a La Zaida, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a las provincias de Zaragoza y Teruel. Su delimitación es la siguiente; N: Límite con la huerta derecha del Ebro desde El Burgo de Ebro a La Zaida. S: Límite con la cuenca del Jiloca por margen derecha. E: Límite con la cuenca del Martín por su margen izquierda. O: límite con la cuenca del Huerva por su margen derecha. Se consideran vinculados a ésta Junta los ríos Aguas Vivas y Ginel desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos los afluentes a dichos dos ríos. Así mismo quedan incluidos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde El Burgo de Ebro a La Zaida. h) Junta de Explotación número 8. Cuenca del Martín. El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del Martín y de todos los afluentes al Ebro desde La Zaida a las proximidades de Escatrón, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Casi toda su extensión corresponde a la provincia de Teruel y una pequeña parte a Zaragoza. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro en las proximidades de La Zaida y Escatrón. S: Límite con la cuenca del Jiloca, límite de la cuenca general del Ebro con la del Alfambra y límite con la cuenca del Guadalope. E: Límite con la cuenca del Guadalope por su margen izquierda. O: Límite con la cuenca del Aguas Vivas, por su margen derecha. Se consideran vinculados a esta Junta el río Martín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos los afluentes a dicho río Martín. Así mismo quedan incluidos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde las proximidades de La Zaida al límite de cuencas Martín-Regallo. i) Junta de Explotación número 9. Cuenca del Guadalope. El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del Guadalope y del Regallo, y de todos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde las proximidades de Escatrón hasta el embalse de Mequinenza. Casi toda su extensión corresponde a la provincia de Teruel, y en zonas más reducidas en las provincias de Zaragoza y Castellón. Su delimitación es la siguiente; N: Límite con la huerta derecha del Ebro en las proximidades de Caspe. S: Límite con las cuencas del Alfambra y del Mijares por su márgenes izquierdas. E: Límite con la cuenca del Matarraña por su margen izquierda. O: Límite con la cuenca del Martín por su margen derecha. Se consideran vinculados a ésta Junta los ríos Guadalope y Regallo desde sus nacimientos hasta sus desembocaduras en el Ebro, así como todos sus afluentes. Así mismo quedan incluidos todos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde el límite de cuencas Martín-Regallo a límite de cuencas Guadalope-Matarraña. j) Junta de Explotación número 10. Cuenca del Matarraña. El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del río Matarraña y de todos los afluentes al río Ebro por su margen derecha entre el límite de cuencas Guadalope-Matarraña y el pueblo de Fayón. Queda excluida la franja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a las provincias de Teruel, Tarragona y Zaragoza. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de las pequeñas cuencas afluentes a los embalses de Mequinenza y Ribarroja, en la margen derecha del Ebro. S: Límite de la cuenca del río Ebro con las cuencas del río Servol y Barranco de La Cenia. E: Límite entre la cuenca propia del río Matarraña por su margen derecha y las cuencas de todos los afluentes al río Ebro por su margen derecha desde Fayón hasta Tortosa. O: Límite de cuenca del río Matarraña por su margen izquierda. Se consideran vinculados a ésta Junta el río Matarraña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, con todos sus afluentes. k) Junta de Explotación número 11. Bajo Ebro. El ámbito territorial de la Junta es el ocupado por los embalses de Mequinenza y Ribarroja, así como la cuenca del Ebro, por su margen derecha desde la desembocadura del Matarraña y por su margen izquierda desde la desembocadura del Segre, y en ambos casos hasta el mar Mediterráneo. Casi toda la extensión corresponde a la provincia de Tarragona, teniendo pequeñas superficies en las provincias de Zaragoza, Huesca y Lleida. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de los embalses de Mequinenza y Ribarroja hasta la desembocadura del Segre y límite de la cuenca del Ebro con la del Segre. S: Límite de la cuenca del Ebro con la cuenca del río Servol y Barranco de La Cenia. E: Límite de la cuenca del Ebro con la cuenca del Pirineo Oriental y mar Mediterráneo. O: Límite con la cuenca del Matarraña por su margen derecha y límite de los embalses de Ribarroja y Mequinenza hasta la cola de éste último. Se consideran vinculados a ésta Junta el río Ebro desde la cola del embalse de Mequinenza hasta su desembocadura en el Mediterráneo, así como todos los afluentes a dicho río a partir del Matarraña por su margen derecha y del Segre por su margen izquierda, ambos ríos exclusive. l) Junta de Explotación número 12. Cuenca del Segre. El ámbito territorial de esta Junta es el de la cuenca del Segre, completa por la margen izquierda y asimismo completa por la margen derecha hasta Balaguer. A partir de esta población también queda incluida la zona de huerta del río Segre por su margen derecha hasta la huerta del río Ebro. La delimitación del ámbito territorial de esta Junta es la siguiente; N: Límite con Francia y Andorra. S: Límite con cuencas afluentes al Ebro por su margen izquierda aguas abajo de la confluencia del Segre. E: Límite de cuencas del Pirineo Oriental con la del Segre. O: Límite de la cuenca del Garona en el Valle de Arán, límites de la cuenca del río Noguera Ribagorzana por su margen izquierda hasta el embalse de Canelles y del río Farfaña por su margen izquierda hasta Balaguer y límite de la huerta derecha del Segre hasta la huerta del Ebro. Casi toda la extensión indicada corresponde a la provincia de Lleida, correspondiendo pequeñas extensiones a las provincias de Girona, Barcelona y Zaragoza. Se consideran vinculados a esta Junta, el río Segre desde la frontera con Francia hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos sus afluentes desde la frontera a dicho río Segre por su margen izquierda y hasta Balaguer por su margen derecha. Entre éstos últimos está el río Noguera Pallaresa con todos sus afluentes. m) Junta de Explotación número 13. Cuencas del Ésera y del Noguera Ribagorzana. El ámbito territorial de esta Junta es el de las cuencas de los ríos Ésera y Noguera Ribagorzana, y toda la zona de riego del Canal de Aragón y Cataluña. Su delimitación es la siguiente; N: Límite con Francia y límite con la cuenca del Garona en el Valle de Arán. S: Límite de las huertas izquierda del Cinca y derecha del Segre. E: Límite de la cuenca del Noguera Pallaresa y límite de la huerta derecha del Segre. O: Límite de la cuenca del Cinca hasta la desembocadura del Ésera y límite de la huerta izquierda del Cinca. La extensión indicada corresponde a las provincias de Huesca y Lérida. Se consideran vinculados a ésta Junta: 1.º El río Ésera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca, así como todos los afluentes a dicho río Ésera. 2.º El río Noguera Ribagorzana desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre, así como todos los afluentes a dicho río Noguera Ribagorzana. 3.º La Clamor Amarga y demás afluentes al río Cinca por su margen izquierda, desde la desembocadura del Ésera hasta el río Segre. 4.º Todos los afluentes al río Segre por su margen derecha desde la desembocadura del Noguera Ribagorzana hasta la del Cinca. n) Junta de Explotación número 14. Cuencas del Gállego y Cinca. El ámbito territorial de esta Junta es el de las cuencas siguientes: 1.º Gállego, completa por la margen izquierda y asimismo completo por la margen derecha hasta la presa de Ardisa. A partir de esta obra también queda incluida la zona de huerta del río Gállego por su margen derecha hasta la huerta del río Ebro. 2.º Todas las cuencas correspondientes a afluentes del Ebro por su margen izquierda comprendidas entre el río Gállego y el río Segre. De estas cuencas se excluye la zona de huerta del Ebro. 3.º Todas las cuencas correspondientes a afluentes del Segre por su margen derecha comprendidas entre el río Ebro y el río Cinca. De estas cuencas se excluye la zona de huerta del Segre. 4.º Cinca, completa por la margen derecha y asimismo completa por la margen izquierda hasta la cuenca del Ésera exclusive. A partir de este río, también queda incluida la zona de huerta del río Cinca por su margen izquierda, hasta la huerta del río Segre. Su delimitación del ámbito territorial de ésta Junta es el siguiente; N: Límite con Francia. S: Límite de la huerta izquierda del Ebro, comprendida entre los ríos Gállego y Segre. E: Límite de la cuenca del Ésera por su margen derecha hasta el río Cinca y a partir de la desembocadura, límite de la huerta izquierda del Cinca hasta la huerta del Segre, y límite de la huerta derecha del Segre hasta la huerta del Ebro. O: Límites de las cuencas de los ríos Aragón y Arba, ambos por su margen izquierda hasta la presa de Ardisa y límite de la huerta derecha del Gállego hasta la huerta del Ebro. La extensión indicada corresponde a las provincias de Huesca y Zaragoza. Se consideran vinculados a ésta Junta: 1.º El río Gállego desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos los afluentes a dicho río Gállego por su margen izquierda y hasta la presa de Ardisa por su margen derecha. 2.º Todos los afluentes al río Ebro por su margen izquierda comprendidos entre los ríos Gállego y Segre. 3.º Todos los afluentes al río Segre por su margen derecha comprendidos entre los ríos Ebro al Cinca. De estas cuencas se excluye la zona de huerta del Segre. 4.º El río Cinca desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre, así como todos los afluentes a dicho río Cinca por su margen derecha, y hasta el río Ésera exclusive, por su margen izquierda. o) Junta de Explotación número 15. Cuencas del Aragón y del Arba. El ámbito territorial de ésta Junta es el de las cuencas siguientes: 1.º Aragón, completa por ambas márgenes hasta la cuenca del Irati exclusive. A partir de este río, también queda incluida la zona de huerta del río Aragón por su margen derecha hasta la huerta del río Ebro. 2.º Arba y demás cuencas correspondientes a afluentes del Ebro por su margen izquierda, comprendidos entre el río Aragón y el río Gállego. De estas cuencas se excluye la huerta del Ebro. 3.º Gállego, solamente en las cuencas afluentes aguas abajo de la presa de Ardisa por su margen derecha, con exclusión de la zona de huerta del Gállego. La delimitación del ámbito territorial de esta Junta es la siguiente; N: Límite con Francia. S: Límite de la huerta izquierda del Ebro, comprendida entre los ríos Aragón y Gállego. E: Límite de la cuenca del Gállego hasta la presa de Ardisa y límite de la huerta derecha del Gállego hasta la huerta del Ebro. O: Límite de la cuenca del Salazar y del Irati, hasta la desembocadura de éste río y límite de la huerta del Aragón, por su margen derecha, hasta la huerta del Ebro. La extensión indicada corresponde a las provincias de Zaragoza, Huesca y Navarra. Se consideran vinculados a ésta Junta: 1.º El río Aragón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos sus afluentes a dicho río Aragón por su margen izquierda y hasta el río Irati exclusive, por su margen derecha. 2.º El río Arba desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos sus afluentes. 3.º Todos los afluentes al río Ebro por su margen izquierda comprendidos entre los ríos Aragón y Arba, y entre éste y el Gállego. 4.º Los afluentes al río Gállego por su margen derecha desde la presa de Ardisa hasta su desembocadura en el Ebro. p) Junta de Explotación número 16. Cuencas del Irati, Arga y Ega. El ámbito territorial de esta Junta es el de las cuencas afluentes al Ebro por su margen izquierda desde Haro hasta la desembocadura del río Aragón, y el de las cuencas afluentes a este río, desde el río Irati (inclusive) hasta la desembocadura en el Ebro; se excluyen del ámbito territorial de la Junta la faja de regadíos de la margen izquierda del Ebro y la faja de regadíos de la margen derecha del Aragón, comprendidos entre los límites indicados. Su extensión corresponde a las Comunidades Autónomas de La Rioja y Navarra y a la provincia de Álava. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la cuenca general del Ebro con las del Cantábrico, límite con Francia. S: Límite de la huerta izquierda del Ebro desde Haro hasta la huerta del Aragón por su margen derecha. E: Límite de las cuencas del Salazar y del Irati hasta la desembocadura de éste último en el río Aragón y límite de la huerta del Aragón por su margen derecha, hasta la huerta del Ebro por su margen izquierda. O: Límite de las cuencas, por sus cabeceras, de los ríos Zadorra, Alegría, Ayuda e Inglares, hasta la huerta del Ebro por su margen izquierda. Se consideran vinculados a esta Junta los ríos Irati, Cidacos, Arga, Ega y Linares con sus afluentes y pequeños ríos afluentes del río Ebro por su margen izquierda desde Haro hasta las cercanías de Rincón de Soto. q) Junta de Explotación número 17. Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares. El ámbito territorial de la Junta es el del conjunto de todas las cuencas de los ríos afluentes del Ebro por su margen izquierda desde la cuenca del Bayas a la cuenca del Inglares ambas inclusive. Su extensión corresponde a las provincias de Vizcaya, Álava y Burgos. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la cuenca general del Ebro con las del Cantábrico. S: Límite de la huerta izquierda del Ebro desde Miranda hasta Haro. E: Límite de las cuencas, por sus cabeceras, de los ríos Zadorra, Alegría, Ayuda e Inglares, hasta la huerta del Ebro por su margen izquierda. O: Límite de la cuenca del río Bayas por su margen derecha. Se consideran vinculados a esta Junta los ríos Bayas, Zadorra e Inglares con sus afluentes, así como pequeños ríos afluentes del Ebro por su margen izquierda desde Miranda hasta Haro. 2. Los sistemas de explotación de recursos definidos en el aparatado anterior no se verán alterados por la modificación del ámbito de las Juntas de Explotación establecido por la mencionada resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro hasta la revisión del presente Plan de conformidad con el artículo 89 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 3. Se define un sistema de explotación único en el que, de forma simplificada, quedan incluidos todos los sistemas parciales anteriores. 4. Además de todos estos sistemas conectados al río Ebro, existen dos sistemas independientes conformados por el territorio español en la cuenca hidrográfica del Garona y la cuenca endorreica de la laguna de Gallocanta. CAPÍTULO 2 Objetivos medioambientales Artículo 11. Objetivos medioambientales. 1. En el anexo 6 se recogen los objetivos medioambientales para cada una de las masas de agua identificadas en el ámbito del Plan y los plazos para su consecución. 2. Para las zonas protegidas los objetivos medioambientales vienen dados por el cumplimiento de las normas de protección que resulten aplicables en cada zona y los objetivos medioambientales particulares que en ella se determinen, según la normativa que rija cada zona protegida. Artículo 12. Objetivos particulares para el bajo Ebro y el delta. 1. La primera revisión de este plan hidrológico deberá calcular y documentar los objetivos ambientales que se prevean alcanzar a los horizontes temporales de 2021 y 2027 en las masas de agua subterránea y superficial, tanto de la categoría río como lago, aguas de transición y costeras, situadas en el eje del Ebro aguas abajo de la presa de Flix, y en el delta y su entorno. Para ello, mediante modelización numérica, expondrá el régimen de caudales esperados en desembocadura de acuerdo con los escenarios de aprovechamiento previstos en el propio plan para los citados horizontes de 2021 y 2027. 2. El planteamiento de los mencionados objetivos, en atención a la importancia de estos espacios naturales y de la actividad socioeconómica allí desarrollada, no será resuelto mediante el establecimiento de objetivos menos rigurosos. 3. Conforme al análisis que se lleve a cabo en el Esquema de Temas Importantes, que deberá adoptarse en 2014, en la mencionada revisión del plan se actualizará el programa de medidas para ajustar las actuaciones y los programas de inversión que las distintas autoridades competentes acuerden desarrollar con la finalidad de posibilitar coherentemente el logro de los objetivos planteados para el bajo Ebro y el delta. 4. Las autoridades competentes establecerán los pertinentes programas de seguimiento del estado de las masas de agua en el bajo Ebro y delta, de tal forma que permitan presentar un diagnóstico objetivo del mismo en la próxima revisión del plan hidrológico y determinar la efectividad de los programas de medidas implantados o que se implanten en el futuro. A tal efecto, las distintas administraciones implicadas facilitarán los datos precisos a la Confederación Hidrográfica del Ebro para su integración. Artículo 13. Objetivos medioambientales menos rigurosos. De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, se señalan objetivos medioambientales menos rigurosos para diez masas de agua superficial y dos masas de agua subterránea, identificadas respectivamente en los anexos 6.1 y 6.2. Artículo 14. Deterioro temporal del estado de las masas de agua. De conformidad con el artículo 38.2.b) del Reglamento de la Planificación Hidrológica, las condiciones racionalmente imprevistas o excepcionales para admitir el deterioro temporal de las masas de agua son las siguientes: a) Graves inundaciones entendiéndose por tales aquellas de probabilidad media en correspondencia con el artículo 8.1 b) del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación. Las inundaciones con una mayor probabilidad podrán ser consideradas como inundaciones graves en circunstancias en las que los impactos de esas inundaciones sean igualmente excepcionales. b) Sequías prolongadas, considerándose como tales las correspondientes al estado cuando se alcanza la situación de alerta o emergencia por sequía declarada según lo dispuesto en el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía. c) Otros fenómenos naturales extremos como seísmos, maremotos, tornados, avalanchas, etc. d) Vertidos accidentales ocasionales, fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, incendios en industrias y accidentes en el transporte. e) Circunstancias derivadas de incendios forestales. f) Atentados terroristas. Además, tales circunstancias deberán cumplir el resto de condiciones que para situaciones de deterioro temporal establece el artículo 38.2 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Artículo 15. Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones. 1. Los objetivos medioambientales definidos en este Plan Hidrológico se han calculado teniendo en cuenta la materialización de las nuevas modificaciones o alteraciones recogidas en el Programa de Medidas del mismo. Por tanto, se considera que las actuaciones contempladas en el Programa de Medidas de este Plan Hidrológico cumplen las condiciones al efecto del artículo 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica para la admisión de nuevas modificaciones o alteraciones de la masa de agua. No obstante, estas actuaciones quedarán sujetas a informe de viabilidad, evaluación de impacto ambiental o cualquier otro análisis y evaluación que la legislación requiera. 2. A los efectos previstos del artículo 39.2.c) del Reglamento de la Planificación Hidrológica son de interés público superior las actuaciones contempladas en el Programa de Medidas, que figura en el anexo 11, que sean o hayan sido declaradas de interés general del Estado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 3. Cualquier modificación o alteración no prevista en el Programa de Medidas que figura en el anexo 11, deberá someterse a una evaluación específica de compatibilidad con las previsiones de este Plan Hidrológico emitida por la Confederación Hidrográfica del Ebro debiendo verificarse adicionalmente que se cumplen las condiciones señaladas en el artículo 39.2 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. CAPÍTULO 3 Caudales ecológicos Artículo 16. Caudales ecológicos en condiciones ordinarias. 1. En el anexo 7.1 se establecen los regímenes de caudales ecológicos para condiciones de normalidad hidrológica detallándose su situación dentro del proceso de concertación que prescribe el artículo 18.3 Reglamento de la Planificación Hidrológica, que deberá haber concluido con anterioridad a la siguiente revisión del Plan, esto es, antes del 31 de diciembre del 2015. En aquellos puntos del anexo 7 en los que falta por concluir el proceso de concertación y en el resto de puntos no definidos por las estaciones de aforo, dichos caudales solo serán exigibles en las concesiones futuras y en las modificaciones concesionales con aumento de caudal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 20. 3, y 54.2 y 3. 2. El régimen de caudales ecológicos, incluyendo caudales máximos, caudales de crecida y tasas de cambio, será objeto de actualización en la siguiente revisión del Plan Hidrológico, que de conformidad con la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de Aguas, será antes del 31 de diciembre de 2015 y desde entonces cada seis años. 3. En las concesiones existentes, los regímenes de caudales ecológicos a implantar, incluidos los del Bajo Ebro, serán concertados bajo el principio de unidad de cuenca e informados favorablemente por el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 4. Los regímenes de caudales en nuevos puntos que resulten de procesos de concertación con posterioridad a la aprobación de este Plan Hidrológico, serán validados por el Consejo del Agua de la Demarcación a propuesta de la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca, hasta su aprobación en la siguiente revisión del Plan Hidrológico que ha de ser antes del 31 de diciembre de 2015. 5. El proceso de concertación tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente reconocidas y su régimen concesional, así como las buenas prácticas. Se valorarán las especiales circunstancias, singularidades y valor estratégico de los usos existentes. Para el proceso de concertación se tendrán en cuenta los tramos de cauce y puntos concretos, especificando los valores en todos aquellos puntos en los que existan modificaciones sensibles de los caudales naturales, bien sea por retenciones, captaciones, aportaciones afluentes, vertidos o derivaciones. Excepcionalmente y de manera motivada, dentro del proceso de concertación, podrán adoptarse regímenes de caudales ecológicos de menor exigencia siempre que su implantación implique costes desproporcionados. 6. Los regímenes de caudales ecológicos podrán ser modificados conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente, en función de su adaptabilidad al estado ecológico de todas las masas de agua sobre las que ejerzan influencia. Estas modificaciones atenderán también a las mejoras de conocimientos que puedan producirse para la determinación de dichos caudales, como en los análisis de hábitats o hidrológicos, así como por los errores de medida que se detecten en estaciones de aforo. Cualquier modificación de los regímenes de caudales ecológicos será aprobada conforme a lo dispuesto en este artículo. Artículo 17. Caudales ecológicos en condiciones de sequía prolongada. 1. De conformidad con el artículo 18.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica en caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales ecológicos menos exigente, siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 del mencionado Reglamento sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. 2. En el anexo 7 se listan los regímenes de caudales ecológicos para condiciones de sequía prolongada. El proceso de concertación e implantación será idéntico al régimen ordinario. 3. La aplicación de los regímenes de caudales ecológicos para situación de sequía podrá tener lugar cuando se alcance el nivel de alerta, de acuerdo con los índices establecidos en el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la cuenca hidrográfica del Ebro. Artículo 18. Régimen de caudales ecológicos en puntos singulares. Conforme a lo que se establece en el artículo 16, durante el desarrollo del Plan Hidrológico se llevarán a cabo por el Organismo de cuenca estudios específicos para la determinación, concertación e implantación de regímenes de caudales ecológicos en puntos singulares de la cuenca hidrográfica por su interés social o ambiental, entre los cuales se encuentran el río Cinca aguas abajo de la presa de El Grado y el río Segre a su paso por Lleida. Artículo 19. Control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos. El régimen de caudales ecológicos definido en el anexo 7 se controlará por la Confederación Hidrográfica del Ebro mediante el seguimiento continuado del registro del caudal circulante en las correspondientes estaciones de aforo que, dentro de cada masa de agua afectada, se identifican en el mencionado anexo. Los caudales ecológicos en puntos aguas arriba y abajo de estas estaciones estarán a lo que definan estudios específicos de acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica, no viéndose comprometidos por los caudales ecológicos definidos en el anexo 7. Artículo 20. Implantación y cumplimiento del régimen de caudales ecológicos. 1. Se entenderá que se cumple con el régimen de caudales establecido en el anexo 7 cuando los caudales mínimos registrados son iguales o superiores en un 90% del tiempo, cuyo control se realizará conforme a lo previsto en el artículo 19, a los efectos de garantizar que el cumplimiento de caudales permite mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, o incluyéndose en el cómputo los periodos en los que es de aplicación el apartado 2. 2. El régimen de caudales ecológicos aguas abajo de los embalses, podrá adecuarse a la aportación en régimen natural al embalse en cada momento. 3. Todos aquellos aprovechamientos en los que en su condicionado concesional se reserve o haya reservado el derecho de modificación futura de la condición de caudal mínimo o de adaptación al que estableciere el Plan Hidrológico, deberán adecuarse al régimen de caudales ecológicos a implantar. La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro, acordará las condiciones a imponer para garantizar dicha adecuación. 4. La gestión del cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos y la compatibilidad de los usos se realizará preferentemente en el marco de la Junta de Explotación respectiva. 5. Los aprovechamientos otorgados de aguas fluyentes aguas abajo de obras de regulación, no podrán captar agua para el llenado de sus balsas de regulación interna, ni para su suministro directo, cuando los caudales circulantes en el río sean inferiores a la suma del régimen de caudales ecológicos establecidos y a los caudales para aprovechamientos con derechos preferentes. Artículo 21. Continuidad del régimen de caudales ecológicos. 1. A efectos de mejora en la gestión del recurso, para los puntos de la cuenca no definidos en el anexo 7, se incluyen a efectos orientativos unos regímenes de caudales de continuidad en función de su distancia a las estaciones de aforo establecidas en el mencionado anexo y la superficie de cuenca vertiente en cada punto. Los criterios empleados y los caudales definidos se recogen en el apéndice 8 del anejo V de la Memoria técnica de este Plan Hidrológico. 2. Estos caudales de continuidad se proponen a efectos meramente informativos, no afectan a los derechos otorgados anteriormente a la aprobación del plan. Estos caudales serán objeto de revisión mediante estudios específicos. No deben utilizarse para imponer el régimen de caudales ecológicos hasta que no se realicen dichos estudios específicos (hidrológicos, de hábitat,…), se efectúe la concertación correspondiente y sean aprobados por el organismo de cuenca e incluidos en el plan hidrológico. 3. Para la aprobación de los estudios específicos referidos en el párrafo anterior, el organismo de cuenca priorizará en su análisis los aportados por las comunidades autónomas para su eventual inclusión en el siguiente ciclo de planificación. Artículo 22. Caudales preventivos. En el anexo 7.1 se definen unos caudales preventivos por razones de calidad química, contemplados por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro en su sesión de 23 de septiembre de 1998, de carácter coyuntural y transitorio a expensas de la evolución de la calidad del agua y del estado ecológico. No tienen la consideración de caudales ecológicos y su modificación o eliminación será decidida por resolución motivada de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. CAPÍTULO 4 Usos y demandas. Prioridad y compatibilidad de usos Artículo 23. Clasificación de los usos del agua. 1. De conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y a los solos efectos de su clasificación, se consideran los siguientes usos del agua: a) Uso destinado al abastecimiento: 1.º Uso destinado al abastecimiento de núcleos urbanos: i) Consumo humano. ii) Otros usos domésticos distintos del consumo humano. iii) Municipal (baldeos, fuentes y otros…). iv) Industrias, comercios, ganadería y regadío de poco consumo de agua, situados en núcleos de población y conectados a la red municipal. 2.º Uso destinado a otros abastecimientos fuera de los núcleos urbanos: i) Consumo humano. ii) Otros usos domésticos distintos del consumo humano. iii) Regadío de poco consumo de agua (riego de jardines o asimilable). b) Usos agropecuarios: 1.º Regadíos. 2.º Ganadería. 3.º Otros usos agrarios. c) Usos industriales para producción de energía eléctrica: 1.º Centrales hidroeléctricas y de fuerza motriz. 2.º Centrales térmicas renovables: termosolares y biomasa. 3.º Centrales térmicas no renovables: nucleares, carbón y ciclo combinado. d) Otros usos industriales: 1.º Industrias productoras de bienes. 2.º Industrias del ocio y del turismo. 3.º Industrias extractivas. e) Acuicultura. f) Usos recreativos. g) Navegación y transporte acuático, incluyendo navegación de transportes de mercancías y personas. h) Otros: 1.º De carácter público. 2.º De carácter privado. 2. Los usos destinados a abastecimiento deberán haber sido planificados conforme al artículo 15.3.a) del texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y al artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, que exigen el informe previo del organismo de cuenca relativo al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales y a los usos permitidos en terrenos de Dominio Público Hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía. 3. Se entiende por consumo humano el correspondiente a beber, cocinar, preparar alimentos e higiene personal. 4. En los usos de industrias de ocio y turismo quedan incluidos los que implican derivar agua del medio natural y tienen como finalidad posibilitar esta actividad en instalaciones deportivas (campos de golf, estaciones de esquí, parques acuáticos, complejos deportivos y asimilables), picaderos, guarderías caninas y asimilables, así como las que tienen como finalidad el mantenimiento o rehabilitación de instalaciones industriales culturales: fraguas, fuentes, aserraderos, lavaderos, máquinas y otros de este tipo, que no pueden ser atendidos por las redes urbanas de abastecimiento. 5. En los usos recreativos quedan incluidos los que no estando incluidos en el apartado anterior tienen un carácter recreativo privado o colectivo sin que exista actividad industrial o comercial, y, en concreto, los siguientes: a) Las actividades de ocio que usan el agua en embalses, ríos y parajes naturales de un modo no consuntivo, como los deportes acuáticos en aguas tranquilas (vela, windsurf, remo, barcos de motor, esquí acuático, etc.) o bravas (piragüismo, rafting, etc.), el baño y la pesca deportiva. b) Las actividades de ocio relacionadas con el agua de un modo indirecto, utilizada como centro de atracción o punto de referencia para actividades afines, como acampadas, excursiones, ornitología, caza, senderismo y todas aquellas actividades turísticas o recreativas que se efectúan cerca de superficies y cursos de agua. 6. Se entiende como uso destinado a la acuicultura el que tiene como finalidad el abastecimiento de las instalaciones de cría y engorde de especies acuáticas o anfibias animales, así como de las instalaciones y servicios complementarios. La industria de transformación de los productos procedentes de la acuicultura no se considera como uso de acuicultura; quedando incluida dentro de los usos industriales. 7. Los usos referidos en el apartado 1 h) comprenderá todos aquéllos que no se encuentren en alguna de las categorías anteriores, que en ningún caso implicarán la utilización de agua con fines ambientales que sean condicionantes del estado de las masas de agua, ni se refieran a los supuestos previstos en el artículo 59.7 del texto refundido de la Ley de Aguas. Lo dispuesto en el presente apartado no impedirá la aplicación de la legislación de incendios forestales, protección civil, especies protegidas o conservación de humedales cuando estos usos resulten preferentes a los usos listados como prioritarios en el apartado 1. Artículo 24. Orden de preferencia y compatibilidad de usos. 1. De conformidad con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, a los efectos de expropiación forzosa y en el caso de competencia de proyectos se establece para todo el ámbito del plan hidrológico el orden de preferencia siguiente: a) Abastecimiento de población. b) Usos agropecuarios. 1.º Ganadería. 2.º Regadíos. c) Usos industriales. d) Usos recreativos, navegación y transporte acuático. e) Acuicultura. f) Otros usos. 2. El Consejo de Ministros podrá alterar el orden de preferencia establecido en el apartado anterior en los términos expuestos en el artículo 58 de texto refundido de la Ley de Aguas. 3. Este orden de preferencia no incluye el régimen de caudales ecológicos ni los resguardos en los embalses para la laminación de avenidas. Los caudales ecológicos no tendrán el carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación, salvo en el caso del abastecimiento de población. En todo caso, el título concesional no garantizará la disponibilidad de los caudales concedidos, tal como establece el artículo 59.2 del texto refundido de la Ley de Aguas. Dentro de un mismo uso se consideran preferentes los aprovechamientos de mayor utilidad pública o general, así como aquellos que introduzcan mejoras técnicas que redunden en un menor consumo de agua y, entre los del mismo tipo, los que sean más favorables para el estado de las masas de agua. 4. Dentro del uso de riegos serán preferentes los regadíos preexistentes que estén infradotados, cuya eficiencia sea igual o superior a la establecida en este Plan, así como aquellos que implementen buenas prácticas agrícolas para la prevención de la contaminación difusa. 5. En los clausulados concesionales, en las normas, reglas y directrices de explotación, en las autorizaciones para el uso del dominio público y para los vertidos, declaraciones responsables y en cualquier otro título de utilización del dominio público hidráulico se recogerán cláusulas o criterios de compatibilización, que permitan el máximo aprovechamiento simultáneo o sucesivo del Dominio Público Hidráulico, siempre que tales aprovechamientos simultáneos no impliquen una afección al estado de las masas de agua proporcionalmente mayor. 6. La navegación, incluyendo la recreativa, y el transporte acuático no generarán derecho a demanda adicional de recurso, pudiendo desarrollarse utilizando caudales que se requieren para otros usos, respetándose los derechos concesionales existentes. Artículo 25. Dotaciones para abastecimiento de población 1. Salvo justificación técnica adecuada que demuestre la necesidad de una mayor dotación, las dotaciones máximas para abastecimiento de población, incluida la dotación para industrias conectadas a la red municipal son las que se establecen el anexo 8.1. Se promoverá que las dotaciones se acerquen más a la parte baja del rango establecido en el mencionado anexo con medidas de incentivación del ahorro y la eficiencia. 2. La dotación mínima para consumo humano de 60 l/hab día. 3. La demanda ganadera se obtendrá adoptando las dotaciones establecidas en el anexo 8.7, traduciéndose a población equivalente adicional. 4. Se promoverá que los sistemas de abastecimiento urbano utilicen para aquellos usos urbanos que no requieran potabilización, fuentes de suministro alternativas de agua no potable. Estos usos diferenciados quedarán incluidos en la Junta de Explotación respectiva conforme a su lugar de toma. Artículo 26. Cálculo de población. 1. La población se evaluará a partir de los datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes según el Instituto Nacional de Estadística. 2. La evolución de población futura y la población estacional se justificará adecuadamente. Para la estimación de la población futura, se tendrán en cuenta las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística y no se excederá de un horizonte de 10 años para la justificación de necesidades hídricas futuras. Artículo 27. Demanda agraria y dotaciones y necesidades máximas hídricas de riego. 1. En regadíos y usos agrarios se incluyen los requerimientos de agua necesarios para la satisfacción de las necesidades hídricas de los cultivos y otros requerimientos funcionales asociados a las técnicas del riego así como los destinados a satisfacer las necesidades vitales y funcionales de la ganadería. 2. Las necesidades hídricas de riego por comarca agraria y cultivo de la cuenca son, con carácter general y salvo justificación técnica adecuada que demuestre la necesidad de una mayor, las que figuran en el anexo 8.4. A los efectos de facilitar la localización e identificación de las referidas comarcas agrarias, en el anexo 8.5 se relacionan los municipios y la comarca agraria en la que se integra. En el anexo 8.6 se recogen también las dotaciones de las grandes zonas regables. Artículo 28. Dotaciones ganaderas. Salvo justificación técnica adecuada que demuestre la necesidad de una mayor dotación, se adoptarán para las distintas especies ganaderas las dotaciones que figuran en el anexo 8.7. Artículo 29. Fomento de la eficiencia energética en las zonas regables 1. En las modernizaciones de regadíos, junto con la evaluación de la eficiencia en la gestión del agua, se podrá analizar la eficiencia energética del sistema, valorándose las sinergias positivas que puedan desprenderse de la explotación única del riego y de la producción de energía. 2. Si como consecuencia de esta auditoría energética, se desprende que el aprovechamiento energético de las infraestructuras necesarias para el riego pudiera conllevar una mejora en la eficiencia energética, esta mejora se tendrá en cuenta a la hora de otorgar los títulos de aprovechamiento de uso energético en la zona regable. Artículo 30. Dotaciones para la industria. La dotación requerida para los procesos industriales y para refrigeración de dichos procesos, se justificará adecuadamente teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles. A falta de tal justificación se adoptarán las dotaciones que para las distintas actividades se incluya en el anexo 8.8, salvo que la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación u otra norma vinculante impida dotar de abastecimiento de agua a una industria que no tenga determinada tecnología. Artículo 31. Participación en las Juntas de Explotación. 1. El Presidente de la Junta de Explotación podrá invitar a participar en las reuniones plenarias del órgano, con voz pero sin voto, a los usuarios interesados que estime conveniente. En particular, a los órganos competentes de agricultura de las comunidades autónomas. En el presente Plan Hidrológico, al horizonte 2015 de vigencia del mismo, y teniendo en cuenta las planificaciones sectoriales del Estado y de las comunidades autónomas, así como las iniciativas materializadas en las solicitudes de concesión, se prevén nuevas transformaciones en riego en todas las Juntas de Explotación, en algunos casos de pequeña cuantía con aguas subterráneas, por lo que todas las Juntas de Explotación podrán contar con representación de las comunidades autónomas. 2. Salvo las grandes zonas regables, que ya disponen de comunidades de usuarios constituidas, en el periodo de vigencia de este Plan no se prevén transformaciones en riego que den lugar a la constitución de ninguna comunidad de regantes, en ninguna de las Juntas de Explotación, cuya superficie sea superior a 3.000 ha. Por consiguiente, en tanto no se produzca la constitución de estas comunidades de regantes, la representación de los usuarios correspondientes la ostentará el órgano competente de agricultura de la comunidad autónoma correspondiente, mediante la designación de un único representante por comunidad autónoma que asistirá a las sesiones con voz y voto. CAPÍTULO 5 Asignación y reserva de recursos Artículo 32. Consideraciones generales sobre la asignación y reserva de recursos. 1. De acuerdo con el artículo 42. b) c’) del Texto refundido de la Ley de Aguas, se disponen las siguientes reservas a los fines generales que se determinan y se inscribirán de oficio por el Organismo de Cuenca en el Registro de Aguas: a) A solicitud de la Junta de Castilla y León se establece una reserva en la cabecera de los ríos Ebro, Nela y otros afluentes, de 40 hm3/año, para las necesidades de regadío. b) A solicitud de la Diputación Foral de Álava se establece una reserva en la cuenca del río Zadorra, de 21,75 hm3/año, para las necesidades de regadío. c) A solicitud del Gobierno de La Rioja se establece una reserva de agua de 148,75 hm3/año a disposición de la Comunidad Autónoma de La Rioja para cubrir las necesidades futuras en su territorio. Esta reserva se concreta en los ríos Tirón, Oja, Cárdenas, Jubera, Cidacos, Linares, Alhama y Ebro para las necesidades de abastecimiento y regadío. d) A solicitud del Gobierno de Navarra, de acuerdo con el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 105/2008, se establece una reserva del río Ega destinada a los regadíos de Tierra Estella, de 32 hm3/año. e) A solicitud de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha se establece una reserva de 1 hm3/año en las cabeceras de los ríos Mesa y Piedra, para las necesidades de abastecimiento de población. f) A solicitud del Gobierno de Aragón, de acuerdo con el Pacto del Agua de Aragón y lo previsto en su Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 5/2007 de 20 de abril, así como la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, se establece una reserva de agua de 6.550 hm3/año a disposición de la Comunidad Autónoma de Aragón para cubrir las necesidades presentes y futuras en su territorio. Esta reserva se concreta en una asignación de recursos de 4.260 hm3/año para usos actuales, una asignación de recursos de 1.440 hm3/año para nuevos desarrollos ligados a los planes hidrológicos y 850 hm3/año de agua del eje del Ebro para las necesidades de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de población. g) A solicitud de la Generalidad de Cataluña se establece una reserva de 445,15 hm3/año para necesidades de regadío del plan de nuevos regadíos de Cataluña en la Demarcación Hidrográfica del Ebro, provenientes del Segre y afluentes y Ebro. h) A solicitud de la Generalidad Valenciana se establece una reserva de 10 hm3/año en la cuenca del río Bergantes para las necesidades de abastecimiento de población y usos agropecuarios. 2. La asignación y reserva se establece por sistemas de explotación, coincidentes en su ámbito con las denominadas Juntas de Explotación conforme se definen en el artículo 10. Se entiende que la no explicitación en este apartado de la reserva para un determinado uso o aprovechamiento no implicará su no consideración en el futuro, siempre que aquel aprovechamiento no explicitado, en esta asignación y reserva, suponga una adecuada utilización y aprovechamiento del recurso disponible, y cuente con la regulación interna requerida. 3. Solamente se ha explicitado la asignación y reserva para los aprovechamientos de aguas subterráneas de mayor entidad, entendiéndose que los recursos que se obtengan de la explotación de acuíferos en pequeña cantidad se asignarán a los aprovechamientos que los motivaron, siempre que no se produzcan afecciones a otros aprovechamientos preexistentes, respeten las restricciones ambientales, y se atengan a los criterios para el otorgamiento de concesiones explicitados en esta normativa de acuerdo con las normas de explotación de las masas de agua subterránea del anexo 10. 4. Con carácter general, todo nuevo aprovechamiento de aguas superficiales no explicitado en esta asignación y reserva, deberá contar con una regulación interna mínima suficiente de conformidad con el artículo 52. En la asignación y reserva, artículos 35 a 51, se detalla la regulación mínima por junta de explotación y de forma gráfica en el anexo 10. Asimismo, el aprovechamiento de los retornos de riego asignados en los citados artículos se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 59. 5. Se entiende que, cuando no se dice lo contrario, la regulación para cada tramo de río alcanza a todos sus afluentes, y a las extracciones de agua subterránea en zona de policía de cauce y en aquellas zonas que pueden afectar a las descargas superficiales, tal como se recoge en las normas de explotación de las masas de agua subterránea del anexo 10. 6. No se podrán producir desembalses de los actuales sistemas de explotación para atender nuevos aprovechamientos que no se integren dentro de las comunidades de usuarios, generales y de base, que se benefician de dichas obras de regulación. 7. Durante el desarrollo del Plan y para el cumplimiento de sus objetivos, se realizarán los controles y el seguimiento medioambiental correspondiente, por si fuera necesario la imposición de restricciones en la asignación. Artículo 33. Volúmenes de reserva para laminación en embalses. 1. En todos los embalses de nueva construcción deberán estudiarse y, en su caso, definirse los volúmenes de reserva para laminación de avenidas. Los volúmenes de reserva serán los necesarios para alcanzar, en conjunción con los otros órganos de desagüe de la presa, los límites de protección que se fijen aguas abajo. 2. En los embalses ya existentes, la definición de volúmenes de reserva para laminación de avenidas se considerará como una posible alternativa de protección para el tramo aguas abajo. Estos resguardos se fijarán en las Normas de Explotación de los embalses. 3. Los resguardos para laminación de avenidas en embalses deberán respetarse en todos ellos de acuerdo con sus Normas de Explotación y Planes de Emergencia. 4. Las reservas de volúmenes de embalses para laminación de avenidas constituyen una limitación de recurso disponible para otros usos a considerar en las infraestructuras de regulación. Artículo 34. Definiciones y conceptos sobre la asignación de recursos. 1. Se define «grado de utilización» como la relación porcentual entre la demanda servida y la aportación media en régimen natural, en el periodo 1980-2005, de acuerdo con la simulación efectuada en la elaboración de este Plan Hidrológico. Se trata de un indicador del grado de utilización de los recursos hídricos. 2. Se define «relación capacidad de embalse/aportación» como la relación porcentual entre la capacidad de embalse y la aportación media en régimen natural, en el periodo 1980-2005, de acuerdo con la simulación efectuada en la elaboración de este Plan Hidrológico. Se trata de un indicador del nivel de capacidad de almacenamiento y regulación de recursos hídricos. 3. Se define «garantía volumétrica» como la relación porcentual entre la demanda servida y la demanda total, en el periodo 1980-2005, de acuerdo con la simulación efectuada en la elaboración de este Plan Hidrológico. Representa la fracción de demanda satisfecha. Artículo 35. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 1: Cabecera y Eje del Ebro. 1. En situación actual la Junta de Explotación 1 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 24,1% sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 14,8% sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 99,2% 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Embalse de La Loteta, en conexión con el embalse de Yesa a través de la Acequia de Sora, Junta de Explotación 15, y con elevación desde el canal Imperial. Los recursos procedentes de la mejora de regulación proporcionada por el embalse de la Loteta, se destinarán a los abastecimientos urbanos y otros usos industriales de Zaragoza y su entorno, y supletoriamente a la mejora de dotaciones y garantías de los regadíos tradicionales del eje del Ebro, a la mejora de otras áreas regables entre las que se encuentran las elevaciones existentes o con autorización administrativa de los canales de Lodosa e Imperial, al suministro de las ampliaciones de áreas regables de dichos canales y al suministro de nuevos regadíos que se desarrollen con toma en el propio eje o en sus canales de derivación. b) Explotaciones de aguas subterráneas en el aluvial del Ebro. Pozos construidos en el aluvial del Ebro aportarán recursos adicionales para la satisfacción de demandas puntuales, pudiendo mejorar las garantías de los canales, en particular en períodos de sequía. Igualmente, podrán permitir la puesta en riego de nuevas explotaciones fuera de las áreas regables de los canales. c) Pequeños embalses o balsas de regulación en la cuenca del Oca, Oroncillo, Nela, Jerea, Omecillo/Húmedo. Explotación del acuífero de la cabecera del Jerea, en la masa de agua subterránea 010 Calizas de Losa. Los recursos obtenidos de las actuaciones de regulación de la cuenca del Oca se destinarán a los abastecimientos urbanos de las poblaciones de la cuenca, régimen de caudales ecológicos, consolidación de los regadíos actuales, otros usos industriales y ampliación de regadíos en la cuenca. Los recursos que se obtengan de las actuaciones de regulación en la cuenca del Oroncillo se destinarán a los abastecimientos urbanos de los núcleos de la cuenca, otros usos industriales y mejora de las dotaciones de los regadíos actuales, en particular en la zona de Pancorbo. Los recursos que se obtengan por las actuaciones de regulación del Nela se destinarán a la satisfacción de las demandas de abastecimientos urbanos, en particular de la zona de las Merindades y otros usos industriales de la cuenca del Trueba/Nela, para la reducción de los déficit de los regadíos actuales, para satisfacer las demandas de los futuros regadíos de la propia cuenca, y para la satisfacción de otras demandas del Eje del Ebro, todo ello por este orden. La regulación adicional y explotación de aguas subterráneas obtenida en la cuenca del Jerea se destinará para los abastecimientos urbanos de la propia cuenca, régimen de caudales ecológicos, mejora de las dotaciones de los regadíos de la cuenca y a los nuevos regadíos, en particular los del valle de Losa. Indirectamente, se mejorarán los abastecimientos de las poblaciones ubicadas en zonas no dominadas por la regulación. La regulación adicional obtenida en la cuenca del Omecillo se destinará para los abastecimientos urbanos, otros usos industriales, mejora de dotaciones de los regadíos actuales y para nuevos regadíos, en particular en la zona de Valdegobia y en la cabecera del Húmedo d) Los recursos en el Eje del Ebro, procedentes de la regulación general y de los retornos, se destinarán al apoyo de las demandas de las partes bajas de las cuencas deficitarias de la margen derecha y para el desarrollo de nuevas demandas en todo el eje mediante elevaciones y regulaciones internas desde el Ebro. De acuerdo con lo especificado en el artículo 32, los recursos del eje del Ebro para las necesidades futuras de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de Aragón, se reparten entre las Juntas de Explotación 1 y 11. e) A solicitud de la Junta de Castilla y León, una reserva de 40 hm3/año procedente de las regulaciones de la cabecera del Ebro y subcuencas afluentes, para las necesidades de regadío. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Con carácter general los recursos derivados de una gestión más eficiente del agua se asignarán a la mejora de dotaciones de regadíos infradotados del eje del Ebro y de las garantías de las demandas consolidadas. b) Nuevas regulaciones en el eje del Ebro medio. Los recursos obtenidos con nuevas regulaciones en el eje del Ebro medio se destinarán preferentemente a la mejora de dotaciones y garantías de los regadíos consolidados del Eje del Ebro y a complementar nuevos usos dentro de esta Junta de Explotación. Esta nueva regulación posibilitará una gestión más eficiente, para la que también se requiere la constitución del Sindicato Central de Usuarios del Eje del Ebro. c) Reasignación de recursos del Canal de Lodosa. En la medida en que se liberen superficies regables del Canal de Lodosa por recursos procedentes de Itoiz-Canal de Navarra, la asignación de recursos de los regadíos de Viana, Mendavia y Bargota, pasará a realizarse desde el embalse del Ebro. De forma transitoria, en tanto esta liberación no se produzca, se asignan dichos regadíos a la regulación de Itoiz (artículo 50.2.b). La reasignación de recursos del Canal de Lodosa deberá respetar el equilibrio financiero de dicho Canal, soportando los beneficiarios de la reasignación los costes derivados de la misma. d) A solicitud del Gobierno de La Rioja, una reserva en el río Ebro de 20 hm3/año, para las necesidades de regadío. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde la cabecera del Ebro hasta Zaragoza. b) 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde Zaragoza hasta la cola del embalse de Mequinenza. Artículo 36. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 2: Cuencas del Tirón-Najerilla. 1. En situación actual la Junta de Explotación 2 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 16,4% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 11,0% sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 92,0%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Explotación de las masas de agua subterránea 065 Pradoluengo-Anguiano y 045 aluvial del Oja, así como la ejecución de balsas: Manzanares, Corporales u otras actuaciones de regulación, entre las que se incluyen la regulación de aguas subterráneas y superficiales en la cabecera del río Oja. Los recursos procedentes de la explotación de aguas subterráneas y ejecución de balsas en la cuenca del Oja, se destinarán a los abastecimientos urbanos y usos industriales de la propia Junta de Explotación, en particular para la Mancomunidad del Oja-Tirón, para los de los núcleos de las intercuencas y para los de las poblaciones ribereñas del Eje del Ebro, para garantizar las dotaciones de los regadíos actuales de las cuencas del Oja y Zamaca, y para la ampliación de la zona regable. b) Actuaciones de regulación a definir en el río Tirón. Los recursos proporcionados por actuaciones de regulación en el río Tirón se destinarán a los abastecimientos de población y usos industriales. También para la mejora de garantías de los actuales regadíos de toda la cuenca y para ampliaciones. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Redistribución de caudales Plan Najerilla. Los nuevos recursos generados se destinarán a los propios riegos del Plan Najerilla. b) Los recursos generados por la regulación del río Cárdenas bien con aguas superficiales o subterráneas se destinarán al para reducir el déficit de los regadíos existentes y futuros de la propia cuenca. c) A solicitud del Gobierno de La Rioja, una reserva de 7 hm3/año en el río Cárdenas, 20 hm3/año en el río Oja y 18,75 hm3/año en el río Tirón para las necesidades de agua para regadío. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: En la cuenca del Tirón: a) 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el Tirón y afluentes excepto el Glera u Oja. b) 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el Glera u Oja y afluentes, así como en el río Zamaca. En la cuenca del Najerilla: c) 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el Najerilla hasta la presa de Mansilla y en todos los afluentes del Najerilla, excepto el Yalde. d) 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el Najerilla aguas abajo de Mansilla y en su afluente Yalde, e incorporación a la comunidad de usuarios correspondiente. Artículo 37. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 3: Cuenca del Iregua. 1. En situación actual la Junta de Explotación 3 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 53,4% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 38,2% sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 99,9%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En la medida de que existan recursos no asignados para los usos actuales estos se destinarán a posibles regadíos de la intercuenca Iregua-Leza. 3. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente o no se encuentren bajo la regulación aportada por el sistema de embalses González Lacasa-Pajares. No obstante, podrá disponerse de recursos adicionales procedentes de la explotación de las masas de agua subterránea 065 Pradoluengo-Anguiano y 068 Mansilla-Neila, para los usos que se proyecten. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a 10 días de suministro en el mes de máximo consumo en todo el Iregua y afluentes. Además, aguas abajo de los embalses de González Lacasa y su azud del trasvase, y de Pajares, integración en la comunidad de usuarios. Artículo 38. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 4: Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha. 1. En situación actual la Junta de Explotación 4 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 41,3% sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 9,1% sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 42,6% 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Embalse de Enciso en el Cidacos. Los recursos generados por la regulación del embalse de Enciso se destinarán a abastecimientos urbanos y otros usos industriales de la cuenca y de poblaciones próximas del eje del Ebro, para el desarrollo de regadíos tradicionales una vez revisados y adaptados y para nuevos regadíos. b) Embalse de Cigudosa-Valdeprado en el Alhama. Los recursos disponibles generados por la regulación del embalse de Cigudosa-Valdeprado, se destinarán a abastecimientos urbanos y otros usos industriales de la cuenca y de la intercuenca Alhama-Queiles, para la mejora de las dotaciones de los regadíos tradicionales de la cuenca y de intercuencas laterales que no cuenten con recursos procedentes del canal de Lodosa o del Canal de Navarra, y para posibles pequeñas nuevas áreas regables. c) Embalse de San Pedro Manrique en el Linares y Presa del Regajo en el arroyo Regajo (Linares), y otras posibles regulaciones dentro de la cuenca del río Linares. Los recursos generados se destinarán al abastecimiento urbano de San Pedro Manrique, en el primer caso, y para abastecimiento y regadío (500 ha) en Igea, Cornago y Rincón de Olivedo, en el segundo. Los recursos procedentes de otras posibles regulaciones se destinarán a los usos de la propia cuenca. d) Pequeños embalses o balsas de regulación en el Añamaza Los recursos disponibles generados por pequeñas regulaciones en el Añamaza se destinarán a los usos para las que sean proyectadas. e) Puesta en explotación completa del embalse del Val en el río Val, en la cuenca del Queiles. Los recursos generados por la regulación que ofrece el embalse del Val se destinan a los abastecimientos urbanos y otros usos industriales de los núcleos de la cuenca, junto a los concedidos para las Mancomunidades de Fitero, Cintruénigo y Cascante y de Aguas del Moncayo, y a la mejora de dotaciones de los regadíos tradicionales de la cuenca que no cuenten con recursos procedentes del canal de Lodosa o del Canal de Navarra. Los regadíos del Queiles en Navarra que, de acuerdo con la concesión que tiene otorgada la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, pasen a integrarse en el área regable del mismo, hasta que no sea éste operativo podrán ser atendidos desde el embalse del Val. f) Embalse de Soto-Terroba en el Leza y otras regulaciones a definir en el Jubera, entre las que puede encontrarse el embalse de Robres del Castillo. Los recursos regulados por el embalse de Soto-Terroba se destinarán a los abastecimientos urbanos de las poblaciones de la cuenca (especialmente Murillo de río Leza y Ribafrecha), la laminación de avenidas, y para la consolidación de los actuales regadíos. Los recursos procedentes de otras regulaciones en el Jubera se destinarán a los usos de la propia cuenca. h) Explotación de las masas de agua subterránea 066 Fitero-Arnedillo, 067 Detrítico de Arnedo, 069 Cameros, 070 Añavieja-Valdegutur y 072 Somontano del Moncayo. La ampliación de extracciones se destinará preferentemente para abastecimientos urbanos. i) En su caso podrán obtenerse recursos adicionales para estas cuencas por suministro de sus partes bajas desde los canales procedentes del Eje del Ebro. Los recursos obtenidos de la liberación de demandas existentes por suministro de las mismas con recursos procedentes de elevaciones del canal de Lodosa o del embalse de La Loteta, se destinarán a la consolidación de los regadíos existentes y la creación de otros nuevos. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: A solicitud del Gobierno de La Rioja, una reserva de 45 hm3/año en el río Cidacos, 25 hm3/año en el río Alhama, 8 hm3/año en el río Jubera y 5 hm3/año en el río Linares, para las necesidades de agua para regadío. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) En la cuenca del Leza: 1.º 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde la cabecera del Leza hasta la presa de Soto-Terroba, así como en el afluente Jubera. 2.º 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el propio Leza aguas abajo de la presa de Soto-Terroba, e integración en la correspondiente comunidad de usuarios. b) En la cuenca del Cidacos: 1.º 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde la cabecera del Cidacos hasta la futura presa de Enciso. 2.º 40 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde la presa de Enciso hasta la desembocadura en el Ebro, e integración en la correspondiente comunidad de usuarios. c) En la cuenca del Alhama: 1.º 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en los afluentes Linares, Añamaza, barranco de La Nava, y en el Alhama hasta la futura presa de Cigudosa-Valdeprado 2.º 40 días de suministro en el mes de máximo consumo en el río Alhama, desde la futura presa de Cigudosa-Valdeprado, hasta su desembocadura en el Ebro, e integración en la correspondiente comunidad de usuarios. d) En la cuenca del Queiles: 1.º 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el río Queiles y su afluente Val, hasta la presa del Val y el azud de trasvase del Queiles. 2.º Desde la presa del Val hasta la desembocadura en el Ebro, integración en la correspondiente comunidad de usuario. f) En la cuenca del Huecha: 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en todo el río Huecha. Artículo 39. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 5: Cuenca del Jalón. 1. En situación actual la Junta de Explotación 5 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 67,4% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 24,5% sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 78,3%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Recrecimiento de la presa de la Tranquera. Los recursos derivados del recrecimiento de La Tranquera se destinan a abastecimientos de la cuenca, en especial Calatayud, corrección de déficit de los aprovechamientos actuales; parte del volumen se reserva para la laminación de avenidas. b) Embalse de Mularroya en el río Grío, con aportación de recursos del Jalón. Los recursos derivados de la explotación del embalse de Mularroya se destinarán para los abastecimientos de población y otros usos industriales de la cuenca del Jalón y Grío, y para la mejora y nuevos regadíos del bajo Jalón. Indirectamente podría servir para la recarga del acuífero de Alfamén. Mediante su uso conjunto con la explotación de la masa de agua subterránea del Campo de Cariñena, permitirá liberar recursos subterráneos y reorganizar extracciones combinando adecuadamente recursos superficiales y subterráneos. c) Embalse de Lechago en el Pancrudo, con aportación de recursos procedentes del Jiloca. Los recursos derivados del embalse de Lechago se destinarán para el abastecimiento de poblaciones e industrias del Jiloca, y en su caso del Jalón, y para garantizar los regadíos del Jiloca medio-bajo. d) Embalse de Valladar y pequeñas regulaciones o balsas de carácter local en la cabecera y los pequeños afluentes del Jalón y Jiloca, como las posibles regulaciones de Trasobares y Torrehermosa, y explotaciones localizadas de aguas subterráneas. Los recursos generados por las pequeñas regulaciones de carácter local y por las explotaciones localizadas de aguas subterráneas se destinarán a satisfacer sus demandas específicas. e) Explotación de los acuíferos del Alto Jiloca, masa 088 Monreal-Calamocha, como complemento al embalse de Lechago. Explotación de las masas de agua subterránea 088 Monreal-Calamocha (nuevos pozos de Bello) y 086 Paramos del Alto Jalón (pozos de Alconchel de Ariza) Los recursos procedentes de estas explotaciones se destinarán a satisfacer las demandas locales de abastecimientos, otros usos industriales y riegos f) Embalse de Nuévalos, en cola del embalse de La Tranquera. La reserva de agua derivada del embalse de Nuévalos se destinará a usos recreativos. Este embalse no supondrá detrimento alguno para los usos consolidados del embalse de La Tranquera. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Optimización de la gestión: Explotación conjunta de los embalses actuales de Tranquera, Maidevera y Monteagudo de las Vicarías, de los embalses futuros de Mularroya, Lechago y balsas de cabecera, así como de las explotaciones de aguas subterráneas. Incorporación de todos los aprovechamientos en el Sindicato Central del Jalón Los recursos obtenidos de la optimización del conjunto de regulaciones se gestionarán de forma integral teniendo en cuenta la satisfacción de las demandas de abastecimiento de la cuenca, el régimen de caudales ecológicos y las demandas de los regadíos del Jalón-Jiloca. Los regadíos del bajo Jalón que actualmente se suministran alternativamente desde el Canal Imperial, podrán mantener esta situación, contribuyendo en función de la procedencia de los volúmenes de agua utilizados a la recuperación de los costes del servicio respectivo. b) A solicitud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una reserva de 1 hm3 en las cabeceras de los ríos Mesa y Piedra, para las necesidades de abastecimiento de población. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Piedra, Mesa y Ortiz, hasta la presa de La Tranquera. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo en el río Jalón hasta la desembocadura del río Piedra, Nájima hasta el azud de derivación al embalse de Monteagudo de las Vicarías, Aranda hasta la presa de Maidevera, Pancrudo hasta la presa de Lechago, Jiloca hasta la derivación-bombeo del embalse de Lechago y resto de afluentes completos excepto la Rambla de Cariñena. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, e incorporación a la correspondiente comunidad de regantes, en el Nájima, aguas abajo de la presa de Monteagudo de las Vicarías, Piedra, aguas abajo de la presa de Tranquera, Jiloca, aguas abajo de la desembocadura del Pancrudo, Aranda aguas abajo de la presa de Maidevera, Jalón aguas abajo de la desembocadura del Piedra y Rambla de Cariñena completa Artículo 40. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 6: Cuenca del Huerva. 1. En situación actual la Junta de Explotación 6 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 60,2% sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 28,0% sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 88,2% 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: Recrecimiento de la presa de Las Torcas. Los recursos derivados de este recrecimiento se destinarán a suministrar los abastecimientos urbanos actuales y futuros, para mejora de las dotaciones de los actuales regadíos, así como para la laminación de avenidas. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: Balsas de regulación en la cabecera del Huerva (Campo Romanos). Los recursos derivados de nuevas balsas en la cabecera del Huerva se destinarán a la mejora del suministro de los aprovechamientos existentes de abastecimiento, regadío o ganadería en Campo Romanos, especialmente durante los intensos estiajes. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el tramo del embalse de Las Torcas. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en la cabecera del Huerva, hasta la cola del embalse de Las Torcas. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de regantes, en el Huerva, aguas abajo de la presa de Las Torcas Artículo 41. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 7: Cuenca del Aguasvivas. 1. En situación actual la Junta de Explotación 7 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 64,7% sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 27,7% sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 58,6% 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Acondicionamiento del embalse de Almochuel y elevación desde el Ebro. Los recursos adicionales procedentes de esta actuación se destinarán a la consolidación de regadío existente infradotado y a la puesta en regadío de nuevas explotaciones en el interfluvio Aguas Vivas-Martín. b) Otras elevaciones del Ebro junto con balsas de regulación, para el bajo y medio Aguas Vivas y cuencas del Ginel y Lopín. Los recursos procedentes del Eje del Ebro se asignarán, a nuevos regadíos en el marco del PEBEA. c) Explotaciones localizadas de aguas subterráneas, para la mejora de dotaciones de los actuales usos de la cuenca. 3. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Lopín completo. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Ginel completo. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo en todo el Aguas Vivas y afluentes, acompañado de integración en la correspondiente comunidad de regantes, aguas abajo del embalse de Moneva. Artículo 42. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 8: Cuenca del Martín. 1. En situación actual la Junta de Explotación 8 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 76,8% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 52,1% sobre la aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 70,9%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Adecuación del embalse de Escuriza. Los recursos procedentes de la adecuación del embalse de Escuriza se destinarán a la mejora de la satisfacción de sus actuales demandas. b) Uso conjunto en las inmediaciones de los manantiales de Ariño, mediante la construcción de pozos que exploten los recursos de la masa de agua subterránea 091 Cubeta de Oliete en las inmediaciones de los Baños de Ariño. Los recursos procedentes de este uso conjunto se destinarán a la mejora de los abastecimientos y otros usos industriales, incluyendo las demandas consuntivas energéticas, de la cuenca, mejora de las dotaciones de los regadíos deficitarios y posibles nuevas áreas regables del bajo Martín. c) Embalse de Las Parras (Plan MINER). Los recursos adicionales disponibles generados por esta actuación se destinarán a atender las demandas de abastecimiento, agrícola e industrial de la Cuenca Minera Central. d) La parte baja de la cuenca podrá contar con recursos procedentes, por elevación, del Eje del Ebro. Los recursos procedentes del Eje del Ebro se asignarán a la mejora de las dotaciones de los actuales usos de la cuenca, así como para permitir nuevos regadíos u otros aprovechamientos. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: Explotaciones localizadas de aguas subterráneas, en particular en el acuífero jurásico del Lias. Las extracciones de aguas subterráneas se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Martín hasta la presa de Cueva Foradada y Escuriza hasta la presa de Escuriza. b) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, acompañado de integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el Martín aguas abajo de la presa de Cueva Foradada y Escuriza, aguas abajo de la presa de Escuriza. Artículo 43. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 9: Cuenca del Guadalope. 1. En situación actual la Junta de Explotación 9 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 89,4% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 132,9% sobre la aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 79,2%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Explotación del acuífero de Mas de las Matas. Los recursos procedentes de la explotación del acuífero de Mas de las Matas se destinarán al abastecimiento y los regadíos de la zona, y se explotarán conjuntamente con la regulación superficial, integrándose su explotación en el Sindicato Central del Guadalope. b) Recrecimiento de la presa de Santolea y presa de cola. Los recursos procedentes del recrecimiento de la presa de Santolea se destinarán para usos industriales (entre ellos los derivados de la refrigeración de la central térmica Teruel) y para el suministro de los regadíos actuales y futuros, en particular del canal Calanda-Alcañiz. c) Pequeña regulación en el Alchozasa. Los recursos procedentes de las actuaciones de regulación en el Alchozasa se destinarán al suministro de demandas en la misma subcuenca. d) La parte baja de la cuenca contará también con recursos procedentes de elevaciones desde el Eje del Ebro, en particular del embalse de Mequinenza. Los recursos procedentes del Eje del Ebro se asignarán a la mejora de las dotaciones de los actuales usos de la cuenca, así como para permitir nuevos regadíos u otros aprovechamientos. Estos recursos se explotarán de forma conjunta con la regulación superficial, integrándose en el Sindicato Central del Guadalope. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Se establece una reserva de 10 hm3/año en la cuenca del río Bergantes para las necesidades de abastecimiento de población y usos agropecuarios en la Comunidad Valenciana. b) Uso conjunto aguas superficiales-subterráneas en el entorno del manantial de los Fontanales, con seguimiento adecuado de su explotación y afecciones. Los recursos aportados por este uso conjunto se destinarán al abastecimiento, uso industrial y regadío, incluyendo la posibilidad de incrementar la disponibilidad de agua de la central térmica Teruel en situaciones de sequía que impidan el normal suministro desde el embalse de Calanda, y se explotarán conjuntamente con la regulación superficial, integrándose su explotación en el Sindicato Central del Guadalope. c) Optimización de la gestión: Explotación conjunta de los embalses actuales de Santolea, Calanda y Caspe, del futuro recrecimiento de Santolea, de las explotaciones de aguas subterráneas y de los bombeos del Ebro, con integración en el Sindicato Central del Guadalope. Los recursos adicionales obtenidos de la optimización del conjunto de regulaciones se gestionarán de forma integral teniendo en cuenta la satisfacción de las demandas de abastecimiento de la cuenca y las demandas de los regadíos del Guadalope. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en Guadalope y afluentes hasta la presa de Santolea, así como el Regallo completo. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el Alchozasa y en el Guadalopillo hasta la presa de Gallipuén. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el Bergantes completo y afluentes, así como en el Mezquín d) Integración en la correspondiente comunidad de usuarios en el Guadalopillo, aguas abajo de la presa de Gallipuén, y Guadalope, desde la presa de Santolea hasta desembocadura. Artículo 44. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 10: Cuenca del Matarraña. 1. En situación actual la Junta de Explotación 10 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 34,7% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 16,8% sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 61,4%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones, una vez modificadas en virtud del Dictamen del Matarraña, aprobado por la Comisión del Agua de Aragón en 2006: 1. Pequeña regulación en el río Algás. Los recursos procedentes de la regulación del en el río Algás, se destinarán a abastecimientos, usos industriales y regadío de apoyo. 2. Balsas laterales de Val Figuera y Val de Beltrán en el Matarraña. El incremento de regulación proporcionado por estas balsas se asignará al abastecimiento, usos industriales, mejora de las dotaciones de los regadíos actuales. 3. La parte baja de la cuenca contará también con recursos procedentes del Eje del Ebro por elevación. Los recursos procedentes del Ebro por elevación se asignarán a la mejora de las dotaciones de los actuales usos y riego de apoyo de la parte baja de la cuenca, así como para permitir nuevos regadíos u otros aprovechamientos. 4. Regulación de la cuenca de Tastavins que se concreta en Balsa de Monroyo, Embalse de los Comellares-Tormasal y Balsa de Peñarroya de Tastavins. El promotor y administración responsable es el Instituto Aragonés del Agua derivado del convenio entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado. Los recursos procedentes de la regulación del Tastavins se asignarán a las demandas de la propia cuenca del Tastavins y, secundariamente, del Matarraña. 3. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Matarraña y Pena hasta su confluencia, incluyendo afluentes. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Tastavíns y afluentes hasta su desembocadura en el Matarraña. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Algás completo y sus afluentes. d) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el Matarraña desde la confluencia del río Pena hasta su desembocadura. Artículo 45. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 11: Bajo Ebro. 1. En situación actual la Junta de Explotación 11 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 13,5% sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 18,9% sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 98,6% 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Los recursos adicionales disponibles futuros serán en esta Junta de Explotación los recursos naturales y retornos procedentes de las Juntas de Explotación situadas aguas arriba y los que se obtengan asumiendo que la explotación de las regulaciones se lleva a cabo prioritariamente para usos consuntivos, y asumiendo que los caudales que circulan por la toma de los canales del Delta son los correspondientes a la doble faceta de demanda agrícola y medioambiental asumidos en este Plan Hidrológico para dicha zona regable y natural. Estos recursos se destinarán a la satisfacción de las demandas de abastecimiento urbano e industrial dentro de la cuenca y al suministro de la reserva establecida en la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona, a la satisfacción de las demandas agrícolas de los regadíos existentes y al suministro de las ampliaciones de regadíos que se ubiquen dentro del ámbito del Plan Hidrológico del Ebro. b) De acuerdo con lo especificado en el artículo 32, los recursos del eje del Ebro para las necesidades futuras de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de Aragón, se reparten entre las Juntas de Explotación 1 y 11. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Explotaciones de agua subterráneas. Tal como se establece en el artículo 8, dado que no existen masas subterráneas compartidas con otras demarcaciones, los recursos subterráneos de esta Junta de Explotación se asignarán a sus propias demandas, con preferencia de los abastecimientos. b) A solicitud de la Generalidad de Cataluña, una reserva de 52,15 hm3/año desde el Ebro y sus afluentes dentro de la junta de Explotación 11 para el plan de nuevos regadíos de Cataluña dentro de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 4. En los afluentes del Ebro de esta Junta de Explotación, no se cuenta con recursos adicionales disponibles para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan en los afluentes del Ebro de esta Junta de Explotación llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en todos los afluentes, excepto en el Ciurana aguas abajo de la presa de Ciurana, y en el Asmat, aguas abajo de la presa de Guiamets, en los que sólo se requerirá integración en la comunidad de usuarios respectiva. b) Integración en la respectiva comunidad de usuarios desde el embalse de Mequinenza hasta la desembocadura. 5. Para los efectos de los requerimientos de caudales ecológicos en esta Junta de Explotación número 11, Bajo Ebro, se considerará volumen útil en Mequinenza el determinado por la cota de embalse 105 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), equivalente a un volumen de 644 hm3. Alcanzada esta cota se reconsiderará por parte de la Comisión de Desembalse el régimen de explotación de los diferentes embalses. Artículo 46. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 12: Cuenca del Segre. 1. En situación actual la Junta de Explotación 12 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 42,7% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 44,8% sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 98,3%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Embalse de Rialp, en el Segre, ya construido. Los recursos procedentes de la regulación del embalse de Rialp se destinarán al abastecimiento urbano dependiente del Canal Principal de Urgel y otros núcleos de las Garrigas, régimen de caudales ecológicos del eje del Segre, mejora de las garantías de la superficie de riego del Canal Principal, con carácter prioritario frente a nuevas demandas, usos industriales también dependientes del Canal Principal, nuevos regadíos relacionados con la restitución territorial, ampliación de los regadíos del Canal Principal de Urgel, nuevos regadíos del Canal Segarra-Garrigas suministrables directamente desde dicho canal, mejora de regadíos del Canal Auxiliar de Urgel. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado c). b) Embalse de Albagés, en el Set, alimentándose principalmente con recurso procedente del Segre a través del Canal Segarra-Garrigas. Los recursos regulados por el embalse de Albagés se destinarán al régimen de caudales ecológicos, a la consolidación de los regadíos existentes en el río Set y la satisfacción de las demandas para los distintos usos del Canal Segarra-Garrigas. c) Optimización de gestión conjunta con el Segre denominada «armonización» de usos del bajo Noguera Pallaresa. Los recursos procedentes de la armonización para usos consuntivos del bajo Noguera Pallaresa se asignarán principalmente a los usos del sistema de canales de Urgel no debiendo repercutir en un costo adicional para la Comunidad General de Regantes de los canales de Urgel. Podrán compensarse las afecciones derivadas de esta armonización con la modificación de las condiciones y plazos concesionales de los usos no consuntivos. Entre tanto no se lleve a cabo tal armonización, se asignará la mejora de riegos del sistema de canales de Urgel al embalse de Rialp, con prioridad respecto a todos los riegos que dependan, directa o indirectamente del canal Segarra-Garrigas. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Reutilización planificada de retornos de riego en los ríos Sió, Cervera y Corp Los recursos adicionales provenientes de la reutilización se destinarán a la mejora de dotaciones de la zona regable por la que transcurren dichos ríos. b) Explotaciones localizadas de agua subterráneas, previa investigación. Las extracciones de agua subterránea se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos y situaciones de emergencia por sequía. c) A solicitud de la Generalidad de Cataluña, una reserva de 393 hm3/año desde el Segre medio, Noguera Pallaresa y Segre Bajo incluyendo los 100 hm3/año asignados para el Canal Segarra- Garrigas. Esta reserva está condicionada por el orden de preferencia de usos expuesto en el artículo 46.2.c) 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Segre hasta la presa de Rialp, incluidos afluentes, y el río Noguera-Pallaresa y afluentes, completo. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Sió, Cervera, Corp y Set, hasta su cruce con el Canal Segarra-Garrigas. A partir de este punto los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. c) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Farfaña hasta su cruce con el canal de Alguerri-Balaguer. A partir de este punto los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. d) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios en el Segre, aguas abajo de la presa de Rialp y hasta el embalse de Ribarroja. Artículo 47. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 13: Cuencas del Ésera y Noguera Ribagorzana. 1. En situación actual la Junta de Explotación 13 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 79,2% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 100,9% sobre la aportación media en régimen natural (se incluyen los embalses hidroeléctricos). c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 91,5%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Embalse de San Salvador optimizado, en la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña, y explotación conjunta con Barasona, sumado a otras regulaciones internas y a la reutilización planificada de los retornos de la Clamor Amarga. Los recursos adicionales que se obtengan a partir de todas estas actuaciones, se destinarán al régimen de caudales ecológicos del Ésera aguas abajo de Barasona y a la mejora de las dotaciones de la zona regable actualizada del Canal de Aragón y Cataluña. b) Incremento de regulación en el sistema Ésera-Noguera Ribagorzana. Los incrementos adicionales de regulación que puedan existir en el sistema Ésera-Noguera Ribagorzana, se destinarán a la mejora de dotaciones de la zona regable actualizada del Canal de Aragón y Cataluña. c) Explotación de la masa de agua subterránea 041 Litera Alta (pozos de Olvena) Los recursos procedentes de estos pozos se destinarán para el apoyo del Canal de Aragón y Cataluña en caso de sequía. d) Otras explotaciones localizadas de aguas subterráneas, previa investigación Las extracciones de agua subterránea se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos y situaciones de emergencia por sequía. e) Pequeña regulación en el Isábena. Balsas en el entorno de Beranuy. Los recursos adicionales generados por actuaciones de regulación en el Isábena se destinarán para las propias demandas del Isábena. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Modernización integral en los regadíos del Canal de Piñana. Los recursos adicionales fruto de la modernización integral de los regadíos del Canal de Piñana se destinarán a la mejora de garantías en la propia zona regable, y a la atención de otras demandas según prioridades actuales y de acuerdo con el pacto de Piñana. b) Optimización de la gestión en el sistema Ésera-Noguera Ribagorzana. Se atenderá a la solución más óptima para la gestión conjunta de los aprovechamientos del Ésera-Noguera-Ribagorzana, incluida la utilización de los volúmenes embalsados por debajo de la cota del Canal de Enlace, y volúmenes no turbinables extraíbles, para todos los usuarios. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Noguera Ribagorzana hasta la presa de Santa Ana, incluidos afluentes, y el río Ésera y afluentes, hasta la presa de Barasona-Joaquín Costa. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Sosa hasta su cruce con el Canal de Aragón y Cataluña. A partir de este punto los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. Igualmente se considerarán retornos de riego las detracciones del río Tamarite o Clamor Amarga. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios en el Ésera y Noguera-Ribagorzana, aguas abajo de la presa de Barasona y Santa Ana, respectivamente. Artículo 48. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 14: Cuencas del Gállego y Cinca. 1. En situación actual la Junta de Explotación 14 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 58,7% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 47,3% sobre la aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 94,1% 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones, una vez modificadas en virtud de los Documentos de Conclusiones sobre la regulación del Gállego, emitidos por la Comisión del Agua de Aragón en julio de 2006: a) Embalse de Montearagón en el Flumen, ya construido. Los recursos disponibles, proporcionados por la regulación del embalse de Montearagón se destinarán a los abastecimientos urbanos y usos industriales de Huesca y otros núcleos, para la mejora de regadíos y posibles ampliaciones dentro de la Hoya de Huesca. b) Embalse de Biscarrués en el Gállego y embalse de Almudévar y otras balsas, en el interior de la zona regable de Riegos del Alto Aragón, como se acordó en la Comisión del Agua de Aragón, de 20 de junio de 2006. Los recursos adicionales proporcionados por estas actuaciones se destinarán a la satisfacción de las demandas de Riegos del Alto Aragón y desarrollo de la primera fase de la ampliación de Riegos del Alto Aragón en la comarca de la Hoya de Huesca, con una cuantía máxima anual de 50 hm3 una vez que se disponga de un incremento de capacidad de embalse en el sistema Gállego-Cinca de 200 hm3. Para la ampliación de Riegos del Alto Aragón en la Hoya Huesca, será de aplicación la normativa vigente para ejecución de los nuevos regadíos de Riegos del Alto Aragón. c) Racionalización de la explotación de los aprovechamientos del Bajo Gállego, Bajo Cinca y otros tramos de río dentro de la Junta de Explotación 14. Los recursos adicionales fruto de esta actuación se destinarán para el régimen de caudales ecológicos y para la mejora de las garantías de los regadíos del Gállego-Cinca, analizando en su conjunto los derechos concesionales de todo el sistema en el que están ubicados y las prioridades de uso contempladas en el artículo 24. d) Regulación del Alcanadre y otras actuaciones contempladas por el documento de conclusiones sobre la regulación del río Gállego de la Comisión del Agua de Aragón de fecha 20 de julio de 2006, hasta completar una capacidad adicional en el sistema Gállego Cinca de 363 hm3. Los recursos generados por la regulación del Alcanadre y el resto de actuaciones se destinarán a la satisfacción de todas las demandas del cuenca Alcanadre, así como al suministro de las demandas de los Riegos del Alto Aragón, y desarrollo de la segunda fase de la ampliación de los Riegos del Alto Aragón en la comarca de la Hoya de Huesca, con una cuantía máxima de 40 hm3. Para la ampliación de Riegos del Alto Aragón en la Hoya Huesca, será de aplicación la normativa vigente para ejecución de los nuevos regadíos de Riegos del Alto Aragón. e) Incorporación de recursos desde el Eje del Ebro. Los recursos adicionales que puedan proceder del Eje del Ebro utilizarán especialmente en época de sequía para completar la satisfacción de las demandas de regadíos y, en su caso, para nuevos regadíos de la intercuenca. Cuando la regulación del Aragón lo permita y pudieran existir excedentes de recursos hídricos, esos excedentes podrían emplearse, mediante las obras correspondientes, en la Junta de Explotación 14. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Captación mediante pozos de aguas del aluvial del Gállego. Los recursos adicionales captados de este modo se destinarán a completar en épocas de sequía la satisfacción de las demandas del Gállego, siguiendo los órdenes de prioridad. b) Recursos extraordinarios procedentes del bombeo del volumen por debajo de la cota de toma del Canal del Cinca en el embalse de El Grado al propio canal, en situaciones de emergencia por sequía. Estos recursos, a ser movilizados únicamente en caso de emergencia por sequía, se destinarán a completar la satisfacción de las demandas existentes, de acuerdo con el orden de prioridad. c) Explotación de la masa de la masa de agua subterránea 033 Santo Domingo-Guara mediante la regulación con pozos en los manantiales de gran variabilidad estacional de la Sierra de Guara (Fuentes de Bastarás y Lecina), previa investigación. Las extracciones de agua subterránea se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos y situaciones de emergencia por sequía. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: En la cuenca del Cinca: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Cinca y afluentes hasta la presa de El Grado. Igualmente, el río Vero y la Clamor de Fornillos hasta su cruce con el canal del Cinca; a partir de estos dos puntos, los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. Igualmente, en la Clamor II hasta su desembocadura en el Cinca, los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. b) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el Cinca aguas abajo de la presa de El Grado. En la cuenca del Alcanadre: a) Integración en la correspondiente comunidad de usuarios en el Flumen hasta su cruce con el Canal del Cinca. Los caudales a detraer del barranco de Valdabra se considerarán retornos de riego. b) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Alcanadre y afluentes, hasta su cruce con el canal del Cinca, en el río Guatizalema hasta la cola del embalse de Vadiello, y en el río Botella completo. c) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el río Guatizalema aguas abajo del embalse de Vadiello y hasta su cruce con el canal del Cinca. A partir de este punto y hasta su desembocadura en el Alcanadre, los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. d) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Isuela hasta la ciudad de Huesca. A partir de este punto, en el Isuela hasta su cruce con el canal del Cinca, los caudales a detraer se considerarán retornos. e) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en Flumen, Isuela y Alcanadre a partir de su cruce con el canal del Cinca. En la cuenca de La Valcuerna: f) Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. En la cuenca del Gállego: g) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Gállego y afluentes hasta la presa de La Peña, así como el barranco de San Julián. h) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Sotón y afluentes hasta la presa de La Sotonera. i) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el Gállego, aguas abajo de La Peña, y Sotón, aguas abajo de La Sotonera. j) Los caudales a detraer del barranco de La Violada tendrán la consideración de retornos de riego. 6. El desarrollo de los nuevos regadíos de Riegos del Alto Aragón estará condicionado al incremento de regulación que se produzca para el sistema. Artículo 49. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 15: Cuencas del Aragón y Arba. 1. En situación actual la Junta de Explotación 15 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 37,1% sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 28,6% sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 72,8% 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Modulación por parte de la Administración de los caudales destinados al Aragón bajo, y gestión conjunta para este fin de las aportaciones del Aragón y del Irati mediante los embalses de Yesa e Itoiz. Los recursos adicionales generados por la revisión de concesiones del Aragón bajo se destinarán a los aprovechamientos del Aragón bajo y otras demandas del eje del Ebro y para los regadíos de Bardenas. b) Recrecimiento de la presa de Yesa en el río Aragón. La nueva regulación derivada del recrecimiento de Yesa se destinará para el abastecimiento de aguas en Zaragoza y su entorno así como de otros núcleos poblacionales como los navarros situados aguas abajo del embalse, y luego con carácter preferente los regadíos de Bardenas, entre los que se incluyen el de Ferial y el de Morante (salvo la subzona de Cadreita que pasa a formar parte del Sector XIII del Canal de Navarra), dejando a salvo los derechos de los regadíos tradicionales de ribera del Aragón, y finalmente la canal de Berdún. Si a largo plazo existieran recursos adicionales del Aragón procedentes de nuevas regulaciones, aprovechamiento de agua del Salazar u otras, se destinarán con carácter preferente a los regadíos de Bardenas, pudiendo, en su caso, destinarse los excedentes a la creación de nuevos regadíos en Navarra entre la presa de Yesa y la toma de la Acequia de Bayunga, y finalmente para otros regadíos, y en su caso, para el apoyo de las demandas de la Junta de Explotación 14 o Eje del Ebro, en particular Canal Imperial de Aragón y Canal de Tauste. c) Embalse de Laverné, en proceso de puesta en carga. Los recursos regulados por el embalse de Laverné en la acequia de Sora, se destinarán a los regadíos de Bardenas. d) Recrecimiento del embalse de Malvecino. Los recursos regulados por el recrecimiento del embalse de Malvecino en la acequia de Cinco Villas, se destinarán a los regadíos de Bardenas e) Reparación del embalse de Valdelafuén. Los recursos regulados por el recrecimiento del embalse de Valdelafuén en el canal principal de Bardenas, se destinarán a los regadíos de Bardenas f) Otras pequeñas regulaciones de carácter local entre las que se encuentran regulaciones internas del canal de Bardenas, así como la optimización del transporte del canal. Los recursos regulados por los pequeños embalses y balsas de carácter local y los internos de Bardenas, así como los procedentes de la optimización de la capacidad de transporte, se destinarán a sus fines específicos. g) Embalse de Biota en el río Arba de Luesia. Los recursos generados por el embalse de Biota se destinarán al suministro de las demandas de la propia cuenca. h) Embalse de Luna o alternativa en el río Arba del Biel. Los recursos generados por el embalse de Luna o alternativa se destinarán al suministro de la propia cuenca y como obra complementaria al sistema de regulación de Bardenas. 3. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: En la cuenca del Aragón: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Aragón y afluentes hasta la presa de Yesa. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Onsella y Barranco de la Portillada completos. c) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de regantes, en el Aragón aguas abajo de la presa de Yesa, hasta la confluencia del Cidacos. En la cuenca del Arba: d) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo en todos los Arbas hasta su cruce con el canal de Bardenas. Aguas abajo del cruce con el canal de Bardenas, los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. Artículo 50. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 16: Cuencas del Irati, Arga y Ega. 1. En situación actual la Junta de Explotación 16 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 11,3% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 20,8% sobre la aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 95,1%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Optimización de uso del embalse de Urdalur. Además de los usos actuales, los recursos del embalse de Urdalur podrán destinarse a la ampliación de la Mancomunidad de Sakana, en particular con la inclusión de Irurtzun. En su caso, también podrán destinarse recursos a las cuencas del Zadorra y Alegría, para abastecimiento y para el regadío de la Llanada Oriental Alavesa, de forma alternativa o complementaria a lo dispuesto en el artículo 51.2. f), integrándose los nuevos usuarios en esta Junta de Explotación. b) Embalse de Itoiz en el Irati, en servicio. Los recursos adicionales en base a la regulación proporcionada por el embalse de Itoiz se destinarán para el régimen de caudales ecológicos del río Irati y contribución a los del río Aragón, para el suministro de los regadíos del Aragón bajo, junto con los recursos proporcionados por la regulación de Yesa -dotando a éste de unas nuevas normas de explotación adaptadas a la necesaria cooperación con Itoiz en la regulación del sistema Aragón-Irati-, al abastecimiento urbano y otros usos industriales de las áreas dominadas por el canal de Navarra, en especial la Comarca de Pamplona, para el suministro de los regadíos actuales y nuevos regadíos de la cuenca del Irati y para el suministro de agua a los aprovechamientos derivados del canal de Navarra, tanto en las cuencas del Ega y Arga como para la ampliación y mejora de los regadíos de la zona media y de la Ribera de Navarra, en la margen izquierda y derecha del Ebro, y de las cuencas del Alhama y del Queiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, así como para la subzona de Cadreita (Morante) que actualmente riega de la Acequia de Navarra y que podrán integrarse en el sector XIII del Canal de Navarra. El uso de agua regulada en ltoiz y transportada a través del Canal de Navarra para el riego de terrenos en las cuencas del Arga y Ega, en la denominada Ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra, producirá en estiaje una liberación de caudales de los regadíos tradicionales del Ega y del Arga, que pasan a regarse desde el citado Canal, lo que se traducirá en una mejora del estado ecológico de las aguas de los respectivos cauces y en un mayor apoyo de estos dos ríos al eje del Ebro, lo que permitirá, con la adecuada explotación conjunta de Itoiz y el embalse de Yesa recrecido, incrementar la garantía de suministro a los regadíos del Canal de Navarra. Los excedentes de los recursos regulados con este embalse, si los hubiera, en tanto en cuanto no sean utilizados por el canal de Navarra, podrían ser utilizados transitoriamente para satisfacer las demandas del Aragón bajo y eje del Ebro, revirtiendo inmediatamente a su uso previsto a medida que vayan entrando en funcionamiento las distintas fases del canal de Navarra, adaptando la explotación de ambos embalses, Itoiz y Yesa, en función de la evolución en la entrada en funcionamiento de cada fase. De forma transitoria, se asignan a la regulación Itoiz los caudales necesarios para los regadíos de Viana, Bargota y Mendavia, en tanto no puedan asignarse recursos del Ebro liberados del Canal de Lodosa por el Canal de Navarra (artículo 35.3.c). c) Explotación de las masas de agua subterránea 023 Lóquiz, 021 Izki-Zudaire, 017 Sierra de Urbasa, 018 Sierra de Andía, 019 Sierra de Aralar, 016 Aizkorri y 010 Basaburua-Ultzama. Las extracciones de aguas subterráneas de estos acuíferos se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos y usos industriales. d) Posible regulación en la cuenca del Arga. Los recursos regulados procedentes de nuevas regulaciones a estudiar en el Arga se destinarán a los abastecimientos urbanos. En el periodo de estiaje del río Arga, podrán asignarse recursos de la cuenca del Irati a través del río Elorz. e) Embalse en el arroyo de Riomayor (cuenca del Ega). Los recursos regulados por el embalse de Riomayor se destinarán para la nueva área regable de Tierra Estella, incluida en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 105/2008, estimada en unas 7.000 ha. Se establece una reserva de 32 hm3 anuales con este fin, a solicitud del Gobierno de Navarra. 3. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: En la cuenca del Arga: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Arga y todos sus afluentes, excepto el Araquil. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Araquil y su afluente Alzania hasta la confluencia de ambos. A partir de este punto integración además en la comunidad de usuarios correspondiente. En la cuenca del Irati: c) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en todos los afluentes del Irati, y en el propio Irati hasta la presa de Itoiz. d) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Irati aguas abajo de la presa de Itoiz e integración en la correspondiente comunidad de usuarios. En la cuenca del Zidacos: e) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo en el Zidacos hasta su cruce con el Canal de Navarra. Aguas abajo de este punto, los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. Mientras no esté en explotación la zona regable del Canal de Navarra, se aplicará a todo el Zidacos la regulación de 20 días. En la cuenca del Ega: f) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Iranzu, Urederra, Istora, Ega II, y los afluentes de estos. g) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el propio río Ega y resto de afluentes. En la cuenca del Linares: h) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en toda su cuenca. En la cuenca del Ríomayor (afluente directo del Ebro): i) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en toda su cuenca. Artículo 51. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 17: Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares. 1. En situación actual la Junta de Explotación 17 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 28,4% sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 29,2% sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 91,4%. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Posible regulación de la cabecera del Bayas o explotación de aguas subterráneas. Los recursos procedentes de la regulación del Bayas y la explotación de las aguas subterráneas se destinarán a aprovechamientos dentro de la cuenca b) Construcción de pequeños embalses y balsas de regulación para riegos en las Comunidades Autónomas de Castilla y León y País Vasco. Las pequeñas regulaciones planteadas por las Comunidades Autónomas de Castilla y León y del País Vasco se destinarán a satisfacer las demandas locales de riegos. c) Explotación de la masa de agua subterránea 011 Calizas de Subijana. Los recursos generados con la explotación de la masa Calizas de Subijana, se destinarán preferentemente a los abastecimientos locales, y secundariamente se podrán destinar a la reducción de la vulnerabilidad de los abastecimientos de Vitoria y Gran Bilbao en situaciones de sequía, siempre y cuando la afección resultante de esta explotación sobre el acuífero no sea significativa, o pueda revertirse una vez concluido el episodio de sequía. d) Explotación de las masas de agua subterránea 022 Sierra de Cantabria. Los recursos generados con la explotación de la masa Sierra de Cantabria de destinarán al abastecimiento de población. e) Nueva regulación a definir en la cabecera del río Zadorra (Arcillas-Korrosparri-pequeñas regulaciones en barrancos laterales río Alegría) o incorporación al sistema actual de abastecimiento sustentado en los embalses del Zadorra. Los recursos generados podrán destinarse al abastecimiento y al regadío en la Llanada Oriental Alavesa. De forma temporal y con acuerdo de las partes implicadas dentro de las Juntas de Explotación 16 y 17, podrán utilizarse con este fin recursos procedentes del río Uyar o Ametzaga (cuenca del Araquil), siempre y cuando no afecte al régimen de caudales ecológicos y las detracciones se realicen entre el 1 de octubre y el 30 de abril. f) Optimización de uso del embalse de Urdalur. De conformidad con lo establecido en el artículo 50.2.a) los recursos del embalse de Urdalur podrán destinarse a las cuencas del Zadorra y Alegría, para abastecimiento y para el regadío de la Llanada Oriental Alavesa, de forma alternativa o complementaria a lo dispuesto en el punto e), integrándose los nuevos usuarios en la Junta de Explotación 16. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) No se producirá un incremento del actual volumen anual trasvasado desde la Demarcación Hidrográfica del Ebro a la del Cantábrico Oriental, dentro de la Junta de Explotación, salvo excepcionales circunstancias temporal o geográficamente puntuales. b) A solicitud de la Diputación Foral de Álava, una reserva en la cuenca del río Zadorra, de 21,75 hm3, para las necesidades de regadío 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Zadorra y Santa Engracia y afluentes hasta las presas de Ullívarri y Urrúnaga. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el resto de masas de esta Junta de Explotación, excepto el río Rojo en que los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. CAPÍTULO 6 Utilización del dominio público hidráulico Artículo 52. Criterios de regulación interna para concesiones. 1. Salvo justificación especial, y al objeto de mantener el buen estado de las masas de agua y en base al principio de precaución en materia de medio ambiente, no se otorgarán concesiones de carácter consuntivo, ni se modificarán las existentes con incremento de caudal máximo instantáneo o del volumen máximo anual, si no se dispone de regulación interna suficiente en el aprovechamiento o propuesta adecuada de uso conjunto superficial-subterráneo. 2. Esta regulación interna deberá permitir el funcionamiento independiente del aprovechamiento durante los periodos de tiempo en que la restricción por el régimen de caudales ecológicos obligue a suspender la derivación en el punto de captación, sea éste de aguas superficiales o de aguas subterráneas en el acuífero aluvial cuya afectación a la masa de agua relacionada sea relevante. 3. De conformidad con lo prescrito en la asignación de recursos de este Plan, artículos 35 a 51, en el anexo 10.1 se recoge la regulación interna mínima en cada una de las masas de agua superficiales de la Demarcación Hidrográfica del Ebro y en el anexo 10.4 la relación de masas de agua subterránea en las que se establece una distancia mínima al río para las captaciones en el acuífero aluvial. Para distancias inferiores a las indicadas en el mencionado anexo 10.4 se exigirán las mismas condiciones de regulación interna que para las masas superficiales con ellas relacionadas. Artículo 53. Concesiones para riego. En las solicitudes de concesión para riego, de conformidad con el artículo 106.2.b) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se acompañará un análisis y propuesta de buenas prácticas agrarias para limitar la contaminación difusa y exportación de sales, especialmente en las zonas declaradas vulnerables, en línea con lo que se contemple en los programas de actuación en zonas vulnerables de las administraciones competentes. Artículo 54. Asignación del plazo concesional. 1. El plazo concesional será como máximo de cuarenta años. No obstante, excepcionalmente podrá otorgarse un plazo superior cuando quede acreditado en el expediente de concesión que las inversiones que deban realizarse para el desarrollo de la actividad económica exigen un plazo mayor para su recuperación y garantía de viabilidad, en cuyo caso se otorgarán por el tiempo necesario para ello, con el límite temporal de setenta y cinco años determinado en el artículo 59.4 del Texto refundido de la Ley de Aguas. 2. Toda novación o ampliación de plazo concesional se condicionará a la incorporación de mejoras ambientales y de eficiencia, teniendo en cuenta, si es el caso, las que se hubieran realizado a lo largo del desarrollo del plazo concesional original. 3. En tanto en cuanto no se haya definido y concertado el régimen de caudales ecológicos a mantener en la toma de la concesión o, en el caso de aguas subterráneas, no pueda preverse adecuadamente la afectación de dichas extracciones al caudal superficial, el otorgamiento de nuevas concesiones o la modificación con aumento de extracciones de las existentes, se otorgará por un plazo máximo de veinticinco años, y condicionada al cumplimiento de los caudales ambientales desde el momento en que se determinen. 4. Siempre que, justificadamente, se aprecie dudosa la idoneidad del aprovechamiento para el cumplimiento de los objetivos medioambientales de las masas de agua asociadas o para el uso eficiente y sostenible del agua dentro de un sistema hídrico, el plazo concesional a otorgar se reducirá todo lo necesario para no comprometer dicho uso eficiente y sostenible. Artículo 55. Utilización de aguas subterráneas. 1. De conformidad con el artículo 184.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico la Confederación Hidrográfica del Ebro, para el otorgamiento de concesiones, considerará su posible afección a captaciones anteriores legalizadas, para lo cual podrá solicitar al peticionario que aporte la información hidrogeológica justificativa para la evaluación de las posibles afectaciones, basado en datos obtenidos, entre otros, de la ejecución de ensayos de bombeo o aforos realizados en las nuevas captaciones. 2. A los efectos del mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, además del establecimiento de distancias mínimas en determinados tramos conforme al anexo 10.4 se podrá exigir a los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas que se encuentren próximos a ríos o manantiales y que puedan ser afectados directamente, un informe justificativo de las posibles afecciones a los mismos, que deberá cumplir con los mismos requerimientos técnicos establecidos en el apartado anterior. 3. Sin perjuicio de especificaciones motivadas más concretas, todas las captaciones nuevas de más de 5 m de profundidad deberán tener cementados los primeros 4 m de espacio anular, como sello de protección ante la contaminación; además se cementarán adecuadamente los tramos de sondeos que queden abandonados por la mala calidad del agua. 4. Los pozos o sondeos que tengan carácter surgente deberán acabarse con un dispositivo de cierre estanco que impida la salida libre del agua y con un dispositivo en la cabeza de cierre para poder instalar un manómetro. Siempre que las condiciones de la surgencia lo permitan, se podrá admitir la sobreelevación adecuada del brocal al objeto de equilibrar la presión. 5. Todas las perforaciones deberán quedar equipadas con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico. A la salida de la tubería de impulsión deberá colocarse un dispositivo de control y medida de caudales de conformidad con la Orden Ministerial ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado dominio público y de los vertidos al mismo. También deberá instalarse en la cabeza de pozo una salida para la toma de muestras de agua. 6. La comunidad de regantes o los comuneros podrán solicitar la concesión de aprovechamientos de aguas subterráneas con destino a riego de terrenos situados en su zona regable. Previo a su otorgamiento, la Confederación Hidrográfica del Ebro solicitará informe de la Comunidad General, si existiere. Si el solicitante fuera la comunidad de regantes, se tramitará como una modificación de características de la concesión de la que fuera titular, o condicionada a la que se otorgue en un futuro para las zonas regables pertenecientes a Planes Coordinados del Estado. Si el solicitante fuera comunero podrá obtenerla con el carácter de complementaria de la que administre la comunidad de regantes y la tramitación por el Organismo de cuenca incluirá la previa petición de informe a ésta. Dicho aprovechamiento deberá integrarse en la comunidad de regantes, y quedará obligado a aportar un certificado que acredite dicha incorporación con antelación a la autorización de su puesta en explotación. En el caso de captaciones de aguas subterráneas ubicadas en zonas regables pertenecientes a comunidades de regantes para uso fuera de la zona regable, el peticionario deberá justificar técnicamente que las aguas a captar no provienen mayoritariamente de retornos de riego y sólo en este caso, no precisarán de autorización de la comunidad de regantes. 7. De conformidad con el artículo 188.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el titular del aprovechamiento deberá comunicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro, con una antelación mínima de un mes, la realización de las labores de limpieza, desarrollo y estimulación de pozos. Artículo 56. Concesiones hidroeléctricas. 1. Los derechos existentes de aprovechamientos hidroeléctricos por reserva de tramo en situación de suspensión, a partir de la entrada en vigor de la presente normativa dispondrán de tres años para ejercitarlos acorde con los requerimientos ambientales y sociales. Transcurrido el plazo anterior quedarán extinguidos los derechos y se practicará de oficio la cancelación de los asientos registrales que en su caso existieran. 2. En los condicionados concesionales se tendrán en cuenta las oscilaciones de caudal aguas abajo producidas por la explotación, de conformidad con lo previsto en el artículo 115.3.c) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Se incluirá en los mismos la señalización del tramo afectado, en la medida que comporte riesgos para los restantes usos comunes del río. 3. Al extinguirse el derecho concesional, de conformidad con el artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas y en condiciones de funcionamiento la totalidad de las obras e instalaciones que constituyen el aprovechamiento. Tanto, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del Dominio Público Hidráulico para la explotación del aprovechamiento, y en su caso, las restantes obras del aprovechamiento e instalaciones electromecánicas de la central al objeto de garantizar la reversión en condiciones de explotación. Artículo 57. Modificación y revisión de concesiones. 1. Con carácter general, la Confederación Hidrográfica del Ebro, previamente a la puesta en explotación de una nueva obra con incidencia significativa en la explotación del recurso, realizará un estudio de ordenación técnica y legal de todos los aprovechamientos influenciados directa o indirectamente por la misma, procediéndose en su caso a la modificación o revisión de las concesiones, conforme a lo dispuesto y con los efectos previstos en los artículos 64 y 65 del texto refundido de la Ley de Aguas. 2. En el supuesto de revisión al amparo del artículo 65.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, relativo al cumplimiento del objetivo de la concesión con menor dotación, los caudales sobrantes resultantes serán destinados, con carácter preferente, a la mejora del régimen de caudales ecológicos. Artículo 58. Inscripción de derechos de los sistemas de riego del Estado. De conformidad con el artículo 189.3.a) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la Confederación Hidrográfica del Ebro de oficio, y en su caso, previa comunicación de la comunidad general de usuarios, iniciará los trámites necesarios para la inscripción y actualización de los derechos que amparan a los aprovechamientos colectivos que gestionan. Artículo 59. Gestión de retornos de riego. 1. La Confederación Hidrográfica del Ebro promoverá el uso de los retornos como medida para aumentar la eficiencia y disminuir la contaminación generada, con objeto de conseguir un mejor estado en los cauces receptores, y siempre en el marco de las buenas prácticas agrarias que minimicen el vertido al Dominio Público Hidráulico. 2. Los retornos de riego dentro de los límites de la zona regable correspondiente, y mientras que no se hayan reincorporado al dominio público hidráulico, tienen la consideración de aguas ya concedidas, por lo que su utilización para el riego de la zona regable que las produce, no se considerará nuevo uso. Por lo tanto se consideran ya otorgados al titular del derecho y podrán utilizarse con la previa comunicación al Organismo de Cuenca para la verificación de la no afectación a derechos preexistentes, y que se trata exclusivamente de retornos de riego. 3. El uso de los retornos de riego, cuando no estén dentro de la zona regable, serán objeto de nueva concesión, la cual no generará servidumbres sobre los usuarios precedentes ni responsabilidad por la merma de caudales disponibles derivada de una gestión más eficiente del riego. 4. Todos los aspectos relacionados con la gestión de retornos por parte de las comunidades de usuarios deberán ser incorporados en sus ordenanzas. Artículo 60. Comunidades de usuarios. 1. De acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas para imponer la constitución de comunidades de usuarios, la Confederación Hidrográfica del Ebro impulsará la constitución de las comunidades de usuarios que estime conveniente para una mejor gestión del agua. En particular se considera, con carácter preferente, la constitución de las siguientes: a) Junta Central de Usuarios del Ebro, incluyendo a todos los usuarios del eje del Ebro, en la Junta de Explotación n.º 1, aguas abajo del embalse del Ebro. b) Junta Central de Usuarios del Bajo Ebro, incluyendo a todos los usuarios del Bajo Ebro, en la Junta de Explotación n.º 11. c) Comunidad de usuarios de aguas subterráneas del acuífero de Alfamén e integración en el Sindicato Central del Jalón. d) Comunidad de usuarios del embalse Monteagudo de las Vicarías, e integración en el Sindicato Central del Jalón. e) Comunidad de usuarios del embalse de Maidevera, e integración en el Sindicato Central del Jalón. f) Comunidades Generales de los canales del Najerilla y Junta Central de Usuarios del río Najerilla. 2. Se fomentará la existencia de acuerdos entre el organismo de cuenca y las comunidades de usuarios para suscribir encomiendas para la gestión del sistema en los términos que se pacten. 3. Se fomentará la colaboración entre las comunidades de usuarios y la Confederación Hidrográfica del Ebro para el seguimiento de los caudales de entrada a un sistema de riego y los de retorno, tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15 y la disposición adicional única de la Orden Ministerial ARM/1312/2009, de 20 de mayo. CAPÍTULO 7 Protección del dominio público hidráulico y calidad de las aguas Sección primera. Protección del dominio público hidráulico Artículo 61. Reservas naturales fluviales 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1.b) c’) del texto refundido de la Ley de Aguas y los artículos 4. b) c’) y 22 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, se proponen, para su declaración por las administraciones competentes, como reservas naturales fluviales los tramos de río que se recogen en el anexo 9, caracterizados por ecosistemas acuáticos que se encuentran en muy buen estado y presentan un alto grado de naturalidad, con escasa o nula intervención humana. 2. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de Planificación Hidrológica, en dichos tramos de río no se concederán autorizaciones ni concesiones en el Dominio Público Hidráulico de actividades que puedan producir presión significativa sobre la cantidad o la calidad de la masa de agua o una afectación significativa a la circulación del agua por el cauce. A estos efectos no se consideran presiones significativas los usos o actividades antrópicas que no pongan en riesgo el mantenimiento del muy buen estado de la masa de agua. Para ello se realizarán los estudios específicos pertinentes para evaluar los efectos de cualquier nuevo uso o actividad. 3. Los criterios para la conservación de las reservas fluviales del punto anterior, se mantendrán cuando se produzcan las declaraciones de las reservas naturales fluviales por las administraciones competentes tanto si es de forma individualizada, como si es formando parte de zonas de protección más amplias. Artículo 62. Zonas húmedas. 1. Se considera prioritaria la protección y restauración de zonas húmedas, de acuerdo con sus características hidromorfológicas y de biodiversidad, teniendo en cuenta los catálogos de zonas húmedas protegidas de las comunidades autónomas y en especial los humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar. 2. En las zonas húmedas se fomentarán las actuaciones para la divulgación y la educación ambiental, con la participación de las administraciones locales implicadas. 3. Las Administraciones, en colaboración con las comunidades de usuarios, promoverán la restauración y formación de humedales y lagunajes en el entorno de las zonas regables, con el objeto adicional de contribuir a la depuración natural de nutrientes y mejorar su estado. Artículo 63. Zonas húmedas en cola de embalse. 1. Se podrán definir zonas húmedas permanentes en la cola de embalses con interés ambiental o recreativo. En este sentido, se promoverán medidas para el mejor aprovechamiento ambiental y recreativo de los embalses. 2. La implantación de estas medidas no habrá de condicionar la adecuada explotación del embalse de acuerdo con el fin previsto para el que fue construido. Artículo 64. Protección del Delta del Ebro y la costa. Con la finalidad de asegurar el mantenimiento de las condiciones ecológicas especiales, las estaciones de control, las zonas protegidas, la protección ambiental, la prevención de inundaciones y el programa de inversiones del Delta del Ebro y la costa, el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro asume el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, contemplado en la disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y su desarrollo conforme a los acuerdos entre las administraciones competentes. Los aspectos relacionados con la gestión de caudales u otras medidas del Plan Integral de Protección del Delta que puedan afectar al resto de la cuenca, deberán ser informados favorablemente por el Consejo del Agua de la Demarcación. Artículo 65. Plantaciones de arbolado en márgenes. 1. Sin perjuicio del cumplimiento del artículo 81 del reglamento del Dominio Público Hidráulico, se promoverá el desarrollo de sotos y plantaciones de arbolado en las márgenes de los ríos dentro de la zona de policía, pues estas formaciones actúan como filtros verdes, siempre que no constituyan un factor de riesgo de inundación o no alteren desfavorablemente el estado de las masas de agua. 2. Salvo justificación especial, y para contribuir a alcanzar el buen estado de las masas de agua, en las autorizaciones de plantación se conservará una franja de vegetación autóctona de entre cinco y diez metros de anchura en su extensión longitudinal en su parte más próxima al cauce. La anchura de esta banda empezará a contar desde la línea de aguas bajas del cauce o bien la línea que, por las características geomorfológicas y sedimentarias del cauce pueda soportar la primera banda de vegetación de ribera. Artículo 66. Plantaciones de arbolado en ribera. 1. No se autorizarán plantaciones de arbolado en los cauces que supongan nuevas ocupaciones del Dominio Público Hidráulico, salvo actuaciones de restauración promovidas por las distintas administraciones con competencia territorial, así como otras actuaciones a realizar en los montes gestionados por los órganos competentes en materia forestal de las diferentes comunidades autónomas. 2. Siempre que se garantice el cumplimiento del artículo 74.7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el titular podrá mantener, las ocupaciones y plantaciones actuales que no supongan un obstáculo al régimen de corrientes. 3. En los nuevos turnos de plantación y ocupaciones, se deberá respetar una franja de al menos cinco metros en la parte lindante con el cauce de aguas bajas en la que no se realizarán plantaciones de especies forestales de crecimiento rápido, ni se podrán acumular materiales o residuos de cualquier tipo. 4. Con carácter general y salvo autorización expresa, no se podrán realizar labores de abonado en este tipo de plantaciones. Artículo 67. Continuidad fluvial y dispositivos de franqueo para peces en azudes. De conformidad con el artículo 126 bis. 2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico el proyecto de los dispositivos de franqueo para peces tendrán en cuenta los criterios que se recogen en el anexo 13. Artículo 68. Limpieza y mantenimiento de balsas. Con el fin de contribuir al buen estado del medio hídrico asociado a las balsas de agua dentro del Dominio Público Hidráulico, al tránsito natural de sedimentos y a recuperar la funcionalidad de las mismas, evitando la concentración de sedimentos y nutrientes y, al mismo tiempo, minimizando los efectos negativos aguas abajo, se establecen las siguientes recomendaciones: a) Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de balsas con periodicidad anual o cuando el espesor de los lodos acumulados supere los cuarenta centímetros b) Que la limpieza se realice fuera de la época crítica de reproducción de los anfibios, es decir, después del verano, y aprovechando, en la medida de lo posible, momentos de elevado caudal. Artículo 69. Delimitación técnica. 1. Se considera delimitación técnica teórica, cartográfica o probable del Dominio Público Hidráulico, a aquella obtenida de los estudios técnicos de los que se disponga, elaborados o validados por el organismo de cuenca. Frente a esta delimitación, podrán desarrollarse estudios técnicos de detalle que permitan una mejor definición teórica, que deberán ser también validados por el organismo de cuenca. 2. La delimitación teórica, cartográfica o probable del Dominio Público Hidráulico será puesta a disposición del público y, en su caso, se incorporará al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 3. Se definen como zonas de concentración de escorrentías aquellas que tienen las siguientes características: a) Cuenca vertiente inferior a 1 km2 (100 ha). b) No aparecer señalada como cauce en la cartografía oficial. c) No aparecer como finca individualizada de dominio público en el registro del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 4. No obstante, cada caso concreto será susceptible de análisis específico, pudiéndose variar estos criterios conforme a dicho análisis y, en particular, en función de la realidad física. 5. En las actuaciones a realizar en estas zonas se habrá de evitar que, por la modificación del régimen natural de las escorrentías, se ocasionen perjuicios a terceros. Artículo 70. Deslinde del patrimonio del Estado en zonas regables. Las comunidades de regantes podrán solicitar a la Administración el deslinde y amojonamiento del patrimonio del Estado de la zona regable a los efectos de una mejor gestión, que deberá realizarse de conformidad con los artículos 50 a 54 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Artículo 71. Recarga y protección de acuíferos. 1. En relación con los perímetros de protección referidos en el artículo 57 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro podrá tomar medidas de protección y explotación adicional en función de la evolución del estado de las masas. En su caso, serán incluidas en el siguiente ciclo de revisión del Plan, salvo que el Consejo del Agua de la demarcación aprecie la necesidad de hacerlo antes, de conformidad con el artículo 89.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 2. En cuanto a proyectos de recarga artificial o inducción a la misma, se considera la masa de agua subterránea 077 Mioceno de Alfamén como objeto preferente de recarga artificial inducida mediante la construcción de diques en los barrancos de Aguarón y Cosuenda. Artículo 72. Criterios técnicos para determinar las condiciones de las concesiones de agua subterránea. Para la determinación de las condiciones de las concesiones de aguas subterráneas previstas en el artículo 187 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y de conformidad con los artículos 76 del texto refundido de la Ley de Aguas y 184.1 del citado reglamento, serán de aplicación los siguientes criterios: 1. Caudal máximo instantáneo por captación: salvo justificación adecuada, el concesionario estará obligado a realizar un ensayo de bombeo bajo los condicionantes técnicos que indique el Organismo de Cuenca y que permitirá la fijación de dicho caudal en la correspondiente tramitación administrativa de la concesión. 2. Volumen máximo: con carácter general, el volumen máximo de explotación no debería comprometer el recurso disponible de la masa de agua subterránea. La Confederación Hidrográfica del Ebro autorizará nuevas concesiones siempre y cuando el volumen total de agua concedido en la masa de agua subterránea no supere su recurso máximo disponible. Esta prescripción no incluye los casos de las masas de agua subterránea en las que los retornos de regadío suponen una parte muy relevante del aporte de entradas en el acuífero. En estas circunstancias, si el recurso disponible se reduce debido a la mejora de la eficiencia de riego, se entenderá que no se produce afección al derecho de concesión. 3. Distancia entre aprovechamientos: en ausencia de restricciones más específicas conforme a los artículos 71 y 73, la distancia mínima entre captaciones será de 100 m. Con el objeto de mejorar el rendimiento de una captación que disponga de concesión, se podrá modificar las características constructivas o incluso construir una nueva captación en un radio de 100 m, siempre que no implique afectación a terceros. La captación original deberá ser, en su caso, clausurada y sellada restituyendo el terreno a sus condiciones iniciales, salvo que se establezca el correspondiente acuerdo por escrito para mantenerla como punto de control piezométrico, siempre que se cumplan las condiciones constructivas, de seguridad y de permiso de acceso establecidas. Atendiendo a la especial trascendencia que puede tener la afectación cuantitativa a un aprovechamiento existente desde manantial por la explotación de un pozo construido con posterioridad, se establece que, salvo justificación adecuada, deberá existir una distancia mínima de 500 m entre ambas captaciones. 4. Profundidades de perforación e instalación de bombas: se establece con carácter general una limitación a la profundidad, tal que ésta no sobrepase la base del acuífero explotado para evitar la conexión indeseada entre acuíferos distintos. Asimismo, en aquellos acuíferos con problemas de intrusión marina, en la solicitud de concesión se incluirá un estudio justificativo de la profundidad adoptada en relación con el posible avance del frente salino. Artículo 73. Criterios técnicos de carácter específico para determinar las condiciones de las concesiones de agua subterránea. 1. Zonas condicionadas por afección de contaminación: En esas zonas se podrán otorgar concesiones para abastecimiento urbano, industrial y para uso agrícola; no obstante en los pozos cuyo destino sea el abastecimiento humano y a fin de minimizar los efectos de la contaminación difusa detectada en estas zonas, salvo justificación adecuada, se deberá diseñar un sello sanitario que abarque toda la zona no saturada. Para ello se cementará el espacio anular, entre la tubería y la pared de la perforación, en todo el tramo superior a la superficie freática. En el anexo 10.2 se presenta un listado de las masas de agua subterránea en la que es preceptivo este condicionado. En las masas de agua subterránea en las que se haya detectado la presencia de contaminaciones puntuales, el otorgamiento de las concesiones de abastecimiento será analizado caso por caso por la Confederación Hidrográfica del Ebro. En anexo 10.3 se relacionan las masas de agua subterránea en las que se han definido ciertas áreas a las que atañe esta condición. 2. Zonas con limitaciones específicas para la preservación o mejora del estado cuantitativo de las masas de agua: a) Zonas con limitación de distancia a cauces superficiales: Se establece una distancia mínima de las captaciones de agua subterránea a ciertas masas de agua superficiales para evitar la afección directa a los regímenes de caudales ecológicos definidos en estas masas de agua asociada. En estas zonas, salvo justificación adecuada, los nuevos otorgamientos de concesiones de agua subterránea se supeditarán a los mismos requerimientos de regulación interna mínima que a la correspondiente masa de agua superficial a la que afecta. En el anexo 10.4 se detallan las distancias mínimas establecidas y los tramos de ríos en los que se prescribe esta condición. b) Zonas reservadas para uso prioritario de abastecimiento de población futuro: En estas áreas se podrán otorgar concesiones para usos distintos al abastecimiento urbano hasta un volumen máximo equivalente al 30% del recurso disponible, incluyendo los aprovechamientos regulados en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas. En circunstancias especiales y de emergencia por sequía, esta restricción podrá ser revocada por la administración hidráulica. Se podrán otorgar las concesiones correspondientes a la reposición de aquellos aprovechamientos preexistentes que hayan dejado de ser operativos por alguna razón, a fin de garantizar los derechos ya adquiridos. En el anexo 10.5 se relacionan estas áreas. c) Perímetros de protección de aguas minerales y termales: En estas zonas las nuevas solicitudes de concesión deberán incluir entre la documentación a presentar un informe de la autoridad competente. El anexo 10.6 recoge los perímetros de aguas minerales y termales declarados, solicitados o en trámite en la cuenca. 3. Zonas con limitaciones especiales al incremento de extracciones: En una serie de masas de agua subterránea con importante presión extractiva, y al objeto de prevenir el empeoramiento de su estado cuantitativo, se establecen una serie de condicionantes y restricciones especiales que regirán el otorgamiento de nuevas concesiones de agua subterránea que pretenden mejorar su estado y ordenar el aprovechamiento de sus recursos. En el anexo 10.7 se relacionan estas zonas y la referencia a su representación en la lámina correspondiente a las normas de otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas del atlas cartográfico del Plan Hidrológico. La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de forma motivada, en función de la disposición de información hidrogeológica adicional, de la evolución de los niveles piezométricos registrados y del caudal de descarga de los acuíferos, podrá actualizar las limitaciones especiales que se listan a continuación. En su caso, serán incluidas en el siguiente ciclo de revisión del Plan, salvo que el Consejo del Agua de la demarcación aprecie la necesidad de hacerlo antes, de conformidad con el artículo 89.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Estas condicionantes y restricciones especiales, referidas según las masas de agua subterránea a las que afecta, son las siguientes: a) Masa de agua subterránea Campo de Belchite (079). No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas cuyas captaciones se ubiquen en el sector Belchite-Mediana de Aragón, al objeto de minimizar las afecciones al caudal de descarga del manantial de Mediana de Aragón y evitar el riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo en esta zona. Superficialmente esta zona se corresponde con la establecida en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 12 de julio de 2001. b) Masa de agua subterránea Somontano del Moncayo (072). En la zona dominada por las acequias del Jalón, sólo se admitirán concesiones cuyo titular sea la comunidad de regantes correspondiente. Al objeto de prevenir el empeoramiento del estado cuantitativo de esta masa o la afección a descargas significativas: 1.º No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas cuyas captaciones se ubiquen en el ámbito de esta masa de agua subterránea y a una distancia inferior a 5 km de los manantiales de Ojos de Pontil y Toroñel. 2.º En el sector Ojos de Pontil no se otorgarán nuevas concesiones de aguas subterráneas cuando el volumen concedido total alcance la cifra de 8 hm3/año. Superficialmente esta zona se corresponde con la establecida en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 12 de julio de 2001. 3.º No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas cuyas captaciones se ubiquen en sector Fuendejalón-Ainzón y supongan incremento en las extracciones de este sector. Superficialmente esta zona se corresponde con la establecida en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 4 de noviembre de 2005. 4.º En el sector «margen izquierda del Jalón» no se otorgarán nuevas concesiones de aguas subterráneas cuando el volumen concedido total alcance la cifra de 18 hm3/año. Superficialmente esta zona se corresponde con la establecida en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 27 de abril de 2006. Para el resto del ámbito de esta masa de agua subterránea, como criterio general se informará negativamente las solicitudes de cesión de derechos entre concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas y se estudiará caso por caso la viabilidad del otorgamiento de cada concesión que se solicite, en función de la evolución de los niveles piezométricos y del caudal de descarga de los acuíferos, así como de los volúmenes y caudales solicitados. c) Masas de agua subterránea Campo de Cariñena (075), Pliocuaternario de Alfamén (076) y Mioceno de Alfamén (077). Con el fin de prevenir la propagación de la contaminación difusa en estas masas las nuevas captaciones de aguas subterráneas que se construyan deberán tener unas características constructivas tales que no permitan la conexión de acuíferos. No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas cuyas captaciones se ubiquen en el sector comprendido entre las carreteras A-220, N-330, A-1304 y CV-641, al objeto de evitar el empeoramiento del estado cuantitativo en estas masas, el descenso general de los niveles piezométricos y el riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. A una distancia menor de 2 km alrededor de la zona anteriormente detallada, con el fin de evitar la concentración de puntos de extracción y la afección entre captaciones, como criterio general y salvo justificación adecuada se deberá mantener una distancia mínima entre captaciones de 500 m. No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas significativas cuyas captaciones se ubiquen en el ámbito de estas masas de agua subterránea y a una distancia inferior a 5 km del manantial de la Virgen de Muel, al objeto de minimizar las afecciones al mismo. En la zona regable dominada por las acequias del Jalón, solo se admitirán concesiones conforme al artículo 55.6. Para el resto del ámbito de las masas de agua subterránea Campo de Cariñena (075), Pliocuaternario de Alfamén (076) y Mioceno de Alfamén (077), como criterio general se informará negativamente las solicitudes de cesión de derechos entre concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas y se estudiará caso por caso la viabilidad del otorgamiento de cada concesión que se solicite, en función de la evolución de los niveles piezométricos y del caudal de descarga de los acuíferos, así como de los volúmenes y caudales solicitados. d) Masa de agua subterránea Huerva-Perejiles (082). En el sector comprendido entre el río Jalón, el río Perejiles, el barranco de Valdesediles y la sierra de Vicort, no se otorgarán nuevas concesiones de aguas subterráneas que capten el acuífero detrítico Mioceno cuando el volumen concedido total alcance la cifra de 2 hm3. e) Masa de agua subterránea de Gallocanta (087). La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta y su zona periférica de protección se considera zona no autorizada para nuevas concesiones. El resto de la masa de agua subterránea de Gallocanta (087) es clasificada como zona de limitaciones específicas. Para esta última zona se admitirán nuevas concesiones hasta un volumen máximo de 1 hm³/año en conjunto. No se incluye en esta restricción los aprovechamientos para abastecimiento urbano. En el sector colindante de la masa de agua Páramos del Alto Jalón (086), término municipal de Used, sólo se admitirán aprovechamientos de escasa entidad regulados por el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas. f) Masa de agua subterránea de la Plana de la Galera (103). Con el fin de prevenir la propagación de la contaminación difusa en estas masas las nuevas captaciones de aguas subterráneas que se construyan deberán tener unas características constructivas tales que no permitan la conexión de acuíferos. En la zona correspondiente a los términos municipales de La Galera, Santa Bárbara y Masdenverge, con el fin de evitar la concentración de puntos de extracción, la afección entre captaciones, como criterio general y salvo justificación adecuada, se deberá mantener una distancia mínima entre captaciones de 500 metros. Para el resto del ámbito de la masa de agua subterránea (103) se estudiará caso por caso la viabilidad del otorgamiento de cada concesión que se solicite, en función de la concentración de extracciones por km2, de la evolución de los niveles piezométricos observada y del caudal de descarga de los acuíferos, así como de los volúmenes y caudales solicitados. 4. Zonas no autorizadas: Además de las zonas referidas en el apartado anterior se establecen una serie de zonas atendiendo a diferentes criterios en las que, salvo justificación adecuada para actuaciones declaradas de interés general, no se admitirán nuevas solicitudes de aprovechamientos de agua subterránea, tanto si se trata de concesiones como de usos privativos por disposición legal (artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas). No obstante lo anterior, en estas zonas se podrá modificar las concesiones vigentes en lo relativo a superficie regable y características de la toma siempre que esto no suponga un aumento del volumen total anual concedido. También se podrán otorgar las concesiones correspondientes a la reposición de aquellos aprovechamientos preexistentes que hayan dejado de ser operativos por alguna razón, a fin de garantizar los derechos ya adquiridos, de acuerdo en su caso con lo previsto en las disposiciones transitorias tercera y tercera bis del texto refundido de la Ley de Aguas y del artículo 189 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Estas zonas se establecen en virtud de la posible afección directa a: a) Zonas con drenajes naturales significativos. Se establece una distancia mínima a una serie de surgencias naturales que constituyen descargas significativas de aguas subterráneas que alimentan zonas o tramos de importante valor de Dominio Público Hidráulico a menos de la cual, salvo justificación adecuada, no se otorgarán nuevos aprovechamientos. La relación y principales datos de situación de estas surgencias naturales consideradas se detallan en el anexo 10.8. En el ámbito externo al área de influencia hidrodinámica de los drenajes naturales significativos, pero dentro de su área de alimentación, y en los casos en que existan valores ambientales que así lo justifiquen, la Confederación podrá requerir un informe sobre su afección ambiental. b) Puntos de titularidad pública de la red de control y seguimiento del estado cuantitativo. Con el fin de no invalidar las mediciones obtenidas en los puntos de la red piezométrica oficial, se establecen una distancia mínima a menos de la cual, salvo justificación adecuada, no se otorgarán nuevas concesiones de aguas subterráneas. Esta distancia mínima será de 400 m para los puntos en los que se realiza control de vigilancia y de 100 m para los puntos de control operativo. En el anexo 10.9 se relacionan los principales datos identificativos estos puntos. c) Perímetros de protección hidrodinámica en áreas de especial valor ambiental. Se establecen unos perímetros de protección hidrodinámica en los que, salvo justificación adecuada, no se otorgarán nuevos aprovechamientos con el fin de evitar la afección a las áreas protegidas como Lugares de Importancia Comunitaria o Zonas de Especial Protección para las Aves integrados en la Red Natura 2000 designados en el marco de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, y la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979 o en la Lista del Convenio de Ramsar, de 2 de febrero del 1971 y que estén relacionadas con las aguas subterráneas. En el anexo 10.10 se relacionan estas áreas y el perímetro de la zona no autorizada. 5. Las limitaciones establecidas en este artículo son aplicables, salvo en los casos especificados en el mismo, a todos los derechos de uso privativo de aguas subterráneas, ya sean adquiridos por concesión administrativa o disposición legal. Artículo 74. Autorizaciones para la investigación de las masas de agua subterránea. De acuerdo con el artículo 180.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico se establece que la duración de la autorización será de doce meses. Sección segunda. Vertidos Artículo 75. Criterios a tener en cuenta en las actuaciones de depuración y autorización de vertidos. En las actuaciones de depuración y autorización de vertidos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Concentración de vertidos homogéneos y separación de vertidos heterogéneos. En aplicación de este criterio, aquellas autorizaciones de vertidos que correspondan a desconexiones de instalaciones industriales de la red urbana de colectores y depuración, que, por traslado de la industria a otro punto favorezcan su depuración específica, se estudiarán teniendo en cuenta la alternativa que suponga en conjunto un menor impacto sobre el estado de las masas de agua afectadas. b) Utilización de tecnologías de bajo coste energético dependiendo de su viabilidad técnica, económica y ambiental. c) Con carácter general, en el diseño de las instalaciones de depuración de pequeños núcleos de población menores de 1.000 habitantes equivalentes, de conformidad con el artículo 251.1 b) 1ª) del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se utilizarán como referencia los criterios de la tabla siguiente, sin perjuicio de que se establezcan condiciones de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales y la presencia de zonas sensibles así lo requiera. Habitantes equivalentes Rendimientos mínimos de reducción de la contaminación < 25 SS: 50% DBO5: 25% Amonio: 40% 25-250 SS: 70% DBO5: 55% DQO: 55% Amonio: 50% 250-1.000 SS: 85% DBO5: 90% DQO: 70% Amonio: 70% d) Unificación y conexión a las redes de saneamiento municipal de todos los vertidos que, por sus características de biodegradabilidad, puedan ser aceptados en las instalaciones de depuración urbanas, especialmente urbanizaciones aisladas y polígonos industriales. En los casos en que, por causa de complejidad técnica o de desproporcionalidad económica no se considere adecuada dicha conexión, se tramitarán las correspondientes autorizaciones de vertido siempre bajo condiciones en las que se cumplan las normas de calidad ambiental del medio receptor así como el no empeoramiento de la masa de agua afectada. Todo ello sin perjuicio de las competencias de los entes municipales o supramunicipales en cuestiones de abastecimiento y saneamiento otorgadas según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. e) Cuando una o varias aglomeraciones urbanas estén conectadas a una única depuradora deberán formalizar un acuerdo de gestión conjunta con un obligado al pago del canon de control de vertido o constituir una mancomunidad, consorcio o cualquier otro ente local supramunicipal titular del vertido. En caso de no alcanzar acuerdo entre dichas aglomeraciones para su constitución, las comunidades autónomas, al amparo de sus competencias, promoverán su formación. f) El Organismo de cuenca podrá imponer la obligación de regular el caudal de aguas residuales cuando los objetivos medioambientales así lo requieran. g) Dado el carácter salino de parte del sustrato de la cuenca, se consideran buenas prácticas aquellas actuaciones encaminadas a la disminución del aporte total de sales al medio hídrico. En las autorizaciones de vertido se fomentará la minimización de las sales exportadas, considerado el conjunto de las masas de agua a las que afecte la actividad generadora del vertido. Artículo 76. Tramitación previa de autorizaciones de vertido y control de efluentes urbanos. 1. Con anterioridad a la solicitud de autorización de vertido el promotor podrá presentar ante el Organismo de Cuenca un anteproyecto con la definición de las infraestructuras generales de saneamiento y depuración. A partir de dicha documentación el Organismo de cuenca emitirá una evaluación preliminar requiriendo en su caso al solicitante para que introduzca las correcciones oportunas en el proyecto que elabore para la solicitud de la autorización de vertido. 2. En aglomeraciones urbanas superiores a 10.000 habitantes equivalentes que vierten a masas de agua que no cumplan el buen estado, el Organismo de cuenca podrá exigir la implantación de sistemas de control en continuo del funcionamiento de las instalaciones y de la calidad del efluente. Artículo 77. Caudal circulante a efectos de autorizaciones de vertido. Cuando esté implantado un régimen de caudales ecológicos en la masa receptora de un vertido, el caudal a tener en cuenta en la autorización de vertidos será el mínimo establecido en condiciones de normalidad hidrológica. Artículo 78. Aplicación de medidas adicionales. 1. En aquellas masas de agua en que la consecución del buen estado se vea comprometida por los vertidos, el Organismo de cuenca podrá requerir a los titulares de las autorizaciones de vertido en esa masa medidas adicionales de reducción de vertidos y, en su caso, denegar nuevas autorizaciones de vertidos, en la masa afectada y en las masas aguas arriba que se determinen. También se podrá requerir la constitución de comunidades de vertido de acuerdo con los artículos 90 del texto refundido de la Ley de Aguas y 253.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 2. En las situaciones en que por razones de detracción de caudales o vertidos de aguas residuales, se pueda afectar el cumplimiento de los objetivos medioambientales, se estudiará la posibilidad alternativa de reutilización de las aguas residuales para minimizar su vertido, previo paso por las instalaciones de regeneración necesarias, según lo estipulado en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Artículo 79. Vertidos en azarbes y colectores de riego. 1. Todo vertido sobre azarbes o colectores de zonas regables, requerirá autorización de vertidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y la aceptación de la comunidad de usuarios. La autorización de vertidos de aguas residuales sobre azarbes o colectores pertenecientes a una comunidad se condicionará a la coordinación del titular del vertido con la comunidad de usuarios, haciéndole partícipe de la gestión, en su caso mediante el abono de los gastos que genera el uso de las mencionadas infraestructuras que se acuerde con el titular del vertido o el cumplimiento de unos requisitos de emisión para poder en su caso reutilizarlo. 2. La reutilización de vertidos para riego estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre. Artículo 80. Vertidos directos de contaminantes en aguas subterráneas 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 257 a 259 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se establecen los siguientes preceptos sobre los vertidos directos de contaminantes en aguas subterráneas. a) Con carácter general está prohibido el vertido directo de contaminantes en las aguas subterráneas a no ser que se demuestre que estos vertidos no provocan un deterioro significativo en el estado general del acuífero. b) Podrá autorizarse la inyección de contaminantes en el caso de reinyección en el mismo acuífero de aguas utilizadas con fines geotérmicos o en los supuestos contemplados en el artículo 11.j) de la Directiva 2000/60/CE siempre y cuando: 1) Los vertidos no pongan en peligro el logro de los objetivos medioambientales establecidos para la masa de agua subterránea donde se realiza el vertido o en aquellas masas de agua con las que esté relacionada. 2) Se apliquen las mejores técnicas posibles para aminorar la masa de vertido de contaminante introducido en el acuífero. 3) Se establezcan mecanismos de seguimiento específicos del estado de las masas de agua afectadas y se realicen evaluaciones periódicas del efecto de los vertidos realizados. 2. Donde se prevea que una zona regable pueda verse afectada por una inyección de vertidos se contará con informe de la comunidad de regantes respectiva. Artículo 81. Reutilización de aguas residuales. Dentro de las actuaciones de reutilización, se considerarán prioritarias aquellas localizadas en subcuencas en que no se prevea alcanzar a 2015 el buen estado. Sección tercera. Gestión de inundaciones y sequías Artículo 82. Coordinación con el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación. 1. De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, en la siguiente y sucesivas revisiones del Plan Hidrológico, con la periodicidad establecida por la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de Aguas, se incorporarán los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos a partir de lo establecido en el plan de gestión de riesgos de inundación, que sean aprobados. En concreto aquellos relacionados con la limitación de medidas estructurales, conservación y restauración del espacio fluvial, la mejora de las herramientas de previsión y alerta temprana y la promoción de seguros frente a inundaciones. 2. En la gestión de inundaciones se tendrá en cuenta el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994 por el que se aprueba la Directriz básica ante el Riesgo de Inundaciones, que establece el contenido y las funciones básicas de los planes de la comunidades autónomas. A tal efecto, serán aplicables en sus respectivo ámbitos territoriales los Planes de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de las comunidades autónomas del País Vasco (homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil de 23 de marzo de 1999), de Cantabria (homologado el 24 de marzo de 2010), de Navarra (homologado el 21 de febrero 2002), de Castilla y León (homologado el 24 de marzo de 2010), de Aragón (homologado el 19 de julio de 2006) de Cataluña (homologado el 19 de julio de 2006), de Castilla La Mancha (homologado el 24 de marzo de 2010), de la Comunidad Valenciana (homologado el 23 de marzo de 1999), y en el Plan Territorial de protección civil de la comunidad autónoma de La Rioja para la atención en emergencias (homologado el 4 de mayo de 1995 y actualizado el 17 noviembre de 2011). Artículo 83. Actuaciones en Dominio Público Hidráulico. Las actuaciones que se realicen deberán cumplir, en la medida de lo posible, criterios de mínima intervención, favoreciendo su recuperación natural, integrando condicionantes hidromorfológicos y utilizando, cuando sea posible, aquellas técnicas que minimicen el impacto de la intervención y que garanticen la estructura y funcionalidad ecológica del sistema, estableciendo las medidas de protección necesarias. Artículo 84. Protección contra las inundaciones. Sin perjuicio de lo que establezcan los Planes de gestión de riesgos para inundaciones, con objeto de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes, se tendrá en cuenta las siguientes directrices: 1. A falta de estudios específicos, la cartografía de referencia sobre las distintas categorías del ámbito inundable será la ofrecida por el Sistema de Información Geográfica de la Confederación Hidrográfica del Ebro (SITEBRO), que contribuirá a la configuración del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio. 2. Para el cálculo del caudal de avenida y de sobreelevaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) El caudal de avenida podrá determinarse, preferentemente y siempre que se disponga de datos suficientes, por métodos foronómicos, recurriendo en caso contrario a los métodos hidrometeorológicos más adecuados. De forma orientativa, podrá utilizarse el «Mapa de caudales máximos de avenida para la red fluvial de la España Peninsular», elaborado por el CEDEX, o la «Instrucción de Carreteras 5.2-IC». b) Para el cálculo de sobreelevaciones y otros efectos producidos por las obras de fábrica, y los criterios limitativos en los proyectos de obras de fábrica, podrá utilizarse de forma orientativa, a falta de otras determinaciones, los criterios de la «Instrucción de carreteras 5.2-IC, Drenaje superficial», y, en su caso, incorporando un análisis sobre los efectos de las sobreelevaciones aguas arriba y aguas abajo de la obra de fábrica. 3. Para actuaciones en cauce se tenderá, en lo posible, a la recuperación del territorio de movilidad fluvial del río. Para ello tienen que darse las condiciones físicas favorables a la actuación, de propiedad de las fincas colindantes y de uso del suelo, que hagan viable desde el punto de vista económico, social y ambiental dicha recuperación. Cuando la solución anterior no sea posible, se atenderá a lo siguiente: a) En tramos donde las avenidas provoquen daños a núcleos de población se ha de actuar de forma prioritaria en la mejora de las defensas existentes u otro tipo de soluciones, y adecuación del cauce para intentar dejar activa la zona de flujo preferente. b) En los tramos donde se hayan producido roturas o erosiones que afectan a las propiedades no urbanas se propiciará restituir la margen al mismo estado en el que estaban antes de ser afectadas por las avenidas. Cuando sea necesario, se procederá a las tareas de conservación y acondicionamiento del cauce y ribera para evitar que futuras avenidas vuelvan a producir daños en las márgenes. c) En los tramos en los que se detecte una reducción significativa de la capacidad de desagüe se estudiará la necesidad de proceder a la limpieza y mantenimiento del cauce mediante la retirada de barras de grava y de vegetación no consolidada. 4. En los estudios y proyectos de defensas frente avenidas, ya sean nuevas o de mejora de las existentes, se tendrán en cuenta los efectos sobre el tránsito de la avenida y sus consecuencias sobre las márgenes y también, el efecto que la disminución de la capacidad de laminación de la avenida, provocada por la defensa, pueda generar aguas abajo. Artículo 85. Daños producidos por las avenidas. 1. Se considera que las crecidas ordinarias, al discurrir, por definición, únicamente por el Dominio Público Hidráulico, no suponen afectación sobre terrenos de propiedad particular. 2. Cuando se produzca una disminución del número de crecidas o cualquier otra causa, que impida el mantenimiento natural de la sección de desagüe para las avenidas ordinarias, los ribereños colindantes, previa autorización, y en su caso, las administraciones públicas, podrán realizar actuaciones para recuperar la capacidad de desagüe perdida. 3. Las avenidas extraordinarias se consideran un fenómeno natural aleatorio de ocurrencia cierta, de intensidad y magnitud no previsible. Artículo 86. Actuaciones menores de conservación en el Dominio Público Hidráulico. 1. Se consideran actuaciones menores de mantenimiento y conservación del Dominio Público Hidráulico, siempre que se realicen fuera de espacios protegidos y no fueran objeto de autorización en los términos previstos en el artículo 53 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, las siguientes: a) Retirada de árboles muertos y podas de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera. b) Retirada de árboles muertos y podas de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce. c) Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del Dominio Público Hidráulico. d) Mantenimiento de las secciones de aforo de las redes oficiales de estaciones de aforo. 2. La ejecución de estas actuaciones se realizará previa presentación ante el Organismo de cuenca, con quince días de antelación, de la declaración responsable por la que el promotor se comprometa al cumplimiento de los requisitos establecidos. El modelo de declaración responsable será aprobado y publicado por el Organismo de cuenca conforme al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La Administración se reserva la facultad de comprobar la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración, disponiendo a tal fin de las labores de inspección del personal dependiente jerárquicamente de la Comisaría de Aguas. 3. Se promoverá la colaboración con las entidades locales para la ejecución de estas actuaciones. Artículo 87. Comunicación y sistema de información. 1. Para la explotación más eficiente de los distintos sistemas hidráulicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro se podrán fijar convenios con los correspondientes usuarios para el mejor aprovechamiento de la red de telecomunicaciones, transmisión de datos, instalación de estaciones de control, etc., siempre que no contravenga la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 2. Los explotadores privados de infraestructuras con efecto en la gestión de avenidas, facilitarán la incorporación de las diferentes lecturas hidráulicas (niveles, caudales, apertura de compuertas, etc.) al Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Artículo 88. Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía. Este Plan Hidrológico incorpora el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, aprobado por Orden Ministerial MAM/698/2007, de 21 de marzo de 2007, acomodando a partir de este momento su ciclo de revisión al del Plan Hidrológico. CAPÍTULO 8 Régimen económico y financiero Artículo 89. Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda. 1. Las unidades de demanda se clasifican desde el punto de vista socioeconómico en cuatro categorías: unidades de demanda a revitalizar, unidades de demanda de apoyo intermedio, unidades de demanda de apoyo limitado y unidades de demanda con recuperación de costes, cuyo ámbito y características se recogen en el anexo 12. 2. Esta clasificación se realiza siguiendo los criterios de la política de desarrollo rural y ordenación del territorio de la Unión Europea y a los efectos de la aplicación del principio de la recuperación de costes y la armonización del desarrollo regional y sectorial. 3. En esta clasificación, los municipios afectados por grandes obras de regulación tienen, a efectos de recuperación de costes y armonización del desarrollo regional y sectorial, la misma consideración que las unidades de demanda a revitalizar. 4. De conformidad con el artículo 111.bis.3 del texto refundido de la Ley de Aguas y en virtud del artículo 42.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, en la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio. A tal efecto, la Confederación Hidrográfica del Ebro podrá proponer excepciones que deben quedar motivadas en virtud de la clasificación socioeconómica de las unidades de demanda establecida en el anexo 13, y siempre que se acompañe de un informe motivado que justifique que no se comprometen ni los fines ni los objetivos ambientales establecidos en el presente Plan. Artículo 90. Recuperación del coste de los servicios del agua. 1. De conformidad con el artículo 111.bis del texto refundido de la Ley de Aguas, la recuperación del coste de los servicios públicos del agua y de los costes ambientales no internalizados, tendrá como finalidad el fomento de un uso cada vez más eficiente del agua y del resto de bienes de dominio público hidráulico, contribuyendo con ello al logro de los objetivos de buen estado y de mejora de la atención de las necesidades de agua. Con tal fin, las Autoridades con competencias en el suministro, establecerán estructuras tarifarias por tramos de consumo, con la finalidad de poder atender las necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos excesivos. 2. Las comunidades de usuarios podrán introducir en las exacciones que perciban de sus comuneros factores correctores del importe a satisfacer en cada caso individual según su consumo, tomando como referencia las dotaciones fijadas en el Plan de tal forma que los usuarios más eficientes en el uso del agua se vean beneficiados. Este factor corrector consistirá en un coeficiente a aplicar sobre la liquidación, que no podrá ser superior a 2 ni inferior a 0,5. Los criterios establecidos deberán ser incorporados a las respectivas ordenanzas y en ningún caso repercutirá en el canon que a tal efecto sea liquidado a la comunidad de usuarios. 3. En las unidades de demanda clasificadas como a revitalizar, de apoyo intermedio o de apoyo limitado, podrá proponerse un incremento del porcentaje de coste a ser asumido por el Estado por razones de equidad, de conformidad con el artículo 89.3. 4. En virtud del artículo 111.bis.3 del texto refundido de la Ley de Aguas y del artículo 42.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica la Confederación Hidrográfica del Ebro podrá proponer la aplicación de exenciones al principio de recuperación de costes consistentes en factores correctores para la liquidación del canon regulación y tarifa de utilización del agua para aquellos usuarios que apliquen medidas innovadoras en la gestión de los recursos hídricos asignados. Artículo 91. Estaciones depuradoras de aguas residuales que sirven a más de una entidad local. Cuando una o varias aglomeraciones urbanas estén conectadas a una única depuradora de aguas residuales y sirvan a más de una entidad local, la Confederación Hidrográfica del Ebro liquidará el canon de control de vertido al titular de la autorización, ya sea la comunidad autónoma, ya sea la mancomunidad o consorcio responsable de la gestión de la competencia para el control y gestión de las aguas residuales de varios municipios de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, ya sea el resultante de cualesquiera fórmulas de gestión compartida, incluyendo un acuerdo de gestión conjunta entre dichas entidades locales. En su defecto, figurarán como cotitulares de la autorización de vertidos todas las entidades locales afectadas, en cuyo caso la distribución del importe del canon entre las mismas se realizará por el Organismo de cuenca con los mejores datos disponibles. Artículo 92. Financiación del Programa de Medidas del plan hidrológico de cuenca. 1. Aquellas actuaciones del Programa de Medidas ya incluidas en programas aprobados por las Autoridades competentes se atendrán a las fórmulas financieras previstas en los mismos. En el anexo 11 se establecen los mecanismos de financiación y las cuantías a financiar a través de los mismos, para las nuevas actuaciones previstas en este plan al horizonte 2015. 2. Las actuaciones previstas en el plan se consideran susceptibles de ser incluidas en lo dispuesto por las normativas europeas para el acceso a los fondos europeos. 3. La relación de todas y cada una de las actuaciones para la consecución de los objetivos de este Plan se desarrolla en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico previsto en el anexo 11 y desarrollado en la Memoria del Plan y en el anejo X de dicha Memoria. Si determinadas circunstancias, tales como la disponibilidad presupuestaria de los organismos identificados para la financiación del programa de medidas, hicieran inviable la realización de alguna o algunas de las actuaciones, el Organismo competente podrá: a) Posponer la ejecución de dicha actuación o grupo de actuaciones en sucesivos planes de gestión (2016-2021, 2022-2027) siempre que sea coherente con el cumplimiento de los objetivos fijados en este Plan Hidrológico y con un adecuado seguimiento del programa de medidas. b) Sustituir dicha actuación o grupo de actuaciones por una nueva actuación o grupo de actuaciones a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Hidrológico en los términos que figuran en la disposición adicional segunda. CAPÍTULO 9 Seguimiento y revisión del plan hidrológico Artículo 93. Seguimiento del plan hidrológico de cuenca y su Programa de Medidas. 1. Según lo previsto en el artículo 87 del Reglamento de la Planificación Hidrológica el Organismo de cuenca realizará el seguimiento del plan hidrológico de cuenca. El Organismo de cuenca podrá requerir, a través del Comité de Autoridades Competentes, cuanta información fuera necesaria a tal fin. 2. Las entidades encargadas de ejecutar actuaciones previstas en el Programa de Medidas facilitarán al organismo de cuenca durante el primer trimestre de cada año información sobre el desarrollo de las actuaciones que se encarguen de ejecutar. Esta información incluirá los aspectos reflejados en las correspondientes fichas de actuaciones del Programa de Medidas recogidas en el Anejo X de la Memoria del Plan, en especial servicio o persona responsable de la actuación y forma de contacto con fines de información pública, actualización de la inversión prevista en cada actuación e inversión efectivamente ejecutada durante el año y desde el origen, plazos previstos de finalización y puesta en funcionamiento efectivo de la actuación, fuentes y condiciones de financiación de la inversión, régimen legal de recuperación de costes al que se acoge la actuación, previsión del grado de recuperación de costes de la actuación y adecuación a los criterios previstos en el plan hidrológico, especificando si se considera algún valor residual no amortizable de la inversión. 3. De conformidad con el artículo 6 del Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación del Ebro designará un grupo de trabajo, denominado «Comisión Técnica de Seguimiento del Programa de Medidas», que se reunirá como mínimo con carácter anual con el fin de preparar el intercambio de información necesario para el seguimiento del programa de medidas del plan hidrológico de cuenca. La Confederación Hidrográfica del Ebro informará al Consejo del Agua de la demarcación sobre los resultados del seguimiento y se pondrá dicha información a disposición del público. Artículo 94. Sistema de información del Plan Hidrológico. 1. El organismo de cuenca elaborará y mantendrá un sistema de información que se utilizará para el seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de cuenca, en especial para informar al Consejo del Agua de la demarcación sobre el desarrollo de los planes, presentar un informe intermedio sobre la aplicación del Programa de Medidas, presentar los informes requeridos por la Comisión Europea sobre los planes hidrológicos y facilitar la información y participación ciudadanas en la planificación. 2. El sistema de información del Plan Hidrológico describirá la evolución de los recursos hídricos y su calidad y la evolución de los usos y demandas de agua. Respecto a la aplicación de los programas de medidas, se informará de las cifras actualizadas de inversión previstas en cada programa así como el grado de ejecución de la misma y se explicarán las fuentes de financiación de la inversión ejecutada, la recuperación de costes de las actuaciones y la adecuación a los criterios previstos en el plan hidrológico. Así mismo, se ofrecerá la información disponible sobre la eficacia de las actuaciones que hayan entrado en funcionamiento, evaluada conforme a los objetivos que se les haya marcado en el plan hidrológico, incluyendo indicadores sobre efectos de las actuaciones sobre el estado de las masas de agua y cumplimiento de objetivos medioambientales, efectos de las actuaciones sobre las presiones sufridas por las masas de agua, grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos, grado de atención de las demandas previstas en el plan hidrológico y efectos socioeconómicos y de equilibrio territorial y sectorial. Igualmente sobre las condiciones registradas para admitir el deterioro temporal, sus efectos y las medidas tomadas. 3. El sistema de información ofrecerá un resumen y una explicación de las medidas previstas en el plan hidrológico que se hayan descartado y de las medidas adicionales transitorias adoptadas. 4. El contenido del sistema de información se pondrá a disposición del público en general a través de Internet y será actualizado conforme esté disponible y al menos anualmente. CAPÍTULO 10 Programa de medidas Sección primera. Programa de medidas Artículo 95. Programa de Medidas. 1. El Programa de Medidas de este Plan viene constituido por las medidas que se incluyen en el anexo 11, correspondientes a los grupos siguientes: a) Cumplimiento de objetivos medioambientales. b) Satisfacción de las demandas. c) Fenómenos extremos. d) Gobernanza. 2. La inclusión de estas medidas dentro del Plan Hidrológico no excluye la ejecución en el futuro de otras actuaciones relacionadas con el medio hídrico que no estén contempladas en esta relación de medidas del plan para cumplir los objetivos de este Plan Hidrológico, que serán objeto de seguimiento en los términos previstos en los artículos 93 y 94. 3. El desarrollo efectivo de las actuaciones se ajustará, en caso de que proceda, a las correspondientes planificaciones sectoriales. 4. Entre las actuaciones previstas en el Programa de Medidas se asumen las obras del Pacto del Agua de Aragón, de acuerdo con la Resolución aprobada por el pleno de las Cortes de Aragón en su sesión de 30 de junio de 1992 (Pacto del Agua), con las modificaciones oportunas efectuadas en el marco de la Comisión del Agua de Aragón. Artículo 96. Restitución territorial. 1. De conformidad con lo dispuesto el artículo 130.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, en las obras de regulación que afecten de forma singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubiquen debe elaborarse previamente un Plan de Restitución Territorial que se ejecute de forma simultánea a las mismas, para la compensación de las afecciones. Los proyectos constructivos de la obra principal deberán incorporar los presupuestos destinados a estos fines de restitución territorial. 2. Los rendimientos que obtenga el Organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía, se destinarán a la restitución económica y social del territorio que los genera, así como a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y las necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca. Sección segunda. Normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío Artículo 97. Auxilios para la mejora y modernización de los regadíos existentes. 1. La modernización o mejora de regadíos con auxilio o financiación pública, ya sea total o parcial, justificará la revisión concesional de los aprovechamientos de modo que los recursos hidráulicos inscritos se ajusten a las dotaciones de este Plan. Con carácter previo a la revisión concesional el Organismo de cuenca, en colaboración con la comunidad de regantes respectiva, definirá las alternativas de cultivo a incluir y las demandas de las mismas. Conforme al artículo 57.2, aquellos caudales liberados por una mejor utilización del agua y no afectando a las garantías de los regadíos modernizados, serán destinados preferentemente al régimen de caudales ecológicos o a otras asignaciones que se especifiquen dentro del Plan Hidrológico. 2. En este sentido la revisión o modificación concesional en las actuaciones de mejora y modernización de los regadíos existentes estará supeditada a su adecuación a las previsiones establecidas por este Plan en cuanto a dotaciones, sistemas y métodos de riego, condiciones de drenaje y sistemas de control e información de caudales, control de retornos y contaminación difusa, buenas prácticas agrarias, volúmenes y módulos de riego, pudiéndose solicitar la elaboración de los informes finales que demuestren los resultados obtenidos. 3. El Organismo de cuenca promoverá la realización de convenios con las comunidades de usuarios con el objetivo de mejorar la gestión de los sistemas de riego. En este sentido las infraestructuras hidráulicas de interés general del Estado, y en particular las acequias del Estado que gestiona el Organismo de cuenca, que hayan quedado fuera de uso como consecuencia de la ejecución de un proyecto de modernización de regadíos declarado de interés general, se considerará que no serán necesarias para el servicio público a los efectos de la desafectación regulada en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Artículo 98. Requisitos de ejecución de los estudios de viabilidad de los nuevos regadíos. La solicitud de transformación de zonas regables irá acompañada, además de la documentación prevista en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de un estudio de viabilidad con el siguiente contenido mínimo: a) Delimitación de las superficies objeto de transformación, ajustando sus dotaciones a las que se establecen en el Plan Hidrológico. b) Evaluación de los factores naturales sobre los que inciden, a fin de determinar su influencia sobre el medio ambiente y su conservación, así como respecto al balance anual de CO2 y su capacidad de fijación a largo plazo, por los posibles efectos del cambio climático. Dichos proyectos analizarán también los efectos sobre las poblaciones rurales y la influencia de esta en el mantenimiento del espacio natural y rural. c) Aptitud de los suelos para el riego. d) Adecuación a las previsiones establecidas en el Plan en cuanto a los posibles efectos ambientales que sobre el estado de las masas de agua puedan generar, dotaciones, sistemas y métodos de riego, condiciones de drenaje, sistemas de control e información de caudales, control de retorno y contaminación difusa, buenas prácticas agrarias, volúmenes y módulos de riego. e) Las posibles afecciones a otros aprovechamientos tanto actuales como previsibles desde los puntos de vista, técnico y concesional. Artículo 99. Selección de transformaciones en regadíos. Se asumen los criterios y actuaciones que establezcan el Plan Nacional de Regadíos y los planes de regadío aprobados por las comunidades autónomas. No obstante, deberán contar con asignación de recursos en este Plan Hidrológico. Artículo 100. Sistemas de información en las redes de riego y drenaje. 1. Tanto las actuaciones de mejora de los regadíos existentes como los proyectos de transformación de nuevos regadíos incluirán todos aquellos elementos de medida que sean necesarios para un correcto conocimiento de los caudales, volúmenes, dotaciones y módulos de riego utilizados, así como calidad de los retornos, estando obligados los usuarios del sistema a su mantenimiento en perfectas condiciones de funcionamiento y al suministro de la información, con la periodicidad que se establezca, al Organismo de cuenca. 2. Podrá condicionarse la concesión de recursos hidráulicos y los posibles auxilios económicos a lo establecido en el apartado anterior. CONTENIDO NORMATIVO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO Y ANEXOS ÍNDICE Capítulo preliminar. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Autoridades competentes. Capítulo 1. Ámbito territorial y definición de masas de agua. Artículo 3. Ámbito territorial. Artículo 4. Identificación y delimitación de masas de agua superficial. Artículo 5. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea. Artículo 6. Condiciones de referencia, límites de cambio de clase y valores umbral. Artículo 7. Designación de las masas de agua artificiales y muy modificadas. Artículo 8. Masas de agua subterránea compartidas. Artículo 9. Masas de agua transfronterizas. Artículo 10. Definición y ámbito de los sistemas de explotación. Capítulo 2. Objetivos medioambientales. Artículo 11. Objetivos medioambientales. Artículo 12. Objetivos particulares para el bajo Ebro y el delta. Artículo 13. Objetivos medioambientales menos rigurosos. Artículo 14. Deterioro temporal del estado de las masas de agua. Artículo 15. Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones. Capítulo 3. Caudales ecológicos. Artículo 16. Caudales ecológicos en condiciones ordinarias. Artículo 17. Caudales ecológicos en condiciones de sequía prolongada. Artículo 18. Régimen de caudales ecológicos en puntos singulares Artículo 19. Control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos. Artículo 20. Implantación y cumplimiento del régimen de caudales ecológicos. Artículo 21. Continuidad del régimen de caudales ecológicos. Artículo 22. Caudales preventivos. Capítulo 4. Usos y demandas. Prioridad y compatibilidad de usos. Artículo 23. Clasificación de los usos del agua. Artículo 24. Orden de preferencia y compatibilidad de usos. Artículo 25. Dotaciones para abastecimiento de población. Artículo 26. Cálculo de población. Artículo 27. Demanda agraria y dotaciones y necesidades máximas hídricas de riego. Artículo 28. Dotaciones ganaderas. Artículo 29. Fomento de la eficiencia energética en las zonas regables. Artículo 30. Dotaciones para la industria. Artículo 31. Participación en las Juntas de Explotación. Capítulo 5. Asignación y reserva de recursos. Artículo 32. Consideraciones generales sobre la asignación y reserva de recursos. Artículo 33. Volúmenes de reserva para laminación de embalses. Artículo 34. Definiciones y conceptos sobre la asignación de recursos. Artículo 35. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 1: Cabecera y Eje del Ebro. Artículo 36. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 2. Cuencas del Tirón-Najerilla. Artículo 37. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 3. Cuenca del Iregua. Artículo 38. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 4: Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha. Artículo 39. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 5. Cuenca del Jalón. Artículo 40. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 6. Cuenca del Huerva. Artículo 41. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 7. Cuenca del Aguas Vivas. Artículo 42. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 8. Cuenca del Martín. Artículo 43. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 9. Cuenca del Guadalope. Artículo 44. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 10. Cuenca del Matarraña. Artículo 45. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 11. Bajo Ebro. Artículo 46. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 12. Cuenca del Segre. Artículo 47. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 13. Cuencas del Ésera y Noguera Ribagorzana. Artículo 48. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 14. Cuencas del Gállego y Cinca. Artículo 49. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 15. Cuencas del Aragón y Arba. Artículo 50. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 16. Cuencas del Irati, Arga y Ega. Artículo 51. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 17. Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares. Capítulo 6. Utilización del dominio público hidráulico. Artículo 52. Criterios de regulación interna para concesiones. Artículo 53. Concesiones para riego. Artículo 54. Asignación del plazo concesional. Artículo 55. Utilización de aguas subterráneas. Artículo 56. Concesiones hidroeléctricas. Artículo 57. Modificación y revisión de concesiones. Artículo 58. Inscripción de derechos en los sistemas de riego del Estado. Artículo 59. Gestión de retornos de riego. Artículo 60. Comunidades de usuarios. Capítulo 7. Protección del dominio público hidráulico. Sección primera. Protección del dominio público hidráulico. Artículo 61. Reservas naturales fluviales. Artículo 62. Zonas húmedas. Artículo 63. Zonas húmedas en cola de embalse. Artículo 64. Protección del Delta del Ebro y la costa. Artículo 65. Plantaciones de arbolado en márgenes. Artículo 66. Plantaciones de arbolado en ribera. Artículo 67. Continuidad fluvial y dispositivos de franqueo para peces en azudes. Artículo 68. Limpieza y mantenimiento de balsas. Articulo 69. Delimitación técnica. Artículo 70. Deslinde del patrimonio del Estado en zonas regables. Artículo 71. Recarga y protección de acuíferos Artículo 72. Criterios técnicos para determinar las condiciones de las concesiones de agua subterránea. Artículo 73. Criterios técnicos de carácter específico para determinar las condiciones de las concesiones de agua subterránea. Artículo 74. Autorizaciones para la investigación de las masas de agua subterránea. Sección segunda. Vertidos y reutilización. Artículo 75. Criterios a tener en cuenta en las actuaciones de depuración y autorización de vertidos Artículo 76. Tramitación previa de autorizaciones de vertido y control de efluentes urbanos. Artículo 77. Caudal circulante a efectos de autorizaciones de vertido. Artículo 78. Aplicación de medidas adicionales. Artículo 79. Vertidos en azarbes y colectores de riego. Artículo 80. Vertidos directos de contaminantes en aguas subterráneas. Artículo 81. Reutilización de aguas residuales Sección tercera. Gestión de inundaciones y sequías. Artículo 82. Coordinación con el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación. Artículo 83. Actuaciones en Dominio Público Hidráulico. Artículo 84. Protección contra las inundaciones. Artículo 85. Daños producidos por las avenidas. Artículo 86. Actuaciones menores de conservación del Dominio Público Hidráulico. Artículo 87. Comunicación y sistema de información. Artículo 88. Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía Capítulo 8. Régimen económico y financiero. Artículo 89. Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda. Artículo 90. Recuperación del coste de los servicios del agua. Artículo 91. Estaciones depuradoras de aguas residuales que sirven a más de una entidad local. Artículo 92. Financiación del Programa de Medidas del Plan Hidrológico. Capítulo 9. Seguimiento y revisión del plan hidrológico. Artículo 93. Seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca y su Programa de Medidas. Artículo 94. Sistema de información del Plan Hidrológico. Capítulo 10. Programa de medidas. Sección primera. Programa de medidas. Artículo 95. Programa de Medidas. Artículo 96. Restitución territorial. Sección segunda. Normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío. Artículo 97. Auxilios para la mejora y modernización de los regadíos existentes. Artículo 98. Requisitos de ejecución de los estudios de viabilidad de los nuevos regadíos. Artículo 99. Selección de transformaciones en regadíos. Artículo 100. Sistemas de información en las redes de riego y drenaje. Anexos. Anexo 1. Composición del Comité de Autoridades Competentes. Anexo 2. Masas de agua superficial. Anexo 3.  Masas de agua subterránea. Anexo 4. Condiciones de referencia, límites de cambio de clase y valores umbral. Anexo 5. Masas de agua artificiales y muy modificadas. Anexo 6. Objetivos medioambientales. Anexo 7. Régimen de caudales ecológicos. Anexo 8. Dotaciones y necesidades hídricas. Anexo 9. Reservas naturales fluviales. Anexo 10. Criterios técnicos para determinar las condiciones de las concesiones. Anexo 11. Programa de Medidas. Anexo 12. Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda. Anexo 13. Criterios a tener en cuenta para el diseño de dispositivos de franqueo para peces en azudes. CAPÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. La presente normativa tiene por objeto incorporar a un único documento los contenidos normativos del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. Artículo 2. Autoridades competentes. 1. Las autoridades competentes en materia de gestión y protección de las aguas de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro integran el Comité de Autoridades Competentes de la demarcación, que está constituido por: a) Los órganos y entidades de la Administración General del Estado con competencias sobre el aprovechamiento, gestión, protección y control de las aguas en el ámbito territorial del presente Plan hidrológico. b) Los órganos y entidades de las comunidades autónomas cuyo territorio forme parte total o parcialmente del ámbito territorial del presente Plan hidrológico, con competencias sobre la gestión, protección y control de las aguas. c) Los entes locales, cuyo territorio coincida total o parcialmente con el ámbito territorial del presente Plan hidrológico, con competencias sobre la gestión, protección y control de las aguas. 2. La actual composición del Comité de Autoridades Competentes de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, designada de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regula la composición, funcionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, se recoge en el anexo 1. CAPÍTULO 1 Ámbito territorial y definición de masas de agua Artículo 3. Ámbito territorial. 1. El ámbito territorial de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro es el definido en el artículo 3.6 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. 2. De conformidad con el artículo 40.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, la denominación de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro es equivalente a la de Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Artículo 4. Identificación y delimitación de masas de agua superficial. Se definen 821 masas de agua superficial, de las cuales 700 son de la categoría río, de ellas 56 embalses, 110 masas de la categoría lago, 8 son masas de agua de transición y 3 masas de agua costera, todas ellas relacionadas en el anexo 2. Artículo 5. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea. Se definen 105 masas de agua subterránea, las cuales quedan definidas en el anexo 3. Artículo 6. Condiciones de referencia, límites de cambio de clase y valores umbral. 1. Las condiciones de referencia, los límites de cambio de clase y los valores umbral para los diferentes tipos y categorías de masas de agua superficial quedan definidas por las tablas que recoge el anexo 4, todo ello sin perjuicio de que puedan ser actualizadas o completadas con nuevas métricas adicionales en los términos previstos reglamentariamente y de la aplicación de otras normas de calidad establecidas, ya sean generales o para zonas protegidas, de conformidad con la disposición adicional segunda. Los parámetros a considerar en zonas protegidas para la definición de objetivos específicos, vendrán determinados por la normativa que rija cada zona protegida. 2. Los valores umbral adoptados en el Plan Hidrológico respecto a los contaminantes a utilizar para la valoración del estado químico de las masas de agua subterránea de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro, han sido calculados atendiendo a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, y se indican en el anexo 4.5. Artículo 7. Designación de las masas de agua artificiales y muy modificadas. Se designan 7 masas de agua artificiales, de las cuales 2 son asimilables a ríos y 5 a lagos. Igualmente se designan 109 masas muy modificadas, de las cuales 63 son asimilables a ríos, 44 a lagos y 2 a aguas de transición. Todas ellas están relacionadas en el anexo 5. Artículo 8. Masas de agua subterránea compartidas. De acuerdo con el artículo 9.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y conforme a los estudios hidrogeológicos efectuados, la delimitación de las masas de agua subterránea dentro de la cuenca del Ebro queda circunscrita por la delimitación del ámbito de la demarcación hidrográfica establecida en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero. No obstante, como señala el informe del Consejo Nacional del Agua, se reconoce la continuidad hidrogeológica entre las masas de agua subterránea de la cuenca del Ebro y las situadas en las unidades hidrogeológicas descritas en el Plan Hidrológico Nacional aprobado mediante la Ley 10/2001, de 5 de julio, de La Bureba, Araviana-Vozmediano y Almazán-Aranda de Moncayo en la cuenca del Duero, de Cella-Molina de Aragón en las cuencas del Tajo y Júcar, y del Bajo Ebro-Montsiá en las Cuencas Internas de Cataluña. Artículo 9. Masas de agua transfronterizas. 1. No se han definido masas de agua transfronterizas, sin embargo de conformidad con las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, se establecerá la adecuada cooperación con Francia y Andorra a fin de lograr los objetivos medioambientales definidos en la Demarcación Hidrográfica del Ebro tal y como se determina en los apartados siguientes. 2. La coordinación y cooperación con la República Francesa en materia de aplicación de la Directiva 2000/60/CE, estará a lo dispuesto en el Acuerdo administrativo entre España y Francia sobre gestión del agua, firmado en Toulouse el 15 de febrero de 2006. 3. Los aprovechamientos compartidos con Francia estarán a lo dispuesto en los tratados de límites y en particular en el Acta adicional a los tres tratados de límites entre España y Francia firmada en Bayona el 26 de mayo de 1866, y a su tratamiento en el marco de las comisiones mixtas existentes: a) Comisión mixta del control del aprovechamiento del Lago Lanós b) Comisión mixta hispano-francesa del alto Garona c) Comisión mixta hispano-francesa de aguas fronterizas 4. La coordinación y cooperación con el Principado de Andorra estará a los acuerdos que en la materia se adopten. Artículo 10. Definición y ámbito de los sistemas de explotación. 1. Como criterio definitorio de los sistemas parciales en los que se divide funcionalmente el territorio de la demarcación se ha tenido en cuenta el ámbito espacial de las Juntas de Explotación, al tratarse del órgano de coordinación de la explotación de las obras y de los aprovechamientos de las aguas superficiales y subterráneas que están interrelacionados. Consecuentemente, el ámbito territorial de las Juntas de Explotación incorporan los elementos constitutivos previstos en el artículo 19.2 del Reglamento de la Planificación Hidrológica para la delimitación de los sistemas de explotación de los recursos. De conformidad con el apartado anterior se adoptan los siguientes sistemas de explotación de recursos, coincidentes con el ámbito de las Juntas de Explotación, tal y como cada una de ellas quedaron definidas en la resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 2 de octubre de 1989: a) Junta de Explotación número 1. Cabecera y eje del Ebro El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del Ebro hasta Miranda de Ebro y toda la faja de regadíos a uno y otro lado del Ebro, desde Miranda hasta la cola del embalse de Mequinenza, cerca de Escatrón. Su extensión corresponde a las provincias de Cantabria, Álava, Burgos, La Rioja, Navarra y Zaragoza. Su delimitación es la siguiente; N: límite de la cuenca general del Ebro con las del Cantábrico. S: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Escatrón hasta Miranda de Ebro y límite de la cuenca del río Tirón por su margen izquierda. E: Límite de la cuenca del río Bayas por su margen derecha y límite de la huerta izquierda del Ebro desde Miranda de Ebro hasta Escatrón. O: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero. Se consideran vinculados a esta Junta, el río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Mequinenza cerca de Escatrón, así como todos los afluentes a dicho río desde su nacimiento hasta Miranda de Ebro. b) Junta de Explotación número 2. Cuencas afluentes al Ebro desde el Tirón al Najerilla. El ámbito territorial de la Junta es el del conjunto de todas las cuencas afluentes al Ebro desde el río Tirón hasta el río Najerilla ambos inclusive, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Casi toda la extensión corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja y una pequeña parte a las provincias de Soria y Burgos. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Miranda a Fuenmayor. S: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero. E: Límite de la cuenca del río Iregua por su margen izquierda. O: Límite de la cuenca del río Tirón por su margen izquierda. Se consideran vinculados a esta Junta los ríos Tirón y Najerilla desde su nacimiento hasta el río Ebro, junto con todos los afluentes. Así mismo quedan incluidos los afluentes al río Ebro por su margen derecha desde Haro a Fuenmayor. c) Junta de Explotación número 3. Cuenca del Iregua. El ámbito territorial de la Junta es el de las cuencas del río Iregua y de todos los ríos afluentes al Ebro desde Fuenmayor a Agoncillo, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Casi toda la extensión corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja y una pequeña parte a la provincia de Soria. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Fuenmayor a Agoncillo. S: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero. E: Límite de la cuenca del río Leza por su margen izquierda. O: Límite de la cuenca del río Iregua por su margen izquierda. Se considera vinculado a esta Junta el río Iregua desde su nacimiento hasta el Ebro, junto con todos sus afluentes. Así mismo quedan incluidos los afluentes del río Ebro desde Fuenmayor a Agoncillo. d) Junta de Explotación número 4. Cuencas afluentes del Ebro desde el Leza hasta el Huecha. El ámbito territorial de la Junta es el del conjunto de todas las cuencas afluentes al Ebro, por su margen derecha, desde la cuenca del Leza hasta la del Huecha, ambas inclusive, y con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a las provincias de Soria, Zaragoza y a las Comunidades Autónomas de Navarra y La Rioja. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Agoncillo hasta Boquiñeni. S: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero. E: Límite con la cuenca del Jalón por su margen izquierda. O: Límite con la cuenca del Iregua por su margen derecha. Se consideran vinculados a esta Junta los ríos Leza y Jubera, Cidacos, Alhama y Linares, Queiles, Huecha y sus afluentes. Así mismo quedan incluidos los afluentes al río Ebro desde Agoncillo a Boquiñeni. e) Junta de Explotación número 5. Cuenca del Jalón. El ámbito territorial de la Junta es el de las cuencas del río Jalón y de todos los ríos afluentes al Ebro desde Boquiñeni a Garrapinillos, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a las provincias de Teruel, Guadalajara, Soria y principalmente Zaragoza. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Boquiñeni a Garrapinillos. S: Límite de la cuenca general del Ebro con la de los ríos Tajo, Guadalaviar o Turia y Alfambra. E: Límite con las cuencas del Huerva, del Aguas Vivas y del Martín. O: Límite de la cuenca general del Ebro con la del Duero y límite con la cuenca del Huecha por su margen derecha. Se consideran vinculados a ésta Junta al río Jalón desde su nacimiento hasta el Ebro, con todos sus afluentes. Así mismo quedan incluidos los afluentes al río Ebro por su margen derecha desde Boquiñeni hasta Garrapinillos. f) Junta de Explotación número 6. Cuenca del Huerva. El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del Huerva y de todos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde Garrapinillos a El Burgo de Ebro, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a la provincia de Zaragoza y en una pequeña superficie de la provincia de Teruel. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro desde Garrapinillos a El Burgo de Ebro. S: Límite con la cuenca del Jiloca por su margen derecha. E: Límite con las cuencas del Aguas Vivas y del Ginel por su margen izquierda. O: Límite con la cuenca del Jalón por su margen derecha. Se consideran vinculados a esta Junta, el río Huerva desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos los afluentes a dicho río Huerva. Así mismo quedan incluidos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde Garrapinillos a El Burgo de Ebro. g) Junta de Explotación número 7. Cuenca del Aguas Vivas. El ámbito territorial de la Junta es el de las cuencas de los ríos Aguas Vivas y Ginel, y de todos los afluentes del Ebro por su margen derecha desde El Burgo de Ebro a La Zaida, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a las provincias de Zaragoza y Teruel. Su delimitación es la siguiente; N: Límite con la huerta derecha del Ebro desde El Burgo de Ebro a La Zaida. S: Límite con la cuenca del Jiloca por margen derecha. E: Límite con la cuenca del Martín por su margen izquierda. O: límite con la cuenca del Huerva por su margen derecha. Se consideran vinculados a ésta Junta los ríos Aguas Vivas y Ginel desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos los afluentes a dichos dos ríos. Así mismo quedan incluidos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde El Burgo de Ebro a La Zaida. h) Junta de Explotación número 8. Cuenca del Martín. El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del Martín y de todos los afluentes al Ebro desde La Zaida a las proximidades de Escatrón, con exclusión de la faja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Casi toda su extensión corresponde a la provincia de Teruel y una pequeña parte a Zaragoza. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la huerta derecha del Ebro en las proximidades de La Zaida y Escatrón. S: Límite con la cuenca del Jiloca, límite de la cuenca general del Ebro con la del Alfambra y límite con la cuenca del Guadalope. E: Límite con la cuenca del Guadalope por su margen izquierda. O: Límite con la cuenca del Aguas Vivas, por su margen derecha. Se consideran vinculados a esta Junta el río Martín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos los afluentes a dicho río Martín. Así mismo quedan incluidos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde las proximidades de La Zaida al límite de cuencas Martín-Regallo. i) Junta de Explotación número 9. Cuenca del Guadalope. El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del Guadalope y del Regallo, y de todos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde las proximidades de Escatrón hasta el embalse de Mequinenza. Casi toda su extensión corresponde a la provincia de Teruel, y en zonas más reducidas en las provincias de Zaragoza y Castellón. Su delimitación es la siguiente; N: Límite con la huerta derecha del Ebro en las proximidades de Caspe. S: Límite con las cuencas del Alfambra y del Mijares por su márgenes izquierdas. E: Límite con la cuenca del Matarraña por su margen izquierda. O: Límite con la cuenca del Martín por su margen derecha. Se consideran vinculados a ésta Junta los ríos Guadalope y Regallo desde sus nacimientos hasta sus desembocaduras en el Ebro, así como todos sus afluentes. Así mismo quedan incluidos todos los afluentes al Ebro por su margen derecha desde el límite de cuencas Martín-Regallo a límite de cuencas Guadalope-Matarraña. j) Junta de Explotación número 10. Cuenca del Matarraña. El ámbito territorial de la Junta es el de la cuenca del río Matarraña y de todos los afluentes al río Ebro por su margen derecha entre el límite de cuencas Guadalope-Matarraña y el pueblo de Fayón. Queda excluida la franja de regadíos de la margen derecha del Ebro. Su extensión corresponde a las provincias de Teruel, Tarragona y Zaragoza. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de las pequeñas cuencas afluentes a los embalses de Mequinenza y Ribarroja, en la margen derecha del Ebro. S: Límite de la cuenca del río Ebro con las cuencas del río Servol y Barranco de La Cenia. E: Límite entre la cuenca propia del río Matarraña por su margen derecha y las cuencas de todos los afluentes al río Ebro por su margen derecha desde Fayón hasta Tortosa. O: Límite de cuenca del río Matarraña por su margen izquierda. Se consideran vinculados a ésta Junta el río Matarraña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, con todos sus afluentes. k) Junta de Explotación número 11. Bajo Ebro. El ámbito territorial de la Junta es el ocupado por los embalses de Mequinenza y Ribarroja, así como la cuenca del Ebro, por su margen derecha desde la desembocadura del Matarraña y por su margen izquierda desde la desembocadura del Segre, y en ambos casos hasta el mar Mediterráneo. Casi toda la extensión corresponde a la provincia de Tarragona, teniendo pequeñas superficies en las provincias de Zaragoza, Huesca y Lleida. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de los embalses de Mequinenza y Ribarroja hasta la desembocadura del Segre y límite de la cuenca del Ebro con la del Segre. S: Límite de la cuenca del Ebro con la cuenca del río Servol y Barranco de La Cenia. E: Límite de la cuenca del Ebro con la cuenca del Pirineo Oriental y mar Mediterráneo. O: Límite con la cuenca del Matarraña por su margen derecha y límite de los embalses de Ribarroja y Mequinenza hasta la cola de éste último. Se consideran vinculados a ésta Junta el río Ebro desde la cola del embalse de Mequinenza hasta su desembocadura en el Mediterráneo, así como todos los afluentes a dicho río a partir del Matarraña por su margen derecha y del Segre por su margen izquierda, ambos ríos exclusive. l) Junta de Explotación número 12. Cuenca del Segre. El ámbito territorial de esta Junta es el de la cuenca del Segre, completa por la margen izquierda y asimismo completa por la margen derecha hasta Balaguer. A partir de esta población también queda incluida la zona de huerta del río Segre por su margen derecha hasta la huerta del río Ebro. La delimitación del ámbito territorial de esta Junta es la siguiente; N: Límite con Francia y Andorra. S: Límite con cuencas afluentes al Ebro por su margen izquierda aguas abajo de la confluencia del Segre. E: Límite de cuencas del Pirineo Oriental con la del Segre. O: Límite de la cuenca del Garona en el Valle de Arán, límites de la cuenca del río Noguera Ribagorzana por su margen izquierda hasta el embalse de Canelles y del río Farfaña por su margen izquierda hasta Balaguer y límite de la huerta derecha del Segre hasta la huerta del Ebro. Casi toda la extensión indicada corresponde a la provincia de Lleida, correspondiendo pequeñas extensiones a las provincias de Girona, Barcelona y Zaragoza. Se consideran vinculados a esta Junta, el río Segre desde la frontera con Francia hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos sus afluentes desde la frontera a dicho río Segre por su margen izquierda y hasta Balaguer por su margen derecha. Entre éstos últimos está el río Noguera Pallaresa con todos sus afluentes. m) Junta de Explotación número 13. Cuencas del Ésera y del Noguera Ribagorzana. El ámbito territorial de esta Junta es el de las cuencas de los ríos Ésera y Noguera Ribagorzana, y toda la zona de riego del Canal de Aragón y Cataluña. Su delimitación es la siguiente; N: Límite con Francia y límite con la cuenca del Garona en el Valle de Arán. S: Límite de las huertas izquierda del Cinca y derecha del Segre. E: Límite de la cuenca del Noguera Pallaresa y límite de la huerta derecha del Segre. O: Límite de la cuenca del Cinca hasta la desembocadura del Ésera y límite de la huerta izquierda del Cinca. La extensión indicada corresponde a las provincias de Huesca y Lérida. Se consideran vinculados a ésta Junta: 1.º El río Ésera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca, así como todos los afluentes a dicho río Ésera. 2.º El río Noguera Ribagorzana desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre, así como todos los afluentes a dicho río Noguera Ribagorzana. 3.º La Clamor Amarga y demás afluentes al río Cinca por su margen izquierda, desde la desembocadura del Ésera hasta el río Segre. 4.º Todos los afluentes al río Segre por su margen derecha desde la desembocadura del Noguera Ribagorzana hasta la del Cinca. n) Junta de Explotación número 14. Cuencas del Gállego y Cinca. El ámbito territorial de esta Junta es el de las cuencas siguientes: 1.º Gállego, completa por la margen izquierda y asimismo completo por la margen derecha hasta la presa de Ardisa. A partir de esta obra también queda incluida la zona de huerta del río Gállego por su margen derecha hasta la huerta del río Ebro. 2.º Todas las cuencas correspondientes a afluentes del Ebro por su margen izquierda comprendidas entre el río Gállego y el río Segre. De estas cuencas se excluye la zona de huerta del Ebro. 3.º Todas las cuencas correspondientes a afluentes del Segre por su margen derecha comprendidas entre el río Ebro y el río Cinca. De estas cuencas se excluye la zona de huerta del Segre. 4.º Cinca, completa por la margen derecha y asimismo completa por la margen izquierda hasta la cuenca del Ésera exclusive. A partir de este río, también queda incluida la zona de huerta del río Cinca por su margen izquierda, hasta la huerta del río Segre. Su delimitación del ámbito territorial de ésta Junta es el siguiente; N: Límite con Francia. S: Límite de la huerta izquierda del Ebro, comprendida entre los ríos Gállego y Segre. E: Límite de la cuenca del Ésera por su margen derecha hasta el río Cinca y a partir de la desembocadura, límite de la huerta izquierda del Cinca hasta la huerta del Segre, y límite de la huerta derecha del Segre hasta la huerta del Ebro. O: Límites de las cuencas de los ríos Aragón y Arba, ambos por su margen izquierda hasta la presa de Ardisa y límite de la huerta derecha del Gállego hasta la huerta del Ebro. La extensión indicada corresponde a las provincias de Huesca y Zaragoza. Se consideran vinculados a ésta Junta: 1.º El río Gállego desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos los afluentes a dicho río Gállego por su margen izquierda y hasta la presa de Ardisa por su margen derecha. 2.º Todos los afluentes al río Ebro por su margen izquierda comprendidos entre los ríos Gállego y Segre. 3.º- Todos los afluentes al río Segre por su margen derecha comprendidos entre los ríos Ebro al Cinca. De estas cuencas se excluye la zona de huerta del Segre. 4.º El río Cinca desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre, así como todos los afluentes a dicho río Cinca por su margen derecha, y hasta el río Ésera exclusive, por su margen izquierda. o) Junta de Explotación número 15. Cuencas del Aragón y del Arba. El ámbito territorial de ésta Junta es el de las cuencas siguientes: 1.º Aragón, completa por ambas márgenes hasta la cuenca del Irati exclusive. A partir de este río, también queda incluida la zona de huerta del río Aragón por su margen derecha hasta la huerta del río Ebro. 2.º Arba y demás cuencas correspondientes a afluentes del Ebro por su margen izquierda, comprendidos entre el río Aragón y el río Gállego. De estas cuencas se excluye la huerta del Ebro. 3.º Gállego, solamente en las cuencas afluentes aguas abajo de la presa de Ardisa por su margen derecha, con exclusión de la zona de huerta del Gállego. La delimitación del ámbito territorial de esta Junta es la siguiente; N: Límite con Francia. S: Límite de la huerta izquierda del Ebro, comprendida entre los ríos Aragón y Gállego. E: Límite de la cuenca del Gállego hasta la presa de Ardisa y límite de la huerta derecha del Gállego hasta la huerta del Ebro. O: Límite de la cuenca del Salazar y del Irati, hasta la desembocadura de éste río y límite de la huerta del Aragón, por su margen derecha, hasta la huerta del Ebro. La extensión indicada corresponde a las provincias de Zaragoza, Huesca y Navarra. Se consideran vinculados a ésta Junta: 1.º El río Aragón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos sus afluentes a dicho río Aragón por su margen izquierda y hasta el río Irati exclusive, por su margen derecha. 2.º El río Arba desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, así como todos sus afluentes. 3.º Todos los afluentes al río Ebro por su margen izquierda comprendidos entre los ríos Aragón y Arba, y entre éste y el Gállego. 4.º Los afluentes al río Gállego por su margen derecha desde la presa de Ardisa hasta su desembocadura en el Ebro. p) Junta de Explotación número 16. Cuencas del Irati, Arga y Ega El ámbito territorial de esta Junta es el de las cuencas afluentes al Ebro por su margen izquierda desde Haro hasta la desembocadura del río Aragón, y el de las cuencas afluentes a este río, desde el río Irati (inclusive) hasta la desembocadura en el Ebro; se excluyen del ámbito territorial de la Junta la faja de regadíos de la margen izquierda del Ebro y la faja de regadíos de la margen derecha del Aragón, comprendidos entre los límites indicados. Su extensión corresponde a las Comunidades Autónomas de La Rioja y Navarra y a la provincia de Álava. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la cuenca general del Ebro con las del Cantábrico, límite con Francia. S: Límite de la huerta izquierda del Ebro desde Haro hasta la huerta del Aragón por su margen derecha. E: Límite de las cuencas del Salazar y del Irati hasta la desembocadura de éste último en el río Aragón y límite de la huerta del Aragón por su margen derecha, hasta la huerta del Ebro por su margen izquierda. O: Límite de las cuencas, por sus cabeceras, de los ríos Zadorra, Alegría, Ayuda e Inglares, hasta la huerta del Ebro por su margen izquierda. Se consideran vinculados a esta Junta los ríos Irati, Cidacos, Arga, Ega y Linares con sus afluentes y pequeños ríos afluentes del río Ebro por su margen izquierda desde Haro hasta las cercanías de Rincón de Soto. q) Junta de Explotación número 17. Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares. El ámbito territorial de la Junta es el del conjunto de todas las cuencas de los ríos afluentes del Ebro por su margen izquierda desde la cuenca del Bayas a la cuenca del Inglares ambas inclusive. Su extensión corresponde a las provincias de Vizcaya, Álava y Burgos. Su delimitación es la siguiente; N: Límite de la cuenca general del Ebro con las del Cantábrico. S: Límite de la huerta izquierda del Ebro desde Miranda hasta Haro. E: Límite de las cuencas, por sus cabeceras, de los ríos Zadorra, Alegría, Ayuda e Inglares, hasta la huerta del Ebro por su margen izquierda. O: Límite de la cuenca del río Bayas por su margen derecha. Se consideran vinculados a esta Junta los ríos Bayas, Zadorra e Inglares con sus afluentes, así como pequeños ríos afluentes del Ebro por su margen izquierda desde Miranda hasta Haro. 2. Los sistemas de explotación de recursos definidos en el aparatado anterior no se verán alterados por la modificación del ámbito de las Juntas de Explotación establecido por la mencionada resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro hasta la revisión del presente Plan de conformidad con el artículo 89 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 3. Se define un sistema de explotación único en el que, de forma simplificada, quedan incluidos todos los sistemas parciales anteriores. 4 Además de todos estos sistemas conectados al río Ebro, existen dos sistemas independientes conformados por el territorio español en la cuenca hidrográfica del Garona y la cuenca endorreica de la laguna de Gallocanta. CAPÍTULO 2 Objetivos medioambientales Artículo 11. Objetivos medioambientales. 1. En el anexo 6 se recogen los objetivos medioambientales para cada una de las masas de agua identificadas en el ámbito del Plan y los plazos para su consecución. 2. Para las zonas protegidas los objetivos medioambientales vienen dados por el cumplimiento de las normas de protección que resulten aplicables en cada zona y los objetivos medioambientales particulares que en ella se determinen, según la normativa que rija cada zona protegida. Artículo 12. Objetivos particulares para el bajo Ebro y el delta. 1. La primera revisión de este plan hidrológico deberá calcular y documentar los objetivos ambientales que se prevean alcanzar a los horizontes temporales de 2021 y 2027 en las masas de agua subterránea y superficial, tanto de la categoría río como lago, aguas de transición y costeras, situadas en el eje del Ebro aguas abajo de la presa de Flix, y en el delta y su entorno. Para ello, mediante modelización numérica, expondrá el régimen de caudales esperados en desembocadura de acuerdo con los escenarios de aprovechamiento previstos en el propio plan para los citados horizontes de 2021 y 2027. 2. El planteamiento de los mencionados objetivos, en atención a la importancia de estos espacios naturales y de la actividad socioeconómica allí desarrollada, no será resuelto mediante el establecimiento de objetivos menos rigurosos. 3. Conforme al análisis que se lleve a cabo en el Esquema de Temas Importantes, que deberá adoptarse en 2014, en la mencionada revisión del plan se actualizará el programa de medidas para ajustar las actuaciones y los programas de inversión que las distintas autoridades competentes acuerden desarrollar con la finalidad de posibilitar coherentemente el logro de los objetivos planteados para el bajo Ebro y el delta. 4. Las autoridades competentes establecerán los pertinentes programas de seguimiento del estado de las masas de agua en el bajo Ebro y delta, de tal forma que permitan presentar un diagnóstico objetivo del mismo en la próxima revisión del plan hidrológico y determinar la efectividad de los programas de medidas implantados o que se implanten en el futuro. A tal efecto, las distintas administraciones implicadas facilitarán los datos precisos a la Confederación Hidrográfica del Ebro para su integración. Artículo 13. Objetivos medioambientales menos rigurosos. De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, se señalan objetivos medioambientales menos rigurosos para diez masas de agua superficial y dos masas de agua subterránea, identificadas respectivamente en los anexos 6.1 y 6.2. Artículo 14. Deterioro temporal del estado de las masas de agua. De conformidad con el artículo 38.2.b) del Reglamento de la Planificación Hidrológica, las condiciones racionalmente imprevistas o excepcionales para admitir el deterioro temporal de las masas de agua son las siguientes: a) Graves inundaciones entendiéndose por tales aquellas de probabilidad media en correspondencia con el artículo 8.1 b) del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación. Las inundaciones con una mayor probabilidad podrán ser consideradas como inundaciones graves en circunstancias en las que los impactos de esas inundaciones sean igualmente excepcionales. b) Sequías prolongadas, considerándose como tales las correspondientes al estado cuando se alcanza la situación de alerta o emergencia por sequía declarada según lo dispuesto en el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía. c) Otros fenómenos naturales extremos como seísmos, maremotos, tornados, avalanchas, etc. d) Vertidos accidentales ocasionales, fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, incendios en industrias y accidentes en el transporte. e) Circunstancias derivadas de incendios forestales. f) Atentados terroristas. Además, tales circunstancias deberán cumplir el resto de condiciones que para situaciones de deterioro temporal establece el artículo 38.2 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Artículo 15. Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones. 1. Los objetivos medioambientales definidos en este Plan Hidrológico se han calculado teniendo en cuenta la materialización de las nuevas modificaciones o alteraciones recogidas en el Programa de Medidas del mismo. Por tanto, se considera que las actuaciones contempladas en el Programa de Medidas de este Plan Hidrológico cumplen las condiciones al efecto del artículo 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica para la admisión de nuevas modificaciones o alteraciones de la masa de agua. No obstante, estas actuaciones quedarán sujetas a informe de viabilidad, evaluación de impacto ambiental o cualquier otro análisis y evaluación que la legislación requiera. 2. A los efectos previstos del artículo 39.2.c) del Reglamento de la Planificación Hidrológica son de interés público superior las actuaciones contempladas en el Programa de Medidas, que figura en el anexo 11, que sean o hayan sido declaradas de interés general del Estado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 3. Cualquier modificación o alteración no prevista en el Programa de Medidas que figura en el anexo 11, deberá someterse a una evaluación específica de compatibilidad con las previsiones de este Plan Hidrológico emitida por la Confederación Hidrográfica del Ebro debiendo verificarse adicionalmente que se cumplen las condiciones señaladas en el artículo 39.2 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. CAPÍTULO 3 Caudales ecológicos Artículo 16. Caudales ecológicos en condiciones ordinarias. 1. En el anexo 7.1 se establecen los regímenes de caudales ecológicos para condiciones de normalidad hidrológica detallándose su situación dentro del proceso de concertación que prescribe el artículo 18.3 Reglamento de la Planificación Hidrológica, que deberá haber concluido con anterioridad a la siguiente revisión del Plan, esto es, antes del 31 de diciembre del 2015. En aquellos puntos del anexo 7 en los que falta por concluir el proceso de concertación y en el resto de puntos no definidos por las estaciones de aforo, dichos caudales solo serán exigibles en las concesiones futuras y en las modificaciones concesionales con aumento de caudal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 20. 3, y 54.2 y 3. 2. El régimen de caudales ecológicos, incluyendo caudales máximos, caudales de crecida y tasas de cambio, será objeto de actualización en la siguiente revisión del Plan Hidrológico, que de conformidad con la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de Aguas, será antes del 31 de diciembre de 2015 y desde entonces cada seis años. 3. En las concesiones existentes, los regímenes de caudales ecológicos a implantar, incluidos los del Bajo Ebro, serán concertados bajo el principio de unidad de cuenca e informados favorablemente por el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 4. Los regímenes de caudales en nuevos puntos que resulten de procesos de concertación con posterioridad a la aprobación de este Plan Hidrológico, serán validados por el Consejo del Agua de la Demarcación a propuesta de la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca, hasta su aprobación en la siguiente revisión del Plan Hidrológico que ha de ser antes del 31 de diciembre de 2015. 5. El proceso de concertación tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente reconocidas y su régimen concesional, así como las buenas prácticas. Se valorarán las especiales circunstancias, singularidades y valor estratégico de los usos existentes. Para el proceso de concertación se tendrán en cuenta los tramos de cauce y puntos concretos, especificando los valores en todos aquellos puntos en los que existan modificaciones sensibles de los caudales naturales, bien sea por retenciones, captaciones, aportaciones afluentes, vertidos o derivaciones. Excepcionalmente y de manera motivada, dentro del proceso de concertación, podrán adoptarse regímenes de caudales ecológicos de menor exigencia siempre que su implantación implique costes desproporcionados. 6. Los regímenes de caudales ecológicos podrán ser modificados conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente, en función de su adaptabilidad al estado ecológico de todas las masas de agua sobre las que ejerzan influencia. Estas modificaciones atenderán también a las mejoras de conocimientos que puedan producirse para la determinación de dichos caudales, como en los análisis de hábitats o hidrológicos, así como por los errores de medida que se detecten en estaciones de aforo. Cualquier modificación de los regímenes de caudales ecológicos será aprobada conforme a lo dispuesto en este artículo. Artículo 17. Caudales ecológicos en condiciones de sequía prolongada. 1. De conformidad con el artículo 18.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica en caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales ecológicos menos exigente, siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 del mencionado Reglamento sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. 2. En el anexo 7 se listan los regímenes de caudales ecológicos para condiciones de sequía prolongada. El proceso de concertación e implantación será idéntico al régimen ordinario. 3. La aplicación de los regímenes de caudales ecológicos para situación de sequía podrá tener lugar cuando se alcance el nivel de alerta, de acuerdo con los índices establecidos en el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la cuenca hidrográfica del Ebro. Artículo 18. Régimen de caudales ecológicos en puntos singulares. Conforme a lo que se establece en el artículo 16, durante el desarrollo del Plan Hidrológico se llevarán a cabo por el Organismo de cuenca estudios específicos para la determinación, concertación e implantación de regímenes de caudales ecológicos en puntos singulares de la cuenca hidrográfica por su interés social o ambiental, entre los cuales se encuentran el río Cinca aguas abajo de la presa de El Grado y el río Segre a su paso por Lleida. Artículo 19. Control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos. El régimen de caudales ecológicos definido en el anexo 7 se controlará por la Confederación Hidrográfica del Ebro mediante el seguimiento continuado del registro del caudal circulante en las correspondientes estaciones de aforo que, dentro de cada masa de agua afectada, se identifican en el mencionado anexo. Los caudales ecológicos en puntos aguas arriba y abajo de estas estaciones estarán a lo que definan estudios específicos de acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica, no viéndose comprometidos por los caudales ecológicos definidos en el anexo 7. Artículo 20. Implantación y cumplimiento del régimen de caudales ecológicos. 1. Se entenderá que se cumple con el régimen de caudales establecido en el anexo 7 cuando los caudales mínimos registrados son iguales o superiores en un 90 % del tiempo, cuyo control se realizará conforme a lo previsto en el artículo 19, a los efectos de garantizar que el cumplimiento de caudales permite mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, o incluyéndose en el cómputo los periodos en los que es de aplicación el apartado 2. 2. El régimen de caudales ecológicos aguas abajo de los embalses, podrá adecuarse a la aportación en régimen natural al embalse en cada momento. 3. Todos aquellos aprovechamientos en los que en su condicionado concesional se reserve o haya reservado el derecho de modificación futura de la condición de caudal mínimo o de adaptación al que estableciere el Plan Hidrológico, deberán adecuarse al régimen de caudales ecológicos a implantar. La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro, acordará las condiciones a imponer para garantizar dicha adecuación. 4. La gestión del cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos y la compatibilidad de los usos se realizará preferentemente en el marco de la Junta de Explotación respectiva. 5. Los aprovechamientos otorgados de aguas fluyentes aguas abajo de obras de regulación, no podrán captar agua para el llenado de sus balsas de regulación interna, ni para su suministro directo, cuando los caudales circulantes en el río sean inferiores a la suma del régimen de caudales ecológicos establecidos y a los caudales para aprovechamientos con derechos preferentes. Artículo 21. Continuidad del régimen de caudales ecológicos. 1. A efectos de mejora en la gestión del recurso, para los puntos de la cuenca no definidos en el anexo 7, se incluyen a efectos orientativos unos regímenes de caudales de continuidad en función de su distancia a las estaciones de aforo establecidas en el mencionado anexo y la superficie de cuenca vertiente en cada punto. Los criterios empleados y los caudales definidos se recogen en el apéndice 8 del anejo V de la Memoria técnica de este Plan Hidrológico. 2. Estos caudales de continuidad se proponen a efectos meramente informativos, no afectan a los derechos otorgados anteriormente a la aprobación del plan. Estos caudales serán objeto de revisión mediante estudios específicos. No deben utilizarse para imponer el régimen de caudales ecológicos hasta que no se realicen dichos estudios específicos (hidrológicos, de hábitat,…), se efectúe la concertación correspondiente y sean aprobados por el organismo de cuenca e incluidos en el plan hidrológico. 3. Para la aprobación de los estudios específicos referidos en el párrafo anterior, el organismo de cuenca priorizará en su análisis los aportados por las comunidades autónomas para su eventual inclusión en el siguiente ciclo de planificación. Artículo 22. Caudales preventivos En el anexo 7.1 se definen unos caudales preventivos por razones de calidad química, contemplados por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro en su sesión de 23 de septiembre de 1998, de carácter coyuntural y transitorio a expensas de la evolución de la calidad del agua y del estado ecológico. No tienen la consideración de caudales ecológicos y su modificación o eliminación será decidida por resolución motivada de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. CAPÍTULO 4 Usos y demandas. Prioridad y compatibilidad de usos Artículo 23. Clasificación de los usos del agua. 1. De conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y a los solos efectos de su clasificación, se consideran los siguientes usos del agua: a) Uso destinado al abastecimiento: 1.º Uso destinado al abastecimiento de núcleos urbanos: i) Consumo humano. ii) Otros usos domésticos distintos del consumo humano. iii) Municipal (baldeos, fuentes y otros…). iv) Industrias, comercios, ganadería y regadío de poco consumo de agua, situados en núcleos de población y conectados a la red municipal. 2.º Uso destinado a otros abastecimientos fuera de los núcleos urbanos: i) Consumo humano. ii) Otros usos domésticos distintos del consumo humano. iii) Regadío de poco consumo de agua (riego de jardines o asimilable). b) Usos agropecuarios: 1.º Regadíos. 2.º Ganadería. 3.º Otros usos agrarios. c) Usos industriales para producción de energía eléctrica: 1.º Centrales hidroeléctricas y de fuerza motriz. 2.º Centrales térmicas renovables: termosolares y biomasa. 3.º Centrales térmicas no renovables: nucleares, carbón y ciclo combinado. d) Otros usos industriales: 1.º Industrias productoras de bienes. 2.º Industrias del ocio y del turismo. 3.º Industrias extractivas. e) Acuicultura. f) Usos recreativos. g) Navegación y transporte acuático, incluyendo navegación de transportes de mercancías y personas. h) Otros: 1.º De carácter público. 2.º De carácter privado. 2. Los usos destinados a abastecimiento deberán haber sido planificados conforme al artículo 15.3.a) del texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y al artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, que exigen el informe previo del organismo de cuenca relativo al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales y a los usos permitidos en terrenos de Dominio Público Hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía. 3. Se entiende por consumo humano el correspondiente a beber, cocinar, preparar alimentos e higiene personal. 4. En los usos de industrias de ocio y turismo quedan incluidos los que implican derivar agua del medio natural y tienen como finalidad posibilitar esta actividad en instalaciones deportivas (campos de golf, estaciones de esquí, parques acuáticos, complejos deportivos y asimilables), picaderos, guarderías caninas y asimilables, así como las que tienen como finalidad el mantenimiento o rehabilitación de instalaciones industriales culturales: fraguas, fuentes, aserraderos, lavaderos, máquinas y otros de este tipo, que no pueden ser atendidos por las redes urbanas de abastecimiento. 5. En los usos recreativos quedan incluidos los que no estando incluidos en el apartado anterior tienen un carácter recreativo privado o colectivo sin que exista actividad industrial o comercial, y, en concreto, los siguientes: a) Las actividades de ocio que usan el agua en embalses, ríos y parajes naturales de un modo no consuntivo, como los deportes acuáticos en aguas tranquilas (vela, windsurf, remo, barcos de motor, esquí acuático, etc.) o bravas (piragüismo, rafting, etc.), el baño y la pesca deportiva. b) Las actividades de ocio relacionadas con el agua de un modo indirecto, utilizada como centro de atracción o punto de referencia para actividades afines, como acampadas, excursiones, ornitología, caza, senderismo y todas aquellas actividades turísticas o recreativas que se efectúan cerca de superficies y cursos de agua. 6. Se entiende como uso destinado a la acuicultura el que tiene como finalidad el abastecimiento de las instalaciones de cría y engorde de especies acuáticas o anfibias animales, así como de las instalaciones y servicios complementarios. La industria de transformación de los productos procedentes de la acuicultura no se considera como uso de acuicultura; quedando incluida dentro de los usos industriales. 7. Los usos referidos en el apartado 1 h) comprenderá todos aquéllos que no se encuentren en alguna de las categorías anteriores, que en ningún caso implicarán la utilización de agua con fines ambientales que sean condicionantes del estado de las masas de agua, ni se refieran a los supuestos previstos en el artículo 59.7 del texto refundido de la Ley de Aguas. Lo dispuesto en el presente apartado no impedirá la aplicación de la legislación de incendios forestales, protección civil, especies protegidas o conservación de humedales cuando estos usos resulten preferentes a los usos listados como prioritarios en el apartado 1. Artículo 24. Orden de preferencia y compatibilidad de usos. 1. De conformidad con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, a los efectos de expropiación forzosa y en el caso de competencia de proyectos se establece para todo el ámbito del plan hidrológico el orden de preferencia siguiente: a) Abastecimiento de población b) Usos agropecuarios. 1.º Ganadería. 2.º Regadíos. c) Usos industriales. d) Usos recreativos, navegación y transporte acuático. e) Acuicultura. f) Otros usos. 2. El Consejo de Ministros podrá alterar el orden de preferencia establecido en el apartado anterior en los términos expuestos en el artículo 58 de texto refundido de la Ley de Aguas. 3. Este orden de preferencia no incluye el régimen de caudales ecológicos ni los resguardos en los embalses para la laminación de avenidas. Los caudales ecológicos no tendrán el carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación, salvo en el caso del abastecimiento de población. En todo caso, el título concesional no garantizará la disponibilidad de los caudales concedidos, tal como establece el artículo 59.2 del texto refundido de la Ley de Aguas. Dentro de un mismo uso se consideran preferentes los aprovechamientos de mayor utilidad pública o general, así como aquellos que introduzcan mejoras técnicas que redunden en un menor consumo de agua y, entre los del mismo tipo, los que sean más favorables para el estado de las masas de agua. 4. Dentro del uso de riegos serán preferentes los regadíos preexistentes que estén infradotados, cuya eficiencia sea igual o superior a la establecida en este Plan, así como aquellos que implementen buenas prácticas agrícolas para la prevención de la contaminación difusa. 5. En los clausulados concesionales, en las normas, reglas y directrices de explotación, en las autorizaciones para el uso del dominio público y para los vertidos, declaraciones responsables y en cualquier otro título de utilización del dominio público hidráulico se recogerán cláusulas o criterios de compatibilización, que permitan el máximo aprovechamiento simultáneo o sucesivo del Dominio Público Hidráulico, siempre que tales aprovechamientos simultáneos no impliquen una afección al estado de las masas de agua proporcionalmente mayor. 6. La navegación, incluyendo la recreativa, y el transporte acuático no generarán derecho a demanda adicional de recurso, pudiendo desarrollarse utilizando caudales que se requieren para otros usos, respetándose los derechos concesionales existentes. Artículo 25. Dotaciones para abastecimiento de población. 1. Salvo justificación técnica adecuada que demuestre la necesidad de una mayor dotación, las dotaciones máximas para abastecimiento de población, incluida la dotación para industrias conectadas a la red municipal son las que se establecen el anexo 8.1. Se promoverá que las dotaciones se acerquen más a la parte baja del rango establecido en el mencionado anexo con medidas de incentivación del ahorro y la eficiencia. 2. La dotación mínima para consumo humano de 60 l/hab día. 3. La demanda ganadera se obtendrá adoptando las dotaciones establecidas en el anexo 8.7, traduciéndose a población equivalente adicional. 4. Se promoverá que los sistemas de abastecimiento urbano utilicen para aquellos usos urbanos que no requieran potabilización, fuentes de suministro alternativas de agua no potable. Estos usos diferenciados quedarán incluidos en la Junta de Explotación respectiva conforme a su lugar de toma. Artículo 26. Cálculo de población. 1. La población se evaluará a partir de los datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes según el Instituto Nacional de Estadística. 2. La evolución de población futura y la población estacional se justificará adecuadamente. Para la estimación de la población futura, se tendrán en cuenta las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística y no se excederá de un horizonte de 10 años para la justificación de necesidades hídricas futuras. Artículo 27. Demanda agraria y dotaciones y necesidades máximas hídricas de riego. 1. En regadíos y usos agrarios se incluyen los requerimientos de agua necesarios para la satisfacción de las necesidades hídricas de los cultivos y otros requerimientos funcionales asociados a las técnicas del riego así como los destinados a satisfacer las necesidades vitales y funcionales de la ganadería. 2. Las necesidades hídricas de riego por comarca agraria y cultivo de la cuenca son, con carácter general y salvo justificación técnica adecuada que demuestre la necesidad de una mayor, las que figuran en el anexo 8.4. A los efectos de facilitar la localización e identificación de las referidas comarcas agrarias, en el anexo 8.5 se relacionan los municipios y la comarca agraria en la que se integra. En el anexo 8.6 se recogen también las dotaciones de las grandes zonas regables. Artículo 28. Dotaciones ganaderas. Salvo justificación técnica adecuada que demuestre la necesidad de una mayor dotación, se adoptarán para las distintas especies ganaderas las dotaciones que figuran en el anexo 8.7. Artículo 29. Fomento de la eficiencia energética en las zonas regables. 1. En las modernizaciones de regadíos, junto con la evaluación de la eficiencia en la gestión del agua, se podrá analizar la eficiencia energética del sistema, valorándose las sinergias positivas que puedan desprenderse de la explotación única del riego y de la producción de energía. 2. Si como consecuencia de esta auditoría energética, se desprende que el aprovechamiento energético de las infraestructuras necesarias para el riego pudiera conllevar una mejora en la eficiencia energética, esta mejora se tendrá en cuenta a la hora de otorgar los títulos de aprovechamiento de uso energético en la zona regable. Artículo 30. Dotaciones para la industria. La dotación requerida para los procesos industriales y para refrigeración de dichos procesos, se justificará adecuadamente teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles. A falta de tal justificación se adoptarán las dotaciones que para las distintas actividades se incluya en el anexo 8.8, salvo que la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación u otra norma vinculante impida dotar de abastecimiento de agua a una industria que no tenga determinada tecnología. Artículo 31. Participación en las Juntas de Explotación. 1. El Presidente de la Junta de Explotación podrá invitar a participar en las reuniones plenarias del órgano, con voz pero sin voto, a los usuarios interesados que estime conveniente. En particular, a los órganos competentes de agricultura de las comunidades autónomas. En el presente Plan Hidrológico, al horizonte 2015 de vigencia del mismo, y teniendo en cuenta las planificaciones sectoriales del Estado y de las comunidades autónomas, así como las iniciativas materializadas en las solicitudes de concesión, se prevén nuevas transformaciones en riego en todas las Juntas de Explotación, en algunos casos de pequeña cuantía con aguas subterráneas, por lo que todas las Juntas de Explotación podrán contar con representación de las comunidades autónomas. 2. Salvo las grandes zonas regables, que ya disponen de comunidades de usuarios constituidas, en el periodo de vigencia de este Plan no se prevén transformaciones en riego que den lugar a la constitución de ninguna comunidad de regantes, en ninguna de las Juntas de Explotación, cuya superficie sea superior a 3.000 ha. Por consiguiente, en tanto no se produzca la constitución de estas comunidades de regantes, la representación de los usuarios correspondientes la ostentará el órgano competente de agricultura de la comunidad autónoma correspondiente, mediante la designación de un único representante por comunidad autónoma que asistirá a las sesiones con voz y voto. CAPÍTULO 5 Asignación y reserva de recursos Artículo 32. Consideraciones generales sobre la asignación y reserva de recursos. 1. De acuerdo con el artículo 42. b) c’) del Texto refundido de la Ley de Aguas, se disponen las siguientes reservas a los fines generales que se determinan y se inscribirán de oficio por el Organismo de Cuenca en el Registro de Aguas: a) A solicitud de la Junta de Castilla y León se establece una reserva en la cabecera de los ríos Ebro, Nela y otros afluentes, de 40 hm3/año, para las necesidades de regadío. b) A solicitud de la Diputación Foral de Álava se establece una reserva en la cuenca del río Zadorra, de 21,75 hm3/año, para las necesidades de regadío. c) A solicitud del Gobierno de La Rioja se establece una reserva de agua de 148,75 hm3/año a disposición de la Comunidad Autónoma de La Rioja para cubrir las necesidades futuras en su territorio. Esta reserva se concreta en los ríos Tirón, Oja, Cárdenas, Jubera, Cidacos, Linares, Alhama y Ebro para las necesidades de abastecimiento y regadío. d) A solicitud del Gobierno de Navarra, de acuerdo con el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 105/2008, se establece una reserva del río Ega destinada a los regadíos de Tierra Estella, de 32 hm3/año. e) A solicitud de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha se establece una reserva de 1 hm3/año en las cabeceras de los ríos Mesa y Piedra, para las necesidades de abastecimiento de población. f) A solicitud del Gobierno de Aragón, de acuerdo con el Pacto del Agua de Aragón y lo previsto en su Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 5/2007 de 20 de abril, así como la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, se establece una reserva de agua de 6.550 hm3/año a disposición de la Comunidad Autónoma de Aragón para cubrir las necesidades presentes y futuras en su territorio. Esta reserva se concreta en una asignación de recursos de 4.260 hm3/año para usos actuales, una asignación de recursos de 1.440 hm3/año para nuevos desarrollos ligados a los planes hidrológicos y 850 hm3/año de agua del eje del Ebro para las necesidades de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de población. g) A solicitud de la Generalidad de Cataluña se establece una reserva de 445,15 hm3/año para necesidades de regadío del plan de nuevos regadíos de Cataluña en la Demarcación Hidrográfica del Ebro, provenientes del Segre y afluentes y Ebro h) A solicitud de la Generalidad Valenciana se establece una reserva de 10 hm3/año en la cuenca del río Bergantes para las necesidades de abastecimiento de población y usos agropecuarios. 2. La asignación y reserva se establece por sistemas de explotación, coincidentes en su ámbito con las denominadas Juntas de Explotación conforme se definen en el artículo 10. Se entiende que la no explicitación en este apartado de la reserva para un determinado uso o aprovechamiento no implicará su no consideración en el futuro, siempre que aquel aprovechamiento no explicitado, en esta asignación y reserva, suponga una adecuada utilización y aprovechamiento del recurso disponible, y cuente con la regulación interna requerida. 3. Solamente se ha explicitado la asignación y reserva para los aprovechamientos de aguas subterráneas de mayor entidad, entendiéndose que los recursos que se obtengan de la explotación de acuíferos en pequeña cantidad se asignarán a los aprovechamientos que los motivaron, siempre que no se produzcan afecciones a otros aprovechamientos preexistentes, respeten las restricciones ambientales, y se atengan a los criterios para el otorgamiento de concesiones explicitados en esta normativa de acuerdo con las normas de explotación de las masas de agua subterránea del anexo 10. 4. Con carácter general, todo nuevo aprovechamiento de aguas superficiales no explicitado en esta asignación y reserva, deberá contar con una regulación interna mínima suficiente de conformidad con el artículo 52. En la asignación y reserva, artículos 35 a 51, se detalla la regulación mínima por junta de explotación y de forma gráfica en el anexo 10. Asimismo, el aprovechamiento de los retornos de riego asignados en los citados artículos se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 59. 5. Se entiende que, cuando no se dice lo contrario, la regulación para cada tramo de río alcanza a todos sus afluentes, y a las extracciones de agua subterránea en zona de policía de cauce y en aquellas zonas que pueden afectar a las descargas superficiales, tal como se recoge en las normas de explotación de las masas de agua subterránea del anexo 10. 6. No se podrán producir desembalses de los actuales sistemas de explotación para atender nuevos aprovechamientos que no se integren dentro de las comunidades de usuarios, generales y de base, que se benefician de dichas obras de regulación. 7. Durante el desarrollo del Plan y para el cumplimiento de sus objetivos, se realizarán los controles y el seguimiento medioambiental correspondiente, por si fuera necesario la imposición de restricciones en la asignación. Artículo 33. Volúmenes de reserva para laminación en embalses. 1. En todos los embalses de nueva construcción deberán estudiarse y, en su caso, definirse los volúmenes de reserva para laminación de avenidas. Los volúmenes de reserva serán los necesarios para alcanzar, en conjunción con los otros órganos de desagüe de la presa, los límites de protección que se fijen aguas abajo. 2. En los embalses ya existentes, la definición de volúmenes de reserva para laminación de avenidas se considerará como una posible alternativa de protección para el tramo aguas abajo. Estos resguardos se fijarán en las Normas de Explotación de los embalses. 3. Los resguardos para laminación de avenidas en embalses deberán respetarse en todos ellos de acuerdo con sus Normas de Explotación y Planes de Emergencia. 4. Las reservas de volúmenes de embalses para laminación de avenidas constituyen una limitación de recurso disponible para otros usos a considerar en las infraestructuras de regulación. Artículo 34. Definiciones y conceptos sobre la asignación de recursos. 1. Se define «grado de utilización» como la relación porcentual entre la demanda servida y la aportación media en régimen natural, en el periodo 1980-2005, de acuerdo con la simulación efectuada en la elaboración de este Plan Hidrológico. Se trata de un indicador del grado de utilización de los recursos hídricos. 2. Se define «relación capacidad de embalse/aportación» como la relación porcentual entre la capacidad de embalse y la aportación media en régimen natural, en el periodo 1980-2005, de acuerdo con la simulación efectuada en la elaboración de este Plan Hidrológico. Se trata de un indicador del nivel de capacidad de almacenamiento y regulación de recursos hídricos. 3. Se define «garantía volumétrica» como la relación porcentual entre la demanda servida y la demanda total, en el periodo 1980-2005, de acuerdo con la simulación efectuada en la elaboración de este Plan Hidrológico. Representa la fracción de demanda satisfecha. Artículo 35. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 1: Cabecera y Eje del Ebro. 1. En situación actual la Junta de Explotación 1 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 24,1 % sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 14,8 % sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 99,2 % 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Embalse de La Loteta, en conexión con el embalse de Yesa a través de la Acequia de Sora, Junta de Explotación 15, y con elevación desde el canal Imperial. Los recursos procedentes de la mejora de regulación proporcionada por el embalse de la Loteta, se destinarán a los abastecimientos urbanos y otros usos industriales de Zaragoza y su entorno, y supletoriamente a la mejora de dotaciones y garantías de los regadíos tradicionales del eje del Ebro, a la mejora de otras áreas regables entre las que se encuentran las elevaciones existentes o con autorización administrativa de los canales de Lodosa e Imperial, al suministro de las ampliaciones de áreas regables de dichos canales y al suministro de nuevos regadíos que se desarrollen con toma en el propio eje o en sus canales de derivación. b) Explotaciones de aguas subterráneas en el aluvial del Ebro. Pozos construidos en el aluvial del Ebro aportarán recursos adicionales para la satisfacción de demandas puntuales, pudiendo mejorar las garantías de los canales, en particular en períodos de sequía. Igualmente, podrán permitir la puesta en riego de nuevas explotaciones fuera de las áreas regables de los canales. c) Pequeños embalses o balsas de regulación en la cuenca del Oca, Oroncillo, Nela, Jerea, Omecillo/Húmedo. Explotación del acuífero de la cabecera del Jerea, en la masa de agua subterránea 010 Calizas de Losa. Los recursos obtenidos de las actuaciones de regulación de la cuenca del Oca se destinarán a los abastecimientos urbanos de las poblaciones de la cuenca, régimen de caudales ecológicos, consolidación de los regadíos actuales, otros usos industriales y ampliación de regadíos en la cuenca. Los recursos que se obtengan de las actuaciones de regulación en la cuenca del Oroncillo se destinarán a los abastecimientos urbanos de los núcleos de la cuenca, otros usos industriales y mejora de las dotaciones de los regadíos actuales, en particular en la zona de Pancorbo. Los recursos que se obtengan por las actuaciones de regulación del Nela se destinarán a la satisfacción de las demandas de abastecimientos urbanos, en particular de la zona de las Merindades y otros usos industriales de la cuenca del Trueba/Nela, para la reducción de los déficit de los regadíos actuales, para satisfacer las demandas de los futuros regadíos de la propia cuenca, y para la satisfacción de otras demandas del Eje del Ebro, todo ello por este orden. La regulación adicional y explotación de aguas subterráneas obtenida en la cuenca del Jerea se destinará para los abastecimientos urbanos de la propia cuenca, régimen de caudales ecológicos, mejora de las dotaciones de los regadíos de la cuenca y a los nuevos regadíos, en particular los del valle de Losa. Indirectamente, se mejorarán los abastecimientos de las poblaciones ubicadas en zonas no dominadas por la regulación. La regulación adicional obtenida en la cuenca del Omecillo se destinará para los abastecimientos urbanos, otros usos industriales, mejora de dotaciones de los regadíos actuales y para nuevos regadíos, en particular en la zona de Valdegobia y en la cabecera del Húmedo d) Los recursos en el Eje del Ebro, procedentes de la regulación general y de los retornos, se destinarán al apoyo de las demandas de las partes bajas de las cuencas deficitarias de la margen derecha y para el desarrollo de nuevas demandas en todo el eje mediante elevaciones y regulaciones internas desde el Ebro. De acuerdo con lo especificado en el artículo 32, los recursos del eje del Ebro para las necesidades futuras de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de Aragón, se reparten entre las Juntas de Explotación 1 y 11. e) A solicitud de la Junta de Castilla y León, una reserva de 40 hm3/año procedente de las regulaciones de la cabecera del Ebro y subcuencas afluentes, para las necesidades de regadío. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Con carácter general los recursos derivados de una gestión más eficiente del agua se asignarán a la mejora de dotaciones de regadíos infradotados del eje del Ebro y de las garantías de las demandas consolidadas. b) Nuevas regulaciones en el eje del Ebro medio. Los recursos obtenidos con nuevas regulaciones en el eje del Ebro medio se destinarán preferentemente a la mejora de dotaciones y garantías de los regadíos consolidados del Eje del Ebro y a complementar nuevos usos dentro de esta Junta de Explotación. Esta nueva regulación posibilitará una gestión más eficiente, para la que también se requiere la constitución del Sindicato Central de Usuarios del Eje del Ebro. c) Reasignación de recursos del Canal de Lodosa En la medida en que se liberen superficies regables del Canal de Lodosa por recursos procedentes de Itoiz-Canal de Navarra, la asignación de recursos de los regadíos de Viana, Mendavia y Bargota, pasará a realizarse desde el embalse del Ebro. De forma transitoria, en tanto esta liberación no se produzca, se asignan dichos regadíos a la regulación de Itoiz (artículo 50.2.b). La reasignación de recursos del Canal de Lodosa deberá respetar el equilibrio financiero de dicho Canal, soportando los beneficiarios de la reasignación los costes derivados de la misma. d) A solicitud del Gobierno de La Rioja, una reserva en el río Ebro de 20 hm3/año, para las necesidades de regadío. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde la cabecera del Ebro hasta Zaragoza. b) 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde Zaragoza hasta la cola del embalse de Mequinenza. Artículo 36. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 2: Cuencas del Tirón-Najerilla. 1. En situación actual la Junta de Explotación 2 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 16,4 % sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 11,0 % sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 92,0 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Explotación de las masas de agua subterránea 065 Pradoluengo-Anguiano y 045 aluvial del Oja, así como la ejecución de balsas: Manzanares, Corporales u otras actuaciones de regulación, entre las que se incluyen la regulación de aguas subterráneas y superficiales en la cabecera del río Oja. Los recursos procedentes de la explotación de aguas subterráneas y ejecución de balsas en la cuenca del Oja, se destinarán a los abastecimientos urbanos y usos industriales de la propia Junta de Explotación, en particular para la Mancomunidad del Oja-Tirón, para los de los núcleos de las intercuencas y para los de las poblaciones ribereñas del Eje del Ebro, para garantizar las dotaciones de los regadíos actuales de las cuencas del Oja y Zamaca, y para la ampliación de la zona regable. b) Actuaciones de regulación a definir en el río Tirón. Los recursos proporcionados por actuaciones de regulación en el río Tirón se destinarán a los abastecimientos de población y usos industriales. También para la mejora de garantías de los actuales regadíos de toda la cuenca y para ampliaciones. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Redistribución de caudales Plan Najerilla Los nuevos recursos generados se destinarán a los propios riegos del Plan Najerilla. b) Los recursos generados por la regulación del río Cárdenas bien con aguas superficiales o subterráneas se destinarán al para reducir el déficit de los regadíos existentes y futuros de la propia cuenca. c) A solicitud del Gobierno de La Rioja, una reserva de 7 hm3/año en el río Cárdenas, 20 hm3/año en el río Oja y 18,75 hm3/año en el río Tirón para las necesidades de agua para regadío. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: En la cuenca del Tirón: a) 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el Tirón y afluentes excepto el Glera u Oja b) 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el Glera u Oja y afluentes, así como en el río Zamaca. En la cuenca del Najerilla: c) 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el Najerilla hasta la presa de Mansilla y en todos los afluentes del Najerilla, excepto el Yalde. d) 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el Najerilla aguas abajo de Mansilla y en su afluente Yalde, e incorporación a la comunidad de usuarios correspondiente. Artículo 37. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 3: Cuenca del Iregua. 1. En situación actual la Junta de Explotación 3 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 53,4 % sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 38,2 % sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 99,9 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En la medida de que existan recursos no asignados para los usos actuales estos se destinarán a posibles regadíos de la intercuenca Iregua-Leza. 3. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente o no se encuentren bajo la regulación aportada por el sistema de embalses González Lacasa – Pajares. No obstante, podrá disponerse de recursos adicionales procedentes de la explotación de las masas de agua subterránea 065 Pradoluengo – Anguiano y 068 Mansilla – Neila, para los usos que se proyecten. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a 10 días de suministro en el mes de máximo consumo en todo el Iregua y afluentes. Además, aguas abajo de los embalses de González Lacasa y su azud del trasvase, y de Pajares, integración en la comunidad de usuarios. Artículo 38. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 4: Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha. 1. En situación actual la Junta de Explotación 4 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 41,3 % sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 9,1 % sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 42,6 % 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Embalse de Enciso en el Cidacos. Los recursos generados por la regulación del embalse de Enciso se destinarán a abastecimientos urbanos y otros usos industriales de la cuenca y de poblaciones próximas del eje del Ebro, para el desarrollo de regadíos tradicionales una vez revisados y adaptados y para nuevos regadíos. b) Embalse de Cigudosa-Valdeprado en el Alhama. Los recursos disponibles generados por la regulación del embalse de Cigudosa-Valdeprado, se destinarán a abastecimientos urbanos y otros usos industriales de la cuenca y de la intercuenca Alhama-Queiles, para la mejora de las dotaciones de los regadíos tradicionales de la cuenca y de intercuencas laterales que no cuenten con recursos procedentes del canal de Lodosa o del Canal de Navarra, y para posibles pequeñas nuevas áreas regables. c) Embalse de San Pedro Manrique en el Linares y Presa del Regajo en el arroyo Regajo (Linares), y otras posibles regulaciones dentro de la cuenca del río Linares. Los recursos generados se destinarán al abastecimiento urbano de San Pedro Manrique, en el primer caso, y para abastecimiento y regadío (500 ha) en Igea, Cornago y Rincón de Olivedo, en el segundo. Los recursos procedentes de otras posibles regulaciones se destinarán a los usos de la propia cuenca. d) Pequeños embalses o balsas de regulación en el Añamaza Los recursos disponibles generados por pequeñas regulaciones en el Añamaza se destinarán a los usos para las que sean proyectadas. e) Puesta en explotación completa del embalse del Val en el río Val, en la cuenca del Queiles. Los recursos generados por la regulación que ofrece el embalse del Val se destinan a los abastecimientos urbanos y otros usos industriales de los núcleos de la cuenca, junto a los concedidos para las Mancomunidades de Fitero, Cintruénigo y Cascante y de Aguas del Moncayo, y a la mejora de dotaciones de los regadíos tradicionales de la cuenca que no cuenten con recursos procedentes del canal de Lodosa o del Canal de Navarra. Los regadíos del Queiles en Navarra que, de acuerdo con la concesión que tiene otorgada la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, pasen a integrarse en el área regable del mismo, hasta que no sea éste operativo podrán ser atendidos desde el embalse del Val. f) Embalse de Soto-Terroba en el Leza y otras regulaciones a definir en el Jubera, entre las que puede encontrarse el embalse de Robres del Castillo. Los recursos regulados por el embalse de Soto-Terroba se destinarán a los abastecimientos urbanos de las poblaciones de la cuenca (especialmente Murillo de río Leza y Ribafrecha), la laminación de avenidas, y para la consolidación de los actuales regadíos. Los recursos procedentes de otras regulaciones en el Jubera se destinarán a los usos de la propia cuenca. h) Explotación de las masas de agua subterránea 066 Fitero – Arnedillo, 067 Detrítico de Arnedo, 069 Cameros, 070 Añavieja – Valdegutur y 072 Somontano del Moncayo. La ampliación de extracciones se destinará preferentemente para abastecimientos urbanos. i) En su caso podrán obtenerse recursos adicionales para estas cuencas por suministro de sus partes bajas desde los canales procedentes del Eje del Ebro. Los recursos obtenidos de la liberación de demandas existentes por suministro de las mismas con recursos procedentes de elevaciones del canal de Lodosa o del embalse de La Loteta, se destinarán a la consolidación de los regadíos existentes y la creación de otros nuevos. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: A solicitud del Gobierno de La Rioja, una reserva de 45 hm3/año en el río Cidacos, 25 hm3/año en el río Alhama, 8 hm3/año en el río Jubera y 5 hm3/año en el río Linares, para las necesidades de agua para regadío. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) En la cuenca del Leza: 1.º 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde la cabecera del Leza hasta la presa de Soto-Terroba, así como en el afluente Jubera. 2.º 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el propio Leza aguas abajo de la presa de Soto-Terroba, e integración en la correspondiente comunidad de usuarios. b) En la cuenca del Cidacos: 1.º 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde la cabecera del Cidacos hasta la futura presa de Enciso. 2.º 40 días de suministro en el mes de máximo consumo, desde la presa de Enciso hasta la desembocadura en el Ebro, e integración en la correspondiente comunidad de usuarios. c) En la cuenca del Alhama: 1.º 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en los afluentes Linares, Añamaza, barranco de La Nava, y en el Alhama hasta la futura presa de Cigudosa-Valdeprado. 2.º 40 días de suministro en el mes de máximo consumo en el río Alhama, desde la futura presa de Cigudosa-Valdeprado, hasta su desembocadura en el Ebro, e integración en la correspondiente comunidad de usuarios. d) En la cuenca del Queiles 1.º 10 días de suministro en el mes de máximo consumo, en el río Queiles y su afluente Val, hasta la presa del Val y el azud de trasvase del Queiles. 2.º Desde la presa del Val hasta la desembocadura en el Ebro, integración en la correspondiente comunidad de usuario. f) En la cuenca del Huecha 20 días de suministro en el mes de máximo consumo, en todo el río Huecha. Artículo 39. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 5: Cuenca del Jalón. 1. En situación actual la Junta de Explotación 5 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 67,4 % sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 24,5 % sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 78,3 % 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Recrecimiento de la presa de la Tranquera. Los recursos derivados del recrecimiento de La Tranquera se destinan a abastecimientos de la cuenca, en especial Calatayud, corrección de déficit de los aprovechamientos actuales; parte del volumen se reserva para la laminación de avenidas. b) Embalse de Mularroya en el río Grío, con aportación de recursos del Jalón. Los recursos derivados de la explotación del embalse de Mularroya se destinarán para los abastecimientos de población y otros usos industriales de la cuenca del Jalón y Grío, y para la mejora y nuevos regadíos del bajo Jalón. Indirectamente podría servir para la recarga del acuífero de Alfamén. Mediante su uso conjunto con la explotación de la masa de agua subterránea del Campo de Cariñena, permitirá liberar recursos subterráneos y reorganizar extracciones combinando adecuadamente recursos superficiales y subterráneos. c) Embalse de Lechago en el Pancrudo, con aportación de recursos procedentes del Jiloca. Los recursos derivados del embalse de Lechago se destinarán para el abastecimiento de poblaciones e industrias del Jiloca, y en su caso del Jalón, y para garantizar los regadíos del Jiloca medio-bajo. d) Embalse de Valladar y pequeñas regulaciones o balsas de carácter local en la cabecera y los pequeños afluentes del Jalón y Jiloca, como las posibles regulaciones de Trasobares y Torrehermosa, y explotaciones localizadas de aguas subterráneas. Los recursos generados por las pequeñas regulaciones de carácter local y por las explotaciones localizadas de aguas subterráneas se destinarán a satisfacer sus demandas específicas. e) Explotación de los acuíferos del Alto Jiloca, masa 088 Monreal – Calamocha, como complemento al embalse de Lechago. Explotación de las masas de agua subterránea 088 Monreal – Calamocha (nuevos pozos de Bello) y 086 Paramos del Alto Jalón (pozos de Alconchel de Ariza) Los recursos procedentes de estas explotaciones se destinarán a satisfacer las demandas locales de abastecimientos, otros usos industriales y riegos f) Embalse de Nuévalos, en cola del embalse de La Tranquera. La reserva de agua derivada del embalse de Nuévalos se destinará a usos recreativos. Este embalse no supondrá detrimento alguno para los usos consolidados del embalse de La Tranquera. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Optimización de la gestión: Explotación conjunta de los embalses actuales de Tranquera, Maidevera y Monteagudo de las Vicarías, de los embalses futuros de Mularroya, Lechago y balsas de cabecera, así como de las explotaciones de aguas subterráneas. Incorporación de todos los aprovechamientos en el Sindicato Central del Jalón. Los recursos obtenidos de la optimización del conjunto de regulaciones se gestionarán de forma integral teniendo en cuenta la satisfacción de las demandas de abastecimiento de la cuenca, el régimen de caudales ecológicos y las demandas de los regadíos del Jalón-Jiloca. Los regadíos del bajo Jalón que actualmente se suministran alternativamente desde el Canal Imperial, podrán mantener esta situación, contribuyendo en función de la procedencia de los volúmenes de agua utilizados a la recuperación de los costes del servicio respectivo. b) A solicitud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una reserva de 1 hm3 en las cabeceras de los ríos Mesa y Piedra, para las necesidades de abastecimiento de población. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Piedra, Mesa y Ortiz, hasta la presa de La Tranquera. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo en el río Jalón hasta la desembocadura del río Piedra, Nájima hasta el azud de derivación al embalse de Monteagudo de las Vicarías, Aranda hasta la presa de Maidevera, Pancrudo hasta la presa de Lechago, Jiloca hasta la derivación-bombeo del embalse de Lechago y resto de afluentes completos excepto la Rambla de Cariñena. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, e incorporación a la correspondiente comunidad de regantes, en el Nájima, aguas abajo de la presa de Monteagudo de las Vicarías, Piedra, aguas abajo de la presa de Tranquera, Jiloca, aguas abajo de la desembocadura del Pancrudo, Aranda aguas abajo de la presa de Maidevera, Jalón aguas abajo de la desembocadura del Piedra y Rambla de Cariñena completa Artículo 40. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 6: Cuenca del Huerva. 1. En situación actual la Junta de Explotación 6 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 60,2 % sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 28,0 % sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 88,2 % 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: Recrecimiento de la presa de Las Torcas Los recursos derivados de este recrecimiento se destinarán a suministrar los abastecimientos urbanos actuales y futuros, para mejora de las dotaciones de los actuales regadíos, así como para la laminación de avenidas. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: Balsas de regulación en la cabecera del Huerva (Campo Romanos) Los recursos derivados de nuevas balsas en la cabecera del Huerva se destinarán a la mejora del suministro de los aprovechamientos existentes de abastecimiento, regadío o ganadería en Campo Romanos, especialmente durante los intensos estiajes. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el tramo del embalse de Las Torcas. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en la cabecera del Huerva, hasta la cola del embalse de Las Torcas. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de regantes, en el Huerva, aguas abajo de la presa de Las Torcas. Artículo 41. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 7: Cuenca del Aguasvivas. 1. En situación actual la Junta de Explotación 7 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 64,7 % sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 27,7 % sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 58,6 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Acondicionamiento del embalse de Almochuel y elevación desde el Ebro. Los recursos adicionales procedentes de esta actuación se destinarán a la consolidación de regadío existente infradotado y a la puesta en regadío de nuevas explotaciones en el interfluvio Aguas Vivas-Martín. b) Otras elevaciones del Ebro junto con balsas de regulación, para el bajo y medio Aguas Vivas y cuencas del Ginel y Lopín. Los recursos procedentes del Eje del Ebro se asignarán, a nuevos regadíos en el marco del PEBEA. c) Explotaciones localizadas de aguas subterráneas, para la mejora de dotaciones de los actuales usos de la cuenca. 3 No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Lopín completo. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Ginel completo. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo en todo el Aguas Vivas y afluentes, acompañado de integración en la correspondiente comunidad de regantes, aguas abajo del embalse de Moneva. Artículo 42. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 8: Cuenca del Martín. 1. En situación actual la Junta de Explotación 8 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 76,8 % sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 52,1 % sobre la aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 70,9 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Adecuación del embalse de Escuriza. Los recursos procedentes de la adecuación del embalse de Escuriza se destinarán a la mejora de la satisfacción de sus actuales demandas. b) Uso conjunto en las inmediaciones de los manantiales de Ariño, mediante la construcción de pozos que exploten los recursos de la masa de agua subterránea 091 Cubeta de Oliete en las inmediaciones de los Baños de Ariño. Los recursos procedentes de este uso conjunto se destinarán a la mejora de los abastecimientos y otros usos industriales, incluyendo las demandas consuntivas energéticas, de la cuenca, mejora de las dotaciones de los regadíos deficitarios y posibles nuevas áreas regables del bajo Martín. c) Embalse de Las Parras (Plan MINER). Los recursos adicionales disponibles generados por esta actuación se destinarán a atender las demandas de abastecimiento, agrícola e industrial de la Cuenca Minera Central. d) La parte baja de la cuenca podrá contar con recursos procedentes, por elevación, del Eje del Ebro. Los recursos procedentes del Eje del Ebro se asignarán a la mejora de las dotaciones de los actuales usos de la cuenca, así como para permitir nuevos regadíos u otros aprovechamientos. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: Explotaciones localizadas de aguas subterráneas, en particular en el acuífero jurásico del Lias. Las extracciones de aguas subterráneas se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos. 4 No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Martín hasta la presa de Cueva Foradada y Escuriza hasta la presa de Escuriza. b) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, acompañado de integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el Martín aguas abajo de la presa de Cueva Foradada y Escuriza, aguas abajo de la presa de Escuriza. Artículo 43. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 9: Cuenca del Guadalope. 1. En situación actual la Junta de Explotación 9 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 89,4 % sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 132,9 % sobre la aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 79,2 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Explotación del acuífero de Mas de las Matas. Los recursos procedentes de la explotación del acuífero de Mas de las Matas se destinarán al abastecimiento y los regadíos de la zona, y se explotarán conjuntamente con la regulación superficial, integrándose su explotación en el Sindicato Central del Guadalope. b) Recrecimiento de la presa de Santolea y presa de cola. Los recursos procedentes del recrecimiento de la presa de Santolea se destinarán para usos industriales (entre ellos los derivados de la refrigeración de la central térmica Teruel) y para el suministro de los regadíos actuales y futuros, en particular del canal Calanda-Alcañiz. c) Pequeña regulación en el Alchozasa. Los recursos procedentes de las actuaciones de regulación en el Alchozasa se destinarán al suministro de demandas en la misma subcuenca. d) La parte baja de la cuenca contará también con recursos procedentes de elevaciones desde el Eje del Ebro, en particular del embalse de Mequinenza. Los recursos procedentes del Eje del Ebro se asignarán a la mejora de las dotaciones de los actuales usos de la cuenca, así como para permitir nuevos regadíos u otros aprovechamientos. Estos recursos se explotarán de forma conjunta con la regulación superficial, integrándose en el Sindicato Central del Guadalope. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Se establece una reserva de 10 hm3/año en la cuenca del río Bergantes para las necesidades de abastecimiento de población y usos agropecuarios en la Comunidad Valenciana. b) Uso conjunto aguas superficiales-subterráneas en el entorno del manantial de los Fontanales, con seguimiento adecuado de su explotación y afecciones. Los recursos aportados por este uso conjunto se destinarán al abastecimiento, uso industrial y regadío, incluyendo la posibilidad de incrementar la disponibilidad de agua de la central térmica Teruel en situaciones de sequía que impidan el normal suministro desde el embalse de Calanda, y se explotarán conjuntamente con la regulación superficial, integrándose su explotación en el Sindicato Central del Guadalope. c) Optimización de la gestión: Explotación conjunta de los embalses actuales de Santolea, Calanda y Caspe, del futuro recrecimiento de Santolea, de las explotaciones de aguas subterráneas y de los bombeos del Ebro, con integración en el Sindicato Central del Guadalope. Los recursos adicionales obtenidos de la optimización del conjunto de regulaciones se gestionarán de forma integral teniendo en cuenta la satisfacción de las demandas de abastecimiento de la cuenca y las demandas de los regadíos del Guadalope. 4 No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en Guadalope y afluentes hasta la presa de Santolea, así como el Regallo completo. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el Alchozasa y en el Guadalopillo hasta la presa de Gallipuén. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el Bergantes completo y afluentes, así como en el Mezquín. d) Integración en la correspondiente comunidad de usuarios en el Guadalopillo, aguas abajo de la presa de Gallipuén, y Guadalope, desde la presa de Santolea hasta desembocadura. Artículo 44. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 10: Cuenca del Matarraña. 1. En situación actual la Junta de Explotación 10 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 34,7 % sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 16,8 % sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 61,4 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones, una vez modificadas en virtud del Dictamen del Matarraña, aprobado por la Comisión del Agua de Aragón en 2006: 1. Pequeña regulación en el río Algás. Los recursos procedentes de la regulación del en el río Algás, se destinarán a abastecimientos, usos industriales y regadío de apoyo. 2. Balsas laterales de Val Figuera y Val de Beltrán en el Matarraña. El incremento de regulación proporcionado por estas balsas se asignará al abastecimiento, usos industriales, mejora de las dotaciones de los regadíos actuales. 3. La parte baja de la cuenca contará también con recursos procedentes del Eje del Ebro por elevación. Los recursos procedentes del Ebro por elevación se asignarán a la mejora de las dotaciones de los actuales usos y riego de apoyo de la parte baja de la cuenca, así como para permitir nuevos regadíos u otros aprovechamientos. 4. Regulación de la cuenca de Tastavins que se concreta en Balsa de Monroyo, Embalse de los Comellares-Tormasal y Balsa de Peñarroya de Tastavins. El promotor y administración responsable es el Instituto Aragonés del Agua derivado del convenio entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado. Los recursos procedentes de la regulación del Tastavins se asignarán a las demandas de la propia cuenca del Tastavins y, secundariamente, del Matarraña. 3 No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Matarraña y Pena hasta su confluencia, incluyendo afluentes. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Tastavíns y afluentes hasta su desembocadura en el Matarraña. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Algás completo y sus afluentes. d) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el Matarraña desde la confluencia del río Pena hasta su desembocadura. Artículo 45. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 11: Bajo Ebro. 1. En situación actual la Junta de Explotación 11 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 13,5 % sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 18,9 % sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 98,6 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Los recursos adicionales disponibles futuros serán en esta Junta de Explotación los recursos naturales y retornos procedentes de las Juntas de Explotación situadas aguas arriba y los que se obtengan asumiendo que la explotación de las regulaciones se lleva a cabo prioritariamente para usos consuntivos, y asumiendo que los caudales que circulan por la toma de los canales del Delta son los correspondientes a la doble faceta de demanda agrícola y medioambiental asumidos en este Plan Hidrológico para dicha zona regable y natural. Estos recursos se destinarán a la satisfacción de las demandas de abastecimiento urbano e industrial dentro de la cuenca y al suministro de la reserva establecida en la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona, a la satisfacción de las demandas agrícolas de los regadíos existentes y al suministro de las ampliaciones de regadíos que se ubiquen dentro del ámbito del Plan Hidrológico del Ebro. b) De acuerdo con lo especificado en el artículo 32, los recursos del eje del Ebro para las necesidades futuras de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de Aragón, se reparten entre las Juntas de Explotación 1 y 11. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Explotaciones de agua subterráneas. Tal como se establece en el artículo 8, dado que no existen masas subterráneas compartidas con otras demarcaciones, los recursos subterráneos de esta Junta de Explotación se asignarán a sus propias demandas, con preferencia de los abastecimientos. b) A solicitud de la Generalidad de Cataluña, una reserva de 52,15 hm3/año desde el Ebro y sus afluentes dentro de la junta de Explotación 11 para el plan de nuevos regadíos de Cataluña dentro de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 4. En los afluentes del Ebro de esta Junta de Explotación, no se cuenta con recursos adicionales disponibles para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan en los afluentes del Ebro de esta Junta de Explotación llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en todos los afluentes, excepto en el Ciurana aguas abajo de la presa de Ciurana, y en el Asmat, aguas abajo de la presa de Guiamets, en los que sólo se requerirá integración en la comunidad de usuarios respectiva. b) Integración en la respectiva comunidad de usuarios desde el embalse de Mequinenza hasta la desembocadura. 5. Para los efectos de los requerimientos de caudales ecológicos en esta Junta de Explotación número 11, Bajo Ebro, se considerará volumen útil en Mequinenza el determinado por la cota de embalse 105 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), equivalente a un volumen de 644 hm3. Alcanzada esta cota se reconsiderará por parte de la Comisión de Desembalse el régimen de explotación de los diferentes embalses. Artículo 46. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 12: Cuenca del Segre. 1. En situación actual la Junta de Explotación 12 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 42,7 % sobre la aportación media en régimen natural. b) Relación capacidad de embalse/aportación: 44,8 % sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 98,3 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Embalse de Rialp, en el Segre, ya construido. Los recursos procedentes de la regulación del embalse de Rialp se destinarán al abastecimiento urbano dependiente del Canal Principal de Urgel y otros núcleos de las Garrigas, régimen de caudales ecológicos del eje del Segre, mejora de las garantías de la superficie de riego del Canal Principal, con carácter prioritario frente a nuevas demandas, usos industriales también dependientes del Canal Principal, nuevos regadíos relacionados con la restitución territorial, ampliación de los regadíos del Canal Principal de Urgel, nuevos regadíos del Canal Segarra-Garrigas suministrables directamente desde dicho canal, mejora de regadíos del Canal Auxiliar de Urgel. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado c). b) Embalse de Albagés, en el Set, alimentándose principalmente con recurso procedente del Segre a través del Canal Segarra-Garrigas. Los recursos regulados por el embalse de Albagés se destinarán al régimen de caudales ecológicos, a la consolidación de los regadíos existentes en el río Set y la satisfacción de las demandas para los distintos usos del Canal Segarra-Garrigas. c) Optimización de gestión conjunta con el Segre denominada «armonización» de usos del bajo Noguera Pallaresa. Los recursos procedentes de la armonización para usos consuntivos del bajo Noguera Pallaresa se asignarán principalmente a los usos del sistema de canales de Urgel no debiendo repercutir en un costo adicional para la Comunidad General de Regantes de los canales de Urgel. Podrán compensarse las afecciones derivadas de esta armonización con la modificación de las condiciones y plazos concesionales de los usos no consuntivos. Entre tanto no se lleve a cabo tal armonización, se asignará la mejora de riegos del sistema de canales de Urgel al embalse de Rialp, con prioridad respecto a todos los riegos que dependan, directa o indirectamente del canal Segarra-Garrigas. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Reutilización planificada de retornos de riego en los ríos Sió, Cervera y Corp. Los recursos adicionales provenientes de la reutilización se destinarán a la mejora de dotaciones de la zona regable por la que transcurren dichos ríos. b) Explotaciones localizadas de agua subterráneas, previa investigación. Las extracciones de agua subterránea se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos y situaciones de emergencia por sequía. c) A solicitud de la Generalidad de Cataluña, una reserva de 393 hm3/año desde el Segre medio, Noguera Pallaresa y Segre Bajo incluyendo los 100 hm3/año asignados para el Canal Segarra- Garrigas. Esta reserva está condicionada por el orden de preferencia de usos expuesto en el artículo 46.2.c) 4 No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Segre hasta la presa de Rialp, incluidos afluentes, y el río Noguera-Pallaresa y afluentes, completo. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Sió, Cervera, Corp y Set, hasta su cruce con el Canal Segarra-Garrigas. A partir de este punto los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. c) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Farfaña hasta su cruce con el canal de Alguerri-Balaguer. A partir de este punto los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. d) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios en el Segre, aguas abajo de la presa de Rialp y hasta el embalse de Ribarroja. Artículo 47. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 13: Cuencas del Ésera y Noguera Ribagorzana. 1. En situación actual la Junta de Explotación 13 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 79,2 % sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 100,9 % sobre la aportación media en régimen natural (se incluyen los embalses hidroeléctricos). c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 91,5 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Embalse de San Salvador optimizado, en la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña, y explotación conjunta con Barasona, sumado a otras regulaciones internas y a la reutilización planificada de los retornos de la Clamor Amarga. Los recursos adicionales que se obtengan a partir de todas estas actuaciones, se destinarán al régimen de caudales ecológicos del Ésera aguas abajo de Barasona y a la mejora de las dotaciones de la zona regable actualizada del Canal de Aragón y Cataluña. b) Incremento de regulación en el sistema Ésera – Noguera Ribagorzana. Los incrementos adicionales de regulación que puedan existir en el sistema Ésera – Noguera Ribagorzana, se destinarán a la mejora de dotaciones de la zona regable actualizada del Canal de Aragón y Cataluña. c) Explotación de la masa de agua subterránea 041 Litera Alta (pozos de Olvena) Los recursos procedentes de estos pozos se destinarán para el apoyo del Canal de Aragón y Cataluña en caso de sequía. d) Otras explotaciones localizadas de aguas subterráneas, previa investigación Las extracciones de agua subterránea se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos y situaciones de emergencia por sequía. e) Pequeña regulación en el Isábena. Balsas en el entorno de Beranuy. Los recursos adicionales generados por actuaciones de regulación en el Isábena se destinarán para las propias demandas del Isábena. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Modernización integral en los regadíos del Canal de Piñana. Los recursos adicionales fruto de la modernización integral de los regadíos del Canal de Piñana se destinarán a la mejora de garantías en la propia zona regable, y a la atención de otras demandas según prioridades actuales y de acuerdo con el pacto de Piñana. b) Optimización de la gestión en el sistema Ésera – Noguera Ribagorzana Se atenderá a la solución más óptima para la gestión conjunta de los aprovechamientos del Ésera-Noguera-Ribagorzana, incluida la utilización de los volúmenes embalsados por debajo de la cota del Canal de Enlace, y volúmenes no turbinables extraíbles, para todos los usuarios. 4 No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Noguera Ribagorzana hasta la presa de Santa Ana, incluidos afluentes, y el río Ésera y afluentes, hasta la presa de Barasona-Joaquín Costa. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Sosa hasta su cruce con el Canal de Aragón y Cataluña. A partir de este punto los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. Igualmente se considerarán retornos de riego las detracciones del río Tamarite o Clamor Amarga. c) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios en el Ésera y Noguera-Ribagorzana, aguas abajo de la presa de Barasona y Santa Ana, respectivamente. Artículo 48. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 14: Cuencas del Gállego y Cinca. 1. En situación actual la Junta de Explotación 14 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 58,7 % sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 47,3 % sobre la aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 94,1 % 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones, una vez modificadas en virtud de los Documentos de Conclusiones sobre la regulación del Gállego, emitidos por la Comisión del Agua de Aragón en julio de 2006: a) Embalse de Montearagón en el Flumen, ya construido. Los recursos disponibles, proporcionados por la regulación del embalse de Montearagón se destinarán a los abastecimientos urbanos y usos industriales de Huesca y otros núcleos, para la mejora de regadíos y posibles ampliaciones dentro de la Hoya de Huesca. b) Embalse de Biscarrués en el Gállego y embalse de Almudévar y otras balsas, en el interior de la zona regable de Riegos del Alto Aragón, como se acordó en la Comisión del Agua de Aragón, de 20 de junio de 2006. Los recursos adicionales proporcionados por estas actuaciones se destinarán a la satisfacción de las demandas de Riegos del Alto Aragón y desarrollo de la primera fase de la ampliación de Riegos del Alto Aragón en la comarca de la Hoya de Huesca, con una cuantía máxima anual de 50 hm3 una vez que se disponga de un incremento de capacidad de embalse en el sistema Gállego-Cinca de 200 hm3. Para la ampliación de Riegos del Alto Aragón en la Hoya Huesca, será de aplicación la normativa vigente para ejecución de los nuevos regadíos de Riegos del Alto Aragón. c) Racionalización de la explotación de los aprovechamientos del Bajo Gállego, Bajo Cinca y otros tramos de río dentro de la Junta de Explotación 14. Los recursos adicionales fruto de esta actuación se destinarán para el régimen de caudales ecológicos y para la mejora de las garantías de los regadíos del Gállego-Cinca, analizando en su conjunto los derechos concesionales de todo el sistema en el que están ubicados y las prioridades de uso contempladas en el artículo 24. d) Regulación del Alcanadre y otras actuaciones contempladas por el documento de conclusiones sobre la regulación del río Gállego de la Comisión del Agua de Aragón de fecha 20 de julio de 2006, hasta completar una capacidad adicional en el sistema Gállego Cinca de 363 hm3. Los recursos generados por la regulación del Alcanadre y el resto de actuaciones se destinarán a la satisfacción de todas las demandas del cuenca Alcanadre, así como al suministro de las demandas de los Riegos del Alto Aragón, y desarrollo de la segunda fase de la ampliación de los Riegos del Alto Aragón en la comarca de la Hoya de Huesca, con una cuantía máxima de 40 hm3. Para la ampliación de Riegos del Alto Aragón en la Hoya Huesca, será de aplicación la normativa vigente para ejecución de los nuevos regadíos de Riegos del Alto Aragón. e) Incorporación de recursos desde el Eje del Ebro. Los recursos adicionales que puedan proceder del Eje del Ebro utilizarán especialmente en época de sequía para completar la satisfacción de las demandas de regadíos y, en su caso, para nuevos regadíos de la intercuenca. Cuando la regulación del Aragón lo permita y pudieran existir excedentes de recursos hídricos, esos excedentes podrían emplearse, mediante las obras correspondientes, en la Junta de Explotación 14. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) Captación mediante pozos de aguas del aluvial del Gállego Los recursos adicionales captados de este modo se destinarán a completar en épocas de sequía la satisfacción de las demandas del Gállego, siguiendo los órdenes de prioridad. b) Recursos extraordinarios procedentes del bombeo del volumen por debajo de la cota de toma del Canal del Cinca en el embalse de El Grado al propio canal, en situaciones de emergencia por sequía. Estos recursos, a ser movilizados únicamente en caso de emergencia por sequía, se destinarán a completar la satisfacción de las demandas existentes, de acuerdo con el orden de prioridad. c) Explotación de la masa de la masa de agua subterránea 033 Santo Domingo – Guara mediante la regulación con pozos en los manantiales de gran variabilidad estacional de la Sierra de Guara (Fuentes de Bastarás y Lecina), previa investigación. Las extracciones de agua subterránea se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos y situaciones de emergencia por sequía. 4 No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: En la cuenca del Cinca: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Cinca y afluentes hasta la presa de El Grado. Igualmente, el río Vero y la Clamor de Fornillos hasta su cruce con el canal del Cinca; a partir de estos dos puntos, los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. Igualmente, en la Clamor II hasta su desembocadura en el Cinca, los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. b) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el Cinca aguas abajo de la presa de El Grado. En la cuenca del Alcanadre: a) Integración en la correspondiente comunidad de usuarios en el Flumen hasta su cruce con el Canal del Cinca. Los caudales a detraer del barranco de Valdabra se considerarán retornos de riego. b) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Alcanadre y afluentes, hasta su cruce con el canal del Cinca, en el río Guatizalema hasta la cola del embalse de Vadiello, y en el río Botella completo. c) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el río Guatizalema aguas abajo del embalse de Vadiello y hasta su cruce con el canal del Cinca. A partir de este punto y hasta su desembocadura en el Alcanadre, los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. d) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Isuela hasta la ciudad de Huesca. A partir de este punto, en el Isuela hasta su cruce con el canal del Cinca, los caudales a detraer se considerarán retornos. e) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en Flumen, Isuela y Alcanadre a partir de su cruce con el canal del Cinca. En la cuenca de La Valcuerna: f) Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. En la cuenca del Gállego: g) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Gállego y afluentes hasta la presa de La Peña, así como el barranco de San Julián. h) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Sotón y afluentes hasta la presa de La Sotonera. i) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de usuarios, en el Gállego, aguas abajo de La Peña, y Sotón, aguas abajo de La Sotonera. j) Los caudales a detraer del barranco de La Violada tendrán la consideración de retornos de riego. 6. El desarrollo de los nuevos regadíos de Riegos del Alto Aragón estará condicionado al incremento de regulación que se produzca para el sistema. Artículo 49. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 15: Cuencas del Aragón y Arba. 1. En situación actual la Junta de Explotación 15 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 37,1 % sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 28,6 % sobre aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 72,8 % 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Modulación por parte de la Administración de los caudales destinados al Aragón bajo, y gestión conjunta para este fin de las aportaciones del Aragón y del Irati mediante los embalses de Yesa e Itoiz. Los recursos adicionales generados por la revisión de concesiones del Aragón bajo se destinarán a los aprovechamientos del Aragón bajo y otras demandas del eje del Ebro y para los regadíos de Bardenas. b) Recrecimiento de la presa de Yesa en el río Aragón. La nueva regulación derivada del recrecimiento de Yesa se destinará para el abastecimiento de aguas en Zaragoza y su entorno así como de otros núcleos poblacionales como los navarros situados aguas abajo del embalse, y luego con carácter preferente los regadíos de Bardenas, entre los que se incluyen el de Ferial y el de Morante (salvo la subzona de Cadreita que pasa a formar parte del Sector XIII del Canal de Navarra), dejando a salvo los derechos de los regadíos tradicionales de ribera del Aragón, y finalmente la canal de Berdún. Si a largo plazo existieran recursos adicionales del Aragón procedentes de nuevas regulaciones, aprovechamiento de agua del Salazar u otras, se destinarán con carácter preferente a los regadíos de Bardenas, pudiendo, en su caso, destinarse los excedentes a la creación de nuevos regadíos en Navarra entre la presa de Yesa y la toma de la Acequia de Bayunga, y finalmente para otros regadíos, y en su caso, para el apoyo de las demandas de la Junta de Explotación 14 o Eje del Ebro, en particular Canal Imperial de Aragón y Canal de Tauste. c) Embalse de Laverné, en proceso de puesta en carga Los recursos regulados por el embalse de Laverné en la acequia de Sora, se destinarán a los regadíos de Bardenas. d) Recrecimiento del embalse de Malvecino Los recursos regulados por el recrecimiento del embalse de Malvecino en la acequia de Cinco Villas, se destinarán a los regadíos de Bardenas e) Reparación del embalse de Valdelafuén Los recursos regulados por el recrecimiento del embalse de Valdelafuén en el canal principal de Bardenas, se destinarán a los regadíos de Bardenas f) Otras pequeñas regulaciones de carácter local entre las que se encuentran regulaciones internas del canal de Bardenas, así como la optimización del transporte del canal. Los recursos regulados por los pequeños embalses y balsas de carácter local y los internos de Bardenas, así como los procedentes de la optimización de la capacidad de transporte, se destinarán a sus fines específicos. g) Embalse de Biota en el río Arba de Luesia. Los recursos generados por el embalse de Biota se destinarán al suministro de las demandas de la propia cuenca. h) Embalse de Luna o alternativa en el río Arba del Biel. Los recursos generados por el embalse de Luna o alternativa se destinarán al suministro de la propia cuenca y como obra complementaria al sistema de regulación de Bardenas. 3. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: En la cuenca del Aragón: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Aragón y afluentes hasta la presa de Yesa. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Onsella y Barranco de la Portillada completos. c) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo e integración en la correspondiente comunidad de regantes, en el Aragón aguas abajo de la presa de Yesa, hasta la confluencia del Cidacos. En la cuenca del Arba: d) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo en todos los Arbas hasta su cruce con el canal de Bardenas. Aguas abajo del cruce con el canal de Bardenas, los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. Artículo 50. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 16: Cuencas del Irati, Arga y Ega. 1. En situación actual la Junta de Explotación 16 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 11,3 % sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 20,8 % sobre la aportación media en régimen natural c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 95,1 % 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Optimización de uso del embalse de Urdalur. Además de los usos actuales, los recursos del embalse de Urdalur podrán destinarse a la ampliación de la Mancomunidad de Sakana, en particular con la inclusión de Irurtzun. En su caso, también podrán destinarse recursos a las cuencas del Zadorra y Alegría, para abastecimiento y para el regadío de la Llanada Oriental Alavesa, de forma alternativa o complementaria a lo dispuesto en el artículo 51.2. f), integrándose los nuevos usuarios en esta Junta de Explotación. b) Embalse de Itoiz en el Irati, en servicio. Los recursos adicionales en base a la regulación proporcionada por el embalse de Itoiz se destinarán para el régimen de caudales ecológicos del río Irati y contribución a los del río Aragón, para el suministro de los regadíos del Aragón bajo, junto con los recursos proporcionados por la regulación de Yesa -dotando a éste de unas nuevas normas de explotación adaptadas a la necesaria cooperación con Itoiz en la regulación del sistema Aragón-Irati-, al abastecimiento urbano y otros usos industriales de las áreas dominadas por el canal de Navarra, en especial la Comarca de Pamplona, para el suministro de los regadíos actuales y nuevos regadíos de la cuenca del Irati y para el suministro de agua a los aprovechamientos derivados del canal de Navarra, tanto en las cuencas del Ega y Arga como para la ampliación y mejora de los regadíos de la zona media y de la Ribera de Navarra, en la margen izquierda y derecha del Ebro, y de las cuencas del Alhama y del Queiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, así como para la subzona de Cadreita (Morante) que actualmente riega de la Acequia de Navarra y que podrán integrarse en el sector XIII del Canal de Navarra. El uso de agua regulada en ltoiz y transportada a través del Canal de Navarra para el riego de terrenos en las cuencas del Arga y Ega, en la denominada Ampliación de la 1.ª fase del Canal de Navarra, producirá en estiaje una liberación de caudales de los regadíos tradicionales del Ega y del Arga, que pasan a regarse desde el citado Canal, lo que se traducirá en una mejora del estado ecológico de las aguas de los respectivos cauces y en un mayor apoyo de estos dos ríos al eje del Ebro, lo que permitirá, con la adecuada explotación conjunta de Itoiz y el embalse de Yesa recrecido, incrementar la garantía de suministro a los regadíos del Canal de Navarra. Los excedentes de los recursos regulados con este embalse, si los hubiera, en tanto en cuanto no sean utilizados por el canal de Navarra, podrían ser utilizados transitoriamente para satisfacer las demandas del Aragón bajo y eje del Ebro, revirtiendo inmediatamente a su uso previsto a medida que vayan entrando en funcionamiento las distintas fases del canal de Navarra, adaptando la explotación de ambos embalses, Itoiz y Yesa, en función de la evolución en la entrada en funcionamiento de cada fase. De forma transitoria, se asignan a la regulación Itoiz los caudales necesarios para los regadíos de Viana, Bargota y Mendavia, en tanto no puedan asignarse recursos del Ebro liberados del Canal de Lodosa por el Canal de Navarra (artículo 35.3.c). c) Explotación de las masas de agua subterránea 023 Lóquiz, 021 Izki-Zudaire, 017 Sierra de Urbasa, 018 Sierra de Andía, 019 Sierra de Aralar, 016 Aizkorri y 010 Basaburua-Ultzama. Las extracciones de aguas subterráneas de estos acuíferos se destinarán preferentemente para abastecimientos urbanos y usos industriales. d) Posible regulación en la cuenca del Arga Los recursos regulados procedentes de nuevas regulaciones a estudiar en el Arga se destinarán a los abastecimientos urbanos. En el periodo de estiaje del río Arga, podrán asignarse recursos de la cuenca del Irati a través del río Elorz. e) Embalse en el arroyo de Riomayor (cuenca del Ega) Los recursos regulados por el embalse de Riomayor se destinarán para la nueva área regable de Tierra Estella, incluida en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 105/2008, estimada en unas 7.000 ha. Se establece una reserva de 32 hm3 anuales con este fin, a solicitud del Gobierno de Navarra. 3. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: En la cuenca del Arga: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Arga y todos sus afluentes, excepto el Araquil. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Araquil y su afluente Alzania hasta la confluencia de ambos. A partir de este punto integración además en la comunidad de usuarios correspondiente. En la cuenca del Irati: c) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en todos los afluentes del Irati, y en el propio Irati hasta la presa de Itoiz. d) 40 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Irati aguas abajo de la presa de Itoiz e integración en la correspondiente comunidad de usuarios. En la cuenca del Zidacos: e) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo en el Zidacos hasta su cruce con el Canal de Navarra. Aguas abajo de este punto, los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. Mientras no esté en explotación la zona regable del Canal de Navarra, se aplicará a todo el Zidacos la regulación de 20 días. En la cuenca del Ega: f) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en los ríos Iranzu, Urederra, Istora, Ega II, y los afluentes de estos. g) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el propio río Ega y resto de afluentes. En la cuenca del Linares: h) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en toda su cuenca. En la cuenca del Ríomayor (afluente directo del Ebro) i) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en toda su cuenca. Artículo 51. Asignación y reserva de recursos en la Junta de Explotación n.º 17: Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares. 1. En situación actual la Junta de Explotación 17 se caracteriza por los siguientes resultados del balance realizado conforme al modelo de simulación del sistema de explotación: a) Grado de utilización: 28,4 % sobre la aportación media en régimen natural b) Relación capacidad de embalse/aportación: 29,2 % sobre aportación media en régimen natural. c) Garantía volumétrica según la simulación efectuada: 91,4 %. 2. Recursos regulados comprometidos por el Plan Hidrológico del Ebro del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que se asumen en este Plan. Estos recursos se asignan a las demandas consolidadas, salvo restricción del régimen de caudales ecológicos. En concreto, se trata de las siguientes actuaciones: a) Posible regulación de la cabecera del Bayas o explotación de aguas subterráneas. Los recursos procedentes de la regulación del Bayas y la explotación de las aguas subterráneas se destinarán a aprovechamientos dentro de la cuenca b) Construcción de pequeños embalses y balsas de regulación para riegos en las Comunidades Autónomas de Castilla y León y País Vasco. Las pequeñas regulaciones planteadas por las Comunidades Autónomas de Castilla y León y del País Vasco se destinarán a satisfacer las demandas locales de riegos. c) Explotación de la masa de agua subterránea 011 Calizas de Subijana. Los recursos generados con la explotación de la masa Calizas de Subijana, se destinarán preferentemente a los abastecimientos locales, y secundariamente se podrán destinar a la reducción de la vulnerabilidad de los abastecimientos de Vitoria y Gran Bilbao en situaciones de sequía, siempre y cuando la afección resultante de esta explotación sobre el acuífero no sea significativa, o pueda revertirse una vez concluido el episodio de sequía. d) Explotación de las masas de agua subterránea 022 Sierra de Cantabria. Los recursos generados con la explotación de la masa Sierra de Cantabria de destinarán al abastecimiento de población. e) Nueva regulación a definir en la cabecera del río Zadorra (Arcillas - Korrosparri – pequeñas regulaciones en barrancos laterales río Alegría) o incorporación al sistema actual de abastecimiento sustentado en los embalses del Zadorra. Los recursos generados podrán destinarse al abastecimiento y al regadío en la Llanada Oriental Alavesa. De forma temporal y con acuerdo de las partes implicadas dentro de las Juntas de Explotación 16 y 17, podrán utilizarse con este fin recursos procedentes del río Uyar o Ametzaga (cuenca del Araquil), siempre y cuando no afecte al régimen de caudales ecológicos y las detracciones se realicen entre el 1 de octubre y el 30 de abril. f) Optimización de uso del embalse de Urdalur. De conformidad con lo establecido en el artículo 50.2.a) los recursos del embalse de Urdalur podrán destinarse a las cuencas del Zadorra y Alegría, para abastecimiento y para el regadío de la Llanada Oriental Alavesa, de forma alternativa o complementaria a lo dispuesto en el punto e), integrándose los nuevos usuarios en la Junta de Explotación 16. 3. Recursos asignados por el presente Plan Hidrológico: a) No se producirá un incremento del actual volumen anual trasvasado desde la Demarcación Hidrográfica del Ebro a la del Cantábrico Oriental, dentro de la Junta de Explotación, salvo excepcionales circunstancias temporal o geográficamente puntuales. b) A solicitud de la Diputación Foral de Álava, una reserva en la cuenca del río Zadorra, de 21,75 hm3, para las necesidades de regadío. 4. No se cuenta con recursos adicionales regulados para atender nuevas demandas en una parte significativa del año hidrológico, por lo que no pueden asignarse recursos a nuevos aprovechamientos que no dispongan de regulación interna suficiente. Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevará implícita la ejecución de balsas de regulación interna. Los recursos aportados por estas balsas internas se destinarán a los propios aprovechamientos, fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten. En estos casos la regulación interna mínima será equivalente a: a) 10 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el río Zadorra y Santa Engracia y afluentes hasta las presas de Ullívarri y Urrúnaga. b) 20 días de suministro en el periodo de máximo consumo, en el resto de masas de esta Junta de Explotación, excepto el río Rojo en que los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. CAPÍTULO 6 Utilización del dominio público hidráulico Artículo 52. Criterios de regulación interna para concesiones. 1. Salvo justificación especial, y al objeto de mantener el buen estado de las masas de agua y en base al principio de precaución en materia de medio ambiente, no se otorgarán concesiones de carácter consuntivo, ni se modificarán las existentes con incremento de caudal máximo instantáneo o del volumen máximo anual, si no se dispone de regulación interna suficiente en el aprovechamiento o propuesta adecuada de uso conjunto superficial-subterráneo. 2. Esta regulación interna deberá permitir el funcionamiento independiente del aprovechamiento durante los periodos de tiempo en que la restricción por el régimen de caudales ecológicos obligue a suspender la derivación en el punto de captación, sea éste de aguas superficiales o de aguas subterráneas en el acuífero aluvial cuya afectación a la masa de agua relacionada sea relevante. 3. De conformidad con lo prescrito en la asignación de recursos de este Plan, artículos 35 a 51, en el anexo 10.1 se recoge la regulación interna mínima en cada una de las masas de agua superficiales de la Demarcación Hidrográfica del Ebro y en el anexo 10.4 la relación de masas de agua subterránea en las que se establece una distancia mínima al río para las captaciones en el acuífero aluvial. Para distancias inferiores a las indicadas en el mencionado anexo 10.4 se exigirán las mismas condiciones de regulación interna que para las masas superficiales con ellas relacionadas. Artículo 53. Concesiones para riego. En las solicitudes de concesión para riego, de conformidad con el artículo 106.2.b) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se acompañará un análisis y propuesta de buenas prácticas agrarias para limitar la contaminación difusa y exportación de sales, especialmente en las zonas declaradas vulnerables, en línea con lo que se contemple en los programas de actuación en zonas vulnerables de las administraciones competentes. Artículo 54. Asignación del plazo concesional. 1. El plazo concesional será como máximo de cuarenta años. No obstante, excepcionalmente podrá otorgarse un plazo superior cuando quede acreditado en el expediente de concesión que las inversiones que deban realizarse para el desarrollo de la actividad económica exigen un plazo mayor para su recuperación y garantía de viabilidad, en cuyo caso se otorgarán por el tiempo necesario para ello, con el límite temporal de setenta y cinco años determinado en el artículo 59.4 del Texto refundido de la Ley de Aguas. 2. Toda novación o ampliación de plazo concesional se condicionará a la incorporación de mejoras ambientales y de eficiencia, teniendo en cuenta, si es el caso, las que se hubieran realizado a lo largo del desarrollo del plazo concesional original. 3. En tanto en cuanto no se haya definido y concertado el régimen de caudales ecológicos a mantener en la toma de la concesión o, en el caso de aguas subterráneas, no pueda preverse adecuadamente la afectación de dichas extracciones al caudal superficial, el otorgamiento de nuevas concesiones o la modificación con aumento de extracciones de las existentes, se otorgará por un plazo máximo de veinticinco años, y condicionada al cumplimiento de los caudales ambientales desde el momento en que se determinen. 4. Siempre que, justificadamente, se aprecie dudosa la idoneidad del aprovechamiento para el cumplimiento de los objetivos medioambientales de las masas de agua asociadas o para el uso eficiente y sostenible del agua dentro de un sistema hídrico, el plazo concesional a otorgar se reducirá todo lo necesario para no comprometer dicho uso eficiente y sostenible. Artículo 55. Utilización de aguas subterráneas. 1. De conformidad con el artículo 184.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico la Confederación Hidrográfica del Ebro, para el otorgamiento de concesiones, considerará su posible afección a captaciones anteriores legalizadas, para lo cual podrá solicitar al peticionario que aporte la información hidrogeológica justificativa para la evaluación de las posibles afectaciones, basado en datos obtenidos, entre otros, de la ejecución de ensayos de bombeo o aforos realizados en las nuevas captaciones. 2. A los efectos del mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, además del establecimiento de distancias mínimas en determinados tramos conforme al anexo 10.4 se podrá exigir a los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas que se encuentren próximos a ríos o manantiales y que puedan ser afectados directamente, un informe justificativo de las posibles afecciones a los mismos, que deberá cumplir con los mismos requerimientos técnicos establecidos en el apartado anterior. 3. Sin perjuicio de especificaciones motivadas más concretas, todas las captaciones nuevas de más de 5 m de profundidad deberán tener cementados los primeros 4 m de espacio anular, como sello de protección ante la contaminación; además se cementarán adecuadamente los tramos de sondeos que queden abandonados por la mala calidad del agua. 4. Los pozos o sondeos que tengan carácter surgente deberán acabarse con un dispositivo de cierre estanco que impida la salida libre del agua y con un dispositivo en la cabeza de cierre para poder instalar un manómetro. Siempre que las condiciones de la surgencia lo permitan, se podrá admitir la sobreelevación adecuada del brocal al objeto de equilibrar la presión. 5. Todas las perforaciones deberán quedar equipadas con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico. A la salida de la tubería de impulsión deberá colocarse un dispositivo de control y medida de caudales de conformidad con la Orden Ministerial ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado dominio público y de los vertidos al mismo. También deberá instalarse en la cabeza de pozo una salida para la toma de muestras de agua. 6. La comunidad de regantes o los comuneros podrán solicitar la concesión de aprovechamientos de aguas subterráneas con destino a riego de terrenos situados en su zona regable. Previo a su otorgamiento, la Confederación Hidrográfica del Ebro solicitará informe de la Comunidad General, si existiere. Si el solicitante fuera la comunidad de regantes, se tramitará como una modificación de características de la concesión de la que fuera titular, o condicionada a la que se otorgue en un futuro para las zonas regables pertenecientes a Planes Coordinados del Estado. Si el solicitante fuera comunero podrá obtenerla con el carácter de complementaria de la que administre la comunidad de regantes y la tramitación por el Organismo de cuenca incluirá la previa petición de informe a ésta. Dicho aprovechamiento deberá integrarse en la comunidad de regantes, y quedará obligado a aportar un certificado que acredite dicha incorporación con antelación a la autorización de su puesta en explotación. En el caso de captaciones de aguas subterráneas ubicadas en zonas regables pertenecientes a comunidades de regantes para uso fuera de la zona regable, el peticionario deberá justificar técnicamente que las aguas a captar no provienen mayoritariamente de retornos de riego y sólo en este caso, no precisarán de autorización de la comunidad de regantes. 7. De conformidad con el artículo 188.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el titular del aprovechamiento deberá comunicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro, con una antelación mínima de un mes, la realización de las labores de limpieza, desarrollo y estimulación de pozos. Artículo 56. Concesiones hidroeléctricas. 1. Los derechos existentes de aprovechamientos hidroeléctricos por reserva de tramo en situación de suspensión, a partir de la entrada en vigor de la presente normativa dispondrán de tres años para ejercitarlos acorde con los requerimientos ambientales y sociales. Transcurrido el plazo anterior quedarán extinguidos los derechos y se practicará de oficio la cancelación de los asientos registrales que en su caso existieran. 2. En los condicionados concesionales se tendrán en cuenta las oscilaciones de caudal aguas abajo producidas por la explotación, de conformidad con lo previsto en el artículo 115.3.c) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Se incluirá en los mismos la señalización del tramo afectado, en la medida que comporte riesgos para los restantes usos comunes del río. 3. Al extinguirse el derecho concesional, de conformidad con el artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas y en condiciones de funcionamiento la totalidad de las obras e instalaciones que constituyen el aprovechamiento. Tanto, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del Dominio Público Hidráulico para la explotación del aprovechamiento, y en su caso, las restantes obras del aprovechamiento e instalaciones electromecánicas de la central al objeto de garantizar la reversión en condiciones de explotación. Artículo 57. Modificación y revisión de concesiones. 1. Con carácter general, la Confederación Hidrográfica del Ebro, previamente a la puesta en explotación de una nueva obra con incidencia significativa en la explotación del recurso, realizará un estudio de ordenación técnica y legal de todos los aprovechamientos influenciados directa o indirectamente por la misma, procediéndose en su caso a la modificación o revisión de las concesiones, conforme a lo dispuesto y con los efectos previstos en los artículos 64 y 65 del texto refundido de la Ley de Aguas. 2. En el supuesto de revisión al amparo del artículo 65.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, relativo al cumplimiento del objetivo de la concesión con menor dotación, los caudales sobrantes resultantes serán destinados, con carácter preferente, a la mejora del régimen de caudales ecológicos. Artículo 58. Inscripción de derechos de los sistemas de riego del Estado. De conformidad con el artículo 189.3.a) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la Confederación Hidrográfica del Ebro de oficio, y en su caso, previa comunicación de la comunidad general de usuarios, iniciará los trámites necesarios para la inscripción y actualización de los derechos que amparan a los aprovechamientos colectivos que gestionan. Artículo 59. Gestión de retornos de riego. 1. La Confederación Hidrográfica del Ebro promoverá el uso de los retornos como medida para aumentar la eficiencia y disminuir la contaminación generada, con objeto de conseguir un mejor estado en los cauces receptores, y siempre en el marco de las buenas prácticas agrarias que minimicen el vertido al Dominio Público Hidráulico. 2. Los retornos de riego dentro de los límites de la zona regable correspondiente, y mientras que no se hayan reincorporado al dominio público hidráulico, tienen la consideración de aguas ya concedidas, por lo que su utilización para el riego de la zona regable que las produce, no se considerará nuevo uso. Por lo tanto se consideran ya otorgados al titular del derecho y podrán utilizarse con la previa comunicación al Organismo de Cuenca para la verificación de la no afectación a derechos preexistentes, y que se trata exclusivamente de retornos de riego. 3. El uso de los retornos de riego, cuando no estén dentro de la zona regable, serán objeto de nueva concesión, la cual no generará servidumbres sobre los usuarios precedentes ni responsabilidad por la merma de caudales disponibles derivada de una gestión más eficiente del riego. 4. Todos los aspectos relacionados con la gestión de retornos por parte de las comunidades de usuarios deberán ser incorporados en sus ordenanzas. Artículo 60. Comunidades de usuarios. 1. De acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas para imponer la constitución de comunidades de usuarios, la Confederación Hidrográfica del Ebro impulsará la constitución de las comunidades de usuarios que estime conveniente para una mejor gestión del agua. En particular se considera, con carácter preferente, la constitución de las siguientes: a) Junta Central de Usuarios del Ebro, incluyendo a todos los usuarios del eje del Ebro, en la Junta de Explotación n.º 1, aguas abajo del embalse del Ebro. b) Junta Central de Usuarios del Bajo Ebro, incluyendo a todos los usuarios del Bajo Ebro, en la Junta de Explotación n.º 11. c) Comunidad de usuarios de aguas subterráneas del acuífero de Alfamén e integración en el Sindicato Central del Jalón. d) Comunidad de usuarios del embalse Monteagudo de las Vicarías, e integración en el Sindicato Central del Jalón. e) Comunidad de usuarios del embalse de Maidevera, e integración en el Sindicato Central del Jalón. f) Comunidades Generales de los canales del Najerilla y Junta Central de Usuarios del río Najerilla. 2. Se fomentará la existencia de acuerdos entre el organismo de cuenca y las comunidades de usuarios para suscribir encomiendas para la gestión del sistema en los términos que se pacten. 3. Se fomentará la colaboración entre las comunidades de usuarios y la Confederación Hidrográfica del Ebro para el seguimiento de los caudales de entrada a un sistema de riego y los de retorno, tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15 y la disposición adicional única de la Orden Ministerial ARM/1312/2009, de 20 de mayo. CAPÍTULO 7 Protección del dominio público hidráulico y calidad de las aguas Sección primera. Protección del dominio público hidráulico Artículo 61. Reservas naturales fluviales. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1.b) c’) del texto refundido de la Ley de Aguas y los artículos 4. b) c’) y 22 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, se proponen, para su declaración por las administraciones competentes, como reservas naturales fluviales los tramos de río que se recogen en el anexo 9, caracterizados por ecosistemas acuáticos que se encuentran en muy buen estado y presentan un alto grado de naturalidad, con escasa o nula intervención humana. 2. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de Planificación Hidrológica, en dichos tramos de río no se concederán autorizaciones ni concesiones en el Dominio Público Hidráulico de actividades que puedan producir presión significativa sobre la cantidad o la calidad de la masa de agua o una afectación significativa a la circulación del agua por el cauce. A estos efectos no se consideran presiones significativas los usos o actividades antrópicas que no pongan en riesgo el mantenimiento del muy buen estado de la masa de agua. Para ello se realizarán los estudios específicos pertinentes para evaluar los efectos de cualquier nuevo uso o actividad. 3. Los criterios para la conservación de las reservas fluviales del punto anterior, se mantendrán cuando se produzcan las declaraciones de las reservas naturales fluviales por las administraciones competentes tanto si es de forma individualizada, como si es formando parte de zonas de protección más amplias. Artículo 62. Zonas húmedas. 1. Se considera prioritaria la protección y restauración de zonas húmedas, de acuerdo con sus características hidromorfológicas y de biodiversidad, teniendo en cuenta los catálogos de zonas húmedas protegidas de las comunidades autónomas y en especial los humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar. 2. En las zonas húmedas se fomentarán las actuaciones para la divulgación y la educación ambiental, con la participación de las administraciones locales implicadas. 3. Las Administraciones, en colaboración con las comunidades de usuarios, promoverán la restauración y formación de humedales y lagunajes en el entorno de las zonas regables, con el objeto adicional de contribuir a la depuración natural de nutrientes y mejorar su estado. Artículo 63. Zonas húmedas en cola de embalse. 1. Se podrán definir zonas húmedas permanentes en la cola de embalses con interés ambiental o recreativo. En este sentido, se promoverán medidas para el mejor aprovechamiento ambiental y recreativo de los embalses. 2. La implantación de estas medidas no habrá de condicionar la adecuada explotación del embalse de acuerdo con el fin previsto para el que fue construido. Artículo 64. Protección del Delta del Ebro y la costa. Con la finalidad de asegurar el mantenimiento de las condiciones ecológicas especiales, las estaciones de control, las zonas protegidas, la protección ambiental, la prevención de inundaciones y el programa de inversiones del Delta del Ebro y la costa, el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro asume el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, contemplado en la disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y su desarrollo conforme a los acuerdos entre las administraciones competentes. Los aspectos relacionados con la gestión de caudales u otras medidas del Plan Integral de Protección del Delta que puedan afectar al resto de la cuenca, deberán ser informados favorablemente por el Consejo del Agua de la Demarcación. Artículo 65. Plantaciones de arbolado en márgenes. 1. Sin perjuicio del cumplimiento del artículo 81 del reglamento del Dominio Público Hidráulico, se promoverá el desarrollo de sotos y plantaciones de arbolado en las márgenes de los ríos dentro de la zona de policía, pues estas formaciones actúan como filtros verdes, siempre que no constituyan un factor de riesgo de inundación o no alteren desfavorablemente el estado de las masas de agua. 2. Salvo justificación especial, y para contribuir a alcanzar el buen estado de las masas de agua, en las autorizaciones de plantación se conservará una franja de vegetación autóctona de entre cinco y diez metros de anchura en su extensión longitudinal en su parte más próxima al cauce. La anchura de esta banda empezará a contar desde la línea de aguas bajas del cauce o bien la línea que, por las características geomorfológicas y sedimentarias del cauce pueda soportar la primera banda de vegetación de ribera. Artículo 66. Plantaciones de arbolado en ribera. 1. No se autorizarán plantaciones de arbolado en los cauces que supongan nuevas ocupaciones del Dominio Público Hidráulico, salvo actuaciones de restauración promovidas por las distintas administraciones con competencia territorial, así como otras actuaciones a realizar en los montes gestionados por los órganos competentes en materia forestal de las diferentes comunidades autónomas. 2. Siempre que se garantice el cumplimiento del artículo 74.7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el titular podrá mantener, las ocupaciones y plantaciones actuales que no supongan un obstáculo al régimen de corrientes. 3. En los nuevos turnos de plantación y ocupaciones, se deberá respetar una franja de al menos cinco metros en la parte lindante con el cauce de aguas bajas en la que no se realizarán plantaciones de especies forestales de crecimiento rápido, ni se podrán acumular materiales o residuos de cualquier tipo. 4. Con carácter general y salvo autorización expresa, no se podrán realizar labores de abonado en este tipo de plantaciones. Artículo 67. Continuidad fluvial y dispositivos de franqueo para peces en azudes. De conformidad con el artículo 126 bis. 2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico el proyecto de los dispositivos de franqueo para peces tendrán en cuenta los criterios que se recogen en el anexo 13. Artículo 68. Limpieza y mantenimiento de balsas. Con el fin de contribuir al buen estado del medio hídrico asociado a las balsas de agua dentro del Dominio Público Hidráulico, al tránsito natural de sedimentos y a recuperar la funcionalidad de las mismas, evitando la concentración de sedimentos y nutrientes y, al mismo tiempo, minimizando los efectos negativos aguas abajo, se establecen las siguientes recomendaciones: a) Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de balsas con periodicidad anual o cuando el espesor de los lodos acumulados supere los cuarenta centímetros b) Que la limpieza se realice fuera de la época crítica de reproducción de los anfibios, es decir, después del verano, y aprovechando, en la medida de lo posible, momentos de elevado caudal. Artículo 69. Delimitación técnica. 1. Se considera delimitación técnica teórica, cartográfica o probable del Dominio Público Hidráulico, a aquella obtenida de los estudios técnicos de los que se disponga, elaborados o validados por el organismo de cuenca. Frente a esta delimitación, podrán desarrollarse estudios técnicos de detalle que permitan una mejor definición teórica, que deberán ser también validados por el organismo de cuenca. 2. La delimitación teórica, cartográfica o probable del Dominio Público Hidráulico será puesta a disposición del público y, en su caso, se incorporará al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 3. Se definen como zonas de concentración de escorrentías aquellas que tienen las siguientes características: a) Cuenca vertiente inferior a 1 km2 (100 ha). b) No aparecer señalada como cauce en la cartografía oficial. c) No aparecer como finca individualizada de dominio público en el registro del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 4. No obstante, cada caso concreto será susceptible de análisis específico, pudiéndose variar estos criterios conforme a dicho análisis y, en particular, en función de la realidad física. 5. En las actuaciones a realizar en estas zonas se habrá de evitar que, por la modificación del régimen natural de las escorrentías, se ocasionen perjuicios a terceros. Artículo 70. Deslinde del patrimonio del Estado en zonas regables. Las comunidades de regantes podrán solicitar a la Administración el deslinde y amojonamiento del patrimonio del Estado de la zona regable a los efectos de una mejor gestión, que deberá realizarse de conformidad con los artículos 50 a 54 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Artículo 71. Recarga y protección de acuíferos. 1. En relación con los perímetros de protección referidos en el artículo 57 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro podrá tomar medidas de protección y explotación adicional en función de la evolución del estado de las masas. En su caso, serán incluidas en el siguiente ciclo de revisión del Plan, salvo que el Consejo del Agua de la demarcación aprecie la necesidad de hacerlo antes, de conformidad con el artículo 89.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 2. En cuanto a proyectos de recarga artificial o inducción a la misma, se considera la masa de agua subterránea 077 Mioceno de Alfamén como objeto preferente de recarga artificial inducida mediante la construcción de diques en los barrancos de Aguarón y Cosuenda. Artículo 72. Criterios técnicos para determinar las condiciones de las concesiones de agua subterránea. Para la determinación de las condiciones de las concesiones de aguas subterráneas previstas en el artículo 187 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y de conformidad con los artículos 76 del texto refundido de la Ley de Aguas y 184.1 del citado reglamento, serán de aplicación los siguientes criterios: 1. Caudal máximo instantáneo por captación: salvo justificación adecuada, el concesionario estará obligado a realizar un ensayo de bombeo bajo los condicionantes técnicos que indique el Organismo de Cuenca y que permitirá la fijación de dicho caudal en la correspondiente tramitación administrativa de la concesión. 2. Volumen máximo: con carácter general, el volumen máximo de explotación no debería comprometer el recurso disponible de la masa de agua subterránea. La Confederación Hidrográfica del Ebro autorizará nuevas concesiones siempre y cuando el volumen total de agua concedido en la masa de agua subterránea no supere su recurso máximo disponible. Esta prescripción no incluye los casos de las masas de agua subterránea en las que los retornos de regadío suponen una parte muy relevante del aporte de entradas en el acuífero. En estas circunstancias, si el recurso disponible se reduce debido a la mejora de la eficiencia de riego, se entenderá que no se produce afección al derecho de concesión. 3. Distancia entre aprovechamientos: en ausencia de restricciones más específicas conforme a los artículos 71 y 73, la distancia mínima entre captaciones será de 100 m. Con el objeto de mejorar el rendimiento de una captación que disponga de concesión, se podrá modificar las características constructivas o incluso construir una nueva captación en un radio de 100 m, siempre que no implique afectación a terceros. La captación original deberá ser, en su caso, clausurada y sellada restituyendo el terreno a sus condiciones iniciales, salvo que se establezca el correspondiente acuerdo por escrito para mantenerla como punto de control piezométrico, siempre que se cumplan las condiciones constructivas, de seguridad y de permiso de acceso establecidas. Atendiendo a la especial trascendencia que puede tener la afectación cuantitativa a un aprovechamiento existente desde manantial por la explotación de un pozo construido con posterioridad, se establece que, salvo justificación adecuada, deberá existir una distancia mínima de 500 m entre ambas captaciones. 4. Profundidades de perforación e instalación de bombas: se establece con carácter general una limitación a la profundidad, tal que ésta no sobrepase la base del acuífero explotado para evitar la conexión indeseada entre acuíferos distintos. Asimismo, en aquellos acuíferos con problemas de intrusión marina, en la solicitud de concesión se incluirá un estudio justificativo de la profundidad adoptada en relación con el posible avance del frente salino. Artículo 73. Criterios técnicos de carácter específico para determinar las condiciones de las concesiones de agua subterránea. 1. Zonas condicionadas por afección de contaminación: En esas zonas se podrán otorgar concesiones para abastecimiento urbano, industrial y para uso agrícola; no obstante en los pozos cuyo destino sea el abastecimiento humano y a fin de minimizar los efectos de la contaminación difusa detectada en estas zonas, salvo justificación adecuada, se deberá diseñar un sello sanitario que abarque toda la zona no saturada. Para ello se cementará el espacio anular, entre la tubería y la pared de la perforación, en todo el tramo superior a la superficie freática. En el anexo 10.2 se presenta un listado de las masas de agua subterránea en la que es preceptivo este condicionado. En las masas de agua subterránea en las que se haya detectado la presencia de contaminaciones puntuales, el otorgamiento de las concesiones de abastecimiento será analizado caso por caso por la Confederación Hidrográfica del Ebro. En anexo 10.3 se relacionan las masas de agua subterránea en las que se han definido ciertas áreas a las que atañe esta condición. 2. Zonas con limitaciones específicas para la preservación o mejora del estado cuantitativo de las masas de agua: a) Zonas con limitación de distancia a cauces superficiales: Se establece una distancia mínima de las captaciones de agua subterránea a ciertas masas de agua superficiales para evitar la afección directa a los regímenes de caudales ecológicos definidos en estas masas de agua asociada. En estas zonas, salvo justificación adecuada, los nuevos otorgamientos de concesiones de agua subterránea se supeditarán a los mismos requerimientos de regulación interna mínima que a la correspondiente masa de agua superficial a la que afecta. En el anexo 10.4 se detallan las distancias mínimas establecidas y los tramos de ríos en los que se prescribe esta condición. b) Zonas reservadas para uso prioritario de abastecimiento de población futuro: En estas áreas se podrán otorgar concesiones para usos distintos al abastecimiento urbano hasta un volumen máximo equivalente al 30 % del recurso disponible, incluyendo los aprovechamientos regulados en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas. En circunstancias especiales y de emergencia por sequía, esta restricción podrá ser revocada por la administración hidráulica. Se podrán otorgar las concesiones correspondientes a la reposición de aquellos aprovechamientos preexistentes que hayan dejado de ser operativos por alguna razón, a fin de garantizar los derechos ya adquiridos. En el anexo 10.5 se relacionan estas áreas. c) Perímetros de protección de aguas minerales y termales: En estas zonas las nuevas solicitudes de concesión deberán incluir entre la documentación a presentar un informe de la autoridad competente. El anexo 10.6 recoge los perímetros de aguas minerales y termales declarados, solicitados o en trámite en la cuenca. 3. Zonas con limitaciones especiales al incremento de extracciones. En una serie de masas de agua subterránea con importante presión extractiva, y al objeto de prevenir el empeoramiento de su estado cuantitativo, se establecen una serie de condicionantes y restricciones especiales que regirán el otorgamiento de nuevas concesiones de agua subterránea que pretenden mejorar su estado y ordenar el aprovechamiento de sus recursos. En el anexo 10.7 se relacionan estas zonas y la referencia a su representación en la lámina correspondiente a las normas de otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas del atlas cartográfico del Plan Hidrológico. La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de forma motivada, en función de la disposición de información hidrogeológica adicional, de la evolución de los niveles piezométricos registrados y del caudal de descarga de los acuíferos, podrá actualizar las limitaciones especiales que se listan a continuación. En su caso, serán incluidas en el siguiente ciclo de revisión del Plan, salvo que el Consejo del Agua de la demarcación aprecie la necesidad de hacerlo antes, de conformidad con el artículo 89.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Estas condicionantes y restricciones especiales, referidas según las masas de agua subterránea a las que afecta, son las siguientes: a) Masa de agua subterránea Campo de Belchite (079). No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas cuyas captaciones se ubiquen en el sector Belchite-Mediana de Aragón, al objeto de minimizar las afecciones al caudal de descarga del manantial de Mediana de Aragón y evitar el riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo en esta zona. Superficialmente esta zona se corresponde con la establecida en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 12 de julio de 2001. b) Masa de agua subterránea Somontano del Moncayo (072) En la zona dominada por las acequias del Jalón, sólo se admitirán concesiones cuyo titular sea la comunidad de regantes correspondiente. Al objeto de prevenir el empeoramiento del estado cuantitativo de esta masa o la afección a descargas significativas: 1.º No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas cuyas captaciones se ubiquen en el ámbito de esta masa de agua subterránea y a una distancia inferior a 5 km de los manantiales de Ojos de Pontil y Toroñel. 2.º En el sector Ojos de Pontil no se otorgarán nuevas concesiones de aguas subterráneas cuando el volumen concedido total alcance la cifra de 8 hm3/año. Superficialmente esta zona se corresponde con la establecida en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 12 de julio de 2001. 3.º No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas cuyas captaciones se ubiquen en sector Fuendejalón-Ainzón y supongan incremento en las extracciones de este sector. Superficialmente esta zona se corresponde con la establecida en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 4 de noviembre de 2005. 4.º En el sector «margen izquierda del Jalón» no se otorgarán nuevas concesiones de aguas subterráneas cuando el volumen concedido total alcance la cifra de 18 hm3/año. Superficialmente esta zona se corresponde con la establecida en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 27 de abril de 2006. Para el resto del ámbito de esta masa de agua subterránea, como criterio general se informará negativamente las solicitudes de cesión de derechos entre concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas y se estudiará caso por caso la viabilidad del otorgamiento de cada concesión que se solicite, en función de la evolución de los niveles piezométricos y del caudal de descarga de los acuíferos, así como de los volúmenes y caudales solicitados. c) Masas de agua subterránea Campo de Cariñena (075), Pliocuaternario de Alfamén (076) y Mioceno de Alfamén (077). Con el fin de prevenir la propagación de la contaminación difusa en estas masas las nuevas captaciones de aguas subterráneas que se construyan deberán tener unas características constructivas tales que no permitan la conexión de acuíferos. No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas cuyas captaciones se ubiquen en el sector comprendido entre las carreteras A-220, N-330, A-1304 y CV-641, al objeto de evitar el empeoramiento del estado cuantitativo en estas masas, el descenso general de los niveles piezométricos y el riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. A una distancia menor de 2 km alrededor de la zona anteriormente detallada, con el fin de evitar la concentración de puntos de extracción y la afección entre captaciones, como criterio general y salvo justificación adecuada se deberá mantener una distancia mínima entre captaciones de 500 m. No se otorgarán concesiones de aguas subterráneas significativas cuyas captaciones se ubiquen en el ámbito de estas masas de agua subterránea y a una distancia inferior a 5 km del manantial de la Virgen de Muel, al objeto de minimizar las afecciones al mismo. En la zona regable dominada por las acequias del Jalón, solo se admitirán concesiones conforme al artículo 55.6. Para el resto del ámbito de las masas de agua subterránea Campo de Cariñena (075), Pliocuaternario de Alfamén (076) y Mioceno de Alfamén (077), como criterio general se informará negativamente las solicitudes de cesión de derechos entre concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas y se estudiará caso por caso la viabilidad del otorgamiento de cada concesión que se solicite, en función de la evolución de los niveles piezométricos y del caudal de descarga de los acuíferos, así como de los volúmenes y caudales solicitados. d) Masa de agua subterránea Huerva-Perejiles (082) En el sector comprendido entre el río Jalón, el río Perejiles, el barranco de Valdesediles y la sierra de Vicort, no se otorgarán nuevas concesiones de aguas subterráneas que capten el acuífero detrítico Mioceno cuando el volumen concedido total alcance la cifra de 2 hm3. e) Masa de agua subterránea de Gallocanta (087). La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta y su zona periférica de protección se considera zona no autorizada para nuevas concesiones. El resto de la masa de agua subterránea de Gallocanta (087) es clasificada como zona de limitaciones específicas. Para esta última zona se admitirán nuevas concesiones hasta un volumen máximo de 1 hm³/año en conjunto. No se incluye en esta restricción los aprovechamientos para abastecimiento urbano. En el sector colindante de la masa de agua Páramos del Alto Jalón (086), término municipal de Used, sólo se admitirán aprovechamientos de escasa entidad regulados por el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas. f) Masa de agua subterránea de la Plana de la Galera (103) Con el fin de prevenir la propagación de la contaminación difusa en estas masas las nuevas captaciones de aguas subterráneas que se construyan deberán tener unas características constructivas tales que no permitan la conexión de acuíferos. En la zona correspondiente a los términos municipales de La Galera, Santa Bárbara y Masdenverge, con el fin de evitar la concentración de puntos de extracción, la afección entre captaciones, como criterio general y salvo justificación adecuada, se deberá mantener una distancia mínima entre captaciones de 500 metros. Para el resto del ámbito de la masa de agua subterránea (103) se estudiará caso por caso la viabilidad del otorgamiento de cada concesión que se solicite, en función de la concentración de extracciones por km2, de la evolución de los niveles piezométricos observada y del caudal de descarga de los acuíferos, así como de los volúmenes y caudales solicitados. 4. Zonas no autorizadas Además de las zonas referidas en el apartado anterior se establecen una serie de zonas atendiendo a diferentes criterios en las que, salvo justificación adecuada para actuaciones declaradas de interés general, no se admitirán nuevas solicitudes de aprovechamientos de agua subterránea, tanto si se trata de concesiones como de usos privativos por disposición legal (artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas). No obstante lo anterior, en estas zonas se podrá modificar las concesiones vigentes en lo relativo a superficie regable y características de la toma siempre que esto no suponga un aumento del volumen total anual concedido. También se podrán otorgar las concesiones correspondientes a la reposición de aquellos aprovechamientos preexistentes que hayan dejado de ser operativos por alguna razón, a fin de garantizar los derechos ya adquiridos, de acuerdo en su caso con lo previsto en las disposiciones transitorias tercera y tercera bis del texto refundido de la Ley de Aguas y del artículo 189 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Estas zonas se establecen en virtud de la posible afección directa a: a) Zonas con drenajes naturales significativos. Se establece una distancia mínima a una serie de surgencias naturales que constituyen descargas significativas de aguas subterráneas que alimentan zonas o tramos de importante valor de Dominio Público Hidráulico a menos de la cual, salvo justificación adecuada, no se otorgarán nuevos aprovechamientos. La relación y principales datos de situación de estas surgencias naturales consideradas se detallan en el anexo 10.8. En el ámbito externo al área de influencia hidrodinámica de los drenajes naturales significativos, pero dentro de su área de alimentación, y en los casos en que existan valores ambientales que así lo justifiquen, la Confederación podrá requerir un informe sobre su afección ambiental. b) Puntos de titularidad pública de la red de control y seguimiento del estado cuantitativo. Con el fin de no invalidar las mediciones obtenidas en los puntos de la red piezométrica oficial, se establecen una distancia mínima a menos de la cual, salvo justificación adecuada, no se otorgarán nuevas concesiones de aguas subterráneas. Esta distancia mínima será de 400 m para los puntos en los que se realiza control de vigilancia y de 100 m para los puntos de control operativo. En el anexo 10.9 se relacionan los principales datos identificativos estos puntos. c) Perímetros de protección hidrodinámica en áreas de especial valor ambiental. Se establecen unos perímetros de protección hidrodinámica en los que, salvo justificación adecuada, no se otorgarán nuevos aprovechamientos con el fin de evitar la afección a las áreas protegidas como Lugares de Importancia Comunitaria o Zonas de Especial Protección para las Aves integrados en la Red Natura 2000 designados en el marco de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, y la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979 o en la Lista del Convenio de Ramsar, de 2 de febrero del 1971 y que estén relacionadas con las aguas subterráneas. En el anexo 10.10 se relacionan estas áreas y el perímetro de la zona no autorizada. 5. Las limitaciones establecidas en este artículo son aplicables, salvo en los casos especificados en el mismo, a todos los derechos de uso privativo de aguas subterráneas, ya sean adquiridos por concesión administrativa o disposición legal. Artículo 74. Autorizaciones para la investigación de las masas de agua subterránea. De acuerdo con el artículo 180.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico se establece que la duración de la autorización será de doce meses. Sección segunda. Vertidos Artículo 75. Criterios a tener en cuenta en las actuaciones de depuración y autorización de vertidos. En las actuaciones de depuración y autorización de vertidos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Concentración de vertidos homogéneos y separación de vertidos heterogéneos. En aplicación de este criterio, aquellas autorizaciones de vertidos que correspondan a desconexiones de instalaciones industriales de la red urbana de colectores y depuración, que, por traslado de la industria a otro punto favorezcan su depuración específica, se estudiarán teniendo en cuenta la alternativa que suponga en conjunto un menor impacto sobre el estado de las masas de agua afectadas. b) Utilización de tecnologías de bajo coste energético dependiendo de su viabilidad técnica, económica y ambiental. c) Con carácter general, en el diseño de las instalaciones de depuración de pequeños núcleos de población menores de 1.000 habitantes equivalentes, de conformidad con el artículo 251.1 b) 1.ª) del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se utilizarán como referencia los criterios de la tabla siguiente, sin perjuicio de que se establezcan condiciones de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales y la presencia de zonas sensibles así lo requiera. Habitantes equivalentes Rendimientos mínimos de reducción de la contaminación < 25 SS: 50 % DBO5: 25 % Amonio: 40 % 25 – 250 SS: 70 % DBO5: 55 % DQO: 55 % Amonio: 50 % 250 – 1.000 SS: 85 % DBO5: 90 % DQO: 70 % Amonio: 70 % d) Unificación y conexión a las redes de saneamiento municipal de todos los vertidos que, por sus características de biodegradabilidad, puedan ser aceptados en las instalaciones de depuración urbanas, especialmente urbanizaciones aisladas y polígonos industriales. En los casos en que, por causa de complejidad técnica o de desproporcionalidad económica no se considere adecuada dicha conexión, se tramitarán las correspondientes autorizaciones de vertido siempre bajo condiciones en las que se cumplan las normas de calidad ambiental del medio receptor así como el no empeoramiento de la masa de agua afectada. Todo ello sin perjuicio de las competencias de los entes municipales o supramunicipales en cuestiones de abastecimiento y saneamiento otorgadas según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. e) Cuando una o varias aglomeraciones urbanas estén conectadas a una única depuradora deberán formalizar un acuerdo de gestión conjunta con un obligado al pago del canon de control de vertido o constituir una mancomunidad, consorcio o cualquier otro ente local supramunicipal titular del vertido. En caso de no alcanzar acuerdo entre dichas aglomeraciones para su constitución, las comunidades autónomas, al amparo de sus competencias, promoverán su formación. f) El Organismo de cuenca podrá imponer la obligación de regular el caudal de aguas residuales cuando los objetivos medioambientales así lo requieran. g) Dado el carácter salino de parte del sustrato de la cuenca, se consideran buenas prácticas aquellas actuaciones encaminadas a la disminución del aporte total de sales al medio hídrico. En las autorizaciones de vertido se fomentará la minimización de las sales exportadas, considerado el conjunto de las masas de agua a las que afecte la actividad generadora del vertido. Artículo 76. Tramitación previa de autorizaciones de vertido y control de efluentes urbanos. 1. Con anterioridad a la solicitud de autorización de vertido el promotor podrá presentar ante el Organismo de Cuenca un anteproyecto con la definición de las infraestructuras generales de saneamiento y depuración. A partir de dicha documentación el Organismo de cuenca emitirá una evaluación preliminar requiriendo en su caso al solicitante para que introduzca las correcciones oportunas en el proyecto que elabore para la solicitud de la autorización de vertido. 2. En aglomeraciones urbanas superiores a 10.000 habitantes equivalentes que vierten a masas de agua que no cumplan el buen estado, el Organismo de cuenca podrá exigir la implantación de sistemas de control en continuo del funcionamiento de las instalaciones y de la calidad del efluente. Artículo 77. Caudal circulante a efectos de autorizaciones de vertido. Cuando esté implantado un régimen de caudales ecológicos en la masa receptora de un vertido, el caudal a tener en cuenta en la autorización de vertidos será el mínimo establecido en condiciones de normalidad hidrológica. Artículo 78. Aplicación de medidas adicionales. 1. En aquellas masas de agua en que la consecución del buen estado se vea comprometida por los vertidos, el Organismo de cuenca podrá requerir a los titulares de las autorizaciones de vertido en esa masa medidas adicionales de reducción de vertidos y, en su caso, denegar nuevas autorizaciones de vertidos, en la masa afectada y en las masas aguas arriba que se determinen. También se podrá requerir la constitución de comunidades de vertido de acuerdo con los artículos 90 del texto refundido de la Ley de Aguas y 253.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 2. En las situaciones en que por razones de detracción de caudales o vertidos de aguas residuales, se pueda afectar el cumplimiento de los objetivos medioambientales, se estudiará la posibilidad alternativa de reutilización de las aguas residuales para minimizar su vertido, previo paso por las instalaciones de regeneración necesarias, según lo estipulado en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Artículo 79. Vertidos en azarbes y colectores de riego. 1. Todo vertido sobre azarbes o colectores de zonas regables, requerirá autorización de vertidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y la aceptación de la comunidad de usuarios. La autorización de vertidos de aguas residuales sobre azarbes o colectores pertenecientes a una comunidad se condicionará a la coordinación del titular del vertido con la comunidad de usuarios, haciéndole partícipe de la gestión, en su caso mediante el abono de los gastos que genera el uso de las mencionadas infraestructuras que se acuerde con el titular del vertido o el cumplimiento de unos requisitos de emisión para poder en su caso reutilizarlo. 2. La reutilización de vertidos para riego estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre. Artículo 80. Vertidos directos de contaminantes en aguas subterráneas. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 257 a 259 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se establecen los siguientes preceptos sobre los vertidos directos de contaminantes en aguas subterráneas. a) Con carácter general está prohibido el vertido directo de contaminantes en las aguas subterráneas a no ser que se demuestre que estos vertidos no provocan un deterioro significativo en el estado general del acuífero. b) Podrá autorizarse la inyección de contaminantes en el caso de reinyección en el mismo acuífero de aguas utilizadas con fines geotérmicos o en los supuestos contemplados en el artículo 11.j) de la Directiva 2000/60/CE siempre y cuando: 1) Los vertidos no pongan en peligro el logro de los objetivos medioambientales establecidos para la masa de agua subterránea donde se realiza el vertido o en aquellas masas de agua con las que esté relacionada. 2) Se apliquen las mejores técnicas posibles para aminorar la masa de vertido de contaminante introducido en el acuífero. 3) Se establezcan mecanismos de seguimiento específicos del estado de las masas de agua afectadas y se realicen evaluaciones periódicas del efecto de los vertidos realizados. 2. Donde se prevea que una zona regable pueda verse afectada por una inyección de vertidos se contará con informe de la comunidad de regantes respectiva. Artículo 81. Reutilización de aguas residuales Dentro de las actuaciones de reutilización, se considerarán prioritarias aquellas localizadas en subcuencas en que no se prevea alcanzar a 2015 el buen estado. Sección tercera. Gestión de inundaciones y sequías Artículo 82. Coordinación con el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación. 1. De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, en la siguiente y sucesivas revisiones del Plan Hidrológico, con la periodicidad establecida por la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de Aguas, se incorporarán los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos a partir de lo establecido en el plan de gestión de riesgos de inundación, que sean aprobados. En concreto aquellos relacionados con la limitación de medidas estructurales, conservación y restauración del espacio fluvial, la mejora de las herramientas de previsión y alerta temprana y la promoción de seguros frente a inundaciones. 2. En la gestión de inundaciones se tendrá en cuenta el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994 por el que se aprueba la Directriz básica ante el Riesgo de Inundaciones, que establece el contenido y las funciones básicas de los planes de la comunidades autónomas. A tal efecto, serán aplicables en sus respectivo ámbitos territoriales los Planes de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de las comunidades autónomas del País Vasco (homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil de 23 de marzo de 1999), de Cantabria (homologado el 24 de marzo de 2010), de Navarra (homologado el 21 de febrero 2002), de Castilla y León (homologado el 24 de marzo de 2010), de Aragón (homologado el 19 de julio de 2006) de Cataluña (homologado el 19 de julio de 2006), de Castilla La Mancha (homologado el 24 de marzo de 2010), de la Comunidad Valenciana (homologado el 23 de marzo de 1999), y en el Plan Territorial de protección civil de la comunidad autónoma de La Rioja para la atención en emergencias (homologado el 4 de mayo de 1995 y actualizado el 17 noviembre de 2011). Artículo 83. Actuaciones en Dominio Público Hidráulico. Las actuaciones que se realicen deberán cumplir, en la medida de lo posible, criterios de mínima intervención, favoreciendo su recuperación natural, integrando condicionantes hidromorfológicos y utilizando, cuando sea posible, aquellas técnicas que minimicen el impacto de la intervención y que garanticen la estructura y funcionalidad ecológica del sistema, estableciendo las medidas de protección necesarias. Artículo 84. Protección contra las inundaciones. Sin perjuicio de lo que establezcan los Planes de gestión de riesgos para inundaciones, con objeto de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes, se tendrá en cuenta las siguientes directrices: 1. A falta de estudios específicos, la cartografía de referencia sobre las distintas categorías del ámbito inundable será la ofrecida por el Sistema de Información Geográfica de la Confederación Hidrográfica del Ebro (SITEBRO), que contribuirá a la configuración del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio. 2. Para el cálculo del caudal de avenida y de sobreelevaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) El caudal de avenida podrá determinarse, preferentemente y siempre que se disponga de datos suficientes, por métodos foronómicos, recurriendo en caso contrario a los métodos hidrometeorológicos más adecuados. De forma orientativa, podrá utilizarse el «Mapa de caudales máximos de avenida para la red fluvial de la España Peninsular», elaborado por el CEDEX, o la «Instrucción de Carreteras 5.2-IC». b) Para el cálculo de sobreelevaciones y otros efectos producidos por las obras de fábrica, y los criterios limitativos en los proyectos de obras de fábrica, podrá utilizarse de forma orientativa, a falta de otras determinaciones, los criterios de la «Instrucción de carreteras 5.2-IC, Drenaje superficial», y, en su caso, incorporando un análisis sobre los efectos de las sobreelevaciones aguas arriba y aguas abajo de la obra de fábrica. 3. Para actuaciones en cauce se tenderá, en lo posible, a la recuperación del territorio de movilidad fluvial del río. Para ello tienen que darse las condiciones físicas favorables a la actuación, de propiedad de las fincas colindantes y de uso del suelo, que hagan viable desde el punto de vista económico, social y ambiental dicha recuperación. Cuando la solución anterior no sea posible, se atenderá a lo siguiente: a) En tramos donde las avenidas provoquen daños a núcleos de población se ha de actuar de forma prioritaria en la mejora de las defensas existentes u otro tipo de soluciones, y adecuación del cauce para intentar dejar activa la zona de flujo preferente. b) En los tramos donde se hayan producido roturas o erosiones que afectan a las propiedades no urbanas se propiciará restituir la margen al mismo estado en el que estaban antes de ser afectadas por las avenidas. Cuando sea necesario, se procederá a las tareas de conservación y acondicionamiento del cauce y ribera para evitar que futuras avenidas vuelvan a producir daños en las márgenes. c) En los tramos en los que se detecte una reducción significativa de la capacidad de desagüe se estudiará la necesidad de proceder a la limpieza y mantenimiento del cauce mediante la retirada de barras de grava y de vegetación no consolidada. 4. En los estudios y proyectos de defensas frente avenidas, ya sean nuevas o de mejora de las existentes, se tendrán en cuenta los efectos sobre el tránsito de la avenida y sus consecuencias sobre las márgenes y también, el efecto que la disminución de la capacidad de laminación de la avenida, provocada por la defensa, pueda generar aguas abajo. Artículo 85. Daños producidos por las avenidas. 1. Se considera que las crecidas ordinarias, al discurrir, por definición, únicamente por el Dominio Público Hidráulico, no suponen afectación sobre terrenos de propiedad particular. 2. Cuando se produzca una disminución del número de crecidas o cualquier otra causa, que impida el mantenimiento natural de la sección de desagüe para las avenidas ordinarias, los ribereños colindantes, previa autorización, y en su caso, las administraciones públicas, podrán realizar actuaciones para recuperar la capacidad de desagüe perdida. 3. Las avenidas extraordinarias se consideran un fenómeno natural aleatorio de ocurrencia cierta, de intensidad y magnitud no previsible. Artículo 86. Actuaciones menores de conservación en el Dominio Público Hidráulico. 1. Se consideran actuaciones menores de mantenimiento y conservación del Dominio Público Hidráulico, siempre que se realicen fuera de espacios protegidos y no fueran objeto de autorización en los términos previstos en el artículo 53 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, las siguientes: a) Retirada de árboles muertos y podas de árboles que impidan accesos al cauce o su servidumbre de paso, siempre que no impliquen perdida del sustrato arbóreo de la ribera. b) Retirada de árboles muertos y podas de árboles que mermen la capacidad de desagüe del cauce. c) Retirada de elementos arrastrados por la corriente que obstruyan el cauce y en especial en las obras de paso sobre el mismo, o que constituyan un elemento de degradación o contaminación del Dominio Público Hidráulico. d) Mantenimiento de las secciones de aforo de las redes oficiales de estaciones de aforo. 2. La ejecución de estas actuaciones se realizará previa presentación ante el Organismo de cuenca, con quince días de antelación, de la declaración responsable por la que el promotor se comprometa al cumplimiento de los requisitos establecidos. El modelo de declaración responsable será aprobado y publicado por el Organismo de cuenca conforme al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La Administración se reserva la facultad de comprobar la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración, disponiendo a tal fin de las labores de inspección del personal dependiente jerárquicamente de la Comisaría de Aguas. 3. Se promoverá la colaboración con las entidades locales para la ejecución de estas actuaciones. Artículo 87. Comunicación y sistema de información. 1. Para la explotación más eficiente de los distintos sistemas hidráulicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro se podrán fijar convenios con los correspondientes usuarios para el mejor aprovechamiento de la red de telecomunicaciones, transmisión de datos, instalación de estaciones de control, etc., siempre que no contravenga la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 2. Los explotadores privados de infraestructuras con efecto en la gestión de avenidas, facilitarán la incorporación de las diferentes lecturas hidráulicas (niveles, caudales, apertura de compuertas, etc.) al Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Artículo 88. Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía. Este Plan Hidrológico incorpora el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, aprobado por Orden Ministerial MAM/698/2007, de 21 de marzo de 2007, acomodando a partir de este momento su ciclo de revisión al del Plan Hidrológico. CAPÍTULO 8 Régimen económico y financiero Artículo 89. Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda. 1. Las unidades de demanda se clasifican desde el punto de vista socioeconómico en cuatro categorías: unidades de demanda a revitalizar, unidades de demanda de apoyo intermedio, unidades de demanda de apoyo limitado y unidades de demanda con recuperación de costes, cuyo ámbito y características se recogen en el anexo 12. 2. Esta clasificación se realiza siguiendo los criterios de la política de desarrollo rural y ordenación del territorio de la Unión Europea y a los efectos de la aplicación del principio de la recuperación de costes y la armonización del desarrollo regional y sectorial. 3. En esta clasificación, los municipios afectados por grandes obras de regulación tienen, a efectos de recuperación de costes y armonización del desarrollo regional y sectorial, la misma consideración que las unidades de demanda a revitalizar. 4. De conformidad con el artículo 111.bis.3 del texto refundido de la Ley de Aguas y en virtud del artículo 42.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, en la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio. A tal efecto, la Confederación Hidrográfica del Ebro podrá proponer excepciones que deben quedar motivadas en virtud de la clasificación socioeconómica de las unidades de demanda establecida en el anexo 13, y siempre que se acompañe de un informe motivado que justifique que no se comprometen ni los fines ni los objetivos ambientales establecidos en el presente Plan. Artículo 90. Recuperación del coste de los servicios del agua. 1. De conformidad con el artículo 111.bis del texto refundido de la Ley de Aguas, la recuperación del coste de los servicios públicos del agua y de los costes ambientales no internalizados, tendrá como finalidad el fomento de un uso cada vez más eficiente del agua y del resto de bienes de dominio público hidráulico, contribuyendo con ello al logro de los objetivos de buen estado y de mejora de la atención de las necesidades de agua. Con tal fin, las Autoridades con competencias en el suministro, establecerán estructuras tarifarias por tramos de consumo, con la finalidad de poder atender las necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos excesivos. 2. Las comunidades de usuarios podrán introducir en las exacciones que perciban de sus comuneros factores correctores del importe a satisfacer en cada caso individual según su consumo, tomando como referencia las dotaciones fijadas en el Plan de tal forma que los usuarios más eficientes en el uso del agua se vean beneficiados. Este factor corrector consistirá en un coeficiente a aplicar sobre la liquidación, que no podrá ser superior a 2 ni inferior a 0,5. Los criterios establecidos deberán ser incorporados a las respectivas ordenanzas y en ningún caso repercutirá en el canon que a tal efecto sea liquidado a la comunidad de usuarios. 3. En las unidades de demanda clasificadas como a revitalizar, de apoyo intermedio o de apoyo limitado, podrá proponerse un incremento del porcentaje de coste a ser asumido por el Estado por razones de equidad, de conformidad con el artículo 89.3. 4. En virtud del artículo 111.bis.3 del texto refundido de la Ley de Aguas y del artículo 42.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica la Confederación Hidrográfica del Ebro podrá proponer la aplicación de exenciones al principio de recuperación de costes consistentes en factores correctores para la liquidación del canon regulación y tarifa de utilización del agua para aquellos usuarios que apliquen medidas innovadoras en la gestión de los recursos hídricos asignados. Artículo 91. Estaciones depuradoras de aguas residuales que sirven a más de una entidad local. Cuando una o varias aglomeraciones urbanas estén conectadas a una única depuradora de aguas residuales y sirvan a más de una entidad local, la Confederación Hidrográfica del Ebro liquidará el canon de control de vertido al titular de la autorización, ya sea la comunidad autónoma, ya sea la mancomunidad o consorcio responsable de la gestión de la competencia para el control y gestión de las aguas residuales de varios municipios de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, ya sea el resultante de cualesquiera fórmulas de gestión compartida, incluyendo un acuerdo de gestión conjunta entre dichas entidades locales. En su defecto, figurarán como cotitulares de la autorización de vertidos todas las entidades locales afectadas, en cuyo caso la distribución del importe del canon entre las mismas se realizará por el Organismo de cuenca con los mejores datos disponibles. Artículo 92. Financiación del Programa de Medidas del plan hidrológico de cuenca. 1. Aquellas actuaciones del Programa de Medidas ya incluidas en programas aprobados por las Autoridades competentes se atendrán a las fórmulas financieras previstas en los mismos. En el anexo 11 se establecen los mecanismos de financiación y las cuantías a financiar a través de los mismos, para las nuevas actuaciones previstas en este plan al horizonte 2015. 2. Las actuaciones previstas en el plan se consideran susceptibles de ser incluidas en lo dispuesto por las normativas europeas para el acceso a los fondos europeos. 3. La relación de todas y cada una de las actuaciones para la consecución de los objetivos de este Plan se desarrolla en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico previsto en el anexo 11 y desarrollado en la Memoria del Plan y en el anejo X de dicha Memoria. Si determinadas circunstancias, tales como la disponibilidad presupuestaria de los organismos identificados para la financiación del programa de medidas, hicieran inviable la realización de alguna o algunas de las actuaciones, el Organismo competente podrá: a) Posponer la ejecución de dicha actuación o grupo de actuaciones en sucesivos planes de gestión (2016-2021, 2022-2027) siempre que sea coherente con el cumplimiento de los objetivos fijados en este Plan Hidrológico y con un adecuado seguimiento del programa de medidas. b) Sustituir dicha actuación o grupo de actuaciones por una nueva actuación o grupo de actuaciones a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Hidrológico en los términos que figuran en la disposición adicional segunda. CAPÍTULO 9 Seguimiento y revisión del plan hidrológico Artículo 93. Seguimiento del plan hidrológico de cuenca y su Programa de Medidas. 1. Según lo previsto en el artículo 87 del Reglamento de la Planificación Hidrológica el Organismo de cuenca realizará el seguimiento del plan hidrológico de cuenca. El Organismo de cuenca podrá requerir, a través del Comité de Autoridades Competentes, cuanta información fuera necesaria a tal fin. 2. Las entidades encargadas de ejecutar actuaciones previstas en el Programa de Medidas facilitarán al organismo de cuenca durante el primer trimestre de cada año información sobre el desarrollo de las actuaciones que se encarguen de ejecutar. Esta información incluirá los aspectos reflejados en las correspondientes fichas de actuaciones del Programa de Medidas recogidas en el Anejo X de la Memoria del Plan, en especial servicio o persona responsable de la actuación y forma de contacto con fines de información pública, actualización de la inversión prevista en cada actuación e inversión efectivamente ejecutada durante el año y desde el origen, plazos previstos de finalización y puesta en funcionamiento efectivo de la actuación, fuentes y condiciones de financiación de la inversión, régimen legal de recuperación de costes al que se acoge la actuación, previsión del grado de recuperación de costes de la actuación y adecuación a los criterios previstos en el plan hidrológico, especificando si se considera algún valor residual no amortizable de la inversión. 3. De conformidad con el artículo 6 del Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación del Ebro designará un grupo de trabajo, denominado «Comisión Técnica de Seguimiento del Programa de Medidas», que se reunirá como mínimo con carácter anual con el fin de preparar el intercambio de información necesario para el seguimiento del programa de medidas del plan hidrológico de cuenca. La Confederación Hidrográfica del Ebro informará al Consejo del Agua de la demarcación sobre los resultados del seguimiento y se pondrá dicha información a disposición del público. Artículo 94. Sistema de información del Plan Hidrológico. 1. El organismo de cuenca elaborará y mantendrá un sistema de información que se utilizará para el seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de cuenca, en especial para informar al Consejo del Agua de la demarcación sobre el desarrollo de los planes, presentar un informe intermedio sobre la aplicación del Programa de Medidas, presentar los informes requeridos por la Comisión Europea sobre los planes hidrológicos y facilitar la información y participación ciudadanas en la planificación. 2. El sistema de información del Plan Hidrológico describirá la evolución de los recursos hídricos y su calidad y la evolución de los usos y demandas de agua. Respecto a la aplicación de los programas de medidas, se informará de las cifras actualizadas de inversión previstas en cada programa así como el grado de ejecución de la misma y se explicarán las fuentes de financiación de la inversión ejecutada, la recuperación de costes de las actuaciones y la adecuación a los criterios previstos en el plan hidrológico. Así mismo, se ofrecerá la información disponible sobre la eficacia de las actuaciones que hayan entrado en funcionamiento, evaluada conforme a los objetivos que se les haya marcado en el plan hidrológico, incluyendo indicadores sobre efectos de las actuaciones sobre el estado de las masas de agua y cumplimiento de objetivos medioambientales, efectos de las actuaciones sobre las presiones sufridas por las masas de agua, grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos, grado de atención de las demandas previstas en el plan hidrológico y efectos socioeconómicos y de equilibrio territorial y sectorial. Igualmente sobre las condiciones registradas para admitir el deterioro temporal, sus efectos y las medidas tomadas. 3. El sistema de información ofrecerá un resumen y una explicación de las medidas previstas en el plan hidrológico que se hayan descartado y de las medidas adicionales transitorias adoptadas. 4. El contenido del sistema de información se pondrá a disposición del público en general a través de Internet y será actualizado conforme esté disponible y al menos anualmente. CAPÍTULO 10 Programa de medidas Sección primera. Programa de medidas Artículo 95. Programa de Medidas. 1. El Programa de Medidas de este Plan viene constituido por las medidas que se incluyen en el anexo 11, correspondientes a los grupos siguientes: a) Cumplimiento de objetivos medioambientales b) Satisfacción de las demandas c) Fenómenos extremos d) Gobernanza 2. La inclusión de estas medidas dentro del Plan Hidrológico no excluye la ejecución en el futuro de otras actuaciones relacionadas con el medio hídrico que no estén contempladas en esta relación de medidas del plan para cumplir los objetivos de este Plan Hidrológico, que serán objeto de seguimiento en los términos previstos en los artículos 93 y 94. 3. El desarrollo efectivo de las actuaciones se ajustará, en caso de que proceda, a las correspondientes planificaciones sectoriales. 4. Entre las actuaciones previstas en el Programa de Medidas se asumen las obras del Pacto del Agua de Aragón, de acuerdo con la Resolución aprobada por el pleno de las Cortes de Aragón en su sesión de 30 de junio de 1992 (Pacto del Agua), con las modificaciones oportunas efectuadas en el marco de la Comisión del Agua de Aragón. Artículo 96. Restitución territorial. 1. De conformidad con lo dispuesto el artículo 130.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, en las obras de regulación que afecten de forma singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubiquen debe elaborarse previamente un Plan de Restitución Territorial que se ejecute de forma simultánea a las mismas, para la compensación de las afecciones. Los proyectos constructivos de la obra principal deberán incorporar los presupuestos destinados a estos fines de restitución territorial. 2. Los rendimientos que obtenga el Organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía, se destinarán a la restitución económica y social del territorio que los genera, así como a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y las necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca. Sección segunda. Normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío Artículo 97. Auxilios para la mejora y modernización de los regadíos existentes. 1. La modernización o mejora de regadíos con auxilio o financiación pública, ya sea total o parcial, justificará la revisión concesional de los aprovechamientos de modo que los recursos hidráulicos inscritos se ajusten a las dotaciones de este Plan. Con carácter previo a la revisión concesional el Organismo de cuenca, en colaboración con la comunidad de regantes respectiva, definirá las alternativas de cultivo a incluir y las demandas de las mismas. Conforme al artículo 57.2, aquellos caudales liberados por una mejor utilización del agua y no afectando a las garantías de los regadíos modernizados, serán destinados preferentemente al régimen de caudales ecológicos o a otras asignaciones que se especifiquen dentro del Plan Hidrológico. 2. En este sentido la revisión o modificación concesional en las actuaciones de mejora y modernización de los regadíos existentes estará supeditada a su adecuación a las previsiones establecidas por este Plan en cuanto a dotaciones, sistemas y métodos de riego, condiciones de drenaje y sistemas de control e información de caudales, control de retornos y contaminación difusa, buenas prácticas agrarias, volúmenes y módulos de riego, pudiéndose solicitar la elaboración de los informes finales que demuestren los resultados obtenidos. 3. El Organismo de cuenca promoverá la realización de convenios con las comunidades de usuarios con el objetivo de mejorar la gestión de los sistemas de riego. En este sentido las infraestructuras hidráulicas de interés general del Estado, y en particular las acequias del Estado que gestiona el Organismo de cuenca, que hayan quedado fuera de uso como consecuencia de la ejecución de un proyecto de modernización de regadíos declarado de interés general, se considerará que no serán necesarias para el servicio público a los efectos de la desafectación regulada en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Artículo 98. Requisitos de ejecución de los estudios de viabilidad de los nuevos regadíos. La solicitud de transformación de zonas regables irá acompañada, además de la documentación prevista en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de un estudio de viabilidad con el siguiente contenido mínimo: a) Delimitación de las superficies objeto de transformación, ajustando sus dotaciones a las que se establecen en el Plan Hidrológico. b) Evaluación de los factores naturales sobre los que inciden, a fin de determinar su influencia sobre el medio ambiente y su conservación, así como respecto al balance anual de CO2 y su capacidad de fijación a largo plazo, por los posibles efectos del cambio climático. Dichos proyectos analizarán también los efectos sobre las poblaciones rurales y la influencia de esta en el mantenimiento del espacio natural y rural. c) Aptitud de los suelos para el riego. d) Adecuación a las previsiones establecidas en el Plan en cuanto a los posibles efectos ambientales que sobre el estado de las masas de agua puedan generar, dotaciones, sistemas y métodos de riego, condiciones de drenaje, sistemas de control e información de caudales, control de retorno y contaminación difusa, buenas prácticas agrarias, volúmenes y módulos de riego. e) Las posibles afecciones a otros aprovechamientos tanto actuales como previsibles desde los puntos de vista, técnico y concesional. Artículo 99. Selección de transformaciones en regadíos. Se asumen los criterios y actuaciones que establezcan el Plan Nacional de Regadíos y los planes de regadío aprobados por las comunidades autónomas. No obstante, deberán contar con asignación de recursos en este Plan Hidrológico. Artículo 100. Sistemas de información en las redes de riego y drenaje. 1. Tanto las actuaciones de mejora de los regadíos existentes como los proyectos de transformación de nuevos regadíos incluirán todos aquellos elementos de medida que sean necesarios para un correcto conocimiento de los caudales, volúmenes, dotaciones y módulos de riego utilizados, así como calidad de los retornos, estando obligados los usuarios del sistema a su mantenimiento en perfectas condiciones de funcionamiento y al suministro de la información, con la periodicidad que se establezca, al Organismo de cuenca. 2. Podrá condicionarse la concesión de recursos hidráulicos y los posibles auxilios económicos a lo establecido en el apartado anterior. ANEXO 1 Composición del Comité de Autoridades Competentes Función Organismo Cargo dirección Presidente Confederación Hidrográfica del Ebro Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Paseo Sagasta 24-26, 50071, Zaragoza Secretario Confederación Hidrográfica del Ebro Secretario General de la Confederación Hidrográfica del Ebro Paseo Sagasta 24-26, 50071, Zaragoza Vocal Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Director General de Desarrollo Rural y Política Forestal Alfonso XII, 62, 28071, Madrid Vocal Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Director General del Agua Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28071, Madrid Vocal Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Jefe del Servicio Provincial de Costas de Tarragona Plaza Imperial Tarraco 4, 43071, Tarragona Vocal Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28071, Madrid Vocal Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28071, Madrid Vocal Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Vicesecretario General Técnico Plaza de la Provincia 1, 28071, Madrid Vocal Ministerio de Fomento Capitán Marítimo de Tarragona Plaza de los Carros 2, 43071, Tarragona Vocal Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral Paseo del Prado 18-20, 28071 Madrid Vocal Generalidad de Cataluña Secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad Avenida Diagonal 523-525, 08029, Barcelona Vocal Generalidad Valenciana Director General del Agua Francisco Cubells 7, 46011, Valencia Vocal Gobierno de Aragón Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Plaza San Pedro Nolasco, 7, 50071, Zaragoza Vocal Gobierno de Cantabria Subdirector General del Agua Lealtad 34, 39002, Santander Vocal Gobierno de La Rioja Consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial Marqués de Murrieta 76, 26071, Logroño Vocal Gobierno de Navarra Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local González Tablas 9, 4.º, 31005, Pamplona Vocal Gobierno Vasco Director General de la Agencia Vasca del Agua Parque Tecnológico de Álava, Albert Einstein 46, 01510, Miñano Mayor Vocal Junta de Castilla y León Director General de Carreteras e Infraestructuras Rigoberto Cortejoso 14, 47014, Valladolid Vocal Justa de Comunidades de Castilla-La Mancha Presidente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Cristo de la Vega s/n, 45071, Toledo Vocal Ayuntamiento de Cuarte de Huerva Alcalde de Cuarte de Huerva Monasterio de Siresa 7, 50410, Cuarte de Huerva Vocal Ayuntamiento de Sant Jaume D’Enveja Alcalde de Sant Jaume D’Enveja Avenida Catalunya 22, 43877, Sant Jaume D’Enveja Vocal Ayuntamiento de Valderrobres Alcalde de Valderrobres Plaza de España 1, 44580, Valderrobres ANEXO 2 Masas de agua superficial Anexo 2.1. Masas de agua superficial. Categoría: Río CÓDIGO NOMBRE X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide LONGITUD (km) 1 Embalse del Ebro. 419457 4760619 35,1 2 Embalse de Urrúnaga. 528845 4760481 18,9 4 Embalse de Irabia. 651055 4762023 5,1 5 Embalse de Albiña. 530360 4761232 3,3 6 Embalse de Eugui. 620936 4760215 3,1 7 Embalse de Ullivarri-Gamboa. 535381 4752591 16,4 17 Embalse de Cereceda. 460387 4738503 4,0 19 Embalse de Lanuza. 719048 4737792 3,0 22 Embalse de Sobrón. 487114 4734219 10,2 25 Embalse de Búbal. 720303 4731450 6,8 26 Embalse de Puentelarrá. 494737 4734221 5,3 27 Embalse de Alloz. 586720 4730781 6,5 34 Embalse de Baserca. 808540 4721858 2,5 37 Embalse de Yesa. 655849 4718538 23,0 39 Embalse de Sabiñánigo. 718035 4710789 3,4 40 Embalse de El Cortijo. 540243 4705945 4,7 42 Embalse de Mediano desde el río Ara hasta la Presa. 761964 4695179 18,5 43 Embalse de Escales. 808173 4697028 11,3 44 Embalse de La Peña. 687720 4694776 9,0 47 Embalse de El Grado. 766158 4679207 22,7 50 Embalse de Talarn. 826368 4679755 11,1 51 Embalse de Vadiello. 724439 4681481 3,7 53 Embalse de Oliana. 856508 4674259 14,9 54 Embalse de Montearagón. 717287 4676368 7,9 55 Embalse de Ardisa. 685512 4674192 4,4 56 Embalse de Barasona. 775050 4671799 9,4 58 Embalse de Canelles. 802665 4660627 30,9 59 Embalse de Terradets. 822147 4665257 6,8 61 Embalse de Mansilla. 504120 4666155 8,9 62 Embalse de La Sotonera. 692778 4665291 3,1 63 Embalse de Rialb. 852529 4658004 34,3 64 Embalse de Pajares. 533092 4659199 4,5 65 Embalse de Camarasa. 818557 4652571 20,2 66 Embalse de Santa Ana. 798348 4647121 13,6 67 Embalse de San Lorenzo. 818815 4641685 2,6 68 Embalse de El Val. 598488 4637176 4,4 70 Embalse de Mequinenza. 756569 4579109 96,6 71 Embalse de Mezalocha. 661256 4586821 2,5 72 Embalse de Margalef. 817663 4579831 3,8 73 Embalse de Ciurana. 828600 4574040 1,8 74 Embalse de Flix. 791811 4572605 13,4 75 Embalse de Las Torcas. 659052 4571662 4,3 76 Embalse de La Tranquera. 599615 4566368 12,3 77 Embalse de Moneva. 681716 4559461 3,8 78 Embalse de Caspe. 748882 4555024 14,0 79 Embalse de Guiamets. 816387 4556335 2,6 80 Embalse de Cueva Foradada. 693980 4537923 3,8 82 Embalse de Calanda. 734873 4530278 11,1 85 Embalse de Santolea. 725171 4514570 8,9 86 Embalse de Itoiz. 635799 4744745 20,9 87 Embalse de Lechago (en construcción). 645066 4534199 7,3 88 Río Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 530767 4710047 13,4 89 Río Leza desde la estación de aforos número 197 de Leza hasta el río Jubera. 552322 4690552 12,8 90 Río Leza desde el río Jubera hasta su desembocadura en el río Ebro. 556695 4698130 7,7 91 Río Linares desde la población de Torres del Río hasta su desembocadura en el río Ebro. 560291 4708599 49,7 92 Arroyo de Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega. 578635 4709950 11,6 93 Barranco de la Portillada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón. 633519 4691417 20,5 94 Río Zidacos desde el río Cembroain hasta su desembocadura en el río Aragón. 612439 4702744 34,2 95 Río Robo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga. 602569 4725144 14,3 96 Río Salado desde el retorno de la central de Alloz hasta su desembocadura en el río Arga. 594232 4720823 2,7 97 Río Alhama desde el cruce con el Canal de Lodosa hasta su desembocadura en el río Ebro. 603389 4670898 7,6 98 Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el río Ebro. 610469 4651582 17,3 99 Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro. 628795 4636628 25,8 100 Río Arba de Luesia desde el puente de la carretera hasta el río Farasdués. 654701 4685111 30,0 101 Río Farasdués desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia. 660838 4683861 29,1 102 Río Arba de Luesia desde el río Farasdués hasta el río Arba de Biel (final del tramo canalizado). 656992 4668091 34,1 103 Río Arba de Biel desde el barranco de Cuarzo hasta su desembocadura en el Arba de Luesia (final del tramo canalizado e incluye barrancos de Varluenga, Cuarzo y Júnez). 669378 4676310 74,1 104 Río Arba de Luesia desde el río Arba de Biel (final del tramo canalizado) hasta el río Arba de Riguel. 650276 4660751 13,6 105 Río Arba de Riguel desde la población de Sádaba (paso del canal con río Riguel antes del pueblo) hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia. 642754 4669421 34,5 106 Río Arba de Luesia desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el río Ebro. 644771 4646258 32,8 107 Río Jalón desde el río Piedra hasta el río Manubles. 600446 4575396 2,2 108 Río Jalón desde el río Manubles hasta el río Jiloca. 607515 4575326 17,0 109 Río Jiloca desde la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca hasta su desembocadura en el río Jalón. 615112 4572164 14,0 110 Río Aranda desde la población de Brea de Aragón hasta el río Isuela. 620812 4598153 10,6 111 Río Isuela desde la población de Nigüella hasta su desembocadura en el río Aranda. 623902 4598093 3,3 112 Río Aranda desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Jalón. 626728 4596231 5,7 113 Río Grío desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. 632367 4580138 38,1 114 Rambla de Cariñena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. 646197 4586860 42,0 115 Río Huerva desde la Presa de Mezalocha hasta su desembocadura en el río Ebro. 668495 4601121 45,2 116 Barranco de San Julián desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. 688088 4683090 6,0 117 Río Sotón desde su nacimiento hasta el río Riel. 700838 4680698 26,6 118 Río Riel desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Sotón. 698272 4680318 22,2 119 Río Sotón desde la Presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego. 688739 4658391 18,3 120 Barranco de la Violada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. 693059 4645157 37,0 121 Río Ginel desde el manantial de Mediana de Aragón hasta su desembocadura en el río Ebro. 695665 4596951 17,3 122 Río Lopín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 704842 4580140 23,9 123 Río Aguas Vivas desde el azud de Blesa hasta la cola del Embalse de Moneva (estación de aforos número 141). 680819 4550618 18,6 124 Arroyo de Santa María desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Moneva (estación de aforos número 141). 669941 4551332 32,2 125 Río Aguas Vivas desde la Presa de Moneva hasta el río Cámaras. 682155 4565141 10,4 127 Río Cámaras (o Almonacid) desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aguas Vivas (incluye barranco de Herrera). 665116 4558978 65,0 129 Río Aguas Vivas desde el río Cámaras hasta su desembocadura en el río Ebro. 699422 4572223 51,6 130 Río Radón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín. 689166 4534454 12,7 132 Río Seco desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín. 689292 4540687 11,3 133 Río Martín desde la Presa de Cueva Foradada hasta el río Escuriza. 697714 4542522 11,9 134 Río Escuriza desde la población de Crivillén hasta su desembocadura en el río Martín (incluye tramo final río Estercuel y Embalse de Escuriza). 703072 4536762 24,6 135 Río Martín desde el río Escuriza hasta su desembocadura en el río Ebro. 713390 4560127 51,8 136 Río Regallo desde el cruce del canal de Valmuel hasta la cola del Embalse de Mequinenza. 735459 4560836 22,8 137 Río Guadalope desde el azud de Abénfigo hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado). 733525 4524276 7,7 138 Río Bergantes desde la población de La Balma hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado). 739224 4520530 23,8 139 Río Guadalope desde la Presa de Calanda, las tomas de Endesa y del canal hasta el río Guadalopillo. 735178 4533935 1,8 140 Río Guadalopillo desde la Presa de Gallipuén (abastecimiento de Alcorisa) hasta el río Alchozasa. 720631 4530348 7,8 141 Río Alchozasa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalopillo. 714779 4532270 17,9 142 Río Guadalopillo desde el río Alchozasa hasta su desembocadura en el río Guadalope. 729213 4533942 15,7 143 Río Guadalope desde el río Guadalopillo hasta el río Mezquín. 737910 4538111 10,7 144 Río Mezquín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope. 744366 4535185 15,8 145 Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del Embalse de Caspe. 742285 4547827 26,7 146 Barranco de la Valcuerna desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mequinenza. 747794 4598080 36,9 147 Río Llobregós desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 857585 4641044 41,4 148 Río Sió desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 844405 4631662 67,4 149 Río Cervera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 840653 4619999 67,1 150 Río Farfaña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 809532 4637798 26,7 151 Río Corp desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 835519 4614727 73,1 152 Río Sed desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 813742 4595732 47,7 153 Río Vero desde el puente junto al camping de Alquézar hasta su desembocadura en el río Cinca. 755100 4661373 27,9 154 Río Sosa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. 773712 4647940 24,5 155 Río Clamor I de Fornillos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. 752128 4652784 41,1 156 Río Clamor II Amarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. 751901 4630002 30,0 157 Río Alcanadre desde el puente nuevo de la carretera (estación de aforos número 91) en Lascellas hasta el río Guatizalema. 735892 4658090 44,2 158 Río Guatizalema desde la estación de aforos número 192 de Siétamo hasta el río Botella. 725438 4665977 20,5 159 Río Botella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guatizalema. 723132 4666599 21,6 160 Río Guatizalema desde el río Botella hasta su desembocadura en el río Alcanadre. 731903 4650634 25,6 161 Río Alcanadre desde el río Guatizalema hasta el río Flumen. 737214 4632820 26,2 162 Río Flumen desde la Presa de Montearagón hasta el río Isuela. 716867 4665739 21,9 163 Río Isuela desde el puente de Nueno y los azudes de La Hoya hasta el río Flumen. 713279 4670155 29,7 164 Río Flumen desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye barranco de Valdabra). 719614 4645081 92,1 165 Río Alcanadre desde el río Flumen hasta su desembocadura en el río Cinca. 752466 4620309 42,2 166 Clamor Amarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca 781656 4624256 42,8 167 Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás. 762319 4550882 60,9 168 Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña. 770844 4551841 58,9 169 Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del Embalse de Ribarroja. 775342 4569965 14,6 170 Río Cana desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 803834 4577418 19,5 171 Río Ciurana desde la Presa de Ciurana hasta el río Cortiella y el trasvase de Ruidecañas. 826799 4572332 34,9 172 Río Cortiella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ciurana. 822254 4566665 12,6 173 Río Ciurana desde el río Cortiella y el trasvase de Ruidecañas hasta el río Montsant. 816198 4564579 7,2 174 Río Ciurana desde el río Montsant hasta el río Asmat. 811897 4561229 8,3 175 Río Ciurana desde el río Asmat hasta su desembocadura en el río Ebro. 807621 4559723 3,4 176 Río Sec desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro y la elevación de Pinell de Brai. 794850 4554063 32,8 177 Barranco de la Riera Compte desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 806291 4544190 13,9 178 Río Canaleta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 782644 4539952 37,4 179 Río Tirón desde su nacimiento hasta la población de Fresneda de la Sierra. 488599 4679915 10,2 180 Río Urbión desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 37 en Garganchón. 482638 4681312 10,7 181 Río Glera desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 157 en Azarrulla. 495515 4674766 10,4 182 Río Santurdejo desde su nacimiento hasta la estación de aforos (aguas abajo de la estación 385 de la Red de Control Variables Ambientales de Pazuengos). 504312 4684646 5,5 183 Río Najerilla desde su nacimiento hasta el río Neila. 498081 4665438 9,5 186 Río Neila desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mansilla (incluye río Frío). 503102 4657681 20,2 187 Río Gatón desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. 499490 4668868 10,4 188 Río Cambrones desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. 503542 4670126 5,7 189 Río Najerilla desde la Presa de Mansilla hasta su entrada en el contraembalse de Mansilla. 507959 4667579 2,0 190 Río Calamantio desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 505092 4672084 11,4 194 Río Urbión desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 510761 4659699 28,7 195 Río Najerilla desde el río Urbión hasta el puente de la carretera a Brieva y la confluencia de otro río también llamado Urbión. 511756 4670821 10,3 197 Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal de trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río Mayor). 523268 4655024 27,7 199 Río Lumbreras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares. 532149 4653686 9,8 200 Río Piqueras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares. 537082 4659259 6,1 201 Río Lumbreras desde la Presa de Pajares hasta su desembocadura en el río Iregua. 530501 4661704 6,5 202 Río Iregua desde el río Lumbreras hasta el río Albercos. 528607 4665967 5,4 203 Río Iregua desde el río Albercos hasta el puente de la carretera de Almarza. 530259 4671567 8,1 207 Río Leza desde su nacimiento hasta el río Rabanera y el río Vadillos (incluye ríos Vadillos y Rabanera). 542535 4668694 39,0 214 Río Rudrón desde su nacimiento hasta el río San Antón (incluye río Valtierra). 419829 4729575 29,0 216 Río San Antón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón. 434320 4721810 19,4 217 Río Rudrón desde el río San Antón hasta el río Moradillo. 430947 4728918 14,5 218 Río Moradillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón. 442282 4728160 21,4 219 Río Rudrón desde el río Moradillo hasta su desembocadura en el río Ebro. 435762 4735107 8,4 220 Río Trifón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 438948 4752038 11,0 221 Río Oca desde su nacimiento hasta el río Santa Casilda (incluye río Cerrata y Embalse de Alba). 469982 4703092 80,7 222 Río Santa Casilda desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca. 464319 4716302 17,7 223 Río Oca desde el río Santa Casilda hasta el río Homino. 464399 4726211 10,7 224 Río Homino desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca (incluye río Castil). 456274 4720321 43,3 227 Río Oca desde el río Homino hasta su desembocadura en el río Ebro. 464783 4731690 8,9 228 Río Ebro desde el río Oca hasta el río Nela y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata. 466249 4737259 5,7 231 Río Salón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Trueba (incluye arroyo Pucheruela). 466529 4761168 30,2 232 Río Nela desde el río Trueba hasta su desembocadura en el río Ebro y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata. 464428 4743677 16,7 233 Río Jerea desde su nacimiento hasta el río Nabón. 480466 4762610 16,8 234 Río Jerea desde el río Nabón hasta su desembocadura en el río Ebro en el azud de Cillaperlata. 473458 4747436 28,2 235 Río Molinar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 477448 4729178 18,4 236 Río Omecillo desde el río Salado hasta la cola del Embalse de Puentelarrá. 496176 4736604 3,1 237 Río Vallarta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oroncillo. 481535 4714683 13,7 238 Río Oroncillo (o Grillera) desde su nacimiento hasta el río Vallarta. 482258 4722748 12,3 239 Río Oroncilllo (o Grillera) desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el río Ebro. 494380 4722297 24,8 240 Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el río Ebro. 507400 4733381 21,5 241 Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 546588 4746178 39,3 243 Río Zadorra desde la Presa de Ullivarri-Gamboa hasta el río Alegría (inicio del tramo modificado de Vitoria, e incluye tramo final río Sta. Engracia). 529702 4751665 17,5 244 Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, Zerio, Arganzubi y Errekabarri). 537497 4741434 96,6 247 Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de Vitoria) hasta el río Zayas. 524063 4748215 20,8 248 Río Zayas desde la estación de aforos número 221 de Larrinoa hasta su desembocadura en el río Zadorra. 521503 4751017 20,6 249 Río Zadorra desde el río Zayas hasta las surgencias de Nanclares (incluye río Oca). 516507 4743732 20,1 250 Río Ayuda desde el río Molinar hasta el río Saraso. 529523 4727013 9,0 251 Río Saraso desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda. 529286 4731396 8,5 252 Río Ayuda desde el río Saraso hasta el río Rojo. 520404 4730892 16,5 253 Río Rojo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda. 518821 4726007 10,3 254 Río Ayuda desde el río Rojo hasta su desembocadura en el río Zadorra. 512139 4726165 7,0 255 Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 520323 4721713 30,5 256 Río Retorto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. 483224 4697174 15,4 257 Río Tirón desde el río Retorto hasta el río Bañuelos. 487395 4703418 3,0 258 Río Tirón desde el río Bañuelos hasta el río Encemero y la cola del Embalse de Leiva. 490697 4704536 4,8 259 Río Encemero desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón y la cola del Embalse de Leiva. 490997 4695385 21,0 260 Río Reláchigo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. 493648 4697183 22,9 261 Río Tirón desde el río Reláchigo hasta el río Glera. 502567 4709743 15,2 262 Río Glera desde la población de Ezcaray hasta el río Santurdejo. 500545 4689525 8,4 263 Río Santurdejo desde la estación de aforos (aguas abajo de la estación de la Red de Variables Ambientales de Pazuengos) hasta su desembocadura en el río Glera. 504271 4689984 7,9 264 Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón. 503398 4703009 22,3 265 Río Tirón desde el río Glera hasta el río Ea. 507752 4713523 1,8 266 Río Ea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. 501936 4716898 19,8 267 Río Tirón desde el río Ea hasta su desembocadura en el río Ebro. 510630 4713981 5,5 268 Río Zamaca desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 511036 4708296 19,4 269 Río Cárdenas desde la población de San Millán de la Cogolla hasta su desembocadura en el río Najerilla. 516155 4690491 12,1 270 Río Najerilla desde el río Cárdenas hasta el río Tuerto. 522002 4696140 9,8 271 Río Tuerto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 514523 4695293 21,6 272 Río Najerilla desde el río Tuerto hasta el río Yalde. 522983 4701034 1,4 273 Río Yalde desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 526369 4693149 21,4 274 Río Najerilla desde el río Yalde hasta su desembocadura en el río Ebro. 524716 4704337 7,1 275 Río Iregua desde el azud de Islallana hasta su desembocadura en el río Ebro. 544561 4693534 19,4 276 Río Leza desde el río Rabanera y el río Vadillos hasta la estación de aforos número 197 de Leza. 546731 4680573 18,4 277 Río Jubera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Leza. 558422 4684506 33,0 278 Río Linares desde su nacimiento hasta el inicio del tramo canalizado en la población de Torres del Río. 554249 4717138 16,7 279 Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega y Bajauri). 541346 4720490 34,4 280 Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río Ega I (incluye ríos Sabando e Izki). 546189 4727217 27,9 281 Río Ega I desde el río Ega II hasta el río Istora (incluye río Istora). 553409 4730045 18,2 282 Río Urederra desde la estación de aforos número 70 en la Central de Eraul hasta su desembocadura en el río Ega I (inicio de la canalización de Estella). 578043 4726632 2,0 283 Río Ega I desde el río Urederra hasta el río Iranzu. 580232 4723951 8,0 284 Río Iranzu desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega I. 580157 4731000 20,4 285 Río Ega I desde río Iranzu hasta la estación de medidas en la cola del Embalse de Oteiza -en proyecto-. 582634 4720241 3,4 286 Río Cidacos desde la población de Yanguas hasta el río Manzanares y el inicio de la canalización de Arnedillo. 559106 4665619 16,7 287 Río Manzanares desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cidacos (inicio de la canalización de Arnedillo). 555480 4670192 12,9 288 Río Cidacos desde el río Manzanares y el inicio de la canalización de Arnedillo hasta su desembocadura en el río Ebro. 576176 4675911 45,7 289 Río Irati desde el río Areta hasta el río Salazar. 637939 4724396 5,1 290 Río Salazar desde el barranco de La Val hasta su desembocadura en el río Irati. 644159 4725266 22,1 291 Río Onsella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón. 656469 4707600 46,8 292 Río Zidacos desde su nacimiento hasta el río Cemborain. 611767 4720886 14,4 293 Río Cemborain desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zidacos. 616181 4719259 15,3 294 Río Elorz desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga (incluye río Sadar). 614902 4732317 44,4 295 Río Alhama desde su nacimiento hasta el río Linares. 578211 4643265 45,0 296 Río Linares desde la estación de aforos número 43 de San Pedro Manrique hasta su desembocadura en el río Alhama. 576518 4658060 37,9 297 Río Alhama desde el río Linares hasta el río Añamaza. 590177 4656306 2,3 298 Río Añamaza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alhama. 588648 4641521 36,3 299 Río Alhama desde el río Añamaza hasta el cruce con el Canal de Lodosa. 599134 4661201 23,5 300 Río Queiles desde la población de Vozmediano hasta el río Val. 598130 4635129 9,7 301 Río Queiles desde Tarazona hasta la población de Novallas. 606801 4642175 7,7 302 Río Huecha desde la población de Añón hasta la de Maleján. 611930 4630397 17,7 303 Río Arba de Luesia desde su nacimiento hasta el puente de la carretera. 664650 4699114 17,8 304 Río Arba de Biel desde su nacimiento hasta el Barranco de Cuarzo. 669209 4690347 24,3 305 Río Arba de Riguel desde su nacimiento hasta el puente de la carretera A-1202 de Uncastillo a Luesia. 656900 4697497 5,9 306 Río Jalón desde su nacimiento hasta el río Blanco (incluye arroyo de Sayona). 549791 4552992 33,7 307 Río Blanco desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. 556258 4553082 16,4 308 Río Jalón desde el río Blanco hasta el río Nájima (incluye arroyos de Chaorna, Madre -o de Sagides-, Valladar, Sta. Cristina y Cañada). 563791 4563191 88,5 309 Río Nájima desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. 570245 4586161 37,1 310 Río Jalón desde el río Nájima hasta el río Deza (inicio del tramo canalizado). 580842 4573734 17,3 311 Río Deza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (inicio del tramo canalizado). 580752 4590974 42,6 312 Río Jalón desde el río Deza (inicio del tramo canalizado) hasta el barranco del Monegrillo. 590836 4572920 9,8 313 Río Monegrillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. 589261 4582452 27,8 314 Río Jalón desde el barranco de Monegrillo hasta el río Piedra. 596987 4574309 9,2 315 Río Piedra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera (incluye río San Nicolás del Congosto). 607058 4546556 92,4 316 Río Ortiz desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera. 608327 4557428 17,8 319 Río Mesa desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete). 582778 4549810 65,5 320 Río Piedra desde la Presa de La Tranquera hasta su desembocadura en el río Jalón. 599641 4571968 9,0 321 Río Manubles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (incluye río Carabán). 590493 4595628 96,2 322 Río Jiloca desde los Ojos de Monreal hasta el río Pancrudo. 641037 4525490 24,9 323 Río Jiloca desde el río Pancrudo hasta la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca. 630922 4553174 46,7 324 Río Perejiles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. 624391 4571855 28,9 325 Río Ribota desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. 601465 4590744 37,4 326 Río Isuela desde su nacimiento hasta la población de Nigüella. 612594 4611038 41,0 327 Barranco del Río Moro desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. 698293 4699690 13,0 328 Río Garona desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego (aguas arriba del azud de Carcavilla). 700595 4692849 23,5 330 Río Triste desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de La Peña. 690004 4701854 18,1 331 Río Asabón desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Peña (incluye barranco del Cagigar). 678160 4702149 32,6 332 Río Gállego desde la población de Riglos hasta el barranco de San Julián (incluye barranco de Artaso). 681793 4688290 21,2 333 Río Aguas Vivas desde su nacimiento hasta el azud de Blesa. 668964 4536993 24,5 336 Río Martín desde el río Rambla y el río Parras hasta el río Vivel (incluye ríos Ramblas y Parras). 673603 4517386 26,8 341 Río Vivel desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín (incluye ríos Segura y Fuenferrada). 672319 4529969 38,0 342 Río Martín desde el río Vivel hasta el río Ancho (final de la canalización de Montalbán). 682156 4522406 12,9 343 Río Ancho desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín (final de la canalización de Montalbán). 692002 4518661 14,6 344 Río Martín desde el río Ancho (final de la canalización de Montalbán) hasta el río Cabra. 689694 4526376 12,6 345 Río Cabra desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Obón. 692678 4523568 17,0 346 Río Martín desde el río Cabra hasta la cola del Embalse de Cueva Foradada. 692380 4533113 8,1 347 Río Guadalope desde su nacimiento hasta el río Aliaga. 695905 4492894 26,1 348 Río Aliaga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope. 683929 4506555 22,6 349 Río Guadalope desde el río Aliaga hasta el río Fortanete. 700975 4507171 16,7 350 Río Fortanete desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope. 705693 4490913 46,0 351 Río Guadalope desde el río Fortanete hasta la cola del Embalse de Santolea. 715718 4508369 24,7 352 Río Begatillo (o Bordón) desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Santolea. 723429 4507002 24,6 353 Río Bergantes desde su nacimiento hasta los ríos Celumbres y Cantavieja. 744164 4499045 26,8 354 Río Celumbres desde su nacimiento hasta el río Bergantes y el río Cantavieja (incluye rambla de la Cana). 733081 4488565 79,4 355 Río Cantavieja desde su nacimiento hasta el río Bergantes y el río Celumbres (incluye río de la Cuba). 725219 4496430 43,7 356 Río Bergantes desde los ríos Celumbres y Cantavieja hasta la población de La Balma. 738116 4508909 12,9 357 Río Guadalopillo desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Gallipuén. 709198 4521328 23,5 358 Río Perles desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Oliana. 861694 4678229 8,6 359 Río Sellent desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Oliana. 851929 4677449 10,8 360 Río Salada desde el río Ribera Canalda hasta la cola del Embalse de Rialb (incluye río Ribera Canalda y barrancos de la Plana y de Odén). 866980 4668377 47,6 361 Río Rialp desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Rialb. 844504 4668665 26,0 362 Río Boix desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 833723 4654414 17,9 363 Río Conqués desde su nacimiento hasta el río Abellá. 831287 4669586 23,3 364 Río Abellá desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Conques. 833560 4673998 22,2 365 Río Conqués desde el río Abellá hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa. 823628 4671044 2,5 366 Río Barcedana desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa. 826533 4662936 9,8 367 Río Noguera Ribagorzana desde el puente de la carretera hasta la cola del Embalse de Canelles y el retorno de la central del Puente de Montañana. 805554 4671129 3,4 368 Río Guart desde su nacimiento hasta el río Cajigar. 789019 4668334 17,0 369 Río Cajigar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guart. 795861 4673622 28,3 370 Río Guart desde el río Cajigar hasta la cola del Embalse de Canelles. 794982 4660801 3,3 371 Río Ésera desde la estación de aforos número 13 en Graus hasta el río Isábena. 775940 4676936 2,7 372 Río Isábena desde el río Ceguera hasta su desembocadura en el río Ésera. 783127 4678323 17,8 373 Río Ésera desde el río Isábena hasta la cola del Embalse de Barasona. 775598 4675220 1,1 374 Río Sarrón desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Barasona. 781162 4669190 9,5 375 Río Vero desde su nacimiento hasta el puente junto al camping de Alquezar. 751386 4683963 33,0 377 Río Isuala desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alcanadre. 744269 4684046 40,9 378 Río Alcanadre desde el río Mascún hasta el río Calcón. 740178 4677441 20,5 380 Río Calcón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye río Formiga y Embalse de Calcón o Guara). 732194 4676999 37,8 381 Río Alcanadre desde el río Calcón hasta el puente nuevo de la carretera (estación de aforos número 91) en Lascellas. 739024 4667120 8,4 382 Río Guatizalema desde la Presa de Vadiello hasta la estación de aforos número 192 de Siétamo. 724309 4676679 7,6 383 Río Matarraña desde su nacimiento hasta el río Ulldemó y el azud de elevación al Embalse de Pena. 770210 4521260 16,0 384 Río Ulldemó desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Matarraña y el azud de elevación al Embalse de Pena. 773591 4523337 17,8 385 Río Matarraña desde el río Ulldemó y el azud de elevación al Embalse de Pena hasta el río Pena. 767255 4527063 4,4 386 Río Pena desde su nacimiento hasta la confluencia con el río Figuerales (incluye río Baco). 766457 4518415 22,0 389 Río Figuerales desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Pena. 762186 4521256 3,4 390 Río Pena desde la Presa de Pena hasta su desembocadura en el río Matarraña. 763716 4525625 7,6 391 Río Matarraña desde el río Pena hasta el río Tastavins. 764152 4529859 6,9 392 Río Tastavins desde su nacimiento hasta el arroyo de los Prados y el final de la canalización en el Tastavins. 755711 4513672 13,6 393 Río Prados desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tastavins (final de la canalización en el Tastavins). 759885 4514762 16,8 394 Río Tastavins desde el arroyo de los Prados y el final de la canalización en el Tastavins hasta el río Monroyo. 756022 4519851 1,7 395 Río Monroyo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tastavins. 750496 4516396 17,8 396 Río Tastavins desde el río Monroyo hasta su desembocadura en el río Matarraña. 758406 4526969 16,2 398 Río Algás desde su nacimiento hasta el río Estret (incluye río Estret). 778268 4529936 34,1 399 Río Ebro desde el río Nela y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata hasta el río Jerea en el azud de Cillaperlata. 469139 4737546 5,7 400 Río Ebro desde la confluencia con el Jerea en el azud de Cillaperlata hasta la confluencia con el río Molinar. 473522 4735718 8,0 401 Río Ebro desde el río Molinar hasta el río Purón. 478641 4735522 11,2 402 Río Ebro desde el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro hasta el río Oroncillo. 502113 4726990 1,5 403 Río Ebro desde el río Oroncillo hasta el río Bayas. 504053 4725635 4,3 404 Río Ebro desde el río Bayas hasta el río Zadorra (final del tramo modificado de Miranda de Ebro). 507165 4724727 2,8 405 Río Zadorra desde las surgencias de Nanclares hasta el río Ayuda. 512069 4732810 19,4 406 Río Zadorra desde el río Ayuda hasta su desembocadura en el río Ebro (final del tramo modificado de Miranda de Ebro). 508378 4724775 2,4 407 Río Ebro desde el río Zadorra hasta el río Inglares. 508918 4722104 3,6 408 Río Ebro desde el río Inglares hasta el río Tirón. 512760 4717907 16,0 409 Río Ebro desde el río Tirón hasta el río Najerilla. 519908 4710265 33,9 410 Río Ebro desde el río Najerilla hasta su entrada en el Embalse de El Cortijo. 533452 4704580 26,5 411 Río Ebro desde el río Iregua hasta el río Leza. 552573 4701358 14,6 412 Río Ebro desde el río Leza hasta el río Linares (tramo canalizado). 562670 4698911 15,3 413 Río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega I. 577707 4691430 36,4 414 Río Ega I desde la estación de medidas en la cola del Embalse de Oteiza -en proyecto- hasta su desembocadura en el río Ebro. 583794 4703231 46,5 415 Río Ebro desde el río Ega I hasta el río Cidacos. 589191 4685955 2,1 416 Río Ebro desde el río Cidacos hasta el río Aragón. 595523 4679158 26,9 417 Río Aragón desde la Presa de Yesa hasta el río Irati. 645640 4718117 12,3 418 Río Irati desde el río Salazar hasta su desembocadura en el río Aragón. 640247 4719780 8,7 419 Río Aragón desde el río Irati hasta el río Onsella. 640604 4714984 4,5 420 Río Aragón desde el río Onsella hasta el río Zidacos. 629667 4700763 58,9 421 Río Aragón desde el río Zidacos hasta el río Arga. 606028 4686201 21,3 422 Río Arga desde el río Araquil hasta el río Salado. 596272 4728041 34,9 423 Río Arga desde el río Salado hasta su desembocadura en el río Aragón. 597637 4702354 52,0 424 Río Aragón desde el río Arga hasta su desembocadura en el río Ebro. 601620 4679302 10,0 425 Río Gállego desde el barranco de San Julián hasta la cola del Embalse de Ardisa. 684832 4679592 7,3 426 Río Gállego desde el río Sotón hasta su desembocadura en el río Ebro. 683525 4632105 54,4 427 Río Segre y río Noguera Pallaresa (incluye el tramo del Noguera-Pallaresa desde la Presa de Camarasa a la confluencia con el Segre y el Segre desde su confluencia con el Noguera Pallaresa) hasta la cola del Embalse de San Lorenzo. 821741 4644428 6,9 428 Río Segre desde el río Cervera hasta el río Corp. 812176 4625203 13,3 431 Río Noguera Ribagorzana desde la toma de canales en Alfarrás hasta su desembocadura en el río Segre (incluye el tramo del río Segre entre la confluencia del río Corp y del Ribagorzana). 802917 4628450 22,6 432 Río Segre desde el río Noguera Ribagorzana hasta el río Sed. 802801 4613576 21,8 433 Río Segre desde el río Sed hasta la cola del Embalse de Ribarroja. 789003 4598280 27,6 434 Río Ésera desde la Presa de Barasona y las tomas de la Central de San José y del Canal de Aragón y Cataluña hasta su desembocadura en el río Cinca. 770568 4666707 8,1 435 Río Cinca desde el río Ésera hasta el río Vero. 764160 4660527 14,3 436 Río Cinca desde el río Vero hasta el río Sosa. 763131 4650484 10,7 437 Río Cinca desde el río Sosa hasta el río Clamor I. 761635 4641623 10,2 438 Río Cinca desde el río Clamor I de Fornillos hasta el río Clamor II Amarga. 760117 4632268 12,8 441 Río Cinca desde la Clamor Amarga hasta su desembocadura en el río Segre 778903 4598080 20,9 442 Río Jalón desde el río Jiloca hasta el río Perejiles. 614144 4578911 7,0 443 Río Jalón desde el río Perejiles hasta el río Ribota. 616702 4581637 4,4 444 Río Jalón desde el río Ribota hasta el río Aranda. 619916 4588567 38,0 445 Río Jalón desde el río Aranda hasta el río Grío. 631808 4595461 8,8 446 Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro. 645643 4612873 70,0 447 Río Ebro desde el río Aragón hasta el río Alhama. 603980 4672969 6,9 448 Río Ebro desde el río Alhama hasta el río Queiles. 613664 4666915 25,0 449 Río Ebro desde el río Queiles hasta el río Huecha. 625261 4651647 29,2 450 Río Ebro desde el río Huecha hasta el río Arba de Luesia. 636312 4641259 13,1 451 Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón. 650203 4631792 46,0 452 Río Ebro desde el río Jalón hasta el río Huerva. 669494 4620270 32,1 453 Río Ebro desde el río Huerva hasta el río Gállego. 678525 4613275 1,5 454 Río Ebro desde el río Gállego hasta el río Ginel. 688340 4606378 33,8 455 Río Ebro desde el río Ginel hasta el río Aguas Vivas. 708685 4590694 43,7 456 Río Ebro desde el río Aguas Vivas hasta el río Martín. 720220 4576987 40,2 457 Río Ebro desde el río Martín hasta su entrada en el Embalse de Mequinenza. 729524 4574489 21,6 459 Río Ebro desde la Presa de Flix hasta el río Cana. 797824 4571442 1,7 460 Río Ebro desde el río Cana hasta el río Ciurana. 802009 4564228 20,5 461 Río Ebro desde el río Ciurana hasta el río Sec y la elevación de Pinell de Brai. 805599 4556546 7,5 462 Río Ebro desde el río Sec hasta el río Canaleta. 801553 4547067 23,1 463 Río Ebro desde el río Canaleta hasta la estación de aforos número 27 de Tortosa (en el puente más alto). 795191 4532180 22,4 465 Río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del Embalse del Ebro (incluye ríos Izarilla y Marlantes). 403326 4759169 31,1 466 Río Virga desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse del Ebro. 430904 4762822 2,5 467 Río Nava desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse del Ebro. 426356 4757385 5,8 468 Río Ebro desde la Presa del Ebro hasta el río Polla. 415657 4750858 18,1 469 Río Polla desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 412364 4747912 10,0 470 Río Ebro desde el río Polla hasta el arroyo Hijedo. 414867 4741984 8,1 471 Arroyo Hijedo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 417543 4741300 3,3 472 Río Ebro desde el arroyo Hijedo hasta el río Rudrón. 425508 4741086 41,9 473 Río Ebro desde el río Rudrón hasta la población de Puente Arenas. 442476 4745821 40,5 474 Río Nela desde su nacimiento hasta el río Trema (incluye río Engaña y arroyo Gándara). 440393 4763093 63,0 475 Río Trema desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Nela. 451589 4762093 16,4 476 Río Nela desde el río Trema hasta el río Trueba. 457788 4753190 14,9 477 Río Trueba desde su nacimiento hasta el río Salón (incluye río Cerneja). 456161 4767926 54,5 478 Río Trueba desde el río Salón hasta su desembocadura en el río Nela. 460608 4751646 7,6 479 Río Nabón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jerea. 484705 4757002 13,3 480 Río Purón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 480814 4742942 17,7 481 Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye río Nonagro). 488779 4744427 27,9 482 Río Húmedo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Omecillo. 494517 4748571 19,4 485 Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos Vadillo, Vedillo y Ugalde). 508407 4754358 71,0 486 Río Barrundia desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Ullivari (incluye río Ugarana). 545543 4751403 25,7 487 Río Santa Engracia desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Urrúnaga (incluye río Undabe). 523548 4764221 16,1 488 Río Urquiola desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Urrúnaga (incluye ríos Iraurgi y Olaeta). 527754 4767826 27,6 490 Río Zayas desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 221 de Larrinoa. 521151 4761043 7,0 491 Río Ayuda desde su nacimiento hasta el río Molinar (incluye río Molinar). 536824 4730871 23,6 492 Río Inglares desde su nacimiento hasta la población de Pipaón. 527037 4717020 5,6 493 Río Tirón desde la población de Fresneda de la Sierra hasta el río Urbión (incluye río Pradoluengo). 486291 4687017 21,4 494 Río Urbión desde la estación de aforos número 37 en Garganchón hasta su desembocadura en el río Tirón. 481514 4689139 6,2 495 Río Tirón desde el río Urbión hasta el río Retorto. 484270 4697242 12,0 496 Río Bañuelos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. 480567 4708017 29,4 497 Río Glera desde la estación de aforos número 157 en Azarrulla hasta la población de Ezcaray. 497683 4682349 7,4 499 Río Brieva desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 516546 4668063 13,8 500 Río Najerilla desde el puente de la carretera a Brieva hasta el río Valvanera. 514394 4673446 2,5 501 Río Valvanera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 511504 4675343 8,0 502 Río Najerilla desde el río Valvanera hasta el río Tobia. 518228 4678197 15,8 503 Río Tobia desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 512568 4680544 17,0 504 Río Najerilla desde el río Tobia hasta el río Cárdenas. 520885 4687793 9,0 505 Río Cárdenas desde su nacimiento hasta la población de San Millán de la Cogolla. 507351 4682166 12,7 506 Río Iregua desde el puente de la carretera de Almarza hasta el azud de Islallana. 535120 4680979 18,6 507 Río Ega II desde su nacimiento hasta el río Sabando (incluye ríos Igoroin y Bezorri). 544510 4732320 34,2 508 Río Urederra desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 70 en la Central de Eraul (incluye río Contrasta). 566453 4733594 38,7 509 Río Aragón desde el río Ijuez hasta el río Gas (final del tramo canalizado de Jaca e incluye río Ijuez). 701554 4718529 19,9 510 Río Gas desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón (final del tramo canalizado de Jaca). 702370 4715291 14,2 511 Río Aragón desde el río Gas (final del tramo canalizado de Jaca) hasta el río Lubierre. 695169 4714239 2,9 512 Río Lubierre desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón. 696663 4722183 19,1 513 Río Aragón desde el río Lubierre hasta el río Estarrún. 692838 4714432 2,4 514 Río Estarrún desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón. 694022 4725043 24,2 515 Río Aragón desde el río Estarrún hasta el río Subordán. 686873 4714530 10,9 516 Río Subordán desde la población de Hecho hasta el río Osia. 684411 4730431 8,3 517 Río Osia desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Subordán. 691610 4732770 19,6 518 Río Subordán desde el río Osia hasta su desembocadura en el río Aragón. 686211 4719696 16,1 519 Río Aragón desde el río Subordán hasta el río Veral. 676640 4715845 14,7 520 Río Veral desde la población de Ansó hasta el río Majones. 681098 4729788 26,8 521 Río Majones desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Veral. 674902 4728681 19,7 522 Río Veral desde el río Majones hasta su desembocadura en el río Aragón. 671464 4719409 1,1 523 Río Aragón desde el río Veral hasta su entrada en el Embalse de Yesa. 667223 4718889 10,0 524 Río Esca desde la población de El Roncal hasta el río Biniés (incluye barranco de Gardalar). 666629 4736364 18,6 525 Río Biniés desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Esca. 662309 4740044 17,9 526 Río Esca desde el río Biniés hasta la cola del Embalse de Yesa (incluye barranco de Gabarri). 666493 4725390 26,8 527 Río Regal desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Yesa. 659309 4713437 13,3 529 Río Urrio desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Irabia. 651196 4764712 4,2 531 Río Urbelcha desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Irabia. 656768 4759582 17,3 532 Río Irati desde la central hidroeléctrica de Betolegui hasta la central hidroeléctrica de Irati y cola del Embalse de Itoiz. 639719 4753029 14,3 533 Río Urrobi desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Itoiz. 632455 4753947 19,3 534 Río Irati desde la Presa de Itoiz hasta el río Erro. 632933 4737446 6,7 535 Río Erro desde la estación de aforos número AN532 en Sorogain hasta su desembocadura en el río Irati. 625804 4746333 41,3 536 Río Irati desde el río Erro hasta el río Areta. 635460 4731407 17,8 537 Río Areta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Irati. 642931 4736068 27,4 538 Río Anduña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zatoya. 660959 4753677 13,3 539 Río Zatoya desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Anduña. 649533 4751993 18,9 540 Río Salazar desde el río Zatoya y río Anduña hasta el barranco de La Val (incluye barrancos de La Val, Izal, Igal, Benasa y Larraico). 655576 4740849 67,6 541 Río Arga desde la Presa de Eugui hasta el río Ulzama (inicio del tramo canalizado de Pamplona). 618224 4750459 25,5 544 Río Ulzama desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga (inicio del tramo canalizado de Pamplona e incluye ríos Arquil y Mediano). 608822 4756524 64,6 545 Río Arga desde el río Ulzama (inicio del tramo canalizado de Pamplona) hasta el río Elorz. 610172 4741682 13,7 546 Río Arga desde el río Elorz hasta el río Juslapeña (final del tramo canalizado de Pamplona). 604766 4740607 4,8 547 Río Juslapeña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga (final del tramo canalizado de Pamplona). 606033 4744771 13,6 548 Río Arga desde el río Juslapeña (final del tramo canalizado de Pamplona) hasta el río Araquil. 601689 4740564 4,1 549 Río Araquil desde su nacimiento hasta el río Alzania (inicio del tramo canalizado). 559707 4746761 31,8 550 Río Alzania desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Araquil (inicio del tramo canalizado). 561866 4751306 19,1 551 Río Araquil desde el río Alzania (inicio del tramo canalizado) hasta el río Larraun (incluye regato de Leciza). 581387 4752365 51,1 554 Río Larraun desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Araquil (incluye barrancos Iribas y Basaburúa). 596047 4758938 43,7 555 Río Araquil desde el río Larraun hasta su desembocadura en el río Arga. 597368 4745248 26,1 556 Río Salado desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Alloz. 589476 4735005 6,8 557 Río Inaroz desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Alloz. 584436 4736367 11,0 558 Río Salado desde la Presa de Alloz y la cola del contraembalse (azud de Mañero) hasta la toma de la central de Alloz. 586350 4728211 1,5 560 Río Linares desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 43 de San Pedro Manrique (incluye río Ventosa). 559220 4647694 22,7 562 Río Queiles desde su nacimiento hasta la población de Vozmediano. 596213 4631519 2,3 563 Río Huecha desde su nacimiento hasta la población de Añón. 604225 4623622 7,2 564 Río Sía desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego (inicio del tramo canalizado aguas abajo de Biescas) y el retorno de las centrales de Biescas I y II. 724875 4722376 14,3 565 Río Gállego desde el río Sía (inicio del tramo canalizado aguas abajo de Biescas) y el retorno de las centrales de Biescas I y II hasta el río Oliván. 719653 4718530 5,6 566 Río Oliván desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. 724437 4716455 13,8 567 Río Gállego desde el río Oliván hasta su entrada en el Embalse de Sabiñánigo. 719191 4713919 5,2 568 Río Aurín desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Sabiñánigo. 713016 4721124 22,8 569 Río Gállego desde la Presa de Sabiñánigo hasta el río Basa. 716740 4709187 1,9 570 Río Basa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. 724430 4706370 19,7 571 Río Gállego desde el río Basa hasta el río Abena. 715929 4707595 2,1 572 Río Abena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. 710662 4707863 11,7 573 Río Gállego desde el río Abena hasta el río Guarga, aguas abajo de la central de Jabarrella junto al azud de Javierrelatre. 712487 4701621 15,3 574 Río Guarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego, aguas abajo de la central de Jabarrella junto al azud de Javierrelatre. 722843 4696957 39,7 575 Río Gállego desde el río Guarga, aguas abajo de la central de Jabarrella junto al azud de Javierrelatre, hasta el río Val de San Vicente. 706573 4697442 5,3 576 Río Val de San Vicente desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. 709107 4694029 15,1 577 Río Gállego desde el río Val de San Vicente hasta la central de Anzánigo y el azud. 699204 4697041 12,9 578 Río Segre en Llívia y desde la localidad de Puigcerdà hasta el río Arabo (incluye río La Vanera desde su entrada en España). 906493 4709396 10,8 579 Río Arabo desde su entrada en España hasta su desembocadura en el río Segre. 904458 4708167 6,7 581 Río Segre desde el río Arabo hasta el río Aransa (incluye ríos Aransa, parte española del Martinet, Alp, Durán y Santa María y torrente de Confort). 895276 4706658 93,7 589 Río Segre desde el río Aransa hasta el río Serch (incluye ríos Capiscol, Cadí, Serch y barranco de Villanova). 878536 4696689 53,6 595 Río Segre desde el río Serch hasta el río Valira. 867642 4698687 4,3 614 Río Civis desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Valira. 863515 4709502 15,4 617 Río Valira desde su entrada en España hasta su desembocadura en el río Segre (incluye la parte española del río Os). 867409 4707477 17,8 619 Río Arfa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 863791 4694316 2,6 621 Río Arabell desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 862922 4699380 9,3 622 Río Segre desde el río Valira hasta el río Pallerols. 862678 4695128 12,4 629 Río Pallerols desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre (incluye ríos La Guardia, Castellas y Guils). 852360 4697244 55,8 631 Río Tost desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 863957 4690175 10,4 633 Río Vansa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 865847 4685762 17,6 635 Río Cabo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 850630 4685007 15,5 636 Río Segre desde río Pallerols hasta la cola del Embalse de Oliana. 858624 4684993 12,6 637 Río Segre desde la Presa de Oliana hasta la cola del Embalse de Rialb. 855368 4668085 2,1 638 Río Segre desde la Presa de Rialb hasta el río Llobregós. 847394 4649909 4,2 639 Río Segre desde el azud del Canal de Urgel hasta el río Boix. 839150 4648974 20,5 640 Río Segre desde el río Boix hasta la Presa de Camarasa en el río Noguera Pallaresa. 827767 4647477 11,7 641 Río Noguera Pallaresa desde el río Noguera de Cardós y la central de Llavorsí hasta el río Santa Magdalena. 845675 4711790 3,7 642 Río Santa Magdalena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa. 853166 4708685 24,5 643 Río Noguera Pallaresa desde el río Santa Magdalena hasta el río San Antonio. 842589 4708844 6,7 644 Río San Antonio desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa. 835725 4710104 14,1 645 Río Noguera Pallaresa desde el río San Antonio hasta el río Flamisell, la cola del Embalse de Talarn y el retorno de las centrales. 835371 4695737 54,7 646 Río Flamisell desde su nacimiento hasta el río Sarroca. 827636 4704650 26,6 649 Río Sarroca desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Flamisell (incluye río Valiri). 821284 4701636 30,1 650 Río Flamisell desde el río Sarroca hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa, la cola del Embalse de Talarn y el retorno de las centrales. 824911 4688482 10,3 651 Río Carreu desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Talarn. 836201 4680189 17,3 652 Río Noguera Pallaresa desde la Presa de Talarn hasta el río Conqués. 822640 4673955 8,2 654 Río Viu desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Escales (incluye río Erla y arroyo de Peranera) 813642 4700769 34,5 657 Río Aulet desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Escales. 804458 4696848 8,7 658 Río Noguera Ribagorzana desde la Presa de Escales hasta la Presa del contraembalse de Escales. 808825 4692146 2,2 659 Río Sobrecastell desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Ribagorzana. 803601 4688213 13,2 660 Río Noguera Ribagorzana desde el río Sobrecastell hasta el río San Juan. 806528 4679691 13,4 661 Río San Juan desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Ribagorzana. 801851 4679487 15,3 662 Río Noguera Ribagorzana desde el río San Juan hasta el puente de la carretera. 805223 4673254 1,3 663 Río Vellos desde el río Aso hasta el río Yesa. 753763 4712979 11,2 664 Río Yesa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Vellos. 750532 4712085 17,3 665 Río Vellos desde el río Yesa hasta su desembocadura en el río Cinca, aguas arriba de la central de Laspuña (final e inicio de tramo canalizado). 757942 4709869 1,3 666 Río Cinca desde el río Vellos, aguas arriba de la central de Laspuña (final e inicio de tramo canalizado), hasta el río Ara. 758257 4705287 9,8 667 Río Ara desde la población de Fiscal hasta el río Sieste. 745898 4706282 23,0 668 Río Sieste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara. 750698 4699888 10,1 669 Río Ara desde el río Sieste hasta su desembocadura en el río Cinca (incluye la cola del Embalse de Mediano y el final de las canalizaciones del río Cinca). 756619 4701607 5,4 670 Río Ena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara. 752826 4695152 21,0 672 Río Nata desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mediano. 767000 4700138 17,3 674 Río Usía desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mediano. 769529 4695614 17,0 675 Río Cinca desde la Presa de Mediano hasta la cola del Embalse de El Grado. 765175 4688537 2,3 676 Río Susía desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de El Grado. 758758 4687271 14,2 677 Río Naval desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de El Grado. 760404 4675806 12,4 678 Río Cinca desde la Presa de El Grado hasta el río Ésera. 767174 4668795 7,2 679 Río Ésera desde el puente de la carretera a Aínsa hasta la estación de aforos número 13 en Graus. 777034 4688814 26,4 680 Río Isábena desde el final del tramo canalizado de Las Paules hasta el río Villacarli. 796553 4701093 21,4 681 Río Villacarli desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Isábena. 791434 4698334 12,2 682 Río Isábena desde el río Villacarli hasta el río Ceguera. 791847 4687569 15,3 683 Río Ceguera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Isábena. 794002 4684960 12,6 684 Río Alcanadre desde su nacimiento hasta el río Mascún (incluye río Mascún). 740888 4693289 37,7 686 Río Guatizalema desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Vadiello. 726228 4687870 15,6 687 Río Cidacos desde su nacimiento hasta la población de Yanguas (incluye ríos Baos y Ostaza). 547894 4655525 47,7 688 Río Aragón desde su nacimiento hasta el Canal Roya y la toma para las centrales de Canfranc (incluye arroyo Rioseta). 702612 4741022 9,3 689 Río Canal Roya desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón y la toma para las centrales de Canfranc. 706176 4740669 9,0 690 Río Aragón desde el Canal Roya y la toma para las centrales de Canfranc, hasta el río Izas. 703871 4738291 1,1 691 Río Izas desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón. 707040 4737080 7,9 692 Río Aragón desde el río Izas hasta el río Ijuez. 702453 4729940 17,6 693 Río Subordán desde su nacimiento hasta la población de Hecho. 686887 4741769 27,0 694 Río Veral desde su nacimiento hasta la población de Ansó. 677357 4745281 20,1 696 Río Esca desde su nacimiento hasta la población de Roncal (incluye el río Ustarroz) 671378 4749317 32,8 698 Río Erro desde su nacimiento hasta la estación de aforos número AN532 en Sorogain. 629736 4762433 4,8 699 Río Arga desde su nacimiento hasta la población de Olaverri. 623745 4763700 5,1 700 Río Gállego desde la Presa de Lanuza hasta el río Escarra. 719806 4735825 1,4 701 Río Gállego desde el río Escarra hasta la cola del Embalse de Búbal junto a El Pueyo y las centrales. 720352 4734580 1,3 704 Río Caldares desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Búbal (incluye Ibón de Baños). 725473 4736362 21,7 705 Río Aguilero desde su nacimiento hasta el Embalse de Búbal. 716802 4732296 6,4 706 Río Gállego desde la Presa de Búbal hasta el río Sía (inicio del tramo canalizado aguas abajo de Biescas) y el retorno de las centrales de Biescas I y II. 719557 4725022 8,8 707 Río Noguera Pallaresa desde su nacimiento hasta el río Bergante. 824853 4738778 5,7 708 Río Bergante desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa. 825137 4742781 6,0 709 Río Noguera Pallaresa desde el río Bergante hasta el río Bonaigua. 834935 4733840 27,9 710 Río Bonaigua desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa. 832707 4729038 12,7 711 Río Noguera Pallaresa desde el río Bonaigua hasta el río Unarre (final del tramo canalizado) y los retornos de las centrales de Esterri y de Unarre. 838293 4727638 2,0 712 Río Espot desde su nacimiento hasta el río Peguera. 831336 4722359 10,9 713 Río Peguera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Espot. 833325 4719371 8,5 714 Río Espot desde el río Peguera hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa y en la Presa de Torrasa. 837903 4721249 4,8 715 Río Noguera Pallaresa desde el río Unarre (final del tramo canalizado) y los retornos de las centrales de Esterri y de Unarre hasta el río Espot y la Presa de Torrasa (incluye Embalse de Cavallers). 839198 4724253 5,3 716 Río Unarre desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa (final del tramo canalizado) y los retornos de las centrales de Esterri y de Unarre. 840853 4731026 10,4 717 Río Noguera Pallaresa desde el río Espot y la Presa de Torrasa hasta el río Noguera de Cardós y la central de Llavorsí. 842946 4717685 11,8 718 Río Tabescán desde su nacimiento hasta el río Noarre (incluye río Noarre). 846723 4735839 11,6 720 Río Tabescán desde el río Noarre hasta su desembocadura en el río Noguera de Cardós. 847904 4731926 4,7 721 Río Noguera de Cardós desde su nacimiento hasta el río Tabescán. 852917 4733238 13,1 722 Río Noguera de Cardós desde el río Tabescán hasta el río Estahón. 848268 4725763 9,2 723 Río Estahón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera de Cardós. 845438 4726225 11,5 724 Río Noguera de Cardós desde el río Estahón hasta el río Noguera de Vallfarrera. 847616 4718857 5,6 725 Río Vallfarrera desde su nacimiento hasta el río Tor. 860554 4727125 19,4 726 Río Tor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Vallfarrera. 859878 4722398 12,7 727 Río Vallfarrera desde el río Tor hasta su desembocadura en el río Noguera de Cardós. 851650 4718181 9,5 728 Río Noguera de Cardós desde el río Noguera de Vallfarrera hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa y la central de Llavorsí (incluye barranco de Burch). 848037 4715089 7,4 731 Río Noguera Ribagorzana desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Baserca (incluye río Bizberri). 808878 4724951 12,3 732 Río Salenca desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Baserca. 805540 4723534 6,1 733 Río Noguera Ribagorzana desde la Presa de Baserca, la central de Mosalet y la toma para la central de Senet hasta la central de Senet. 807687 4718880 4,5 734 Río Noguera Ribargozana desde la central de Senet y la toma para la central de Bono hasta el río Llauset (incluye río Llauset). 803951 4719208 8,8 735 Río Noguera Ribagorzana desde el río Llauset hasta el inicio de la canalización de El Pont de Suert. 805597 4710700 14,0 736 Río Baliera desde su nacimiento hasta el inicio de la canalización de El Pont de Suert. 799950 4712825 22,9 737 Río Noguera Ribagorzana desde el inicio de la canalización de El Pont de Suert hasta el río Noguera de Tor. 806641 4703924 2,3 738 Río San Nicolás desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera de Tor. 820037 4718304 13,0 739 Río Noguera de Tor desde el río San Nicolás hasta el río Bohí. 814805 4715972 3,0 740 Río Bohí desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera de Tor. 817880 4713542 8,7 741 Río Noguera de Tor desde el río Bohí hasta el retorno de la central de Bohí. 813666 4713873 2,3 742 Río Foixas desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera de Tor. 815076 4710809 6,6 743 Río Noguera de Tor desde el retorno de la central de Bohí hasta su desembocadura en el río Noguera Ribagorzana. 810036 4708089 13,5 744 Río Noguera Ribagorzana desde el río Noguera de Tor hasta la cola del Embalse de Escales, el retorno de la central de El Pont de Suert y el final de la canalización de El Pont de Suert. 807749 4701971 2,3 745 Río Barrosa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca (inicio de la canalización del Cinca e incluye río Real y barranco Urdiceto). 761972 4728289 22,3 746 Río Cinca desde el río Barrosa (inicio de la canalización del río Cinca ) hasta el río Cinqueta. 765317 4722888 6,7 748 Río Cinqueta desde su nacimiento hasta el río Sallena (incluye río Sallena). 775067 4730746 16,5 749 Río Cinqueta desde el río Sallena hasta su desembocadura en el río Cinca. 771143 4718490 19,7 750 Río Cinca desde el río Cinqueta hasta el río Irués. 763100 4717322 6,9 751 Río Irués desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Laspuña (incluye río Garona). 767482 4712644 22,4 754 Río Cinca desde el río Irués hasta el río Vellos, aguas arriba de la central de Laspuña (final e inicio de tramo canalizado e incluye río Yaga). 759143 4717310 23,6 756 Río Vellos desde su nacimiento hasta el río Aso (incluye río Aso). 750224 4721958 22,0 758 Río Oral desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara. 733124 4730445 5,7 761 Río Ara desde el río Arazas hasta la población de Fiscal (incluye barrancos del Sorrosal y del Valle). 738293 4716990 39,6 764 Río Ésera desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Paso Nuevo (incluye barranco de Cregüeña). 796085 4728036 19,1 765 Río Vallibierna desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera. 795014 4724785 9,2 766 Río Ésera desde la cola del Embalse de Paso Nuevo hasta el río Estós (incluye Embalse de Paso Nuevo). 791240 4725977 3,0 767 Río Estós desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera. 787796 4729478 12,5 768 Río Ésera desde el río Estós hasta el río Barbaruéns, la central de Seira y las tomas para la central de Campo. 784755 4716114 25,8 769 Río Remáscaro desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera. 791961 4721109 7,5 771 Río Barbaruens desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera, la central de Seira y las tomas para la central de Campo. 779169 4712377 12,1 772 Río Ésera desde el río Barbaruens, la central de Seira y las tomas para la central de Campo hasta el barranco de Viu, la Presa y la central de Campo. 779164 4706382 7,7 773 Río Viu desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera, la Presa y la central de Campo. 775657 4705721 8,5 774 Río Ésera desde la desembocadura del barranco de Viu, la Presa y la central de Campo hasta el puente de la carretera a Aínsa. 779210 4701023 5,2 775 Río Rialvo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera. 784804 4702654 14,8 777 Río Isábena desde su nacimiento hasta el final del tramo canalizado de Las Paules. 795202 4711649 7,7 778 Río Ruda desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona. 824851 4731255 11,9 779 Río Garona desde el río Ruda hasta el río Yñola. 820091 4735337 2,0 780 Río Yñola desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona. 819951 4741122 15,5 781 Río Garona desde el río Yñola hasta el río Balartias. 818346 4735230 1,8 782 Río Garona desde el río Balartias hasta el río Negro. 814336 4734630 7,2 783 Río Negro desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona. 808129 4731283 10,7 784 Río Garona desde el río Negro hasta el río Barrados. 809745 4737264 5,7 785 Río Ara desde su nacimiento hasta el río Arazas (incluye río Arazas). 737070 4731059 33,3 786 Río Garona desde el río Barrados hasta el río Jueu (incluye río Barrados). 809003 4741459 18,7 787 Río Jueu desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona (incluye arroyos Geles, La Ribenta, Pumero y La Mojoya). 803965 4734098 24,4 788 Río Garona desde el río Jueu hasta su entrada en el Embalse de Torán (incluye ríos Margalida y Toran). 804591 4743468 20,5 789 Río Albiña desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Albiña. 532865 4762841 3,4 790 Río Albiña desde la Presa de Albiña hasta la cola del Embalse de Urrúnaga. 529580 4759559 2,4 793 Río Arga desde la población de Olaverri hasta la cola del Embalse de Eugui. 621118 4762376 4,7 795 Río Ebro desde la Presa de Cereceda y el azud de Trespaderne hasta el río Oca. 462824 4735680 4,3 796 Río Ebro desde la población de Puente Arenas hasta la cola del Embalse de Cereceda. 455475 4741019 8,2 797 Río Ebro desde el río Purón hasta la cola del Embalse de Sobrón. 482714 4735848 4,0 798 Río Ebro desde la Presa de Sobrón hasta la central de Sobrón y la cola del Embalse de Puentelarrá. 492651 4734404 2,9 801 Río Noguera de Tor desde su nacimiento hasta el río San Nicolás. 816298 4721981 8,6 805 Río Tirón desde el río Encemero y la cola del Embalse de Leiva hasta el río Reláchigo. 495667 4705631 6,3 807 Río Gállego desde la central de Anzánigo y el azud hasta la cola del Embalse de La Peña. 692188 4695872 6,1 810 Río Albercos desde la Presa de Ortigosa hasta su desembocadura en el río Iregua. 527951 4668494 2,4 812 Río Flumen desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Montearagón y el salto de Roldán. 718434 4686125 18,8 814 Río Isuela desde su nacimiento hasta el puente de Nueno y los azudes de La Hoya (incluye Embalse de Arguís). 710068 4687099 9,7 816 Río Sotón desde el río Riel hasta la cola del Embalse de La Sotonera. 695314 4669074 9,8 817 Río Gállego desde la central de Marracos hasta el río Sotón. 684776 4655926 9,4 818 Río Noguera Pallaresa desde la Presa de Terradets hasta la cola del Embalse de Camarasa. 821469 4660992 3,8 820 Río Noguera Ribagorzana desde la Presa de Santa Ana hasta la toma de canales en Alfarrás. 797337 4639992 6,1 821 Río Huerva desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Las Torcas. 647656 4553161 67,1 822 Río Huerva desde el azud de Villanueva de Huerva hasta la cola del Embalse de Mezalocha. 663927 4582353 9,7 823 Río Aranda desde su nacimiento hasta la población de Brea de Aragón. 606226 4602402 32,6 825 Río Montsant desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Montsant. 826574 4583174 29,7 826 Río Montsant desde la Presa de Montsant hasta su desembocadura en el río Ciurana. 813194 4570974 32,6 827 Río Guadalope desde el azud de Rimer hasta la Presa de Moros (muro de desvío a los túneles). 751485 4568840 3,7 828 Río Pancrudo desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Lechago. 660109 4523996 36,7 829 Río Pancrudo desde la Presa de Lechago (en construcción) hasta su desembocadura en el río Jiloca. 642264 4536666 0,8 830 Río Asmat desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Guiamets. 821271 4559118 12,4 831 Río Asmat desde la Presa de Guiamets hasta su desembocadura en el río Ciurana. 811311 4557412 8,5 833 Río Estercuel desde su nacimiento hasta el Embalse de Escuriza. 699808 4522598 20,5 834 Río Escuriza desde su nacimiento hasta la población de Crivillén. 703149 4521720 17,0 836 Río Huerva desde la Presa de las Torcas hasta el azud de Villanueva de Huerva. 661783 4575779 9,1 837 Río Iriola desde su nacimiento hasta cola del Embalse de Urrúnaga. 530281 4763507 5,0 838 Río Astón desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Sotonera. 693941 4670675 12,5 839 Barranco Forcos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara. 731593 4713490 8,5 841 Río Híjar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 398021 4763545 27,6 842 Río Torán desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona. 811169 4747755 14,4 847 Río Aguas Limpias desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego (incluye Embalse de Lasarra). 720927 4743883 11,6 848 Río Gállego desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Lanuza y el retorno de las centrales de Sallent. 713930 4739671 9,3 849 Río Escarra desde su nacimiento hasta la Presa de Escarra (incluye Embalse de Escarra). 713568 4734899 7,2 851 Río Balartias desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona. 817374 4731081 9,4 852 Río Cinca desde su nacimiento hasta el río Barrosa (inicio de la canalización del río Cinca). 755923 4727356 18,6 855 Río Aigua Moix desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona y el río Ruda. 822141 4729596 13,1 861 Río Val desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de El Val. 588057 4632446 25,2 866 Río Ebro desde su salida del Embalse de El Cortijo hasta el río Iregua. 544107 4703183 10,6 869 Río Cinca desde el río Clamor II Amarga hasta el río Alcanadre. 762971 4619026 19,1 870 Río Cinca desde el río Alcanadre hasta la Clamor Amarga 770897 4610726 10,2 871 Canal del Alto Jiloca. 642746 4496641 42,9 886 Canal Imperial de Aragón. 656089 4623422 111,3 911 Río Guadalope desde la Presa de Moros (muro de desvío a los túneles) hasta el dique de Caspe. 748891 4569156 6,8 912 Embalse de Pena. 763885 4522553 2,0 913 Embalse de Gallipuén. 717593 4527670 1,3 914 Río Regallo desde su nacimiento hasta el cruce del canal de Valmuel. 723428 4545438 23,5 915 Río Albercos desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Ortigosa. 523893 4669329 5,9 916 Embalse de Ortigosa. 526561 4669730 1,9 917 Río Arba de Riguel desde el puente de la carretera A-1202 de Uncastillo a Luesia hasta la población de Sádaba (paso del canal con río Riguel antes del pueblo). 650332 4688307 21,4 948 Barranco de La Nava desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alhama. 595361 4650960 18,0 949 Embalse de Ribarroja. 780758 4580088 45,0 950 Río Salado desde la toma de la central de Alloz hasta el retorno de la central de Alloz. 589673 4724471 13,2 951 Río Guadalope desde la Presa de Santolea hasta el azud de Abénfigo. 728669 4519496 9,9 952 Río Najerilla desde el contraembalse del Embalse de Mansilla hasta el río Urbión. 508903 4668835 2,3 953 Río Iregua desde el azud del canal de trasvase al Embalse de Ortigosa hasta el río Lumbreras. 528426 4663309 1,1 954 Río Queiles desde el río Val hasta Tarazona (incluye río Val desde la Presa del Embalse de El Val hasta su desembocadura en río Queiles). 602349 4638431 5,9 955 Río Gállego desde la Presa de La Peña hasta la población de Riglos. 686131 4692727 5,9 956 Río Ebro desde la Presa de Puentelarrá hasta el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro. 499059 4730567 11,3 957 Río Segre desde el río Sió hasta el río Cervera. 816383 4632209 6,1 958 Río Irati desde la Presa de Irabia hasta la central hidroeléctrica de Betolegui. 646734 4760593 11,7 959 Río Segre desde el río Llobregós hasta el azud del Canal de Urgel. 845461 4649455 2,5 960 Río Noguera Pallaresa desde el río Conqués hasta la cola del Embalse de Terradets. 822445 4669263 3,2 961 Río Noguera Ribagorzana desde la Presa del contraembalse de Escales hasta el río Sobrecastell. 808357 4688324 6,9 962 Río Gállego desde el azud, la central de Ardisa y las tomas del canal del Gállego y de Marracos hasta la central de Marracos. 685463 4665359 20,4 963 Río Guadalope desde la Presa de Caspe hasta el azud de Rimer. 753877 4562532 21,5 964 Río Escarra desde la Presa de Escarra hasta su desembocadura en el río Gállego. 718296 4735672 3,8 1048 Río Segre desde la Presa del Embalse de Balaguer hasta la confluencia con el río Sió. 817197 4636596 4,9 1049 Embalse de Balaguer. 817840 4639379 2,7 1701 Río Padrobaso desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Bayas. 515204 4764965 5,4 1702 Río Omecillo desde el río Húmedo hasta el río Salado. 495888 4740098 6,9 1703 Arroyo Omecillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Omecillo. 499797 4738915 7,6 1742 Río Ega I desde el río Istora hasta el río Urederra. 565972 4723566 32,8 Anexo 2.2. Masas de agua superficial. Categoría: Lago CÓDIGO NOMBRE X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide SUPERFICIE (km2) 965 Estany Romedo de Baix. 855121 4736596 0,1 966 Estany Gémena de Baix. 813401 4720513 0,1 967 Lac de Mar. 814788 4726321 0,5 968 Laguna de Sariñena. 734286 4631134 2,1 969 Estany Superior d'Arreu. 828948 4733423 0,1 970 Lago Redondo. 809805 4727840 0,3 971 Estany Salat. 825124 4713893 0,1 972 Estany de Travessany. 818108 4724939 0,1 973 Galacho de Juslibol. 672097 4618530 0,5 974 Laguna de Carralogroño. 535595 4710140 0,1 975 Estany Gerber. 827480 4727378 0,2 976 Galacho de La Alfranca. 685929 4608303 0,5 977 Estany Gento. 828860 4714191 0,2 978 Estany de Liat. 816771 4746489 0,3 979 Estany Fondo. 860234 4730898 0,1 980 Estany de Mariola. 845832 4737923 0,2 981 Estany de Montolíu. 821031 4744266 0,1 982 Embalse Bramatuero Alto. 729500 4740304 0,3 983 Ibón de Cregueña. 796953 4726782 0,4 984 Laguna de Gallocanta. 626355 4536679 9,7 985 Laguna de La Estanca. 739631 4568989 0,3 986 Embalse de Bachimaña Alto. 727100 4740390 0,3 987 Estany Negre. 817719 4724072 0,1 988 Salada Grande o Laguna de Alcañiz. 734990 4547311 0,6 989 Laguna de la Playa. 734994 4589100 2,2 990 Laguna Salada de Chiprana. 735897 4569275 1,6 991 Laguna Larga. 495227 4654576 0,1 992 Laguna de Carravalseca. 535715 4709201 0,1 993 Pantano de la Grajera. 540671 4699147 0,5 994 Lac de Ríus. 811658 4727811 0,2 995 Estany de Contraig. 821455 4722437 0,1 996 Estany de Sant Maurici. 828507 4722139 0,2 997 Estany de Baiau. 863523 4725421 0,1 998 Estany Gran de Tumeneia. 816642 4725058 0,1 999 Embalse de Arriel alto. 719449 4746099 0,1 1000 Embalse bajo del Pecico. 726468 4742456 0,1 1001 Lago de Urdiceto. 768875 4728939 0,3 1002 Embalse de Tramacastilla. 715454 4733583 0,1 1003 Embalse de Ip. 708151 4732907 0,2 1004 Lac de Naut de Saboredo. 825614 4725190 0,1 1005 Estany de les Mangades. 818525 4726081 0,1 1006 Estany d'Airoto. 830771 4735622 0,2 1007 Embalse de las Cañas. 549247 4703730 1,0 1008 Estany Negre. 831933 4717608 0,3 1009 Estany Tort. 827119 4715447 0,4 1010 Estany de la Gola. 841793 4734305 0,1 1011 Estany dels Monges. 817828 4725873 0,1 1012 Estany de la Llebreta. 819220 4718091 0,1 1013 Embalse Bramatuero Bajo. 727920 4741321 0,2 1014 Estanque Grande de Estanya. 792153 4658962 0,2 1015 Estany Gran del Pessó. 821563 4714000 0,1 1016 Laguna de Pitillas. 616561 4695488 1,8 1017 Laguna Negra. 494857 4655094 0,1 1018 Estany Tort de Rius. 812783 4726771 0,4 1019 Lago de Arreo. 500862 4736172 0,1 1020 Lac Major de Colomers. 821700 4726536 0,1 1021 Estany Neriolo. 826167 4716507 0,2 1022 La Estanca. 735889 4549415 1,5 1023 Estany Fosser. 826893 4714444 0,1 1024 Estany Cubeso. 826304 4717167 0,3 1025 Encharcamiento de Salburúa y Balsa de Arkaute. 530071 4745236 0,3 1026 Estany de Cap del Port. 830677 4716827 0,1 1027 Lago de Marboré. 749045 4731370 0,1 1028 Estany de Mar. 829307 4715782 0,4 1029 Estany de Montcortés. 829153 4694257 0,1 1030 Lac Major de Saboredo. 825598 4725763 0,1 1031 Estany Obago. 823376 4725541 0,1 1032 Estany de Certascan. 852307 4737593 0,6 1033 Embalse de Respomuso. 721767 4743429 0,5 1034 Estany Reguera. 825233 4714516 0,1 1035 Laguna de Lor. 611666 4648964 0,4 1036 Embalse Tort-Trulló. 831931 4718247 0,1 1037 Laguna del Musco. 535876 4709530 0,0 1038 Estany Saburó de Baix. 829636 4716436 0,3 1039 Embalse de Brazato. 728421 4737049 0,2 1040 Estany Major. 842712 4735450 0,1 1041 Estany Romedo. 854100 4737091 0,1 1042 Laguna Honda. 613517 4523939 0,1 1043 Estany de Cavallers. 816430 4722552 0,5 1044 Estany Colomina. 828703 4715433 0,2 1045 Encharcamientos de Salburúa y Balsa de Betoño. 528732 4745086 0,2 1046 Cañizar de Villarquemado. 645233 4485096 11,3 1047 Cañizar de Alba. 640800 4499271 1,6 1670 LAlfacada. 823952 4510272 0,7 1674 El Canal Vell. 819853 4516784 2,6 1675 LEncanyssada. 810437 4506561 8,8 1676 Els Calaixos. 826066 4513088 5,1 1677 Balsa de la Morea. 611585 4731983 0,1 1678 Balsa del Pulguer. 606868 4656767 0,2 1679 Embalse de Utchesa Seca. 794560 4600984 1,7 1680 Embalse de La Loteta. 638286 4630906 10,6 1681 Embalse de Monteagudo. 568534 4582072 0,5 1682 Laguna de Prao de la Paúl 535029 4711481 0,3 1683 Salinas de Añana 501153 4738472 0,2 1686 Delta del Ebro 803789 4508624 0,2 1743 Complejo lagunar humedales de la Sierra de Urbió 509288 4651438 0,0 1744 Laguna de Urbión 509424 4651220 0,0 1745 Complejo lagunar Cuenca de San Nicolás (1,3) 824165 4720968 0,6 1746 Complejo lagunar Cuenca de Flamisell (1,3) 826287 4717847 0,6 1747 Complejo lagunar Cuenca de San Antonio (1,3) 832228 4715870 0,1 1748 Complejo lagunar Cuenca del Peguera (1,3) 831643 4718553 0,1 1749 Complejo lagunar Cuenca del Espot (1,3) 826940 4724024 0,2 1750 Complejo lagunar Cuenca del Bonaigua (1,3) 830187 4725775 0,2 1751 Complejo lagunar Cuenca Noguera del Torr (1,3) 813158 4721334 0,5 1752 Complejo lagunar Cuenca Noguera del Torr tipo 4 812634 4720206 0,0 1753 Complejo lagunar Cuenca del Espot tipo 4 834540 4717737 0,0 1754 Complejo lagunar Cuenca de Peguera tipo 4 833093 4719035 0,0 1755 Complejo Lagunar Cuenca del Bohi tipo 3 821025 4713846 0,0 1756 Complejo lagunar Cuenca San Nicolas tipo 4 824150 4718119 0,1 1757 Ullals de Baltasar 804058 4508494 0,0   Anexo 2.3. Masas de agua superficial. Categoría: Aguas de transición Código Nombre X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide Superficie (km2) 892 Bahía del Fangal. 815706 4520599 22,5 893 Bahía de Los Alfaques. 808566 4501206 70,2 1671 Els Alfacs 809091 4501206 24,5 1684 Delta del Ebro 808711 4513715 0,0 1685 Delta del Ebro 806711 4504890 1,8 1687 Delta del Ebro 813370 4507256 0,1 1688 Delta del Ebro 821008 4508167 27,2 891 Río Ebro desde Tortosa hasta desembocadura (aguas de transición). 809222 4514087 45,1   Anexo 2.4. Masas de agua superficial. Categoría: Aguas costeras Código Nombre X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide Superficie (km2) 894 Delta Norte 826250 4510009 172,4 895 Delta Sur 816815 4501963 74,8 896 Alcanar 802942 4492290 63,0   ANEXO 3 Masas de agua subterránea CÓDIGO NOMBRE X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide SUPERFICIE (km2) HORIZONTE 001 Fontibre 402650 4762364 150,3 Superior 002 Páramo de Sedano y Lora 431755 4729581 743,9 Superior 003 Sinclinal de Villarcayo 460292 4750544 878,7 Superior 004 Manzanedo-Oña 453385 4737651 232,1 Superior 005 Montes Obarenes 479361 4731180 270,3 Superior 006 Pancorbo-Conchas de Haro 501919 4721446 72,9 Superior 007 Valderejo-Sobrón 487124 4734382 251,2 Superior 008 Sinclinal de Treviño 513447 4731122 578,5 Superior 009 Aluvial de Miranda de Ebro 502296 4726477 47,4 Superior 010 Calizas de Losa 484589 4760247 291,2 Superior 011 Calizas de Subijana 513144 4744824 194,6 Superior 012 Aluvial de Vitoria 531973 4739582 108,3 Superior 013 Cuartango-Salvatierra 531035 4738464 594,0 Superior 014 Gorbea 520341 4762703 34,4 Superior 015 Altube-Urkilla 532231 4758185 273,1 Superior 016 Sierra de Aizkorri 558959 4750314 60,8 Superior 017 Sierra de Urbasa 558584 4740694 358,4 Superior 018 Sierra de Andía 588963 4743583 300,2 Superior 019 Sierra de Aralar 585892 4756439 140,4 Superior 020 Basaburúa-Ulzama 599915 4760147 284,5 Superior 021 Izki-Zudaire 551947 4731348 157,5 Superior 022 Sierra de Cantabria 528340 4717727 251,9 Superior 023 Sierra de Lóquiz 563602 4725862 448,1 Superior 024 Bureba 456671 4706696 84,4 Superior 025 Alto Arga-Alto Irati 635415 4751730 1580,2 Superior 026 Larra 680029 4754482 62,7 Superior 027 Ezcaurre-Peña Telera 694232 4738451 376,3 Superior 028 Alto Gállego 721365 4739687 296,2 Superior 029 Sierra de Alaiz 608416 4732249 278,5 Superior 030 Sinclinal de Jaca-Pamplona 672093 4697812 4066,3 Superior 031 Sierra de Leyre 662380 4724368 490,5 Superior 032 Sierra Tendeñera-Monte Perdido 742211 4726513 571,8 Superior 033 Santo Domingo-Guara 711737 4685699 838,2 Superior 034 Macizo Axial Pirenaico 826943 4719398 4096,1 Superior 035 Alto Urgell 872032 4698067 100,8 Superior 036 La Cerdanya 897611 4700564 258,4 Superior 037 Cotiella-Turbón 785734 4704426 827,6 Superior 038 Tremp-Isona 830914 4674885 1598,1 Superior 039 Cadí-Port del Comte 875830 4688167 393,3 Superior 040 Sinclinal de Graus 787029 4682717 1054,6 Superior 041 Litera Alta 784077 4664217 904,8 Superior 042 Sierras Marginales Catalanas 825853 4650062 761,5 Superior 043 Aluvial del Oca 475323 4717758 92,2 Superior 044 Aluvial del Tirón 490644 4703965 29,5 Superior 045 Aluvial del Oja 509519 4702137 212,9 Superior 046 Laguardia 537659 4709219 473,3 Superior 047 Aluvial del Najerilla-Ebro 525021 4682731 116,9 Superior 048 Aluvial de La Rioja-Mendavia 556483 4694686 188,1 Superior 049 Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela 599518 4656533 642,9 Superior 050 Aluvial del Arga Medio 596686 4705072 30,4 Superior 051 Aluvial del Cidacos 614186 4702931 60,7 Superior 052 Aluvial del Ebro:Tudela-Alagón 633381 4632840 641,9 Superior 053 Arbas 650060 4669531 389,6 Superior 054 Saso de Bolea-Ayerbe 698663 4678558 291,7 Superior 055 Hoya de Huesca 711420 4669410 211,0 Superior 056 Sasos de Alcanadre 734518 4651158 488,1 Superior 057 Aluvial del Gállego 681490 4624895 271,3 Superior 058 Aluvial del Ebro: Zaragoza 679483 4612178 632,3 Superior 059 Lagunas de los Monegros 731710 4588844 104,4 Superior 060 Aluvial del Cinca 769721 4616458 271,1 Superior 061 Aluvial del Bajo Segre 798793 4609261 181,7 Superior 062 Aluvial del Medio Segre 841083 4649478 17,8 Superior 063 Aluvial de Urgell 826745 4613772 275,7 Superior 064 Calizas de Tárrega 857971 4625881 794,7 Superior 065 Pradoluengo-Anguiano 513723 4682710 248,6 Superior 066 Fitero-Arnedillo 573143 4665529 97,5 Superior 067 Detrítico de Arnedo 574385 4670938 124,3 Superior 068 Mansilla-Neila 509765 4654786 198,8 Superior 069 Cameros 554170 4665321 1814,4 Superior 070 Añavieja-Valdegutur 582668 4637606 416,2 Superior 071 Araviana-Vozmediano 587698 4627658 113,5 Superior 072 Somontano del Moncayo 617131 4620038 1310,8 Superior 073 Borobia-Aranda de Moncayo 592932 4608342 165,8 Superior 074 Sierras Paleozicas de la Virgen Y Vicort 629909 4583699 1198,6 Superior 075 Campo de Cariñena 655449 4584212 801,0 Superior 076 Pliocuaternario de Alfamén 642638 4585614 275,5 Superior 077 Mioceno de Alfamén 642638 4585614 275,5 Inferior 078 Manubles-Ribota 597729 4592322 451,1 Superior 079 Campo de Belchite 692803 4580591 1037,8 Superior 080 Cubeta de Azuara 672926 4564317 381,2 Superior 081 Aluvial Jalón-Jiloca 621834 4564299 81,7 Superior 082 Huerva-Perejiles 635711 4558822 762,2 Superior 083 Sierra Paleozoica de Ateca 609638 4564583 749,0 Superior 084 Oriche-Anadón 672081 4537939 162,5 Superior 085 Sierra de Miñana 580382 4593055 198,2 Superior 086 Páramos del Alto Jalón 581681 4548209 2294,9 Superior 087 Gallocanta 627150 4537795 222,9 Superior 088 Monreal-Calamocha 643794 4523372 746,5 Superior 089 Cella-Ojos de Monreal 638970 4488158 866,9 Superior 090 Pozondón 635141 4480744 152,7 Superior 091 Cubeta de Oliete 692878 4541354 1214,6 Superior 092 Aliaga-Calanda 707971 4514589 1861,1 Superior 093 Alto Guadalope 695581 4492676 117,6 Superior 094 Pitarque 713350 4480447 529,6 Superior 095 Alto Maestrazgo 728470 4493421 862,5 Superior 096 Puertos de Beceite 767923 4519393 645,2 Superior 097 Fosa de Mora 807782 4554169 582,6 Superior 098 Priorato 824880 4569193 300,2 Superior 099 Puertos de Tortosa 784032 4521884 203,5 Superior 100 Boix-Cardó 803127 4527720 293,8 Superior 101 Aluvial de Tortosa 799649 4517746 67,0 Superior 102 Plana de la Galera 789737 4517428 358,4 Superior 103 Mesozoico de la Galera 789737 4517428 358,4 Inferior 104 Sierra del Montsiá 796356 4506188 94,6 Superior 105 Delta del Ebro 815678 4502602 343,3 Superior   ANEXO 4 Condiciones de referencia, límites de cambio de clase y valores umbral Anexo 4.1. Indicadores biológicos INDICADOR TIPO DENOMINACIÓN CONDICIÓN DE REFERENCIA LÍMITE MUY BUENO / BUENO LÍMITE BUENO / MODERADO LÍMITE MODERADO / DEFICIENTE LÍMITE DEFICIENTE / MALO IBMWP 109 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 160 125 94 62 32 IBMWP 111 Ríos de montaña mediterránea silícea 180 140 106 70 36 IBMWP 112 Ríos de montaña mediterránea calcárea 150 134 101 68 33 IBMWP 115 Ejes mediterráneos-continentales poco mineralizados - 134 101 68 33 IBMWP 116 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados - 134 101 68 33 IBMWP 117 Grandes ejes en ambiente mediterráneo - 134 101 68 33 IBMWP 126 Ríos de montaña húmeda calcárea 161 127 95 63 32 IBMWP 127 Ríos de alta montaña 158 136 103 68 35 IPS 109 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 17,5 16,8 12,6 8,4 4,2 IPS 111 Ríos de montaña mediterránea silícea 16,5 16,2 12,2 8,1 4,1 IPS 112 Ríos de montaña mediterránea calcárea 17,0 16,0 11,9 8,0 3,9 IPS 115 Ejes mediterráneos-continentales poco mineralizados - 16,0 11,9 8,0 3,9 IPS 116 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados - 16,0 11,9 8,0 3,9 IPS 117 Grandes ejes en ambiente mediterráneo - 16,0 11,9 8,0 3,9 IPS 126 Ríos de montaña húmeda calcárea 17,7 16,3 12,2 8,1 4,1 IPS 127 Ríos de alta montaña 18,7 17,4 13,1 8,8 4,3   Anexo 4.2. Indicadores físico-químicos independientes del tipo de masa de agua INDICADOR TIPO Cálculo LÍMITE MUY BUENO / BUENO LÍMITE BUENO / MODERADO Nitratos (mg NO3/L) todos promedio (<) 10 25 Fosfatos (mg PO4/L) todos promedio (<) 0,15 0,40 Fósforo total (mg P/L) todos promedio (<) 0,06 0,12 Oxígeno disuelto (mg O2/L) todos mínimo (>) 7 5 Amonio (mg NH4/L) todos promedio (<) 0,25 1,00 Nitritos (mg NO2/L) todos promedio (<) 0,10 0,15 Demanda química de oxígeno (mg O2/L) todos promedio (<) 10 15   Anexo 4.3. Indicadores físico-químicos dependientes del tipo de masa de aguas INDICADOR TIPO DENOMINACIÓN CONDICIÓN DE REFERENCIA LÍMITE MUY BUENO / BUENO LÍMITE BUENO / MODERADO Oxígeno (mg/L) 109 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 9,0 7,6 6,7 Oxígeno (mg/L) 111 Ríos de montaña mediterránea silícea 10,0 8,5 7,5 Oxígeno (mg/L) 112 Ríos de montaña mediterránea calcárea 9,7 8,2 7,2 Oxígeno (mg/L) 115 Ejes mediterráneos-continentales poco mineraliz. - 8,2 7,2 Oxígeno (mg/L) 116 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados - 8,2 7,2 Oxígeno (mg/L) 117 Grandes ejes en ambiente mediterráneo - 8,2 7,2 Oxígeno (mg/L) 126 Ríos de montaña húmeda calcárea 8,8 7,4 6,6 Oxígeno (mg/L) 127 Ríos de alta montaña 9,4 7,9 7,0 Conductividad (uS/cm) 109 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 500 1000 1500 Conductividad (uS/cm) 111 Ríos de montaña mediterránea silícea 80 250 500 Conductividad (uS/cm) 112 Ríos de montaña mediterránea calcárea 510 1000 1500 Conductividad (uS/cm) 115 Ejes mediterráneos-continentales poco mineraliz. - 1000 1500 Conductividad (uS/cm) 116 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados - 1000 1500 Conductividad (uS/cm) 117 Grandes ejes en ambiente mediterráneo - 1000 1500 Conductividad (uS/cm) 126 Ríos de montaña húmeda calcárea 230 400 600 Conductividad (uS/cm) 127 Ríos de alta montaña 60 200 300 pH 109 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 8,1 7,3-9,0 6,5-9,0 pH 111 Ríos de montaña mediterránea silícea 8,1 7,3-9,0 6,5-9,0 pH 112 Ríos de montaña mediterránea calcárea 8,2 7,4-9,0 6,5-9,0 pH 115 Ejes mediterráneos-continentales poco mineraliz. - 7,4-9,0 6,5-9,0 pH 116 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados - 7,4-9,0 6,5-9,0 pH 117 Grandes ejes en ambiente mediterráneo - 7,4-9,0 6,5-9,0 pH 126 Ríos de montaña húmeda calcárea 8,2 7,4-9,0 6,5-9,0 pH 127 Ríos de alta montaña 7,5 6,7-8,3 6,0-9,0   Anexo 4.4. Indicadores hidromorfológicos INDICADOR TIPO DENOMINACIÓN CONDICIÓN DE REFERENCIA LÍMITE MUY BUENO / BUENO IHF 109 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 77,0 73,2 IHF 111 Ríos de montaña mediterránea silícea 72,0 66,2 IHF 112 Ríos de montaña mediterránea calcárea 74,0 59,9 IHF 115 Ejes mediterráneos-continentales poco mineralizados - 59,9 IHF 116 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados - 59,9 IHF 117 Grandes ejes en ambiente mediterráneo - 59,9 IHF 126 Ríos de montaña húmeda calcárea 63,5 57,2 IHF 127 Ríos de alta montaña 72,0 68,4 QBR 109 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 85,0 71,4 QBR 111 Ríos de montaña mediterránea silícea 87,5 77,9 QBR 112 Ríos de montaña mediterránea calcárea 85,0 69,7 QBR 115 Ejes mediterráneos-continentales poco mineralizados - 69,7 QBR 116 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados - 69,7 QBR 117 Grandes ejes en ambiente mediterráneo - 69,7 QBR 126 Ríos de montaña húmeda calcárea 72,5 65,3 QBR 127 Ríos de alta montaña 94,0 88,4   Anexo 4.5. Valores umbral para masas de aguas suberráneas PARÁMETROS DEL ANEXO II DEL REAL DECRETO 1514/2009 DE 2 DE OCTUBRE PARÁMETROS VALOR UMBRAL MASAS DE AGUA PARA LAS QUE SE HA ESTABLECIDO EL VALOR UMBRAL   PARÁMETROS VALOR UMBRAL MASAS DE AGUA PARA LAS QUE SE HA ESTABLECIDO EL VALOR UMBRAL Arsénico 0,010 mg/l (029, 049, 058)   Sulfatos 100 mg/l (029) 0,035 mg/l (064)   140mg/l (030) Cadmio 0,005 mg/l (058)   1260 mg/l (044; 045) Plomo 0,025 mg/l (029, 049, 058)   260 mg/l (047; 055) Mercurio 0,001 mg/l (049)   1770 mg/l (048) Amonio 0,5 mg/l (012, 049, 058, 060, 061, 075, 087)   610 mg/l (049) Cloruros 250 mg/l (009)   620 mg/l (050) 40 mg/l (029)   390 mg/l (051) 1350 mg/l (30)   1450 mg/l (052; 075) 660 mg/l (48)   130 mg/l (053) 400 mg/l (49)   300 mg/l (054; 092) 470 mg/l (50)   280 mg/l (056) 580 mg/l (52)   930 mg/l (057; 061; 079) 60 mg/l (53)   1490 mg/l (058) 480 mg/l (54)   1250 mg/l (060) 140 mg/l (56)   370 mg/l (063) 390 mg/l (57)   1130 mg/l (064) 2550 mg/l (58)   990 mg/l (067) 280 mg/l (60; 61)   350 mg/l (076; 077) 300 mg/l (64; 97)   4200 mg/l (081) 700 mg/l (67)   200mg/l (086; 087) 130 mg/l (76; 77)   400 mg/l (088; 097) 570 mg/l (79)   250 mg/l (089) 4750 mg/l (81)   1300 mg/l (091) 90 mg/l (87)   550 mg/l (104) 160 mg/l (89)   Tricloroetileno 0,01 mg/l (049, 058) 180 mg/l (101)   Tetracloroetileno 0,01 mg/l (049, 058) 370 mg/l (102; 103)         1900 mg/l (104)             PARÁMETROS ADICCIONLES PARA LOS QUE SE HAN ESTABLECIDO VALORES UMBRAL   PARÁMETROS CON NORMA DE CALIDAD DEL ANEXO I DEL REAL DECRETO 1514/2009 DE 2 DE OCTUBRE PARÁMETROS VALOR UMBRAL MASAS DE AGUA PARA LAS QUE SE HA ESTABLECIDO EL VALOR UMBRAL   PARÁMETROS VALOR UMBRAL MASAS DE AGUA PARA LAS QUE SE HA ESTABLECIDO EL VALOR UMBRAL Aluminio 0,2 mg/l (029, 049)   Nitratos 50 mg/l (todas) Boro 1 mg/l (029, 049)   Plaguicidas individual 0,0001 mg/l (todas) Cobre 2 mg/l (058)   Hierro 0,2 mg/l (029, 049, 058)   Plaguicidas suma 0,0005 mg/l (todas) Manganeso 0,05 mg/l (029, 049)   Níquel 0,02 mg/l (049)         Nitritos 0,1 mg/l (045, 048, 049, 051, 052, 054, 058, 060, 061, 063, 064, 075, 087, 097)         Selenio 0,01 mg/l (049)           ANEXO 5 Masas de agua artificiales y muy modificadas Anexo 5.1. Masas de agua artificiales y muy modificadas. Río muy modificado CÓDIGO NOMBRE X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide LONGITUD (km) NATURALEZA 1 Embalse del Ebro 419386 4759636 35,1 Río muy modificado 2 Embalse de Urrúnaga 527353 4757081 18,9 Río muy modificado 4 Embalse de Irabia 651070 4761643 5,1 Río muy modificado 5 Embalse de Albiña 530983 4762050 3,3 Río muy modificado 6 Embalse de Eugui 621188 4759200 3,1 Río muy modificado 7 Embalse de Ullivarri-Gamboa 535277 4752592 16,4 Río muy modificado 17 Embalse de Cereceda 460239 4738578 4,0 Río muy modificado 19 Embalse de Lanuza 719118 4737690 3,0 Río muy modificado 22 Embalse de Sobrón 487329 4734044 10,2 Río muy modificado 25 Embalse de Búbal 720314 4729414 6,8 Río muy modificado 26 Embalse de Puentelarrá 494761 4734194 5,3 Río muy modificado 27 Embalse de Alloz 586448 4728940 6,5 Río muy modificado 34 Embalse de Baserca 808492 4721783 2,5 Río muy modificado 37 Embalse de Yesa 656292 4718136 23,0 Río muy modificado 39 Embalse de Sabiñánigo 717714 4710240 3,4 Río muy modificado 40 Embalse de El Cortijo 540010 4705691 4,7 Río muy modificado 42 Embalse de Mediano desde el río Ara hasta la Presa 761946 4690881 18,5 Río muy modificado 43 Embalse de Escales 808895 4694267 11,3 Río muy modificado 44 Embalse de La Peña 687704 4694839 9,0 Río muy modificado 47 Embalse de El Grado 765678 4672880 22,7 Río muy modificado 50 Embalse de Talarn 825875 4679641 11,1 Río muy modificado 51 Embalse de Vadiello 724619 4680261 3,7 Río muy modificado 53 Embalse de Oliana 856379 4669669 14,9 Río muy modificado 54 Embalse de Montearagón 717162 4675263 7,9 Río muy modificado 55 Embalse de Ardisa 685396 4673406 4,4 Río muy modificado 56 Embalse de Barasona 775304 4669177 9,4 Río muy modificado 58 Embalse de Canelles 800934 4654195 30,9 Río muy modificado 59 Embalse de Terradets 821763 4663237 6,8 Río muy modificado 61 Embalse de Mansilla 504336 4666250 8,9 Río muy modificado 62 Embalse de La Sotonera 691605 4664892 3,1 Río muy modificado 63 Embalse de Rialb 852265 4656728 34,3 Río muy modificado 64 Embalse de Pajares 533361 4659488 4,5 Río muy modificado 65 Embalse de Camarasa 820106 4646713 20,2 Río muy modificado 66 Embalse de Santa Ana 798097 4643443 13,6 Río muy modificado 67 Embalse de San Lorenzo 818728 4640936 2,6 Río muy modificado 68 Embalse de El Val 598635 4637198 4,4 Río muy modificado 70 Embalse de Mequinenza 755088 4575342 96,6 Río muy modificado 71 Embalse de Mezalocha 661108 4586997 2,5 Río muy modificado 72 Embalse de Margalef 817982 4580325 3,8 Río muy modificado 73 Embalse de Ciurana 828532 4573964 1,8 Río muy modificado 74 Embalse de Flix 792558 4573633 13,4 Río muy modificado 75 Embalse de Las Torcas 659056 4571607 4,3 Río muy modificado 76 Embalse de La Tranquera 600573 4567981 12,3 Río muy modificado 77 Embalse de Moneva 681950 4557878 3,8 Río muy modificado 78 Embalse de Caspe 748974 4554606 14,0 Río muy modificado 79 Embalse de Guiamets 816060 4555992 2,6 Río muy modificado 80 Embalse de Cueva Foradada 693817 4538080 3,8 Río muy modificado 82 Embalse de Calanda 734738 4527355 11,1 Río muy modificado 85 Embalse de Santolea 725030 4514418 8,9 Río muy modificado 86 Embalse de Itoiz 634988 4741348 20,9 Río muy modificado 87 Embalse de Lechago (en construcción) 645084 4534116 7,3 Río muy modificado 120 Barranco de la Violada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego 693059 4645157 37,0 Río muy modificado 146 Barranco de la Valcuerna desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mequinenza 747794 4598080 36,9 Río muy modificado 148 Río Sió desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre 844405 4631662 67,4 Río muy modificado 149 Río Cervera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre 840653 4619999 67,1 Río muy modificado 151 Río Corp desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre 835519 4614727 73,1 Río muy modificado 166 Río Tamarite desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca 781656 4624256 42,8 Río muy modificado 911 Río Guadalope desde la Presa de Moros (muro de desvío a los túneles) hasta el dique de Caspe 748891 4569156 6,8 Río muy modificado 912 Embalse de Pena 764130 4522845 2,0 Río muy modificado 913 Embalse de Gallipuén 717966 4527975 1,3 Río muy modificado 916 Embalse de Ortigosa 526134 4670384 1,9 Río muy modificado 949 Embalse de Ribarroja 780811 4569698 45,0 Río muy modificado 1049 Embalse de Balaguer 818053 4638453 2,7 Río muy modificado Anexo 5.2. Masas de agua artificiales y muy modificadas. Río Artificial. CÓDIGO NOMBRE X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide LONGITUD (km) NATURALEZA 871 Canal del Alto Jiloca 642746 4496641 42,9 Río artificial 886 Canal Imperial de Aragón 656089 4623422 111,3 Río artificial Anexo 5.3. Masas de agua artificiales y muy modificadas. Lago muy modificado CÓDIGO NOMBRE X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide SUPERFICIE (km2) NATURALEZA 965 Estany Romedo de Baix 855121 4736596 0,1 Lago muy modificado 967 Lac de Mar 814788 4726321 0,5 Lago muy modificado 968 Laguna de Sariñena 734286 4631134 2,1 Lago muy modificado 973 Galacho de Juslibol 672097 4618530 0,5 Lago muy modificado 976 Galacho de La Alfranca 685929 4608303 0,5 Lago muy modificado 977 Estany Gento 828860 4714191 0,2 Lago muy modificado 982 Embalse Bramatuero Alto 729500 4740304 0,3 Lago muy modificado 986 Embalse de Bachimaña Alto 727100 4740390 0,3 Lago muy modificado 993 Pantano de la Grajera 540671 4699147 0,5 Lago muy modificado 994 Lac de Ríus 811658 4727811 0,2 Lago muy modificado 996 Estany de Sant Maurici 828507 4722139 0,2 Lago muy modificado 999 Embalse de Arriel alto 719449 4746099 0,1 Lago muy modificado 1000 Embalse bajo del Pecico 726468 4742456 0,1 Lago muy modificado 1001 Lago de Urdiceto 768875 4728939 0,3 Lago muy modificado 1002 Embalse de Tramacastilla 715454 4733583 0,1 Lago muy modificado 1003 Embalse de Ip 708151 4732907 0,2 Lago muy modificado 1004 Lac de Naut de Saboredo 825614 4725190 0,1 Lago muy modificado 1007 Embalse de las Cañas 549247 4703730 1,0 Lago muy modificado 1008 Estany Negre 831933 4717608 0,3 Lago muy modificado 1009 Estany Tort 827119 4715447 0,4 Lago muy modificado 1010 Estany de la Gola 841793 4734305 0,1 Lago muy modificado 1013 Embalse Bramatuero Bajo 727920 4741321 0,2 Lago muy modificado 1018 Estany Tort de Rius 812783 4726771 0,4 Lago muy modificado 1020 Lac Major de Colomers 821700 4726536 0,1 Lago muy modificado 1021 Estany Neriolo 826167 4716507 0,2 Lago muy modificado 1022 La Estanca 735889 4549415 1,5 Lago muy modificado 1023 Estany Fosser 826893 4714444 0,1 Lago muy modificado 1024 Estany Cubeso 826304 4717167 0,3 Lago muy modificado 1028 Estany de Mar 829307 4715782 0,4 Lago muy modificado 1030 Lac Major de Saboredo 825598 4725763 0,1 Lago muy modificado 1031 Estany Obago 823376 4725541 0,1 Lago muy modificado 1032 Estany de Certascan 852307 4737593 0,6 Lago muy modificado 1033 Embalse de Respomuso 721767 4743429 0,5 Lago muy modificado 1035 Laguna de Lor 611666 4648964 0,4 Lago muy modificado 1036 Embalse Tort-Trulló 831931 4718247 0,1 Lago muy modificado 1038 Estany Saburó de Baix 829636 4716436 0,3 Lago muy modificado 1039 Embalse de Brazato 728421 4737049 0,2 Lago muy modificado 1043 Estany de Cavallers 816430 4722552 0,5 Lago muy modificado 1044 Estany Colomina 828703 4715433 0,2 Lago muy modificado 1046 Cañizar de Villarquemado 645233 4485096 11,3 Lago muy modificado 1047 Cañizar de Alba 640800 4499271 1,6 Lago muy modificado 1677 Balsa de la Morea 611585 4731983 0,1 Lago muy modificado 1678 Balsa del Pulguer 606868 4656767 0,2 Lago muy modificado   Anexo 5.4. Masas de agua artificiales y muy modificadas. Lago artificial CÓDIGO NOMBRE X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide SUPERFICIE (km2) NATURALEZA 1679 Embalse de Utchesa Seca 794560 4600984 1,7 Lago artificial 1680 Embalse de La Loteta 638286 4630906 10,6 Lago artificial 1681 Embalse de Monteagudo 568534 4582072 0,5 Lago artificial 1682 Laguna de Prao de la Paúl 535029 4711481 0,3 Lago artificial 1683 Salinas de Añana 501153 4738472 0,2 Lago artificial   Anexo 5.5. Masas de agua artificiales y muy modificadas. Transición muy modificada CÓDIGO NOMBRE X (ETRS89) centroide Y (ETRS89) centroide SUPERFICIE (km2) NATURALEZA 892 Bahía del Fangal 815706 4520599 22,5 Transición muy modificada 893 Bahía de Los Alfaques 808566 4501206 70,2 Transición muy modificada 1671 Els Alfacs 809091 4497525 24,7 Transición muy modificada   ANEXO 6 Objetivos medioambientales Anexo 6.1. Objetivos medioambientales. Masas de agua superficiales RÍO * Códi go Nombre masa de agua TIPO Naturaleza cumplimiento objetivo ambiental Cuenca alta del Ebro 841 Río Híjar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca alta del Ebro 465 Río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del Embalse del río Ebro (incluye ríos Izarilla y Marlantes) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca alta del Ebro 466 Río Virga desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse del río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca alta del Ebro 467 Río Nava desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse del río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca alta del Ebro 1 Embalse del Ebro EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Cuenca alta del Ebro 468 Río Ebro desde la Presa del río Ebro hasta el río Polla RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca alta del Ebro 469 Río Polla desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca alta del Ebro 470 Río Ebro desde el río Polla hasta el arroyo Hijedo RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca alta del Ebro 471 Arroyo Hijedo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca alta del Ebro 472 Río Ebro desde el arroyo Hijedo hasta el río Rudrón RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 17 Embalse de Cereceda EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Cuenca semi-alta del Ebro 214 Río Rudrón desde su nacimiento hasta el río San Antón (incluye río Valtierra) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 216 Río San Antón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 217 Río Rudrón desde el río San Antón hasta el río Moradillo RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 218 Río Moradillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 219 Río Rudrón desde el río Moradillo hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 220 Río Trifón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 473 Río Ebro desde el río Rudrón hasta la población de Puente Arenas RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 796 Río Ebro desde la población de Puente Arenas hasta la cola del Embalse de Cereceda RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 795 Río Ebro desde la Presa de Cereceda y el azud de Trespaderne hasta el río Oca RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 224 Río Homino desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca (incluye río Castil) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 222 Río Santa Casilda desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 221 Río Oca desde su nacimiento hasta el río Santa Casilda (incluye río Cerrata y Embalse de Alba) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 223 Río Oca desde el río Santa Casilda hasta el río Homino RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 227 Río Oca desde el río Homino hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 228 Río Ebro desde el río Oca hasta el río Nela y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata RÍO   Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 474 Río Nela desde su nacimiento hasta el río Trema (incluye río Engaña y arroyo Gándara) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 475 Río Trema desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Nela RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 476 Río Nela desde el río Trema hasta el río Trueba RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 477 Río Trueba desde su nacimiento hasta el río Salón (incluye río Corneja) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 231 Río Salón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Trueba (incluye arroyo Pucheruela) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 478 Río Trueba desde el río Salón hasta su desembocadura en el río Nela RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 232 Río Nela desde el río Trueba hasta su desembocadura en el río Ebro y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 399 Río Ebro desde el río Nela y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata hasta el río Jerea en el azud de Cillaperlata RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 233 Río Jerea desde su nacimiento hasta el río Nabón RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 479 Río Nabón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jerea RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 234 Río Jerea desde el río Nabón hasta su desembocadura en el río Ebro en el azud de Cillaperlata RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 400 Río Ebro desde la confluencia con el Jerea en el azud de Cillaperlata hasta la confluencia con el río Molinar RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 235 Río Molinar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 401 Río Ebro desde el río Molinar hasta el río Purón RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 480 Río Purón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 797 Río Ebro desde el río Purón hasta la cola del Embalse de Sobrón RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 22 Embalse de Sobrón EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Cuenca semi-alta del Ebro 798 Río Ebro desde la Presa de Sobrón hasta la central de Sobrón y la cola del Embalse de Puentelarrá RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 26 Embalse de Puentelarrá EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Cuenca semi-alta del Ebro 481 Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye río Nonagro) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 482 Río Húmedo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Omecillo RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 1702 Río Omecillo desde el río Húmedo hasta el río Salado RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 1703 Arroyo Omecillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Omecillo RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 236 Río Omecillo desde el río Salado hasta la cola del Embalse de Puentelarrá RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 956 Río Ebro desde la Presa de Puentelarrá hasta el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 402 Río Ebro desde el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro hasta el río Oroncillo RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 238 Río Oroncillo (o Grillera) desde su nacimiento hasta el río Vallarta RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 237 Río Vallarta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oroncillo RÍO Natural Buen estado al 2015 Cuenca semi-alta del Ebro 239 Río Oroncilllo (o Grillera) desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Cuenca semi-alta del Ebro 1019 Lago de Arreo LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Cuenca semi-alta del Ebro 1683 Salinas de Añana LAGO Artificial Pendiente definir límites de clase Eje del Ebro 403 Río Ebro desde el río Oroncillo hasta el río Bayas RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 404 Río Ebro desde el río Bayas hasta el río Zadorra (final del tramo modificado de Miranda de Ebro) RÍO Natural Buen estado al 2027 Eje del Ebro 407 Río Ebro desde el río Zadorra hasta el río Inglares RÍO Natural Buen estado al 2027 Eje del Ebro 408 Río Ebro desde el río Inglares hasta el río Tirón RÍO Natural Buen estado al 2027 Eje del Ebro 409 Río Ebro desde el río Tirón hasta el río Najerilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 410 Río Ebro desde el río Najerilla hasta su entrada en el Embalse de El Cortijo RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 40 Embalse de El Cortijo EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Eje del Ebro 866 Río Ebro desde su salida del Embalse de El Cortijo hasta el río Iregua RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 411 Río Ebro desde el río Iregua hasta el río Leza RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 412 Río Ebro desde el río Leza hasta el río Linares (tramo canalizado) RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 413 Río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega I RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 415 Río Ebro desde el río Ega I hasta el río Cidacos RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 416 Río Ebro desde el río Cidacos hasta el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 447 Río Ebro desde el río Aragón hasta el río Alhama RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 448 Río Ebro desde el río Alhama hasta el río Queiles RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 449 Río Ebro desde el río Queiles hasta el río Huecha RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 886 Canal Imperial de Aragón RÍO Artificial Buen estado al 2015 Eje del Ebro 450 Río Ebro desde el río Huecha hasta el río Arba de Luesia RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 451 Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2027 Eje del Ebro 452 Río Ebro desde el río Jalón hasta el río Huerva RÍO Natural Buen estado al 2015 Eje del Ebro 453 Río Ebro desde el río Huerva hasta el río Gállego RÍO Natural Buen estado al 2027 Eje del Ebro 454 Río Ebro desde el río Gállego hasta el río Ginel RÍO Natural Buen estado al 2027 Eje del Ebro 455 Río Ebro desde el río Ginel hasta el río Aguas Vivas RÍO Natural Buen estado al 2027 Eje del Ebro 456 Río Ebro desde el río Aguas Vivas hasta el río Martín RÍO Natural Buen estado al 2027 Eje del Ebro 973 Galacho de Juslibol LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Eje del Ebro 976 Galacho de La Alfranca LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 457 Río Ebro desde el río Martín hasta su entrada en el Embalse de Mequinenza RÍO Natural Buen estado al 2027 Tramo bajo del Ebro 70 Embalse de Mequinenza EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 949 Embalse de Ribarroja EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 74 Embalse de Flix EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 459 Río Ebro desde la Presa de Flix hasta el río Cana RÍO Natural Buen estado al 2027 Tramo bajo del Ebro 170 Río Cana desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 460 Río Ebro desde el río Cana hasta el río Ciurana RÍO Natural Buen estado al 2027 Tramo bajo del Ebro 825 Río Montsant desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Montsant RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 72 Embalse de Margalef EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 826 Río Montsant desde la Presa de Montsant hasta su desembocadura en el río Ciurana RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 171 Río Ciurana desde la Presa de Ciurana hasta el río Cortiella y el trasvase de Ruidecañas RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 73 Embalse de Ciurana EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 172 Río Cortiella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ciurana RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 173 Río Ciurana desde el río Cortiella y el trasvase de Ruidecañas hasta el río Montsant RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 174 Río Ciurana desde el río Montsant hasta el río Asmat RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 830 Río Asma desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Guiamets RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 79 Embalse de Guiamets EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 831 Río Asma desde la Presa de Guiamets hasta su desembocadura en el río Ciurana RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 175 Río Ciurana desde el río Asmat hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 461 Río Ebro desde el río Ciurana hasta el río Sec y la elevación de Pinell de Brai RÍO Natural Buen estado al 2027 Tramo bajo del Ebro 176 Río Sec desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro y la elevación de Pinell de Brai RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 177 Barranco de la Riera Compte desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 462 Río Ebro desde el río Sec hasta el río Canaleta RÍO Natural Buen estado al 2027 Tramo bajo del Ebro 178 Río Canaleta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 463 Río Ebro desde el río Canaleta hasta la estación de aforos número 27 de Tortosa (en el puente más alto) RÍO Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 891 Río Ebro desde Tortosa hasta desembocadura (aguas de transición) TRANSICIÓN Natural Buen estado al 2015 Tramo bajo del Ebro 892 Bahía del Fangal TRANSICIÓN Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 893 Bahía de Los Alfaques TRANSICIÓN Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 894 Delta Norte COSTERA Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 895 Delta Sur COSTERA Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 896 Alcanar COSTERA Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1671 Els Alfacs TRANSICIÓN Muy modificada Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1674 El Canal Vell LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1675 L'Encanyssada LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1676 Els Calaixos LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1670 L'Alfacada LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1684 Delta del Ebro TRANSICIÓN Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1685 Delta del Ebro TRANSICIÓN Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1686 Delta del Ebro LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1687 Delta del Ebro TRANSICIÓN Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1688 Delta del Ebro TRANSICIÓN Natural Pendiente definir límites de clase Tramo bajo del Ebro 1757 Ullals de Baltasar LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Tiron 179 Río Tirón desde su nacimiento hasta la población de Fresneda de la Sierra RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 493 Río Tirón desde la población de Fresneda de la Sierra hasta el río Urbión (incluye río Pradoluengo) RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 180 Río Urbión desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 37 en Garganchón RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 494 Río Urbión desde la estación de aforos número 37 en Garganchón hasta su desembocadura en el río Tirón RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 495 Río Tirón desde el río Urbión hasta el río Retorto RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 256 Río Retorto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 257 Río Tirón desde el río Retorto hasta el río Bañuelos RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 496 Río Bañuelos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 258 Río Tirón desde el río Bañuelos hasta el río Encemero y la cola del Embalse de Leira RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 259 Río Encemero desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón y la cola del Embalse de Leira RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 805 Río Tirón desde el río y la cola del Embalse de Leiva hasta el río Reláchigo RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 260 Río Reláchigo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 261 Río Tirón desde el río Reláchigo hasta el río Glera RÍO Natural Buen estado al 2027 Tiron 181 Río Glera desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 157 en Azarrulla RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 262 Río Glera desde la población de Ezcaray hasta el río Santurdejo RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 497 Río Glera desde la estación de aforos número 157 en Azarrulla hasta la población de Ezcaray RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 182 Río Santurdejo desde su nacimiento hasta la estación de aforos (aguas abajo de la estación 385 de la Red de Control Variables Ambientales de Pazuengos) RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 263 Río Santurdejo desde la estación de aforos (aguas abajo de la estación de la Red de Variables Ambientales de Pazuengos) hasta su desembocadura en el río Glera RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 264 Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón RÍO Natural Buen estado al 2027 Tiron 265 Río Tirón desde el río Glera hasta el río Ea RÍO Natural Buen estado al 2027 Tiron 266 Río Ea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón RÍO Natural Buen estado al 2015 Tiron 267 Río Tirón desde el río Ea hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Zamaca 268 Río Zamaca desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 183 Río Najerilla desde su nacimiento hasta el río Neila RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 186 Río Neila desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mansilla (incluye río Frío) RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 187 Río Gatón desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 188 Río Cambrones desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 61 Embalse de Mansilla EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Najerilla 190 Río Calamantio desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 189 Río Najerilla desde la Presa de Mansilla hasta su entrada en el contraembalse de Mansilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 952 Río Najerilla desde el contraembalse del río Mansilla hasta el río Urbión RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 194 Río Urbión desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 195 Río Najerilla desde el río Urbión hasta el puente de la carretera a Brieva y la confluencia de otro río también llamado Urbión RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 499 Río Brieva desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 500 Río Najerilla desde el puente de la carretera a Brieva hasta el río Valvanera RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 501 Río Valvanera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 502 Río Najerilla desde el río Valvanera hasta el río Tobia RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 503 Río Tobia desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 504 Río Najerilla desde el río Tobia hasta el río Cárdenas RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 505 Río Cárdenas desde su nacimiento hasta la población de San Millán de la Cogolla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 269 Río Cárdenas desde la población de San Millán de la Cogolla hasta su desembocadura en el río Cárdenas RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 270 Río Najerilla desde el río Cárdenas hasta el río Tuerto RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 271 Río Tuerto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 272 Río Najerilla desde el río Tuerto hasta el río Yalde RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 273 Río Yalde desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 274 Río Najerilla desde el río Yalde hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Najerilla 991 Laguna Larga LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Najerilla 1017 Laguna Negra LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Najerilla 1743 Complejo lagunar humedales de la Sierra de Urbió Lago Natural Pendiente definir límites de clase Najerilla 1744 Laguna de Urbión Lago Natural Pendiente definir límites de clase Iregua 199 Río Lumbreras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 200 Río Piqueras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 64 Embalse de Pajares EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Iregua 201 Río Lumbreras desde la Presa de Pajares hasta su desembocadura en el río Iregua RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 197 Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal de trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río Mayor) RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 953 Río Iregua desde el azud del canal de trasvase al Embalse de Ortigosa hasta el río Lumbreras RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 202 Río Iregua desde el río Lumbreras hasta el río Albercos RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 915 Río Albercos desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Ortigosa RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 916 Embalse de Ortigosa EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Iregua 810 Río Albercos desde la Presa de Ortigosa hasta su desembocadura en el río Iregua RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 203 Río Iregua desde el río Albercos hasta el puente de la carretera de Almarza RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 506 Río Iregua desde el puente de la carretera de Almarza hasta el azud de Islallana RÍO Natural Buen estado al 2015 Iregua 275 Río Iregua desde el azud de Islallana hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Leza 207 Río Leza desde su nacimiento hasta el río Rabanera y el río Vadillos (incluye ríos Vadillos y Rabanera) RÍO Natural Buen estado al 2015 Leza 276 Río Leza desde el río Rabanera y el río Vadillos hasta la estación de aforos número 197 de Leza RÍO Natural Buen estado al 2015 Leza 89 Río Leza desde la estación de aforos número 197 de Leza hasta el río Jubera RÍO Natural Buen estado al 2015 Leza 277 Río Jubera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Leza RÍO Natural Buen estado al 2015 Leza 90 Río Leza desde el río Jubera hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Cidacos 687 Río Cidacos desde su nacimiento hasta la población de Yanguas (incluye ríos Baos y Ostaza) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cidacos 286 Río Cidacos desde la población de Yanguas hasta el río Manzanares y el inicio de la canalización de Arnedillo RÍO Natural Buen estado al 2015 Cidacos 287 Río Manzanares desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cidacos (inicio de la canalización de Arnedillo) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cidacos 288 Río Cidacos desde el río Manzanares y el inicio de la canalización de Arnedillo hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Alhama 560 Río Linares desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 43 de San Pedro Manrique (incluye río Ventosa) RÍO Natural Buen estado al 2015 Alhama 296 Río Linares desde la estación de aforos número 43 de San Pedro Manrique hasta su desembocadura en el río Alhama RÍO Natural Buen estado al 2015 Alhama 295 Río Alhama desde su nacimiento hasta el río Linares RÍO Natural Buen estado al 2015 Alhama 297 Río Alhama desde el río Linares hasta el río Añamaza RÍO Natural Buen estado al 2015 Alhama 298 Río Añamaza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alhama RÍO Natural Buen estado al 2015 Alhama 948 Barranco de La Nava desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alhama RÍO Natural Buen estado al 2015 Alhama 299 Río Alhama desde el río Añamaza hasta el cruce con el Canal de Lodosa RÍO Natural Buen estado al 2027 Alhama 97 Río Alhama desde el cruce con el Canal de Lodosa hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Queiles 861 Río Val desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de El Val RÍO Natural Buen estado al 2027 Queiles 68 Embalse de El Val EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Queiles 562 Río Queiles desde su nacimiento hasta la población de Vozmediano RÍO Natural Buen estado al 2015 Queiles 300 Río Queiles desde la población de Vozmediano hasta el río Val RÍO Natural Buen estado al 2015 Queiles 954 Río Queiles desde el río Val hasta Tarazona (incluye río Val desde la Presa del Embalse de El Val hasta su desembocadura en río Queiles) RÍO Natural Buen estado al 2015 Queiles 301 Río Queiles desde Tarazona hasta la población de Novallas RÍO Natural Buen estado al 2027 Queiles 98 Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Queiles 1678 Balsa del Pulguer LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Queiles 1035 Laguna de Lor LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Huecha 563 Río Huecha desde su nacimiento hasta la población de Añón RÍO Natural Buen estado al 2015 Huecha 302 Río Huecha desde la población de Añón hasta la de Maleján RÍO Natural Buen estado al 2015 Huecha 99 Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 306 Río Jalón desde su nacimiento hasta el río Blanco (incluye arroyo de Sayona) RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 307 Río Blanco desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 308 Río Jalón desde el río Blanco hasta el río Nájima (incluye arroyos de Chaorna, Madre -o de Sagides-, Valladar, Sta Cristina y Cañada) RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 309 Río Nájima desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 310 Río Jalón desde el río Nájima hasta el río Deza (inicio del tramo canalizado) RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 311 Río Deza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (inicio del tramo canalizado) RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 312 Río Jalón desde el río Deza (inicio del tramo canalizado) hasta el barranco del Monegrillo RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Jalón 313 Río Monegrillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 314 Río Jalón desde el barranco de Monegrillo hasta el río Piedra RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Jalón 319 Río Mesa desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete) RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 315 Río Piedra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera (incluye río San Nicolás del Congosto) RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 316 Río Ortiz desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 76 Embalse de La Tranquera EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Jalón 320 Río Piedra desde la Presa de La Tranquera hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 107 Río Jalón desde el río Piedra hasta el río Manubles RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 321 Río Manubles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (incluye río Carabán) RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 108 Río Jalón desde el río Manubles hasta el río Jiloca RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 871 Canal del Alto Jiloca RÍO Artificial Buen estado al 2015 Jalón 1046 Cañizar de Villarquemado LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Jalón 1047 Cañizar de Alba LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Jalón 322 Río Jiloca desde los Ojos de Monreal hasta el río Pancrudo RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 828 Río Pancrudo desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Lechago RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 87 Embalse de Lechago (en construcción) EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Jalón 829 Río Pancrudo desde la Presa de Lechago (en construcción) hasta su desembocadura en el río Jiloca RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 323 Río Jiloca desde el río Pancrudo hasta la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 109 Río Jiloca desde la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 442 Río Jalón desde el río Jiloca hasta el río Perejiles RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 324 Río Perejiles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 443 Río Jalón desde el río Perejiles hasta el río Ribota RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 325 Río Ribota desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 444 Río Jalón desde el río Ribota hasta el río Aranda RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 823 Río Aranda desde su nacimiento hasta la población de Brea de Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 110 Río Aranda desde la población de Brea de Aragón hasta el río Isuela RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 326 Río Isuela desde su nacimiento hasta la población de Nigüella RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 111 Río Isuela desde la población de Nigüella hasta su desembocadura en el río Aranda RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 112 Río Aranda desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 445 Río Jalón desde el río Aranda hasta el río Grío RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 113 Río Grío desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 114 Rambla de Cariñena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón RÍO Natural Buen estado al 2015 Jalón 446 Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Jalón 984 Laguna de Gallocanta LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Jalón 1042 Laguna Honda LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Jalón 1681 Embalse de Monteagudo LAGO Artificial Pendiente definir límites de clase Huerva 821 Río Huerva desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Las Torcas RÍO Natural Buen estado al 2027 Huerva 75 Embalse de Las Torcas EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Huerva 836 Río Huerva desde la Presa de las Torcas hasta el azud de Villanueva de Huerva RÍO Natural Buen estado al 2015 Huerva 822 Río Huerva desde el azud de Villanueva de Huerva hasta la cola del Embalse de la Mezalocha RÍO Natural Buen estado al 2015 Huerva 71 Embalse de Mezalocha EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Huerva 115 Río Huerva desde la Presa de Mezalocha hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Ginel 121 Río Ginel desde el manantial de Mediana de Aragón hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Lopin 122 Río Lopín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Aguasvivas 333 Río Aguas Vivas desde su nacimiento hasta el azud de Blesa RÍO Natural Buen estado al 2015 Aguasvivas 123 Río Aguas Vivas desde el azud de Blesa hasta la cola del Embalse de Moneva (estación de aforos número 141) RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Aguasvivas 124 Arroyo de Santa María desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Moneva (estación de aforos número 141) RÍO Natural Buen estado al 2015 Aguasvivas 77 Embalse de Moneva EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Aguasvivas 125 Río Aguas Vivas desde la Presa de Moneva hasta el río Cámaras RÍO Natural Buen estado al 2027 Aguasvivas 127 Río Cámaras (o Almonacid) desde su nacimiento hasta su desem-bocadura en el río Aguas Vivas (incluye barranco de Herrera) RÍO Natural Buen estado al 2027 Aguasvivas 129 Río Aguas Vivas desde el río Cámaras hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Martín 341 Río Vivel desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín (incluye ríos Segura y Fuenferrada) RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 336 Río Martín desde el río Rambla y el río Parras hasta el río Vivel (incluye ríos Ramblas y Parras) RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 342 Río Martín desde el río Vivel hasta el río Ancho (final de la canalización de Montalbán) RÍO Natural Buen estado al 2027 Martín 343 Río Ancho desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín (final de la canalización de Montalbán) RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 344 Río Martín desde el río Ancho (final de la canalización de Montalbán) hasta el río Cabra RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 345 Río Cabra desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Obón RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 346 Río Martín desde el río Cabra hasta la cola del Embalse de Cueva Foradada RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 130 Río Radón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 80 Embalse de Cueva Foradada EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Martín 132 Río Seco desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 133 Río Martín desde la Presa de Cueva Foradada hasta el río Escuriza RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Martín 833 Río Estercuel desde su nacimiento hasta el Embalse de Escuriza RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 834 Río Escuriza desde su nacimiento hasta la población de Crivillén RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 134 Río Escuriza desde la población de Crivillén hasta su desembocadura en el río Martín (incluye tramo final río Estercuel y Embalse de Escuriza) RÍO Natural Buen estado al 2015 Martín 135 Río Martín desde el río Escuriza hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Regallo 914 Río Regallo desde su nacimiento hasta el cruce del canal de Valmuel RÍO Natural Buen estado al 2015 Regallo 136 Río Regallo desde el cruce del canal de Valmuel hasta la cola del Embalse de Mequinenza RÍO Natural Buen estado al 2015 Regallo 985 Laguna de La Estanca LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Regallo 990 Laguna Salada de Chiprana LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Guadalope 347 Río Guadalope desde su nacimiento hasta el río Aliaga RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 348 Río Aliaga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 349 Río Guadalope desde el río Aliaga hasta el río Fortanete RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 350 Río Fortanete desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 351 Río Guadalope desde el río Fortanete hasta la cola del Embalse de Santolea RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 352 Río Begatillo (o Bordón) desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Santolea RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 85 Embalse de Santolea EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Guadalope 951 Río Guadalope desde la Presa de Santolea hasta el azud de Abénfigo RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 137 Río Guadalope desde el azud de Abénfigo hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado) RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 354 Río Celumbres desde su nacimiento hasta el río Bergantes y el río Cantavieja (incluye rambla de la Cana) RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 355 Río Cantavieja desde su nacimiento hasta el río Bergantes y el río Celumbres (incluye río de la Cuba) RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 353 Río Bergantes desde su nacimiento hasta los ríos Celumbres y Cantavieja RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 356 Río Bergantes desde los ríos Celumbres y Cantavieja hasta la población de La Balma RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 138 Río Bergantes desde la población de La Balma hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado) RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 82 Embalse de Calanda EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Guadalope 139 Río Guadalope desde la Presa de Calanda, las tomas de Endesa y del canal hasta el río Guadalopillo RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 357 Río Guadalopillo desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Gallipuén RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 913 Embalse de Gallipuén EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Guadalope 140 Río Guadalopillo desde la Presa de Gallipuén (abastecimiento de Alcorisa) hasta el río Alchozasa RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 141 Río Alchozasa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalopillo RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Guadalope 142 Río Guadalopillo desde el río Alchozasa hasta su desembocadura en el río Guadalope RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 143 Río Guadalope desde el río Guadalopillo hasta el río Mezquín RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 144 Río Mezquín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 145 Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del Embalse de Caspe RÍO Natural Buen estado al 2027 Guadalope 78 Embalse de Caspe EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Guadalope 963 Río Guadalope desde la Presa de Caspe hasta el azud de Rimer RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 827 Río Guadalope desde el azud de Rimer hasta la Presa de Moros (muro de desvío a los túneles) RÍO Natural Buen estado al 2015 Guadalope 911 Río Guadalope desde la Presa de Moros (muro de desvío a los túneles) hasta el dique de Caspe RÍO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Guadalope 988 Salada Grande o Laguna de Alcañiz LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Guadalope 1022 La Estanca LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Matarraña 384 Río Ulldemó desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Matarraña y el azud de elevación al Embalse de Pena RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 383 Río Matarraña desde su nacimiento hasta el río Ulldemó y el azud de elevación al Embalse de Pena RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 385 Río Matarraña desde el río Ulldemó y el azud de elevación al Embalse de Pena hasta el río Pena RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 386 Río Pena desde su nacimiento hasta la confluencia con el río Figuerales (incluye río Baco) RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 389 Río Figuerales desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Pena RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 390 Río Pena desde la Presa de Pena hasta su desembocadura en el río Matarraña RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 912 Embalse de Pena EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Matarraña 391 Río Matarraña desde el río Pena hasta el río Tastavins RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 393 Río Prados desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tastavins (final de la canalización en el Tastavins) RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 392 Río Tastavins desde su nacimiento hasta el arroyo de los Prados y el final de la canalización en el Tastavins RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 394 Río Tastavins desde el arroyo de los Prados y el final de la canalización en el Tastavins hasta el río Monroyo RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 395 Río Monroyo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tastavins RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 396 Río Tastavins desde el río Monroyo hasta su desembocadura en el río Matarraña RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 167 Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 398 Río Algás desde su nacimiento hasta el río Estret (incluye río Estret) RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 168 Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña RÍO Natural Buen estado al 2015 Matarraña 169 Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del Embalse de Ribarroja RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 578 Río Segre en Llívia y desde la localidad de Puigcerdà hasta el río Arabo (incluye río La Vanera desde su entrada en España) RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 579 Río Arabo desde su entrada en España hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 581 Río Segre desde el río Arabo hasta el río Aransa (incluye ríos Aransa, parte española del Martinet, Alp, Durán y Santa María y torrente de Confort) RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 589 Río Segre desde el río Aransa hasta el río Serch (incluye ríos Capiscol, Cadí, Serch y barranco de Villanova) RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 595 Río Segre desde el río Serch hasta el río Valira RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 614 Río Civis desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Valira RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 617 Río Valira desde su entrada en España hasta su desembocadura en el río Segre (incluye la parte española del río Os) RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 619 Río Arfa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 621 Río Arabell desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 622 Río Segre desde el río Valira hasta el río Pallerols RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 629 Río Pallerols desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre (incluye ríos La Guardia, Castellas y Guils) RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 631 Río Tost desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 633 Río Vansa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 635 Río Cabo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 636 Río Segre desde río Pallerols hasta la cola del Embalse de Oliana RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 358 Río Perles desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Oliana RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 359 Río Sellent desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Oliana RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 53 Embalse de Oliana EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Segre 637 Río Segre desde la Presa de Oliana hasta la cola del Embalse de Rialb RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 360 Río Ribera Salada desde el río Ribera Canalda hasta la cola del Embalse de Rialb (incluye río Ribera Canalda y barrancos de la Plana y de Odén) RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 361 Río Rialp desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Rialb RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 63 Embalse de Rialb EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Segre 638 Río Segre desde la Presa de Rialb hasta el río Llobregós RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 147 Río Llobregós desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2027 Segre 959 Río Segre desde el río Llobregós hasta el azud del Canal de Urgel RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 639 Río Segre desde el azud del Canal de Urgel hasta el río Boix RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 362 Río Boix desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 640 Río Segre desde el río Boix hasta la Presa de Camarasa en el río Noguera Pallaresa RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 427 Río Segre y río Noguera Pallaresa (incluye el tramo del Noguera-Pallaresa desde la Presa de Camarasa a la confluencia con el Segre y el Segre desde su confluencia con el Noguera Pallaresa) hasta la cola del Embalse de San Lorenzo RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 67 Embalse de San Lorenzo EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Segre 1049 Embalse de Balaguer EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Segre 1048 Río Segre desde la Presa del Embalse de Balaguer hasta la confluencia con el río Sió RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 148 Río Sió desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Segre 957 Río Segre desde el río Sió hasta el río Cervera RÍO Natural Buen estado al 2027 Segre 149 Río Cervera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Segre 150 Río Farfaña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 428 Río Segre desde el río Cervera hasta el río Corp RÍO Natural Buen estado al 2027 Segre 151 Río Corp desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Segre 432 Río Segre desde el río Noguera Ribagorzana hasta el río Sed RÍO Natural Buen estado al 2027 Segre 152 Río Sed desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2015 Segre 433 Río Segre desde el río Sed hasta la cola del Embalse de Ribarroja RÍO Natural Buen estado al 2027 Segre 1679 Embalse de Utchesa Seca LAGO Artificial Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 707 Río Noguera Pallaresa desde su nacimiento hasta el río Bergante RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 708 Río Bergante desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 709 Río Noguera Pallaresa desde el río Bergante hasta el río Bonaigua RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 710 Río Bonaigua desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 711 Río Noguera Pallaresa desde el río Bonaigua hasta el río Unarre (final del tramo canalizado) y los retornos de las centrales de Esterri y de Unarre RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 716 Río Unarre desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa (final del tramo canalizado) y los retornos de las centrales de Esterri y de Unarre RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 715 Río Noguera Pallaresa desde el río Unarre (final del tramo canalizado) y los retornos de las centrales de Esterri y de Unarre hasta el río Espot y la Presa de Torrasa (incluye Embalse de Cavallers) RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 712 Río Espot desde su nacimiento hasta el río Peguera RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 713 Río Peguera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Espot RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 714 Río Espot desde el río Peguera hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa y en la Presa de Torrasa RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 717 Río Noguera Pallaresa desde el río Espot y la Presa de Torrasa hasta el río Noguera de Cardós y la central de Llavorsí RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 718 Río Tabescán desde su nacimiento hasta el río Noarre (incluye río Noarre) RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 720 Río Tabescán desde el río Noarre hasta su desembocadura en el río Noguera de Cardós RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 721 Río Noguera de Cardós desde su nacimiento hasta el río Tabescán RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 722 Río Noguera de Cardós desde el río Tabescán hasta el río Estahón RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 723 Río Estahón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera de Cardós RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 724 Río Noguera de Cardós desde el río Estahón hasta el río Noguera de Vallfarrera RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 725 Río Vallfarrera desde su nacimiento hasta el río Tor RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 726 Río Tor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Vallfarrera RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 727 Río Vallfarrera desde el río Tor hasta su desembocadura en el río Noguera de Cardós RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 728 Río Noguera de Cardós desde el río Noguera de Vallfarrera hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa y la central de Llavorsí (incluye barranco de Burch) RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 641 Río Noguera Pallaresa desde el río Noguera de Cardós y la central de Llavorsí hasta el río Santa Magdalena RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 642 Río Santa Magdalena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 643 Río Noguera Pallaresa desde el río Santa Magdalena hasta el río San Antonio RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 644 Río San Antonio desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 645 Río Noguera Pallaresa desde el río San Antonio hasta el río Flamisell, la cola del Embalse de Talarn y el retorno de las centrales RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 646 Río Flamisell desde su nacimiento hasta el río Sarroca RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 649 Río Sarroca desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Flamisell (incluye río Valiri) RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 650 Río Flamisell desde el río Sarroca hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa, la cola del Embalse de Talarn y el retorno de las centrales RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 651 Río Carreu desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Talarn RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 50 Embalse de Talarn EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 652 Río Noguera Pallaresa desde la Presa de Talarn hasta el río Conqués RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 363 Río Conqués desde su nacimiento hasta el río Abellá RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 364 Río Abellá desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Conqués RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 365 Río Conqués desde el río Abellá hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 960 Río Noguera Pallaresa desde el río Conqués hasta la cola del Embalse de Terradets RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 366 Río Barcedana desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Pallaresa RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 59 Embalse de Terradets EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 818 Río Noguera Pallaresa desde la Presa de Terradets hasta la cola del Embalse de Camarasa RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Pallaresa 65 Embalse de Camarasa EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 965 Estany Romedo de Baix LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 969 Estany Superior dArreu LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 971 Estany Salat LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 975 Estany Gerber LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 977 Estany Gento LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 979 Estany Fondo LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 980 Estany de Mariola LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 996 Estany de Sant Maurici LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 997 Estany de Baiau LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1006 Estany dAiroto LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1008 Estany Negre_hoja181-IV LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1009 Estany Tort LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1010 Estany de la Gola LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1021 Estany de Neriolo LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1023 Estany Fosser LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1024 Estany Cubeso LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1026 Estany de Cap del Port LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1028 Estany de Mar LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1029 Estany de Montcortes LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1032 Estany de Certascan LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1034 Estany Reguera LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1036 Embalse Tort-Trulló LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1038 Estany Saburó de Baix LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1040 Estany Major de la Gallina LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1041 Estany Romedo LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1044 Estany de Colomina LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1746 Complejo lagunar Cuenca de Flamisell (1,3) Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1747 Complejo lagunar Cuenca de San Antonio (1,3) Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1748 Complejo lagunar Cuenca del Peguera (1,3) Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1749 Complejo lagunar Cuenca del Espot (1,3) Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1750 Complejo lagunar Cuenca del Bonaigua (1,3) Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1753 Complejo lagunar Cuenca del Espot tipo 4 Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Pallaresa 1754 Complejo lagunar Cuenca de Peguera tipo 4 Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 731 Río Noguera Ribagorzana desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Baserca (incluye río Bizberri) RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 732 Río Salenca desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Baserca RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 34 Embalse de Baserca EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 733 Río Noguera Ribagorzana desde la Presa de Baserca, la central de Mosalet y la toma para la central de Senet hasta la central de Senet RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 734 Río Noguera Ribargozana desde la central de Senet y la toma para la central de Bono hasta el río Llauset (incluye río Llauset) RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 735 Río Noguera Ribagorzana desde el río Llauset hasta el inicio de la canalización de El Pont de Suert RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 736 Río Baliera desde su nacimiento hasta el inicio de la canalización de El Pont de Suert RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 737 Río Noguera Ribagorzana desde el inicio de la canalización de El Pont de Suert hasta el río Noguera de Tor RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 801 Río Noguera de Tor desde su nacimiento hasta el río San Nicolás RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 738 Río San Nicolás desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera de Tor RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 739 Río Noguera de Tor desde el río San Nicolás hasta el río Bohí RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 740 Río Bohí desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera de Tor RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 741 Río Noguera de Tor desde el río Bohí hasta el retorno de la central de Bohí RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 742 Río Foixas desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera de Tor RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 743 Río Noguera de Tor desde el retorno de la central de Bohí hasta su desembocadura en el río Noguera Ribagorzana RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 744 Río Noguera Ribagorzana desde el río Noguera de Tor hasta la cola del Embalse de Escales, el retorno de la central de El Pont de Suert y el final de la canalización de El Pont de Suert RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 654 Río Viu desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Escales (incluye río Erla y arroyo de Peranera) RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 657 Río Aulet desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Escales RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 43 Embalse de Escales EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 658 Río Noguera Ribagorzana desde la Presa de Escales hasta la Presa del contraembalse de Escales RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 961 Río Noguera Ribagorzana desde la Presa del contraembalse de Escales hasta el río Sobrecastell RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 659 Río Sobrecastell desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Ribagorzana RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 660 Río Noguera Ribagorzana desde el río Sobrecastell hasta el río San Juan RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 661 Río San Juan desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Noguera Ribagorzana RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 662 Río Noguera Ribagorzana desde el río San Juan hasta el puente de la carretera RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 367 Río Noguera Ribagorzana desde el puente de la carretera hasta la cola del Embalse de Canelles y el retorno de la central del Puente de Montañana RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 369 Río Cajigar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guart RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 368 Río Guart desde su nacimiento hasta el río Cajigar RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 370 Río Guart desde el río Cajigar hasta la cola del Embalse de Canelles RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 58 Embalse de Canelles EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 66 Embalse de Santa Ana EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 820 Río Noguera Ribagorzana desde la Presa de Santa Ana hasta la toma de canales en Alfarras RÍO Natural Buen estado al 2015 Noguera Ribagorzana 431 Río Noguera Ribagorzana desde la toma de canales en Alfarrás hasta su desembocadura en el río Segre (incluye el tramo del río Segre entre la confluencia del río Corp y del Ribagorzana) RÍO Natural Buen estado al 2027 Noguera Ribagorzana 966 Estany Gemena de Baix LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 970 Lago Redondo LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 972 Estany de Travessany LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 987 Estany Negre_hoja181_I LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 995 Estany de Contraig LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 998 Estany Gran de Tumeneja LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1005 Estany de les Mangades LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1011 Estany dels Monges LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1012 Estany de la Llebreta LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1014 Estanque Grande de Estanya LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1015 Estany Gran del Pessó LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1043 Estany de Cavallers LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1745 Complejo lagunar Cuenca de San Nicolás (1,3) Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1751 Complejo lagunar Cuenca Noguera del Torr (1,3) Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1752 Complejo lagunar Cuenca Noguera del Torr tipo 4 Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1756 Complejo lagunar Cuenca San Nicolas tipo 4 Lago Natural Pendiente definir límites de clase Noguera Ribagorzana 1755 Complejo Lagunar Cuenca del Bohi tipo 3 Lago Natural Pendiente definir límites de clase Esera 983 Ibón de Cregueña LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Esera 764 Río Ésera desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Paso Nuevo (incluye barranco de Creg³eña) RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 765 Río Vallibierna desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 766 Río Ésera desde la cola del Embalse de Paso Nuevo hasta el río Aslos (incluye Embalse de Paso Nuevo) RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 767 Río Aslos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 768 Río Ésera desde el río Aslos hasta el río Barbaruens, la central de Seira y las tomas para la central de Campo RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 769 Río Remascaro desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 771 Río Barbaruens desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera, la central de Seira y las tomas para la central de Campo RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 772 Río Ésera desde el río Barbaruens, la central de Seira y las tomas para la central de Campo hasta el barranco de Viu, la Presa y la central de Campo RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 773 Río Viu desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera, la Presa y la central de Campo RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 775 Río Rialvo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ésera RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 774 Río Ésera desde la desembocadura del barranco de Viu, la Presa y la central de Campo hasta el puente de la carretera a Aínsa RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 679 Río Ésera desde el puente de la carretera a Aínsa hasta la estación de aforos número 13 en Graus RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 371 Río Ésera desde la estación de aforos número 13 en Graus hasta el río Isábena RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 777 Río Isábena desde su nacimiento hasta el final del tramo canalizado de Las Paules RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 680 Río Isábena desde el final del tramo canalizado de Las Paules hasta el río Villacarli RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 681 Río Villacarli desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Isábena RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 682 Río Isábena desde el río Villacarli hasta el río Ceguera RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 683 Río Ceguera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Isábena RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 372 Río Isábena desde el río Ceguera hasta su desembocadura en el río Ésera RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 373 Río Ésera desde el río Isábena hasta la cola del Embalse de Barasona RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 374 Río Sarrón desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Barasona RÍO Natural Buen estado al 2015 Esera 56 Embalse de Barasona EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Esera 434 Río Ésera desde la Presa de Barasona y las tomas de la Central de San José y del Canal de Aragón y Cataluña hasta su desembocadura en el río Cinca RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 745 Río Barrosa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca (inicio de la canalización del Cinca e incluye río Real y barranco Urdiceto) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 852 Río Cinca desde su nacimiento hasta el río Barrosa (inicio de la canalización del río Cinca) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 746 Río Cinca desde el río Barrosa (inicio de la canalización del río Cinca ) hasta el río Cinqueta RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 748 Río Cinqueta desde su nacimiento hasta el río Sallena (incluye río Sallena) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 749 Río Cinqueta desde el río Sallena hasta su desembocadura en el río Cinca RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 750 Río Cinca desde el río Cinqueta hasta el río Irués RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 751 Río Irués desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Laspuña (incluye río Garona) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 754 Río Cinca desde el río Irués hasta el río Vellos, aguas arriba de la central de Laspuña (final e inicio de tramo canalizado e incluye río Yaga) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 756 Río Vellos desde su nacimiento hasta el río Aso (incluye río Aso) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 663 Río Vellos desde el río Aso hasta el río Yesa RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 664 Río Yesa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Vellos RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 665 Río Vellos desde el río Yesa hasta su desembocadura en el río Cinca, aguas arriba de la central de Laspuña (final e inicio de tramo canalizado) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 666 Río Cinca desde el río Vellos, aguas arriba de la central de Laspuña (final e inicio de tramo canalizado), hasta el río Ara RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 785 Río Ara desde su nacimiento hasta el río Arazas (incluye río Arazas) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 758 Río Otal desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 761 Río Ara desde el río Arazas hasta la población de Fiscal (incluye barrancos del Sorrosal y del Valle) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 839 Barranco Forcos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 667 Río Ara desde la población de Fiscal hasta el río Sieste RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 668 Río Sieste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 669 Río Ara desde el río Sieste hasta su desembocadura en el río Cinca (incluye la cola del Embalse de Mediano y el final de las canalizaciones del río Cinca) RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 670 Río Ena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 672 Río Nata desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mediano RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 674 Río Usía desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mediano RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 42 Embalse de Mediano desde el río Ara hasta la Presa EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Cinca 675 Río Cinca desde la Presa de Mediano hasta la cola del Embalse de El Grado RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 676 Río Susía desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de El Grado RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 677 Río Naval desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de El Grado RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 47 Embalse de El Grado EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Cinca 678 Río Cinca desde la Presa de El Grado hasta el río Ésera RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 435 Río Cinca desde el río Ésera hasta el río Vero RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 375 Río Vero desde su nacimiento hasta el puente junto al camping de Alquézar RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 153 Río Vero desde el puente junto al camping de Alquézar hasta su desembocadura en el río Cinca RÍO Natural Buen estado al 2027 Cinca 436 Río Cinca desde el río Vero hasta el río Sosa RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 154 Río Sosa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 437 Río Cinca desde el río Sosa hasta el río Clamor I RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 155 Río Clamor I de Fornillos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 438 Río Cinca desde el río Clamor I de Fornillos hasta el río Clamor II Amarga RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 156 Río Clamor II Amarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 869 Río Cinca desde el río Clamor II Amarga hasta el río Alcanadre RÍO Natural Buen estado al 2015 Cinca 870 Río Cinca desde el río Alcanadre hasta la Clamor Amarga RÍO Natural Buen estado al 2027 Cinca 166 Clamor Amarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca RÍO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Cinca 441 Río Cinca desde la Clamor Amarga hasta su desembocadura en el río Segre RÍO Natural Buen estado al 2027 Cinca 1001 Lago de Urdiceto LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Cinca 1027 Lago de Marboré LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Alcanadre 684 Río Alcanadre desde su nacimiento hasta el río Mascún (incluye río Mascún) RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 378 Río Alcanadre desde el río Mascún hasta el río Calcón RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 377 Río Isuala desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alcanadre RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 380 Río Calcón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye río Formiga y Embalse de Calcón o Guara) RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 381 Río Alcanadre desde el río Calcón hasta el puente nuevo de la carretera (estación de aforos número 91) en Lascellas RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 157 Río Alcanadre desde el puente nuevo de la carretera (estación de aforos número 91) en Lascellas hasta el río Guatizalema RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 686 Río Guatizalema desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Vadiello RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 51 Embalse de Vadiello EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Alcanadre 382 Río Guatizalema desde la Presa de Vadiello hasta la estación de aforos número 192 de Siétamo RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 158 Río Guatizalema desde la estación de aforos número 192 de Siétamo hasta el río Botella RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 159 Río Botella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guatizalema RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 160 Río Guatizalema desde el río Botella hasta su desembocadura en el río Alcanadre RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 161 Río Alcanadre desde el río Guatizalema hasta el río Flumen RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 812 Río Flumen desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Montearagón y el salto de Roldán RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 54 Embalse de Montearagón EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Alcanadre 162 Río Flumen desde la Presa de Montearagón hasta el río Isuela RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 814 Río Isuela desde su nacimiento hasta el puente de Nueno y los azudes de La Hoya (incluye Embalse de Arguís) RÍO Natural Buen estado al 2015 Alcanadre 163 Río Isuela desde el puente de Nueno y los azudes de La Hoya hasta el río Flumen RÍO Natural Buen estado al 2027 Alcanadre 164 Río Flumen desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye barranco de Valdabra) RÍO Natural Buen estado al 2027 Alcanadre 165 Río Alcanadre desde el río Flumen hasta su desembocadura en el río Cinca RÍO Natural Buen estado al 2027 Alcanadre 968 Laguna de Sariñena LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase La valcuerna 146 Barranco de la Valcuerna desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mequinenza RÍO Muy modificada Pendiente definir límites de clase La valcuerna 989 Laguna de la Playa LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Gállego 847 Río Aguas Limpias desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego (incluye Embalse de Lasarra) RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 848 Río Gállego desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Lanuza y el retorno de las centrales de Sallent RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 19 Embalse de Lanuza EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 700 Río Gállego desde la Presa de Lanuza hasta el río Escarra RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 849 Río Escarra desde su nacimiento hasta la Presa de Escarra (incluye Embalse de Escarra) RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 964 Río Escarra desde la Presa de Escarra hasta su desembocadura en el río Gállego RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 701 Río Gállego desde el río Escarra hasta la cola del Embalse de Búbal junto a El Pueyo y las centrales RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 704 Río Caldares desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Búbal (incluye Ibón de Baños) RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 705 Río Aguilero desde su nacimiento hasta el Embalse de Búbal RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 25 Embalse de Búbal EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 706 Río Gállego desde la Presa de Búbal hasta el río Sía (inicio del tramo canalizado aguas abajo de Biescas) y el retorno de las centrales de Biescas I y II RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 564 Río Sía desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego (inicio del tramo canalizado aguas abajo de Biescas) y el retorno de las centrales de Biescas I y II RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 565 Río Gállego desde el río Sía (inicio del tramo canalizado aguas abajo de Biescas) y el retorno de las centrales de Biescas I y II hasta el río Oliván RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 566 Río Oliván desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 567 Río Gállego desde el río Oliván hasta su entrada en el Embalse de Sabiñánigo RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 568 Río Aurín desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Sabiñánigo RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 39 Embalse de Sabiñánigo EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 569 Río Gállego desde la Presa de Sabiñánigo hasta el río Basa RÍO Natural Buen estado al 2027 Gállego 570 Río Basa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 571 Río Gállego desde el río Basa hasta el río Abena RÍO Natural Buen estado al 2027 Gállego 572 Río Abena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 573 Río Gállego desde el río Abena hasta el río Guarga, aguas abajo de la central de Jabarrella junto al azud de Javierrelatre RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 574 Río Guarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego, aguas abajo de la central de Jabarrella junto al azud de Javierrelatre RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 575 Río Gállego desde el río Guarga, aguas abajo de la central de Jabarrella junto al azud de Javierrelatre, hasta el río Val de San Vicente RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 576 Río Val de San Vicente desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 327 Barranco del Río Moro desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 577 Río Gállego desde el río Val de San Vicente hasta la central de Anzánigo y el azud RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 328 Río Garona desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego (aguas arriba del azud de Carcavilla) RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 807 Río Gállego desde la central de Anzánigo y el azud hasta la cola del Embalse de La Peña RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 330 Río Triste desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de La Peña RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 331 Río Asabón desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Peña (incluye barranco del Cagigar) RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 44 Embalse de La Peña EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 955 Río Gállego desde la Presa de La Peña hasta la población de Riglos RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 332 Río Gállego desde la población de Riglos hasta el barranco de San Julián (incluye barranco de Artaso) RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 116 Barranco de San Julián desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 425 Río Gállego desde el barranco de San Julián hasta la cola del Embalse de Ardisa RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 55 Embalse de Ardisa EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 962 Río Gállego desde el azud, la central de Ardisa y las tomas del canal del Gállego y de Marracos hasta la central de Marracos RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 817 Río Gállego desde la central de Marracos hasta el río Sotón RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 117 Río Sotón desde su nacimiento hasta el río Riel RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 118 Río Riel desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Sotón RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 816 Río Sotón desde el río Riel hasta la cola del Embalse de La Sotonera RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 838 Río Astón desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Sotonera RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 62 Embalse de La Sotonera EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 119 Río Sotón desde la Presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego RÍO Natural Buen estado al 2015 Gállego 120 Barranco de la Violada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego RÍO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 426 Río Gállego desde el río Sotón hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Gállego 982 Embalse Bramatuero Alto LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 986 Embalse de Brachimaña Alto LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 999 Embalse de Arriel alto LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 1000 Embalse bajo del Pecico LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 1002 Embalse de Tramacastilla LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 1013 Embalse Bramatuero Bajo LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 1033 Embalse de Respomuso LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Gállego 1039 Embalse de Brazato LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Arbas 303 Río Arba de Luesia desde su nacimiento hasta el puente de la carretera RÍO Natural Buen estado al 2015 Arbas 100 Río Arba de Luesia desde el puente de la carretera hasta el río Farasdues RÍO Natural Buen estado al 2015 Arbas 101 Río Farasdues desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia RÍO Natural Buen estado al 2015 Arbas 102 Río Arba de Luesia desde el río Farasdues hasta el río Arba de Biel (final del tramo canalizado) RÍO Natural Buen estado al 2015 Arbas 304 Río Arba de Biel desde su nacimiento hasta el Barranco de Cuarzo RÍO Natural Buen estado al 2015 Arbas 103 Río Arba de Biel desde el barranco de Cuarzo hasta su desembocadura en el Arba de Luesia (final del tramo canalizado e incluye barrancos de Varluenga, Cuarzo y Júnez) RÍO Natural Buen estado al 2015 Arbas 104 Río Arba de Luesia desde el río Arba de Biel (final del tramo canalizado) hasta el río Arba de Riguel RÍO Natural Buen estado al 2027 Arbas 305 Río Arba de Riguel desde su nacimiento hasta el puente de la carretera A-122 de Uncastillo a Luesia RÍO Natural Buen estado al 2015 Arbas 917 Río Arba de Riguel desde el puente de la carretera A-122 de Uncastillo a Luesia hasta la población de Sádaba (paso del canal con río Riguel antes del pueblo) RÍO Natural Buen estado al 2015 Arbas 105 Río Arba de Riguel desde la población de Sádaba (paso del canal con río Riguel antes del pueblo) hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia RÍO Natural Buen estado al 2015 Arbas 106 Río Arba de Luesia desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Aragón 688 Río Aragón desde su nacimiento hasta el Canal Roya y la toma para las centrales de Canfranc (incluye arroyo Rioseta) RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 689 Río Canal Roya desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón y la toma para las centrales de Canfranc RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 690 Río Aragón desde el Canal Roya y la toma para las centrales de Canfranc, hasta el río Izas RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 691 Río Izas desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 692 Río Aragón desde el río Izas hasta el río Ijuez RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 509 Río Aragón desde el río Ijuez hasta el río Gas (final del tramo canalizado de Jaca e incluye río Ijuez) RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 510 Río Gas desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón (final del tramo canalizado de Jaca) RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 511 Río Aragón desde el río Gas (final del tramo canalizado de Jaca) hasta el río Lubierre RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 512 Río Lubierre desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 513 Río Aragón desde el río Lubierre hasta el río Estarrún RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 514 Río Estarrún desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 515 Río Aragón desde el río Estarrún hasta el río Subordán RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 693 Río Subordán desde su nacimiento hasta la población de Hecho RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 516 Río Subordán desde la población de Hecho hasta el río Osia RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 517 Río Osia desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Subordán RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 518 Río Subordán desde el río Osia hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 519 Río Aragón desde el río Subordán hasta el río Veral RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 694 Río Veral desde su nacimiento hasta la población de Ansó RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 520 Río Veral desde la población de Ansó hasta el río Majones RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 521 Río Majones desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Veral RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 522 Río Veral desde el río Majones hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 523 Río Aragón desde el río Veral hasta su entrada en el Embalse de Yesa RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 696 Río Ustarroz desde su nacimiento hasta el río Esca en Roncal (incluye arroyo Belagua) RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 524 Río Esca desde la población de El Roncal hasta el río Biniés (incluye barranco de Gardalar) RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 525 Río Biniés desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Esca RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 526 Río Esca desde el río Biniés hasta la cola del Embalse de Yesa (incluye barranco de Gabarri) RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 527 Río Regal desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Yesa RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 37 Embalse de Yesa EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Aragón 417 Río Aragón desde la Presa de Yesa hasta el río Irati RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 531 Río Urbelcha desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Irabia RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 529 Río Urrio desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Irabia RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 4 Embalse de Irabia EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Aragón 958 Río Irati desde la Presa de Irabia hasta la central hidroeléctrica de Betolegui RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 532 Río Irati desde la central hidroeléctrica de Betolegui hasta la central hidroeléctrica de Irati y cola del Embalse de Itoiz RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 533 Río Urrobi desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Itoiz RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 86 Embalse de Itoiz EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Aragón 534 Río Irati desde la Presa de Itoiz hasta el río Erro RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 698 Río Erro desde su nacimiento hasta la estación de aforos número AN532 en Sorogain RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 535 Río Erro desde la estación de aforos número AN532 en Sorogain hasta su desembocadura en el río Irati RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 536 Río Irati desde el río Erro hasta el río Areta RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 537 Río Areta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Irati RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 289 Río Irati desde el río Areta hasta el río Salazar RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 539 Río Zatoya desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Anduña RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 538 Río Anduña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zatoya RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 540 Río Salazar desde el río Zatoya y río Anduña hasta el barranco de La Val (incluye barrancos de La Val, Izal, Igal, Benasa y Larraico) RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 290 Río Salazar desde el barranco de La Val hasta su desembocadura en el río Irati RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 418 Río Irati desde el río Salazar hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 419 Río Aragón desde el río Irati hasta el río Onsella RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 291 Río Onsella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 93 Barranco de la Portillada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 420 Río Aragón desde el río Onsella hasta el río Zidacos RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 292 Río Zidacos desde su nacimiento hasta el río Cembroain RÍO Natural Buen estado al 2027 Aragón 293 Río Cemborain desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zidacos RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 94 Río Zidacos desde el río Cembroain hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2027 Aragón 421 Río Aragón desde el río Zidacos hasta el río Arga RÍO Natural Buen estado al 2015 Aragón 424 Río Aragón desde el río Arga hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Aragón 1003 Embalse de Ip LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Aragón 1016 Laguna de Pitillas LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Arga 699 Río Arga desde su nacimiento hasta la población de Olaverri RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 793 Río Arga desde la población de Olaverri hasta la cola del Embalse de Eugui RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 6 Embalse de Eugui EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Arga 541 Río Arga desde la Presa de Eugui hasta el río Ulzama (inicio del tramo canalizado de Pamplona) RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 544 Río Ulzama desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga (inicio del tramo canalizado de Pamplona e incluye ríos Arquil y Mediano) RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 545 Río Arga desde el río Ulzama (inicio del tramo canalizado de Pamplona) hasta el río Elorz RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 294 Río Elorz desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga (incluye río Sadar) RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Arga 546 Río Arga desde el río Elorz hasta el río Juslapeña (final del tramo canalizado de Pamplona) RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 547 Río Juslapeña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga (final del tramo canalizado de Pamplona) RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 548 Río Arga desde el río Justapeña (final del tramo canalizado de Pamplona) hasta el río Araquil RÍO Natural Buen estado al 2027 Arga 549 Río Araquil desde su nacimiento hasta el río Alzania (inicio del tramo canalizado) RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 550 Río Alzania desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Araquil (inicio del tramo canalizado) RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 551 Río Araquil desde el río Alzania (inicio del tramo canalizado) hasta el río Larraun (incluye regato de Lecizia) RÍO Natural Buen estado al 2027 Arga 554 Río Larraun desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Araquil (incluye barrancos Iribas y Basabunia) RÍO Natural Buen estado al 2027 Arga 555 Río Araquil desde el río Larraun hasta su desembocadura en el río Arga RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 95 Río Robo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 422 Río Arga desde el río Araquil hasta el río Salado RÍO Natural Buen estado al 2027 Arga 556 Río Salado desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Alloz RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Arga 557 Río Inaroz desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Alloz RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 27 Embalse de Alloz EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Arga 558 Río Salado desde la Presa de Alloz y la cola del contraembalse (azud de Mañero) hasta la toma de la central de Alloz RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 950 Río Salado desde la toma de la central de Alloz hasta el retorno de la central de Alloz RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 96 Río Salado desde el retorno de la central de Alloz hasta su desembocadura en el río Arga RÍO Natural Buen estado al 2015 Arga 423 Río Arga desde el río Salado hasta su desembocadura en el río Aragón RÍO Natural Buen estado al 2027 Arga 1677 Balsa de la Morea LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Ega 279 Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega y Bajauri) RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 507 Río Ega II desde su nacimiento hasta el río Sabando (incluye ríos Igoroin y Bezorri) RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 280 Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río Ega I (incluye ríos Sabando y Izki) RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 281 Río Ega I desde el río Ega II hasta el río Istora (incluye río Istora) RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 1742 Río Ega I desde el río Istora hasta el río Urederra RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 508 Río Urederra desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 7 en la Central de Eraul (incluye río Contrasta) RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 282 Río Urederra desde la estación de aforos número 7 en la Central de Eraul hasta su desembocadura en el río Ega I (inicio de la canalización de Estella) RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 283 Río Ega I desde el río Urederra hasta el río Iranzu RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 284 Río Iranzu desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega I RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 285 Río Ega I desde río Iranzu hasta la estación de medidas en la cola del Embalse de Oteiza -en proyecto- RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 92 Arroyo de Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega RÍO Natural Buen estado al 2015 Ega 414 Río Ega I desde la estación de medidas en la cola del Embalse de Oteiza -en proyecto- hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Linares 278 Río Linares desde su nacimiento hasta el inicio del tramo canalizado en la población de Torres del Río RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Linares 91 Río Linares desde la población de Torres del Río hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Objetivos menos rigurosos Mayor 88 Río Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2027 Inglares 492 Río Inglares desde su nacimiento hasta la población de Pipaón RÍO Natural Buen estado al 2015 Inglares 255 Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina) RÍO Natural Buen estado al 2027 Zadorra 241 Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri) RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 486 Río Barrundia desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Ullivari (incluye río Ugarana) RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 7 Embalse de Ullivarri-Gamboa EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Zadorra 487 Río Santa Engracia desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Urrúnaga (incluye río Undabe) RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 488 Río Urquiola desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Urrúnaga (incluye ríos Iraurgi y Olaeta) RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 837 Río Iriola desde su nacimiento hasta cola del Embalse de Urruñaga RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 789 Río Albiña desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Albiña RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 5 Embalse de Albiña EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Zadorra 790 Río Albiña desde la Presa de Albiña hasta la cola del Embalse de Urrúnaga RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 2 Embalse de Urrúnaga EMBALSE Muy modificada Pendiente definir límites de clase Zadorra 243 Río Zadorra desde la Presa de Ullivarri-Gamboa hasta el río Alegría (inicio del tramo modificado de Vitoria, e incluye tramo final río Sta Engracia) RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 244 Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, Zerio, Arganzubi y Errekabarri) RÍO Natural Buen estado al 2027 Zadorra 247 Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de Vitoria) hasta el río Zayas RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 490 Río Zayas desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 221 de Larrinoa RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 248 Río Zayas desde la estación de aforos número 221 de Larrinoa hasta su desembocadura en el río Zadorra RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 249 Río Zadorra desde el río Zayas hasta las surgencias de Nanclares (incluye río Oka) RÍO Natural Buen estado al 2027 Zadorra 405 Río Zadorra desde las surgencias de Nanclares hasta el río Ayuda RÍO Natural Buen estado al 2027 Zadorra 491 Río Ayuda desde su nacimiento hasta el río Molinar (incluye río Molinar) RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 250 Río Ayuda desde el río Molinar hasta el río Saraso RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 251 Río Saraso desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 252 Río Ayuda desde el río Saraso hasta el río Rojo RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 253 Río Rojo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 254 Río Ayuda desde el río Rojo hasta su desembocadura en el río Zadorra RÍO Natural Buen estado al 2015 Zadorra 406 Río Zadorra desde el río Ayuda hasta su desembocadura en el río Ebro (final del tramo modificado de Miranda de Ebro) RÍO Natural Buen estado al 2027 Zadorra 1025 Encharcamientos de Salburua y Balsa de Arkaute LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Zadorra 1045 Encharcamientos de Salburua y Balsa de Betoño LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Bayas 1701 Río Padrobaso desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Bayas RÍO Natural Buen estado al 2015 Bayas 485 Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos Vadillo, Vedillo y Ugalde) RÍO Natural Buen estado al 2015 Bayas 240 Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el río Ebro RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 778 Río Ruda desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 855 Río Aigua Moix desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona y el río Ruda RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 779 Río Garona desde el río Ruda hasta el río Yñola RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 780 Río Yñola desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 781 Río Garona desde el río Yñola hasta el río Balartias RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 851 Río Balartias desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 782 Río Garona desde el río Balartias hasta el río Negro RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 783 Río Negro desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 784 Río Garona desde el río Negro hasta el río Barrados RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 786 Río Garona desde el río Barrados hasta el río Jueu (incluye río Barrados) RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 787 Río Jueu desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona (incluye arroyos Geles, La Ribenta, Pumero y La Mojoya) RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 842 Río Torán desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Garona RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 788 Río Garona desde el río Jueu hasta su entrada en el Embalse de Torán (incluye ríos Margalida y Toran) RÍO Natural Buen estado al 2015 Garona 967 Lac de Mar LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Garona 978 Estany de Liat LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Garona 981 Estany de Montolíu LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Garona 994 Lac de Ríus LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Garona 1004 Estany Superior de Saboredo LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Garona 1018 Estany Tort de Rius LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Garona 1020 Estany Major de Colomers LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Garona 1030 Lac Major de Saboredo LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Garona 1031 Estany Obago LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Otros 974 Laguna de Carralogroño LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Otros 992 Laguna de Carravalseca LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Otros 993 Pantano de la Grajera LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Otros 1007 Pantano de las Cañas LAGO Muy modificada Pendiente definir límites de clase Otros 1037 Laguna de Musco LAGO Natural Pendiente definir límites de clase Otros 1680 Embalse de La Loteta LAGO Artificial Pendiente definir límites de clase Otros 1682 Laguna de Prao de la Paúl LAGO Artificial Pendiente definir límites de clase * Las masas de agua están ordenadas por ríos principales comenzando por el Ebro y siguiendo por sus afluentes en sentido antihorario a partir del Tirón, excepto el Garona y otras masas no asignadas a ríos que se muestran al final. Dentro de cada río las masas se ordenan de cabecera a desembocadura, incluso afluentes. Anexo 6.2. Objetivos medioambientales. Masas de agua subterránea. CÓDIGO NOMBRE MASA OBJETIVOS DE ESTADO 001 FONTIBRE Buen estado al 2015 002 PÁRAMO DE SEDANO Y LORA Buen estado al 2015 003 SINCLINAL DE VILLARCAYO Buen estado al 2015 004 MANZANEDO-OÑA Buen estado al 2015 005 MONTES OBARENES Buen estado al 2015 006 PANCORBO-CONCHAS DE HARO Buen estado al 2015 007 VALDEREJO-SOBRÓN Buen estado al 2015 008 SINCLINAL DE TREVIÑO Buen estado al 2015 009 ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO Buen estado al 2027 010 CALIZAS DE LOSA Buen estado al 2015 011 CALIZAS DE SUBIJANA Buen estado al 2015 012 ALUVIAL DE VITORIA Buen estado al 2027 013 CUARTANGO-SALVATIERRA Buen estado al 2015 014 GORBEA Buen estado al 2015 015 ALTUBE-URKILLA Buen estado al 2015 016 SIERRA DE AIZKORRI Buen estado al 2015 017 SIERRA DE URBASA Buen estado al 2015 018 SIERRA DE ANDÍA Buen estado al 2015 019 SIERRA DE ARALAR Buen estado al 2015 020 BASABURÚA-ULZAMA Buen estado al 2015 021 IZKI-ZUDAIRE Buen estado al 2015 022 SIERRA DE CANTABRIA Buen estado al 2015 023 SIERRA DE LÓQUIZ Buen estado al 2015 024 BUREBA Buen estado al 2015 025 ALTO ARGA-ALTO IRATI Buen estado al 2015 026 LARRA Buen estado al 2015 027 EZCAURRE-PEÑA TELERA Buen estado al 2015 028 ALTO GÁLLEGO Buen estado al 2015 029 SIERRA DE ALAIZ Buen estado al 2015 030 SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA Buen estado al 2015 031 SIERRA DE LEYRE Buen estado al 2015 032 SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO Buen estado al 2015 033 SANTO DOMINGO-GUARA Buen estado al 2015 034 MACIZO AXIAL PIRENAICO Buen estado al 2015 035 ALTO URGELL Buen estado al 2015 036 LA CERDANYA Buen estado al 2015 037 COTIELLA-TURBÓN Buen estado al 2015 038 TREMP-ISONA Buen estado al 2015 039 CADÍ-PORT DEL COMTE Buen estado al 2015 040 SINCLINAL DE GRAUSS Buen estado al 2015 041 LITERA ALTA Buen estado al 2015 042 SIERRAS MARGINALES CATALANAS Buen estado al 2015 043 ALUVIAL DEL OCA Buen estado al 2015 044 ALUVIAL DEL TIRÓN Buen estado al 2027 045 ALUVIAL DEL OJA Buen estado al 2027 046 LAGUARDIA Buen estado al 2015 047 ALUVIAL DEL NAJERILLA-EBRO Buen estado al 2027 048 ALUVIAL DE LA RIOJA-MENDAVIA Buen estado al 2027 049 ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA Buen estado al 2027 050 ALUVIAL DEL ARGA MEDIO Buen estado al 2015 051 ALUVIAL DEL CIDACOS Buen estado al 2027 052 ALUVIAL DEL EBRO:TUDELA-ALAGÓN Buen estado al 2027 053 ARBAS Buen estado al 2027 054 SASO DE BOLEA-AYERBE Buen estado al 2027 055 HOYA DE HUESCA Buen estado al 2027 056 SASOS DE ALCANADRE Buen estado al 2027 057 ALUVIAL DEL GÁLLEGO Buen estado al 2027 058 ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA Buen estado al 2027 059 LAGUNAS DE LOS MONEGROS Buen estado al 2015 060 ALUVIAL DEL CINCA Buen estado al 2027 061 ALUVIAL DEL BAJO SEGRE Buen estado al 2027 062 ALUVIAL DEL MEDIO SEGRE Buen estado al 2015 063 ALUVIAL DE URGELL Objetivos menos rigurosos 064 CALIZAS DE TÁRREGA Objetivos menos rigurosos 065 PRADOLUENGO-ANGUIANO Buen estado al 2015 066 FITERO-ARNEDILLO Buen estado al 2015 067 DETRÍTICO DE ARNEDO Buen estado al 2015 068 MANSILLA-NEILA Buen estado al 2015 069 CAMEROS Buen estado al 2015 070 AÑAVIEJA-VALDEGUTUR Buen estado al 2015 071 ARAVIANA-VOZMEDIANO Buen estado al 2015 072 SOMONTANO DEL MONCAYO Buen estado al 2015 073 BOROBIA-ARANDA DE MONCAYO Buen estado al 2015 074 SIERRAS PALEOZOICAS DE LA VIRGEN Y VICORT Buen estado al 2015 075 CAMPO DE CARIÑENA Buen estado al 2015 076 PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Buen estado al 2027 077 MIOCENO DE ALFAMEN Buen estado al 2027 078 MANUBLES-RIBOTA Buen estado al 2015 079 CAMPO DE BELCHITE Buen estado al 2015 080 CUBETA DE AZUARA Buen estado al 2015 081 ALUVIAL JALÓN-JILOCA Buen estado al 2015 082 HUERVA-PEREJILES Buen estado al 2027 083 SIERRA PALEOZOICA DE ATECA Buen estado al 2015 084 ORICHE-ANADÓN Buen estado al 2015 085 SIERRA DE MIÑANA Buen estado al 2015 086 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Buen estado al 2015 087 GALLOCANTA Buen estado al 2027 088 MONREAL-CALAMOCHA Buen estado al 2015 089 CELLA-OJOS DE MONREAL Buen estado al 2015 090 POZONDÓN Buen estado al 2015 091 CUBETA DE OLIETE Buen estado al 2015 092 ALIAGA-CALANDA Buen estado al 2015 093 ALTO GUADALOPE Buen estado al 2015 094 PITARQUE Buen estado al 2015 095 ALTO MAESTRAZGO Buen estado al 2015 096 PUERTOS DE BECEITE Buen estado al 2015 097 FOSA DE MORA Buen estado al 2015 098 PRIORATO Buen estado al 2015 099 PUERTOS DE TORTOSA Buen estado al 2015 100 BOIX-CARDÓ Buen estado al 2015 101 ALUVIAL DE TORTOSA Buen estado al 2015 102 PLANA DE LA GALERA Buen estado al 2015 103 MESOZOICO DE LA GALERA Buen estado al 2015 104 SIERRA DEL MONTSIÁ Buen estado al 2015 105 DELTA DEL EBRO Buen estado al 2015   ANEXO 7 Régimen de caudales ecológicos Anexo 7.1. Régimen de caudales ecológicos en condiciones ordinarias ESTACIÓN DE AFOROS RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS (m3/s) ESTADO DEFINICIÓN DE CAUDALES CÓD NOMBRE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 1 Ebro en Miranda de Ebro (caudal preventivo) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Pendiente de adaptar a la evolución de la contaminación puntual y difusa 1 Ebro en Miranda de Ebro (Caudal ecológico) 3,77 4,43 4,49 5,40 5,56 5,17 5,61 4,92 4,40 3,72 3,35 3,15 Concertado 3 Ega en Andosilla 1,41 1,72 1,87 1,88 1,91 1,71 1,86 1,61 1,36 1,05 0,85 0,98 Concertado 5 Aragón en Caparroso 4,63 4,89 5,07 5,00 4,78 4,69 5,13 4,63 4,22 3,67 3,40 3,91 Concertado 10 Jiloca en Daroca 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,16 0,19 0,18 0,14 0,13 0,13 Pendiente de concertación2 11 Ebro en Zaragoza (caudal preventivo) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Pendiente de adaptar a la evolución de la contaminación puntual y difusa 11 Ebro en Zaragoza (caudal ecológico) 20,00 20,00 35,00 35,00 35,00 15,58 17,08 15,32 13,56 11,37 13,56 13,56 Concertado 14 Martín en Híjar 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,16 0,17 0,16 0,14 0,14 0,14 Concertado 15 Guadalope en Alcañiz 0,51 0,46 0,45 0,47 0,46 0,45 0,48 0,51 0,50 0,45 0,42 0,42 Concertado 17 Cinca en Fraga 6,23 5,79 5,74 5,85 5,00 5,12 5,55 5,92 6,40 5,45 5,09 5,62 Concertado 18 Aragón en Jaca 1,00 0,99 0,92 0,85 0,74 0,82 0,91 0,99 0,95 0,83 0,74 0,86 Pendiente de concertación 25 Segre en Serós 6,00 5,40 5,00 5,10 5,20 5,70 6,70 9,10 8,80 6,10 6,00 6,00 Concertado 26 Ebro en Arroyo 0,5 0,62 0,65 0,71 0,66 0,72 0,8 0,76 0,63 0,57 0,51 0,48 Concertado 27 Ebro en Tortosa1 80 80 91 95 150 150 91 91 81 80 80 80 Concertado   Caudal ecológico del Delta Los caudales ecológicos del conjunto del delta están formados por los caudales mínimos que se fijan para la estación de aforos de Tortosa, los caudales generadores de crecidas, con el fin de renaturalizar el régimen de caudales, los caudales circulantes aportados al delta por los canales de la margen derecha e izquierda del Ebro con carácter ambiental, sin perjuicio de la preeminencia de los derechos concesionales que asisten a dichos canales, y la descarga natural de agua subterránea. En el Ebro en desembocadura (como se define en el Plan Hidrológico de 1998) se estiman los siguientes valores:   Ebro en zona desembocadura1 80 100 100 120 150 155 100 100 100 100 100 80 Concertado 34 Najerilla en Mansilla 0,37 0,40 0,42 0,40 0,36 0,38 0,40 0,38 0,30 0,25 0,22 0,26 Concertado 35 Iregua en Villoslada 0,16 0,26 0,33 0,37 0,37 0,36 0,34 0,34 0,30 0,23 0,17 0,16 Concertado 38 Najerilla en Torremontalvo 2,13 2,29 2,44 2,34 2,13 2,14 2,35 2,26 1,77 1,42 1,28 1,45 Concertado 39 Albercos en Ortigosa 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,05 Concertado 55 Jiloca en Morata de Jiloca 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,16 0,19 0,18 0,14 0,13 0,13 Pendiente de concertación2 59 Gállego en Santa Eulalia 5,00 4,89 4,77 4,65 4,16 4,26 4,60 4,66 4,60 4,03 3,80 4,21 Concertado 65 Irati en Liédena 2,36 2,61 2,75 2,75 2,75 2,66 2,84 2,45 2,24 1,99 1,85 1,97 Concertado 69 Arga en Echauri 4,49 5,30 5,71 5,58 5,64 5,08 5,54 4,73 4,19 3,56 3,20 3,55 Pendiente de concertación3 74 Zadorra en Arce 1,66 2,07 2,60 3,02 3,04 2,77 2,59 2,32 1,66 1,18 0,55 1,18 Concertado 80 Veral en Zuriza 0,23 0,23 0,22 0,21 0,18 0,20 0,23 0,22 0,19 0,16 0,15 0,19 Concertado 84 Salado en Alloz 0,20 0,23 0,26 0,26 0,26 0,24 0,25 0,22 0,19 0,16 0,13 0,15 Concertado 87 Jalón en Grisén 0,59 0,57 0,59 0,63 0,62 0,60 0,68 0,68 0,68 0,60 0,56 0,57 Pendiente de concertación4 89 Gállego en Zaragoza 1,50 1,47 1,44 1,44 1,27 1,28 1,39 1,39 1,37 1,18 1,11 1,26 Concertado 94 Flumen en Albalatillo 0,59 0,58 0,63 0,65 0,54 0,53 0,57 0,54 0,52 0,44 0,40 0,49 Concertado 95 Vero en Barbastro 0,23 0,23 0,26 0,26 0,22 0,21 0,22 0,21 0,22 0,18 0,17 0,20 Pendiente de concertación 97 Noguera Ribagorzana en La Piñana 1,54 1,47 1,39 1,40 1,26 1,27 1,45 1,58 1,74 1,42 1,39 1,41 Concertado 99 Guadalope en Caspe 0,40 0,36 0,35 0,37 0,36 0,36 0,38 0,40 0,39 0,35 0,33 0,33 Pendiente de concertación5 101 Aragón en Yesa-PP 2,77 3,19 4,36 4,47 4,33 4,79 5,50 5,50 5,00 4,50 4,00 4,00 Pendiente de concertación6 106 Guadalope en Santolea-PP 0,20 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,21 0,25 0,24 0,20 0,17 0,17 Concertado 112 Ebro en Sástago 20,00 20,00 35,00 35,00 35,00 15,58 17,08 15,32 13,56 11,37 13,56 13,56 Concertado 115 Noguera Ribagorzana en Puente Montañana 1,23 1,16 1,08 1,06 0,95 0,99 1,14 1,26 1,39 1,13 1,12 1,13 Concertado 118 Martín en Oliete 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,11 0,13 0,12 0,09 0,09 0,09 Concertado 120 Ebro en Mendavia 8,70 9,84 10,83 11,28 11,14 10,60 11,55 10,53 9,08 7,54 6,75 6,72 Concertado 124 Huerva en Las Torcas 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 Concertado 125 Piedra en Carenas 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,28 0,30 0,30 0,31 0,28 0,28 0,28 Pendiente de concertación4 142 Lumbreras en Lumbreras 0,13 0,13 0,25 0,26 0,23 0,22 0,25 0,24 0,21 0,16 0,13 0,13 Concertado 145 Ésera en Eriste (Villanova) 0,57 0,50 0,49 0,44 0,41 0,43 0,48 0,63 0,83 0,66 0,61 0,61 Concertado 147 Nájima en Monreal de Ariza 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 Concertado 153 Algas en Horta de San Juan 0,00 0,01 0,02 0,07 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 Concertado 159 Arga en Huarte 0,37 0,44 0,45 0,45 0,66 0,62 0,65 0,39 0,36 0,32 0,29 0,32 Concertado 172 Cinca en Lafortunada 2,80 2,52 2,33 2,33 2,03 2,17 2,32 2,68 2,88 2,65 2,54 2,65 Concertado 174 Queiles en Los Fayos 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,11 0,14 0,14 0,13 0,11 0,09 0,09 Concertado 190 Flumen en Quicena 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,10 Pendiente de concertación7 192 Guatizalema en Siétamo 0,16 0,15 0,17 0,16 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,12 0,11 0,13 Concertado 238 Aranda en Maidevera-PP 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 Concertado 250 Gállego en Búbal 0,40 0,38 0,33 0,31 0,27 0,31 0,35 0,38 0,39 0,34 0,32 0,35 Concertado 253 Cidacos en Arnedillo 0,00 0,00 0,05 0,10 0,15 0,15 0,15 0.10 0,05 0,00 0,00 0,00 Concertado 277 Irati en Aoiz 0,90 1,93 2,07 3,10 3,01 2,80 2,81 2,86 1,29 0,90 0,90 0,90 Concertado 876 Embalse de Rialp 3,76 3,74 3,70 3,59 3,30 3,39 3,78 4,43 4,14 3,35 3,26 3,38 Concertado 1. Este caudal se incrementa con dos crecidas puntuales de 1.000-1.500 m3/sg, para renaturalizar el régimen de caudales y especialmente para la reducción de la invasión de macrófitos. 2. A concertar después de la construcción del embalse de Lechago y después del estudio de viabilidad que confirme los valores propuestos. 3. A concertar después de la puesta en funcionamiento completa del Canal de Navarra y después del estudio de viabilidad que confirme los valores propuestos. 4. A concertar después de la construcción del embalse de Mularroya y después del estudio de viabilidad que confirme los valores propuestos. 5. Condicionado a la realización de bombeos de compensación desde el embalse de Mequinenza. 6. A concertar después de la puesta en funcionamiento del embalse de Yesa recrecido y después del estudio de viabilidad que confirme los valores propuestos. 7. A concertar después de la puesta en explotación del embalse de Montearagón y después del estudio de viabilidad que confirme los valores propuestos.   Anexo 7.2. Régimen de caudales ecológicos en situación de sequía, no afectados por la red Natura 2000 CAUDALES ECOLÓGICOS DE SEQUÍAS EN LAS ESTACIONES DE AFORO NO AFECTADAS POR LA RED NATURA 2000. ESTACIÓN DE AFOROS RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS (m3/s) ESTADO DEFINICIÓN DE CAUDALES CÓD NOMBRE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 38 Najerilla en Torremontalvo 0,67 0,72 0,76 0,73 0,67 0,67 0,74 0,71 0,55 0,44 0,40 0,45 Concertado 3 Ega en Andosilla 0,23 0,28 0,30 0,31 0,31 0,28 0,30 0,26 0,22 0,17 0,14 0,16 Concertado 59 Gállego en Santa Eulalia 3,15 3,09 3,01 2,93 2,63 2,69 2,90 2,94 2,90 2,55 2,40 2,66 Concertado 87 Jalón en Grisén 0,45 0,42 0,40 0,39 0,38 0,37 0,40 0,43 0,44 0,42 0,40 0,41 Pendiente de concertación1 115 Noguera Ribagorzana en Puente Montañana 0,40 0,48 0,45 0,39 0,44 0,48 0,51 0,56 0,32 0,28 0,23 0,27 Concertado 174 Queiles en Los Fayos 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 Concertado 1. A concertar después de la construcción del embalse de Mularroya y después del estudio de viabilidad que confirme los valores propuestos. ANEXO 8 Dotaciones y necesidades hídricas Anexo 8.1. Dotaciones máximas admisibles de abastecimiento referidas al punto de captación en litros por habitante y día Población abastecida por el sistema (municipio, área metropolitana, etc.) Valor de referencia litros/hab-día Rango admisible litros/hab-día Menos de 50.000 340 180-640 De 50.000 a 100.000 330 180-570 De 100.000 a 500.000 280 180-490 Más de 500.000 270 180-340 Anexo 8.2. Dotaciones máximas admisibles para consumo humano referidas al punto de captación en litros por habitante y día Población abastecida por el sistema (municipio, área metropolitana, etc.) Valor de referencia litros/hab-día Rango admisible litros/hab-día Menos de 50.000 180 100-330 De 50.000 a 100.000 180 100-270 De 100.000 a 500.000 140 100-190 Más de 500.000 140 100-160 Anexo 8.3. Dotaciones máximas para establecimientos de carácter estacional referidas al punto de captación en litros por habitante, plaza y día. Establecimiento Dotación litros/plaza-día Cámping 120 Hotel 240 Apartamento 150 Chalé 350 Anexo 8.4. Necesidades hídricas máximas de riego por comarcas y cultivos Tabla 8.4.1. NECESIDADES HÍDRICAS POR COMARCAS Y CULTIVOS. CULTIVO COMARCA Acelga Ajo Albaricoque Alcachofa Alfalfa Almendro rd Apio Arroz Avellano Avena Ballico Berenjena Borraja Ágreda         5.980         3.750       Aguilar de Campoo         4.560         2.630       Alagón         6.290 3.700               Alcañiz     4.690   5.280 2.790               Alfambra                           Alfaro       4.580 6.530 4.000               Almazán   3.830     4.930                 Almudévar         6.650 4.050   8.730     5.400     Alt Urgell         4.300                 Alta Ribagorça         2.870                 Angüés         5.970               3.220 Anoia         5.300                 Arcos de Jalón         4.890         3.140       Ariza         5.440                 Arnedo       3.730 6.050 3.440               Ateca         5.130                 Ayerbe         5.890 2.920       3.620       Baix Ebre 2.160     4.400   2.740 190 6.370 6.320     4.340   Barbastro         5.130 2.480   7.140           Belchite         5.430 3.110       3.600       Belorado   2.940     4.800         1.820       Binéfar         5.960 3.430   7.910     4.260     Boltaña         3.050         2.890       Borja         6.450 3.710               Briviesca   3.130     5.440         2.160       Calahorra       3.480 6.000 3.500               Calamocha         5.160 3.270               Calatayud     4.760     3.190               Cantavieja                           Cariñena           3.720               Caspe     5.170   6.350 3.220   7.190   3.670       Castejón de Sos                   3.350 3.300     Cella         4.750         3.380       Cerdanya         3.360                 Cervera del Río Alhama       3.820 6.110 3.580               Conca de Barberà           2.830     6.020         Condado de Treviño         4.040         1.800       Cuenca de Pamplona         3.910 2.150               Daroca                           Durango         3.600                 Ejea de los Caballeros         6.290 3.650   8.560           Épila-La Almunia   3.900 6.080   6.930 4.290           5.380   Espejo         4.270                 Espinosa de los Monteros   2.490               1.310       Fraga     6.450   6.760 4.010   8.980   4.570 5.220     Garrigues     5.390   5.740 3.340               Gomara   3.800     5.340         3.230       Grañén         6.890 4.120   9.150     5.710     Graus         3.610                 Haro         5.010                 Híjar     5.390   5.820 3.490       3.930       Huesca         6.230 3.230         4.160     Jaca         3.740                 Laguardia         4.300                 Logroño       2.230 4.930 2.480               Maranchón         5.370 2.920               Mas de las Matas         5.850 3.280               Medina de Pomar   3.200     4.070         2.060       Miranda de Ebro   3.490     5.200         2.500       Molina de Aragón         5.660                 Monreal del Campo         4.710         3.430       Montalbán         5.420 2.910               Montsià 2.370   5.730 4.890   3.140 280 7.350 7.000     4.860   Monzón         5.800 3.240   7.940   3.900 4.170     Mora de Rubielos         5.120         3.630       Morella         5.380       6.010         Muniesa           2.980               Murguía                           Nájera         4.460                 Navarra Media         4.990                 Navarra Noroccidental         3.590                 Navarra Pirineos         3.820                 Noguera 1.350       5.630 2.870           3.310   Oñate         3.770                 Pallars Jussà         4.030                 Pallars Sobirà         3.040                 Pina de Ebro         7.420                 Plà D’urgell 1.600       6.040 3.460           3.480   Priorat       5.100   3.540     7.340         Quinto de Ebro     6.280 4.850 7.530 4.000               Reinosa         4.050                 Ribera Alta – Aragón       4.980 5.980 3.460   8.170           Ribera Baja Navarra       5.900 6.400 3.850   8.510       5.210   Ribera D’ebre     6.720 5.890   4.000     7.990     5.930   Sabiñánigo         3.110           1.920     Sádaba         6.240 3.590   8.520           Salvatierra         3.830                 San Pedro Manrique         5.750         3.210       Sta. Cruz de Campezo         4.040                 Sto. Domingo de la Calza.         4.300                 Sariñena   3.330     5.690 3.340   7.260   3.800 4.710   2.760 Sedano   3.130     4.090         2.130       Segarra         5.560                 Segrià 1.450   4.620 4.070 5.500 2.810   7.330 5.870 3.730   3.200   Solsonès         5.100                 Sos del Rey Católico         5.940                 Tamarite de Litera     5.400   5.900 3.310         4.490     Tarazona     5.510   6.190 3.550               Tauste         6.240 3.600   8.700           Terra Alta           3.960   7.810 7.810         Tierra Estella         4.950 2.880               Torrecilla en Cameros         4.670                 Urgell         6.120 3.680               Val D’aran         3.650                 Valderrobres     5.350     3.500     6.890         Villalba de Losa   2.770               1.500       Villarcayo   2.960     3.970         1.800       Vitoria         3.670                 Zaragoza 1.830   6.480 5.080 6.850 4.160             3.220 Zuera       5.120 6.910 4.180               Tabla 8.4.2. NECESIDADES HÍDRICAS POR COMARCAS Y CULTIVOS. CULTIVO COMARCA Bróculi Calabacín Cardo Cebada Cebolla Cerezo Ciruelo Col de Bruselas Col repollo Coliflor Colza Endrino Escarola Ágreda       2.950                   Aguilar de Campoo       2.850                   Alagón 820         5.250 7.080             Alcañiz       2.650   4.310 5.220             Alfambra       2.890                   Alfaro   3.740 2.030 3.480 6.220 5.440 6.450   4.060 2.330       Almazán       3.230                   Almudévar       3.430 6.410   6.770             Alt Urgell       3.530 4.810                 Alta Ribagorça       1.430                   Angüés       2.250                   Anoia       3.410                   Arcos de Jalón       3.210                   Ariza       3.950                   Arnedo   3.520 1.420 3.060 5.680 4.720 5.820   3.690 2.100       Ateca       3.560   4.840 5.490             Ayerbe       2.190   4.740               Baix Ebre   600   2.080 4.470 4.680     1.690       250 Barbastro       2.250   4.140               Belchite       2.350                   Belorado       900 4.060 3.380       1.650       Binéfar       2.660   4.980 5.940       1.760     Boltaña       1.560                   Borja 740     3.620   5.310 6.260   4.030 1.010       Briviesca       1.000 4.260 3.600       1.720       Calahorra   3.510 1.210 3.040 5.700 4.730 5.860   3.660 2.080       Calamocha       3.650   4.930 5.480             Calatayud       2.380   4.800 5.460             Cantavieja                           Cariñena     1.690 2.660   4.830 6.130   3.500 1.910       Caspe       2.250   4.790 5.910       1.720     Castejón de Sos                           Cella       3.320                   Cerdanya       2.520                   Cervera del Río Alhama   3.590 1.580 3.090 5.830 4.940 5.780   3.740 2.320       Conca de Barberà                           Condado de Treviño       1.080   3.500               Cuenca de Pamplona       140   3.380               Daroca       3.580   4.630 5.260             Durango                           Ejea de los Caballeros 640 3.610   2.370 5.600       3.240 430       Épila-La Almunia 880     3.150   5.640 7.090   3.980 2.250       Espejo                           Espinosa de los Monteros       480 3.690 3.080       1.430       Fraga       3.230 6.080 5.920 7.270             Garrigues       2.130 5.530 4.980 6.080             Gomara       2.610                   Grañén       3.500                   Graus       2.390                   Haro       2.600 4.740       3.000 340     2.210 Híjar       3.360 4.910 5.890               Huesca       2.500                   Jaca       1.190                   Laguardia                   1.700       Logroño   2.940 660 2.340 4.720 3.730 4.690   2.920 1.750     2.120 Maranchón       2.660                   Mas de las Matas       3.250                   Medina de Pomar       1.000 4.210 3.610       1.650       Miranda de Ebro       1.560 4.460 3.840       1.840       Molina de Aragón       3.000                   Monreal del Campo       3.160                   Montalbán       2.990                   Montsià   690   2.550 5.100 5.270     2.030       320 Monzón       2.310   4.830 5.780       1.730     Mora de Rubielos       2.650                   Morella           4.460               Muniesa       3.010   4.610               Murguía                           Nájera       1.980 4.340       3.130 1.680     2.210 Navarra Media 1.870     1.070                   Navarra Noroccidental       0                   Navarra Pirineos       40                   Noguera       1.910 5.520 4.660 5.730   2.930         Oñate                           Pallars Jussà       2.280 3.920                 Pallars Sobirà       1.790                   Pina de Ebro 960     2.860 5.850                 Plà D’urgell       2.380 5.600 5.130 6.230   3.300 520 1.890   2.280 Priorat           5.540     3.800         Quinto de Ebro       2.920 480 5.580 7.140   3.550         Reinosa                           Ribera Alta – Aragón 2.080   1.330 1.940 5.780 5.050   760   1.930   4.870   Ribera Baja Navarra 2.230     2.480 6.160 5.450   940           Ribera D’ebre       2.740 6.690 6.010 7.710   4.110         Sabiñánigo       1.110                   Sádaba       2.180             1.670     Salvatierra                   1.450       San Pedro Manrique       2.680                   Sta. Cruz de Campezo                   1.600       Sto. Domingo de la Calza.       1.860 4.150       1.370 1.600       Sariñena       3.260 5.450 4.760         2.050     Sedano       1.000 4.240 3.660       1.650       Segarra       3.580                   Segrià   2.860   2.200 5.100 4.330 5.300   2.920 540 1.720   2.110 Solsonès       3.090                   Sos del Rey Católico       2.140                   Tamarite de Litera       2.540   4.920 5.900             Tarazona       3.300   5.100               Tauste       2.160 5.710 5.270 7.080   3.300 610       Terra Alta           5.950               Tierra Estella       1.080   4.470               Torrecilla en Cameros   2.540     4.500   4.320     1.720       Urgell       2.360 5.830                 Val D’aran                           Valderrobres       3.620   5.370 6.020             Villalba de Losa       640 3.860         1.560       Villarcayo       730 4.050 3.450       1.570       Vitoria                   1.440       Zaragoza 1.100 3.690 2.060 3.000 6.240 5.800 7.810   3.730 2.200     2.640 Zuera       3.040   5.860               Tabla 8.4.3. NECESIDADES HÍDRICAS POR COMARCAS Y CULTIVOS. Cultivo Comarca Esparceta Espárrago Espinaca Fresa Girasol Guisante grano Guisante verde Haba verde Judía grano Judía verde Lechuga Limonero Maíz forrajero Ágreda 5.970       4.600                 Aguilar de Campoo 5.000       4.240 5.310               Alagón               2.030           Alcañiz         4.030 3.450               Alfambra                           Alfaro   4.830     6.380   3.070     3.040 2.140     Almazán         4.130   2.770             Almudévar         5.460                 Alt Urgell                           Alta Ribagorça         3.050                 Angüés                           Anoia                           Arcos de Jalón 5.360       4.220                 Ariza         5.660                 Arnedo   4.480     5.970   2.710 2.350   2.790 2.000     Ateca               2.230           Ayerbe         4.710                 Baix Ebre     1.380       940 1.110   2.460 1.570 4.830   Barbastro         4.000                 Belchite         4.270   2.080             Belorado 4.270       3.750               2.800 Binéfar         4.700 3.650             4.230 Boltaña         4.090                 Borja   4.550     5.200   3.610 2.550           Briviesca 4.510       3.820               2.880 Calahorra   4.220     5.970   2.710 2.170   2.790 1.860   3.830 Calamocha         4.650 3.670               Calatayud             2.850 2.180           Cantavieja                           Cariñena             3.210             Caspe         2.180   1.880             Castejón de Sos                           Cella         4.330 3.610               Cerdanya         3.620               3.010 Cervera del Río Alhama   4.730     5.920   2.760 2.370   2.880 2.000     Conca de Barberà                           Condado de Treviño 4.490       3.810         1.900     2.880 Cuenca de Pamplona         4.270         2.390       Daroca         4.490   2.950             Durango                           Ejea de los Caballeros         4.930 2.870   1.750           Épila-La Almunia         5.570   3.700 2.530           Espejo                   1.980       Espinosa de los Monteros         3.550                 Fraga         2.590 4.230             4.700 Garrigues         4.580           1.490   3.610 Gomara 5.350 3.870     4.130   2.820             Grañén         5.400                 Graus         3.700                 Haro           2.220     3.660   1.550     Híjar         4.460 3.890   2.350           Huesca         4.880                 Jaca                           Laguardia                   2.260       Logroño   3.660         2.140 1.390 3.530 2.230 1.490   2.910 Maranchón         4.700 3.540 2.820             Mas de las Matas                           Medina de Pomar 4.530       3.870               2.870 Miranda de Ebro         3.970               2.980 Molina de Aragón         4.960 3.840 3.010             Monreal del Campo         4.340 3.530               Montalbán         4.300 3.680               Montsià     1.610 3.040     1.220 1.290   2.700 1.810 5.820   Monzón         4.540 3.600             4.310 Mora de Rubielos                           Morella                         3.060 Muniesa           3.780               Murguía                   2.230     2.630 Nájera             2.130   3.360   1.230     Navarra Media     1.400   4.800   1.980     2.620       Navarra Noroccidental     1.020   4.290                 Navarra Pirineos             1.480             Noguera         4.510         2.670 1.710   3.530 Oñate                           Pallars Jussà                           Pallars Sobirà         3.400                 Pina de Ebro         4.970   2.460 2.310           Plà D’urgell     1.590   4.700         2.770 1.660   3.710 Priorat                   2.930 2.410     Quinto de Ebro         5.050   2.480 2.380           Reinosa                         2.840 Ribera Alta – Aragón   4.840 1.600       2.350 2.720   2.990 1.850     Ribera Baja Navarra   5.060 1.760   5.880   2.570 3.330   3.110     3.970 Ribera D’ebre               2.640   3.210 1.910 6.530   Sabiñánigo         3.430               3.030 Sádaba         4.980   2.580             Salvatierra                   2.300       San Pedro Manrique 5.690       4.470                 Sta. Cruz de Campezo         4.060         1.860     2.860 Sto. Domingo de la Calz.             2.050   3.270 2.300 1.190     Sariñena   3.980 1.470   4.460 3.720 2.170     2.700 1.710   3.560 Sedano 4.510       3.890               2.930 Segarra                           Segrià     1.450   4.250   2.010 1.840   2.580 1.550   3.350 Solsonès                           Sos del Rey Católico         4.870   2.250             Tamarite de Litera         4.660               4.090 Tarazona   4.760     5.090   3.390             Tauste   4.370     4.910   3.040 1.900           Terra Alta                           Tierra Estella   4.390     5.360   2.070     2.870 1.660     Torrecilla en Cameros             2.260 1.040 3.460 2.370 1.350     Urgell         4.900         2.830 1.680   3.880 Val D’aran                           Valderrobres                           Villalba de Losa         3.630                 Villarcayo 4.410       3.770               2.820 Vitoria         3.500   2.250     2.270       Zaragoza     1860   5.340   3.040 2.530     2.150     Zuera                           Tabla 8.4.4. NECESIDADES HÍDRICAS POR COMARCAS Y CULTIVOS. Cultivo Comarca Maíz Mandarino Manzano Melocotón Melón Naranjo Nogal Olivar Patata Peral Pimiento Praderas polif. Ágreda 5.350   5.520       6.420 3.110 4.900       Aguilar de Campoo 4.430   4.610           4.190       Alagón 5.590   6.670 6.210     6.970 3.880   6.710 4.380   Alcañiz 4.610   5.240 5.360     5.570 3.150 4.840 5.500     Alfambra                 4.470       Alfaro 5.750   6.790 6.580 4.060   7.050 3.880 5.230 6.940 4.820   Almazán 4.440                       Almudévar 5.550   6.530 6.280       4.010 3.230 6.980   6.340 Alt Urgell 4.270             3.130 4.400       Alta Ribagorça 3.310                       Angüés 5.160             3.230         Anoia 4.620               5.180       Arcos de Jalón 4.480               4.560       Ariza 4.970   5.630             6.260     Arnedo 5.390   6.260 6.030 3.790   6.550 3.010 4.900 6.260 4.530   Ateca 4.690   5.260 5.520           5.790     Ayerbe 5.170   5.620         2.900         Baix Ebre   4.830   5.410 3.020 4.830 5.970 3.130 5.360 5.520 3.870   Barbastro 4.440   4.990 4.770       2.550   5.370   4.890 Belchite 5.010   5.600         3.290   5.880     Belorado 3.940   4.030           4.360       Binéfar 5.210   5.840 5.690     6.190 3.690   6.240   5.700 Boltaña               680       2.850 Borja 5.530   5.900 6.300     6.820 3.970   6.590     Briviesca 4.030   4.200           4.550       Calahorra 5.370   6.270 6.070 3.760   6.560 2.840 4.900 6.330 4.470   Calamocha 4.920               4.870       Calatayud 4.610   5.280 5.540       3.460   5.730     Cantavieja                 4.330       Cariñena 4.740   6.150 5.900       3.850   6.260 4.610   Caspe 4.770   5.770 5.460       3.340   6.020     Castejón de Sos                       3.360 Cella 4.650               4.960       Cerdanya 3.470               3.570       Cervera del Río Alhama 5.440   6.010 6.130 3.850   6.570 3.220 4.990 6.120 4.580   Conca de Barberà               3.110         Condado de Treviño     4.190           4.110       Cuenca de Pamplona 4.310   4.390 3.600         3.280 4.110 4.060 3.730 Daroca 4.780   5.140 5.300     5.890 3.380 5.670 5.560     Durango     3.460             3.630     Ejea de los Caballeros 5.410   6.260       3.390       4.810   Épila-La Almunia 5.920   6.940 6.610       4.750   7.210     Espejo                 4.310       Espinosa de los Monteros 3.720   3.610           3.690       Fraga 5.910   6.850 6.630       4.460   7.070   6.460 Garrigues 4.930   5.950 5.530 3.360     3.470   6.240 4.920   Gomara 4.740               4.490       Grañén 5.820             4.420     4.710 6.600 Graus 4.040             1.820       3.430 Haro 4.310   4.990           4.310 5.010 3.830   Híjar 5.060   5.890 4.670     6.140 3.850   6.230     Huesca 5.360             3.330       5.940 Jaca                       3.530 Laguardia               1.810 4.390       Logroño 4.140   4.880 4.760 3.070   5.410 2.110 4.180 4.970 3.690   Maranchón     5.080       5.900           Mas de las Matas 4.800     5.670       3.520 5.360       Medina de Pomar 4.070   4.250           4.140       Miranda de Ebro     4.580           4.610       Molina de Aragón                         Monreal del Campo 4.660                       Montalbán 4.360             2.940 4.560       Montsià   5.820 6.100 6.000 3.230 5.820 6.610 3.890 6.000   4.410   Monzón 5.150   5.640 5.530       3.490   6.060   5.530 Mora de Rubielos                 4.340       Morella     5.040 5.070         4.490 5.520     Muniesa               3.210 4.940       Murguía                 3.350       Nájera 3.750   4.350       4.970   3.870 4.320 3.450   Navarra Media 4.800               4.050       Navarra Noroccidental 4.100   3.510       4.430   2.980 3.770   3.380 Navarra Pirineos 4.290   4.040       4.710   3.120     3.630 Noguera 4.820   5.610 5.630 3.240   6.090 3.030 5.390 5.880 4.820 5.380 Oñate                 3.990       Pallars Jussà 3.980             1.480         Pallars Sobirà 3.550                       Pina de Ebro 5.870             4.270         Plà D’urgell 5.070   5.960 5.960 3.490   6.440 3.880   6.280 5.110 5.790 Priorat       6.490 3.640   7.270 3.930         Quinto de Ebro 5.970   7.110 6.580 4.050     4.480   7.090     Reinosa 3.980               3.750       Ribera Alta – Aragón 5.660   6.360 6.090 3.810   6.560 2.870 4.900 6.430 5.370 5.700 Ribera Baja Navarra 5.830   6.700 6.490 4.010     3.650   6.840 5.570 6.070 Ribera D’ebre   6.530 7.140 6.910 3.950 6.530 7.940 4.500 6.600 7.550 5.560   Sabiñánigo 3.620                     2.950 Sádaba 5.470             3.040         Salvatierra     3.960           4.030       San Pedro Manrique 5.210   5.330       6.230   4.790       Sta. Cruz de Campezo                 4.490       Sto. Domingo de la Calz. 3.810   4.140           3.730 4.200 3.410   Sariñena 4.800   5.660 5.320 3.510   6.140 3.570   5.910 3.870 5.460 Sedano 4.110   4.190       5.050   4.500       Segarra 4.850           6.210 3.050 5.370       Segrià 4.570   5.160 4.840 3.210   5.610 3.740 5.470 5.260 4.600 5.260 Solsonès 4.430                       Sos del Rey Católico 5.030   5.860                   Tamarite de Litera 5.180   5.830 5.760       3.610   5.980   5.660 Tarazona 5.050   5.700         3.610 5.020 6.340 4.830   Tauste 5.520   6.680 6.160       3.690 6.390 6.720     Terra Alta   6.200   6.830       4.270         Tierra Estella 5.360   5.290 4.840       2.440 4.090 5.410 5.070 4.720 Torrecilla en Cameros     4.420       5.060   4.000 4.520 3.560   Urgell 5.310   6.160 6.320 3.630     3.910 6.090 6.470 5.310 5.830 Val D’aran                         Valderrobres       5.990       3.790 5.120       Villalba de Losa 3.840               3.810       Villarcayo 4.000   4.070       4.970   4.080 4.190     Vitoria                 3.520       Zaragoza 6.180   7.250 6.780     7.530 4.740 6.940 7.360 4.630   Zuera 6.040   7.320         4.770   7.440     Tabla 8.4.5. NECESIDADES HÍDRICAS POR COMARCAS Y CULTIVOS. Cultivo Comarca Puerro Remolacha Romanesco Sandía Soja Sorgo Tomate Trébol Trigo Veza forraj. Veza Viñedo Ágreda   7.530             3.220   3.260   Aguilar de Campoo   6.160             2.800  1.240 2.130   Alagón                 2.930       Alcañiz             3.410   3.080       Alfambra                 3.340       Alfaro 3.240           4.860   3.890     3.260 Almazán   6.890             3.950       Almudévar                 3.950       Alt Urgell                 3.550       Alta Ribagorça                 1.650       Angüés                 2.780     2.580 Anoia                 2.700       Arcos de Jalón                 3.940   2.940   Ariza                 4.870       Arnedo 3.060           4.610   3.290     2.850 Ateca                 4.160       Ayerbe                 2.420       Baix Ebre 2.470     3.060     4.270   2.550     3.420 Barbastro           3.410     2.150     2.710 Belchite                 2.830     2.990 Belorado   5.450             1.820 630 1.320   Binéfar           3.960     3.160 2.020   3.420 Boltaña                 1.600       Borja                 4.140     3.380 Briviesca   5.680             2.150 760 1.500 1.680 Calahorra 3.020           4.330   3.200 1.640   2.830 Calamocha                 3.740     2.860 Calatayud                 3.490     2.940 Cantavieja                         Cariñena       3.520         3.800     3.360 Caspe                 2.950     3.050 Castejón de Sos               4.580         Cella                 3.750       Cerdanya                 2.610       Cervera del Río Alhama 3.060           4.430   3.390     2.720 Conca de Barberà                       3.440 Condado de Treviño   5.740             1.800   1.390   Cuenca de Pamplona                 870       Daroca                 3.600       Durango                         Ejea de los Caballeros 2.630           5.600   3.280     3.260 Épila-La Almunia       4.110     6.870   4.420     3.710 Espejo   5.400                     Espinosa de los Monteros   5.060             1.300   1.050   Fraga           5.060     3.800 2.560   3.970 Garrigues           4.270 5.000   2.490 1.920   3.290 Gomara   6.790             3.020   3.000   Grañén                 4.080 2.630     Graus                 2.510       Haro 2.520 5.810         3.640   2.970 1.120   2.130 Híjar                 3.680     3.370 Huesca                 2.820       Jaca                 1.200       Laguardia                       1.790 Logroño 2.520 5.690   3.010     3.560   2.100 1.010   1.870 Maranchón                 3.100       Mas de las Matas                 3.760       Medina de Pomar   5.700             2.060 720 1.460 1.670 Miranda de Ebro   6.080             2.500 1.110 1.980   Molina de Aragón                 3.450       Monreal del Campo                 3.740       Montalbán                 3.430       Montsià 2.870     3.430     4.680   2.980       Monzón           3.840 4.520   3.150 2.010   3.320 Mora de Rubielos                 3.190       Morella                         Muniesa                         Murguía   4.460                     Nájera 2.560 5.230         3.330   2.210     1.470 Navarra Media   5.190 1.980   4.800       1.990       Navarra Noroccidental             4.130   540       Navarra Pirineos                 710     1.280 Noguera           4.180 4.940   2.210 1.650   3.020 Oñate                         Pallars Jussà                 2.460 1.510     Pallars Sobirà                 1.950 1.140     Pina de Ebro                 3.270       Plà D’urgell       3.510   4.400 5.200   3.360 2.140   3.430 Priorat                       4.140 Quinto de Ebro             5.750   3.510     3.790 Reinosa                         Ribera Alta – Aragón 2.990           5.730   3.010 1.580   2.990 Ribera Baja Navarra             5.930   3.580 2.220   3.290 Ribera D’ebre                       4.580 Sabiñánigo                 1.120       Sádaba                 3.380       Salvatierra   4.720                     San Pedro Manrique   7.240             2.830   2.890   Sta. Cruz de Campezo                         Sto. Domingo de la Calza. 2.220 5.060         3.290   2.050     1.390 Sariñena           4.030 4.450   3.380 2.190   3.120 Sedano   5.640             2.130 820 1.470 1.650 Segarra                 2.860       Segrià       3.250   3.980 4.780   2.520 1.830   2.770 Solsonès                 3.380     2.690 Sos del Rey Católico                 3.570       Tamarite de Litera           3.970     3.040 1.980   3.230 Tarazona             4.780   3.790     3.200 Tauste 2.730               2.790     3.350 Terra Alta                       4.490 Tierra Estella   5.820             2.070     2.360 Torrecilla en Cameros 2.630           3.420           Urgell           4.580 5.340   3.270 2.150   3.670 Val D’aran                 2.310       Valderrobres                         Villalba de Losa   5.330             1.500   1.150   Villarcayo   5.490             1.800 460 1.220   Vitoria   4.440                     Zaragoza 3.180           5.940   3.440       Zuera                 4.130       Estos valores son fruto de un convenio de colaboración de 2004 entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para revisar las necesidades hídricas que contemplaba el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 1998. Una relación más detallada, incluyendo modulaciones mensuales, puede consultarse en http://www.chebro.es. Las necesidades hídricas equivalen a un 85% de la dotación en caso de riego localizado y a un 75% en caso de riego por aspersión. Las dotaciones admisibles serán como máximo las equivalentes al riego por aspersión. Se trata de necesidades hídricas calculadas para el percentil 80% de la serie. Adicionalmente fue realizado un análisis de las dotaciones solicitadas en 7150 expedientes de concesión, considerándose como dotaciones de referencia a tener en cuenta en estudios agronómicos justificativos. Estas dotaciones de referencia son de media en torno a un 30% inferiores a las máximas. Especialmente en los casos de olivar, avellano, nogal, vid y espárrago las necesidades hídricas estimadas son significativamente superiores a las dotaciones de referencia obtenidas del estudio de expedientes. Anexo 8.5. Comarcas agrarias y términos municipales COD MUNICIPIO COMARCA AGRARIA PLAN HIDROLÓGICO 1001 Alegría-Dulantzi Vitoria-Gasteiz 1003 Aramaio Vitoria-Gasteiz 1006 Armiñón Espejo 1008 Arrazua-Ubarrundia Vitoria-Gasteiz 1009 Asparrena Salvatierra 1010 Ayala/Aiara Espejo 1011 Baños de Ebro/Mañueta Laguardia 1013 Barrundia Salvatierra 1014 Berantevilla Espejo 1016 Bernedo Santa Cruz de Campezo 1017 Campezo/Kanpezu Santa Cruz de Campezo 1018 Zigoitia Murguía 1019 Cripan Laguardia 1020 Kuartango Murguía 1021 Elburgo/Burgelu Vitoria-Gasteiz 1022 Elciego Laguardia 1023 Elvillar/Bilar Laguardia 1027 Iruraiz-Gauna Vitoria-Gasteiz 1028 Labastida/Bastida Espejo 1030 Lagrán Laguardia 1031 Laguardia Laguardia 1032 Lanciego/Lantziego Laguardia 1033 Lapuebla de Labarca Laguardia 1034 Leza Laguardia 1037 Arraia-Maeztu Santa Cruz de Campezo 1039 Moreda de Álava Laguardia 1041 Navaridas Laguardia 1043 Oyón-Oion Laguardia 1044 Peñacerrada-Urizaharra Laguardia 1046 Ribera Alta Espejo 1047 Ribera Baja/Erribera Beitia Espejo 1049 Salinas de Añana Espejo 1051 Salvatierra/Agurain Salvatierra 1052 Samaniego Laguardia 1053 San Millán/Donemiliaga Salvatierra 1054 Urkabustaiz Murguía 1055 Valdegovía/Gaubea Espejo 1056 Valle de Arana/Harana Salvatierra 1057 Villabuena de Álava/Eskuernaga Laguardia 1058 Legutiano Vitoria-Gasteiz 1059 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz 1060 Yécora/Iekora Laguardia 1061 Zalduondo Salvatierra 1062 Zambrana Espejo 1063 Zuia Murguía 1901 Iruña de Oca/Iruña Oka Vitoria-Gasteiz 1902 Lantarón Espejo 8016 Bagà Anoia 8031 Calaf Anoia 8036 Calonge de Segarra Anoia 8060 Castellfollit de Riubregós Anoia 8133 Montmaneu Anoia 8176 Pujalt Anoia 8189 Sant Pere Sallavinera Anoia 8190 Saldes Anoia 8297 Veciana Anoia 9001 Abajas Briviesca 9006 Aguas Cándidas Briviesca 9007 Aguilar de Bureba Briviesca 9010 Alcocero de Mola Briviesca 9011 Alfoz de Bricia Villarcayo 9012 Alfoz de Santa Gadea Villarcayo 9013 Altable Miranda de Ebro 9014 Altos (Los) Villarcayo 9016 Ameyugo Miranda de Ebro 9025 Arija Villarcayo 9026 Arlanzón Belorado 9027 Arraya de Oca Belorado 9036 Bañuelos de Bureba Briviesca 9043 Barrios de Bureba (Los) Briviesca 9044 Barrios de Colina Belorado 9045 Basconcillos del Tozo Sedano 9046 Bascuñana Belorado 9048 Belorado Belorado 9050 Berberana Villalba de Losa 9052 Berzosa de Bureba Briviesca 9054 Bozoó Miranda de Ebro 9056 Briviesca Briviesca 9057 Bugedo Miranda de Ebro 9060 Busto de Bureba Briviesca 9068 Cantabrana Briviesca 9071 Carcedo de Bureba Briviesca 9076 Carrias Belorado 9077 Cascajares de Bureba Briviesca 9082 Castildelgado Belorado 9083 Castil de Peones Briviesca 9098 Cerezo de Riotirón Belorado 9100 Cerratón de Juarros Belorado 9102 Cillaperlata Medina de Pomar 9109 Condado de Treviño Condado de Treviño 9115 Cubo de Bureba Briviesca 9120 Encío Miranda de Ebro 9123 Espinosa del Camino Belorado 9124 Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros 9129 Fresneda de la Sierra Tirón Belorado 9130 Fresneña Belorado 9132 Fresno de Rio Tirón Belorado 9133 Fresno de Rodilla Belorado 9134 Frías Medina de Pomar 9135 Fuentebureba Briviesca 9143 Galbarros Briviesca 9149 Grisaleña Briviesca 9173 Huerta de Arriba Nájera 9178 Ibrillos Belorado 9189 Junta de Traslaloma Medina de Pomar 9190 Junta de Villalba de Losa Villalba de Losa 9192 Jurisdicción de San Zadornil Medina de Pomar 9195 Llano de Bureba Briviesca 9209 Medina de Pomar Medina de Pomar 9213 Merindad de Cuesta-Urria Medina de Pomar 9214 Merindad de Montija Espinosa de los Monteros 9215 Merindad de Sotoscueva Espinosa de los Monteros 9216 Merindad de Valdeporres Villarcayo 9217 Merindad de Valdivielso Villarcayo 9219 Miranda de Ebro Miranda de Ebro 9220 Miraveche Briviesca 9224 Monasterio de Rodilla Briviesca 9227 Montorio Sedano 9230 Navas de Bureba Briviesca 9232 Neila Belorado 9238 Oña Medina de Pomar 9244 Padrones de Bureba Briviesca 9251 Pancorvo Miranda de Ebro 9255 Partido de la Sierra en Tobalina Medina de Pomar 9265 Piérnigas Briviesca 9272 Poza de la Sal Briviesca 9273 Prádanos de Bureba Briviesca 9274 Pradoluengo Belorado 9276 Puebla de Arganzón (La) Condado de Treviño 9280 Quintanabureba Briviesca 9283 Quintanaélez Briviesca 9292 Quintanavides Briviesca 9298 Quintanilla San García Briviesca 9303 Rábanos Belorado 9307 Redecilla del Camino Belorado 9308 Redecilla del Campo Belorado 9310 Reinoso Briviesca 9323 Rojas Briviesca 9327 Rublacedo de Abajo Briviesca 9328 Rucandio Briviesca 9329 Salas de Bureba Briviesca 9334 Salinillas de Bureba Briviesca 9346 Santa Cruz del Valle Urbión Belorado 9347 Santa Gadea del Cid Medina de Pomar 9351 Santa María del Invierno Belorado 9353 Santa María Rivarredonda Briviesca 9354 Santa Olalla de Bureba Briviesca 9360 San Vicente del Valle Belorado 9361 Sargentes de Lora Sedano 9392 Tosantos Belorado 9394 Trespaderne Medina de Pomar 9395 Tubilla del Agua Sedano 9407 Valmala Belorado 9408 Vallarta de Bureba Briviesca 9409 Valle de Manzanedo Villarcayo 9410 Valle de Mena Espinosa de los Monteros 9411 Valle de Oca Belorado 9412 Valle de Tobalina Medina de Pomar 9413 Valle de Valdebezana Villarcayo 9415 Valle de Valdelucio Belorado 9416 Valle de Zamanzas Villarcayo 9419 Valluércanes Miranda de Ebro 9422 Vid de Bureba (La) Briviesca 9423 Vileña Briviesca 9424 Viloria de Rioja Belorado 9429 Villaescua la Sombría Belorado 9431 Villafranca Montes de Oca Belorado 9433 Villagalijo Belorado 9445 Villambistia Belorado 9454 Villanueva de Teba Briviesca 9485 Zuñeda Briviesca 9903 Villarcayo de Mdad. de Castilla la V. Villarcayo 9904 Valle de las Navas Villarcayo 9905 Valle de Sedano Sedano 9906 Merindad de Río Ubierna Villarcayo 9908 Valle de Losa Villalba de Losa 12014 Ares del Maestre Morella 12037 Castell de Cabres Morella 12038 Castellfort Morella 12045 Cinctorres Morella 12061 Forcall Morella 12068 Herbés Morella 12075 Mata de Morella (La) Morella 12080 Morella Morella 12083 Olocau del Rey Morella 12087 Palanques Morella 12091 Portell de Morella Morella 12093 Pobla de Benifassá (La) Morella 12112 Todolella Morella 12129 Villafranca del Cid/Vilafranca Morella 12137 Villores Morella 12141 Zorita del Maestrazgo Morella 17006 Alp Cerdanya 17024 Bolvir Cerdanya 17061 Das Cerdanya 17069 Fontanals de Cerdanya Cerdanya 17078 Ger Cerdanya 17082 Guils de Cerdanya Cerdanya 17084 Isòvol Cerdanya 17094 Llívia Cerdanya 17099 Meranges Cerdanya 17141 Puigcerdà Cerdanya 17201 Toses Cerdanya 17206 Urús Cerdanya 19011 Alcolea del Pinar Maranchón 19016 Algar de Mesa Maranchón 19032 Anguita Maranchón 19033 Anquela del Ducado Maranchón 19059 Campillo de Dueñas Molina de Aragón 19089 Ciruelos del Pinar Maranchón 19099 Corduente Molina de Aragón 19109 Embid Molina de Aragón 19115 Establés Maranchón 19122 Fuentelsaz Molina de Aragón 19139 Hombrados Molina de Aragón 19163 Luzón Maranchón 19170 Maranchón Maranchón 19175 Mazarete Maranchón 19183 Milmarcos Maranchón 19188 Mochales Maranchón 19190 Molina de Aragón Molina de Aragón 19209 Pardos Molina de Aragón 19213 Pedregal (El) Molina de Aragón 19222 Pobo de Dueñas (El) Molina de Aragón 19243 Rueda de la Sierra Molina de Aragón 19254 Selas Molina de Aragón 19255 Setiles Molina de Aragón 19265 Tartanedo Molina de Aragón 19285 Torrubia Molina de Aragón 19287 Tortuera Molina de Aragón 19324 Villel de Mesa Maranchón 19332 Yunta (La) Molina de Aragón 20034 Eskoriatza Oñate 20068 Leintz – Gatzaga Oñate 22001 Abiego Angüés 22002 Abizanda Boltaña 22003 Adahuesca Barbastro 22004 Agüero Ayerbe 22006 Aisa Jaca 22007 Albalate de Cinca Binéfar 22008 Albalatillo Sariñena 22009 Albelda Tamarite de Litera 22011 Albero Alto Huesca 22012 Albero Bajo Grañén 22013 Alberuela de Tubo Sariñena 22014 Alcalá de Gurrea Almudévar 22015 Alcalá del Obispo Huesca 22016 Alcampell Tamarite de Litera 22017 Alcolea de Cinca Monzón 22018 Alcubierre Grañén 22019 Alerre Huesca 22020 Alfántega Monzón 22021 Almudévar Almudévar 22022 Almunia de San Juan Monzón 22023 Almuniente Grañén 22024 Alquézar Barbastro 22025 Altorricón Tamarite de Litera 22027 Angüés Angüés 22028 Ansó Jaca 22029 Antillón Angüés 22032 Aragüés del Puerto Jaca 22035 Arén Graus 22036 Argavieso Huesca 22037 Arguis Huesca 22039 Ayerbe Ayerbe 22040 Azanuy-Alíns Binéfar 22041 Azara Angüés 22042 Azlor Angüés 22043 Baélls Tamarite de Litera 22044 Bailo Jaca 22045 Baldellou Tamarite de Litera 22046 Ballobar Fraga 22047 Banastás Huesca 22048 Barbastro Barbastro 22049 Barbués Grañén 22050 Barbuñales Angüés 22051 Bárcabo Barbastro 22052 Belver de Cinca Binéfar 22053 Benabarre Graus 22054 Benasque Castejón de Sos 22055 Berbegal Barbastro 22057 Bielsa Boltaña 22058 Bierge Angüés 22059 Biescas Sabiñánigo 22060 Binaced Monzón 22061 Binéfar Binéfar 22062 Bisaurri Castejón de Sos 22063 Biscarrués Ayerbe 22064 Blecua y Torres Angüés 22066 Boltaña Boltaña 22067 Bonansa Castejón de Sos 22068 Borau Jaca 22069 Broto Boltaña 22072 Caldearenas Sabiñánigo 22074 Campo Castejón de Sos 22075 Camporrells Tamarite de Litera 22076 Canal de Berdún Jaca 22077 Candasnos Fraga 22078 Canfranc Jaca 22079 Capdesaso Sariñena 22080 Capella Graus 22081 Casbas de Huesca Angüés 22082 Castejón del Puente Barbastro 22083 Castejón de Monegros Sariñena 22084 Castejón de Sos Castejón de Sos 22085 Castelflorite Monzón 22086 Castiello de Jaca Jaca 22087 Castigaleu Graus 22088 Castillazuelo Barbastro 22089 Castillonroy Tamarite de Litera 22090 Colungo Barbastro 22094 Chalamera Fraga 22095 Chía Castejón de Sos 22096 Chimillas Huesca 22099 Esplús Binéfar 22102 Estada Barbastro 22103 Estadilla Barbastro 22105 Estopiñán del Castillo Tamarite de Litera 22106 Fago Sabiñánigo 22107 Fanlo Boltaña 22109 Fiscal Boltaña 22110 Fonz Monzón 22111 Foradada del Toscar Castejón de Sos 22112 Fraga Fraga 22113 Fueva (La) Boltaña 22114 Gistaín Boltaña 22115 Grado (El) Barbastro 22116 Grañén Grañén 22117 Graus Graus 22119 Gurrea de Gállego Almudévar 22122 Hoz de Jaca Sabiñánigo 22124 Huerto Sariñena 22125 Huesca Huesca 22126 Ibieca Angüés 22127 Igriés Huesca 22128 Ilche Barbastro 22129 Isábena Graus 22130 Jaca Jaca 22131 Jasa Jaca 22133 Labuerda Boltaña 22135 Laluenga Barbastro 22136 Lalueza Sariñena 22137 Lanaja Sariñena 22139 Laperdiguera Barbastro 22141 Lascellas-Ponzano Angüés 22142 Lascuarre Graus 22143 Laspaúles Castejón de Sos 22144 Laspuña Boltaña 22149 Loarre Ayerbe 22150 Loporzano Huesca 22151 Loscorrales Ayerbe 22155 Monesma y Cajigar Graus 22156 Monflorite-Lascasas Huesca 22157 Montanuy Castejón de Sos 22158 Monzón Monzón 22160 Naval Barbastro 22162 Novales Huesca 22163 Nueno Huesca 22164 Olvena Graus 22165 Ontiñena Fraga 22167 Osso de Cinca Fraga 22168 Palo Boltaña 22170 Panticosa Sabiñánigo 22172 Peñalba Fraga 22173 Peñas de Riglos (Las) Ayerbe 22174 Peralta de Alcofea Sariñena 22175 Peralta de Calasanz Binéfar 22176 Peraltilla Angüés 22177 Perarrúa Graus 22178 Pertusa Angüés 22181 Piracés Grañén 22182 Plan Boltaña 22184 Poleñino Grañén 22186 Pozán de Vero Barbastro 22187 Puebla de Castro (La) Graus 22188 Puente de Montañana Graus 22189 Puértolas Boltaña 22190 Pueyo de Araguás (El) Boltaña 22193 Pueyo de Santa Cruz Monzón 22195 Quicena Huesca 22197 Robres Grañén 22199 Sabiñánigo Sabiñánigo 22200 Sahún Castejón de Sos 22201 Salas Altas Barbastro 22202 Salas Bajas Barbastro 22203 Salillas Grañén 22204 Sallent de Gállego Sabiñánigo 22205 San Esteban de Litera Binéfar 22206 Sangarrén Grañén 22207 San Juan de Plan Boltaña 22208 Santa Cilia de Jaca Jaca 22209 Santa Cruz de la Serós Jaca 22212 Santaliestra y San Quílez Graus 22213 Sariñena Sariñena 22214 Secastilla Graus 22215 Seira Castejón de Sos 22217 Sena Sariñena 22218 Senés de Alcubierre Almudévar 22220 Sesa Grañén 22221 Sesué Castejón de Sos 22222 Siétamo Angüés 22223 Sopeira Graus 22225 Tamarite de Litera Tamarite de Litera 22226 Tardienta Almudévar 22227 Tella – Sin Boltaña 22228 Tierz Huesca 22229 Tolva Graus 22230 Torla Boltaña 22232 Torralba de Aragón Almudévar 22233 Torre la Ribera Graus 22234 Torrente de Cinca Fraga 22235 Torres de Alcanadre Sariñena 22236 Torres de Barbués Grañén 22239 Tramaced Grañén 22242 Valfarta Sariñena 22243 Valle de Bardají Castejón de Sos 22244 Valle de Lierp Castejón de Sos 22245 Velilla de Cinca Fraga 22246 Veracruz Graus 22247 Viacamp y Litera Graus 22248 Vicién Grañén 22249 Villanova Castejón de Sos 22250 Villanúa Jaca 22251 Villanueva de Sigena Sariñena 22252 Yebra de Basa Sabiñánigo 22253 Yésero Sabiñánigo 22254 Zaidín Fraga 22901 Valle de Hecho Jaca 22902 Puente la Reina de Jaca Jaca 22903 San Miguel del Cinca Monzón 22904 Sotonera (La) Ayerbe 22905 Lupiñén-Ortilla Ayerbe 22906 Santa María de Dulcis Barbastro 22907 Aínsa-Sobrarbe Boltaña 22908 Hoz y Costean Barbastro 22909 Vencillón Tamarite de Litera 25001 Abella de la Conca Pallars Jussà 25002 Àger Noguera 25003 Agramunt Urgell 25004 Alamús (Els) Segrià 25005 Alàs i Cerc Alt Urgell 25006 Albagés (L’) Garrigues 25007 Albatàrrec Segrià 25008 Albesa Noguera 25009 Albi (L’) Garrigues 25010 Alcanó Segrià 25011 Alcarrás Segrià 25012 Alcoletge Segrià 25013 Alfarràs Segrià 25014 Alfés Segrià 25015 Algerri Noguera 25016 Alguaire Segrià 25017 Alins Pallars Sobirà 25019 Almacelles Segrià 25020 Almatret Segrià 25021 Almenar Segrià 25022 Alòs de Balaguer Noguera 25023 Alpicat Segrià 25024 Alt Àneu Pallars Sobirà 25025 Naut Aran Val d’Arán 25027 Anglesola Urgell 25029 Arbeca Garrigues 25030 Pont de Bar (El) Alt Urgell 25031 Arres Val d’Arán 25032 Arsèguel Alt Urgell 25033 Artesa de Lleida Segrià 25034 Artesa de Segre Noguera 25035 Sentiu de Sió (La) Noguera 25036 Aspa Segrià 25037 Avellanes i Santa Linya (Les) Noguera 25038 Aitona Segrià 25039 Baix Pallars Pallars Sobirà 25040 Balaguer Noguera 25041 Barbens Urgell 25042 Baronia de Rialb (La) Noguera 25043 Vall de Boí (La) Alta Ribagorça 25044 Bassella Alt Urgell 25045 Bausen Val d’Arán 25046 Belianes Urgell 25047 Bellcaire d’Urgell Noguera 25048 Bell-lloc d’Urgell Plà D’Urgell 25049 Bellmunt d’Urgell Noguera 25050 Bellpuig Urgell 25051 Bellver de Cerdanya Cerdanya 25052 Bellvís Plà D’Urgell 25053 Benavent de Segrià Segrià 25055 Biosca Segarra 25056 Bovera Garrigues 25057 Bòrdes (Es) Val d’Arán 25058 Borges Blanques (Les) Garrigues 25059 Bossòst Val d’Arán 25060 Cabanabona Noguera 25061 Cabó Alt Urgell 25062 Camarasa Noguera 25063 Canejan Val d’Arán 25064 Castellar de la Ribera Solsonès 25067 Castelldans Garrigues 25068 Castellnou de Seana Plà D’Urgell 25069 Castelló de Farfanya Noguera 25070 Castellserà Urgell 25071 Cava Alt Urgell 25072 Cervera Segarra 25073 Cervià de les Garrigues Garrigues 25074 Ciutadilla Urgell 25076 Cogul (El) Garrigues 25077 Coll de Nargó Alt Urgell 25078 Corbins Segrià 25079 Cubells Noguera 25081 Espluga Calba (L’) Garrigues 25082 Espot Pallars Sobirà 25085 Estaràs Segarra 25086 Esterri d’Àneu Pallars Sobirà 25087 Esterri de Cardós Pallars Sobirà 25088 Estamariu Alt Urgell 25089 Farrera Pallars Sobirà 25092 Floresta (La) Garrigues 25093 Fondarella Plà D’Urgell 25094 Foradada Noguera 25096 Fuliola (La) Urgell 25097 Fulleda Garrigues 25098 Gavet de la Conca Pallars Jussà 25099 Golmés Plà D’Urgell 25100 Gósol Alt Urgell 25101 Granadella (La) Garrigues 25102 Granja d’Escarp (La) Segrià 25103 Granyanella Segarra 25104 Granyena de Segarra Segarra 25105 Granyena de les Garrigues Garrigues 25109 Guimerà Urgell 25110 Guissona Segarra 25111 Guixers Alt Urgell 25112 Ivars de Noguera Noguera 25113 Ivars d’Urgell Urgell 25114 Ivorra Segarra 25115 Isona i Conca Dellá Pallars Jussà 25118 Juncosa Garrigues 25119 Juneda Garrigues 25120 Lleida Segrià 25121 Les Val d’Arán 25122 Linyola Plà D’Urgell 25123 Lladorre Pallars Sobirà 25124 Lladurs Solsonès 25125 Llardecans Segrià 25126 Llavorsí Pallars Sobirà 25127 Lles de Cerdanya Cerdanya 25128 Llimiana Pallars Jussà 25129 Llobera Solsonès 25130 Maldà Urgell 25131 Massalcoreig Segrià 25132 Massoteres Segarra 25133 Maials Segrià 25134 Menàrguens Noguera 25135 Miralcamp Plà D’Urgell 25136 Molsosa (La) Solsonès 25137 Mollerusa Plà D’Urgell 25138 Montgai Noguera 25139 Montellà i Martinet Cerdanya 25140 Montferrer i Castellbò Alt Urgell 25141 Montoliu de Segarra Segarra 25142 Montoliu de Lleida Segrià 25143 Montornès de Segarra Segarra 25145 Nalec Urgell 25148 Odèn Solsonès 25149 Oliana Alt Urgell 25150 Oliola Noguera 25151 Olius Solsonès 25152 Oluges (Les) Segarra 25153 Omellons (Les) Garrigues 25154 Omells de Na Gaia (Els) Urgell 25155 Organyà Alt Urgell 25156 Os de Balaguer Noguera 25157 Ossó de Sió Urgell 25158 Palau d’Anglesola (El) Plà D’Urgell 25161 Conca de Dalt Pallars Jussà 25163 Coma i la Pedra (La) Alt Urgell 25164 Penelles Noguera 25165 Peramola Alt Urgell 25166 Pinell de Solsonès Solsonès 25167 Pinós Solsonès 25168 Poal (El) Plà D’Urgell 25169 Pobla de Cérvoles (La) Garrigues 25170 Bellaguarda Garrigues 25171 Pobla de Segur (La) Pallars Jussà 25172 Ponts Noguera 25173 Pont de Suert (El) Alta Ribagorça 25174 Portella (La) Segrià 25175 Prats i Sansor Cerdanya 25176 Preixana Urgell 25177 Preixens Noguera 25179 Prullans Cerdanya 25180 Puiggròs Garrigues 25181 Puigverd d’Agramunt Urgell 25182 Puigverd de Lleida Segrià 25183 Rialp Pallars Sobirà 25185 Ribera d’Urgellet Alt Urgell 25186 Riner Solsonès 25189 Rosselló Segrià 25190 Salàs de Pallars Pallars Jussà 25191 Sanaüja Segarra 25192 Sant Guim de Freixenet Segarra 25194 Sant Ramon Segarra 25196 Sant Esteve de la Sarga Pallars Jussà 25197 Sant Guim de la Plana Segarra 25200 Sarroca de Lleida Segrià 25201 Sarroca de Bellera Pallars Jussà 25202 Senterada Pallars Jussà 25203 Seu d’Urgell (La) Alt Urgell 25204 Seròs Segrià 25205 Sidamon Plà D’Urgell 25206 Soleràs (El) Garrigues 25208 Soriguera Pallars Sobirà 25209 Sort Pallars Sobirà 25210 Soses Segrià 25211 Sudanell Segrià 25212 Sunyer Segrià 25215 Talarn Pallars Jussà 25216 Talavera Segarra 25217 Tàrrega Urgell 25218 Tarrés Garrigues 25219 Tarroja de Segarra Segarra 25220 Térmens Noguera 25221 Tírvia Pallars Sobirà 25222 Tiurana Noguera 25223 Torà Solsonès 25224 Torm (Els) Garrigues 25225 Tornabous Urgell 25226 Torrebesses Segrià 25227 Torre de Cabdella (La) Pallars Jussà 25228 Torrefarrera Segrià 25230 Torregrossa Plà D’Urgell 25231 Torrelameu Segrià 25232 Torres de Segre Segrià 25233 Torre-serona Segrià 25234 Tremp Pallars Jussà 25238 Vallbona de les Monges Urgell 25239 Valls de Valira (Les) Alt Urgell 25240 Vallfogona de Balaguer Noguera 25242 Verdú Urgell 25243 Vielha e Mijaran Val d’Arán 25244 Vilagrassa Urgell 25245 Vilaller Alta Ribagorça 25247 Vilamòs Val d’Arán 25248 Vilanova de Bellpuig Plà D’Urgell 25249 Vilanova de l’Aguda Noguera 25250 Vilanova de Meià Noguera 25251 Vilanova de Segrià Segrià 25252 Vila-sana Plà D’Urgell 25253 Vilosell (El) Garrigues 25254 Vilanova de la Barca Segrià 25255 Vinaixa Garrigues 25901 Vall de Cardós Pallars Sobirà 25902 Sant Martí de Riucorb Urgell 25903 Gingueta d’Àneu (La) Pallars Sobirà 25904 Castell de Mur Pallars Sobirà 25905 Ribera d’Ondara Segarra 25906 Valls d’Aguilar (Les) Alt Urgell 25907 Torrefeta i Florejacs Segarra 25908 Fígols i Alinyà Alt Urgell 25909 Vansa i Fórnols (La) Alt Urgell 25910 Josa i Tuixén Alt Urgell 25911 Plans de Sió (Els) Segarra 25912 Gimenells i El Pla de la Font Segrià 25913 Riu de Cerdanya Cerdanya 26001 Ábalos Haro 26002 Agoncillo Logroño 26003 Aguilar del Río Alhama Cervera del Río Alhama 26004 Ajamil Torrecilla en Cameros 26005 Albelda de Iregua Logroño 26006 Alberite Logroño 26007 Alcanadre Calahorra 26008 Aldeanueva de Ebro Alfaro 26009 Alesanco Nájera 26010 Alesón Nájera 26011 Alfaro Alfaro 26012 Almarza de Cameros Torrecilla en Cameros 26013 Anguciana Haro 26014 Anguiano Nájera 26015 Arenzana de Abajo Nájera 26016 Arenzana de Arriba Nájera 26017 Arnedillo Arnedo 26018 Arnedo Arnedo 26019 Arrúbal Logroño 26020 Ausejo Calahorra 26021 Autol Arnedo 26022 Azofra Nájera 26023 Badarán Nájera 26024 Bañares Sto. Domingo de la Calzada 26025 Baños de Rioja Sto. Domingo de la Calzada 26026 Baños de Río Tobía Nájera 26027 Berceo Nájera 26028 Bergasa Arnedo 26029 Bergasillas Bajera Arnedo 26030 Bezares Nájera 26031 Bobadilla Nájera 26032 Brieva de Cameros Nájera 26033 Briñas Haro 26034 Briones Haro 26035 Cabezón de Cameros Torrecilla en Cameros 26036 Calahorra Calahorra 26037 Camprovín Nájera 26038 Canales de la Sierra Nájera 26039 Canillas de Río Tuerto Nájera 26040 Cañas Nájera 26041 Cárdenas Nájera 26042 Casalarreina Haro 26043 Castañares de Rioja Sto. Domingo de la Calzada 26044 Castroviejo Torrecilla en Cameros 26045 Cellorigo Haro 26046 Cenicero Logroño 26047 Cervera del Río Alhama Cervera del Río Alhama 26048 Cidamón Sto. Domingo de la Calzada 26049 Cihuri Haro 26050 Cirueña Sto. Domingo de la Calzada 26051 Clavijo Logroño 26052 Cordovín Nájera 26053 Corera Calahorra 26054 Cornago Cervera del Río Alhama 26055 Corporales Sto. Domingo de la Calzada 26056 Cuzcurrita de Río Tirón Haro 26057 Daroca de Rioja Logroño 26058 Enciso Arnedo 26059 Entrena Logroño 26060 Estollo Nájera 26061 Ezcaray Sto. Domingo de la Calzada 26062 Foncea Haro 26063 Fonzaleche Haro 26064 Fuenmayor Logroño 26065 Galbárruli Haro 26066 Galilea Calahorra 26067 Gallinero de Cameros Torrecilla en Cameros 26068 Gimileo Haro 26069 Grañón Sto. Domingo de la Calzada 26070 Grávalos Cervera del Río Alhama 26071 Haro Haro 26072 Herce Arnedo 26073 Herramélluri Sto. Domingo de la Calzada 26074 Hervías Sto. Domingo de la Calzada 26075 Hormilla Nájera 26076 Hormilleja Nájera 26077 Hornillos de Cameros Torrecilla en Cameros 26078 Hornos de Moncalvillo Logroño 26079 Huércanos Nájera 26080 Igea Cervera del Río Alhama 26081 Jalón de Cameros Logroño 26082 Laguna de Cameros Torrecilla en Cameros 26083 Lagunilla de Jubera Logroño 26084 Lardero Logroño 26086 Ledesma de la Cogolla Nájera 26087 Leiva Sto. Domingo de la Calzada 26088 Leza de Río Leza Logroño 26089 Logroño Logroño 26091 Lumbreras Torrecilla en Cameros 26092 Manjarrés Nájera 26093 Mansilla de la Sierra Nájera 26094 Manzanares de Rioja Sto. Domingo de la Calzada 26095 Matute Nájera 26096 Medrano Logroño 26098 Munilla Arnedo 26099 Murillo de Río Leza Logroño 26100 Muro de Aguas Arnedo 26101 Muro en Cameros Logroño 26102 Nájera Nájera 26103 Nalda Logroño 26104 Navajún Cervera del Río Alhama 26105 Navarrete Logroño 26106 Nestares Torrecilla en Cameros 26107 Nieva de Cameros Torrecilla en Cameros 26108 Ocón Calahorra 26109 Ochánduri Haro 26110 Ojacastro Sto. Domingo de la Calzada 26111 Ollauri Haro 26112 Ortigosa de Cameros Torrecilla en Cameros 26113 Pazuengos Sto. Domingo de la Calzada 26114 Pedroso Nájera 26115 Pinillos Torrecilla en Cameros 26117 Pradejón Calahorra 26118 Pradillo Torrecilla en Cameros 26119 Préjano Arnedo 26120 Quel Arnedo 26121 Rabanera Torrecilla en Cameros 26122 Rasillo de Cameros (El) Torrecilla en Cameros 26123 Redal (El) Calahorra 26124 Ribafrecha Logroño 26125 Rincón de Soto Alfaro 26126 Robres del Castillo Calahorra 26127 Rodezno Haro 26128 Sajazarra Haro 26129 San Asensio Haro 26130 San Millán de la Cogolla Nájera 26131 San Millán de Yécora Haro 26132 San Román de Cameros Logroño 26134 Santa Coloma Nájera 26135 Santa Engracia del Jubera Logroño 26136 Santa Eulalia Bajera Arnedo 26138 Santo Domingo de la Calzada Sto. Domingo de la Calzada 26139 San Torcuato Sto. Domingo de la Calzada 26140 Santurde de Rioja Sto. Domingo de la Calzada 26141 Santurdejo Sto. Domingo de la Calzada 26142 San Vicente de la Sonsierra Haro 26143 Sojuela Logroño 26144 Sorzano Logroño 26145 Sotés Logroño 26146 Soto en Cameros Logroño 26147 Terroba Logroño 26148 Tirgo Haro 26149 Tobía Nájera 26150 Tormantos Sto. Domingo de la Calzada 26151 Torrecilla en Cameros Torrecilla en Cameros 26152 Torrecilla sobre Alesanco Nájera 26153 Torre en Cameros Logroño 26154 Torremontalbo Haro 26155 Treviana Haro 26157 Tricio Nájera 26158 Tudelilla Calahorra 26160 Uruñuela Nájera 26161 Valdemadera Cervera del Río Alhama 26162 Valgañón Sto. Domingo de la Calzada 26163 Ventosa Logroño 26164 Ventrosa Nájera 26165 Viguera Torrecilla en Cameros 26166 Villalba de Rioja Haro 26167 Villalobar de Rioja Sto. Domingo de la Calzada 26168 Villamediana de Iregua Logroño 26169 Villanueva de Cameros Torrecilla en Cameros 26170 Villar de Arnedo (El) Calahorra 26171 Villar de Torre Nájera 26172 Villarejo Nájera 26173 Villarroya Arnedo 26174 Villarta-Quintana Sto. Domingo de la Calzada 26175 Villavelayo Nájera 26176 Villaverde de Rioja Nájera 26177 Villoslada de Cameros Torrecilla en Cameros 26178 Viniegra de Abajo Nájera 26179 Viniegra de Arriba Nájera 26180 Zarratón Haro 26181 Zarzosa Arnedo 26183 Zorraquín Sto. Domingo de la Calzada 31001 Abáigar Tierra Estella 31002 Abárzuza Tierra Estella 31003 Abaurregaina/Abaurrea Alta Pirineos 31004 Abaurregaina/Abaurrea Alta Pirineos 31005 Aberin Tierra Estella 31006 Ablitas Ribera Baja 31007 Adiós Cuenca de Pamplona 31008 Aguilar de Codés Tierra Estella 31009 Aibar/Oibar Cuenca de Pamplona 31010 Altsasu/Alsasua Nord-Occidental 31011 Allín Tierra Estella 31012 Allo Tierra Estella 31013 Améscoa Baja Tierra Estella 31014 Ancín Tierra Estella 31015 Andosilla Ribera Alta-Aragón 31016 Ansoáin Nord-Occidental 31017 Anue Nord-Occidental 31018 Añorbe Cuenca de Pamplona 31019 Aoiz/Agoitz Pirineos 31020 Araitz Nord-Occidental 31021 Aranarache Tierra Estella 31023 Aranguren Cuenca de Pamplona 31025 Arakil Nord-Occidental 31026 Aras Tierra Estella 31027 Arbizu Nord-Occidental 31028 Arce/Artzi Pirineos 31029 Arcos (Los) Tierra Estella 31030 Arellano Tierra Estella 31032 Arguedas Ribera Baja 31033 Aria Pirineos 31034 Aribe Pirineos 31035 Armañanzas Tierra Estella 31036 Arróniz Tierra Estella 31037 Arruazu Nord-Occidental 31038 Artajona Cuenca de Pamplona 31039 Artazu Navarra Media 31040 Atez Nord-Occidental 31041 Ayegui Tierra Estella 31042 Azagra Ribera Alta-Aragón 31043 Azuelo Tierra Estella 31044 Bakaiku Nord-Occidental 31045 Barásoain Cuenca de Pamplona 31046 Barbarin Tierra Estella 31047 Bargota Tierra Estella 31048 Barillas Ribera Baja 31049 Basaburua Nord-Occidental 31050 Baztán Pirineos 31051 Beire Navarra Media 31052 Belascoáin Cuenca de Pamplona 31053 Berbinzana Navarra Media 31055 Betelu Nord-Occidental 31056 Biurrun-Olcoz Cuenca de Pamplona 31057 Buñuel Ribera Baja 31058 Auritz/Burguete Pirineos 31059 Burgui/Burgi Pirineos 31060 Burlada/Burlata Cuenca de Pamplona 31061 Busto (El) Tierra Estella 31062 Cabanillas Ribera Baja 31063 Cabredo Tierra Estella 31064 Cadreita Ribera Alta-Aragón 31065 Caparroso Ribera Alta-Aragón 31066 Cárcar Ribera Alta-Aragón 31067 Carcastillo Ribera Alta-Aragón 31068 Cascante Ribera Baja 31069 Cáseda Navarra Media 31070 Castejón Ribera Baja 31071 Castillonuevo Cuenca de Pamplona 31072 Cintruénigo Ribera Baja 31073 Ziordia Nord-Occidental 31074 Cirauqui Tierra Estella 31075 Ciriza Cuenca de Pamplona 31076 Cizur Cuenca de Pamplona 31077 Corella Ribera Baja 31078 Cortes Ribera Baja 31079 Desojo Tierra Estella 31080 Dicatillo Tierra Estella 31083 Echarri Cuenca de Pamplona 31084 Etxarri-Aranatz Nord-Occidental 31085 Etxauri Cuenca de Pamplona 31086 Egüés Cuenca de Pamplona 31088 Noáin (Valle Elorz)/Noain(Elortzib.) Cuenca de Pamplona 31089 Enériz Cuenca de Pamplona 31090 Eratsun Nord-Occidental 31091 Ergoiena Nord-Occidental 31092 Erro Pirineos 31093 Ezcároz/Ezkaroze Pirineos 31094 Eslava Navarra Media 31095 Esparza de Salazar/Espartza Z. Pirineos 31096 Espronceda Tierra Estella 31097 Estella/Lizarra Tierra Estella 31098 Esteribar Pirineos 31099 Etayo Tierra Estella 31100 Eulate Tierra Estella 31101 Ezcabarte Nord-Occidental 31103 Ezprogui Cuenca de Pamplona 31104 Falces Ribera Alta-Aragón 31105 Fitero Ribera Baja 31106 Fontellas Ribera Baja 31107 Funes Ribera Alta-Aragón 31108 Fustiñana Ribera Baja 31109 Galar Cuenca de Pamplona 31110 Gallipienzo Navarra Media 31111 Gallués/Galoze Pirineos 31112 Garaioa Pirineos 31113 Garde Pirineos 31114 Garínoain Cuenca de Pamplona 31115 Garralda Pirineos 31116 Genevilla Tierra Estella 31118 Goñi Cuenca de Pamplona 31119 Güesa/Gorza Pirineos 31120 Guesálaz Tierra Estella 31121 Guirguillano Cuenca de Pamplona 31122 Huarte/Uharte Cuenca de Pamplona 31123 Uharte-Arakil Nord-Occidental 31124 Ibargoiti Pirineos 31125 Igúzquiza Tierra Estella 31126 Imotz Nord-Occidental 31127 Irañeta Nord-Occidental 31128 Isaba/Izaba Pirineos 31130 Iturmendi Nord-Occidental 31131 Iza Nord-Occidental 31132 Izagaondoa Pirineos 31133 Izalzu/Izaltzu Pirineos 31134 Jaurrieta Pirineos 31135 Javier Cuenca de Pamplona 31136 Juslapeña Nord-Occidental 31137 Beintza-Labaien Nord-Occidental 31138 Lakuntza Nord-Occidental 31139 Lana Tierra Estella 31140 Lantz Nord-Occidental 31141 Lapoblación Tierra Estella 31142 Larraga Navarra Media 31143 Larraona Tierra Estella 31144 Larraun Nord-Occidental 31145 Lazagurría Tierra Estella 31146 Leache Cuenca de Pamplona 31147 Legarda Cuenca de Pamplona 31148 Legaria Tierra Estella 31150 Leoz Cuenca de Pamplona 31151 Lerga Navarra Media 31152 Lerín Ribera Alta-Aragón 31154 Lezáun Tierra Estella 31155 Liédena Cuenca de Pamplona 31156 Lizoáin Pirineos 31157 Lodosa Ribera Alta-Aragón 31158 Lónguida/Longida Pirineos 31159 Lumbier Pirineos 31160 Luquin Tierra Estella 31161 Mañeru Tierra Estella 31162 Marañón Tierra Estella 31163 Marcilla Ribera Alta-Aragón 31164 Mélida Ribera Alta-Aragón 31165 Mendavia Ribera Alta-Aragón 31166 Mendaza Tierra Estella 31167 Mendigorría Cuenca de Pamplona 31168 Metauten Tierra Estella 31169 Milagro Ribera Alta-Aragón 31170 Mirafuentes Tierra Estella 31171 Miranda de Arga Ribera Alta-Aragón 31172 Monreal Pirineos 31173 Monteagudo Ribera Baja 31174 Morentin Tierra Estella 31175 Mues Tierra Estella 31176 Murchante Ribera Baja 31177 Murieta Tierra Estella 31178 Murillo el Cuende Ribera Alta-Aragón 31179 Murillo el Fruto Ribera Alta-Aragón 31180 Muruzábal Cuenca de Pamplona 31181 Navascués Pirineos 31182 Nazar Tierra Estella 31183 Obanos Cuenca de Pamplona 31184 Oco Tierra Estella 31185 Ochagavía/Otsagabia Pirineos 31186 Odieta Nord-Occidental 31188 Oláibar Nord-Occidental 31189 Olazti/Olazagutía Nord-Occidental 31190 Olejua Tierra Estella 31191 Olite Navarra Media 31192 Olóriz Cuenca de Pamplona 31193 Cendea de Olza/Oltza Zendea Cuenca de Pamplona 31194 Ollo Cuenca de Pamplona 31195 Orbaitzeta Pirineos 31196 Orbara Pirineos 31197 Orísoain Cuenca de Pamplona 31198 Oronz/Orontze Pirineos 31199 Oroz-Betelu Pirineos 31200 Oteiza Tierra Estella 31201 Pamplona/Iruña Cuenca de Pamplona 31202 Peralta Ribera Alta-Aragón 31203 Petilla de Aragón Navarra Media 31204 Piedramillera Tierra Estella 31205 Pitillas Navarra Media 31206 Puente la Reina/Gares Cuenca de Pamplona 31207 Pueyo Navarra Media 31208 Ribaforada Ribera Baja 31209 Romanzado Pirineos 31210 Roncal/Erronkari Pirineos 31211 Orreaga/Roncesvalles Pirineos 31212 Sada de Sangüesa Cuenca de Pamplona 31214 Salinas de Oro Tierra Estella 31215 San Adrián Ribera Alta-Aragón 31216 Sangüesa/Zangoza Navarra Media 31217 San Martín de Unx Navarra Media 31219 Sansol Tierra Estella 31220 Santacara Ribera Alta-Aragón 31222 Sarriés/Sartze Pirineos 31223 Sartaguda Ribera Alta-Aragón 31224 Sesma Ribera Alta-Aragón 31225 Sorlada Tierra Estella 31227 Tafalla Navarra Media 31228 Tiebas-Muruarte de Reta Cuenca de Pamplona 31229 Tirapu Cuenca de Pamplona 31230 Torralba del Río Tierra Estella 31231 Torres del Río Tierra Estella 31232 Tudela Ribera Baja 31233 Tulebras Ribera Baja 31234 Ucar Cuenca de Pamplona 31235 Ujué Navarra Media 31236 Ultzama Nord-Occidental 31237 Unciti Pirineos 31238 Unzué Cuenca de Pamplona 31240 Urdiain Nord-Occidental 31241 Urraúl Alto Pirineos 31242 Urraúl Bajo Pirineos 31243 Urroz-Villa Pirineos 31245 Urzainqui/Urzainki Pirineos 31246 Uterga Cuenca de Pamplona 31247 Uztárroz/Uztarroze Pirineos 31248 Luzaide/Valcarlos Pirineos 31249 Valtierra Ribera Baja 31251 Viana Tierra Estella 31252 Vidángoz/Bidankoze Pirineos 31253 Vidaurreta Cuenca de Pamplona 31254 Villafranca Ribera Alta-Aragón 31255 Villamayor de Monjardín Tierra Estella 31256 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa Pirineos 31257 Villatuerta Tierra Estella 31258 Villava/Atarrabia Cuenca de Pamplona 31260 Valle de Yerri/Deierri Tierra Estella 31261 Yesa Cuenca de Pamplona 31262 Zabalza Cuenca de Pamplona 31265 Zúñiga Tierra Estella 31901 Barañain Cuenca de Pamplona 31902 Berrioplano Nord-Occidental 31903 Berriozar Nord-Occidental 31904 Irurtzun Nord-Occidental 31905 Beriáin Cuenca de Pamplona 31906 Orkoien Cuenca de Pamplona 31907 Zizur Mayor/Zizur Nagusia Cuenca de Pamplona 31908 Lekunberri Nord-Occidental 34004 Aguilar de Campoo Aguilar de Campoo 34032 Berzosilla Aguilar de Campoo 34135 Pomar de Valdivia Aguilar de Campoo 39017 Campoo de Yuso Reinosa 39027 Campoo de Enmedio Reinosa 39032 Hermandad de Campoo de Suso Reinosa 39059 Reinosa Reinosa 39065 Rozas de Valdearroyo (Las) Reinosa 39083 Soba Reinosa 39092 Valdeolea Reinosa 39093 Valdeprado del Río Reinosa 39094 Valderredible Reinosa 42004 Ágreda Ágreda 42008 Alcubilla de las Peñas Arcos de Jalón 42014 Aldehuelas (Las) San Pedro Manrique 42015 Alentisque Almazán 42018 Almaluez Arcos de Jalón 42021 Almazul Gómara 42025 Arcos de Jalón Arcos de Jalón 42034 Beratón Ágreda 42037 Bliecos Gómara 42039 Borobia Ágreda 42050 Cañamaque Gómara 42051 Carabantes Gómara 42054 Carrascosa de la Sierra Ágreda 42057 Castilruiz Ágreda 42060 Cerbón San Pedro Manrique 42062 Cigudosa San Pedro Manrique 42063 Cihuela Gómara 42064 Ciría Gómara 42075 Dévanos Ágreda 42076 Deza Gómara 42088 Fuentelmonge Gómara 42092 Fuentes de Magaña San Pedro Manrique 42093 Fuentestrún Ágreda 42096 Gómara Gómara 42100 Hinojosa del Campo Ágreda 42106 Losilla (La) Ágreda 42107 Magaña Ágreda 42108 Maján Almazán 42110 Matalebreras Ágreda 42113 Medinaceli Arcos de Jalón 42115 Miño de Medinaceli Arcos de Jalón 42118 Momblona Almazán 42119 Montegaudo de las Vicarías Arcos de Jalón 42121 Montenegro de Cameros San Pedro Manrique 42123 Morón de Almazán Almazán 42131 Nolay Almazán 42132 Noviercas Ágreda 42134 Ólvega Ágreda 42135 Oncala San Pedro Manrique 42142 Pozalmuro Ágreda 42148 Quiñonería (La) Gómara 42156 Reznos Gómara 42163 San Felices Ágreda 42165 San Pedro Manrique San Pedro Manrique 42166 Santa Cruz de Yanguas San Pedro Manrique 42167 Santa María de Huerta Arcos de Jalón 42171 Serón de Nágima Gómara 42173 Soria Gómara 42175 Suellacabras San Pedro Manrique 42182 Taroda Arcos de Jalón 42183 Tejado Gómara 42184 Torlengua Gómara 42187 Torrubia de Soria Gómara 42188 Trévago Ágreda 42192 Valdegeña Ágreda 42193 Valdelagua del Cerro Ágreda 42196 Valdeprado San Pedro Manrique 42198 Valtajeros San Pedro Manrique 42202 Velilla de los Ajos Gómara 42209 Villar del Río San Pedro Manrique 42213 Villaseca de Arciel Gómara 42216 Vizmanos San Pedro Manrique 42217 Vozmediano Ágreda 42218 Yanguas San Pedro Manrique 42219 Yelo Arcos de Jalón 43006 Aldover Baix Ebre 43008 Alfara de Carles Baix Ebre 43009 Alforja Priorat 43013 Ametlla de Mar (L’) Baix Ebre 43014 Amposta Montsià 43015 Arbolí Priorat 43017 Argentera (L’) Priorat 43018 Arnes Terra Alta 43019 Ascó Ribera d’Ebre 43022 Batea Terra Alta 43023 Bellmunt del Priorat Priorat 43025 Benifallet Baix Ebre 43026 Benissanet Ribera d’Ebre 43027 Bisbal de Falset (La) Priorat 43032 Bot Terra Alta 43035 Cabacés Priorat 43040 Capçanes Priorat 43041 Caseres Terra Alta 43044 Sénia (La) Montsià 43045 Colldejou Priorat 43046 Conesa Conca de Barberà 43048 Corbera d’Ebre Terra Alta 43049 Cornudella de Montsant Priorat 43052 Xerta Baix Ebre 43055 Falset Priorat 43056 Fatarella (La) Terra Alta 43057 Febró (La) Priorat 43058 Figuera (La) Priorat 43060 Flix Ribera d’Ebre 43061 Forès Conca de Barberà 43062 Freginals Montsià 43063 Galera (La) Montsià 43064 Gandesa Terra Alta 43065 García Ribera d’Ebre 43067 Ginestar Ribera d’Ebre 43068 Godall Montsià 43069 Gratallóps Priorat 43070 Guiamets (Els) Priorat 43071 Horta de Sant Joan Terra Alta 43072 Lloar (El) Priorat 43073 Llorac Conca de Barberà 43075 Margalef Priorat 43076 Marçà Priorat 43077 Mas de Barberans Montsià 43078 Masdenverge Montsià 43082 Masroig (El) Ribera d’Ebre 43084 Miravet Ribera d’Ebre 43085 Molar (El) Priorat 43093 Móra d’Ebre Ribera d’Ebre 43094 Móra la Nova Ribera d’Ebre 43096 Morera de Montsant (La) Priorat 43099 Palma d’Ebre (La) Ribera d’Ebre 43101 Passanant i Belltall Conca de Barberà 43102 Paüls Baix Ebre 43104 Perelló (El) Baix Ebre 43105 Piles (Les) Conca de Barberà 43106 Pinell de Brai (El) Terra Alta 43110 Pobla de Massaluca (La) Terra Alta 43112 Poboleda Priorat 43114 Porrera Priorat 43115 Pradell de la Teixeta Priorat 43116 Prades Priorat 43117 Prat de Comte Terra Alta 43121 Rasquera Ribera d’Ebre 43125 Riba-roja d’Ebre Terra Alta 43133 Roquetes Baix Ebre 43136 Sant Carles de la Ràpita Montsià 43138 Santa Bàrbara Montsià 43139 Santa Coloma de Queralt Priorat 43143 Savallà del Comtat Conca de Barberà 43146 Senan Conca de Barberà 43149 Tivenys Baix Ebre 43150 Tivissa Ribera d’Ebre 43151 Torre de Fontaubella (La) Priorat 43152 Torre de l’Espanyol (La) Ribera d’Ebre 43154 Torroja del Priorat Priorat 43155 Tortosa Baix Ebre 43156 Ulldecona Montsià 43157 Ulldemolins Priorat 43159 Vallfogona de Riucorb Conca de Barberà 43168 Vilanova de Prades Priorat 43169 Vilaplana Baix Ebre 43173 Vilella Alta (La) Priorat 43174 Vilella Baixa (La) Priorat 43175 Vilalba del Arcs Terra Alta 43177 Vinebre Ribera d’Ebre 43901 Deltebre Montsià 43902 Sant Jaume d’Enveja Montsià 43903 Camarles Montsià 43904 Aldea (L’) Montsià 43906 Ampolla (L’) Montsià 44003 Aguatón Monreal del Campo 44004 Aguaviva Mas de las Matas 44006 Alacón Muniesa 44007 Alba Cella 44008 Albalate del Arzobispo Hijar 44009 Albarracín Cella 44011 Alcaine Muniesa 44013 Alcañiz Alcañiz 44014 Alcorisa Mas de las Matas 44016 Alfambra Alfambra 44017 Aliaga Alfambra 44018 Almohaja Monreal del Campo 44020 Alpeñés Montalbán 44021 Allepuz Cantavieja 44022 Alloza Muniesa 44023 Allueva Muniesa 44024 Anadón Muniesa 44025 Andorra Hijar 44027 Arens de Lledó Valderrobres 44028 Argente Monreal del Campo 44029 Ariño Muniesa 44031 Azaila Hijar 44032 Bádenas Calamocha 44033 Báguena Calamocha 44034 Bañón Monreal del Campo 44035 Barrachina Calamocha 44036 Bea Calamocha 44037 Beceite Valderrobres 44038 Belmonte de San José Alcañiz 44039 Bello Calamocha 44040 Berge Mas de las Matas 44042 Blancas Monreal del Campo 44043 Blesa Muniesa 44044 Bordón Mas de las Matas 44045 Bronchales Cella 44046 Bueña Monreal del Campo 44047 Burbáguena Calamocha 44049 Calaceite Valderrobres 44050 Calamocha Calamocha 44051 Calanda Alcañiz 44053 Camañas Cella 44055 Camarillas Alfambra 44056 Caminreal Monreal del Campo 44059 Cantavieja Cantavieja 44060 Cañada de Benatanduz Montalbán 44061 Cañada de Verich (La) Mas de las Matas 44062 Cañada de Vellida Alfambra 44063 Cañizar del Olivar Montalbán 44065 Castejón de Tornos Calamocha 44066 Castel de Cabra Montalbán 44067 Castelnou Hijar 44068 Castelserás Alcañiz 44071 Castellote Mas de las Matas 44075 Celadas Cella 44076 Cella Cella 44077 Cerollera (La) Valderrobres 44080 Codoñera (La) Alcañiz 44084 Cortes de Aragón Muniesa 44085 Cosa Monreal del Campo 44086 Cretas Valderrobres 44087 Crivillén Montalbán 44088 Cuba (La) Cantavieja 44090 Cucalón Calamocha 44093 Cuevas de Almudén Alfambra 44096 Ejulve Montalbán 44099 Escucha Montalbán 44100 Estercuel Montalbán 44101 Ferreruela de Huerva Calamocha 44102 Fonfría Calamocha 44105 Fórnoles Alcañiz 44106 Fortanete Mora de Rubielos 44107 Foz-Calanda Alcañiz 44108 Fresneda (La) Valderrobres 44110 Fuenferrada Montalbán 44112 Fuentes Claras Calamocha 44114 Fuentespalda Valderrobres 44116 Gargallo Montalbán 44117 Gea de Albarracín Cella 44118 Ginebrosa (La) Mas de las Matas 44122 Híjar Hijar 44123 Hinojosa de Jarque Alfambra 44124 Hoz de la Vieja (La) Muniesa 44125 Huesa del Común Muniesa 44126 Iglesuela del Cid (La) Cantavieja 44128 Jarque de la Val Alfambra 44129 Jatiel Hijar 44130 Jorcas Alfambra 44131 Josa Muniesa 44132 Lagueruela Calamocha 44133 Lanzuela Calamocha 44136 Lidón Monreal del Campo 44137 Linares de Mora Mora de Rubielos 44138 Loscos Muniesa 44141 Lledó Valderrobres 44142 Maicas Muniesa 44144 Martín del Río Montalbán 44145 Mas de las Matas Mas de las Matas 44146 Mata de los Olmos (La) Mas de las Matas 44147 Mazaleón Valderrobres 44148 Mezquita de Jarque Alfambra 44149 Mirambel Cantavieja 44150 Miravete de la Sierra Alfambra 44151 Molinos Mas de las Matas 44152 Monforte de Moyuela Muniesa 44153 Monreal del Campo Monreal del Campo 44154 Monroyo Valderrobres 44155 Montalbán Montalbán 44160 Mosqueruela Mora de Rubielos 44161 Muniesa Muniesa 44164 Nogueras Calamocha 44167 Obón Muniesa 44168 Odón Calamocha 44169 Ojos Negros Monreal del Campo 44172 Oliete Muniesa 44173 Olmos (Los) Mas de las Matas 44176 Palomar de Arroyos Montalbán 44177 Pancrudo Montalbán 44178 Parras de Castellote (Las) Mas de las Matas 44179 Peñarroya de Tastavins Valderrobres 44180 Peracense Monreal del Campo 44183 Pitarque Montalbán 44184 Plou Muniesa 44187 Portellada (La) Valderrobres 44189 Pozondón Cella 44190 Pozuel del Campo Monreal del Campo 44191 Puebla de Híjar (La) Hijar 44194 Ráfales Valderrobres 44195 Rillo Alfambra 44197 Ródenas Monreal del Campo 44200 Rubielos de la Cérida Monreal del Campo 44203 Salcedillo Muniesa 44205 Samper de Calanda Hijar 44207 San Martín del Río Calamocha 44208 Santa Cruz de Nogueras Calamocha 44209 Santa Eulalia Cella 44211 Segura de los Baños Montalbán 44212 Seno Mas de las Matas 44213 Singra Monreal del Campo 44216 Teruel Cella 44219 Tornos Calamocha 44220 Torralba de los Sisones Calamocha 44221 Torrecilla de Alcañiz Alcañiz 44222 Torrrecilla del Rebollar Montalbán 44223 Torre de Arcas Valderrobres 44224 Torre de las Arcas Montalbán 44225 Torre del Compte Valderrobres 44226 Torrelacárcel Monreal del Campo 44227 Torre los Negros Montalbán 44228 Torremocha de Jiloca Cella 44230 Torrevelilla Alcañiz 44232 Torrijo del Campo Monreal del Campo 44236 Tronchón Cantavieja 44237 Urrea de Gaén Hijar 44238 Utrillas Montalbán 44241 Valdealgorfa Alcañiz 44244 Valdelinares Mora de Rubielos 44245 Valdeltormo Valderrobres 44246 Valderrobres Valderrobres 44247 Valjunquera Alcañiz 44251 Villafranca del Campo Monreal del Campo 44252 Villahermosa del Campo Calamocha 44256 Villanueva del Rebollar de la Sierra Montalbán 44258 Villar del Salz Monreal del Campo 44260 Villarluengo Montalbán 44261 Villarquemado Cella 44262 Villarroya de los Pinares Mora de Rubielos 44265 Vinaceite Hijar 44267 Vivel del Río Martín Montalbán 44268 Zoma (La) Montalbán 48001 Abadiño Durango 48024 Zeanuri Durango 48026 Dima Durango 48072 Otxandio Durango 48075 Orozko Durango 48088 Ubidea Durango 48091 Atxondo Durango 50001 Abanto Ateca 50002 Acered Daroca 50003 Agón Borja 50004 Aguarón Cariñena 50005 Aguilón Cariñena 50006 Ainzón Borja 50007 Aladrén Cariñena 50008 Alagón Alagón 50009 Alarba Calatayud 50010 Alberite de San Juan Borja 50011 Albeta Borja 50012 Alborge Quinto de Ebro 50013 Alcalá de Ebro Alagón 50014 Alcalá de Moncayo Tarazona 50015 Alconchel de Ariza Ariza 50016 Aldehuela de Liestos Daroca 50017 Alfajarín Zaragoza 50018 Alfamén Cariñena 50019 Alforque Quinto de Ebro 50020 Alhama de Aragón Ariza 50021 Almochuel Belchite 50022 Almolda (La) Pina de Ebro 50023 Almonacid de la Cuba Belchite 50024 Almonacid de la Sierra Épila-La Almunia 50025 Almunia de Doña Godina (La) Épila-La Almunia 50026 Alpartir Épila-La Almunia 50027 Ambel Borja 50028 Anento Daroca 50029 Aniñón Calatayud 50030 Añón de Moncayo Tarazona 50031 Aranda de Moncayo Calatayud 50032 Arándiga Épila-La Almunia 50033 Ardisa Ejea de los Caballeros 50034 Ariza Ariza 50035 Artieda Sos del Rey Católico 50036 Asín Sádaba 50037 Atea Daroca 50038 Ateca Ateca 50039 Azuara Belchite 50040 Badules Daroca 50041 Bagüés Sos del Rey Católico 50042 Balconchán Daroca 50043 Bárboles Épila-La Almunia 50044 Bardallur Épila-La Almunia 50045 Belchite Belchite 50046 Belmonte de Gracián Calatayud 50047 Berdejo Ateca 50048 Berrueco Daroca 50050 Bijuesca Ateca 50051 Biota Ejea de los Caballeros 50052 Bisimbre Borja 50053 Boquiñeni Tauste 50054 Bordalba Ariza 50055 Borja Borja 50056 Botorrita Cariñena 50057 Brea de Aragón Calatayud 50058 Bubierca Ateca 50059 Bujaraloz Pina de Ebro 50060 Bulbuente Borja 50061 Bureta Tarazona 50062 Burgo de Ebro (El) Quinto de Ebro 50063 Buste (El) Tarazona 50064 Cabañas de Ebro Alagón 50065 Cabolafuente Ariza 50066 Cadrete Zaragoza 50067 Calatayud Calatayud 50068 Calatorao Épila-La Almunia 50069 Calcena Borja 50070 Calmarza Ariza 50071 Campillo de Aragón Ariza 50072 Carenas Ateca 50073 Cariñena Cariñena 50074 Caspe Caspe 50075 Castejón de Alarba Calatayud 50076 Castejón de las Armas Ateca 50077 Castejón de Valdejasa Tauste 50078 Castiliscar Sos del Rey Católico 50079 Cervera de la Cañada Calatayud 50080 Cerveruela Daroca 50081 Cetina Ariza 50082 Cimballa Ateca 50083 Cinco Olivas Quinto de Ebro 50084 Clarés de Ribota Calatayud 50085 Codo Belchite 50086 Codos Daroca 50087 Contamina Ariza 50088 Cosuenda Cariñena 50089 Cuarte de Huerva Zaragoza 50090 Cubel Daroca 50091 Cuerlas Daroca 50092 Chiprana Caspe 50093 Chodes Épila-La Almunia 50094 Daroca Daroca 50095 Ejea de los Caballeros Ejea de los Caballeros 50096 Embid de Ariza Ariza 50098 Encinacorba Cariñena 50099 Épila Épila-La Almunia 50100 Erla Ejea de los Caballeros 50101 Escatrón Caspe 50102 Fabara Caspe 50104 Farlete Pina de Ebro 50105 Fayón Caspe 50106 Fayos (Los) Tarazona 50107 Figueruelas Alagón 50108 Fombuena Daroca 50109 Frago (El) Ejea de los Caballeros 50110 Frasno (El) Calatayud 50111 Fréscano Borja 50113 Fuendejalón Borja 50114 Fuendetodos Cariñena 50115 Fuentes de Ebro Quinto de Ebro 50116 Fuentes de Jiloca Calatayud 50117 Gallocanta Daroca 50118 Gallur Tauste 50119 Gelsa Quinto de Ebro 50120 Godojos Ariza 50121 Gotor Calatayud 50122 Grisel Tarazona 50123 Grisén Alagón 50124 Herrera de los Navarros Cariñena 50125 Ibdes Ariza 50126 Illueca Calatayud 50128 Isuerre Sos del Rey Católico 50129 Jaraba Ariza 50130 Jarque Calatayud 50131 Jaulín Cariñena 50132 Joyosa (La) Alagón 50133 Lagata Belchite 50134 Langa del Castillo Daroca 50135 Layana Sádaba 50136 Lécera Belchite 50137 Leciñena Zuera 50138 Lechón Daroca 50139 Letux Belchite 50140 Litago Tarazona 50141 Lituénigo Tarazona 50142 Lobera de Onsella Sos del Rey Católico 50143 Longares Cariñena 50144 Longás Sos del Rey Católico 50146 Lucena de Jalón Épila-La Almunia 50147 Luceni Tauste 50148 Luesia Sádaba 50149 Luesma Daroca 50150 Lumpiaque Épila-La Almunia 50151 Luna Ejea de los Caballeros 50152 Maella Caspe 50153 Magallón Borja 50154 Mainar Daroca 50155 Malanquilla Calatayud 50156 Maleján Borja 50157 Malón Tarazona 50159 Maluenda Calatayud 50160 Mallén Borja 50161 Manchones Daroca 50162 Mara Calatayud 50163 María de Huerva Zaragoza 50164 Mediana de Aragón Belchite 50165 Mequinenza Caspe 50166 Mesones de Isuela Épila-La Almunia 50167 Mezalocha Cariñena 50168 Mianos Sos del Rey Católico 50169 Miedes de Aragón Calatayud 50170 Monegrillo Pina de Ebro 50171 Moneva Belchite 50172 Monreal de Ariza Ariza 50173 Monterde Ateca 50174 Montón Calatayud 50175 Morata de Jalón Épila-La Almunia 50176 Morata de Jiloca Calatayud 50177 Morés Calatayud 50178 Moros Ateca 50179 Moyuela Belchite 50180 Mozota Cariñena 50181 Muel Cariñena 50182 Muela (La) Épila-La Almunia 50183 Munébrega Ateca 50184 Murero Daroca 50185 Murillo de Gállego Ejea de los Caballeros 50186 Navardún Sos del Rey Católico 50187 Nigüella Épila-La Almunia 50188 Nombrevilla Daroca 50189 Nonaspe Caspe 50190 Novallas Tarazona 50191 Novilllas Borja 50192 Nuévalos Ateca 50193 Nuez de Ebro Zaragoza 50194 Olvés Calatayud 50195 Orcajo Daroca 50196 Orera Calatayud 50197 Orés Ejea de los Caballeros 50198 Oseja Calatayud 50199 Osera de Ebro Pina de Ebro 50200 Paniza Cariñena 50201 Paracuellos de Jiloca Calatayud 50202 Paracuellos de la Ribera Calatayud 50203 Pastriz Zaragoza 50204 Pedrola Alagón 50205 Pedrosas (Las) Ejea de los Caballeros 50206 Perdiguera Zuera 50207 Piedratajada Ejea de los Caballeros 50208 Pina de Ebro Pina de Ebro 50209 Pinseque Alagón 50210 Pintanos (Los) Sos del Rey Católico 50211 Plasencia de Jalón Épila-La Almunia 50212 Pleitas Alagón 50213 Plenas Belchite 50214 Pomer Tarazona 50215 Pozuel de Ariza Ariza 50216 Pozuelo de Aragón Borja 50217 Pradilla de Ebro Tauste 50218 Puebla de Albortón Belchite 50219 Puebla de Alfindén Zaragoza 50220 Puendeluna Ejea de los Caballeros 50221 Purujosa Tarazona 50222 Quinto Quinto de Ebro 50223 Remolinos Alagón 50224 Retascón Daroca 50225 Ricla Épila-La Almunia 50227 Romanos Daroca 50228 Rueda de Jalón Borja 50229 Ruesca Calatayud 50230 Sádaba Sádaba 50231 Salillas de Jalón Épila-La Almunia 50232 Salvatierra de Escá Sos del Rey Católico 50233 Samper de Salz Belchite 50234 San Martín de la Virgen del Monc. Tarazona 50235 San Mateo de Gállego Zuera 50236 Santa Cruz de Grío Daroca 50237 Santa Cruz de Moncayo Tarazona 50238 Santa Eulalia de Gállego Ejea de los Caballeros 50239 Santed Daroca 50240 Sástago Quinto de Ebro 50241 Sabiñán Calatayud 50242 Sediles Calatayud 50243 Sestrica Calatayud 50244 Sierra de Luna Ejea de los Caballeros 50245 Sigüés Sos del Rey Católico 50246 Sisamón Ariza 50247 Sobradiel Alagón 50248 Sos del Rey Católico Sos del Rey Católico 50249 Tabuenca Borja 50250 Talamantes Borja 50251 Tarazona Tarazona 50252 Tauste Tauste 50253 Terrrer Calatayud 50254 Tierga Borja 50255 Tobed Daroca 50256 Torralba de los Frailes Daroca 50257 Torralba de Ribota Calatayud 50258 Torralbilla Daroca 50259 Torrehermosa Ariza 50260 Torrelapaja Ateca 50261 Torrellas Tarazona 50262 Torres de Berrellén Alagón 50263 Torrijo de la Cañada Ateca 50264 Tosos Cariñena 50265 Trasmoz Tarazona 50266 Trasobares Borja 50267 Uncastillo Sádaba 50268 Undués de Lerda Sos del Rey Católico 50269 Urrea de Jalón Épila-La Almunia 50270 Urriés Sos del Rey Católico 50271 Used Daroca 50272 Utebo Zaragoza 50273 Valdehorna Daroca 50274 Val de San Martín Daroca 50275 Valmadrid Belchite 50276 Valpalmas Ejea de los Caballeros 50277 Valtorres Ateca 50278 Velilla de Ebro Quinto de Ebro 50279 Velilla de Jiloca Calatayud 50280 Vera de Moncayo Borja 50281 Vierlas Tarazona 50282 Vilueña (La) Ateca 50283 Villadoz Daroca 50284 Villafeliche Calatayud 50285 Villafranca de Ebro Pina de Ebro 50286 Villalba de Perejil Calatayud 50287 Villalengua Ateca 50288 Villanueva de Gállego Zuera 50289 Villanueva de Jiloca Daroca 50290 Villanueva de Huerva Cariñena 50291 Villar de los Navarros Cariñena 50292 Villarreal de Huerva Daroca 50293 Villarroya de la Sierra Calatayud 50294 Villarroya del Campo Daroca 50295 Vistabella Cariñena 50296 Zaida (La) Quinto de Ebro 50297 Zaragoza Zaragoza 50298 Zuera Zuera 50901 Biel-Fuencalderas Sádaba 50902 Marracos Ejea de los Caballeros 50903 Villamayor de Gállego Zaragoza Anexo 8.6. Dotaciones brutas de los grandes sistemas regables * NOMBRE DEL CANAL DOTACIÓN (m3/ha/año) OBSERVACIONES Canal Margen Derecha del Ebro 20.213 Más 6.000 m3/ha necesidades ambientales Canal Margen Izquierda del Ebro 20.213 Más 6.000 m3/ha necesidades ambientales Canal Imperial de Aragón 11.156   Canal de Lodosa 9.231   Canal de Tauste 10.167   Riegos del Alto Aragón 9.359   Canal de Bardenas 9.129   Canal de Aragón y Cataluña 8.238   Canales de Urgell 8.923   Canal de Piñana 10.712 Respetando lo establecido en el Convenio de Piñana de 1992 Canal de Navarra 6.400   Zona Regable de la Hoya de Huesca 6.227   Canal de la Litera Alta 6.000   Canal de Segarra-Garrigas 6.500 Excepto zonas de riego de apoyo (1.500 m3/ha ) y de riego de soporte (3.500 m3/ha) Canal de Algerri-Balaguer 6.000   * Dotaciones brutas, consideradas a salida de embalse, de los principales sistemas regables de la cuenca del Ebro, (sin modificación respecto al Plan de 1998. La mayor parte de las mejoras de eficiencia global operada en los últimos años ha sido destinada a lograr una intensificación productiva y a la implantación de cultivos de mayor valor añadido). Anexo 8.7. Dotaciones ganaderas GANADO TIPO DE ANIMAL DOTACIÓN (litros/día) VALOR MEDIO (litros/día) BOVINO Vaca adulta (en producción láctea) 89,0-120,0 104,5 Novilla 42,0-63,0 52,5 Vaca seca 41,0-61,0 51,0 Engorde para carne 31,5-49,5 42,0 PORCINO Gestación 13,0-15,0 14,0 Lactación 22,0-23,0 22,5 Lechones 2,5 2,5 Cebo 10,0-12,0 11,0 Verracos 13,0-15,0 14,0 OVINO O CAPRINO < 40 Kg 1,5-2,5 2,00 40-50 Kg 3,5-4,0 3,75 50-65 Kg 4,5-5,0 4,75 EQUINOS Adulto   60,00 CONEJOS Adulto   0,300 Tipo de ave Engorde   11 l/animal /52 días Ponedora   0,029 l/animal/día Anexo 8.8. Dotaciones para industrias productoras de bienes* INE Subsector Dotación / empleado (m3 /empleado / año) Dotación / VAB** (m3 / 1000 €) DA Alimentación, bebidas y tabaco 470 13,3 DB+DC Textil, confección, cuero y calzado 330 22,8 DD Madera y corcho 66 2,6 DE Papel; edición y artes gráficas 687 21,4 DG Industria química 1.257 19,2 DH Caucho y plástico 173 4,9 DI Otros productos minerales no metálicos 95 2,3 DJ Metalurgia y productos metálicos 563 16,5 DK Maquinaria y equipo mecánico 33 1,6 DL Equipo eléctrico, electrónico y óptico 34 0,6 DM Fabricación de material de transporte 95 2,1 DN Industrias manufactureras diversas 192 8,0 * La dotación no condiciona el dimensionamiento adecuado de las infraestructuras de los polígonos industriales. Las dotaciones de cálculo para industrias del ocio y del turismo podrán asimilarse a otras comparables para usos para abastecimiento o regadío. ** Datos de VAB a precios del año 2000. Anexo 8.9. Dotaciones para refrigeración de centrales de producción eléctrica Tipo de central Rango de dotación anual en hm3 por cada 100MW potencia eléctrica instalada Circuito de refrigeración cerrado Circuito de refrigeración Nuclear 3,2-3,8 165-190 Ciclo combinado 1,2-1,5 60-100 Carbón o Fuel 2,3-2,8 90-125 Termosolares 1,6-2,0 --- ANEXO 9 Reservas naturales fluviales Reserva Natural Fluvial Espacios de la Red Natura 2000 en el que se integra * Códigos masas de agua Longitud (km) Comunidad Autónoma Río Ara desde su nacimiento hasta el río Arazas. ES0000016 (Ordesa-Monte Perdido), ES2410006 (Bujaruelo-Garganta de los Navarros). ES0000278 (Viñamala). 785 33,25 Aragón Río Arba de Luesia en su cabecera. ES2410064 (Sierras de Santo Domingo y Caballera), ES2430065 (Río Arba de Luesia), ES0000287 (Sierras de Santo Domingo y Caballera y río Onsella). 303 17,85 Aragón Río Arga en su cabecera. ES2200019 (Monte Alduide) 699 4,98 Navarra Río Calamantio desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Río Najerilla. ES0000067 (Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros ). 190 11,42 La Rioja Río Cambrones desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. ES0000067 (Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros) 188 5,71 La Rioja Río Estarrún en su cabecera. ES2410003 (Los Valles), ES0000137 (Los Valles). 514 4,67 Aragón Río Gatón desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. ES0000067 (Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros) 187 10,37 La Rioja Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal de trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río Mayor) ES0000067 (Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros ), ES4170116 (Sierras de Urbión y Cebollera), ES4170013 (Sierra de Urbión). 197 27,71 La Rioja/ Castilla y León Río Irués y afluente Garona en cabecera. ES2410013 (Macizo de Cotiella), ES2410054 (Sierra Ferrera), ES0000280 (Cotiella – Sierra Ferrera). 751 21,86 Aragón Río Isuala desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Río Alcanadre. ES2410005 (Guara Norte), ES2410025 (Sierra y Cañones de Guara), ES000015 (Sierra y Cañones de Guara). 377 40,87 Aragón Río Matarraña desde su nacimiento hasta el Río Ulldemó y el azud de elevación al Embalse de Pena. ES2420036 (Puertos de Beceite), ES2420119 (Els Ports de Beseit), ES2430097 (Río Matarraña), ES5140011 (Sistema prelitoral meridional), ES0000307 (Puertos de Beceite). 383 16,02 Aragón / Cataluña Río Najerilla desde su nacimiento hasta el Río Neila. ES0000067. (Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros). 183 9,45 La Rioja Río Noguera Ribagorzana desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Baserca (incluye río Bizberri). ES0000022 (Aigüestortes), ES0000149 (Posets – Maladeta). 731 12,26 Cataluña Ríos Rudrón y San Antón hasta su confluencia. ES4120089 (Hoces del Alto Ebro y Rudrón), ES4120036 (Hoces del Alto Ebro y Rudrón). 214 12,88 Castilla y León Río Salenca desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Baserca. ES0000149 (Posets-Maladeta). 732 6,13 Aragón Río Santa Engracia en cabecera. ES2110009 (Gorbeia). 487 5,97 País Vasco Río Tirón desde su nacimiento hasta la población de Fresneda de la Sierra. ES4120092 (Sierra de la Demanda), ES4120012 (Sierra de la Demanda). 179 10,20 Castilla y León Río Tor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Vallfarrera. ES513003 (Alt Pallars). 726 9,95 Cataluña Río Ulldemó en cabecera ES2420036 (Puertos de Beceite), ES2420119 (Els Ports de Beseit), ES2430097 (Río Matarranya), ES5140011 (Sistema prelitoral meridional), ES0000307 (Puertos de Beceite). 384 15,04 Aragón / Cataluña Río Urbelcha desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Irabia. ES0000126 (Roncesvalles-Selva de Iratí). 531 17,28 Navarra Río Urbión desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. ES0000067 (Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros). 194 28,72 La Rioja Río Valfarrera desde su nacimiento hasta el río Tor ES5130003 (Alt Pallars). 725 17,61 Cataluña Río Vallibierna desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Río Ésera. ES0000149 (Posets-Maladeta), ES2410046 (Río Ésera). 765 9,49 Aragón Río Vellos desde su nacimiento hasta el Río Aso. ES0000016 (Ordesa-Monte Perdido). 756 11,42 Aragón Río Veral hasta el Río Majones ES2410001 (Los Valles – Sur), ES2410012 (Foz de Biniés), ES2410057 Sierras de los Valles, Aísa y Borau), ES2410058 (Río Veral), ES0000282 (Salvatierra – Foces de Fago y Biniés – Barranco D), ES0000284 (Sotos y Carrizales del río Aragón). 520 26,80 Aragón xxxRío Piedra desde límite con Castilla-La Mancha hasta Cimballa     Aragón Río Algars desde su nacimiento hasta límite con Cataluña     Aragón * La delimitación de las Reservas Naturales Fluviales, viene determinada por el espacio de la Red Natura 2000 en el que se integran, no superando los límites del citado espacio protegido. ANEXO 10 Criterios técnicos para determinar las condiciones de las concesiones Anexo 10.1. Criterios de regulación interna para concesiones de aguas superficiales Anexo 10.2. Masas de agua subterránea en las que se requiere sellado en la zona no saturada en captaciones destinadas al uso de abastecimiento humano, para minimizar los problemas debido a la contaminación difusa por nitratos Código masa de agua Denominacion 009 Aluvial de Miranda de Ebro 012 Aluvial de Vitoria 044 Aluvial del Tirón 045 Aluvial del Oja 047 Aluvial del NajerillaEbro 048 Aluvial de La Rioja-Mendavia 049 Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela 051 Aluvial del Cidacos 052 Aluvial del Ebro:Tudela-Alagón 053 Arbas 054 Saso de Bolea-Ayerbe 055 Hoya de Huesca 056 Sasos de Alcanadre 057 Aluvial del Gállego 058 Aluvial del Ebro:Zaragoza 060 Aluvial del Cinca 061 Aluvial del Bajo Segre 063 Aluvial de Urgell 064 Calizas de Tárrega 076 Pliocuaternario de Alfamén 077 Mioceno de Alfamén 082 Huerva-Perejiles 087 Gallocanta   Anexo 10.3. Masas de agua subterránea en las que las solicitudes de concesión para uso de abastecimiento humano estarán condicionadas para aquellas áreas en las que se han detectado episodios de contaminación puntual. CÓDIGO RECINTOS CÓDIGO MASA DE AGUA DENOMINACIÓN MASA DE AGUA I 002 PÁRAMO DE SEDANO Y LORA II 009 ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO III-IV 047 ALUVIAL DEL NAJERILLA-EBRO V 048 ALUVIAL DE LA RIOJA-MENDAVIA VI 049 ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA VII 029 SIERRA DE ALAIZ VIII 058 ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA IX 060 ALUVIAL DEL CINCA X 030 SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA XI --- FUERA DE MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA DEFINIDA XII 082 HUERVA-PEREJILES XIII 086 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Anexo 10.4. Masas de agua subterránea en las que se han establecido distancias mínimas a cauces para nuevas captaciones de agua subterránea y referencia a las masas de agua superficial asimiladas MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA CÓDIGO MASA CAUCE RELACIONADO CÓDIGO MASAS SUPERFICIALES ASOCIADAS DISTANCIA MÍNIMA ESTABLECIDA Aluvial de La Rioja-Mendavia 048 Ebro 410, 411, 412, 413, 866, 40 850 Aluvial del Najerilla-Ebro 047 Ebro 410, 40 800 Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela 049 Ebro, Aragón 413, 415, 416, 420, 421, 424, 447, 448 800 Aluvial del Ebro: Tudela - Alagón 052 Ebro 448, 449, 450, 451 750 Aluvial del Ebro: Zaragoza 058 Ebro 452, 453, 454, 455 750 Aluvial de Miranda de Ebro 009 Ebro 402, 403, 404, 407, 956, 26 700 Aluvial del Gállego 057 Gállego 426, 817, 962 700 Aluvial del Oca 043 Oca 221, 223 450 Aluvial Jalón-Jiloca 081 Jiloca, Huerva 323, 821 400 Aluvial del Oja 045 Oja, Tirón 262, 264, 265, 266 350 Aluvial del Cinca 060 Cinca 436, 437, 438, 441, 869, 870 250 Aluvial del bajo Segre 061 Segre, N.Ribagorzana 428, 431, 432, 433, 957, 1048 250 Anexo 10.5. Áreas de masas de agua en los que se reserva el 80% del recurso de determinados acuíferos para uso prioritario de abastecimiento urbano futuro Código Código Masa de agua Denominación 1 086 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN 2 085 SIERRA DE MIÑANA 3 073 BOROBIA-ARANDA DE MONCAYO 4 090 POZONDÓN 6 071 ARAVIANO-VOZMEDIANO 8 079 CAMPO DE BELCHITE 7 075 CAMPO DE CARIÑENA 9 084 ORICHE-ANADÓN 10 096 PUERTOS DE BECEITE 11 099 PUERTOS DE TORTOSA 12 092 ALIAGA-CALANDA 13 100 BOIX-CARDÓ 14 001 FONTIBRE 15 014 GORBEA 16 010 CALIZAS DE LOSA 17 011 CALIZAS DE SUBIJANA 18 017 SIERRA DE URBASA 19 018 SIERRA DE ANDÍA 20 008 SINCLINAL DE TREVIÑO 21 007 VALDEREJO-SOBRÓN 22 023 SIERRA DE LÓQUIZ 23 022 SIERRA DE CANTABRIA 25 024 BUREBA 24 006 PANCORBO-CONCHAS DE HARO 26 025 ALTO ARGA-ALTO IRATI 27 031 SIERRA DE LEYRE 28 027 EZCAURRE-PEÑA TELERA 29 033 SANTO DOMINGO-GUARA 30 066 FITERO-ARNEDILLO 31 068 MANSILLA-NEILA 32 065 PRADOLUENGO-ANGUIANO 33 041 LITERA ALTA 34 042 SIERRAS MARGINALES CATALANAS 36 038 TREMP-ISONA 35 038 TREMP-ISONA 38 040 SINCLINAL DE GRAUSS 37 037 COTIELLA-TURBÓN 39 037 COTIELLA-TURBÓN 41 039 CADÍ-PORT DEL COMTE 40 039 CADÍ-PORT DEL COMTE 42 034 MACIZO AXIAL PIRENAICO 43 035 ALTO URGELL 44 036 LA CERDANYA Anexo 10.6. Perímetros de protección de aguas minerales y termales NOMBRE COMERCIAL SUPERFICIE (ha) PROVINCIA CÓDIGO MASA NOMBRE MASA AGUA SUBTERRÁNEA Bonaqua - Santolín 2.110,45 BURGOS 24 BUREBA Balneario Termas Pallarés 333,00 ZARAGOZA 85 / 86 SIERRA DE MIÑANA / PÁRAMOS ALTO JALÓN Fontjaraba 316,36 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Baños de Serón 172,34 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Fontecabras 172,45 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN El Cañar 172,45 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Aguas de Belascoain 308,90 NAVARRA 18 SIERRA DE ANDIA Paracuellos Jiloca 12,50 ZARAGOZA 81 ALUVIAL JALÓN – JILOCA Bonaqua (Aguas del Maestrazgo) 517,99 TERUEL 92 ALIAGA-CALANDA Aguas de Panticosa 940,63 HUESCA 28 ALTO GÁLLEGO Balneario Panticosa Resort / San Agustín 1,53 HUESCA 28 ALTO GÁLLEGO Balneario Baños de Benasque 52,62 HUESCA 34 MACIZO AXIAL PIRENAICO Aguas del Valle de Cardó 622,95 TARRAGONA 97 / 100 BOIX CARDÒ / FOSA DE MORA Balneario Caldes de Bohi 316,89 LLEIDA 34 MACIZO AXIAL PIRENAICO Agua de Rocafort 92,09 LLEIDA 64 CALIZAS DEL TARREGA Font del Pi 26,22 LLEIDA 64 CALIZAS DEL TARREGA Balneario de Valfogona de Riucorb 30,08 TARRAGONA 64 CALIZAS DEL TARREGA Balneario de Arnedillo 113,17 LOGROÑO 66 FITERO ARNEDILLO Lagurnia 71,94 LOGROÑO 6 PANCORBO-CONCHAS DE HARO Baños de Fitero 720,21 NAVARRA 66 / 69 / 70 FITERO ARNEDILLO / CAMEROS / AÑAVIEJA-VALDEGUTUR La Pazana 314,14 LOGROÑO 69 CAMEROS Los Tilos 314,14 LOGROÑO 65 PRADOLUENGO-ANGUIANO Balneario La Albotea 314,14 LOGROÑO 69 / 70 CAMEROS / AÑAVIEJA-VALDEGUTUR Rioja 28.436,16 LOGROÑO 47 ALUVIAL DEL NAJERILLA-EBRO Peñaclara 113,10 LOGROÑO 65 PRADOLUENGO-ANGUIANO Balneario y Manantial Grávalos 314,14 LOGROÑO 66 / 69 FITERO ARNEDILLO / CAMEROS Tiermas 674,98 ZARAGOZA 31 SIERRA DE LEYRE La Majuela 138,04 ZARAGOZA 76 PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Balneario Cantarero 909,54 ZARAGOZA 85 / 86 SIERRA DE MIÑANA / PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Balneario San Roque 344,35 ZARAGOZA 85 / 86 SIERRA DE MIÑANA / PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Lunares 114,97 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN San Vicente 114,97 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Virgen de las Nieves 114,97 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Balneario de la Virgen 172,45 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Fontecabras 172,45 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Balnearios de Alhama 344,35 ZARAGOZA 85 / 86 SIERRA DE MIÑANA / PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN El Prado 172,34 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN La Peña 9,99 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN San Luis 86,23 ZARAGOZA 86 PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Fuenmayor 314,14 TERUEL 92 ALIAGA-CALANDA La Godina 17,67 TERUEL 95 ALTO MAESTRAZGO Fuente de las Ventas 314,14 TERUEL 91 / 92 CUBETA DE OLITE / ALIAGA-CALANDA Manantial del Medio 12,26 TERUEL 91 CUBETA DE OLITE Baños de Segura 314,14 TERUEL 84 ORICHE-ANADÓN Mas de Focino 314,14 TERUEL 92 ALIAGA-CALANDA Sietecaños 172,80 HUESCA 37 COTIELLA - TURBÓN Fuente La Pubilla 4,00 HUESCA 34 MACIZO AXIAL PIRENAICO Veri II 4,00 HUESCA 37 COTIELLA - TURBÓN Vilas del Turbon 180,00 HUESCA 37 COTIELLA - TURBÓN Balneario de Panticosa 28,23 HUESCA 28 ALTO GÁLLEGO Veri 234,32 HUESCA 37 COTIELLA - TURBÓN Agua Mineral Natural Ribagorza 5.892,31 HUESCA 40 / 41 SINCLINAL DE GRAUS / LITERA ALTA El Tobazo 616,57 SANTANDER   FUERA DE MASA DE AGUA DEFINIDA Las Partidas 36,99 SANTANDER   FUERA DE MASA DE AGUA DEFINIDA Planta y Balneario de Corconte 226,42 BURGOS   FUERA DE MASA DE AGUA DEFINIDA Anexo 10.7. Zonas con limitaciones especiales establecidas al incremento de las extracciones Código Mapa Denominación Masa Subterránea Zonificación establecida Motivación A Campo de Belchite No autorizada Afección Manantial de Mediana B Somontano del Moncayo No autorizada Afección Manantiales Pontil-Toroñel C Somontano del Moncayo Con limitaciones específicas Límite volúmen concedido 8 hm3 D Somontano del Moncayo No autorizada Afección Manantiales Pontil-Toroñel E Somontano del Moncayo Con limitaciones específicas Límite volúmen concedido 18 hm3 F Somontano del Moncayo Con limitaciones específicas Análisis caso por caso G Campo de Cariñena / Pliocuaternario de Alfamén / Miceno de Alfamén No autorizada Mal estado cuantitativo H Campo de Cariñena / Pliocuaternario de Alfamén / Miceno de Alfamén Con limitaciones específicas Distancia mínima entre captaciones 500 m I Campo de Cariñena / Pliocuaternario de Alfamén / Miceno de Alfamén No autorizada Afección Manantial de Muel J Campo de Cariñena / Pliocuaternario de Alfamén / Miceno de Alfamén Con limitaciones específicas Análisis caso por caso K Huerva-Perejiles Con limitaciones específicas Límite volúmen concedido 2 hm3 L Gallocanta No autorizada Afección Laguna y zona períferica M Gallocanta Con limitaciones específicas Análisis caso por caso N Plana de la Galera Con limitaciones específicas Distancia mínima entre captaciones 500 m y Análisis caso por caso Anexo 10.8. Relación de drenajes significativos de la cuenca y distancia mínima establecida (radio de la zona no autorizada para nuevas captaciones) Provincia Municipio N.º IPA X y Toponimia Radio (m) ÁLAVA ARRAIA-MAEZTU 2308-1-0010 542814 4733888 FUENTE ITURRIOZ 1000 ÁLAVA ARRAIA-MAEZTU 2308-2-0013 549001 4733710 FUENTE IRAZULO 1000 ÁLAVA ARRAIA-MAEZTU 2308-2-0023 549362 4736840 FUENTE IGOROIN 1000 ÁLAVA ASPARRENA 2307-7-0003 556602 4751054 MANANTIAL DE ARAIA 1000 ÁLAVA ASPARRENA 2307-7-0049 559390 4748070 MANANTIAL DE LA LECE 1000 ÁLAVA BERNEDO 2309-1-0005 539705 4719529 FUENTE EL SOTO - MANANTIAL DE BERNEDO 1000 ÁLAVA BERNEDO 2309-1-0027 539552 4719409 EL SOTO 1000 ÁLAVA CIGOITIA 2206-6-0004 520717 4761862 MANANTIAL DE GORBEA. LA CUEVA 1000 ÁLAVA CIGOITIA 2207-2-0007 522158 4752356 MANANTIAL DE LENDIA 1000 ÁLAVA IRUÑA DE COCA 2208-1-0001 515483 4740760 MANANTIAL DE NANCLARES DE OCA 1000 ÁLAVA LAGRAN 2209-4-0028 533361 4718944 FUENTE DE SAN BARTOLOMÉ 1000 ÁLAVA LAGUARDIA 2209-4-0040 533754 4714948 SAN BARTOLOMÉ 700 ÁLAVA LANTARON 2108-2-0009 492127 4736012 LA RIVERA 1000 ÁLAVA PENACERRADA 2209-2-0014 523675 4721745 MANANTIAL DEL MOLINO-1 1000 ÁLAVA URCABUSTAIZ 2107-4-0015 506562 4755240 MANANTIAL DE ABECIA 1000 ÁLAVA VALDEGOBIA 2007-4-0001 482740 4751810 LA FUENTE DEL NACIMIENTO 1000 ÁLAVA VALDEGOBIA 2107-6-0001 495044 4748796 FUENTE SARRICO. MANANTIAL DE OSMA 1000 ÁLAVA VALDEGOBIA 2108-2-0063 493000 4738880 FUENTE FRIA 1000 ÁLAVA VALLE DE ARANA 2308-3-0014 556100 4738155 TOBERA-GORRUETA-FUENTE ZARPIA 1000 ÁLAVA VITORIA-GASTEIZ 2207-6-0048 522403 4750310 MANANTIAL DE FORONDA 1000 ÁLAVA VITORIA-GASTEIZ 2207-6-0054 522450 4744900 MANANTIAL DA KAS 1000 BURGOS BASCONCILLOS DEL TOZO 1808-7-0014 420283 4729974 NACIMIENTO RIO RUDRON, CUEVA LOS MOROS 1000 BURGOS CARCEDO DE BUREBA 2009-5-0003 463300 4713000 SANTOLIN 1000 BURGOS MERINDAD DE RIO UBIERNA 1909-7-0005 446991 4714548 MANANTIAL DE HONTOMIN 1000 BURGOS MIRANDA DE EBRO 2109-3-0035 501262 4722176 M-2 MANANTIAL DE SAN ANTÓN 1000 BURGOS NEILA 2112-7-0001 500625 4656525 NEILA-2 1000 BURGOS NEILA 2112-7-0003 500306 4656593 NEILA-1 1000 BURGOS PRADOLUENGO 2011-4-0008 481558 4686381 MANANTIAL DE GARGANCHÓN 1000 BURGOS SALINILLAS DE BUREBA 2009-6-0002 467173 4711863 SANTA CASILDA, POZO BLANCO 1000 BURGOS TUBILLA DE AGUA 1908-5-0001 434928 4732017 POZO AZUL 1000 BURGOS VALLE DE SEDANO 1907-5-0003 435200 4742875 LA CUEVA DEL AGUA 1000 BURGOS VILLAFRANCA-MONTES DE OCA 2010-7-0002 474427 4691028 FUENTE DE SAN INDALECIO 1000 CANTABRIA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 1706-8-0006 403174 4763583 MANANTIAL DE FONTIBRE 1000 CANTABRIA VALDEPRADO DEL RIO 1807-6-0003 412454 4748358 NACIMIENTO DEL RIO POLLA (MOLINO POLLA) 1000 CASTELLÓN ZORITA DEL MAESTRAZGO 3020-1-0001 739498 4515428 FONT CALENT 1000 GUADALAJARA MOCHALES 2418-6-0008 581770 4548387 EL OJILLO DE LA SERNA. MANANTIAL MOCHALES 1000 HUESCA AISA 2808-8-0008 697960 4735860 MANANTIAL DEL RIGÜELLO 1000 HUESCA ALQUEZAR 3012-3-0005 750093 4672726 BAÑOS DE ALQUÉZAR 1000 HUESCA ARAGUES DEL PUERTO 2808-3-0001 693820 4736150 LOS CORRALONES 1000 HUESCA BARCABO 3011-7-0002 751282 4679038 FTE DE LECINA 1000 HUESCA BENABARRE 3112-4-0006 781939 4669441 MANANTIAL DE PUIGVERT. HAY UN ABASTECIMIENTO 1000 HUESCA BIERGE 3011-2-0002 740822 4686297 FUENTE DE MASCÚN 1000 HUESCA BIERGE 3011-6-0002 740240 4675900 LA TAMARA 1000 HUESCA BIESCAS 2909-3-0015 719867 4726633 LA PELLERA 1000 HUESCA BIESCAS 2909-3-0016 719490 4726810 LA TRACONERA 1000 HUESCA BIESCAS 2909-3-0017 720175 4726720 BATANES ALTO 1000 HUESCA BIESCAS 2909-3-0020 719680 4727080 ERMITA DE SANTA ELENA 1000 HUESCA BISAURRI 3210-1-0001 788205 4708734 MANANTIAL DE VERI 1000 HUESCA CAMPORELLS 3213-1-0009 791176 4652492 MOLA, LA (PANTANO VIEJO) 1000 HUESCA CANFRANC 2808-8-0006 702854 4734672 TORRE DE FUSILEROS. LA TORRETA 1000 HUESCA CASBAS DE HUESCA 3011-5-0005 735424 4677764 FTES DE BASTARÁS 1000 HUESCA CHIA 3109-8-0008 785161 4711900 FUENTE DE LA BORDA SAURET o ROCA DEL SOL 1000 HUESCA ESTOPINAN DEL CASTILLO 3212-5-0008 792140 4656047 FUENTE REDONDA, M. DEL PILÓN. FONT REDONA 1000 HUESCA FANLO 3009-2-0009 743897 4728174 MANANTIAL DE COTATUERO 1000 HUESCA HOZ DE JACA 2908-7-0011 720203 4727749 RESPUMOSO 1000 HUESCA LOARRE 2810-7-0003 690684 4691742 FOZ DE ESCALETE 1000 HUESCA LOPORZANO 2911-7-0001 719089 4678790 FUENMAYOR. MANANTIAL DE SAN JULIAN DE BANZO 1000 HUESCA NUENO 2911-2-0023 712450 4685400 LOS BAÑOS DE NUENO 1000 HUESCA PEÑAS DE RIGLOS (LAS) 2810-8-0002 699941 4693989 ERMITA DE LA TRINIDAD 1000 HUESCA TORLA 3008-5-0001 735932 4728194 SANTA ELENA 1000 HUESCA TORLA 3008-5-0002 736935 4731413 SAN NICOLÁS DE BUJARUELO 1000 HUESCA VALLE DE BARDAGI 3110-4-0010 784987 4702546 FUENTE DE SAN PEDRO. AGUAS CALDAS 1000 HUESCA VALLE DE HECHO 2808-2-0001 685490 4740680 SANTA ANA 1000 HUESCA VILLANUA 2808-8-0001 702277 4728737 CUEVAS VIEJAS (GRUTA DE LAS GÜIXAS) 1000 LA RIOJA ARNEDILLO 2311-8-0011 562742 4673183 MANANTIALES DE ARNEDILLO 1000 LA RIOJA BRIEVA DE CAMEROS 2212-1-0013 517392 4667376 BRIEVA (PISCIFACTORÍA BRIEVA DE CAMEROS) 1000 LA RIOJA TORRECILLA EN CAMEROS 2211-3-0009 528765 4678797 FUENTE DE SAN PEDRO 1000 LA RIOJA VALGANON 2111-2-0001 493670 4685333 MANANATIAL DE VALGAÑÓN. TRES FUENTES 1000 LÉRIDA ALOS DE BALAGUER 3313-6-0016 828342 4648302 FUENTE DE ALOS DE BALAGUER 700 LÉRIDA BELLVERT DE CERDANYA 3510-8-0002 895633 4698773 LA FOU DE BOR 1000 LÉRIDA COLL DE NARGO 3411-6-0002 854940 4681575 FUENTE BORDONERA 1000 LÉRIDA FIGOLS I ALINYA 3411-7-0001 860139 4681659 FUENTE DE CODONYES 1000 LÉRIDA NAUT ARAN 3308-6-0002 822437 4734892 BAQUEIRA. M. DE LA AIGÜÉIRA 1000 LÉRIDA ODEN 3412-4-0003 863860 4674665 FUENTE DEL RIU DEL SALA 1000 LÉRIDA PALLARS JUSSA 3311-1-0001 821410 4685059 FUENTE DE RIVERT 700 LÉRIDA PALLARS JUSSA 3311-7-0001 828943 4679772 FONT DE LAO 1000 LÉRIDA VIELHA E MITJARAN 3208-7-0006 803878 4732303 UELHS DETH JOEU, GÜELLS DE JOEU 1000 NAVARRA AMESCOA BAJA 2408-1-0002 570846 4739676 NACEDERO DEL UREDERRA 1000 NAVARRA AMESCOA BAJA 2408-1-0003 572262 4734702 MANANTIAL DE ITXAKO 1000 NAVARRA ANCIN 2309-4-0003 566523 4723195 MANANTIALES DE ANCÍN 1000 NAVARRA BELASCOAIN 2508-1-0039 595558 4734964 BAÑOS DE BELASCOÁIN 1000 NAVARRA ERRO 2607-1-0003 626031 4754489 SORIALDEA. OLONDRITZ 1000 NAVARRA ETXARRI-ARANATZ 2407-2-0005 574542 4757310 MANANTIAL DE LIZARRUSTI 1000 NAVARRA ETXAURI 2508-1-0005 599336 4738830 MAN. DE ECHAURI. POZO GRANDE 1000 NAVARRA FITERO 2412-8-0020 590595 4656912 BALNEARIO VIEJO. BAÑOS DE FITERO. 1000 NAVARRA GALAR 2508-7-0022 608631 4730824 MANANTIAL DE SUBIZA 700 NAVARRA GENEVILLA 2309-2-0006 550188 4721237 MANANTIAL DE GENEVILLA 700 NAVARRA IRAÑETA 2407-3-0007 586696 4754312 MANANTIAL DE URRUNTZURE O IRAÑETA 1000 NAVARRA JAURRIETA 2707-5-0012 651741 4747859 LAURENCE 1000 NAVARRA LARRAUN 2407-4-0005 589534 4760271 MANANTIAL DE IRIBAS (LARRAUN II) 1000 NAVARRA LARRAUN 2407-4-0006 588359 4759018 NACEDERO DE AITXARRATETA 1000 NAVARRA NAVASCUES 2708-6-0008 655517 4729117 LA FOZ DE BENASA 1000 NAVARRA OLLO 2407-8-0001 592349 4744221 NACEDERO DE ARTETA 1000 NAVARRA OLZA 2508-1-0004 600169 4739814 MAN. DE IBERO. UBERBA 1000 NAVARRA ROMANZADO 2708-5-0001 648872 4726335 FOZ DE ARBAYÚN, BIGÜENZAL 1000 NAVARRA UHARTE-ARAKIL 2407-3-0008 582950 4754293 MANANTIAL DE AMURGUIN 1000 NAVARRA YERRI 2408-3-0001 584882 4735786 MANANTIAL DE RIEZU 1000 NAVARRA ZUNIGA 2308-7-0010 558931 4726020 MANANTIAL DE ALBORON 1000 SORIA AGREDA 2413-8-0002 588913 4633476 LOS OJILLOS DE AGREDA 1000 SORIA CASTILRUIZ 2413-7-0033 585750 4637900 MANANTIAL LA LAGUNA I (AÑAVIEJA) 1000 SORIA VOZMEDIANO 2413-8-0001 594569 4632156 VOZMEDIANO 1000 TARRAGONA AMPOSTA 3220-5-0013 800887 4516533 MANANTIAL DE LA CARROBA 1000 TARRAGONA AMPOSTA 3220-6-0005 803846 4508906 ULLALS DE BALTASAR o ULLALS DE ARISPE 700 TARRAGONA PAULS 3119-4-0003 789615 4536241 MANANTIAL DE PAULS, LES FONS 1000 TERUEL ALACON 2818-6-0005 693854 4545088 FUENTE DE SAN MIGUEL. MANANTIAL DE ALACÓN 1000 TERUEL ALCAINE 2819-2-0004 692949 4535396 MANANTIAL DE ALCAINE-1 1000 TERUEL ARINO 2818-8-0001 702719 4546697 BAÑOS DE ARIÑO-1 1000 TERUEL BECEITE 3120-2-0001 775675 4525280 NACIMIENTO DEL RÍO ALGAS, ULLAL DE MAS DE PAU 1000 TERUEL CAMINREAL 2619-6-0013 638175 4522990 OJOS DE CAMINREAL-1 1000 TERUEL CAMINREAL 2619-6-0014 638796 4522363 OJO DE CAMINREAL -2 (OJOS DE ABAJO) 1000 TERUEL CASTELLOTE 2920-6-0002 718196 4509919 LA ALGECIRA 1000 TERUEL CELLA 2622-3-0001 644976 4479735 FUENTE DE CELLA 1000 TERUEL CUCALON 2618-8-0006 650733 4548152 FUENTE DEL CAÑIZAR 1000 TERUEL GINEBROSA (LA) 2919-8-0001 735786 4529612 FONTANALES-1 1000 TERUEL MONREAL DEL CAMPO 2620-3-0001 639117 4514324 OJOS DE MONREAL 1000 TERUEL PALOMAR DE ARROYOS 2820-2-0001 690382 4516727 MANANTIAL DE PALOMAR DE ARROYOS. ERMITA DEL SAL 1000 TERUEL PITARQUE 2821-3-0005 702772 4498801 NACIMIENTO DEL RÍO PITARQUE 1000 TERUEL VILLARLUENGO 2820-8-0004 704338 4507546 ERMITA DE MONTORO DE MEZQUITA 1000 VIZCAYA CEANURI 2206-6-0003 520906 4765082 MANANTIAL DE LEIXACORTA 1000 VIZCAYA OROZKO 2206-5-0001 515380 4765242 MANANTIAL DE LAPURZULO 1000 VIZCAYA OROZKO 2206-5-0002 516305 4766104 MANANTIAL DE UBEGUI 1000 ZARAGOZA ALHAMA DE ARAGON 2417-4-0008 592320 4572405 TERMAS PALLARES 1000 ZARAGOZA ARANDA DE MONCAYO 2515-1-0001 599662 4605096 EL ESTANQUE 1000 ZARAGOZA BORJA 2514-4-0010 620441 4631101 FUENTE DE LAS CAZUELAS 700 ZARAGOZA BORJA 2514-4-0093 621276 4630720 MANANTIAL DE LUCHAN 700 ZARAGOZA CALCENA 2515-2-0001 606885 4612407 FUENTE DEL PUEBLO O DEL PRADO 1000 ZARAGOZA CINBALLA 2518-1-0001 602704 4550899 FUENTE EL MOLINO-CIMBALLA 1000 ZARAGOZA CODO 2817-2-0005 692416 4578135 MANANTIAL DE CODO. 700 ZARAGOZA JARABA 2417-8-0002 593517 4560193 MANANTIAL DE JARABA 1000 ZARAGOZA JARABA 2417-8-0008 594148 4560468 Manantial de Lunares 700 ZARAGOZA JARABA 2417-8-0024 593300 4560141 Manantial de San Roque 1000 ZARAGOZA PURUJOSA 2514-5-0001 601331 4616322 LOS MOLINOS, MANANTIAL DE PURUJOSA 1000 ZARAGOZA SAMPER DE SALZ 2817-5-0003 682181 4564646 ABTO A SAMPER DEL SALZ 700 ZARAGOZA TARAZONA 2513-6-0001 605379 4639761 OJO DE SAN JUAN.. 700 ZARAGOZA TOSOS 2717-1-0001 658666 4570401 FUENTE DEL PEZ 1000 Anexo 10.9. Puntos de la red de control del estado cuantitativo de titularidad pública y radio establecido como zona no autorizada para nuevas captaciones Provincia Municipio Número Inventario punto de control UTM X UTM Y Masa Agua Subterranea Red Radio (m) ALAVA CRIPAN 2309-1-0018 540034 4718455 022 | SIERRA DE CANTABRIA Vigilancia 400 ALAVA IRUÑA DE OCA 2208-1-0091 514653 4740589 011 | CALIZAS DE SUBIJANA Vigilancia 400 ALAVA LAGRAN 2209-4-0036 535233 4721631 022 | SIERRA DE CANTABRIA Vigilancia 400 ALAVA PEÑACERRADA-URIZAHARRA 2209-3-0035 528708 4723246 021 | IZKI-ZUDAIRE Vigilancia 400 ALAVA RIBERA ALTA 2108-4-0032 509426 4741114 011 | CALIZAS DE SUBIJANA Vigilancia 400 ALAVA RIBERA ALTA 2108-4-0073 507980 4738960 008 | SINCLINAL DE TREVIÑO Vigilancia 400 ALAVA SALINAS DE AÑANA 2108-3-0037 502490 4740650 008 | SINCLINAL DE TREVIÑO Vigilancia 400 ALAVA VALDEGOVIA 2107-6-0048 494414 4743507 007 | VALDEREJO-SOBRÓN Vigilancia 400 ALAVA VITORIA-GASTEIZ 2207-6-0020 519631 4749046 011 | CALIZAS DE SUBIJANA Vigilancia 400 ALAVA ZAMBRANA 2209-1-0047 518666 4722327 022 | SIERRA DE CANTABRIA Vigilancia 400 BURGOS AMEYUGO 2109-2-0007 494803 4722522 005 | MONTES OBARENES Vigilancia 400 BURGOS BOZOO 2108-6-0019 492467 4730073 005 | MONTES OBARENES Vigilancia 400 BURGOS CARCEDO DE BUREBA 2009-5-0012 462898 4711595 024 | BUREBA Vigilancia 400 BURGOS ENCIO 2108-6-0060 491861 4724743 005 | MONTES OBARENES Vigilancia 400 BURGOS GALBARROS 2009-6-0013 465843 4708311 024 | BUREBA Vigilancia 400 BURGOS MERINDAD DE RIO UBIERNA 1909-3-0011 449020 4719849 002 | PÁRAMO DE SEDANO Y LORA Vigilancia 400 BURGOS MERINDAD DE RIO UBIERNA 1909-7-0008 448559 4706700 024 | BUREBA Vigilancia 400 BURGOS MERINDAD DE SOTOSCUEVA 1906-8-0023 451350 4764555 003 | SINCLINAL DE VILLARCAYO Vigilancia 400 BURGOS MIRANDA DE EBRO 2109-4-0062 505275 4722099 006 | PANCORBO-CONCHAS DE HARO Vigilancia 400 BURGOS SANTA CRUZ DEL VALLE URBION 2011-4-0003 480985 4684550 065 | PRADOLUENGO-ANGUIANO Vigilancia 400 BURGOS TUBILLA DEL AGUA 1908-5-0009 434007 4729027 002 | PÁRAMO DE SEDANO Y LORA Vigilancia 400 BURGOS VALLE DE LOSA 2006-8-0003 480039 4761699 010 | CALIZAS DE LOSA Vigilancia 400 BURGOS VALLE DE LOSA 2107-1-0007 488541 4758826 010 | CALIZAS DE LOSA Vigilancia 400 BURGOS VALLE DE SEDANO 1908-6-0012 442896 4727803 002 | PÁRAMO DE SEDANO Y LORA Vigilancia 400 CASTELLON HERBES 3020-7-0007 752199 4510672 096 | PUERTOS DE BECEITE Vigilancia 400 CASTELLON OLOCAU DEL REY 2921-2-0009 722832 4502563 092 | ALIAGA-CALANDA Vigilancia 400 CASTELLON VILLAFRANCA DEL CID 2922-3-0016 728007 4479979 094 | PITARQUE Vigilancia 400 GIRONA DAS 3610-5-0077 407296 4690274 036 | LA CERDANYA Vigilancia 400 GIRONA DAS 3610-5-0078 405404 4693571 036 | LA CERDANYA Vigilancia 400 GUADALAJARA ESTABLES 2418-7-0007 583992 4542768 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Vigilancia 400 GUADALAJARA YUNTA (LA) 2519-7-0012 610723 4529649 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Vigilancia 400 HUESCA ALQUEZAR 3011-7-0010 254094 4672903 033 | SANTO DOMINGO-GUARA Vigilancia 400 HUESCA ALQUEZAR 3011-7-0012 254007 4673080 033 | SANTO DOMINGO-GUARA Vigilancia 400 HUESCA AZANUY-ALINS 3112-7-0007 278914 4656340 041 | LITERA ALTA Vigilancia 400 HUESCA BALDELLOU 3213-5-0005 293783 4643106 041 | LITERA ALTA Vigilancia 400 HUESCA BENABARRE 3212-1-0020 292442 4664455 041 | LITERA ALTA Vigilancia 400 HUESCA BIERGE 3011-5-0010 736603 4676771 033 | SANTO DOMINGO-GUARA Vigilancia 400 HUESCA CANFRANC 2808-8-0023 702846 4734732 027 | EZCAURRE-PEÑA TELERA Vigilancia 400 HUESCA ESTOPIÑAN DEL CASTILLO 3213-1-0052 295369 4650258 041 | LITERA ALTA Vigilancia 400 HUESCA FISCAL 3010-3-0010 255295 4706060 033 | SANTO DOMINGO-GUARA Vigilancia 400 HUESCA FORADADA DEL TOSCAR 3110-8-0029 286986 4695216 037 | COTIELLA-TURBÓN Vigilancia 400 HUESCA LOPORZANO 2911-7-0012 719355 4678809 033 | SANTO DOMINGO-GUARA Vigilancia 400 HUESCA LOPORZANO 2911-7-0013 719516 4678129 033 | SANTO DOMINGO-GUARA Vigilancia 400 HUESCA OLVENA 3112-2-0001 272450 4665170 041 | LITERA ALTA Vigilancia 400 HUESCA SEIRA 3110-4-0023 286385 4703841 037 | COTIELLA-TURBÓN Vigilancia 400 HUESCA TELLA-SIN 3009-4-0010 265615 4720303 032 | SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO Vigilancia 400 HUESCA TOLVA 3212-1-0051 298275 4665512 041 | LITERA ALTA Vigilancia 400 HUESCA TORLA 3009-1-0025 737454 4727005 032 | SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO Vigilancia 400 HUESCA VALLE DE HECHO 2808-5-0004 681723 4727448 031 | SIERRA DE LEYRE Vigilancia 400 HUESCA VILLANUA 2808-8-0024 702395 4728692 027 | EZCAURRE-PEÑA TELERA Vigilancia 400 LA RIOJA AGONCILLO 2310-3-0056 557120 4699143 048 | ALUVIAL DE LA RIOJA-MENDAVIA Vigilancia 400 LA RIOJA BAÑARES 2110-4-0344 505597 4702415 045 | ALUVIAL DEL OJA Vigilancia 400 LA RIOJA BAÑARES 2110-4-0542 505610 4705517 045 | ALUVIAL DEL OJA Vigilancia 400 LA RIOJA CALAHORRA 2411-3-0018 587123 4684420 049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA Vigilancia 400 LA RIOJA CANALES DE LA SIERRA 2112-2-0007 497593 4666640 068 | MANSILLA-NEILA Vigilancia 400 LA RIOJA CASALARREINA 2109-8-0095 507011 4709952 045 | ALUVIAL DEL OJA Vigilancia 400 LA RIOJA CERVERA DEL RIO ALHAMA 2412-7-0051 586244 4654808 069 | CAMEROS Vigilancia 400 LA RIOJA CERVERA DEL RIO ALHAMA 2412-8-0065 589606 4651128 070 | AÑAVIEJA-VALDEGUTUR Vigilancia 400 LA RIOJA CERVERA DEL RIO ALHAMA 2413-4-0010 591094 4647651 070 | AÑAVIEJA-VALDEGUTUR Vigilancia 400 LA RIOJA EZCARAY 2111-3-0068 498588 4686563 065 | PRADOLUENGO-ANGUIANO Vigilancia 400 LA RIOJA FUENMAYOR 2210-4-0050 536192 4702918 047 | ALUVIAL DEL NAJERILLA-EBRO Vigilancia 400 LA RIOJA PRADILLO 2211-7-0027 529928 4669623 065 | PRADOLUENGO-ANGUIANO Vigilancia 400 LA RIOJA RINCON DE SOTO 2511-5-0036 594823 4678354 049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA Vigilancia 400 LA RIOJA ROBRES DEL CASTILLO 2311-3-0018 558322 4682670 066 | FITERO-ARNEDILLO Vigilancia 400 LA RIOJA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2110-3-0368 504313 4697956 045 | ALUVIAL DEL OJA Vigilancia 400 LA RIOJA SOTO EN CAMEROS 2311-2-0030 547305 4682240 065 | PRADOLUENGO-ANGUIANO Vigilancia 400 LA RIOJA TORRECILLA EN CAMEROS 2211-7-0025 530187 4676543 065 | PRADOLUENGO-ANGUIANO Vigilancia 400 LA RIOJA VENTROSA 2212-1-0020 512466 4666374 068 | MANSILLA-NEILA Vigilancia 400 LA RIOJA VILLALBA DE RIOJA 2109-4-0010 509024 4719290 006 | PANCORBO-CONCHAS DE HARO Vigilancia 400 LA RIOJA VILLARROYA 2412-2-0028 577763 4664737 066 | FITERO-ARNEDILLO Vigilancia 400 LA RIOJA VINIEGRA DE ARRIBA 2212-1-0022 514385 4660091 068 | MANSILLA-NEILA Vigilancia 400 LLEIDA ABELLA DE LA CONCA 3411-5-0007 348211 4671351 038 | TREMP-ISONA Vigilancia 400 LLEIDA CABO 3411-6-0005 356941 4677633 038 | TREMP-ISONA Vigilancia 400 LLEIDA CERVERA 3414-6-0012 357650 4615525 064 | CALIZAS DE TÁRREGA Vigilancia 400 LLEIDA ISONA I CONCA DELLA 3312-3-0037 333297 4666160 038 | TREMP-ISONA Vigilancia 400 LLEIDA LLIMIANA 3312-6-0009 328570 4658005 038 | TREMP-ISONA Vigilancia 400 LLEIDA MASSOTERES 3414-3-0060 360754 4627627 064 | CALIZAS DE TÁRREGA Vigilancia 400 LLEIDA ORGANYA 3411-7-0013 361495 4672799 038 | TREMP-ISONA Vigilancia 400 LLEIDA SANT ESTEVE DE LA SARGA 3212-8-0025 313190 4661118 038 | TREMP-ISONA Vigilancia 400 LLEIDA SANT GUIM DE FREIXENET 3415-4-0030 367937 4613214 064 | CALIZAS DE TÁRREGA Vigilancia 400 LLEIDA SARROCA DE BELLERA 3310-5-0005 325563 4692196 038 | TREMP-ISONA Vigilancia 400 LLEIDA TREMP 3312-2-0040 327422 4669663 038 | TREMP-ISONA Vigilancia 400 NAVARRA CORTES 2613-2-0044 631964 4644449 052 | ALUVIAL DEL EBRO:TUDELA-ALAGÓN Vigilancia 400 NAVARRA FACERÍA 2408-1-0014 571050 4742100 017 | SIERRA DE URBASA Vigilancia 400 NAVARRA LARRAUN 2407-4-0013 589418 4760654 019 | SIERRA DE ARALAR Vigilancia 400 NAVARRA LUMBIER 2609-3-0002 639449 4722005 031 | SIERRA DE LEYRE Vigilancia 400 NAVARRA LUMBIER 2609-3-0072 639366 4721975 031 | SIERRA DE LEYRE Vigilancia 400 NAVARRA MENDAZA 2308-8-0008 562225 4725746 023 | SIERRA DE LÓQUIZ Vigilancia 400 NAVARRA OLLO 2407-8-0017 591430 4748109 018 | SIERRA DE ANDÍA Vigilancia 400 NAVARRA ROMANZADO 2708-5-0004 649061 4728878 031 | SIERRA DE LEYRE Vigilancia 400 NAVARRA TIEBAS-MURUARTE DE RETA 2508-7-0067 611143 4727430 029 | SIERRA DE ALAIZ Vigilancia 400 NAVARRA TUDELA 2512-4-0009 616969 4665567 049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA Vigilancia 400 NAVARRA ULTZAMA 2506-7-0018 611168 4763425 020 | BASABURÚA-ULZAMA Vigilancia 400 NAVARRA ZUÑIGA 2308-7-0014 558974 4726003 023 | SIERRA DE LÓQUIZ Vigilancia 400 SORIA AGREDA 2414-4-0009 589092 4625080 071 | ARAVIANO-VOZMEDIANO Vigilancia 400 SORIA AGREDA 2414-4-0010 590515 4628193 071 | ARAVIANO-VOZMEDIANO Vigilancia 400 SORIA CASTILRUIZ 2413-7-0060 584603 4637042 070 | AÑAVIEJA-VALDEGUTUR Vigilancia 400 SORIA CIRIA 2415-4-0005 590141 4609134 073 | BOROBIA-ARANDA DE MONCAYO Vigilancia 400 SORIA DEZA 2416-3-0004 583444 4591350 085 | SIERRA DE MIÑANA Vigilancia 400 TARRAGONA ALDEA (L') 3220-6-0084 295498 4511216 101 | ALUVIAL DE TORTOSA Vigilancia 400 TARRAGONA ALDEA (L') 3220-6-0089 295493 4511235 101 | ALUVIAL DE TORTOSA Vigilancia 400 TARRAGONA AMPOSTA 3220-6-0064 295315 4505020 104 | SIERRA DEL MONTSIÁ Vigilancia 400 TARRAGONA CAMARLES 3220-3-0048 302612 4515751 105 | DELTA DEL EBRO Vigilancia 400 TARRAGONA MORA D'EBRE 3218-2-0116 297186 4551674 097 | FOSA DE MORA Vigilancia 400 TARRAGONA RASQUERA 3219-2-0025 300320 4540519 097 | FOSA DE MORA Vigilancia 400 TARRAGONA ROQUETES 3120-3-0009 276839 4517388 099 | PUERTOS DE TORTOSA Vigilancia 400 TARRAGONA SENIA (LA) 3121-2-0008 271029 4505059  102 | LA PLANA DE LA GALERA Vigilancia 400 TARRAGONA TORTOSA 3220-1-0264 292519 4519400 100 | BOIX-CARDÓ Vigilancia 400 TERUEL ALACON 2818-6-0013 693944 4545580 091 | CUBETA DE OLITE Vigilancia 400 TERUEL ALBA 2621-3-0073 639731 4501155 089 | CELLA-OJOS DE MONREAL Vigilancia 400 TERUEL ALCORISA 2919-2-0004 719909 4535311 092 | ALIAGA-CALANDA Vigilancia 400 TERUEL ANADON 2719-3-0011 670660 4539364 084 | ORICHE-ANADÓN Vigilancia 400 TERUEL ARIÑO 2818-7-0004 701136 4544914 091 | CUBETA DE OLITE Vigilancia 400 TERUEL ARIÑO 2818-7-0007 701353 4546215 091 | CUBETA DE OLITE Vigilancia 400 TERUEL BECEITE 3119-5-0024 262608 4525055 096 | PUERTOS DE BECEITE Vigilancia 400 TERUEL BELLO 2519-4-0020 623328 4532213 087 | GALLOCANTA Operativa 100 TERUEL BELLO 2519-8-0018 622623 4529954 087 | GALLOCANTA Operativa 100 TERUEL BELLO 2619-1-0096 625893 4534872 087 | GALLOCANTA Operativa 100 TERUEL BELLO 2619-1-0104 625064 4534998 087 | GALLOCANTA Vigilancia 400 TERUEL BELLO 2619-1-0125 628518 4531568 087 | GALLOCANTA Operativa 100 TERUEL BELLO 2619-1-0130 629409 4531836 087 | GALLOCANTA Operativa 100 TERUEL BELLO 2619-1-0137 627559 4533524 087 | GALLOCANTA Operativa 100 TERUEL BELLO 2619-1-0148 628271 4532092 087 | GALLOCANTA Operativa 100 TERUEL BLANCAS 2620-1-0019 628530 4520493 088 | MONREAL-CALAMOCHA Vigilancia 400 TERUEL BUEÑA 2620-7-0068 645458 4507482 089 | CELLA-OJOS DE MONREAL Vigilancia 400 TERUEL CASTELLOTE 2920-5-0001 715818 4509779 092 | ALIAGA-CALANDA Vigilancia 400 TERUEL CELADAS 2622-4-0087 652349 4480162 089 | CELLA-OJOS DE MONREAL Vigilancia 400 TERUEL CELLA 2622-3-0055 643880 4477802 090 | POZONDÓN Vigilancia 400 TERUEL CUBA (LA) 2921-3-0004 728968 4496524 095 | ALTO MAESTRAZGO Vigilancia 400 TERUEL CUBA (LA) 2921-3-0025 729041 4496357 095 | ALTO MAESTRAZGO Vigilancia 400 TERUEL FORTANETE 2821-8-0046 708076 4487460 094 | PITARQUE Vigilancia 400 TERUEL FOZ-CALANDA 2919-3-0005 726376 4535200 092 | ALIAGA-CALANDA Vigilancia 400 TERUEL GINEBROSA (LA) 2919-8-0014 734451 4528929 092 | ALIAGA-CALANDA Vigilancia 400 TERUEL JOSA 2819-2-0023 688979 4537332 091 | CUBETA DE OLITE Vigilancia 400 TERUEL LAGUERUELA 2718-5-0015 653984 4545260 084 | ORICHE-ANADÓN Vigilancia 400 TERUEL MAS DE LAS MATAS 2919-7-0008 729588 4524719 092 | ALIAGA-CALANDA Vigilancia 400 TERUEL MUNIESA 2818-2-0002 688157 4558723 091 | CUBETA DE OLITE Vigilancia 400 TERUEL MUNIESA 2818-2-0008 688163 4558712 091 | CUBETA DE OLITE Vigilancia 400 TERUEL OBON 2819-6-0011 692046 4530848 091 | CUBETA DE OLITE Vigilancia 400 TERUEL ODON 2519-8-0017 622580 4529603 087 | GALLOCANTA Operativa 100 TERUEL OJOS NEGROS 2620-5-0042 631919 4512220 089 | CELLA-OJOS DE MONREAL Vigilancia 400 TERUEL PEÑARROYA DE TASTAVINS 3020-4-0026 252748 4518889 096 | PUERTOS DE BECEITE Vigilancia 400 TERUEL PLOU 2719-4-0011 680295 4539833 091 | CUBETA DE OLITE Vigilancia 400 TERUEL POZONDON 2621-5-0006 629229 4491119 090 | POZONDÓN Vigilancia 400 TERUEL POZONDON 2621-5-0008 629223 4491116 090 | POZONDÓN Vigilancia 400 TERUEL RAFALES 3020-3-0032 247674 4524077 096 | PUERTOS DE BECEITE Vigilancia 400 TERUEL TORRALBA DE LOS SISONES 2619-5-0029 630575 4525503 088 | MONREAL-CALAMOCHA Vigilancia 400 TERUEL TORRALBA DE LOS SISONES 2619-5-0031 626093 4525400 088 | MONREAL-CALAMOCHA Vigilancia 400 TERUEL TORRALBA DE LOS SISONES 2619-6-0047 631807 4530641 087 | GALLOCANTA Vigilancia 400 TERUEL TORRIJO DEL CAMPO 2620-2-0011 636963 4521447 088 | MONREAL-CALAMOCHA Vigilancia 400 TERUEL TORRIJO DEL CAMPO 2620-3-0034 643644 4518978 088 | MONREAL-CALAMOCHA Vigilancia 400 TERUEL VILLAFRANCA DEL CAMPO 2620-6-0001 632538 4504182 089 | CELLA-OJOS DE MONREAL Vigilancia 400 TERUEL VILLARLUENGO 2820-8-0021 707893 4506555 092 | ALIAGA-CALANDA Vigilancia 400 ZARAGOZA AGUARON 2616-8-0226 646674 4581569 077 | MIOCENO DE ALFAMÉN Vigilancia 400 ZARAGOZA AINZON 2514-4-0052 622388 4625987 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA ALCONCHEL DE ARIZA 2417-5-0011 574840 4558879 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Vigilancia 400 ZARAGOZA ALFAMEN 2616-3-0246 643354 4594522 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA ALFAMEN 2616-3-0249 643441 4589172 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN / 077 | MIOCENO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA ALFAMEN 2616-3-0250 644145 4587437 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN / 077 | MIOCENO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA ALFAMEN 2616-4-0080 646195 4588318 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Vigilancia 400 ZARAGOZA ALHAMA DE ARAGON 2417-4-0037 592866 4571700 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Vigilancia 400 ZARAGOZA ALMONACID DE LA SIERRA 2616-3-0247 640088 4587973 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA ALMONACID DE LA SIERRA 2616-3-0248 642079 4588540 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Vigilancia 400 ZARAGOZA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA 2616-2-0108 635540 4590586 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA 2616-2-0109 637091 4592928 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Vigilancia 400 ZARAGOZA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA 2616-3-0242 639084 4594475 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA 2616-3-0243 637930 4590440 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA 2616-3-0244 640000 4591700 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA 2616-3-0245 641147 4593838 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA AMBEL 2514-3-0009 613727 4627717 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA AMBEL 2514-3-0022 611977 4626805 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA AMBEL 2514-4-0090 616429 4624864 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA ARANDIGA 2615-5-0023 627677 4603129 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA BELCHITE 2816-6-0032 686632 4584627 079 | CAMPO DE BELCHITE Vigilancia 400 ZARAGOZA BELCHITE 2817-1-0018 682792 4576806 079 | CAMPO DE BELCHITE Vigilancia 400 ZARAGOZA BELCHITE 2817-1-0027 685603 4573732 079 | CAMPO DE BELCHITE Operativa 100 ZARAGOZA CABOLAFUENTE 2417-6-0005 578479 4560149 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Vigilancia 400 ZARAGOZA CALATORAO 2616-3-0251 641733 4595715 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Vigilancia 400 ZARAGOZA CARIÑENA 2616-8-0104 647311 4585509 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Vigilancia 400 ZARAGOZA CARIÑENA 2616-8-0105 650693 4581834 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA CARIÑENA 2616-8-0106 648110 4584251 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Vigilancia 400 ZARAGOZA CARIÑENA 2616-8-0107 649817 4585888 076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA CARIÑENA 2616-8-0108 649708 4579549  076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN / 077 | MIOCENO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA CARIÑENA 2616-8-0109 651590 4583070  077 | MIOCENO DE ALFAMÉN Operativa 100 ZARAGOZA CASPE 3017-5-0003 737082 4567741   Vigilancia 400 ZARAGOZA CASPE 3017-7-0001 252637 4563723   Vigilancia 400 ZARAGOZA COSUENDA 2616-7-0062 642690 4582659  077 | MIOCENO DE ALFAMÉN Vigilancia 400 ZARAGOZA CUERLAS (LAS) 2519-4-0011 622491 4534352 087 | GALLOCANTA Vigilancia 400 ZARAGOZA CUERLAS (LAS) 2519-4-0017 622493 4534353 087 | GALLOCANTA Vigilancia 400 ZARAGOZA CUERLAS (LAS) 2519-4-0021 622857 4536703 087 | GALLOCANTA Operativa 100 ZARAGOZA EJEA DE LOS CABALLEROS 2611-8-0008 649641 4675195 053 | ARBAS Vigilancia 400 ZARAGOZA EMBID DE ARIZA 2416-7-0002 586300 4580051 085 | SIERRA DE MIÑANA Vigilancia 400 ZARAGOZA EPILA 2615-3-0022 638450 4606010 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA EPILA 2615-3-0088 644128 4606781 075 | CAMPO DE CARIÑENA Operativa 100 ZARAGOZA EPILA 2615-3-0091 641317 4607690 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA EPILA 2615-8-0011 650593 4603183 075 | CAMPO DE CARIÑENA Vigilancia 400 ZARAGOZA FUENDEJALON 2614-5-0003 626653 4622028 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA FUENDEJALON 2614-5-0007 629925 4618192 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA FUENTES DE EBRO 2815-7-0012 698773 4600123 058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA Vigilancia 400 ZARAGOZA GALLOCANTA 2518-8-0032 624070 4541396 087 | GALLOCANTA Operativa 100 ZARAGOZA GALLOCANTA 2519-4-0022 622154 4538695 087 | GALLOCANTA Operativa 100 ZARAGOZA JAULIN 2716-3-0010 666240 4590673 075 | CAMPO DE CARIÑENA Vigilancia 400 ZARAGOZA LECERA 2818-2-0003 691877 4557381 091 | CUBETA DE OLITE Vigilancia 400 ZARAGOZA LONGARES 2716-5-0006 656219 4584422 075 | CAMPO DE CARIÑENA Vigilancia 400 ZARAGOZA LONGARES 2716-5-0007 655246 4584343 075 | CAMPO DE CARIÑENA Operativa 100 ZARAGOZA LUCENI 2614-4-0045 645651 4630421 052 | ALUVIAL DEL EBRO:TUDELA-ALAGÓN Vigilancia 400 ZARAGOZA MAELLA 3017-8-0004 257132 4562589   Vigilancia 400 ZARAGOZA MESONES DE ISUELA 2515-8-0008 622409 4601393 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA MUEL 2716-1-0030 655095 4590157 075 | CAMPO DE CARIÑENA Vigilancia 400 ZARAGOZA MUEL 2716-2-0074 660501 4592368 075 | CAMPO DE CARIÑENA Vigilancia 400 ZARAGOZA PINA DE EBRO 2916-1-0003 707716 4597123 058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA Vigilancia 400 ZARAGOZA PUEBLA DE ALBORTON 2816-5-0015 680391 4580589 079 | CAMPO DE BELCHITE Vigilancia 400 ZARAGOZA RICLA 2616-2-0249 632297 4592369 074 | SIERRAS PALEOZOICAS DE LA VIRGEN Y VICORT Vigilancia 400 ZARAGOZA SALVATIERRA DE ESCA 2709-3-0017 664618 4725890 031 | SIERRA DE LEYRE Vigilancia 400 ZARAGOZA TARAZONA 2513-5-0017 601669 4639897 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA TARAZONA 2513-6-0023 606692 4638374 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA TARAZONA 2513-6-0029 603350 4639200 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA TAUSTE 2613-7-0048 641121 4640252 052 | ALUVIAL DEL EBRO:TUDELA-ALAGÓN Vigilancia 400 ZARAGOZA TIERGA 2515-3-0003 615509 4608090 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA TIERGA 2515-4-0002 619651 4607742 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA TORRALBA DE LOS FRAILES 2519-3-0003 613329 4538640 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Vigilancia 400 ZARAGOZA USED 2518-8-0022 617867 4543519 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Operativa 100 ZARAGOZA USED 2518-8-0025 619595 4543726 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Operativa 100 ZARAGOZA USED 2518-8-0033 619120 4541658 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Operativa 100 ZARAGOZA USED 2519-4-0006 618134 4539532 086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN Operativa 100 ZARAGOZA VERA DE MONCAYO 2514-3-0014 609199 4630465 072 | SOMONTANO DEL MONCAYO Vigilancia 400 ZARAGOZA VILLALBA DE PEREJIL 2516-8-0177 621489 4577879 082 | HUERVA-PEREJILES Vigilancia 400 ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO 2814-5-0153 680803 4623763 057 | ALUVIAL DEL GÁLLEGO Vigilancia 400 ZARAGOZA VILLANUEVA DE HUERVA 2716-7-0010 667890 4579809 075 | CAMPO DE CARIÑENA Vigilancia 400 ZARAGOZA ZARAGOZA 2714-6-0075 662642 4616030 058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA Vigilancia 400 ZARAGOZA ZUERA 2814-1-0034 681025 4630355 057 | ALUVIAL DEL GÁLLEGO Vigilancia 400 Anexo 10.10. Relación de zonas de protección de hábitat y especies y distancia mínima establecida para nuevas captaciones que se soliciten cerca de estas áreas Masa de agua subterránea Superficie (ha) Denominación Radio (m) de zona no autorizada ES091_012 Aluvial Vitoria 4.298 Encharcamientos de Salburúa (LIC:ES 2110014; RAMSAR: SALBURÚA N.º278) 725 ES091_034 Macizo Axial Pirenaico 14 Estany de Montcortés (LIC: ES5130019) 100 ES091_041 Litera Alta 22 Lagunas de Estaña (LIC: ES2410072) 100 ES091_058 Aluvial del Ebro: Zaragoza 1100 Galacho de Juslibol(LIC ES2430081) y los Galachos de La Alfranca, La Cartuja, el Planterón y la isla de Alfranca (ZEPA ES0000138) 550 ES091_059 Lagunas de los Monegros 2.146 Monegros (LIC: ES2430082); La Retuerta y Saladas de Sástago (ZEPA: ES0000181) 250 ES091_073 Borobia-Aranda de Moncayo 332 Lagunas de Ciria y Borobia (LIC ES4170056) 100 ES091_079 Campo de Belchite 167 Hoya del Castillo(Salada de Azaila) (LIC: ES2420093) 1000 Anexo 10.11. Representación gráfica de los criterios técnicos para determinar las condiciones de las concesiones de aguas subterráneas * Para la interpretación de códigos ver anexos 10.3, 10.5 y 10.7. ANEXO 11 Programa de Medidas Anexo 11.1. Programa de Medidas Programa y actuación Tipo * medida Previsión inversión total (M€) Previsión inversion a 2015 (M€) Ficha en Anejo X memoria Apartado A: Cumplimiento de los objetivos medioambientales Programa A1) Planes de saneamiento y depuración de aguas residuales   Plan especial de depuración de aguas residuales de Aragón B/C 619,5 50,0 Sí   Plan de depuración de núcleos pirenaicos B/C 133,5 10,0 Sí   Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas (PSARU 2005) de la Comunidad Autónoma de Cataluña B/C 337,6 337,6 Sí   Medidas para la reducción del impacto de las descargas de los sistemas de saneamiento en eventos de lluvia en la parte catalana de la cuenca del Ebro B/C 22,9 0,0 Sí   Plan Director de depuración y saneamiento de Ríos del Gobierno de Navarra B/C 85,5 30,0 Sí   Plan Director de depuración de aguas residuales urbanas de Castilla-la Mancha B/C 6,3 2,0 Sí   Plan Director de saneamiento y depuración de la Comunidad Autónoma de La Rioja Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones B/C 216,1 69,0 Sí   Medidas para la mejora de la calidad del agua en la Comunidad Autónoma del País Vasco B/C 95,2 61,2 Sí   Plan Director de saneamiento, depuración y calidad de las aguas de Cantabria (2007-2010) B/C 10,9 6,0 Sí   Plan Director de depuración y saneamiento de la Comunidad Autónoma Valenciana B/C 2,2 1,0 Sí   Tratamiento de aguas residuales en zonas sensibles B/C 13,9 0,0 Sí Programa A2) Actuaciones de restauración de ríos y riberas con criterios medioambientales   Actuaciones de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y Riberas dentro de la cuenca del Ebro C 32,6 2,0 Sí   Parque fluvial de los ríos Híjar y Ebro: acondicionamiento ambiental y paisajístico C 4,9 0,0 Sí   Actuaciones medioambientales y de integración urbana del río Ebro en la ciudad de Logroño C 12,0 0,0 Sí   Recuperación de riberas del Gállego en Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego y Zuera C 4,0 0,0 Sí   Adecuación de embalses de la cuenca del Ebro para aves acuáticas C 0,7 0,0 Sí   Adecuación y mejora del río Segre a su paso por Lleida C 5,6 0,0 Sí   Medidas para la recuperación de riberas en la parte catalana de la demarcación del Ebro C 32,5 0,0 Sí   Plan para la recuperación de zonas húmedas y lagos en la parte catalana de la demarcación del Ebro C 19,2 0,0 Sí   Medidas para la mejora, recuperación morfológica y gestión del sedimento fluvial en la parte catalana de la demarcación del Ebro C 5,5 0,0 Sí   Plan de restauración de cauces y riberas en los ríos de la demarcación hidrográfica del Ebro en la provincia de Soria C - - Sí   Restauración de riberas de los ríos navarros de la cuenca del Ebro C 9,7 1,5 Sí   Restauración de riberas en la confluencia Arga-Aragón y Ebro en Buñuel C 0,5 0,2 Sí   Actuaciones de restauración de ríos y riberas en la Comunidad Autónoma del País Vasco C 18,1 9,3 Sí Programa A3) Plan de choque para el control de tomas de agua   Control de extracciones en captaciones de aguas subterráneas B 4,2 0,0 Sí   Plan de modernización de tomas de riego en alta en la cuenca del Ebro (inversión incluida en Programa A12- Propuestas FEREBRO) B - - Sí Programa A4) Plan de choque para tolerancia cero de vertidos   Plan de mejora general de los vertidos de la cuenca del Ebro B 3,0 0,4 No   Medidas para la reducción de sustancias prioritarias en la parte catalana de la cuenca del Ebro B 0,3 0,3 Sí   Plan de choque para tolerancia cero de vertidos en la demarcación hidrográfica del Ebro en la provincia de Soria B - - Sí   Plan de mejora de los vertidos del entorno de Miranda de Ebro Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones B 2,7 0,2 Sí   Medidas para mejorar el estado ecológico del embalse del Ebro B 5,5 0,5 Sí   Construcción de un colector para evitar la estratificación del vertido del embalse de Cabriana B 0,6 0,0 No   Plan de gestión de efluentes salinos asociados a la antigua minería de sales potasicas en la Comarca de Pamplona B 29,2 17,0 Sí Programa A5) Plan de reutilización de efluentes urbanos   Plan Nacional de Reutilización de Aguas B 14,2 0,0 Sí   Reutilización de las aguas de la EDAR de Ágreda-Ólvega B 7,8 0,0 Sí   Medidas para la consecución del buen estado del bajo Gállego B 0,5 0,0 No   Medidas para la reutilización del agua depurada en la parte catalana de la cuenca del Ebro B 4,2 0,0 Sí   Plan de reutilización de aguas residuales urbanas en la Comunidad Autónoma de La Rioja B 0,3 0,3 Sí Programa A6) Plan de medidas agroambientales en regadíos   Plan de medidas agroambientales de Aragón B/C 27,6 13,0 Sí   Plan de medidas agroambientales de Cataluña B/C 83,2 3,8 Sí   Plan de medidas agroambientales de Navarra B/C 2,8 1,0 Sí   Plan de medidas agroambientales de La Rioja B/C 0,6 0,3 Sí   Plan de medidas agroambientales del País Vasco B/C 0,4 0,2 Sí Programa A7) Medidas de Protección de aguas subterráneas   Plan de perímetros de protección de aguas subterráneas en la cuenca del Ebro C 36,5 0,0 Sí   Medidas para la gestión y protección de los acuíferos en la parte catalana de la cuenca del Ebro C 18,2 4,8 Sí Programa A8) Plan de modernización de regadíos con prioridad medioambiental   Modernización de los regadíos dependientes del embalse de Valladar B 22,8 0,0 Sí   Modernización de los regadíos en el bajo Jiloca B 11,9 0,0 Sí   Construcción de una balsa en la cuenca del río Perejiles en Miedes de Aragón B 1,4 0,0 Sí   Modernización de regadíos dependientes del embalse de Mularroya B 134,5 0,0 Sí   Consolidación y mejora de regadíos en el acuífero de Alfamén desde el embalse de Mularroya B 36,5 0,0 Sí   Elevación de aguas a la zona regable de Guiamets B 4,4 0,0 Sí   Reutilización de aguas residuales de los riegos del Canal de Aragón y Cataluña B 52,7 0,0 Sí   Modernización de los regadíos del Bajo Cinca B 100,1 0,0 Sí   Construcción de balsas de decantación en las captaciones de reutilización de aguas de retorno de RAA B 23,4 0,0 Sí   Estudio de la optimización energética de los riegos de la margen izquierda del río Flumen. 1.ª fase. B 59,7 0,0 Sí   Modernización de los regadíos del Bajo Gallego B 241,0 0,0 Sí   Propuesta de reutilización interna de aguas de la Comunidad General de Regantes de Bárdenas B 4,5 0,0 Sí   Planes de Modernización de Regadíos de Aragón B 890,7 150,0 Sí   Modernización del Canal Imperial de Aragón, P.K. 31 a 72 y balsa complementaria B 33,8 0,0 Sí   Revestimiento de la acequia de Valdera B 1,0 0,0 Sí   Planes de Modernización de Regadíos de la Comunidad Autónoma de Cataluña B 2.337,8 87,0 Sí   Planes de Modernización de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra B 140,8 70,0 Sí   Planes de Modernización de Regadíos de Castilla y León B 22,0 10,0 Sí   Planes de Modernización de Regadíos de la Comunidad Autónoma del País Vasco B 173,3 32,8 Sí   Planes de Modernización de Regadíos del Gobierno de La Rioja B 112,6 25,0 Sí   Estrategia Nacional para la sostenibilidad de los regadíos Horizonte 2015 en la cuenca del Ebro B 364,0 0,0 Sí   Programas de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas de la cuenca del Ebro B - - Sí   Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 B 26,3 0,0 Sí Programa A9) Implantación de regímenes de caudales ecológicos en tramos prioritarios   Plan de recuperación de caudales mínimos en puntos singulares de la cuenca del Ebro B 50,0 0,3 No Programa A10) Programa de revisión concesional (ALBERCA)   Revisión de las concesiones otorgadas antes de 1985 (Programa Alberca) B 6,0 5,6 Sí Programa A11) Mejora y desarrollo de redes de control   Redes de control de la calidad de las aguas de la cuenca del Ebro B 18,0 8,0 No   Equipamiento para la ampliación de la red de control de regadíos de la cuenca del Ebro (RecorEbro) B 8,6 0,0 Sí   Red de control del estado cuantitativo de las aguas subterráneas de la cuenca del Ebro (redes piezométricas) B 4,8 1,5 Sí   Adecuación de captaciones surgentes B 0,1 0,0 Sí   Red de control foronómico de las aguas de la cuenca del Ebro B 30,0 5,0 Sí   Red de control de los vertidos de la cuenca del Ebro B 3,4 1,0 Sí   Redes de control y seguimiento del medio hídrico en la Comunidad Autónoma del País Vasco B 6,8 3,9 Sí Programa A12) Propuestas de la Federación de Regantes del Ebro para la mejora agroambiental de los regadíos de la cuenca del Ebro   Propuesta de la Federación de Regantes del Ebro en la Modernización de Regadíos B 470,0 80,0 Sí   Junta de Explotación n.º 1: – Actuaciones en las Comunidades de Regantes de Lituénigo, Sartaguda y Rincón del Soto – Actuaciones en las Comunidades Generales de Regantes del Canal de Lodosa, Canal Imperial de Aragón y Canal de Tauste Junta de Explotación n.º 4: – Modernización de los regadíos dependientes del Embalse del Val – Actuaciones en los regadíos de la Cuenca del Queiles pertenecientes a las Comunidades de Regantes de Tarazona, Grisel, Santa Cruz del Moncayo, Barrio de Cunchillos, San Marcial de Novallas, Malón, Monteagudo, Barillas y Ablitas – Actuaciones en los regadíos de la Cuenca del Huecha pertenecientes a las Comunidades de Regantes de Bulbuente y Borja Junta de Explotación n.º 5: Actuaciones en los regadíos de la Junta Central de Usuarios del río Jalón Junta de Explotación n.º 6: Actuaciones en el Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha Junta de Explotación n.º 11: – Mejora del Delta del Ebro de la Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro – Infraestructuras a mejorar y modernizar en la Comunidad de Regantes-Sindicato Agrícola del Ebro Junta de Explotación n.º 12: Actuaciones en la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel Junta de Explotación n.º 13: – Modernización de la zona regable del Canal de Piñana – Actuaciones en la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña + Inscripción y actualización concesional + Modernización por tubería a presión natural Junta de Explotación n.º 14: – Actuaciones de modernización en la Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón – Actuaciones en los regadíos del Bajo Gállego Junta de Explotación n.º 15: Actuaciones en la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas Programa A13) Plan de mejora de la calidad de agua prepotable   Plan de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno B 32,9 32,9 Sí   Plan de abastecimiento a núcleos del Oja-Tirón desde Ezcaray B 25,7 25,7 Sí   Abastecimiento, consolidación y nuevos regadíos en la comarca del Sobrarbe B 77,3 0,0 Sí   Mejora de la calidad de abastecimientos urbanos mediante captaciones de agua subterránea B 13,3 0,0 Sí   Mejora de la garantía de abastecimientos urbanos mediante captación de aguas subterráneas B 100,3 0,0 Sí   Plan del agua de abastecimiento a municipios aragoneses Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones B 88,2 50,0 Sí   PROVINCIA DE HUESCA – Mejora del Abastecimiento: Almunia de San Juan, Anciles, Angües, Antillón, Argavieso, Arro-Rosado-Gerbe-Las Bellostas-Urriales-Sta. M.ª Buil-San Martín Valle-Castellazo, Ayerbe, Berbegal, Buira-Torres de Buira, Castarné-Señiu-Forcat, Castejón de Monegros-Alins-Espluga, Castejón de Sos, Gistain, Hoz de Barbastro, Laluenga, Lardies-Santa Olaria-San Martín-Solana-San Felices-Bergua-Panillo, Loporzano (Coscullana), Luzas, Merli, Monzón (Selgua), Naval, Orna de Gállego-Pardinilla-Satué-Rapún-Lanave-San Esteban-Arraso-Ibort-Osan-Bara, Pertusa, Pozán de Vero, La Puebla de Castro (Urbanización Lago de Barasona), La Puebla de Fantova-Bellestar-Centenera-Colloliva-Ejep-Torreobato, Pueyo Serrate-Piniello, Santa María Bestué-Puértolas-Secastilla-Sinues-Sipán-Loscertales y Torres de Barbués (instalaciones deportivas) – Ampliación del depósito regulador en Abiego – Instalación de planta potabilizadora en Alcalá del Obispo-Fañanás-Pueyo Fañanás-Ola – Balsa de almacenamiento de agua para Azlor – Instalación de equipos de cloración en Caldearenas – Impermeabilización del depósito de agua potable en E.L.M. Almudafar – Planta potabilizadora y bombeo de agua tratada en Estadilla – Nuevo abastecimiento de agua a Yéqueda (municipio de Igriés) – Nuevo depósito de agua a Laperdiguera – Abastecimiento de agua desde el embalse de Calamarets a Lascuarre – Abastecimiento de agua potable a los núcleos de la Mancomunidad de Aguas de Vadiello – Acondicionamiento del depósito de agua bruta en el valle de Tamarite (Monzón) – Renovación de la tubería de abastecimiento de agua a Salinas de Jaca y Vallalangua (Las Peñas de Riglos) – Mejora del azud de bombeo en el río y acondicionamiento de la captación de agua del barranco Garcés para Perarrua – Depósito de agua y planta potabilizadora en Sallent de Gállego – Red parcial de abastecimiento en la carretera de La Sarra para San Vicente-Aquilué-Serué-Estallo – Conexión de la tubería de la ETP a conducción general en Sotonera – Abastecimiento de agua a San Marcial (Tella)   PROVINCIA DE ZARAGOZA – Mejora del Abastecimiento: Azuara, Botorrita, Castejón de Las Armas, Grisel, Herrera de Los Navarros, Jaulín, La Joyosa-Sobradiel-Torres de Berrellén-Utebo-Pinseque, La Zaida, Moneva, Puendeluna, Retascón, Tabuenca, Trasmoz, Valmadrid, Valpalmas y Villanueva de Jiloca – Renovación de las redes de distribución y saneamiento en Albeta – Acondicionamiento de captación y depósito de agua potable en Aldehuela de Liestos – Acondicionamiento y reforma de la ETAP de Ariza y de Calatayud – Mejora de la conducción de abastecimiento en Bárboles – Depósito de regulación en Cadrete, en Osera de Ebro y en Terrer – Planta potabilizadora en Gallur y Salillas de Jalón – Reparación del depósito de agua en Malanquilla – Renovación del bombeo e instalación de cloración automática en Sediles – Sondeo para captación de aguas subterráneas y renovación de tomas en Sestrica – Red de distribución principal de agua en calle La Carcel en Trasmoz – Mejora del colector de aguas residuales en Uncastillo – Mejora del sistema de potabilización en Velilla – Abastecimiento desde el embalse del Val a Vierlas   PROVINCIA DE TERUEL – Mejora del Abastecimiento: Bello, Calamocha (Collados, Olalla y Valverde), La Zoma, Lanzuela, Las Parras de Castellote, Loscos y Mezquita de Loscos, Mangomunidad de Aguas Cañizar-Estercuel, Mancomunidad minera central, Ojos Negros, Torremocha, Villahermosa del Campo, Villar de Salz y Vinaceite – Instalación eléctrica para elevación de agua para abastecimiento en Celadas – Abastecimiento de agua al área ganadera en Cuevas de Almudén – Perforación y equipamiento de sondeo para abastecimiento de agua a Fornoles – Sustitución de bombeo de agua potable en La Fresneda – Obras de emergencia en la red de distribución de agua potable en Fuentespalda – Conducción de agua del pozo del cerro al depósito en Hinojosa de Jarque – Acondicionamiento de pozos y depósitos de agua potable en Martín del Río – Balsa de agua para abastecimiento de agua del polígono ganadero de Mosqueruela – Nuevos depósitos de agua en Ojos negros y barrio centro – Acondicionamiento de la zona del manantial en Rillo – Abastecimiento de agua a masías y explotaciones ganaderas en Tronchón   Actuaciones de mejora de abastecimiento y saneamiento en núcleos del Pirineo aragonés incluidas en el Pacto del Agua de Aragón B 21,4 10,0 Sí   Recuperación parcial de redes de agua y vertido en Ansó y Chía Proyecto de redes urbanas de abastecimiento y saneamiento en Ayerbe Renovación de las redes de abastecimiento y alcantarillado en Baells, Nachá, Bailo, Bielsa, Castigaleu y Puente La Reina Obras de abastecimiento y evacuación de aguas en Baldellou y Camporrells Elevación, distribución y saneamiento de agua en varios núcleos del municipio de Bárcabo Reforma y refuerzo de la infraestructura primaria de abastecimiento de agua de Benasque Mejoras de abastecimiento, saneamiento y distribución de agua de Bisaurri, Bonanza, Bibiles, Cires, Buira, Campo, TM Foradada del Toscar, Labuerda, Lascuarre, Loporzano, TM Plan, Seira, Sesue, Sopeira, TM Tella-Sin, Tolva, Valle de Bardají y Villanova Acondicionamiento y captación del servicio de abastecimiento de agua potable de Borau Conexión suministro de agua Canfranc y estación Canfranc Pueblo Red de saneamiento parte baja de la población de Castillonroy Mejora de redes de abastecimiento Hoz de Jaca y TM Sabiñánigo Nuevo suministro de agua a Jaca y nuevo depósito a Jasa Ampliación del abastecimiento de agua de Laspuña y Ceresa Ampliación abastecimiento y saneamiento de Palo Redes de saneamiento y alcantarillado en el núcleo Lago de Barasona (La Puebla de Castro) Obras de abastecimiento de agua potable a Montañana y adecuación del sistema de almacenamiento de agua a Puente de Montañana Sustitución y ampliación de la red de distribución de agua potable y de la red de saneamiento de San Juan de Plan Red de saneamiento y abastecimiento a Santaliestra (2.ª fase) Depósito en líneas y mejora de las redes de distribución y saneamiento en el municipio de Torla   Abastecimiento de agua a las poblaciones del bajo Jiloca desde el embalse de Lechago B 28,8 2,0 Sí   Abastecimiento de agua a los municipios de Aguilón, Fuendetodos, La Puebla de Albortón, Valmadrid y Villanueva de Huerva desde el embalse de las Torcas B 2,5 2,5 Sí   Elevación de aguas del Ebro para el abastecimiento de Andorra, Albalate del Arzobispo, Ariño, Alcorisa y Alloza B 61,7 29,0 Sí   Abastecimiento de la zona central de las cuencas mineras desde el embalse de las Parras B 7,0 3,5 Sí   Abastecimiento de Castellote, Seno, Abénfigo, Mas de las Matas y AguaViva desde el embalse de Santolea B 5,9 0,0 Sí   Abastecimiento de agua mancomunado a los núcleos de la cuenca del río Matarraña B 20,0 0,0 Sí   Abastecimiento de agua a Huerto, Vicién, Tabernas de Isuela, Buñales y Lascasas B 6,8 0,0 Sí   Infraestructura para el mantenimiento del abastecimiento de agua de boca desde el canal de Monegros durante el periodo de no riego B 20,8 0,0 Sí   ETAP para el abastecimiento mancomunado a los núcleos del bajo Ebro aragonés B 2,0 2,0 Sí   Medidas para garantizar el abastecimiento en la parte catalana de la demarcación del Ebro B 97,8 36,3 Sí   Abastecimiento de Piñana (2.ª Fase) Abastecimiento desde el km 21 del Canal Segarra-Garrigues Abastecimiento de agua potable a los municipios de Barbens, Ivars d'Urgell, Castellnou de Seana y Vila-sana (conexión directa al Canal de Urgel, balsa de regulación y potabilizadora) Mejora del abastecimiento de las Garrigues (Primera Fase) Abastecimiento en alta de Lladurs, Castellar de la Ribera, Pinell, Llobera, Pinós y La Molsosa desde una nueva captación en la Ribera Salada Renovación de las tuberías de la red del Mig Segre Mejora de los abastecimientos del Priorat Abastecimiento supramunicipal en el Montsià-Baix Ebre y en la Terra Alta Mejoras en la red de abastecimiento del Topograpo Ampliación de la captación y mejora del tratamiento a la potabilizadora de la red de POVIBA (Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs y Batea)   Mejora y ampliación de los abastecimientos a los municipios de Villarcayo y Medina de Pomar B 10,8 0,0 Sí   Abstecimiento mancomunado desde el embalse de San Pedro Manrique a núcleos de los TT MM de San Pedro Manrique y Villar del río Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones B - - No   Plan Director de abastecimiento de la Comunidad Foral de Navarra Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones B 146,2 40,0 Sí   Mdad de Mairaga–Zona Media: Integración Valle del Aragón+Marcilla+Peralta+Falces, Funes+Villafranca+Milagro y Valdorba (Leoz) y 1.ª fase ETAP+Dep. La Pedrera+conducción General Mdad de Valdizarbe+MCP (Falda Sur del Perdón): Incluido en 2005/08 (tiesas-Conexión Obanos Falda Sur parcial) y Resto solución (Nudo Valdizarbe+resto Falda Sur) Zona Sur: ETAP+Dep. General 1.ª fase Mdad CCF; Cond. Morante – Cadreita (provisional); Toma Canal de Navarra para Dad CCF, para la zona de Tudela y para M.Moncayo+ETAP+Cortes y Redimensionamiento conducciones por incremento demandas Solución Irati: 5 ª fase y Resto localidades+Depósitos+varios Solución Mendinueta: Resto de solución pendiente desde el Canal de Navarra Mdad de Sakana: Integración Uharte Arakil en Mdad y, también, Valle Arakil en M.Sakana Mdad Montejura (Solución elegida incluyendo Azagra y San Adrián): Red general hasta Viana, Red general hasta Lodosa e Incluso de Sartaguda Mdad Comarca de Sangüesa: Ampliación ETPA+Ramal y D Ep Garderal+Dep Rocafore Ulzama-Odieta-Ateza-Olaibar: Según estudio LKS, Abastecimiento a Anue y a Olaibar Actuaciones Individuales: Valle Aezkoa (Garralda, Refuerzo Cond general+ ETAP); Valle del Roncal (Ramal+ Renovación+Conducciones manantiales); Valle Erro; Valle de Salazar (depósitos y varios); Consorcio Ercilla (ETAP+resto de conducciones); Zona de borde de MCP (Esteribar+Goñi+Guirguillano); Refuerzo Ibargoiti y Obras propias MCP   Plan Director de abastecimiento de la Comunidad Autónoma de La Rioja B 123,0 30,0 Sí   Subsistema Oja-Tirón: Obras complementarias para la mejora de las captaciones. Subsistemas Najerilla y Cárdenas-Tuerto: Proyecto conjunto de abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Najerilla. Abastecimiento parte baja cuenca del Iregua: Captación en Islallana y ETAP cabecera, Ramales occidental e oriental Iregua. Abastecimiento parte alta cuenca del Iregua: Soluciones localizadas. Los municipios de Lumbreras, Pinillos, Pradillo, El Rasillo, Villanueva de Cameros y Villoslada de Cameros, que por presentar problemas de cantidad y calidad tienen una doble posibilidad: aprovechar cauces superficiales o aprovechando la unidad hidrogeológica de Pradoluengo – Anguiano. Subsistema Alto Leza: Balsa de regulación en Laguna de Cameros para parte de los municipios y posibilidad de explotación de nuevos manantiales o ejecución de pozos en algunos de los acuíferos dispersos para los municipios de Torre de Cameros y Hornillos de Cameros. Subsistema Bajo Leza: captación desde el futuro embalse de Terroba y ETAP cabecera. Los municipios de la zona baja en la ribera del Ebro se abastecerían en condiciones normales desde el río Iregua. Subsistema Río Jubera: Aprovechamiento de la conducción de captación de Ventas Blancas en el río Jubera y ETAP cabecera Sistema Cidacos: Red de abastecimiento desde la presa de Enciso con captación y ETAP en Arnedilo con ramales a municipios de Ebro 4 y Ebro 5. Subsistema Linares: Red de abastecimiento desde el embalse de Villarijo. A corto plazo, para Valdeperillo conexión abast. Cornago y para Igea regulación arroyo Regajo. Subsistema Alhama: Conducción con ETAP en cabeza con captación aguas abajo presa Cigudosa-Valdeprado para Aguilar, Inestrillas, Cervera y Ventas de Cervera. Subsistemas Ebro 1, Ebro 2, Ebro 3, Ebro 4 y Ebro 5: quedan integrados en los anteriores proyectos. Soluciones localizadas: – Ejecución de pozos desde la masa de agua subterránea de Pradoluengo-Anguiano para las localidades de Pazuengos, Valgañon y Zorraquín – Reparación de infraestructuras en Muro de Aguas – Pozos de captación de acuíferos dispersos en el TM de Valdemadera para Navajún – Pozos de la masa de agua subterránea de Añavieja-Valdegutur para Valverde   Actuaciones de mejora de los abastecimientos en la Comunidad Autónoma del País Vasco B 45,0 29,0 Sí   Abastecimiento del Alto Bayas y del sistema Sobrón Depósitos en Hereña, Berantevilla y Manurga Adecuación de la Presa de Albina a las normas de explotación Conducción Albina-Araka y Subijana-Nanclares-Araka Construcción de la tubería de abastecimiento a Vitoria; By-pass de Abetxuko Estudio de alternativas para la mejora del abastecimiento y gestión integral del ciclo del agua en la Llanada Oriental Planta de tratamiento de lodos de la ETAP de Araka Elaboración de documentos de perímetros de protección integrales Equipamiento de sondeos Subijana-Nanclares Estudio de viabilidad de reutilización de aguas regeneradas en sectores industriales Subvenciones para la mejora de las redes de abastecimiento de agua potable   Plan Director de abastecimiento en alta de Cantabria (2009-2015) B 2,0 2,0 Sí   Conducción desde la ETAP del Plan Reinosa hasta el depósito antiguo de Reinosa Sustitución de la tubería del depósito regulador a Matamorosa y Bolmir Sustitución de la tubería de fibrocemento desde Espinilla a la ETAP en Hermandad de Campoo de Suso Mejora del abastecimiento de Valderredible   Plan integral de ahorro de agua para Cantabria (2006-2009) B - - Sí   Abastecimiento a la comarca de Els Ports (Castellón) B 22,5 0,0 Sí Programa A14) Plan integral de protección del Delta del Ebro   Plan Integral de Protección del Delta del EBRO (PIPDE) B/C 174,2 170,0 Sí   Programa de medidas de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar B/C 1,4 1,4 Sí Programa A15) Plan de choque de especies alóctonas   Plan contra el Mejillón Cebra C 49,0 1,0 Sí   Reemplazamiento de tomas superficiales por captaciones de subterráneas en el aluvial del Ebro C 7,1 0,0 Sí   Plan de actuación para el control de la explosiones de macrófitos (2010-2015) C 17,6 0,5 Sí   Plan de prevención, control y erradicación de las especies exóticas invasoras de la cuenca del Ebro (2010-2015) C 42,3 1,0 Sí   Medidas para la prevención, control y erradicación de especies invasoras en la parte Catalana de la demarcación del Ebro C 37,0 5,0 Sí   Plan de choque de especies alóctonas en la Comunidad Autónoma del País Vasco C 0,5 0,3 Sí   Programa de control de especies invasoras en Cantabria C 0,1 0,1 Sí Programa A16) Tratamiento de sedimentos contaminados   Eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix B 155,1 100,0 Sí   Plan de Restitución de la descontaminación del embalse de Flix (abastecimiento alternativo en poblaciones de comarcas ribereñas del Ebro) B 45,6 25,0 Sí   Restauración de los vertederos contaminados de Sabiñánigo B 36,0 29,0 Sí   Tratamiento de sedimentos contaminados en la Comunidad Autónoma del País Vasco B 1,2 0,8 Sí Programa A17) Plan de educación ambiental y voluntariado   Proceso de Participación Pública en la Cuenca del Ebro (Periodo 2010-2015) C 1,5 0,1 Sí   Actuaciones de fomento del voluntariado en la cuenca del Ebro C 3,5 1,0 Sí   Medidas educativas y sociales en la gestión del agua y de los ríos en Navarra C 0,3 0,0 Sí   Medidas de sensibilización y formación en la Comunidad Autónoma del País Vasco C 6,7 0,6 Sí Programa A18) Plan de mejora de continuidad de ríos   Mejora de la continuidad del río en 30 azudes de la cuenca del Ebro C 1,5 0,0 Sí   Medidas para la mejora de la conectividad fluvial en la parte catalana de la cuenca del Ebro C 13,5 0,0 Sí   Revisión de azudes e instalación de escalas de peces en los ríos Aragón y Ega C 0,8 0,3 Sí   Permeabilización-eliminación de obstáculos en ríos de La Rioja C 2,7 0,0 Sí   Plan de mejora de la continuidad de los ríos en la Comunidad Autónoma del País Vasco C 8,4 1,4 Sí Programa A19) Actuaciones hidrológico-forestales   Actuaciones de conservación y mantenimiento del Patrimonio Forestal de la Confederación Hidrográfica del Ebro C 10,1 2,0 Sí   Planes forestales de las Comunidades Autónomas de la cuenca del Ebro C - - Sí   Restauración hidrológica de la ladera afectada por procesos erosivos en Camporredondo y Vellosillo (Río Baos, afluente del Cidacos) C - - Sí   Programa de restauración hidrológico-forestal en Cantabria C 4,3 0,5 Sí Programa A20) Otros (Espacios protegidos)   Programa de espacios naturales protegidos de Cantabria C 13,2 0,5 Sí   Programa de conservación de especies protegidas de Cantabria C 0,3 0,1 Sí   Plan de residuos de Cantabria (2006-2010) C - - Sí Programa A21) Cambio climático   Medidas en el ámbito de la lucha contra el cambio climático dentro de la cuenca del Ebro C 1,4 0,5 Sí   Medidas en el ámbito de la lucha contra el cambio climático en Aragón C - - Sí   Estrategia de acción frente al cambio climático en Cantabria C 4,0 0,2 Sí Programa A22) I+D+i Cumplimiento de objetivos ambientales   Plan de actuaciones de I+D+i relacionadas con el cumplimiento de los objetivos ambientales (2010-2015) C 14,1 6,0 Sí   Estudio de identificación de medidas para alcanzar el buen estado en el Arga medio-bajo C 0,4 0,4 Sí   Caracteriación y preservación de áreas de abserción natural de agentes contaminantes: zonas hiporreicas C 23,3 0,0 Sí Apartado B: Satisfacción de demandas Programa B1) Programa de Usos Agrarios   Plan de Regadíos de Aragón C 492,3 50,0 Sí   Eje del Ebro: – Hidridación paisajística y lucha contra la erosión en Gallur y Magallón – Regadíos sociales Magallón, Dehesa Ganaderos, Almochuel-Vinaceite, Fuentes de Ebro, Torrente de Cinca - Les Puntes de Fraga, Mequinenza y Fayón – Transformación a regadío en la margen derecha del Canal Imperial, acequia de Leciñena, La Atalaya de Pina, 2.ª Parte del Canal Calanda-Alcañiz, PEBEA y bajo Aragón Turolense Queiles: Regadíos en Grisel y ampliación de regadíos con toma en el embalse del Val Huecha: Ampliación en Bulbuente Jalón: Regadíos del Alto Jalón, río Aranda dependientes del embalse de Maidevera, río Isuela dependientes del embalse de Trasobares y bajo Jalón dependientes del embalse de Mularroya, Tranquera y aguas subterráneas, Regadío social de Fuendejalón y Regadíos de la Dehesa del Pozo en Épila Guadalope: Ampliación de regadíos en Valmuel, Regadíos sociales en Mas de las Matas y en la cuenca del Mezquín y Regadíos del Canal de Caspe (1.ª y 2.ª Fase) Matarraña: Regadíos dependientes del río Algas Noguera Ribagorzana: Regadío social en Arén y riegos de la Litera Alta (1.ª y 2.ª Fase) Ésera: Ampliación de las Comunidades de Reganes de Soler y de Capella, regadío social en Graus y pequeños regadíos en la cuenca Gállego-Cinca: – Regadíos sociales del Alto Cinca, elevaciones del Vero y Pozán del Vero, Somontano-Alcanadre, Guara dependiente del embalse de Calcón (1.ª y 2.ª Fase), Berbegal, Somontano-Isuala, Alto Gállego, Alcalá de Gurrea, Gurrea de Gállego, Alcubierre, Farlete-Monegrillo y Ólvena y Los Planos de Artasona – Regadíos del ZIN Canal del Cinca (sector XX bis), Planes Coordinados de Monegros II (1.ª y 2.ª Parte (sectores VIII, IX, XI y XIII) y 3.ª Parte (sectores V, VI, XVII, XVIII, XIX, XX-XXII y XX-XXI)) y regadíos de RAA en la Hoya de Huesca (condicionados a la regulación de los embalses de Biscarrués y Almudévar y, también, condicionados a que se superen los 200 hm3 de regulación interna dentro del sistema) Aragón: ZIN Bardenas II (sectores II, III, IV, X, XI, XVII y XVIII), regadíos sociales del Canal de Berdún (subzonas 1 a 7) y regadíos dependientes del embalse de Biota   Propuesta de corredor agroindustrial y energético en el tramo bajo del eje del Ebro aragonés C - - Sí   Plan de Regadíos de Cataluña Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 3.345,8 818,0 Sí   Bajo Ebro: Zonas regables de Segrià Sud, Ribera d'Ebre y Segrià, adaptación de la concesión, terminación y ampliación de Garrigues Sud, Terra Alta, Ascó, Serra del Rovelló, La Vall de Sant Joan, García, Prat de Comte, Horta de Sant Joan y Arnes, Xerta-Sénia, Aldea Camarles y Tivissa Ciurana: Zona regable de Ulldemolins, ampliación de los riegos del Montsant y riegos del futuro embalse confluencia Montsant y Ciurana Segre: Zonas regables de Oliana, Peramola y Bassella, Basella-Pinell, Baronia de Rialb, Torreblanca, LLobregós, Segarra-Garrigues, Les Borges Blanques, Baldomà, Plà de Camarasa y Granja d'Escarp y Serós Noguera Pallaresa: Zona regable con riego de apoyo de La Noguera Noguera Ribagorzana: Zona regable de Alguerri-Balaguer e Ivars de Noguera y ampliación del Canal de Aragón y Cataluña en el Plà de Sas   Plan de armonización del Segre-Noguera Pallaresa C 56,8 0,0 Sí   Nueva Captación y conexión por gravedad del canal de Algerri-Balaguer C 12,2 0,0 Sí   Plan de Regadíos de Castilla y León C 54,6 15,0 Sí   Nuevos regadíos: en Trespaderne y Valle de Tobalina en el río Jerea, en el río Omecillo y río Oca (desde el Valle de Oca al Los Barrios de Bureba), en los Valles de Valdivielso y de Tobalina, en la zona de Miranda, zona de Belorado, zona de Añastro-La Puebla y Treviño Este en el río Ayuda Ampliación de regadíos: en Ágreda-Aldehuela, Ágreda-Fuentes de Ágreda y Valverde de Ágreda, en Añavieja y en el río Jalón   Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra C 227 150,0 Sí   Zonas Regables del Canal de Navarra: Finalización de la 1.ª Fase (sectores IV, V, VI, VII, VIII, XI y X) y Realización de la 2.ª Fase Nuevos Regadíos Sociales: Tierra Estella, Cárcar 'Hoyanda-Casetas' y posibles regadíos debido a la utilización conjunta Itoiz-Yesa   Canal de Navarra C 415,6 150,0 Sí   Plan Integral de modernización de Regadíos del País Vasco C - - Sí   Nuevos regadíos previstos: Valles alaveses (Zona 4 del alto Omecillo y colindante de la comarca denominada Valles Alaveses)   Plan de Regadíos de La Rioja Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 264,2 10,0 Sí   Tirón-Oja: Regadíos en la zona de la margen izquierda del río Tirón (Anguasiana, Cihuri, Cuzcurritilla del río Tirón, Sajazarra, Tirgo) y en Treviana, Calbárruli, Foncea, Fonzalecha, Cellórigo y Sajazarra. Como actuaciones mixtas encontramos las ampliaciones de regadíos en Tormantos, Leiva, Herramélluri y Cuzcurrita del Río Tirón Tirón-Oja y Najerilla: Regadíos del Oja y ampliación de los regadíos del Sector 3.º Tramo III y del Tramo IV del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla Najerilla: Regadíos en las Comunidades de Regantes de 'La Llana' en Huércanos, 'Los Campillos' de Cenicero y en 'Valle del Yalde' y ampliación de los regadíos de la Acequia de San Asensio (Sector I del Tramo III del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla), Tramo I y II del canal de la Margen Izquierda del Najerilla, Arenzana de Abajo, Tricio, zona regable del Canal de la Margen Derecha del Najerilla en los TTMM de Uruñuela y Somalo, en Fuenmayor y los regadíos de San Millán, Estollo, Berceo, Villar de Torre, Badarán y parte de Cordovín y Cárdenas Iregua: Ampliación de los regadíos de Fuenmayor, Logroño, Entrena, Alberite, Lardero y Nalda, Albelda, Alberite y Villamediana, nuevas zonas regables con agua procedente de la EDAR de Logroño y ampliación del regadío en Navarrete Iregua-Leza: Nuevo regadío del interfluvio de los ríos Iregua-Leza (Albelda, Alberite, Villamediana, Ribafrecha, Murillo y Agoncillo) Leza-Jubera: Ampliación del regadío en Ribafrecha, Murillo y Agoncillo y regadío de Santa Engracia, Lagunilla, Galilea, Murillo, Corera, El Redal, Ocón y Ausejo Cidacos: Regadío de Buitrago en Autol, en Quel (margen derecha del Cidacos), del Alto Cidacos (Enciso, Munilla, Arnedillo, Santa Eulalia, Herce y Préjano), de la acequia de Mabad (Arnedo, Quel, Autol, Villar de Arnedo, Tudelilla y Pradejón) y consolidación del regadío en Calahorra Alhama-Linares: Regadíos de Cornago, Igea y Cervera, en Aguilar de Río Alhama, de la Comunidad de Regantes del río Alhama en Alfaro, de Cervera en la cuenca del río Alhama y de Cervera en Valdegutur, Cabretón y Valverde Ebro: Transformación a regadío en Ausejo y ampliación del regadío de la Comunidad General de Regantes de Alcanadre   Plan de Regadíos de la Comunidad Autónoma de Cantabria C 20 2,0 Sí   Nuevos regadíos previstos: Zona regable de Valderredible   Medidas para mejorar la garantía de suministro a zonas de regadío incluidas las complementarias a embalses con agua subterránea C 11,3 0,0 Sí   Burgos: Estudio de viabilidad de la explotación del sondeo surgente Sobrón-1 (masa de agua subterránea de Valderejo-Sobrón) para complementar los regadíos de Miranda de Ebro Cidacos: Estudio para el aprovechamiento del acuífero para riego de la Comunidad de Regantes de Quel, en la margen derecha del río sobre la masa de agua subterránea del Detrítico de Arnedo, explotación de la masa de Cameros como complemento al embalse de Enciso y sondeos de investigación del Grupo Oncala en el TM de Yanguas (Cameros) Cinca: Estudio de la posible regulación del acuífero carbonatado de la formación Guara y análisis de alternativas para el regadío de la cuenca del Vero (Santo Domingo Guara) Ega: Creación de pozos de apoyo al regadío como alternativa a la no disponibilidad de balsas de regulación o para asegurar el caudal ecológico en las masas de agua subterránea de la Sierra de Cantabria y la Sierra de Lóquiz Guadalope: Estudio para analizar el posible suministro de los nuevos regadíos de la cuenca del Guadalope pueden suministrarse desde la masa de agua subterránea de Aliaga-Calanda   Leza: Uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales, estudio de alternativas de explotación desde las masas de agua subterránea de Cameros y del Aluvial de La Rioja-Mendavia encaminadas a disminuir la presión extractiva del río en verano Martín: Estudiar la posibilidad de extracción de agua desde los manantiales de Ariño en caso de sequía y ssu uso conjunto con el proyecto del embalse de El Batán (Cubeta de Olite) Matarraña: Uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales, estudio de alternativas de explotación desde la masa de agua subterránea de Los Puertos de Beceite encaminadas a disminuir la presión extractiva del río en verano Jalón: – Abastecimiento para los regadíos de Bello procedentes de pozos situados fuera de la cuenca y que no afecten al acuífero de la laguna de Gallocanta (Gallocanta, Páramos del Alto Jalón o Cella-Ojos de Monreal) – Estudio hidrogeológico sobre las posibilidades de realizar un bombeo del Jurásico en Torrijo del Campo para incrementar los recursos disponibles para los regadíos de aguas abajo (Cella-Ojos de Monreal) – Aprovechar los pozos de Alconchel de Ariza para mejorar las garantías de regadío de Torrehermosa (Páramos del Alto Jalón) – Puesta en explotación y adecuación de las instalaciones de los pozos de Tierga como complemento o alternativa al embalse de Trasobares (Somontano del Moncayo) Programa B2) Ejecución de infraestructuras de regulación y regulaciones internas   Regulación en derivación del eje del Ebro C 5,0 0,1 Sí   Embalse de La Loteta en río Gallur C 4,2 4,2 Sí   Depuración y abastecimiento a Magallón como actuación de compensación por el proyecto de abastecimiento a Zaragoza y su entorno B 3,6 1,7 Sí   Actuaciones medioambientales en el entorno del embalse de La Loteta B/C 16,8 0,0 Sí   Actuaciones medioambientales en el entorno del embalse de La Loteta financiadas con el plan de dinamización de la economía 2009 B/C 2,5 0,0 Sí   Embalse en cuenca del Tirón C -- 0,0 Sí   Embalse en la cuenca del Glera (aguas arriba de Ezcaray) C - 0,1 No   Embalse de Manzanares y Corporales en río Glera C 115,0 0,0 Sí   Embalse de San Lorenzo en el río Cárdenas C - 0,0 Sí   Fomento del uso recreativo y cultural y adecuación del entorno de la presa de Pajares B/C 5,9 0,0 Sí   Embalse de Soto-Terroba en río Leza y Plan de Restitución Territorial C 30,0 30,0 Sí   Embalse de Robres del Castillo en río Jubera C 28,4 0,0 Sí   Embalse de Enciso en río Cidacos y Plan de Restitución Territorial C 62,2 40,0 Sí   Fomento de los usos medioambientales culturales y recreativos del embalse de Enciso B/C 25,3 1,0 Sí   Embalse de Cigudosa-Valdeprado en río Alhama C 81,2 0,0 Sí   Embalse en la cuenca del Linares C - 0,0 No   Embalse de Regajo en cuenca del Linares C 8,0 8,0 Sí   Embalse de San Pedro Manrique en río Linares C 6,4 0,0 Sí   Obra en el embalse de Valdegutur en río Añamaza. C - 0,0 No   Azud y Balsa en Dévanos en río Añamaza C 8,0 0,0 Sí   Fomento del uso recreativo-cultural y mejora de la calidad ambiental del embalse del Val y su entorno B/C 7,4 0,0 Sí   Embalse de Valladar en Arroyo Valladar C 37,0 0,0 Sí   Embalse de Torrehermosa en Arroyo la Cañada de Torrehermosa C 10,7 0,0 Sí   Recrecimiento del embalse de La Tranquera en río Piedra C 14,0 0,0 Sí   Embalse de Lechago en río Pancrudo C 3,2 3,2 Sí   Plan de restitución territorial de la presa de Lechago B/C 13,6 11,2 Sí   Medidas de compensación ambiental del proyecto del embalse de Lechago: Actuaciones en el Arroyo Cantabuena B/C - - No   Embalse de Trasobares o Isuela en río Isuela C 11,2 0,0 Sí   Embalse de Mularroya en río Grío y Plan de Restitución Territorial C 150,8 50,0 Sí   Recrecimiento de Las Torcas en río Huerva C 20,0 0,5 Sí   Embalse de Las Parras en río Las Parras C 17,0 14,0 Sí   Adecuación de la presa de Escuriza en el río Escuriza C 4,0 0,0 Sí   Recrecimiento del embalse de Santolea en río Guadalope y Plan de Restitución Territorial C 59,7 10,0 Sí   Embalse de Aguaviva en río Bergantes y Plan de Restitución Territorial Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 102,8 0,7 Sí   Embalse de Alchozasa en río Alchozasa C 7,5 0,0 Sí   Balsas del Val de Figueras y del Val de Beltrán en río Matarraña C 50,0 0,5 Sí   Proyecto de restitución territorial por la derivación del río Matarraña en los TTMM de Maella, Mazaleón y otros C 2,4 2,4 Sí   Embalse de Comellares, balsa de Monroyo y balsa de Peñarroya en río Tastavins Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 19,0 0,5 Sí   Balsas en el río Algars (Balsa de Planserrats, Val de Bot y Val de San Joan) Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 43,9 0,5 Sí   Plan de Reposición de las obras de la balsa de Valcomuna en Mazaleón B/C 2,4 2,4 No   Recrecimiento del embalse de Margalef C 3,0 0,0 No   Embalse de Albagés en río Sed y Plan de Restitución Territorial C 55,0 40,0 Sí   Embalse de San Salvador en CAC C 80,0 50,0 Sí   Plan de Desarrollo Sostenible para el entorno territorial de Jánovas Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 26,8 5,0 Sí   Embalse de Alcanadre (alternativa 08) en río Alcanadre y Plan de Restitución Territorial C 298,3 2,0 Sí   Embalse de Montearagón en río Flumen C 5,0 5,0 Sí   Plan de Restitución Territorial del embalse de Montearagón B/C 25,7 1,0 Sí   Estudio y proyecto de abastecimiento de agua a Huesca desde el Embalse de Montearagón Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones B/C 8,3 0,5 Sí   Embalse de Valdepatao en Riegos Alto Aragón C 22,7 11,0 Sí   Embalse de Valcuerna en Barranco de Valcuerna y Plan de Restitución Territorial C 218,8 0,0 Sí   Embalse de Biscarrués en río Gállego C 152,2 0,5 Sí   Plan de Restitución Territorial del Embalse de Biscarrués B/C 3,1 0,0 Sí   Embalse de Almudévar y Plan de Restitución Territorial Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 208,0 0,5 Sí   Embalse de Biota en río Arba de Luesia C 26,2 0,0 Sí   Embalse de Peña Cervera, en el barranco de Cervera, cuenca del Arba de Biel y T.M. de El Frago C - 0,0 No   Embalse de Luna o alternativa en el río Arba de Biel C 15,0 0,0 Sí   Recrecimiento de Yesa (Cota 510,5) en río Aragón C 212,0 100,0 Sí   Plan de restitución territorial del embalse de Yesa encomendado a la Diputación Provincial de Zaragoza B/C 18,5 18,5 Sí   Embalse de Malvecino en Canal de Bardenas C 42,7 0,5 Sí   Embalse de Riomayor en río Ega (Presupuestado en ficha de regadíos de Tierra Estella) C - 0,0 Sí   Regulación de los Regadíos en Valles alaveses en río Omecillo C 31,0 15,0 Sí   Regulación en la zona regable de Álava C - - Sí**   Regulación sustitutiva de embalses del Pacto del Agua (Embalses del Vero, Las Umbrías, Morós/Carabán, Espeso, Valcodo, contrapresa del embalse de Moneva, Síscar-La Condoñera, El Pontet, Batán y Molí de las Rocas) C 164,9 0,0 Sí   En este programa quedan incluidas las obras pendientes del Pacto del Agua de acuerdo con la Resolución aprobada por el pleno de las Cortes de Aragón en su sesión de 30 de junio de 1992, con las modificaciones oportunas efectuadas en el marco de la Comisión del Agua de Aragón. Las variaciones en la capacidad de regulación respecto a lo previsto en el Pacto del Agua de Aragón, fruto de acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón, podrán ser sustituidos por otras regulaciones a definir en el desarrollo del Plan Hidrológico con objeto de mantener la capacidad de regulación prevista en el citado Pacto. Entre las posibles regulaciones sustitutivas cabe destacar los embalses de Valcabrera, Reguero, Valcallén, Sisallar, Madero, balsas para regadíos agroenergéticos en bajo Martín, Aguas Vivas, Guadalope, Azaila-Almochuel, La Zaida, Sástago, Leciñena, Campo Romanos, Cantales, regulación cabecera del Huerva, elevación Ebro-recrecimiento Almochuel, regulaciones del río Algás, pequeñas regulaciones Isábena, recrecimiento Valdelafuén etc. Programa B3) Nuevos aprovechamientos energéticos en infraestructuras existentes   Aprovechamientos de los pie de presa de la cuenca del Ebro C 0,1 0,1 Sí   Salto Reversible de Mequinenza-Ribarroja C - - No   Turbinado en el Embalse de Mularroya (Zaragoza) C 4,5 0,0 Sí   Turbinado en el Embalse de la Tranquera (Zaragoza) C 4,5 0,0 Sí   Llenado y turbinado en el embalse de Lechago (Teruel) C 4,5 0,0 Sí   Aprovechamiento hidroeléctrico de El Grado III C 7,2 0,0 Sí   Salto reversible de Moralets C 76,9 10,0 Sí   Salto reversible de Stani-Gento C 11,7 0,5 Sí   Central hidroeléctrica de La Peña C - - Sí   Plan energético de Cantabria (2006-2015) C - - Sí   Aprovechamientos energéticos de los desniveles ocasionados con el proyecto de abastecimiento a Zaragoza y su entorno C - - No Programa B4) Actuaciones de recarga artificial   Recarga artificial de la masa de agua subterránea del Campo de Cariñena B/C 0,8 0,8 Sí Programa B5) Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos   Plan de impulso de los usos lúdicos y recreativos de la cuenca del Ebro 2009-2015 C 364,0 70,0 Sí   Propuesta de los usuarios lúdicos a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2009-2015 C 1,0 0,0 Sí   Proyecto de la mejora del uso recreativo y cultural de la cola del embalse de Ribarroja, en la margen derecha del Ebro, en el término municipal de Fayón. C - - No   Embalse de cola en el embalse de La Tranquera: Presa de Nuévalos C 5,7 0,0 Sí   Dique de cola, protección y adecuación ambiental de la cola del embalse de Rialb C 47,6 0,0 Sí   Construcción de presas de cola del embalse de Itoiz en los ríos Urrobi e Irati (diques inundables de Nagore y Oroz-Betelú) C 33,1 3,5 Sí   Embalse de cola de Barasona C 25,0 0,5 No   Programa de Caminos Naturales del MAGRAMA C - - Sí   Infraestructuras ligadas a los planes de gestión de pesca de la Comunidad Autónoma de Castilla León (provincia de Burgos) C - - Sí   Plan regional de ordenación piscícola de Cantabria C 0,8 0,5 Sí   Fomento del uso recreativo-cultural y mejora de la actividad piscícola en el embalse de Monteagudo de las Vicarías C 0,2 0,2 Sí   Infraestructuras para uso lúdico de los embalses de Mequinenza y Ribarroja (comarca Bajo Aragón-Caspe) C 1,0 0,0 Sí   Acondicionamiento de accesos y escenarios de pesca en Mequinenza y Bajo Guadalope (comarca Bajo Aragón-Caspe) C 0,4 0,0 Sí Programa B6) Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico   Puesta en valor del referencial simbólico del Ebro C 1,0 0,0 Sí   Acondicionamiento del entorno de 'El Bocal' C 3,8 0,2 Sí   Proyecto de acondicionamiento del poblado de Tormos en Sotonera C 0,1 0,0 Sí   Proyecto de acondicionamiento de las instalaciones de 'Cueva Foradada' C 0,1 0,0 Sí   Proyecto de catalogación del patrimonio hídrico industrial de la CHE C 0,2 0,0 Sí   Divulgación hidrogeológica y ambiental C 2,0 0,0 Sí Programa B7) Plan de conservación, mantenimiento y seguridad de infraestructuras hidráulicas   Planes de emergencia en presas del Estado en la cuenca del Ebro Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 22,1 11,0 Sí   Tipo A: Alloz, Araia, Arroyo Regajo, Barasona, Bubal, Calanda, Caspe, Cienfuens, Ciurana, Corporales, Cueva Foradada, Ebro (embalse y dique de cola), El Grado, El Molino, Embalse N.º 1 km 42 Canal de Zaidín, Enciso (ataguía y cantera S. Esteban Azud n.º 2), Estanca Alcañiz, Gallipuen, González Lacasa, Guiamets, Itoiz (collado), La Tranquera, Lanuza, Las Fitas, Las Parras, Las Torcas, Laverné (collados 1 y 2), Maidevera (embalse y collados 1 y 2), Maidevera (embalse y collados 1 y 2), Mairaga, Mansilla, Manzanares, Mediano, Moneva, Monteagudo (embalse y collado 3), Montearagón, Mularroya, Oliana, Pajares, Pena, Piñana (balsa), Regulación del Jiloca, Rialb, San Salvador, Santa Ana, Santa María de Belsué, Santolea (embalse y recrecimiento), Sotonera (embalse y collados 1 y 2), Terroba, Torrollón, Urdalur, Vadiello, Val, Valbornedo, Valdabra, Valdepatao, Valles Alaveses (balsas 1, 3 y 4) y Yesa Tipo B: Almochuel, Ardisa, Artajona, Dique Los Montes, Embalse km 113 Canal Aragón y Cataluña, Guara, Las Navas, Mansilla (contraembalse), Monteagudo (collados 1 y 2) y Unciti o Monreal   Plan de mantenimiento y control de presas Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 213,9 40,0 Sí   Actuaciones en ejecución: – Proy. rep presa de Ardisa – P.B.A.T. labores de explotación, mantenimiento y conservación de las presas de Mediano, Grado, Guara, Vadiello, Belsue, Cienfuens, Las Navas, Lanuza, Bubal, Ardisa, Sotonera, Valdabra, Torrollón, Tranquera, Maidevera, Monteagudo, Las Torcas, Moneva, Almochuel, Cueva Foradada, Gallipuen, Santolea, Calanda, La Estanca, Caspe, Pena, Joaquin Costa, Santa Ana, Oliana, Rialb, Guiamets, Ebro, Mansilla, G. Lacasa, Pajares, El Val, Yesa, Alloz, Eugui, Urdalur e Itoiz – Elaboración informes comport. y revisión sistemas auscultación y control elem. hidrom e inst. elect. y programación aplicación de gestión de normas de expl. de presas titul estatal de la CHE Actuaciones en espera: – P.B. redacción proyecto de adecuación de la presa de La Sotonera, Lanuza, Pina y Ardisa al reglamento técnico de presas (R.T.S.S.P.E.) – Proyecto de adecuación de la presa de La Sotonera, Lanuza, Torrollón, Mediano, Pina, Ardisa, Alloz y Urdalur al reglamento técnico de presas – P.B. servicios control y vigilancia adecuación presa de Torrollón al reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses – P.B. redacción proyecto de renovación de los órganos de desagüe de la presa de Cueva Foradada – Proyecto de renovación de los órganos de desagüe de la presa de Cueva Foradada – Proyecto de adecuación aliviadero presa de Calanda. – Proyecto de sustitución de cierres en tomas de agua en presa estanca de Alcañiz – Proyecto de refuerzo de las inyecciones del contacto pantalla de impermeabilización en m.i. y tratamiento de juntas en la presa de El Val – Proy. desagüe aliviadero presa de Maidevera – Proy. renovación compuertas aliviadero presa de La Tranquera – Proy. mejora camino acceso embalse de Moneva – Proyecto de renovación de la auscultación de la presa de Caspe – Proy. gran reparación del embalse del Ebro – Proyecto rep mediante trat. contra heladicidad paramento aguas abajo p. Mansilla – Proyecto de mejora y adecuación del camino perimetral del embalse de Pajares – Proy. de inst. sist. telecomun. y televigilancia seguridad presas Cuenca   Actuaciones de mejora de las infraestructuras financiadas con el plan de dinamización de la economía 2009 Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 36 36,0 Sí   Embalse de Valdepatao Restitución territorial e Impermeabilización galerías del embalse de Montearagón Adecuación del embalse de Torrollón al R.T.S.S.P.E. Conducción riego Hoya de Huesca Modificado n.º 1 del proyecto de reparación del revestimiento del Canal de Aragón y Cataluña entre el partidor de Zaidín y Coll de Foix Proyecto acondicionamiento del acueducto del Nou en el pk 54 del Canal de Aragón y Cataluña y Rep. Inyecciones varios tramos del canal P.B.A.T. de control y vigilancia de las obras del proyecto de optimización de la gestión de los recursos hídricos del canal de Aragón y Cataluña mediante telecontrol en los TM`s de Monzón y otros Acondicionamiento del desagüe de Valfría Red de desagües del Sector XXXIV del Canal del Cinca P.B.A.T. para control y vigilancia de las obras de ampliación de capacidad de trasporte del tramo II del canal del Cinca para mejora de la regulación del canal de Monegros en el TM de Laluenga Proyecto de ampliación de capacidad de trasporte del tramo II del canal del Cinca para mejora de la regulación del canal de Monegros en el TM de Laluenga Acondicionamiento de los paramentos interiores del Canal del Cinca entre su origen y el p.k. 4,500 Renovación de la toma del Canal del Cinca en la presa de Valdabra Reparación del Canal de Monegros. Tramo III. Trozo 4.º Zona de Valconsejo Adecuación del Tramo I del Canal de Monegros 1.ª Fase y P.B.A.T para control y vigilancia de dichas obras TM de Alcalá de Gurrea Acondicionamiento acequia Derivada V-6 del canal de la Violada (Tramo I del Canal de Monegros) y Acueducto final acequia Violada Prosp. geo. impl. reg. interna Alto Aragón Impermeabilización de varios tramos de la primera parte del canal de Bardenas Adecuación de las acequias A-XVII-9 y A-XVII-11 y del desagüe DXX-10 de la comunidad N.º 6 de los riegos del canal de Bardenas Sector XII canal de Bardenas Adecuación de las acequias Com N.º 6 Canal de Bardenas Abastecimiento a Huerto, Vicien y Tabernas Proyecto de abastecimiento de aguas a Pallaruelo de Monegros Recalce muro a puente de Graus Adecuación y limpieza de infraestructuras Cinca Adecuación de inmuebles y viario urbanización en Yesa, Carretera 1601 recrecimiento de la presa y actuaciones para la mejora de infraestructuras P.B.A.T. para la redacción del proyecto de actuaciones de restitución territorial en el entorno del embalse de Yesa sobre infraestructuras Senderos y miradores med. comp. Yesa Rehabilitación Casa Palacio La Cadena. Yesa   Nueva torre toma de La Estanca Alcañiz y Sustitución cierre tomas Desagüe de Valdeliberola Camino vecinal de Salvatierra de Esca Acondicionamiento almacén municipal en Sigues Fomento uso recr. embalse de El Val y Refuerzo iny. Pantalla presa de El Val Proyecto de implantación del Plan de Emergencia de la presa de Ardisa Restitución territorial Lechago, 1.ª fase Carretera Caspe presa de Caspe Recarga unidad hidrog. Campo Cariñena Mejora del canal de Calanda Alcañiz, tramo I y Z.R.C. Calanda Alc 1.º P. 2.º fase Proyecto conducción filtración tramo V canal de Monegros Revestimiento del escorredero El Soto, Canal Imperial Proyecto de consolidación e impermeabilización mediante inyecciones en varios tramos del Canal Imperial (Navarra y Zaragoza) Acondicionamiento escorredero San Antonio Rehabilitación de la iglesia de Sipan en Ruesta Electrificación Monegros II Abastecimiento a Bujaraloz, Peñalba y Cándanos Inyecciones canal de Lodosa Nuevo puente de Orzales; Abastecimiento comarca de San Pedro Manrique Proyecto de acondicionamiento del parque fluvial de Ponts Proyecto piscifactoría río Rialb Proyecto de nuevo desagüe del tramo final de la acequia Mayor de Piñana Reconversión carretera CG-2 Acondicionamiento camino Senova presa de Enciso y Proyecto de estabilización del deslizamiento N º1 de la ladera izquierda del embalse Diques de cola en presa de Itoiz, colector canal de enlace presa y Acondicionamiento del entorno de la iglesia Oroz-Betelu Polígono industrial en Aoiz Itoiz, Acondicionamiento caminos Valle de Arce presa de Itoi y Mejoras acceso al monasterio de Leyre Proyecto de inyecciones complementarias de la presa de Itoiz durante la última fase de su puesta en carga (Navarra) Rest. Iglesia de Santa María de Arce Sistema de televigilancia del Ebro Proyecto de construcción de sondeos e Inspección y vigilancia de dichas obras para la adecuación de la red piezométrica y calidad de las aguas subterráneas de cuenca Ebro   Mejora de la seguridad de la presa de Mezalocha: acondicionamiento de los órganos de desagüe, aliviadero, accesos e implantación de la auscultación C 5,0 0,0 Sí   Adecuación de la presa de Mezalocha a la legislación de grandes presas: normas de explotación, plan de emergencia, documento X, Y, Z, T C 0,2 0,0 Sí   Actuaciones con posible financiación del Banco Europeo de Inversiones B/C - - Sí Programa B8) Plan de modernización y desarrollo de infraestructuras de conducción y obras de paso   Construcción de pista forestal en la margen izquierda del río Cidacos en el término municipal de Yanguas C - - Sí Programa B9) I+D+i Satisfacción de demandas   Plan de actuaciones de I+D+i relacionadas con la satisfacción de las demandas (2010-2015) C 4,3 2,0 Sí   Estudios encaminados a la mejora del conocimiento del funcionamiento hidrogeológico C 14,4 0,5 Sí   Ordenación recursos geotérmicos C 0,6 0,2 Sí   Estudio de termalismo de la cuenca del Ebro C 0,5 0,0 Sí   Análisis de la dependencia de las aguas subterráneas para el sostenimiento de humedales y de los ecosistemas dependientes C 4,8 0,0 Sí Apartado C: Fenómenos Extremos Programa C1) Programa de actuación en sequías   Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca hidrográfica del Ebro B - - Sí   Plan de choque de sequías 2006 B 50,0 10,0 Sí   Propuesta de infraestructuras para captación de recursos estratégicos en situaciones de sequía B 16,2 0,0 Sí Programa C2) Programa LINDE   Actuaciones de deslinde de la Confederación Hidrográfica del Ebro C - - Sí Programa C3) Mantenimiento y mejora del Sistema SAIH- SAD   Mantenimiento y conservación de la red automática de información hidrológica y comunicación fónica de la Cuenca del Ebro Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 57,9 20,0 Sí Programa C4) Cartografía de zonas inundables (Estudios de inundabilidad. Delimitación de zonas inundables. Gestión del DPH)   Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 18,6 5,0 Sí   Cartografía de zonas inundables en la Comunidad Autónoma del País Vasco C 6,3 3,5 Sí   Normas urbanísticas regionales de Cantabria C - - Sí Programa C5) Programa de limpieza de ríos   Actuaciones de adecuación y restauración ambiental en cauces, riberas y márgenes financiadas por la CHE C 25,0 25,0 Sí   Actuaciones de conservación de ríos y riberas financiadas con el Plan de Dinamización de la Economía del año 2009 C 22,0 22,0 Sí Programa C6) Actuaciones de defensa en tramos urbanos y puntos críticos   Anteproyecto de defensa del río Aragón en Canfranc Pueblo C 1,4 0,0 Sí   Actuaciones de defensa en tramos urbanos y puntos críticos en la Comunidad Autónoma del País Vasco C 59,2 12,4 Sí Programa C7) Actuaciones para la recuperación del espacio fluvial (Las actuaciones de este programa se encuentran integradas en el programa B2)   Actuaciones relacionadas con el Plan Medioambiental del río Ebro (Fase I) Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones C 224,0 25,0 Sí   Actuaciones relacionadas con el Plan Medioambiental del río Cinca (Fase I) C 2,6 1,0 Sí   Medidas para la prevención de inundaciones en la parte catalana de la cuenca del Ebro C 61,5 0,0 Sí Programa C8) Actuaciones para la mejora de capacidad de desagüe de obras de paso y eliminación de obstaculos en cauces (Las actuaciones de este programa se encuentran entre de los programas C4 y C5)   ----         Programa C9) Planes de emergencia de protección civil   Plan territorial de emergencias de protección civil de Cantabria C - - Sí   Plan especial de protección civil de Cantabria sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril C - - Sí   Plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Cantabria C - - Sí Programa C10) Plan de infraestructuras de laminación de avenidas (construcción de pequeñas represas en cauces de ramblas o barrancos)   ----         Programa C11) Incendios forestales   Construcción de puntos de agua para defensa contra incendios forestales aptos para uso con helicóptero en la Comunidad Autónoma de Castilla y León C - - Sí   Programa de defensa contra incendios forestales de Cantabria C 5,7 2,0 Sí   Plan especial de protección civil de Cantabria sobre incendios forestales C 0,0 0,0 Sí Programa C12) I+D+i Episodios extremos   Plan de actuaciones de I+D+i relacionadas con los episodios extremos (2010-2015) C 1,5 0,5 Sí Apartado D: Gestión y Gobernanza   Propuestas de Gobernanza y Gestión del proceso de participación pública C 7,0 1,0 Sí   Gobernanza y Gestión en la Confederación Hidrográfica del Ebro Prevista inversión Banco Europeo de Inversiones B/C 240,0 240,0 Sí   Bases de la política de agua de Aragón C - - Sí   Propuestas de Gobernanza y Gestión en la Comunidad Autónoma del País Vasco C 4,1 2,3 Sí Nota 1: Las medidas recogidas en este programa se supeditan siempre a las decisiones que en materia de gestión de recursos y objetivos ambientales figuran en la normativa del presente Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Nota 2: En el Anejo XI de la Memoria del Plan Hidrológico figura una relación de actuaciones potenciales que están siendo analizadas y que seguirán siendo analizadas económica, social y medioambientalmente durante el desarrollo del Plan Hidrológico con objeto de ejecutarlos en función de las disponibilidades presupuestarias o incluirlos en las nuevas revisiones del Plan Hidrológico. * Tipo de Medida B / C: B: Medida Básica C: Medida Complementaria ** Incorporada en los Planes de Modernización de regadíos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa A8) Anexo 11.2 Resumen previsión de inversiones del Plan Hidrológico PROGRAMA INVERSIÓN (M€) % INVERSIÓN / INVERSIÓN TOTAL (M€) A: Cumplimiento de los objetivos medioambientales 1.744,1 44,5 B: Satisfacción de demandas 1.658,0 42,3 C: Fenómenos Extremos * 269,9 6,9 D: Gestión y Gobernanza 243,3 6,2 Total 3.915,3 100,0 * Se ha asignado 1/3 del programa B2, Ejecución de Infraestructuras de Regulación (143 M€) al apartado C de Fenómenos Extremos, debido a la laminación de avenidas que realizan dichas infraestructuras ANEXO 12 Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda Anexo 12.1 Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda. Listado CÓDIGO U.D. NOMBRE UNIDAD DE DEMANDA. CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 1 ALTO JILOCA UD A REVITALIZAR 2 BAJO JILOCA UD A REVITALIZAR 3 ALTO JALÓN Y AFLUENTES UD A REVITALIZAR 4 EJE DEL JALÓN UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 8 ABASTECIMIENTOS DE MAIDEVERA UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 9 ALTO HUERVA UD CON APOYO LIMITADO 10 BAJO HUERVA UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 11 ALTO AGUAS VIVAS Y AFLUENTES UD A REVITALIZAR 12 BAJO AGUAS VIVAS UD A REVITALIZAR 13 ALTO MARTÍN UD CON APOYO LIMITADO 14 BAJO MARTÍN UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 15 ALTO GUADALOPE Y AFLUENTES UD A REVITALIZAR 16 GUADALOPE MEDIO UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 19 MATARRAÑA Y AFLUENTES UD A REVITALIZAR 21 NOGUERA PALLARESA UD CON APOYO LIMITADO 22 ALTO SEGRE Y AFLUENTES UD CON APOYO LIMITADO 23 SEGRE MEDIO UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 24 CANALES DE URGEL UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 25 BAJO SEGRE UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 27 ALTO NOGUERA RIBAGORZANA UD A REVITALIZAR 29 ABASTEC. A LLEIDA Y CANAL DE PIÑANA UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 30 CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 31 CANAL DE ALGUERRI BALAGUER UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 32 ALTO ÉSERA UD A REVITALIZAR 33 RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 34 BAJO GÁLLEGO UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 35 ALCANADRE UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 36 BAJO CINCA UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 37 ALTO CINCA UD A REVITALIZAR 38 ALTO GÁLLEGO UD CON APOYO LIMITADO 39 ALTO RÍO ARAGÓN Y AFLUENTES UD CON APOYO LIMITADO 40 CANAL DE BARDENAS Y ARBAS UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 44 P.E.B.E.A Y ABASTECIMIENTOS DEL BAJO EBRO ARAGONÉS UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 45 ELEVACIONES DEL BAJO EBRO Y ABASTECIMIENTOS DEL BAJO EBRO CATALÁN UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 46 CIURANA Y AFLUENTES UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 47 CANALES DEL DELTA DEL EBRO UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 49 HUECHA UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 50 QUEILES UD A REVITALIZAR 51 ALHAMA UD A REVITALIZAR 52 CIDACOS UD A REVITALIZAR 53 LEZA UD A REVITALIZAR 54 IREGUA UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 55 EBRO MEDIO-ALTO UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 56 NAJERILLA UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 57 TIRÓN UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 58 ALTO EBRO UD A REVITALIZAR 59 ARGA, ZIDACOS Y ARAGÓN BAJO UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 60 LINARES Y EGA UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES 61 BAYAS, ZADORRA E INGLARES UD CON RECUPERACIÓN DE COSTES Anexo 12.2 Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda. Representación gráfica ANEXO 13 Criterios a tener en cuenta para el diseño de dispositivos de franqueo para peces en azudes 1. El proyecto considerará el diseño óptimo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) Especies objetivo y épocas de mayor necesidad migratoria (reproducción). 1.º Consulta de muestreos y datos fidedignos de las especies presentes. Justificación de la no ejecución de pasos para peces en casos extremos de poblaciones de peces con potencial migratorio no deseado (exóticas). 2.º Definición de las capacidades natatorias y querencias de cada especie considerando las condiciones más limitantes. 3.º Determinaciones de las épocas de migración en el tramo correspondiente. b) Ubicación del paso para peces sugún la morfología fluvial y del propio azud. 1.º Zona de llamada. 2.º Salida de peces de la escala. 3.º Consideraciones sobre la accesibilidad de la escala desde las orillas y riesgos asociados. c) Análisis de caudales circulantes. 1.º Recopilación de serie de caudales diarios. 2.º Estimación de los caudales que circularán por el río en el tramo en cuestión, avance del régimen de caudales a detraer y determinación cuantitativa del paso preferencial de caudal por la escala de peces durante las migraciones. d) Justificación del dimensionamiento de artesas o de las rampas o ríos artificiales, en concreto: 1.º Energías disipadas o distribución de velocidades de flujo en relación a los requerimientos de las especies objetivo. Salto entre artesas. 2.º Calados a lo largo del paso. 3.º Tipo de vertido entre artesas. Siendo obligado el vertido del tipo «semisumergido» en caso de permeabilizar para ciprínido, así como al presencia de orificios sumergidos. 4.º Funcionamiento general de la escala para los caudales representativos de la varibilidad del río (validez mínima para los percentiles 25 y 75 de la serie diaria). Justificar la necesidad o no de vertedero de regulación en la artesa de entrada de agua a la escala. e) Definición del sistema constructivo: 1.º Accesos, desvío del río, materiales, técnicas, armados. 2.º Demoliciones parciales en azudes preexistentes. f) Análisis de impactos y propuesta de medidas preventivas y correctoras.

Aquí el Plan Hidrológico del Ebro.

El artículo 40.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece que la planificación hidrológica tendrá como objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del Dominio Público Hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. En este sentido, el citado artículo, en su apartado 3, establece que la planificación hidrológica se realiza mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional, este último aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. El marco normativo de la planificación hidrológica está configurado por la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas; el texto refundido de la Ley de Aguas; la Ley 10/2001, de 5 de julio; el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; el Reglamento de la Planificación Hidrológica aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio; la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica; el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas; el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas; el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro; el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y además se tendrá en cuenta sobre la gestión de las inundaciones, el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones y Acuerdo del Consejo de Ministros, de 9 de diciembre de 1994, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, donde se establece el contenido y las funciones básicas de los planes de las comunidades autónomas ante el riesgo de inundaciones. El marco normativo anterior se completa con el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, y el Real Decreto 1366/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Este marco normativo se encuadra en el ámbito de los tratados internacionales suscritos por España, en especial el Convenio de las Naciones Unidas sobre la protección y uso de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de 1992 y el Acuerdo administrativo entre España y Francia sobre gestión del agua, firmado en Toulouse el 15 de febrero de 2006. El artículo 40.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, establece que el ámbito territorial de cada plan hidrológico será coincidente con el de la demarcación hidrográfica correspondiente. En este sentido, el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, en su artículo 3.6 ha delimitado la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, luego el ámbito territorial del presente Plan comprende, «el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Ebro y sus aguas de transición, de la cuenca hidrográfica del río Garona y de las demás cuencas hidrográficas que vierten al océano Atlántico a través de la frontera con Francia, excepto las de los ríos Nive y Nivelle; además la cuenca endorreica de la laguna de Gallocanta. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 122,5.º que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar y como línea norte la línea con orientación 90.º que pasa por el cabo de Roig». Consecuentemente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, al ser el Organismo de cuenca de la parte española de esta Demarcación Hidrográfica, ha elaborado este Plan Hidrológico lo que supone la derogación del anterior Plan Hidrológico de cuenca del Ebro aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los planes hidrológicos de cuenca, derogación que se extiende también a las determinaciones de contenido normativo de este Plan que fue objeto de publicación por la Orden de 13 de agosto de 1999. La competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro para ello se basa, de manera general, en lo establecido en el artículo 23.1.a) del texto refundido de la Ley de Aguas y se ha expresado a través de su Junta de Gobierno y del Consejo del Agua de la Demarcación de la forma que se relaciona a continuación. El procedimiento seguido por la Confederación Hidrográfica del Ebro, para la elaboración del presente Plan Hidrológico se ha desarrollado en tres etapas: una primera, en la que de acuerdo con el artículo 78.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica se elaboró un programa de trabajo que incluyó un calendario sobre ### RESUMEN: Aquí el Plan Hidrológico del Ebro.

Mediante la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 45, de 21 de febrero) se han establecido las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de las competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Conforme al Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y, en cuanto a las competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, es el órgano superior directamente responsable, bajo la dirección del titular del Departamento, de la formulación y ejecución de la política de España en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, asiste al Ministro en la formulación y ejecución de la política exterior de España en el área geográfica correspondiente a los países de la Unión Europea, países candidatos, países del Espacio Económico Europeo y otros países europeos. Entre los objetivos prioritarios de la Secretaría de Estado para la Unión Europea se encuentra el fortalecimiento del concepto de ciudadanía europea y conseguir un mayor acercamiento del proceso de integración europeo a los ciudadanos españoles, para favorecer su implicación y participación en él. Para lograr estos fines, resulta necesario potenciar la difusión de información relativa a asuntos europeos entre los distintos sectores de nuestra sociedad. En este contexto, la presente convocatoria de subvenciones pretende promover, en el marco de la iniciativa «Hablamos de Europa» de esta Secretaría de Estado, la realización de todo tipo de acciones de comunicación y actividades divulgativas sobre los temas prioritarios en el ámbito de la Unión Europea. Procede ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la citada Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículos 55 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, anunciar, mediante la presente Resolución, la convocatoria de subvenciones correspondientes al ejercicio 2014, para lo cual tengo a bien disponer lo siguiente: Apartado 1. Objeto, condiciones y finalidad. La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de ayudas o subvenciones destinadas a financiar la celebración de actividades divulgativas y acciones de comunicación sobre la Unión Europea, haciendo especial hincapié en el tema «Europa en la senda de la recuperación», que tengan lugar durante el año 2014, desde el momento en el que se conozca la concesión hasta el 30 de septiembre de 2014. La finalidad de estas subvenciones es promover la realización de iniciativas de comunicación y participación ciudadana sobre los asuntos anteriormente citados y que fomenten el concepto y la práctica de ciudadanía europea en y con la sociedad civil española. Dichas subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación. Apartado 2. Financiación. La financiación de las subvenciones previstas en la presente Resolución se efectuará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 12.02.02.142B.488 del Presupuesto de Gastos de la Secretaría de Estado para la Unión Europea para el ejercicio 2014, hasta un importe máximo total de 281.560,00 €. El pago de las ayudas se efectuará una vez haya tenido lugar la actividad y se haya justificado adecuadamente, conforme al artículo 12 de la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero, de bases reguladoras de estas subvenciones. No se realizará el pago si el beneficiario no se hallase al corriente de sus obligaciones tributarias o con la seguridad social, o si fuese deudor, por cualquier otro concepto, de la Administración concedente. Apartado 3. Límite de las ayudas. Tanto la concesión de la subvención como su concreta cuantía, quedarán supeditadas a las disponibilidades presupuestarias en el concepto mencionado en el apartado 2 de la presente Resolución. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos, supere el coste de la actividad subvencionada. Apartado 4. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. En la presente convocatoria podrá solicitar la subvención toda persona física o jurídica, no perteneciente al sector público, legalmente constituida que, en todo caso, reúna y esté en disposición de acreditar los siguientes requisitos: 1. Carecer su actividad de fines de lucro. 2. El cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 3. Disponer de los medios y capacidad suficientes para realizar las actividades y garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en dichas actividades. 4. No encontrarse comprendido en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sobre la prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas. Apartado 5. Solicitudes y documentación. 1. Las solicitudes de la subvención dirigidas al Secretario de Estado para la Unión Europea, se podrán presentar: – Utilizando los medios electrónicos, previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la página web www.maec.es. – En cualquiera de las formas que prescribe el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de entregarse en mano en el Registro de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, en la calle Serrano Galvache, 26, Torre sur - 3.ª planta, 28071 – Madrid, su horario de atención al público, es de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:00, los días hábiles de lunes a viernes. Cuando no se utilicen medios electrónicos para la presentación de solicitudes, se deberá enviar un aviso mediante correo electrónico ([email protected]) o por fax (núm. 91 379 84 10), indicando la persona o entidad solicitante, título del proyecto y la cantidad solicitada, así como la fecha y forma de presentación. 2. Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, se deberá cumplimentar el formulario disponible, al efecto, en la Sede Electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, siguiendo las instrucciones correspondientes. En el resto de los casos, la solicitud, que se presentará según el modelo que se une a esta convocatoria como Anexo 1, deberá adjuntarse la siguiente documentación: a) Formulario para la identificación del proyecto según modelo que se adjunta a esta convocatoria como Anexo 2. b) Presupuesto estimado de los gastos que se prevean realizar desglosado por partidas de gasto, según modelo que se adjunta como Anexo 3 a esta convocatoria. c) Memoria explicativa de las actividades proyectadas y que pueden ser objeto de la subvención, fecha y lugar de realización, intervinientes previstos, contenido de las actividades a desarrollar y resultados esperados. d) Memoria explicativa de la entidad en la que se incluya relación del personal responsable de la organización de la actividad presentada y actividades desarrolladas en los tres últimos años en el ámbito de la Unión Europea. e) Copia del último recibo del Impuesto de Actividades Económicas y justificante del pago o, en su caso, declaración de exención. f) En el caso de denegación del consentimiento a esta Secretaría de Estado (en el Anexo 1) para que obtenga, en su nombre, la información de forma directa, deberán presentar: – Las correspondientes certificaciones que acrediten que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. – Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Los Anexos 1, 2 y 3 se presentarán por duplicado y el resto de la documentación en un solo ejemplar. Dichos anexos se encontrarán, junto con la convocatoria, disponibles en la páginas web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación www.maec.es y en www.hablamosdeeuropa.es. 3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se tendrá por desistido de su solicitud. Apartado 6. Plazo presentación. Las solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 7 de abril de 2014.. Apartado 7. Procedimiento de concesión y órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas. La Comisión de Valoración realizará la evaluación de solicitudes, conforme a los criterios objetivos de concesión y ponderación que se detallan en el apartado 2.1. del artículo 7 de la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero, de bases reguladoras de estas Subvenciones, teniendo en cuenta también los aspectos para la valoración indicados en el apartado 8 de la presente convocatoria. La Comisión de Valoración elaborará un informe, que se facilitará a la Vocalía Asesora de Administración y Presupuestos, órgano instructor del procedimiento, en el que se concretará el resultado de la evaluación, pudiendo establecer, conforme a los resultados de la valoración realizada, un umbral mínimo de puntuación para poder acceder a estas subvenciones. El órgano instructor solicitará a los candidatos seleccionados, si se trata de personas jurídicas y sólo en caso de que dicha documentación no haya sido presentada en esta Secretaría de Estado para la obtención de subvenciones en convocatorias publicadas en los cinco últimos años, la siguiente documentación: – Fotocopia de la escritura o documento de constitución, de modificación, en su caso, estatutos o acto fundacional, inscrito en el registro correspondiente cuando proceda, en el que consten las normas que rigen su actividad, así como la documentación acreditativa de representación. Las copias presentadas deberán estar autentificadas o cotejadas por funcionario público competente. Asimismo, el órgano instructor realizará las comprobaciones necesarias y verificará el cumplimiento de los requisitos para acceder a estas subvenciones y, conforme al informe de valoración de las solicitudes presentadas, formulará la propuesta de concesión, que contendrá la relación de los candidatos que hayan obtenido una mejor valoración, las cuantías que se proponen para cada uno de ellos y, en su caso, una relación ordenada de posibles suplentes que, cumpliendo las condiciones administrativas y técnicas para la concesión, no hayan podido estimarse sus solicitudes por exceder el cupo de ayudas convocadas. En el caso de que los importes solicitados por las entidades seleccionadas superen el crédito disponible para la presente convocatoria, se podrá proceder al prorrateo del importe global máximo destinado a las subvenciones entre los beneficiarios seleccionados, conforme a la puntuación obtenida y el presupuesto solicitado. Asimismo, si la cuantía propuesta por la Comisión de Valoración fuera inferior a la solicitada, se podrá instar al beneficiario a revisar su petición, si se considera conveniente, tal como se prevé en el artículo 9 de las bases reguladoras, con el fin de ajustar los compromisos y las condiciones a la subvención otorgable. El órgano instructor elevará la propuesta final al Secretario de Estado para la Unión Europea, quien resolverá y firmará, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la fecha de elevación de dicha propuesta, la correspondiente resolución de concesión de subvenciones que contendrá la relación de beneficiarios y la cuantía concedida a cada uno de ellos, haciendo constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. Apartado 8. Criterios de valoración y su ponderación. Los criterios objetivos de valoración son los recogidos en el apartado 2.1. del artículo 7 de las bases reguladoras (Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero), para cuya evaluación se tendrán en cuenta los aspectos que se enumeran a continuación: a) Formulación clara y precisa de objetivos y coincidencia de los mismos con los que se relacionan en el apartado 1 de la presente convocatoria. Se valorará con un peso relativo del 25 %. b) Calidad e innovación del proyecto o actividad (se tendrá en cuenta el formato de la actividad y la utilización de nuevas tecnologías en su realización o difusión) y la viabilidad del mismo (se tendrá en cuenta la financiación propia y la cofinanciación de los proyectos por parte de otras entidades). Se valorará con un peso relativo del 25 %. c) Impacto, repercusión, relevancia e interés objetivo de la actividad a desarrollar. Se valorará con un peso relativo del 25 %. Para ello, se tendrán en cuenta, con el mismo peso relativo, los aspectos siguientes: – Número aproximado de asistentes, procedencia social, cultural y geográfica de los mismos. – Notoriedad de los intervinientes o participantes previstos. – Duración de la actividad a realizar. – Lugar de realización. – Trascendencia en medios de comunicación de la actividad prevista. – Medios empleados para la difusión de la actividad: Anuncio de su realización y publicación de resultados. d) Experiencia, trayectoria y especialización del solicitante en actividades similares a las que se presentan. Se valorará con un peso relativo del 25 %. Para ello, se tendrán en cuenta, con el mismo peso relativo, los aspectos siguientes: – Equipo humano responsable de la organización de la actividad y dedicación. – Actividades desarrolladas en los últimos tres años en el ámbito de la Unión Europea. – Participación de esta Secretaría de Estado en proyectos anteriores. Cada uno de los criterios anteriores (a, b, c y d) se puntuará de 0 al 5 puntos, de la siguiente manera: 0 = nulo, 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto y 5 = muy alto, y tendrán un peso relativo del 25 %. La puntuación final obtenida será la siguiente: Puntuación final = (criterio a × 0,25) + (criterio b × 0,25) + (criterio c × 0,25) + (criterio d × 0,25) Apartado 9. Resolución. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses contados a partir de la publicación de la presente convocatoria. La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de ayuda. Apartado 10. Medio de notificación. La resolución del Secretario de Estado deberá notificarse y practicarse a los beneficiarios en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa. Los beneficiarios deberán presentar la aceptación expresa de la subvención concedida en un plazo máximo de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la concesión, si no fuera aceptada en dicho plazo se entenderá que renuncia a la misma. Apartado 11. Plazo para la realización de la actividad. La actividad objeto de la subvención deberá realizarse durante el ejercicio 2014, a partir de la fecha en la que se tenga conocimiento de la concesión de la subvención hasta el 30 de septiembre de 2014. Los gastos de preparación de la actividad que se produzcan previamente a la notificación de la concesión de la subvención podrán ser admitidos como gastos subvencionables únicamente si se han producido dentro del mes anterior al inicio de la actividad. Apartado 12. Obligaciones de los beneficiarios. Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a lo establecido en el artículo 11 de la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero, de bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones, conforme a lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Apartado 13. Justificación de la aplicación de fondos. La justificación de las actividades y de la aplicación de fondos se deberá realizar dentro del mes siguiente a la realización de la actividad, en la forma que se detalla en el artículo 12 de la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero, de bases reguladoras. Asimismo, se deberá tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando las actividades sean financiadas con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. Apartado 14. Medidas de garantía. Como medida de garantía de los intereses públicos se establece el reintegro de las subvenciones, la responsabilidad y régimen sancionador de los beneficiarios, tal como se recoge en los artículos 16 y 17 de la citada Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero, así como en los artículos 30.8 y del 36 al 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en los artículos 91 al 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en relación al reintegro de subvenciones, y del 52 al 69, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, relativos a infracciones administrativas en materia de subvenciones. Apartado 15. Normativa aplicable. Para todos aquellos extremos no previstos en la presente Resolución será de aplicación lo establecido en la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas relacionadas con las competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, así como lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Madrid, 12 de marzo de 2014.–El Secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.

Para optar a ayudas para divulgación UE toca vender su mensaje «Europa en la senda de la recuperación».

Mediante la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 45, de 21 de febrero) se han establecido las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de las competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Conforme al Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y, en cuanto a las competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, es el órgano superior directamente responsable, bajo la dirección del titular del Departamento, de la formulación y ejecución de la política de España en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, asiste al Ministro en la formulación y ejecución de la política exterior de España en el área geográfica correspondiente a los países de la Unión Europea, países candidatos, países del Espacio Económico Europeo y otros países europeos. Entre los objetivos prioritarios de la Secretaría de Estado para la Unión Europea se encuentra el fortalecimiento del concepto de ciudadanía europea y conseguir un mayor acercamiento del proceso de integración europeo a los ciudadanos españoles, para favorecer su implicación y participación en él. Para lograr estos fines, resulta necesario potenciar la difusión de información relativa a asuntos europeos entre los distintos sectores de nuestra sociedad. En este contexto, la presente convocatoria de subvenciones pretende promover, en el marco de la iniciativa «Hablamos de Europa» de esta Secretaría de Estado, la realización de todo tipo de acciones de comunicación y actividades divulgativas sobre los temas prioritarios en el ámbito de la Unión Europea. Procede ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la citada Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículos 55 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, anunciar, mediante la presente Resolución, la convocatoria de subvenciones correspondientes al ejercicio 2014, para lo cual tengo a bien disponer lo siguiente: Apartado 1. Objeto, condiciones y finalidad. La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de ayudas o subvenciones destinadas a financiar la celebración de actividades divulgativas y acciones de comunicación sobre la Unión Europea, haciendo especial hincapié en el tema «Europa en la senda de la recuperación», que tengan lugar durante el año 2014, desde el momento en el que se conozca la concesión hasta el 30 de septiembre de 2014. La finalidad de estas subvenciones es promover la realización de iniciativas de comunicación y participación ciudadana sobre los asuntos anteriormente citados y que fomenten el concepto y la práctica de ciudadanía europea en y con la sociedad civil española. Dichas subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación. Apartado 2. Financiación. La financiación de las subvenciones previstas en la presente Resolución se efectuará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 12.02.02.142B.488 del Presupuesto de Gastos de la Secretaría de Estado para la Unión Europea para el ejercicio 2014, hasta un importe máximo total de 281.560,00 €. El pago de las ayudas se efectuará una vez haya tenido lugar la actividad y se haya justificado adecuadamente, conforme al artículo 12 de la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero, de bases reguladoras de estas subvenciones. No se realizará el pago si el beneficiario no se hallase al corriente de sus obligaciones tributarias o con la seguridad social, o si fuese deudor, por cualquier otro concepto, de la Administración concedente. Apartado 3. Límite de las ayudas. Tanto la concesión de la subvención como su concreta cuantía, quedarán supeditadas a las disponibilidades presupuestarias en el concepto mencionado en el apartado 2 de la presente Resolución. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos, supere el coste de la actividad subvencionada. Apartado 4. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. En la presente convocatoria podrá solicitar la subvención toda persona física o jurídica, no perteneciente al sector público, legalmente constituida que, en todo caso, reúna y esté en disposición de acreditar los siguientes requisitos: 1. Carecer su actividad de fines de lucro. 2. El cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 3. Disponer de los medios y capacidad suficientes para realizar las actividades y garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en dichas actividades. 4. No encontrarse comprendido en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sobre la prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas. Apartado 5. Solicitudes y documentación. 1. Las solicitudes de la subvención dirigidas al Secretario de Estado para la Unión Europea, se podrán presentar: – Utilizando los medios electrónicos, previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la página web www.maec.es. – En cualquiera de las formas que prescribe el artículo 38.4 de la Ley 30 ### RESUMEN: Para optar a ayudas para divulgación UE toca vender su mensaje «Europa en la senda de la recuperación».

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1430/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en las personas que a continuación se relacionan, vengo en conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Oro al: Ilmo. Sr. don Alberto Entrerríos Rodríguez. Ilmo. Sr. don Albert Rocas Comas. Ilmo. Sr. don Jorge Maqueda Peña. Ilmo. Sr. don Víctor Tomás González. Ilmo. Sr. don Daniel Sarmiento Melián. Ilmo. Sr. don José Manuel Sierra Méndez. Ilmo. Sr. don Julen Aguinagalde Akizu. Ilmo. Sr. don Arpad Sterbik Capar. Ilmo. Sr. don Joan Cañellas Reixach. Ilmo. Sr. don Ángel Montoro Cabello. Ilmo. Sr. don Viran Morros de Argila. Ilmo. Sr. don Carlos Ruesga Pasarín. Ilmo. Sr. don Antonio Jesús García Robledo. Ilmo. Sr. don Valero Rivera Folch. Ilmo. Sr. don Aitor Ariño Engoechea. Ilmo. Sr. don Gedeon Guardiola Villaplana. Ilmo. Sr. don José Javier Hombrados Ibáñez. Ilmo. Sr. don Raúl Entrerrios Rodríguez. Ilmo. Sr. don Cristian Ugalde García. Ilmo. Sr. don Manuel Montoya Fernández. Ilmo. Sr. don Ricard Franch Arcas. Ilmo. Sr. don José Antonio Gutiérrez Rincón. Ilma. Sra. doña Maialen Araolaza Arrieta. Ilmo. Sr. don Javier Fernández Fuerte. Madrid, 28 de enero de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

Medalla de oro al mérito deportivo a la selección de balonmano tras hacerse con el mundial en casa

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1430/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en las personas que a continuación se relacionan, vengo en conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Oro al: Ilmo. Sr. don Alberto Entrerríos Rodríguez. Ilmo. Sr. don Albert Rocas Comas. Ilmo. Sr. don Jorge Maqueda Peña. Ilmo. Sr. don Víctor Tomás González. Ilmo. Sr. don Daniel Sarmiento Melián. Ilmo. Sr. don José Manuel Sierra Méndez. Ilmo. Sr. don Julen Aguinagalde Akizu. Ilmo. Sr. don Arpad Sterbik Capar. Ilmo. Sr. don Joan Cañellas Reixach. Ilmo. Sr. don Ángel Montoro Cabello. Ilmo. Sr. don Viran Morros de Argila. Ilmo. Sr. don Carlos Ruesga Pasarín. Ilmo. Sr. don Antonio Jesús García Robledo. Ilmo. Sr. don Valero Rivera Folch. Ilmo. Sr. don Aitor Ariño Engoechea. Ilmo. Sr. don Gedeon Guardiola Villaplana. Ilmo. Sr. don José Javier Hombrados Ibáñez. Ilmo. Sr. don Raúl Entrerrios Rodríguez. Ilmo. Sr. don Cristian Ugalde García. Ilmo. Sr. don Manuel Montoya Fernández. Ilmo. Sr. don Ricard Franch Arcas. Ilmo. Sr. don José Antonio Gutiérrez Rincón. Ilma. Sra. doña Maialen Araolaza Arrieta. Ilmo. Sr. don Javier Fernández Fuerte. Madrid, 28 de enero de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ### RESUMEN: Medalla de oro al mérito deportivo a la selección de balonmano tras hacerse con el mundial en casa

El Informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha puesto de manifiesto la existencia de un elevado grado de atomización y un alto nivel de independencia en la actuación de los agentes que intervienen en el ámbito de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado. Se ha generado un modelo de organización «en isla», que hace imposible disponer de una estrategia unificada, optimizar los recursos disponibles y aprovechar, en definitiva, las ventajas que se derivarían de las economías de escala. Ahora que la tecnología lo permite, se debe evolucionar hacia un modelo más centralizado en la prestación de ciertos servicios horizontales. Sin embargo, las unidades TIC de la Administración General del Estado han demostrado sobradamente su capacidad para atender una demanda creciente de servicios y unas exigencias elevadas, a un nivel equivalente o superior a la media de la Unión Europea. Resulta fundamental mantener estas unidades sectoriales, aprovechando su capacitación, conocimiento y experiencia al servicio de la ciudadanía. Por todo ello, se procede a crear un órgano específico, al más alto nivel, que impulse y coordine el necesario proceso de racionalización de las diversas facetas de la política de tecnologías de la información y de comunicaciones en todo el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal: adquisiciones de bienes informáticos, estructura de redes, servicios de administración electrónica y optimización de los sistemas de publicación web. En su virtud, a iniciativa de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de septiembre de 2013, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 1. El apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda redactado de la siguiente manera: «1. Corresponden al Ministerio de la Presidencia la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional; la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo; el apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno; la asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno, a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales; la coordinación interministerial que le encomienden las disposiciones vigentes, el Gobierno o su presidente; la coordinación de la política informativa del Gobierno, la elaboración de los criterios para su determinación y la organización de la cobertura informativa de la actividad gubernamental, así como la elaboración y difusión de los comunicados del Gobierno y de su Presidente, y la reseña de las actividades del Consejo de Ministros; la coordinación de los servicios informativos de la Administración General del Estado en España y en el extranjero, así como las relaciones con los medios informativos; las funciones de apoyo material, de gestión económico-financiera, presupuestaria, de personal y, en general, cuantas otras de esta naturaleza precisen el Presidente del Gobierno y los órganos dependientes de la Presidencia del Gobierno; las relaciones con las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a otros Ministerios en su respectiva área de actividad; la coordinación del proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el Sector Público Administrativo Estatal, así como las demás competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico.» 2. Se añade una letra d) al apartado 4 del artículo 1 del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, con el siguiente contenido: «d) La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado, con rango de Subsecretaría, que dependerá funcionalmente de los Ministros de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas». 3. Se añade un artículo 9 al Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, con el siguiente contenido: «Artículo 9. Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado. 1. Corresponde a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado, en colaboración con la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros órganos, el ejercicio de las siguientes funciones: a) La elaboración, coordinación y dirección de la estrategia sobre tecnologías de la información y de las comunicaciones del Sector Público Administrativo Estatal. b) La racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración General del Estado. c) La supervisión y elaboración de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos con aplicación a todo el Sector Público Administrativo Estatal, y en general, la definición y planificación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito de la misma. d) Planificar la consolidación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito de la administración electrónica. e) La planificación de la estructura de las redes informáticas en el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal, promoviendo la homogeneización de aplicaciones y equipamiento. f) La elaboración de un catálogo de servicios comunes de administración electrónica de provisión centralizada, y un repositorio común sobre necesidades y demandas de TIC dentro del Sector Público Administrativo Estatal. g) Optimización de los sistemas de publicación web del Sector Público Administrativo Estatal. h) El estudio y la implementación de modelos para incentivar la compartición y reutilización de las infraestructuras y aplicaciones sectoriales, y promover el desarrollo de aplicaciones bajo dicho modelo. 2. La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado estará asistida, para el desempeño de sus funciones, por el necesario apoyo administrativo y material de los distintos Departamentos ministeriales. Cada Ministerio, organismo y entidad vinculada o dependiente de un Ministerio designará un responsable que será el interlocutor y colaborador del Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado. La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado contará con medios personales, técnicos y presupuestarios suficientes para el ejercicio de sus funciones. A estos efectos, los medios personales se le asignarán, en todo caso, mediante redistribución de efectivos, atribución temporal de funciones o mediante adscripción de puestos de trabajo procedentes de cualquier Ministerio, entidad u organismo.» Disposición adicional primera. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto se procederá al análisis y, en su caso reforma, de los órganos colegiados relacionados con la administración electrónica y tecnologías de la información y de las comunicaciones. Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público. La aplicación de este real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento de los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento del gasto público. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este real decreto. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Se añade una letra D) al artículo 11.1, con el siguiente contenido: «D) La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado.» Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y ejecución. Se autoriza al titular del Ministerio de la Presidencia para que, previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias. Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 20 de septiembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Real Decreto por el que se crea la Dirección de TIC del Estado dependiente de Presidencia

El Informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha puesto de manifiesto la existencia de un elevado grado de atomización y un alto nivel de independencia en la actuación de los agentes que intervienen en el ámbito de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado. Se ha generado un modelo de organización «en isla», que hace imposible disponer de una estrategia unificada, optimizar los recursos disponibles y aprovechar, en definitiva, las ventajas que se derivarían de las economías de escala. Ahora que la tecnología lo permite, se debe evolucionar hacia un modelo más centralizado en la prestación de ciertos servicios horizontales. Sin embargo, las unidades TIC de la Administración General del Estado han demostrado sobradamente su capacidad para atender una demanda creciente de servicios y unas exigencias elevadas, a un nivel equivalente o superior a la media de la Unión Europea. Resulta fundamental mantener estas unidades sectoriales, aprovechando su capacitación, conocimiento y experiencia al servicio de la ciudadanía. Por todo ello, se procede a crear un órgano específico, al más alto nivel, que impulse y coordine el necesario proceso de racionalización de las diversas facetas de la política de tecnologías de la información y de comunicaciones en todo el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal: adquisiciones de bienes informáticos, estructura de redes, servicios de administración electrónica y optimización de los sistemas de publicación web. En su virtud, a iniciativa de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de septiembre de 2013, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 1. El apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda redactado de la siguiente manera: «1. Corresponden al Ministerio de la Presidencia la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional; la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo; el apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno; la asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno, a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales; la coordinación interministerial que le encomienden las disposiciones vigentes, el Gobierno o su presidente; la coordinación de la política informativa del Gobierno, la elaboración de los criterios para su determinación y la organización de la cobertura informativa de la actividad gubernamental, así como la elaboración y difusión de los comunicados del Gobierno y de su Presidente, y la reseña de las actividades del Consejo de Ministros; la coordinación de los servicios informativos de la Administración General del Estado en España y en el extranjero, así como las relaciones con los medios informativos; las funciones de apoyo material, de gestión económico-financiera, presupuestaria, de personal y, en general, cuantas otras de esta naturaleza precisen el Presidente del Gobierno y los órganos dependientes de la Presidencia del Gobierno; las relaciones con las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a otros Ministerios en su respectiva área de actividad; la coordinación del proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el Sector Público Administrativo Estatal, así como las demás competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico.» 2. Se añade una letra d) al apartado 4 del artículo 1 del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, con el siguiente contenido: «d) La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado, con rango de Subsecretaría, que dependerá funcionalmente de los Ministros de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas». 3. Se añade un artículo 9 al Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, con el siguiente contenido: «Artículo 9. Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado. 1. Corresponde a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado, en colaboración con la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros órganos, el ejercicio de las siguientes funciones: a) La elaboración, coordinación y dirección de la estrategia sobre tecnologías de la información y de las comunicaciones del Sector Público Administrativo Estatal. b) La racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración General del Estado. c) La supervisión y elaboración de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos con aplicación a todo el Sector Público Administrativo Estatal, y en general, la definición y planificación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito de la misma. d) Planificar la consolidación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito de la administración electrónica. e) La planificación de la estructura de las redes informáticas en el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal, promoviendo la homogeneización de aplicaciones y equipamiento. f) La elaboración de un catálogo de servicios comunes de administración electrónica de provisión centralizada, y un repositorio común sobre neces ### RESUMEN: Real Decreto por el que se crea la Dirección de TIC del Estado dependiente de Presidencia

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración de las previstas en el apartado número 5 del indicado precepto, mediante el presente anuncio se notifica a la entidad Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado, CIF G96360821, el acuerdo adoptado por la Directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID, por el que se inicia el procedimiento de reintegro de la subvención concedida para la realización del proyecto 'Actuación integral para la prevención de la inmigración juvenil indocumentada y el fortalecimiento del tejido productivo en Beni Mellal, Marruecos', código de expediente 07-PR1-285, por importe de 263.063,08 euros más intereses de demora. De conformidad con lo previsto en el artículo 34.2 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, este acuerdo se le notifica, concediéndole un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes, significándole que el contenido completo del expediente está a su disposición en el Departamento de ONGD de la AECID (contacto [email protected]). Madrid, 24 de abril de 2013.- La Jefa del Departamento de ONGD, Guadalupe Rubio Pinillos.

Cooperación pide a la Asoc. Valenciana de Ayuda al Refugiado (AVAR) que le devuelva una subvención

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración de las previstas en el apartado número 5 del indicado precepto, mediante el presente anuncio se notifica a la entidad Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado, CIF G96360821, el acuerdo adoptado por la Directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID, por el que se inicia el procedimiento de reintegro de la subvención concedida para la realización del proyecto 'Actuación integral para la prevención de la inmigración juvenil indocumentada y el fortalecimiento del tejido productivo en Beni Mellal, Marruecos', código de expediente 07-PR1-285, por importe de 263.063,08 euros más intereses de demora. De conformidad con lo previsto en el artículo 34.2 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, este acuerdo se le notifica, concediéndole un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes, significándole que el contenido completo del expediente está a su disposición en el Departamento de ONGD de la AECID (contacto [email protected]). Madrid, 24 de abril de 2013.- La Jefa del Departamento de ONGD, Guadalupe Rubio Pinillos. ### RESUMEN: Cooperación pide a la Asoc. Valenciana de Ayuda al Refugiado (AVAR) que le devuelva una subvención

I El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico). Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal. II Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta. Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general. III La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos de la misma ley íntimamente relacionados con dichos aspectos. Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje. Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento. Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza. En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese sido a título universal, como consecuencia de una realización forzosa, o (a partir de 2012) cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisión. La prevención que existía anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisición podía esconder algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto. Pero el fraude no puede estar en adquirir algo (en este caso un derecho de crédito) a un precio menor que aquél por el que se pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad económica de mercado. El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se reforma no solamente el artículo 122 sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente vinculadas con el deudor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en consecuencia de voto en la junta de acreedores. El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración de concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fomentar la existencia de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor cedente el que valore si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y será el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso conllevan. En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el artículo 100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías previstas en dicha disposición adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo dispuesto en el artículo 146 bis, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones preexistentes impagadas. Además se facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos fraudulentos. El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayorías en el convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige una mayoría reforzada del 65 por ciento. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios pre-concursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindicación, que será del 75 por ciento (artículo 121.4). Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Aunque para ello se exige un doble requisito: además de unas mayorías aún más reforzadas, el que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta consideración que ya tiene precedentes en derecho comparado, y en los acuerdos pre-concursales de la disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento específico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales). La decisión adoptada por las mayorías cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor que se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto de vista positivo como un menor sacrificio del resto de acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayorías cualificadas exigidas implica necesariamente que se trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del concursado y de sus acreedores. Piénsese además que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores (según los casos) acuerdan para sus créditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan imprescindibles para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del crédito pendiente, dichas medidas habrán de ser tanto más duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, respectivamente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayorías y el hecho de que cada uno acordará para sí mismo el menor de los sacrificios posibles es garantía suficiente de que los acuerdos no se adoptarán con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores. Esta imposibilidad de lesión se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores antes citadas de manera que en ningún caso podrán imaginarse concertaciones de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o los públicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela. Al igual que en el apartado 11 de la disposición adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor medida posible el verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140 que si, llegado el caso, el acreedor con privilegio (que hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por él) tiene que ejecutar la garantía, se hará con el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas introducidas en este real decreto-ley y en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, respecto al valor de las garantías tienen su efectividad en relación con el procedimiento concursal pero no implican alteración de las garantías registradas ni de las reglas establecidas para su ejecución fuera del concurso. Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas. En la actualidad existe un gran número de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación concursal. Razones urgentes de interés público orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la prestación de los servicios públicos hacen necesario articular soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de la ejecución de los contratos administrativos y de la administración pública. Estas soluciones pasan por arbitrar una fórmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentación de propuestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad y economía procesal y de consecución de una garantía de éxito de la solución concebida, aconsejan la tramitación acumulada de todos los procesos concursales declarados en relación con tales entidades. Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto general como sectorial, y la necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y terminación del procedimiento concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un régimen especial aplicable a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la administración pública, cuya ubicación legislativa debe situarse tanto en la legislación administrativa reguladora de los contratos administrativos (tanto general como específica), como en la Ley Concursal, a través de una nueva disposición adicional segunda.ter que recoge las especialidades concursales en la materia. La propia Ley Concursal, en su artículo 67, remite los efectos de la declaración de concurso en el caso de los contratos administrativos celebrados por el deudor con las administraciones públicas a su legislación específica. Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervención en el procedimiento concursal deben respetar las competencias de los órganos administrativos en lo relativo a este tipo de contratos y los procedimientos de carácter administrativo con ellos relacionados. IV En materia de liquidación se modifican determinados preceptos del capítulo II del título V de la Ley Concursal con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como se ha expuesto previamente, de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas. Así, se introduce la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores. También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para pago y una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un diez por ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsión debería conducir a una agilización de la fase de liquidación. El artículo 149 también resulta modificado, con el fin de introducir determinadas reglas supletorias relativas a la enajenación de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en dicha unidad. V Por último, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica las dudas interpretativas existentes en torno al término «clase». Este término puede implicar en una interpretación estricta, una referencia a la «clasificación legal» de los respectivos créditos, en los términos establecidos en los artículos 89 a 92 de la Ley Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados en el proceso concursal de la misma manera queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo que dispone el precepto, no procederá la formación de la sección de calificación. Sin embargo, la práctica judicial ha venido a darle un sentido más genérico, incluyendo en tal «clase» a un grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificación concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de calificación respecto a propuestas de convenio no gravosas. Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por este real decreto-ley, incorpora una nueva definición del término «clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar mayores dudas, que la mención que se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también referida a esta definición, que afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la solución concursal lo suficientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la sección de calificación. VI La parte final de este real decreto-ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales. La disposición adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal tendrán la consideración de medidas de saneamiento a los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo. La disposición adicional segunda prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la enajenación de empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas. La disposición adicional tercera establece la creación de una Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas por este real decreto-ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables. La disposición adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociación de los valores emitidos por un fondo de titulización de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales, que sólo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados. Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el régimen transitorio de determinados preceptos contenidos en este real decreto-ley. La disposición transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecución en tramitación a los que resultan aplicables las modificaciones introducidas por la disposición final tercera en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La disposición final primera amplía, ante su inminente finalización, la vacatio legis prevista en la disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, respecto al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos. La disposición final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se tendrán en consideración a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos regulados en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal. La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible. Por último, las disposiciones finales cuarta y quinta regulan, respectivamente, los títulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». VII En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa. La urgencia viene determinada por la necesidad de garantizar la plena coherencia del conjunto de la normativa concursal después de las novedades introducidas en el régimen de los acuerdos de refinanciación por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo. Al igual que en la fase preconcursal, la viabilidad futura de parte del tejido empresarial que está o que estará de forma inminente en concurso depende, en gran medida, de la flexibilización del convenio concursal tanto por lo que se refiere a su contenido como por la extensión de sus efectos. Con las modificaciones introducidas, las empresas y sus acreedores contarán con más instrumentos de reestructuración y refinanciación de la deuda. Además, la extensión de efectos a todos los acreedores privilegiados, si concurren las mayorías previstas por clases, garantizará un sacrificio proporcional de todos ellos facilitando el saneamiento financiero de las empresas que podrán de este modo continuar con su actividad empresarial. De no abordarse esta modificación, se mantendrá el concurso como lo que es en la actualidad en la mayoría de los casos, es decir, un proceso de liquidación ordenada del patrimonio del deudor y no una alternativa real para reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad de las empresas. También resulta imprescindible acometer con la mayor celeridad posible las modificaciones que introduce este real decreto-ley en la fase de liquidación concursal. La eliminación de determinados obstáculos que están surgiendo en la transmisión de las unidades productivas, supondrá un incentivo inmediato para la adquisición de empresas o ramas de negocio permitiéndose así el mantenimiento de la actividad empresarial y, por ende, de puestos de trabajo. En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 2014, DISPONGO: Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos: Uno. Modificaciones en materia de convenio. 1. Se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes términos: «3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza.» 2. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes términos: «1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural: 1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se refiere el número anterior. 3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado. 4.º Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando concurra alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 5.º Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el número anterior. 6.º Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean administradores de hecho o de derecho. 2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 1.º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera. 2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad. 3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado.» 3. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 5 en el artículo 94 con la siguiente redacción: «2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los acreedores con privilegio general o especial respectivamente, deberán estar incluidos en las siguientes clases: 1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de la cuantía prevista en el artículo 91.1.º 2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público. 3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. 4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores. Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna. Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común.» «5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable: a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes. Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración de concurso, ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso.» 4. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 100, que quedan redactados en los siguientes términos: «1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas. 2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de los acreedores, con excepción de los acreedores públicos. Entre las proposiciones alternativas, se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están vencidos y son exigibles. También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis. Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores. 3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada. Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4. En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.» 5. Se añade un párrafo final al apartado 4 del artículo 121, en los siguientes términos: «En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes.» 6. Se modifica el apartado 1 del artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos: «1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración de concurso.» 7. Se modifica el artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio. 1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las siguientes mayorías: a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis. b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; a las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100. 2. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las mayorías adicionales que, para la extensión de sus efectos a acreedores privilegiados, sean exigibles conforme a lo previsto en el artículo 134.» 8. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos: «3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán también vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase, según definición del artículo 94.2: a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a). b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b). En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase. En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.» 9. El apartado 4 del artículo 140 queda redactado en los siguientes términos: «4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de éste y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136. No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante resultante de la ejecución en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.» 10. Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos: «Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas. En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo. Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las propuestas de convenio por las administraciones públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados según lo establecido en esta disposición. La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición se regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente ley.» Dos. Modificaciones en materia de liquidación. 1. Se añade un último párrafo en el artículo 43.3, que queda redactado en los siguientes términos: «En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al concursado se estará a lo dispuesto por el artículo 146 bis.» 2. Se añade un número 5.º al apartado 2 del artículo 75, en los siguientes términos: «5.º Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación.» 3. Se añade un artículo 146 bis con la siguiente redacción: «Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas. 1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones. 3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa. 4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2. La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.» 4. Se añaden los apartados 5 y 6 al artículo 148 con el siguiente contenido: «5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 155. 6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta un 10 por ciento de la masa activa del concurso en una cuenta del juzgado. Este montante, que se utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, según los pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido satisfechos.» 5. Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 149. Reglas legales supletorias. 1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas: 1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos. La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la administración concursal. Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno. 2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64. 3.ª Los bienes a que se refiere la regla 1.ª, así como los demás bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, en cuyo caso se estará a las siguientes reglas: a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida. Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza. Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los acreedores privilegiados afectados. b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite. 4.ª En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación definitiva, así como la siguiente información: a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos y técnicos a su disposición. b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta. c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías. d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta el contenido descrito en esta regla 4.ª 5.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 10 por ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores. 2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo. 3. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen.» 6. Se modifica el artículo 155.2, que quedará redactado en los siguientes términos: «2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial.» Tres. Modificaciones en materia de calificación. 1. Se modifica el artículo 167, que queda redactado en los siguientes términos: «1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido. La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración de concurso y el informe de la administración. 2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se procederá del siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar: 1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución. 2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de la sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las normas establecidas en este capítulo que le sean de aplicación.» Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales. A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo. Disposición adicional segunda. Establecimiento de un portal de acceso telemático. En el plazo de seis meses, se creará en el «Boletín Oficial de Estado» un portal de acceso telemático en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación. Disposición adicional tercera. Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento. 1. Se crea la comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y concursales. 2. La comisión estará integrada por los siguientes miembros permanentes: a) Dos nombrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, uno de los cuales asumirá la presidencia. b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá las funciones de secretaría. c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. f) Uno nombrado por el Banco de España. g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. 3. El presidente de la comisión, en atención a las materias a tratar en las reuniones, requerirá, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los miembros de la comisión, la intervención de representantes de otros departamentos ministeriales que pudieran resultar interesados, de los sectores que se vean afectados por las medidas o de otras personas que, por en atención a sus conocimientos técnicos, se estime precedente. 4. La comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones: a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por este real decreto-ley en materia concursal y de refinanciación preconcursal de deuda y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas. b) Evaluar su aplicación y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente acometer para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables. c) Verificar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas que se puedan adoptar en materia de refinanciación preconcursal de deudas. 5. La comisión de seguimiento determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá cada vez que sea convocada por su presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estará, asimismo, facultada para establecer su propio régimen de convocatorias. 6. La comisión podrá solicitar, directamente o a través de alguno de sus miembros, la información relativa a acuerdos de refinanciación y reestructuración preconcursales y procesos concursales que considere necesaria para el adecuado ejercicio de esta función. 7. Con periodicidad anual, la comisión elaborará un informe sobre el resultado del ejercicio de sus funciones que deberá remitirse al Gobierno y a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados. Disposición adicional cuarta. Negociación en sistemas multilaterales de negociación de los fondos de titulización de activos dirigidos a inversores institucionales. Cuando los valores emitidos por un fondo de titulización de activos se dirijan exclusivamente a inversores institucionales, la transmisión de los mismos sólo se podrá realizar entre inversores pertenecientes a dicha categoría, y solo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados. Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 1. Lo dispuesto en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del apartado uno y en los números 2, 5 y 6 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya emitido el informe de la administración concursal. 2. Lo dispuesto en los números 1, 3 y 4 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de liquidación. 3. Lo dispuesto en el número 5 del apartado uno del artículo único y en el número 1 del apartado tres del artículo único será de aplicación a todos los procedimientos concursales en tramitación en los que no se hubiese votado una propuesta de convenio. 4. Lo dispuesto en el número 10 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos los contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicación, con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales. Igualmente, lo dispuesto en el número 8 del apartado uno del artículo único será aplicable a los procedimientos concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase de liquidación. Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente establecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio. Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial. A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante el año anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no les será de aplicación la limitación de un año prevista en el apartado 12 de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para solicitar una nueva homologación judicial. Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales. 1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga este real decreto-ley deberán cumplirse íntegramente. 2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento podrán solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas introducidas por este real decreto-ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de modificación. 3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta. Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen las siguientes mayorías de pasivo: a) En el caso de acreedores ordinarios: 1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a). 2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b). b) En el caso de acreedores privilegiados: 1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 1.º anterior. 2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 2.º anterior. El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 134. 4. El juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de 10 días. Solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado. Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privilegiados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados. 5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto. Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución. 1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley. Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. La disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes términos: «Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta ley.» Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Se añade una nueva letra k) al artículo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, con la siguiente redacción: «k) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria tuviera la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal.» Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos: «4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.» Disposición final cuarta. Título competencial. 1. La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, contenida en el artículo único de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 2. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia legislación mercantil, de ordenación de crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 3. Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a tercera del presente real decreto-ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación. Disposición final quinta. Entrada en vigor. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Las personas deshausiadas por ejecución tendran unn mes para formular reccurso de apelación. Para los desahucios en marcha cuenta desde el lunes.

I El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico). Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal. II Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta. Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general. III La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos de la misma ley íntimamente relacionados con dichos aspectos. Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje. Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento. Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza. En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les reconocía ### RESUMEN: Las personas deshausiadas por ejecución tendran unn mes para formular reccurso de apelación. Para los desahucios en marcha cuenta desde el lunes.

ECLI:ES:TC:2021:182 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla –sede en Málaga–, respecto de los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por posible vulneración del art. 31.1 CE. Han comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y la fiscal general del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho. I. Antecedentes 1. El día 18 de septiembre de 2020 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal Constitucional un escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla –sede en Málaga– (recurso núm. 749-2016), al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el auto de 28 de julio de 2020 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLHL), por presunta vulneración del principio de no confiscatoriedad (art. 31.1 CE). 2. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) La entidad mercantil Tean y Tetoan, S.L., adquirió el 6 de febrero de 2004 una finca en el término municipal de Benalmádena (Málaga) por un precio en escritura pública de 781 315,74 euros, siendo transmitida el 2 de mayo de 2013 al tiempo de la constitución de la entidad Servicios Proactis, S.L., como aportación a su capital por un valor en escritura pública de 900 000 euros. b) Como consecuencia de la citada aportación, con fecha de 18 de septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Benalmádena giró a la entidad transmitente una liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (en adelante, IIVTNU) por una cuota tributaria de 70 006,19 euros. La base imponible se calculó aplicando al valor catastral del suelo al momento de la transmisión (808 152,33 euros) el porcentaje establecido por el ayuntamiento derivado de la aplicación de las normas de valoración previstas en el art. 107.4 TRLHL [del 31,5 por 100, a razón de un 3,5 por 100 por cada uno de los nueve años completos de permanencia del bien en el patrimonio del sujeto pasivo (de 2004 a 2013)]; base imponible de 254 567,98 euros sobre la que se aplicó el tipo de gravamen del 27,50 por 100 fijado en la correspondiente ordenanza municipal, dando lugar a la ya referida cuota tributaria de 70 006,19 euros. Asimismo, se le aplicó una sanción de 7000,62 euros y un recargo del 5 por 100 a ambas cantidades (cuota tributaria más sanción) de 3850,34 euros, por lo que la cantidad total a pagar ascendió finalmente a 80 857,15 euros. c) El 29 de noviembre de 2013 la parte actora interpuso recurso de reposición contra la referida liquidación administrativa solicitando su anulación: (i) por desproporción entre la cantidad liquidada y el valor real, al no haber existido incremento real del valor del terreno, y (ii) por exención de gravamen de la operación societaria realizada. Dicho recurso fue desestimado mediante resolución de la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Benalmádena de 9 de diciembre de 2014 al no haberse acreditado: (i) la inexistencia de incremento de valor del terreno, (ii) el ejercicio de una actividad económica de los aportantes a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), (iii) la aportación de los bienes a la actividad, o (iv) la llevanza de una contabilidad conforme al Código de comercio. d) Contra la anterior resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga (procedimiento ordinario núm. 104-2015) que, por sentencia núm. 766/2015, de 29 de octubre, estimó parcialmente, anulando la sanción y la parte correspondiente del recargo a ella aplicado. e) Promovido recurso de apelación (núm. 749-2016) contra la anterior sentencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, una vez tramitado y concluso el correspondiente procedimiento, mediante providencia de 12 de diciembre de 2019, con suspensión del término para dictar sentencia, se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 TRLHL dada su posible oposición a los principios de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad (art. 31.1 CE). f) Evacuado el trámite de alegaciones conferido, tanto la recurrente en el proceso a quo, mediante escrito registrado el día 8 de enero de 2020, como el Ministerio Fiscal, por informe de 14 de enero de 2020, manifestaron su conformidad al planteamiento de la cuestión. Por su parte, el Ayuntamiento de Benalmádena no presentó escrito alguno, decayendo en el trámite. 3. En el auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de 28 de julio de 2020 el órgano judicial proponente, tras precisar los hechos que dieron lugar al planteamiento del recurso de apelación, subraya que el método de cálculo empleado por el legislador para obtener la base imponible del tributo puede dar lugar a cuotas tributarias que supongan una «carga fiscal excesiva» o «exagerada» para el contribuyente en supuestos como el controvertido en el que, aun cuando el importe de la cuota tributaria no resulta superior a la plusvalía realmente obtenida con la transmisión, sí supone una parte muy significativa de la misma. A juicio del órgano judicial, en el supuesto enjuiciado la cuota tributaria oscila, en función de los elementos probatorios que sean considerados (de acuerdo con los informes periciales aportados con la demanda el incremento de valor generado con el paso del tiempo sería de 115 096,80 euros, mientras que de acuerdo con las escrituras públicas de constitución de sociedad y de compraventa ascendería a 118 684,26 euros) entre el 60,82 por 100 y el 58,99 por 100. Esa tributación podría atentar al principio de capacidad económica e incurrir en una confiscatoriedad constitucionalmente proscrita (art. 31.1 CE). Resalta el órgano judicial que la STC 126/2019, de 31 de octubre, para declarar la inconstitucionalidad del art. 107.4 TRLHL en aquellos casos en los que la cuota tributaria supera la plusvalía realmente obtenida, señaló que, aunque en el supuesto examinado no se sometía a tributación una situación de minusvalía o falta de incremento real, la aplicación del tipo de gravamen previsto en el art. 108.1 TRLHL a la base imponible calculada ex art. 107.4 LHL comportaba exigir al sujeto pasivo una carga «excesiva» o «exagerada», citando a tal efecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 3 de julio de 2003, asunto Buffalo S.R.L. en liquidación c. Italia; de 9 de marzo de 2006, asunto Eko-Elda AVEE c. Grecia; de 14 de mayo de 2013, asunto N.K.M c. Hungría, o de 2 de julio de 2013, asunto R.Sz. c. Hungría). En este sentido, se concluyó que cuando «de la aplicación de la regla de cálculo prevista en el art. 107.4 TRLHL […] se deriv[ase] un incremento de valor superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como límite del mismo» (FJ 4). La duda de constitucionalidad que se le suscita al órgano judicial es si la relación existente entre la cuota tributaria resultante y el efectivo incremento de valor experimentado puede suponer una carga fiscal excesiva hasta el punto de poder incurrir en la prohibición de confiscatoriedad que ha de operar como límite del gravamen. Es cierto, añade, que la cuota tributaria liquidada en el supuesto de hecho ahora analizado no ha consumido la totalidad del importe de la ganancia generada, con lo que no se habría agotado la riqueza imponible, que es lo prohibido por el principio de no confiscatoriedad (SSTC 150/1990, de 4 de octubre; 14/1998, de 22 de enero; 233/1999, de 16 de diciembre, o 26/2017, de 16 de febrero). Pero alega que, dada la vinculación existente entre dicha prohibición y el carácter excesivo de la carga tributaria [en la forma en que ha sido interpretado el artículo primero del Protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos (CEDH)], cabe plantearse si, tras el examen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos (que ha estimado que una carga fiscal del 52 por 100 es contraria al art. 1 del citado Protocolo adicional), una carga tributaria que supere el 60 por 100 de la riqueza gravada puede considerarse una «privación» de la propiedad, esto es, una confiscación. Considera el órgano judicial que, si bien el art. 1 del Protocolo adicional al CEDH no puede erigirse en parámetro directo de la constitucionalidad del art. 107.4 TRLHL, en la medida que la prohibición de confiscatoriedad constituye la concreción del derecho de propiedad privada en el ámbito tributario (así se refleja en las SSTC 150/1990 y 233/1999), no pueden obviarse en su aplicación las exigencias que derivan de aquel Protocolo en la interpretación efectuada por el Tribunal Europeo Derechos Humanos. Y la doctrina del Tribunal Europeo, aunque no ha establecido con carácter general criterios concretos para considerar «excesiva» una determinada carga fiscal, exige que se respete el principio de proporcionalidad, lo que exige ponderar la existencia de un «justo equilibrio» de las circunstancias concurrentes en el caso concreto examinado. Y en el supuesto de hecho que es objeto de enjuiciamiento, ante un tipo de gravamen nominal del 27,50 por 100 sobre el teórico incremento de valor del terreno, el contribuyente ha soportado un tipo efectivo, en el mejor de los supuestos, de casi un 60 por 100 de la ganancia realmente generada. En consecuencia, a la luz de lo expuesto, a juicio de la Sala Tercera, existen serias dudas de constitucionalidad en relación con los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 TRLHL, en la medida en que, en aplicación de los mismos, puede llegar a exigirse a un contribuyente una cuota tributaria que puede suponer una carga fiscal excesiva, infringiendo la prohibición de confiscatoriedad del art. 31.1 CE. 4. Mediante providencia de 17 de noviembre de 2020, el Pleno de este tribunal acordó admitir a trámite la cuestión planteada y, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), reservar para sí el conocimiento de la cuestión, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentas, al Gobierno, por conducto del ministro de Justicia, y a la fiscal general del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Asimismo, acordó comunicar la providencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, a fin de que, de conformidad con el art. 35.3 LOTC, el proceso permaneciera suspendido hasta que este tribunal resolviera definitivamente la presente cuestión. Por último, se acordó publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado», lo que tuvo lugar en el «BOE» núm. 310, de 26 de noviembre de 2020. 5. Mediante escrito de 16 de noviembre de 2020, el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, de acuerdo con lo previsto en el art. 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en relación con el art. 80 LOTC, comunicó su voluntad de abstenerse en el conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad por entender que concurría la causa del art. 219.10 LOPJ (tener interés indirecto en la causa). Por el ATC 145/2020, de 17 de noviembre de 2020, el Pleno de este tribunal acordó estimar justificada la abstención formulada por los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos y don Alfredo Montoya Melgar en la presente cuestión y apartarles definitivamente del conocimiento de la misma y de todas sus incidencias. 6. Por escrito registrado en este tribunal el 1 de diciembre de 2020 se recibió una comunicación de la presidenta del Congreso de los Diputados por la que se trasladaba a este tribunal el acuerdo de personación de esa Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC, con remisión a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones, y a la asesoría jurídica de la Secretaría General. Posteriormente, por escrito registrado el día 2 siguiente se recibió otra comunicación de la presidenta del Senado por la que se ponía también en conocimiento de este tribunal el acuerdo de personación de esa Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. 7. El abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones en el registro general de este tribunal el día 16 de diciembre de 2020, suplicando la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad basándose en los siguientes argumentos: a) Según la representación estatal, a diferencia de los pronunciamientos principales del Tribunal Constitucional respecto al IIVTNU aplicable en territorio común (SSTC 59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre), el planteamiento de la presente cuestión se circunscribe exclusivamente a si los preceptos controvertidos del TRLHL contravienen el principio de no confiscatoriedad, y no a si existe vulneración del principio de capacidad económica (como en la STC 59/2017 en los casos de inexistencia de plusvalía) ni a si se violan ambos principios (como en la STC 126/2019 en los casos de cuota tributaria superior al incremento patrimonial realmente obtenido). Y ello porque, en los supuestos enjuiciados en las SSTC 59/2017 y 126/2019, de la aplicación de las normas impugnadas resultaba siempre una cuota tributaria superior a la plusvalía real, dando lugar al gravamen de capacidades económicas inexistentes. En cambio, el auto del órgano judicial a quo cuestiona ahora la constitucionalidad de las normas de cálculo de la base imponible del IIVTNU en los supuestos donde la cuota tributaria no es superior a la plusvalía realmente obtenida pero sí resulta, a su juicio, excesiva o exagerada y, como tal, podría lesionar el principio de no confiscatoriedad (art. 31.1 CE), apoyándose para ello en la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos que, si bien no es parámetro de constitucionalidad, es herramienta hermenéutica ex art. 10.2 CE (SSTC 84/1989, de 10 de mayo; 36/1991, de 14 de febrero; 64/1991, de 22 de marzo, y 26/2014, de 13 de febrero). b) Sobre el concepto de incremento de valor a efectos del impuesto, el abogado del Estado alega que el art. 107.1 TRLHL solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo (referenciado al de mercado según el art. 22 del texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), y no otros valores, como podría ser el valor catastral en el momento de la adquisición del terreno o los valores comparativos de compra y venta del mismo. De este modo, el IIVTNU no pretende gravar la ganancia mercantil obtenida por el sujeto pasivo en la operación de venta por comparación entre el precio de adquisición y el precio de venta (capacidad económica real), sino el valor estático o acumulado del inmueble derivado de la acción urbanística del municipio (art. 47 CE) calculado de forma objetiva (capacidad económica potencial). Y, en este sentido, ya la STC 59/2017 declaró «plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto» por el contribuyente (FJ 3). De ahí que las fórmulas de valoración legal de los incrementos generados en el inmueble por el paso del tiempo establecidas el art. 107 TRLHL entran dentro del margen discrecional del legislador siempre que no den como resultado una cuota superior a la ganancia en sí, que es lo que, en tanto contravenía el principio de capacidad económica, fue declarado inconstitucional en las SSTC 59/2017 y 126/2019. c) A juicio de la Abogacía del Estado, no cabe sostener que los preceptos legales impugnados posean el alcance confiscatorio prohibido por el art. 31.1 CE. Tras sintetizar la doctrina constitucional sobre el principio de no confiscatoriedad establecida en las SSTC 150/1990, de 4 de octubre, y 233/1999, de 16 de diciembre («obliga a no agotar la riqueza imponible –sustrato, base o exigencia de toda imposición– so pretexto del deber de contribuir», lo que tendría lugar si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes, se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, con lo que además se estaría desconociendo, por la vía fiscal indirecta, la garantía prevista en el art. 33.1 de la Constitución»), considera que, dado que la confiscatoriedad fiscal es una forma de expropiación indirecta de las fuentes de generación de la riqueza de un patrimonio y su producción, este principio solo es predicable del sistema tributario en su conjunto y no de cada tributo en particular de forma aislada. De ahí que no pueda entenderse confiscatorio un gravamen excesivo o considerado excesivo (en este caso, del 60 por 100 de la ganancia obtenida con la transacción) sin que el órgano judicial haya expuesto cuál sería en el caso concreto la eventual aportación del tributo así regulado al conjunto del sistema tributario para que este último tenga alcance confiscatorio. 8. La fiscal general del Estado presentó su escrito de alegaciones en el registro general de este tribunal el día 23 de diciembre de 2020, concluyendo que procede declarar la pérdida sobrevenida del objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad con los siguientes razonamientos: a) Tras concretar los hechos objeto de la presente cuestión, identificar el contenido de las normas cuestionadas, precisar las dudas planteadas por el órgano judicial contra los principios de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad, y examinar el cumplimiento del trámite de audiencia y de los juicios de relevancia y aplicabilidad, asevera que la presente cuestión debe circunscribirse al art. 107.4 TRLHL a pesar de haber sido invocados formalmente también los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL. Resalta la Fiscalía que de la argumentación ofrecida por el órgano judicial se infiere que este únicamente considera contraria al art. 31.1 CE la regla de cálculo de la base imponible del IIVTNU del art. 107.4 TRLHL, donde se recogen los porcentajes de incremento que, multiplicados por el valor catastral del terreno en el momento de la transmisión, pueden determinar que la cuota del tributo sea excesiva. Para ello extrapola con idéntica dicción la delimitación que realizó este tribunal del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Zaragoza en relación con los arts. 107.1, párrafo segundo, 107.2 a), 107.4 y, por conexión, 108.1, párrafo segundo, y 108.2 TRLHL por vulneración de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad, en un supuesto de cuota superior a la plusvalía real generada, en la STC 153/2019, de 25 de noviembre, FJ único a) in fine. b) Asimismo manifiesta que en la STC 126/2019 ya se ha resuelto la duda de inconstitucionalidad del art. 107.4 TRLHL por su posible vulneración de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad estableciendo que: (i) «en aquellos supuestos en los que de la aplicación de la regla de cálculo prevista en el art. 107.4 TRLHL (porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno al momento del devengo) se derive un incremento de valor superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en contra del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como límite del mismo (art. 31.1 CE)» (FJ 4), y que (ii) «[e]n coherencia con la declaración parcial de inconstitucionalidad que hizo la STC 59/2017, el art. 107.4 TRLHL debe serlo únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente» [FJ 5 a)]. c) A la vista de lo anterior, a juicio del Ministerio Fiscal, resultaría redundante un nuevo pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del art. 107.4 TRLHL cuando, de acuerdo con la STC 126/2019, lo en él preceptuado solo vulnera los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE) en los supuestos donde la cuota tributaria es superior a la plusvalía realmente obtenida. En efecto, como la cuota a pagar en el caso ahora enjuiciado es inferior a la plusvalía realmente obtenida (como reconoce el órgano judicial al considerar excesiva una cuota tributaria que supone aproximadamente un 60 por 100 del incremento del valor real), existe una riqueza real que evidencia una capacidad económica y el tributo no agota la riqueza imponible. Por todo ello, considera la fiscal general del Estado que la presente cuestión de inconstitucionalidad habría perdido objeto. 9. Mediante providencia de 26 de octubre de 2021, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el mismo día, mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Objeto de la cuestión de inconstitucionalidad y posiciones de las partes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, ha elevado cuestión de inconstitucionalidad respecto a los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (en adelante, TRLHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por posible vulneración del art. 31.1 CE. Entiende el órgano judicial que la aplicación de los preceptos legales impugnados, al establecer un sistema objetivo de cálculo de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (en adelante, IIVTNU) que no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, puede suponer una «carga fiscal excesiva» o «exagerada» que infrinja el principio constitucional de no confiscatoriedad en los supuestos en los que el importe de la cuota tributaria resultante, aun cuando no supera la plusvalía efectivamente obtenida con la transmisión del terreno urbano, sí representa una parte muy significativa de la misma. El abogado del Estado, en los términos sintetizados en los antecedentes, solicita su desestimación por no concurrir la única tacha de inconstitucionalidad que estima invocada, cual es la contravención del principio de prohibición de la confiscatoriedad (art. 31.1 CE). Por su parte, la fiscal general del Estado, circunscribiendo el enjuiciamiento exclusivamente al art. 107.4 TRLHL por su posible oposición a los principios constitucionales de capacidad económica y prohibición de la confiscatoriedad, interesa la pérdida sobrevenida de objeto de esta cuestión al haber sido ya resuelta, a su juicio, en la STC 126/2019, de 31 de octubre. A fin de facilitar la comprensión de esta sentencia se trascriben a continuación los preceptos objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad: «Artículo 107. Base imponible. 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4. 2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas: a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. […] 4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquel pueda exceder de los límites siguientes: a) Período de uno hasta cinco años: 3,7. b) Período de hasta 10 años: 3,5. c) Período de hasta 15 años: 3,2. d) Período de hasta 20 años: 3. Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.ª, solo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las leyes de presupuestos generales del Estado.» 2. Delimitación del objeto de la cuestión y resolución de óbices procesales. Antes de abordar el examen de constitucionalidad aquí planteado, es preciso dar respuesta a las alegaciones que sobre los motivos de impugnación y el objeto de este proceso constitucional han formulado, respectivamente, el abogado del Estado y la fiscal general del Estado para, una vez delimitado el objeto, analizar adecuadamente el óbice procesal opuesto por esta última. a) En primer lugar, debe rechazarse la afirmación del abogado del Estado de que esta cuestión de inconstitucionalidad se circunscribe exclusivamente a la posible oposición al principio de no confiscatoriedad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 TRLHL, quedando al margen el principio de capacidad económica, por dos razones. De un lado, porque, de acuerdo con la doctrina de este tribunal, el principio de no confiscatoriedad entendido como proscripción del gravamen de una riqueza inexistente o ficticia implica per se una vulneración del principio de capacidad económica como fundamento de la imposición (por todas, STC 26/2017, de 16 de febrero, FJ 2 in fine). De otro lado, porque la duda planteada por el órgano judicial consiste en determinar si es constitucionalmente admisible que los preceptos legales cuestionados determinen la base imponible del IIVTNU sin tener en cuenta la capacidad económica que efectivamente aflora al tiempo de la transmisión del terreno urbano, generando incrementos de valor legales de cuantía superior a los efectivamente obtenidos y, en consecuencia, gravámenes o cuotas que, sin agotar la plusvalía real, resulten desproporcionados; desproporción en el gravamen cuyo enjuiciamiento debe ubicarse, como se verá, no tanto en el principio de no confiscatoriedad, como afirma el órgano judicial, sino en el principio de capacidad económica como criterio, parámetro o medida de la imposición. b) En segundo lugar, sobre el juicio de relevancia, la fiscal general del Estado asevera que, aunque en el auto se invoquen formalmente los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 TRLHL, el objeto de esta cuestión queda circunscrito únicamente a este último, sirviéndose para ello de la transcripción literal de la delimitación del objeto realizada por este tribunal en la STC 153/2019, de 25 de noviembre [FJ único a)], donde se planteó la constitucionalidad de los mismos preceptos legales aquí enjuiciados [arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 TRLHL, entre otros] en los supuestos en los que la cuota tributaria superaba el aumento real del valor del terreno urbano transmitido (pues en este último precepto –art. 107.4– «es donde se recogen los porcentajes de incremento que, multiplicados por el valor catastral del terreno urbano en el momento de la transmisión, determinan que la cuota del tributo pueda llegar a superar el incremento de valor realmente obtenido»). A diferencia de lo acontecido en la STC 153/2019, de la argumentación del auto de planteamiento se infiere que el órgano judicial considera contrario al art. 31.1 CE el método de cuantificación de la base imponible del IIVTNU en sí mismo y no solo alguno de sus elementos. Y, en este sentido, si bien el art. 107.4 TRLHL determina la regla de cálculo de la base imponible al expresar que «(s)obre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquel pueda exceder de los límites siguientes», esta regla también se encuentra establecida con carácter general en el art. 107.1, segundo párrafo, TRLHL («[a] efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4»); siendo, por un lado, ese valor en caso de transmisión de terrenos el catastral del mismo en el momento del devengo [art. 107.2 a) TRLHL] y, por otro, esos porcentajes de incremento del valor en función de los años de tenencia del terreno los fijados por el ayuntamiento con los límites máximos y las reglas para su determinación previstos en el art. 107.4 TRLHL. En suma, todos los apartados del art. 107 TRLHL aquí cuestionados, excepto el primer párrafo del art. 107.1 TRLHL que define la base imponible y no su forma de cálculo, deben ser enjuiciados en la medida en que todos ellos contribuyen a la determinación de la base imponible de este impuesto, cuya duda de constitucionalidad ha sido planteada en esta cuestión. c) Finalmente, y sentado lo anterior, debe examinarse la pretendida pérdida sobrevenida de objeto interesada por la fiscal general del Estado, al señalar que, circunscrito este al art. 107.4 TRLHL, se trata de un asunto ya resuelto en la STC 126/2019, de 31 de octubre. A ello debe añadirse que, una vez delimitado el objeto de este proceso constitucional por este tribunal en el fundamento jurídico 2 b) anterior, esa misma queja podría predicarse de los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL, que fueron ya enjuiciados en la STC 59/2017, de 11 de mayo. Por lo que aquí interesa, los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL se declararon inconstitucionales y nulos en la STC 59/2017 «únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor» [FJ 5 a) y fallo]; declaración de inconstitucionalidad y nulidad calificada como parcial en la STC 126/2019, de 31 de octubre. Por su parte, el art. 107.4 TRLHL se declaró inconstitucional por la STC 126/2019 «únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente» [FJ 5 a), al que remite el fallo]. El art. 164 CE, y también el art. 38 LOTC, disponen que las sentencias del Tribunal Constitucional que declaren la inconstitucionalidad de una ley tienen efectos contra todos desde que se publiquen en el «BOE». Dichas sentencias se publicaron en el «BOE» de 15 de junio de 2017 y de 6 de diciembre de 2019, respectivamente, por lo que a partir de esas fechas estos artículos no pueden regir la resolución de ningún litigio, ni siquiera de aquellos que estén pendientes de sentencia (como el presente caso), en la parte que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico. De ahí que este tribunal haya acordado, como consecuencia de ello, la inadmisión o la extinción por pérdida sobrevenida de objeto de las cuestiones de inconstitucionalidad que se le han planteado, en lo que hace a los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL, en supuestos de no existencia de incremento de valor del terreno en caso de transmisión (AATC 85/2017 a 88/2017, todos de 5 de junio, o ATC 101/2017, de 4 de julio) y, en lo que hace al art. 107.4 TRLHL, en los supuestos de cuota tributaria superior a la plusvalía real (STC 153/2019, de 25 de noviembre, y ATC 66/2020, de 30 de junio). Pero no cabe hacer lo propio respecto a todos estos preceptos [arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL] en el supuesto ahora controvertido que, al no ser el mismo, no ha quedado afectado por las anteriores declaraciones de inconstitucionalidad parcial. Se trata aquí de supuestos en los que el incremento de valor, que existe, es inferior al calculado ope legis como base imponible, y la cuota tributaria consume, sin agotar, una parte significativa de ese incremento real, por lo que la duda de constitucionalidad que suscita el auto de planteamiento en relación con estos artículos sigue vigente. 3. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana regulado en el TRLHL tras las SSTC 59/2017 y 126/2019, y el encuadramiento de la duda de constitucionalidad de las normas reguladoras de su base imponible en el principio de capacidad económica como criterio de imposición. a) Sobre la naturaleza de este impuesto local, este tribunal ha subrayado, por un lado, que es un tributo directo que, según su configuración normativa, grava el «incremento de valor» que experimenten los terrenos (art. 104.1 TRLHL), «a lo largo de un período máximo de 20 años» (art. 107.1 TRLHL), y que se pone de manifiesto «a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos» (art. 104.1 TRLHL), siendo el devengo, en lo que ahora importa, «[c]uando se transmita la propiedad del terreno […] la fecha de transmisión» [art. 109.1 a) TRLHL]. Por otro lado, que, definidos así su hecho imponible y su base imponible (arts. 104.1 y 107.1, primer párrafo, TRLHL, respectivamente), la cuantificación de ese «incremento de valor» gravado se realiza (art. 107.1, segundo párrafo, TRLHL) mediante la aplicación de un coeficiente (art. 107.4 TRLHL) al valor catastral del terreno al momento del devengo [art. 107.2 a) TRLHL]. Ese coeficiente se determina multiplicando el número de años completos de tenencia del terreno (con un mínimo de uno y un máximo de veinte años), contados desde la fecha de adquisición hasta la de su transmisión, por un porcentaje anual que determina cada ayuntamiento dentro de los parámetros previstos en el art. 107.4 TRLHL. Esa base imponible se somete a un tipo de gravamen fijado por el ayuntamiento de hasta el 30 por 100 (art. 108.1 TRLHL), dando lugar a la cuota tributaria (art. 108.2 TRLHL). Interesa desatacar que, si bien se señaló en la STC 26/2017 que este tributo local ha tenido como fundamento u objeto tradicional las plusvalías generadas por las actuaciones urbanísticas públicas sobre las que el art. 47 CE determina su reversión a la comunidad, la actual configuración normativa del mismo no se justifica en este precepto constitucional. El IIVTNU no resulta ser (o al menos no en exclusiva) un gravamen de las denominadas plusvalías inmerecidas de los titulares del suelo urbano, puesto que somete a tributación todo incremento de valor que experimenten los terrenos urbanos objeto de transmisión durante los años de tenencia en el patrimonio del sujeto. Y ese sometimiento a gravamen se realiza: (i) primero, sin tener en cuenta que actualmente, entre los deberes de los propietarios del suelo vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística, está el de «[c]ostear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que esta demande por su dimensión y características específicas […]» [art. 18.1 c) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana]; (ii) segundo, con independencia de la contribución de la actuación pública (urbanística o no) en su generación; y (iii) tercero, incluso, aunque no haya habido actuación urbanística pública o privada alguna. En este sentido también se expresó en la referida STC 26/2017, FJ 3, que «no estamos, pues, ante un impuesto que someta a tributación una transmisión patrimonial, pues el objeto del tributo no se anuda al hecho de la transmisión, aunque se aproveche esta para provocar el nacimiento de la obligación tributaria; tampoco estamos ante un impuesto que grave el patrimonio, pues su objeto no es la mera titularidad de los terrenos, sino el aumento de valor (la renta) que han experimentado con el paso del tiempo». Por lo que se refiere al IIVTNU aplicable en territorio común, precisamente la regla de cálculo, objetiva e imperativa, del «incremento de valor» gravado en este tributo local ha dado lugar a dos pronunciamientos de inconstitucionalidad parcial de varios de los apartados del precepto que regula su base imponible (art. 107 TRLHL), restringiendo con ello su ámbito actual de aplicación. b) En primer lugar, con apoyo en las SSTC 26/2017 y 37/2017 en las que se enjuiciaron los preceptos homónimos de las Normas Forales vigentes en Guipúzcoa y Álava, respectivamente, este tribunal resolvió que en los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL el legislador establece «la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado» (STC 59/2017, FJ 3). Razón por la que, en los supuestos de no incremento o de decremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, «lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado artículo 31.1 CE» (FJ 3). Y ello porque «la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado –la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos– en un efecto generalizado» (FJ 3). Para llegar a esa conclusión se aplicó la doctrina constitucional que, sobre el principio de capacidad económica como fundamento, sustrato o fuente de la imposición, se compiló en la STC 26/2017, FJ 2: (i) «en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia [entre las últimas, SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 7; 53/2014, de 10 de abril, FJ 6 b), y 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4 a)]» toda vez que «el tributo tiene que gravar un presupuesto de hecho revelador de capacidad económica [SSTC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4, y 62/2015, de 13 de abril, FJ 3 c)], por lo que 'tiene que constituir una manifestación de riqueza' (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13, y 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4), de modo que la 'prestación tributaria no puede hacerse depender de situaciones que no son expresivas de capacidad económica' (SSTC 194/2000, de 19 de julio, FJ 4, y 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 5)»; (ii) basta «con que 'dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquel principio constitucional quede a salvo' (SSTC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 14, y 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 5)»; y (iii) la capacidad económica como fundamento de la imposición se predica de todo tributo, sea cual fuere la posición que los mismos ocupen en el sistema tributario, de su naturaleza real o personal, e incluso de su fin fiscal o extrafiscal. c) Posteriormente, en la STC 126/2019 se confirmó que, en aquellos supuestos en los que de la aplicación de la regla legal de cálculo (porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno al momento del devengo) se derive un incremento de valor superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, el art. 107.4 TRLHL no solo contradice el principio de capacidad económica como fundamento de la imposición y la prohibición de confiscatoriedad al gravar capacidades económicas parcialmente inexistentes [«la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente» (FJ 4 in fine)], sino también incurre, por lógica deducción de la doctrina constitucional sobre este último principio, en un resultado obviamente confiscatorio al agotar la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir. En este sentido, el principio de no confiscatoriedad, entendido en su sentido tradicional, «obliga a no agotar la riqueza imponible –sustrato, base o exigencia de toda imposición– so pretexto del deber de contribuir, lo que tendría lugar si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, con lo que además se estaría desconociendo, por la vía fiscal indirecta, la garantía prevista en el art. 33.1 de la Constitución [el derecho a la propiedad privada]» [SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9; 14/1998, de 22 de enero, FJ 11 B), y 233/1999, de 21 de diciembre, FJ 23, y AATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 6; 120/2008, de 6 de mayo, FJ 1; 342/2008, de 28 de octubre, FJ 1, y 69/2018, de 20 de junio, FJ 3 c)]. Ello no obstante, ampliado su contenido en la STC 26/2017, se establece que «aunque el art. 31.1 CE haya referido el límite de la confiscatoriedad al 'sistema tributario', no hay que descuidar que también exige que dicho efecto no se produzca 'en ningún caso', lo que permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (en sentido parecido, STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9) o que sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad económica, estaría incurriendo en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición constitucional (art. 31.1 CE)» (SSTC 26/2017, FJ 2, y 126/2019, FJ 4). d) Una vez delimitado el ámbito actual de aplicación de la regla de cálculo de la base imponible del IIVTNU regulada en los preceptos aquí cuestionados [arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL] a los supuestos en que el gravamen no agote el incremento de valor experimentado en el suelo urbano transmitido, la duda de constitucionalidad que ahora se plantea es si es constitucionalmente legítimo que, incontrovertida la existencia de un incremento del valor del terreno urbano objeto de transmisión, este sea inferior al legalmente calculado debido a la aplicación obligatoria de la fórmula estimativa de cuantificación de la base imponible –que prescinde de la capacidad económica manifestada por el contribuyente– y, en consecuencia, que la cuota a pagar sea desproporcionada o excesiva aunque no absorba por completo el aumento de valor existente al momento de la transmisión. Dos datos permiten determinar el principio material de justicia tributaria (art. 31.1 CE) en el que se ubica la duda del órgano judicial a quo. Por una parte, los únicos preceptos legales cuestionados son los relativos a la base imponible del IIVTNU [arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL], y no los referentes al hecho imponible (art. 104 TRLHL) ni al tipo de gravamen y a la cuota (art. 108.1 y 2 TRLHL); y, por otra, la desproporción de la cuota tributaria respecto del incremento de valor efectivamente obtenido, alegada por el órgano judicial, no es sino consecuencia de la aplicación del único método establecido en la ley para cuantificar de forma objetiva o estimativa ese incremento de valor a efectos del impuesto. Por tanto, la presente cuestión no versa sobre el principio de capacidad económica como fundamento del gravamen, puesto que no se objeta que el tributo contemple en su presupuesto de hecho situaciones inexpresivas de capacidad económica (en este caso la plusvalía existe); ni tampoco puede situarse, como pretende el órgano judicial, en el principio de no confiscatoriedad, puesto que no se esgrime que el tributo agote o supere la riqueza imponible gravada (en este caso la cuota tributaria es una parte significativa de la plusvalía existente). A pesar de que el órgano judicial pretenda la ampliación del contenido de la prohibición constitucional de confiscatoriedad a la luz de la doctrina de la carga fiscal excesiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta cuestión tiene su natural acomodo en el principio de capacidad económica como criterio o parámetro de la imposición, puesto que lo discutido es el propio método de cuantificación de la base imponible del tributo en tanto que no calcula el incremento de valor del terreno urbano gravado en función de la capacidad económica efectiva y cierta manifestada por el contribuyente con ocasión de su transmisión. Expuesto lo anterior, este tribunal deberá determinar si el art. 31.1 CE obliga al legislador a respetar el principio de capacidad económica no solo al seleccionar las manifestaciones de riqueza que han de conformar los hechos imponibles de los tributos, sino también al concretar las normas de cuantificación de la prestación tributaria; y, en caso afirmativo, si se vulnera dicho principio con el establecimiento legal de una regla estimativa, no de un elemento concreto de la base imponible sino de la base imponible en su integridad [como la prevista en los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL], de aplicación automática en tanto el hecho imponible se realice (en este caso, en tanto el incremento de valor del terreno urbano transmitido exista). 4. El principio de capacidad económica como criterio, parámetro o medida de la tributación. A) Sobre la capacidad económica como criterio de la imposición, debe analizarse detenidamente la doctrina constitucional recogida en la STC 26/2017, FJ 2, que es la tenida en cuenta en las SSTC 59/2017 y 126/2019. En un principio se alega: (i) que la afirmación de que «el principio de capacidad económica previsto en el art. 31.1 CE solo pueda predicarse del sistema tributario en su conjunto y no de cada impuesto en particular (con cita de los AATC 71/2008 […])» no es correcta, (ii) que la capacidad económica como fundamento de la tributación debe predicarse de cada uno de los tributos que integran el sistema, y (iii) que la capacidad económica como criterio de la imposición opera también en los impuestos [«y, en el caso de los impuestos (STC 71/2014, de 6 de mayo, FJ 3), también 'en función de' su capacidad económica» (SSTC 19/2012 y 60/2015)]. Sin embargo, acaba concluyendo, acudiendo al ATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 5, que la capacidad económica como criterio de imposición: (i) es solo un criterio inspirador del sistema tributario en su conjunto («aun cuando el principio de capacidad económica implica que cualquier tributo debe gravar un presupuesto de hecho revelador de riqueza, la concreta exigencia de que la carga tributaria se module en la medida de dicha capacidad solo resulta predicable del 'sistema tributario' en su conjunto») y (ii) que solo adquiere virtualidad «en aquellos tributos que por su naturaleza y caracteres resulten determinantes en la concreción del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el art. 31.1 CE»; esto es, únicamente opera en los impuestos que constituyen los pilares estructurales del sistema tributario. De este modo, aplicando al supuesto aquí enjuiciado esta doctrina constitucional que restringe la capacidad económica como medida de la carga tributaria a las figuras impositivas estructurales del sistema, y una vez constatado que el IIVTNU no es una de ellas, se extraen tres conclusiones que abocarían a la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad: (i) En primer lugar, el IIVTNU respeta el principio de capacidad económica como fundamento de la tributación, puesto que tras la STC 59/2017 su hecho imponible siempre es revelador de una manifestación de riqueza al gravar únicamente la existencia de un incremento de valor en el suelo urbano transmitido. (ii) En segundo lugar, como la capacidad económica no rige como criterio de la tributación en este impuesto, el legislador goza de plena libertad para determinar las reglas de su base imponible [«es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto» (SSTC 26/2017, FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017, FJ 3, y 126/2019, FJ 3) o, incluso, no cuantificar el referido incremento con arreglo a la capacidad económica real o potencial]. Y, (iii) finalmente, no habría más límite a la magnitud del gravamen que la prohibición de la confiscatoriedad (art. 31.1 CE); límite que, en aplicación de nuestra doctrina y frente a lo que sostiene el auto de planteamiento que da origen a este proceso constitucional, tampoco se habría vulnerado en el supuesto controvertido al no haberse agotado con la cuota tributaria la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir (SSTC 26/2017, FJ 2, y 126/2019, FJ 4). B) Ahora bien, los postulados sobre el principio de capacidad económica como criterio de la tributación plasmada en las sentencias relativas al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana –foral y común– merecen ser revisados por tres razones fundamentales. a) Primera, porque se basan en un pronunciamiento aislado (el ATC 71/2008, que en principio, la propia STC 26/2017 dice desechar) que convierte la doctrina constitucional de los límites del decreto-ley en materia tributaria (art. 86.1 CE en relación con el deber de contribuir del art. 31.1 CE) establecida originariamente en la STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6 –y elaborada para determinar el ámbito material de la potestad legislativa extraordinaria del Gobierno–, en la doctrina constitucional del principio de capacidad económica como medida de la carga tributaria del contribuyente en tanto límite a la libertad de configuración del legislador. Esta equiparación de cánones constitucionales debe ser reconsiderada puesto que una cosa es (i) que «cualquier intervención o innovación normativa (mediante decreto-ley) que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» vulnere el art. 86.1 CE y (ii) que este tribunal haya interpretado que se produce efectivamente esa afectación inconstitucional del deber de contribuir en los decretos-leyes que regulen los impuestos que constituyen los pilares estructurales del sistema tributario; y otra cosa muy distinta es que el art. 31.1 CE imponga al legislador la modulación de la carga fiscal de cada contribuyente en función de la intensidad en la realización del hecho imponible únicamente en aquellos impuestos. Como bien refleja la doctrina de este tribunal, la adecuación de los tributos a la capacidad económica del contribuyente será una cuestión de grado en función de la categoría y caracteres de cada tributo (naturaleza, estructura y hecho imponible del mismo), y podrá ceder ante la existencia de una justificación objetiva y razonable y no arbitraria para su no materialización. b) Segunda, porque el art. 31.1 CE exige que la contribución de cada cual al sostenimiento de los gastos públicos se haga, no de cualquier manera, sino «de acuerdo con su capacidad económica»; cualidad subjetiva del obligado a contribuir (por todas, STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4) que se erige no solo en un «criterio inspirador del sistema tributario» (SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 3, y 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 5) u «ordenador» de dicho sistema (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6, y 193/2004, FJ 5), sino que opera singularmente también, a diferencia de otros principios (como, por ejemplo, el de progresividad), en la configuración de cada tributo. Siendo esto así sobre la capacidad económica como fundamento de la imposición (STC 26/2017, FJ 2), debe reconocerse ahora que la recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos «de acuerdo con» la capacidad económica de cada contribuyente en el art. 31.1 CE [con el correlativo «derecho a que esa contribución solidaria sea configurada en cada caso por el legislador según aquella capacidad» (STC 182/1997, FJ 6) engloba las dos vertientes del referido principio. Y ello porque para hacerlo efectivo no basta con que deban contribuir al sostenimiento de las cargas públicas únicamente quienes tengan capacidad económica para ello, sino que es necesario que la proporción de la contribución que cada individuo deba realizar al sostenimiento de los gastos públicos se determine también en atención a su capacidad económica. En efecto, el art. 31.1 CE contiene un mandato que vincula a los poderes públicos: (i) «a exigir esa contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación» (por todas, SSTC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7; 255/2004, de 22 de diciembre, FJ 4, y 10/2005, de 20 de enero, FJ 6) y (ii) a exigirla en función de la intensidad con que aquella capacidad económica se ponga de manifiesto en esos contribuyentes, de forma que se lesionará este principio si «quienes tienen menor capacidad económica soportan una mayor carga tributaria que los que tienen capacidad superior» (STC 46/2000, de 14 de febrero, FJ 8)». c) Tercera, y principal, porque ya es clásica la doctrina de este tribunal que declara que «el tributo es una prestación patrimonial coactiva que se satisface, directa o indirectamente, a los entes públicos (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 15, y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 18) que, por imperativo del art. 31.1 CE, solo puede exigirse cuando existe capacidad económica y en la medida –en función– de la capacidad económica (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6)». A este respecto, si bien puede objetarse que dicha afirmación se vertió al hilo del enjuiciamiento de determinados impuestos con protagonismo cierto en el sistema tributario (como en el caso de la previsión de la disposición adicional cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, que tenía repercusiones principalmente en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y sobre sucesiones y donaciones, en la STC 194/2000, de 19 de julio, FJ 8), cabe destacar que se utilizó como ratio decidendi en procesos constitucionales contra otros impuestos con menor peso en el conjunto del sistema, como en los de la mal denominada «tasa» por emisión de informes de auditoría de cuentas (AATC 381 a 383/2005, todos de 25 de octubre, FFJJ 5, y 117 y 118/2006, ambos de 28 de marzo, FFJJ 4). Es más, a la hora de diferenciar entre categorías tributarias en virtud del criterio utilizado para el reparto de la carga tributaria, se ha precisado que en los impuestos se realiza «en función de la capacidad económica» que se halla ínsita en el hecho imponible [«constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente» ex art. 2.2 c) de la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, general tributaria (LGT)]; mientras que en las tasas se efectúa en función del principio de equivalencia (y «sin perjuicio de que no puedan desconocer la capacidad económica»), dado que su hecho imponible encierra un sinalagma [que «consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario» ex art. 2.2 a) LGT] [SSTC 85/2014, de 29 de mayo, FJ 3 a); 63/2019, de 9 de mayo, FJ 3, y 125/2021, de 3 de junio, FJ 4 B), todas con cita de la STC 71/2014, de 6 de mayo, FJ 3 y las en ella citadas]; subrayando con ello la debida conexión de los elementos de cuantificación de la deuda tributaria (en los tributos variables, base imponible y tipo de gravamen) respecto del hecho imponible y su función retrospectiva. De ahí que, sobre todo en los impuestos, rija la capacidad económica no solo en la elección de los hechos imponibles, sino también en la de los métodos impositivos o medidas técnicas que, partiendo de la realización de esa manifestación de capacidad económica tipificada, conduzcan a la determinación de la cuantía del tributo. C) Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta que el presupuesto de hecho del tributo debe ser, siempre y en todo caso, un índice de capacidad económica real o potencial, cabe realizar tres precisiones sobre la exigencia de modular la carga tributaria del contribuyente en función de su capacidad económica: a) En primer lugar, el principio de capacidad económica como parámetro de la imposición no rige con la misma intensidad en todas las instituciones tributarias. En este sentido, ya se ha reconocido que dentro de las obligaciones tributarias materiales que conforman el tributo como relación jurídico-tributaria (art. 17.1 LGT), se refleja mejor en las obligaciones tributarias principales (art. 19 LGT) que en las obligaciones tributarias accesorias (art. 25.1 LGT) («[e]l principio de capacidad económica, […] proyecta sus exigencias en relación con los tributos, que son las figuras contributivas, pero no así necesariamente y en la misma medida en relación con las obligaciones accesorias a la deuda tributaria propiamente dicha», STC 164/1995, de 13 de noviembre, FJ 8); admitiéndose como criterio de graduación de los recargos en tanto constituyen un porcentaje de la deuda tributaria stricto sensu [como criterio de graduación de las sanciones en materia tributaria (técnicamente excluidas de la deuda tributaria ex art. 58.2 LGT) en la STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 6 a) y b)]. Asimismo, como ya se ha anticipado en el fundamento jurídico 4 B) anterior, debido precisamente a la configuración sinalagmática de las tasas, operará con más intensidad en los impuestos. Todo ello, como bien se ha aseverado, sin que del principio de capacidad económica «puedan extraerse, por simple deducción lógica, consecuencias positivas, precisas y concretas, sobre la particular regulación de cada figura tributaria» (STC 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 5). b) En segundo lugar, este tribunal ha mantenido desde sus primeros pronunciamientos que el legislador goza de un amplio margen de libertad en la configuración de los tributos, «no correspondiendo[le] en modo alguno […] enjuiciar si las soluciones adoptadas en la ley tributaria sometida a control de constitucionalidad son las más correctas técnicamente, aunque indudablemente se halla facultado para determinar si en el régimen legal del tributo aquel ha sobrepasado o no los límites al poder tributario que se derivan de los principios constitucionales contenidos en el art. 31.1 CE» [SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4; 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 4; 214/1994, de 14 de julio, FJ 5 A); 46/2000, de 17 de febrero, FJ 4; 96/2002, de 25 de abril, FJ 7; 7/2010, de 27 de abril, FJ 6; 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 c), y 20/2012, de 16 de febrero, FJ 8]. c) Por último, es constitucionalmente posible que el legislador tributario, al regular cada figura impositiva, otorgue preeminencia a otros valores o principios, respetando, en todo caso, los límites establecidos por la Constitución (STC 221/1992, FJ 5). En relación con los tributos tradicionales con fin primordialmente fiscal se ha admitido: (i) en primer lugar, el establecimiento de exenciones y bonificaciones, que serán «constitucionalmente válida[s] siempre que responda[n] a fines de interés general que la[s] justifiquen (por ejemplo, por motivos de política económica o social, para atender al mínimo de subsistencia, por razones de técnica tributaria, etc.), quedando, en caso contrario, proscrita[s] […] por cuanto la Constitución a todos impone el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en función de su capacidad económica» [SSTC 96/2002, FJ 7; 10/2005, de 20 de enero, FJ 5; 57/2005, de 14 de marzo, FJ 4; 33/2006, de 13 de febrero, FJ 4; 12/2012, FJ 4 a), y 60/2015, FJ 4, todas con cita de la STC 134/1996, de 22 de julio, FJ 8]; (ii) en segundo lugar, que, siendo la lucha contra el fraude fiscal «un objetivo y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos» [SSTC 76/1990, FJ 3; 214/1994, FJ 5 B); 46/2000, FJ 6; 194/2000, FJ 5, y 255/2004, de 22 de diciembre, FJ 5], ya que «lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar» (STC 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 3), la capacidad económica como medida de la carga tributaria puede ceder ante la necesidad de evitar actuaciones abusivas por parte de los sujetos pasivos en detrimento de la solidaridad de todos en el sostenimiento de los gastos públicos; siempre, eso sí, que estas medidas antifraude no sean desproporcionadas [SSTC 146/1994, FJ 6 A); 194/2000, FJ 8, y 255/2004, FJ 6]; y, (iii) en tercer lugar, que el legislador puede recurrir a una técnica que no exija la cuantificación exacta de los gastos producidos, estableciendo una deducción global o a tanto alzado, para evitar la complejidad en el procedimiento tributario y por la dificultad de comprobar la existencia y cuantía de ciertos gastos, con excesivos costes de gestión (razones de política financiera, técnica tributaria o de practicabilidad o conveniencia administrativa) [STC 214/1994, FJ 6 A)]. Pero, sin duda, ha sido en materia de tributos con finalidad primordialmente extrafiscal donde la quiebra justificada de la capacidad económica como criterio de cuantificación ha adquirido mayor relevancia. Así, el reconocimiento constitucional de la instrumentalidad fiscal en la esfera de la imposición autonómica desde la STC 37/1987, de 26 de marzo, ha supuesto, en lo que aquí importa, el establecimiento de impuestos «que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica o de pago, respond[e]n principalmente a criterios económicos o sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza» (arts. 39 a 52 CE), bastando con «que dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquel principio constitucional quede a salvo» (FJ 13). En este sentido, si bien se ha reiterado que «la naturaleza extrafiscal o recaudatoria de un tributo es una cuestión de grado, por lo que difícilmente existirán casos ‘puros’», lo cierto es que en estas figuras impositivas difiere la «manera» en que la correspondiente fuente de capacidad económica (u objeto del mismo) es sometida a gravamen en la estructura del tributo [por todas, SSTC 53/2014, de 10 de abril, FJ 6 c); 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3 d); 4/2019, de 17 de enero, FJ 3 d); 22/2019, de 14 de febrero, FJ 3 d), y 28/2019, de 28 de febrero, FJ 4 B)]. Y ello porque, siendo su hecho imponible un signo de riqueza (generalmente potencial), el principio de capacidad económica como criterio de imposición cede ante la «insoslayable vinculación de la tributación soportada a la consecución de la finalidad pretendida» (por todas, STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 6), puesto que a su través se pretende un efecto disuasorio o estimulante de la realización de conductas obstaculizadoras o protectoras (respectivamente) de la finalidad de política social o económica (extrafiscal) perseguida. 5. Aplicación del principio de capacidad económica como criterio o parámetro de imposición a la regla de cuantificación de la base imponible del IIVTNU. A) Los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL establecen un único método de determinación de toda la base imponible del IIVTNU, y no de parte de ella, de carácter objetivo y de imperativa aplicación. a) En cuanto a su carácter objetivo u objetivado, en los preceptos controvertidos se fijan los dos elementos (objetivos) para calcular el importe del incremento gravado, cuales son el valor del terreno en el momento del devengo por referencia a su valor catastral en el art. 107.2 a) TRLHL y el porcentaje anual de incremento según el número de años transcurridos desde su adquisición en el art. 107.4 TRLHL. Y el denominado porcentaje de incremento se calcula multiplicando el periodo de generación de dicho incremento (años completos de tenencia en el patrimonio) al porcentaje anual que fija el ayuntamiento a través de la ordenanza dentro de los límites máximos que, para cada periodo de generación, establece el art. 107.4 TRLHL. Así, la medición del incremento de valor «legal» no atiende a las alteraciones efectivas de valor producidas por el paso del tiempo en el suelo urbano ahora transmitido, cuantificando su evolución temporal por referencia comparativa entre los valores de transmisión y adquisición, sino entendiendo que ese incremento es un porcentaje del valor catastral del terreno urbano en el momento de la transmisión; porcentaje, eso sí, calculado en función de los años transcurridos desde su adquisición. Por tanto, el propio establecimiento de una estimación objetiva supone dejar al margen la capacidad económica real demostrada por el contribuyente, ya que, como ha argumentado la doctrina científica desde antiguo, la evaluación directa y la estimación presuntiva o indiciaria no son métodos alternativos de determinación de una misma base imponible, sino de determinación de bases alternativas. Y ello porque no solo ambos métodos se diferencian desde el punto de vista cuantitativo, ya que para ser alternativos sería necesario que por ambos se llegara al mismo resultado; sino también desde el punto de vista cualitativo, porque la evaluación directa mide la capacidad económica real del contribuyente y la estimación presuntiva mide otra cosa, cuyo concepto solo puede inferirse de las normas reguladoras de tal estimación. b) Por lo que a la obligatoriedad de la norma de cuantificación aquí cuestionada se refiere, al no contemplarse en el art. 107 TRLHL la estimación directa de la base imponible sino solo una única estimación objetiva, se constituye, como apunta el abogado del Estado, una verdadera regla imperativa de valoración del «incremento de valor» gravado. En este sentido, la STC 59/2017 terminó con la ficción legal de la existencia inexorable de un incremento de valor (y, por tanto, de gravamen) con toda transmisión de suelo urbano, determinando que dicha transmisión es condición necesaria pero no suficiente para el nacimiento de la obligación tributaria en un impuesto cuyo objeto es el incremento de valor (FJ 3). Pero una vez constatada la efectividad de esa plusvalía, lo cierto es que, como bien especifica la representación estatal, los preceptos legales impugnados solo permiten tomar en consideración el valor catastral en el momento del devengo y no acudir a otros valores, como podría ser el valor catastral en el momento de la adquisición del terreno o los valores comparativos de compra y venta del mismo. O lo que es lo mismo, el art. 107 TRLHL no permite la prueba de incrementos efectivos distintos (generalmente inferiores) al legalmente calculado y, por ende, la tributación en consecuencia. Y ello porque la presunción de que el suelo urbano se revaloriza anualmente (y aumenta en función de los años de tenencia) es únicamente la ratio legis de la regla de valoración ahora enjuiciada y no la regla de valoración en sí; presunción vulgar (que no jurídica) que venía respaldada por la realidad económica del tiempo en que se promulgó este sistema objetivo de medición (art. 108 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales). B) Así las cosas, y aplicando la doctrina constitucional de la capacidad económica como criterio de imposición expuesta en el fundamento jurídico anterior a los preceptos legales cuestionados en su configuración actual tras las SSTC 59/2017 y 126/2019, puede afirmarse que a un impuesto de carácter real y objetivo como el IIVTNU, con un hecho imponible específico y no general (al gravar una concreta manifestación de riqueza, cual es la plusvalía de los terrenos urbanos por el paso del tiempo y no la renta global del sujeto), y sin constituir una figura central de la imposición directa, le es plenamente aplicable el principio de capacidad económica como fundamento, límite y parámetro de la imposición. Lo que implica, en el caso del IIVTNU, en primer lugar, que quienes se sometan a tributación deban ser únicamente los que experimenten un incremento de valor del suelo urbano objeto de transmisión, como resolvió la STC 59/2017, FJ 3, al requerir transmisión del suelo urbano más materialización del incremento de valor para el nacimiento de la obligación tributaria; esto es, incremento real, y no potencial o presunto, para la realización del hecho imponible. Y, en segundo lugar, que quienes experimenten ese incremento se sometan a tributación, en principio, en función de la cuantía real del mismo, conectándose así debidamente el hecho imponible y la base imponible, dado que esta última no es más que la cuantificación del aspecto material del elemento objetivo del primero. Si bien es cierto que la forma más adecuada de cuantificar esta plusvalía es acudir a la efectivamente operada, el legislador, a la hora de configurar el tributo, tiene libertad para administrar la intensidad con que el principio de capacidad económica debe manifestarse en ellos, para hacerlos compatibles con otros intereses jurídicos dignos de protección, como puedan ser, como ya se ha manifestado, el cumplimiento de fines de política social y económica, la lucha contra el fraude fiscal o razones de técnica tributaria. De ahí que, con la revitalización del principio de capacidad económica como medida de cuantificación en los impuestos, deba matizarse la afirmación vertida en la STC 59/2017 de que, siendo el hecho imponible del tributo un índice de capacidad económica real (puesto que no pueden someterse a tributación situaciones de no incremento de valor), «es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto» (FJ 3). Y ello porque la renuncia a gravar según la capacidad económica (real) manifestada en el hecho imponible estableciendo bases objetivas o estimativas no puede ser arbitraria, sino que exige justificación objetiva y razonable; justificación que debe ser más sólida cuanto más se aleje de la realidad el método objetivo elegido normativamente. En suma, la falta de conexión entre el hecho imponible y la base imponible no sería inconstitucional per se, salvo que carezca de justificación objetiva y razonable. C) Sentado lo anterior, debe rechazarse ab initio que el método estimativo del incremento de valor gravado en el IIVTNU sea consecuencia del carácter extrafiscal de este tributo. Incluso, el fundamento tradicionalmente asignado a este impuesto (art. 47 CE: «La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos») no hace sino confirmar la finalidad fiscal o recaudatoria del mismo, al igual que la tienen las contribuciones especiales eventualmente exigibles por el aumento del valor de los inmuebles debido a la realización de obras públicas y a la creación o ampliación de servicios públicos. Tampoco puede considerarse que los preceptos legales cuestionados (i) establezcan una norma antifraude fiscal, al no pretender combatir conductas elusivas concretas del deber constitucional de contribuir, o (ii) que se basen en la imposibilidad técnica del legislador de establecer otra forma de cálculo de las plusvalías del suelo urbano, puesto que no faltan ejemplos alternativos en los antecedentes históricos de este mismo impuesto local, en el informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local de julio de 2017 o en los numerosos estudios científicos que, sobre este particular, han proliferado tras la promulgación de las declaraciones de inconstitucionalidad parcial de los preceptos legales ahora impugnados. Por ello, cabe concluir que el hecho de que el legislador opte por unos parámetros objetivos de cuantificación, renunciando a la valoración real de ese incremento, tiene como fin proporcionar un instrumento simplificado de cálculo que facilite la aplicación del impuesto a las dos partes de la obligación tributaria, como expuso el apartado III de la exposición de motivos de la Ley 39/1988: «[e]n el campo de los recursos tributarios, la reforma [de las haciendas locales] ha introducido cambios verdaderamente sustanciales tendentes a […] facilitar la gestión del sistema [tributario local] diseñado». En este sentido, ante la complejidad y la incertidumbre que supone determinar y comprobar la realidad y exactitud del incremento de valor del terreno urbano objeto de transmisión, con excesivos costes de gestión y de litigiosidad, se optó por la simplicidad y certidumbre de un método objetivo de medición del incremento de valor por referencia al valor catastral en el momento de la transmisión y a un coeficiente en función de la extensión del periodo de generación del mismo, que agilizara la aplicación del tributo y redujera la conflictividad que supone acudir al incremento real. D) Ahora bien, para que este método estimativo de la base imponible sea constitucionalmente legítimo por razones de simplificación en la aplicación del impuesto o de practicabilidad administrativa, debe (i) bien no erigirse en método único de determinación de la base imponible, permitiéndose legalmente las estimaciones directas del incremento de valor, (ii) bien gravar incrementos medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o «presumiblemente se produce[n] con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana» (SSTC 26/2017, FJ 3; 37/2017, FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017, FJ 3, y 126/2019, FJ 3). Esta última posibilidad pudo ser cierta con anterioridad a la caída del mercado inmobiliario, pero lo que resulta incontrovertido es que «la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado –la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos– en un efecto generalizado» (STC 59/2017, FJ 3) y, por lo que aquí interesa, ha dado lugar a que tampoco sean excepcionales o «patológicos» los supuestos en los que el efectivo incremento de valor sea de importe inferior –con frecuencia, incluso, notablemente inferior, como en el supuesto aquí enjuiciado– al incremento calculado ex art. 107 TRLHL. Siendo, pues, que la realidad económica ha destruido la antes referida presunción de revalorización anual de los terrenos urbanos que operó en la mente del legislador para crear la norma objetiva de valoración ahora cuestionada, desaparece con ella la razonable aproximación o conexión que debe existir entre el incremento de valor efectivo y el objetivo o estimativo para que razones de técnica tributaria justifiquen el sacrificio del principio de capacidad económica como medida o parámetro del reparto de la carga tributaria en este impuesto. Con lo que la base imponible objetiva o estimativa deja de cuantificar incrementos de valor presuntos, medios o potenciales. En consecuencia, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, estar al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE). Es más, cabe añadir que la simplificación en la aplicación del IIVTNU desaparece en su actual configuración, dado que para su gestión ya se recurre al incremento efectivo y a su cuantía. Así, la materialización del incremento de valor del terreno urbano transmitido es condición sine qua non para el nacimiento de la obligación tributaria tras la STC 59/2017, FFJJ 3 y 5 a), y su cuantía real es determinante para la inexigibilidad del tributo en los supuestos en los que la cuota tributaria agote o supere el referido incremento efectivo tras la STC 126/2019, FJ 5 a). Por lo que carece ya de sentido exigir obligatoriamente el gravamen en función de la cuantía de un incremento objetivo basando su legitimidad constitucional en razones de practicabilidad ante una pretendida dificultad para determinar la existencia y cuantía del incremento del suelo urbano transmitido, cuando esa dificultad forma parte hoy de la mecánica de la aplicación de este impuesto. Por todo ello, debe estimarse la presente cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla –sede en Málaga– y declarar inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de la imposición (art. 31.1 CE). 6. Alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad. Sobre la presente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL cabe realizar las siguientes precisiones: a) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde la publicación de la STC 59/2017 («BOE» núm. 142, de 15 de junio). Como ya se recordó en la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE. b) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6. Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. Voto concurrente que formula el presidente don Juan José González Rivas respecto de la sentencia de 26 de octubre de 2021, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020 Con el máximo respeto a la opinión de mis compañeros de Pleno, en la que se funda la sentencia, aunque he votado en favor del fallo, manifiesto mi discrepancia con una parte de su fundamentación jurídica y formulo este voto concurrente, al amparo del art. 90.2 de la LOTC, por las razones que a continuación se exponen. 1. Overruling y seguridad jurídica. El principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) impone a este Tribunal Constitucional una especial sensibilidad a la hora de cumplir con la función que tiene encomendada. La certeza del Derecho constituye una exigencia primordial de la jurisdicción constitucional y en los fallos constituciones recaídos sobre este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, los pronunciamientos de este tribunal, comenzando por la STC 26/2017, de 16 de febrero, sobre la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Gipuzkoa y las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad, por etapas, de las normas legales reguladoras de este impuesto no han dejado de incrementar la conflictividad jurídica en los tribunales de justicia, especialmente en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Llegados a este punto, ante el planteamiento de la sentencia de llevar a cabo un verdadero overruling, no basta, a mi juicio, con reconocer que los postulados sobre el principio de capacidad económica contenidos en las sentencias precedentes dictadas sobre este mismo impuesto merecen ser revisados. Debió explicitarse que se aborda aquí un cambio de criterio y explicar con mayor detenimiento las razones que llevan al tribunal a modificar su postura con ocasión de la presente cuestión de inconstitucionalidad. Aun compartiendo el contenido del fundamento jurídico 4, apartado B), en el que se da cuenta de razones para la revisión que se acomete, hubiera debido justificarse la necesidad de cambio atendiendo al concreto contenido de la duda suscitada por el órgano judicial al plantear la cuestión de inconstitucionalidad y a que el criterio precedente resulta insatisfactorio para abordar el análisis de adecuación a la Constitución que impone la tarea asignada de solventar dicha duda. Resulta insatisfactorio porque afirmar que el principio constitucional de capacidad económica (art. 31.1 CE) no despliega ningún efecto sobre la configuración normativa del método de determinación de la base imponible de este impuesto es tanto como negar su existencia en nuestra Constitución, máxime al no tratarse la esencialidad del principio de confiscatoriedad como plantea el auto proponente de 28 de julio de 2020. 2. Respuesta al órgano judicial. La sentencia de la mayoría obedece a un planteamiento puramente abstracto que no se cohonesta con la naturaleza de la cuestión de inconstitucionalidad en que se dicta. Si bien los dos primeros fundamentos jurídicos de la sentencia responden coherentemente al esquema propio del examen de una cuestión de inconstitucionalidad (en particular, al delimitar el objeto de la promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y rechazar los óbices procesales opuestos por las partes), a partir del fundamento jurídico tercero, el enjuiciamiento se torna puramente abstracto. Se pierden de vista así las circunstancias que rodean al asunto concreto del que dimana y la específica duda de constitucionalidad planteada por el órgano judicial, salvo para descartar la afectación del principio de no confiscatoriedad. Se inicia, de este modo, un examen de las reglas de cuantificación del tributo en abstracto, como si de un recurso de inconstitucionalidad se tratase. En el análisis que sigue se omite, en primer lugar, toda referencia a la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Benalmádena que establece el impuesto y completa la regulación normativa aplicable al caso, de acuerdo con los principios de tributación local que rigen en la materia (arts. 15, 59.2, y preceptos reguladores de este impuesto del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales). En segundo lugar, se prescinde de factores relevantes para el examen de constitucionalidad que pide el órgano judicial, como el hecho de que el contribuyente, en el caso, deba abonar en concepto de cuota tributaria una cantidad que supone –en el mejor de los casos, dice la Sala– «un 60 por 100 del incremento real experimentado». Este tribunal, en el ejercicio de la función que tiene encomendada, puede no aceptar la certeza de esta afirmación, rechazar la noción de «incremento real» en el entendimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que plantea esta cuestión y descartar su relevancia como fundamento del fallo. Lo que no puede, a mi juicio, es prescindir de ella. No quiere decirse con ello, ni mucho menos, que la respuesta ofrecida por la sentencia no sea útil para la resolución del litigio del que dimana la cuestión. Se trata solo de advertir que se echa en falta una respuesta explícita a este concreto planteamiento efectuado por el órgano judicial con base en el principio de no confiscatoriedad (art. 31.1 CE), que es lo que dicho órgano demandaba de este tribunal, de acuerdo con el artículo 163 de la Constitución. 3. Irrazonabilidad del método de determinación de la base imponible del impuesto. Comparto con la mayoría la tesis central de la sentencia, según la cual el principio constitucional de capacidad económica plasmado en el art. 31.1 CE es aplicable no solo al conjunto del sistema tributario y a sus pilares estructurales, sino a todos los tributos, entre los que se encuentra este impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. La idea de capacidad económica como medida de la imposición, como se expone en el fundamento jurídico 4 de la sentencia, ha estado presente en la doctrina constitucional desde los primeros tiempos. A partir de esta premisa, es consecuencia inmediata el reconocimiento, también de acuerdo con la mayoría, de que la adecuación de cada tributo a la capacidad económica del contribuyente es una cuestión de grado, de intensidad, en función de su categoría y caracteres (naturaleza, estructura y hecho imponible del mismo), y puede ceder con base constitucional en una justificación objetiva y razonable. A mi juicio, el fundamento jurídico 4 de la sentencia desarrolla con solidez la idea del principio de capacidad económica como «criterio, parámetro o medida de la tributación». Una vez sentado que el presupuesto de hecho del tributo debe ser, siempre y en todo caso, un índice de capacidad económica real o potencial, admite que el legislador dispone de un amplio margen para modular la intensidad con que ha de regir este principio en la configuración de cada tributo y de las obligaciones accesorias, con fundamento en la preeminencia a otros valores o principios. Entre ellos se alude al establecimiento de exenciones y bonificaciones, a motivos de política económica o social, para atender al mínimo de subsistencia, razones de técnica tributaria, lucha contra el fraude fiscal, e incluso «practicabilidad» o conveniencia administrativa. El fundamento jurídico quinto de la sentencia aborda la tarea de aplicar los criterios anteriores a la regla de cuantificación de la base imponible del IIVTNU. En su apartado A), en que se describe, también acertadamente, el sistema legal, se introduce una afirmación que creo preciso destacar en cuanto será la base del argumento desarrollado posteriormente respecto del que discrepo. Dice: «[…] la presunción de que el suelo urbano se revaloriza anualmente (y aumenta en función de los años de tenencia) es únicamente la ratio legis de la regla de valoración ahora enjuiciada y no la regla de valoración en sí; presunción vulgar (que no jurídica) que venía respaldada por la realidad económica del tiempo en que se promulgó este sistema objetivo de medición (art. 108 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales)». Tras reiterarse, bajo el siguiente epígrafe del fundamento jurídico quinto, el enunciado del canon constitucional aplicable, el apartado C) de este mismo fundamento concluye señalando, acertadamente también, a mi juicio, que la finalidad de las reglas legales examinadas es «proporcionar un instrumento simplificado de cálculo que facilite la aplicación del impuesto», lo que se extrae de la exposición de motivos de la Ley 39/1988. En definitiva, reducir «costes de gestión y de litigiosidad» («practicabilidad administrativa»). Finalmente, en el último aparado –el D)– de este fundamento jurídico quinto, se indica que el fin de simplificación o practicabilidad solo justificaría ese método estimativo de la base imponible, apartándose así del principio de capacidad económica, en dos situaciones: (i) si no fuera el método único, «permitiéndose legalmente las estimaciones directas del incremento de valor»; (ii) si gravara incrementos medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o «presumiblemente se produce[n] con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana». Lo primero ya ha sido negado en el apartado A): el método es único e imperativo, sin alternativa posible. Lo segundo, continúa razonando la sentencia, es algo desmentido por la «crisis económica». Del discurso, el argumento final que gira sobre la denominada crisis económica, resulta, a mi juicio, insatisfactorio. Puede aceptarse que dicha situación, que no niego, ha dado visibilidad a la inconstitucionalidad que ahora se declara, pero no que sea la causa de la misma por los siguientes razonamientos: a) En primer lugar, porque la constitucionalidad de la ley no puede pender de la situación coyuntural. La razonabilidad del método de determinación de la base imponible no puede hallarse –no solo, al menos– en una circunstancia externa como esta, relativa a la situación económica general en España. b) En segundo lugar, porque no se puede asegurar la certeza del hecho de que el suelo urbano –todo el suelo urbano– aumente indefinidamente de valor, con o sin crisis económica, con o sin acciones de implantación, mejora y conservación de infraestructuras y servicios. No hay duda de que otros fenómenos ajenos a la crisis económica apuntada, entre los que se encuentra la despoblación de las zonas rurales, pueden tener una importante incidencia en la misma dirección. c) Finalmente, conviene recordar que el impuesto grava «rentas potenciales», de modo que las fluctuaciones del mercado –los precios de los inmuebles, a los que afecta principalmente la situación económica– inciden más bien en los impuestos indirectos en que recae la plusvalía real (IRPF e impuesto sobre sociedades). El grave problema de la configuración de este impuesto reside, precisamente, en el tratamiento del suelo urbano en España como un todo, como una categoría única, sin atender a sus singularidades, al municipio y zona en que se halla. Podría decirse que no existe «un terreno urbano» sino una pluralidad de terrenos urbanos, cada uno con sus propias características en cuanto a localización geográfica, accesos, infraestructuras y servicios. Es cierto que el valor catastral de cada finca encierra sus singularidades, pero también lo es que de ese concreto valor no es posible inferir su variación en el tiempo y menos aún medir atinadamente un presunto incremento. El método para cuantificar la variación del valor parte de una premisa inaceptable: que todo el suelo urbano aumenta de valor y lo hace linealmente en todo el territorio en que se aplica este impuesto. Bastaría con afirmar que este tratamiento unificado –igualitario– del suelo urbano no es razonable. No lo es, ni lo ha sido nunca, con independencia de la situación económica general del país. Para completar el razonamiento final contenido en la sentencia, existe, en mi opinión, otro elemento relevante. La sentencia sostiene –FJ 3– que el tradicional fundamento de este impuesto en el gravamen de las plusvalías generadas por las actuaciones urbanísticas ex art. 47 CE no constituye, «al menos no en exclusiva», la causa o justificación del mismo en su actual configuración. Sin embargo, aunque puede admitirse que este no sea el único fundamento del tributo en su configuración legal vigente, no debe prescindirse del mismo. Este factor, además de estar presente en su origen histórico, es el que conecta el impuesto con el municipio –con el «circulo de sus intereses», en los términos del art. 2 de la Ley de bases de régimen local–, entidad urbanística actuante y que asume la mayor parte de los costes de infraestructuras y servicios, así como de su mejora y conservación. La disociación del valor del suelo y del valor de la edificación, punto de partida de este impuesto, que solo grava el incremento del valor del suelo, apunta en la misma dirección. No se trata de una imposición exclusivamente sobre la parte de incremento de valor del suelo atribuible causalmente a la «acción urbanística» en una determinada franja temporal, pues la ley no discrimina la fuente. Lo que se estima adecuado, por resultar coherente con el fundamento de este impuesto, es que, para determinar ese «incremento» –la base imponible–, no puede prescindirse, como se decía, de las características de cada terreno desde una perspectiva dinámica, entre las que cobran una posición central las acciones municipales de creación, mejora y conservación de infraestructuras y servicios. Es la absoluta desatención hacia esas singularidades, las que cada concreta porción de suelo presenta a lo largo del periodo de tiempo considerado, lo que hace que el método legal, único e imperativo, de delimitación de la base imponible no sea razonable y, por ende, no esté justificada constitucionalmente la falta de conexión entre el hecho imponible y la base imponible, infringiéndose, por ello, el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE). Las anteriores consideraciones hubieran propiciado, en mi opinión, una mayor comprensión de los criterios básicos aplicables en la cuestión planteada y, en este sentido, emito el voto concurrente. Madrid, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, al que se adhiere la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, a la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020 Con el mayor respeto a la opinión de la mayoría de los magistrados, formulamos nuestra discrepancia con la argumentación contenida en la sentencia y, por este motivo, con el fallo estimatorio de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, por las razones expresadas en la deliberación y que ahora, de forma más sintética, reiteramos. 1. Modificación del criterio unánime precedente (overruling). El ineludible punto de partida de esta discrepancia obliga a poner de manifiesto que la presente sentencia es la última en el tiempo de una serie de pronunciamientos del Pleno de este tribunal en los que, desde la STC 26/2017, de 16 febrero, ha venido declarando de forma unánime la conformidad a la Constitución de la exigencia del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (en adelante IIVTNU) salvo en aquellas situaciones concretas en las que resultaban gravadas capacidades económicas inexistentes (STC 59/2017, de 11 de mayo) o parcialmente inexistentes (STC 126/2019, de 31 de octubre). Unánime fue en ambos casos la premisa de partida de estos precedentes según los cuales el IIVTNU no es «con carácter general, contrario al texto constitucional, en su configuración actual», dado que «la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación» es tarea que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, siendo por ello «plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto» (STC 126/2019, de 31 de octubre, FJ 3). Pues bien, la sentencia de la que discrepamos llega mayoritariamente a la conclusión contraria. Deja de ser «plenamente válida» aquella opción de tributación mediante el sistema de estimación objetiva elegida por el legislador y de ser constitucionalmente admisible utilizarla «en lugar de» la estimación directa. La inconstitucionalidad y nulidad del sistema de determinación de la base imponible se declara argumentando que «el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, estar al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE)» [FJ 5 D)]. No nos cabe duda de que el Pleno goza de libertad para separarse de su doctrina anterior, llevando a cabo el overruling que acabamos de exponer, pero en nuestra opinión no era este el caso ni el momento propicio para hacerlo, porque no nos encontramos ante una nueva realidad social o jurídica que propiciase la oportunidad de tal cambio, dado el escaso tiempo trascurrido desde la publicación del último pronunciamiento de la serie (la STC 126/2019, de 31 de octubre), teniendo además en consideración la ausencia de unanimidad en la adopción de este cambio de criterio tan recientemente adoptado con la participación de todos los magistrados que integran la mayoría favorable a la estimación de la cuestión planteada. Consideramos, además, que debiéramos haber tomado en consideración la importantísima repercusión económica que esta decisión va a causar en los miles de municipios que están a punto de aprobar sus presupuestos para el año próximo; todo ello en una situación social y económicamente tan delicada como la actual. En nuestra opinión, los criterios fijados hasta la fecha por el Pleno en los precedentes citados permitían abordar y construir la solución del caso que ha dado lugar a la cuestión de inconstitucionalidad resuelta en sentido estimatorio. Entendemos asimismo que, cuando se acuerda un completo cambio de criterio, máxime si tiene tanto calado como este, ha de responder a una especial justificación. Sin embargo, no encontramos ese motivo en los fundamentos jurídicos de la sentencia, pues no va más allá de insistir en la «realidad del mercado inmobiliario y la crisis económica», algo coyuntural y transitorio, que ya se había producido en 2017 cuando se dictó la primera sentencia de la serie, siendo incluso entonces más grave y evidente que en la situación actual, cuando los indicadores económicos apuntan, en este aspecto, hacia una senda de normalización. Una razón adicional que no podemos dejar de apuntar, por la que el tribunal en nuestra opinión no debió entrar a analizar la constitucionalidad de un método de cálculo que ya había sido declarado conforme con la Constitución, es que el auto de planteamiento ni siquiera cuestiona el mismo, sino que vierte sus dudas sobre si el impuesto pudiera suponer una «carga fiscal excesiva» o «exagerada» hasta el punto de infringir la prohibición de confiscatoriedad establecida en el art. 31.1 CE. Así lo señalan en sus escritos de alegaciones tanto el abogado del Estado, como el Ministerio Fiscal, razón por la cual nada alegaron en relación con el aspecto nuclear sobre el que se centra la sentencia: la constitucionalidad del método de determinación de la base imponible mediante el sistema de estimación objetiva. La decisión de la mayoría no examina si se cumplió con la prohibición constitucional según la cual el sistema tributario no puede tener alcance confiscatorio, sino que, a nuestro entender, reorienta el problema constitucional que suscita el órgano judicial para terminar encuadrándolo en la forma de determinar la base imponible y su adecuación con el principio de capacidad económica, en cuanto criterio o parámetro de imposición. Así, a lo largo de la fundamentación jurídica se va produciendo una mutación en el contenido de la cuestión que se plantea que deja sin respuesta lo que objetivamente planteó el órgano judicial. 2. Desconexión con el hecho imponible del IIVTNU y ausencia de un análisis del contenido de los artículos que regulan la base imponible. Según la literalidad de los apartados 107.1, 107.2 a) y 107.4 TRLHL declarados inconstitucionales, la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, que se cuantifica partiendo del valor de los mismos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), esto es, el valor catastral del suelo. Resulta preciso concretar los hechos acaecidos en el supuesto que ha provocado este cambio de criterio. En 2004 se adquirió, mediante escritura pública de compraventa, por un precio de 781 315,74 euros una vivienda unifamiliar (de 318 m2) en la Costa del Sol, en el término municipal de Benalmádena (Málaga). Nueve años después, en 2013 se produjo su transmisión a través de una aportación no dineraria del citado inmueble para la constitución de una sociedad limitada. Las partes (socio y sociedad) establecieron un valor de la aportación del inmueble de 900 000 euros. Tomando como referencia la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión (de la totalidad del inmueble, esto es, del suelo más la edificación realizada en él) se generó una ganancia patrimonial bruta de 118 684,26 euros. Ni en la escritura pública de adquisición ni en la de transmisión se discriminó qué parte del valor de aportación correspondía al suelo y cuál al inmueble construido. Sin embargo, el valor catastral del terreno a efectos del IBI sí había experimentado un importante incremento, como consecuencia natural del incremento del valor del suelo en la zona de la Costa del Sol, donde se sitúa la finca objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad. Aplicando la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Benalmádena, que estableció los porcentajes máximos del art. 107.4 TRLHL, resultó una cuota tributaria de 70 006,19 euros. Por tanto, hubo un evidente incremento de valor del suelo, que se había visto reflejado en el incremento del valor catastral del terreno, de lo que se deduce que se habría producido una depreciación de la construcción, o que el valor fijado para la aportación de la finca no respondía necesariamente a su efectivo valor de mercado. La sentencia justifica la novedad del caso enjuiciado señalando que «se trata aquí de supuestos en los que el incremento de valor, que existe, es inferior al calculado ope legis como base imponible, y la cuota tributaria consume, sin agotar, una parte significativa de ese incremento real, por lo que la duda de constitucionalidad que suscita el auto de planteamiento en relación con estos artículos sigue vigente» (FJ 2). En su razonamiento compara el incremento de valor «real», que sería el resultante de la diferencia entre los precios de adquisición y transmisión (aportación, en este caso) con el «legal», el establecido por el art. 107 TRLHL, teniendo en consideración que este último es el resultado de una fórmula estimativa de aplicación obligatoria. Pero lo cierto es que no sabemos cuál fue el incremento real de valor del terreno, sino únicamente el que se determinó por los socios al contabilizar la aportación de la finca a la sociedad, lo que dificulta compararlo con el incremento legal del mismo. Además, el legislador no fijó una regla única, sino que se limitó a establecer los valores máximos que podían ser aprobados por los municipios en sus ordenanzas fiscales, y así lo hizo la ordenanza fiscal reguladora del IIVTNU en Benalmádena. Realmente no encontramos en la sentencia un análisis del contenido de los preceptos declarados inconstitucionales que nos permita discernir por qué el método regulado por el legislador no es acorde, en la generalidad de los casos, con el principio de capacidad contributiva. Recordemos que, en el IIVTNU, el hecho imponible, esto es «el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo» ex art. 20 LGT, es «el incremento de valor que experimenten los terrenos urbanos», y, dado que la base imponible es la cuantificación del hecho imponible, el precepto cuestionado (art. 107.1 TRLHL) lo que mide o cuantifica es precisamente el incremento de valor del suelo, para lo cual utiliza como parámetro el valor que se haya dado al terreno en el IBI, es decir, el valor catastral del suelo. Pero, aunque no estuviéramos de acuerdo con la corrección de la fórmula estimativa que emplea el legislador (en síntesis, el valor catastral del suelo multiplicado por los coeficientes legales), lo cierto es que el incremento «efectivo» o «real» de valor del suelo tampoco resultaría correctamente cuantificado de forma directa mediante la diferencia entre los precios de transmisión y adquisición de la totalidad del inmueble. No olvidemos que la pretensión del legislador no ha sido gravar la ganancia patrimonial efectivamente obtenida, como sucede en el IRPF, pues ni el hecho ni la base imponible hacen referencia a otra cosa diferente que al incremento de valor del terreno o del suelo, sobre el que en este caso se edificó un inmueble. No encontramos en la sentencia un razonamiento suficiente sobre si es adecuado acudir al valor catastral del suelo como parámetro posible para medir la base imponible. Es algo que no debería suscitar duda alguna sobre su corrección pues, como hemos reiterado, ya se utiliza como criterio básico en otro impuesto, el IBI. Además, se trata de un valor que resulta conocido por el sujeto pasivo durante todo el periodo de tenencia del bien transmitido, que no puede superar el valor de mercado, y que siempre puede ser impugnado en caso de disconformidad con el mismo. No ofreciendo dudas la primera parte de la fórmula legal de determinación, entendemos que sería entonces la segunda parte, los índices correctores del art. 107.4 TRLHL, la causante de la inconstitucionalidad del sistema de cálculo. Sucede que la sentencia tampoco lleva a cabo un análisis del contenido de este precepto, que en nuestra opinión va más allá de su posición como componente de una fórmula matemática que pudiera llegar a ser incorrecta. Basta observar su redacción para concluir que no resulta posible utilizar el criterio que se emplea para declarar la inconstitucionalidad del sistema de determinación de la base. Así, este precepto establece que sobre el valor del terreno en el momento del devengo –el catastral– «se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquel pueda exceder de los límites siguientes […]». Se trata de un precepto que establece los coeficientes máximos anuales que pueden aplicar los municipios ejerciendo su potestad tributaria normativa. Precisamente fueron esos coeficientes máximos permitidos los utilizados por la ordenanza fiscal de Benalmádena en su ámbito de aplicación. Bastaría haber tomado una muestra de diferentes ordenanzas fiscales para comprobar que no es esto lo que sucede en un gran número de municipios que aprueban coeficientes más reducidos, de modo que no se produciría el desajuste entre el incremento de valor real y el calculado mediante las reglas de la ordenanza fiscal. 3. La nueva doctrina que se establece respecto de la estimación objetiva. Aun compartiendo el fundamento de la nueva doctrina sobre el sistema de estimación objetiva entiendo que, dada la relevancia que puede llegar a tener en sucesivos pronunciamientos sobre la materia, deberían haberse matizado algunos aspectos. Las fórmulas de estimación objetiva no prescinden de la capacidad económica, sino que tan solo la calculan de otra forma. No determinan la base imponible con precisión, sino que la estiman de la forma más aproximada posible a la realidad, utilizando para ello diferentes índices de riqueza estrechamente vinculados al hecho imponible que pretenden cuantificar. Su pretensión no es llegar al mismo resultado por diferente camino, sin que ello sea óbice para ser considerada una fórmula alternativa constitucionalmente legítima. La clave de su corrección reside en determinar si la diferencia que arrojan los dos métodos se enmarca dentro de los límites de tolerancia. Pero, en todo caso, la comparación que debemos realizar para examinar la constitucionalidad del sistema no se debería hacer partiendo de los datos de un único caso concreto, el del proceso a quo, y extrapolando el resultado a la generalidad de los casos en los que las normas declaradas inconstitucionales habían de ser aplicadas. Dado que lo examinado es un sistema de determinación de la base imponible, los criterios de justicia tributaria deberán cumplirse para la mayoría de los casos, aun cuando en casos puntales pudieran producirse desajustes susceptibles de impugnación. No se puede olvidar que el sistema de estimación objetiva del IIVTNU declarado inconstitucional ha venido siendo aplicado durante décadas, porque se trata de un método simple, de fácil gestión, cuyo coste es previsible y su cuantía no resultaba excesiva. Y debería también tenerse en cuenta que el mismo continúa siendo favorable para muchos contribuyentes, de modo que al menos para este grupo, no se plantearía su incompatibilidad con el principio de capacidad contributiva. En este sentido, la sentencia afirma que no son «excepcionales o 'patológicos' los supuestos en los que el efectivo incremento de valor sea de importe inferior –con frecuencia, incluso, notablemente inferior, como en el supuesto aquí enjuiciado– al incremento calculado ex art. 107 TRLHL» [FJ 5 D)]. Desconocemos qué datos se han tomado como referencia para sustentar esta afirmación, pero lo cierto es que hay numerosas ocasiones en las que el incremento de valor del terreno se produce de forma evidente. Entre ellos podemos citar, por ejemplo, el gran número de adquisiciones de inmuebles mortis causa, que habitualmente se producen después de un largo periodo de generación, así como los supuestos de transmisión inter vivos de terrenos que se hayan visto revalorizados por diferentes motivos, entre los que merecen una mención especial las acciones urbanísticas del ente local, o la ubicación del inmueble en una zona de relevante crecimiento urbanístico, como sucede en el caso actual. La sentencia en ningún momento advierte que el impuesto también grava los incrementos de valor de los terrenos que se producen con ocasión de las adquisiciones mortis causa de inmuebles, que han venido constituyendo aproximadamente la mitad de los hechos imponibles que se realizan, y que sin duda en estos años de pandemia han superado las cifras. Las plusvalías que se generan por este motivo, a diferencia de lo que sucede con las adquisiciones inter vivos, no se gravan en el IRPF, sino en el impuesto sobre sucesiones que, recordemos, está altamente bonificado en algunas comunidades autónomas cuando se trata de transmisiones que se producen dentro del ámbito familiar. 4. La coyuntura del mercado inmobiliario como criterio determinante de la inconstitucionalidad. Discrepamos del razonamiento que hace depender la constitucionalidad del método de determinación de la base imponible de una situación económica coyuntural cuya incidencia no resulta exhaustivamente analizada. La opinión de la mayoría concede una relevancia excesiva a la situación de crisis económica e inmobiliaria, hasta el punto de afirmar que es la realidad económica la que «ha destruido la antes referida presunción de revalorización anual de los terrenos urbanos» [FJ 5 D)]. No cabe duda de que durante los años en que se produjo el denominado «estallido de la burbuja inmobiliaria», fue cuando se desencadenó la crisis del impuesto debido a que se incrementaron los casos en los que se sometían a gravamen capacidades económicas inexistentes o parcialmente inexistentes; pero este efecto del sistema de estimación objetiva ya fue corregido en las SSTC 59/2017 y 126/2019. Lo que ahora se examina es la adecuación del sistema de determinación de la base imponible con el principio de capacidad económica en las restantes situaciones en las que sí se produce un incremento de valor del suelo. Desciende la sentencia sobre este aspecto porque es lo que le permite constatar el cumplimiento del segundo requisito para que sea posible acudir al sistema de estimación de bases, si se gravan incrementos medios presuntos, y concluir [FJ 5 D)] que mantener el sistema es ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica, lo que vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición. Pero ni esto es lo que sucede en el proceso a quo, en el cual no solo se declara una ganancia patrimonial, sino que además se incrementó claramente el valor catastral del suelo, ni tampoco puede afirmarse sin más que sea la situación actual del mercado inmobiliario en el que, según afirma la prensa especializada, se ha iniciado una reactivación del sector. Pero lo más importante es que no puede hacerse depender la constitucionalidad de la base imponible, de una forma tan contundente, de una situación coyuntural como es la del mercado inmobiliario. Lo que sí cabría reprochar al ente local, en este caso al Ayuntamiento de Benalmádena, es que no adaptase su ordenanza fiscal a la situación del mercado inmobiliario utilizando los coeficientes del art. 107.4 TRLHL. Algo similar podemos decir del legislador estatal, que tampoco hizo uso de la facultad que le otorga el mismo precepto cuando señala que «[l]os porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las leyes de presupuestos generales del Estado». Aunque sobre la injustificable pasividad del legislador ya se pronuncia con acierto la sentencia. 5. Sobre la vinculación del IIVTNU con las acciones urbanísticas. Tampoco compartimos el cambio de criterio que se lleva a cabo en el FJ 3 en relación con el fundamento del tributo que afirmó la STC 26/2017. De la sentencia puede deducirse que el impuesto local ha dejado de tener como fundamento las plusvalías generadas por las actuaciones urbanísticas públicas, desvinculándose así del contenido del art. 47 CE. Dado que la actual configuración del tributo no ha cambiado desde que se pronunció la STC 26/2017, no encontramos razón alguna que justifique afirmar que haya mutado el fundamento que se encuentra en el origen del impuesto. Si entonces este tribunal entendió de forma unánime que el tributo respondía no solo a las plusvalías originadas por el paso del tiempo sino también a las producidas por la acción urbanística, cabe entender que la fórmula de cálculo estimativa también integra estas plusvalías en la base imponible, de las que se ha visto beneficiado el propietario del inmueble durante el periodo de tenencia del bien, aunque no se sometan a tributación hasta su transmisión a tercero. No cabe duda de que el incremento de valor del suelo urbano producido con el paso del tiempo responde en gran medida a la acción urbanística llevada a cabo por el ente local, pero de nuevo la opinión mayoritaria parece también obviar en este punto que lo gravado es únicamente el incremento de valor del suelo urbano. 6. El precepto cuestionado forma parte de la Ley reguladora de las haciendas locales. La sentencia no toma en suficiente consideración que lo cuestionado es una ley que regula el sistema de financiación de los municipios. El IIVTNU se configura como un impuesto de establecimiento potestativo, que solo podrá exigirse si previamente ha sido regulado mediante la ordenanza fiscal aprobada por cada municipio. En los preceptos cuestionados, el legislador regula los elementos cuantitativos que como máximo podrán utilizar los entes locales. No se fijan límites mínimos precisamente porque es un impuesto potestativo que muchos municipios no han establecido. Entendemos que no era posible examinar la constitucionalidad de la base imponible sin tener en cuenta que los elementos cuantitativos del tributo se regulan en la ley solo en su límite máximo, por lo que la base imponible y la cuota varía en cada municipio. Probablemente la cuestión de inconstitucionalidad carecería de toda relevancia y fundamento si el hecho imponible se hubiera realizado en otro municipio con otros coeficientes más reducidos que también tienen cabida en el 107.4 TRLHL. No olvidemos que lo que plantea el órgano judicial es la desproporción de la cuota que se exigió en relación con la ganancia patrimonial efectivamente obtenida con la venta del terreno y el inmueble en él edificado; análisis que solo es posible hacer atendiendo al contenido de la concreta ordenanza fiscal aplicada. 7. Sobre la extensión de efectos del fundamento de la declaración de inconstitucionalidad. Finalmente creo preciso advertir que la sentencia nada dice sobre los efectos que tiene la doctrina que elabora sobre las bases imponibles que no se examinan en la misma, es decir, los supuestos b), c) y d) del art. 107.2 TRLHL, que se calculan también por el método de estimación objetiva. Aunque entiendo que asimismo devendrían inaplicables con la declaración de nulidad que se lleva a cabo, debería haberse aclarado este extremo para generar una mayor seguridad jurídica. Por todo lo expuesto entendemos, con todo respeto a la opinión de la mayoría, que no debió declararse la inconstitucionalidad y nulidad de la norma cuestionada. Provoca un vacío normativo innecesario y desequilibrado que beneficiará a quienes, aun habiendo obtenido importantes plusvalías, no se verán obligados a pagar el impuesto, a pesar de que el gravamen pudiera llegar a ser inferior al que resultaría de haber sido gravados atendiendo a la plusvalía efectivamente obtenida. Tampoco se van a ver favorecidos los que pagaron el impuesto sin presentar reclamación ni rectificación de autoliquidación alguna, atendiendo a la situación de confianza legítima que generaron los anteriores pronunciamientos de este tribunal en los que declaró que el impuesto era conforme con la Constitución en su configuración actual. En nuestra opinión, si como señala la sentencia, la constitucionalidad de la regulación de la base imponible se puede alcanzar articulando un sistema de determinación directa de la base imponible, alternativo al vigente sistema de estimación objetiva, la solución más adecuada debería haber sido no declarar la nulidad de la norma reguladora de la base, sino dar un plazo al legislador para regular el sistema alternativo, de aplicación retroactiva, que hubiera permitido pedir la devolución del IIVTNU en todos aquellos casos en los que la cantidad abonada no se adecuase a la plusvalía del terreno efectivamente obtenida. Y en este sentido, con el máximo respeto a la opinión mayoritaria, emitimos el presente voto particular. Madrid, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.

Sentencia sobre la plusvalía municipal: No se revisarán los pagos de este impuesto ya firmes ni las liquidaciones que no se impugnaron antes de la firma.

ECLI:ES:TC:2021:182 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla –sede en Málaga–, respecto de los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por posible vulneración del art. 31.1 CE. Han comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y la fiscal general del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho. I. Antecedentes 1. El día 18 de septiembre de 2020 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal Constitucional un escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla –sede en Málaga– (recurso núm. 749-2016), al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el auto de 28 de julio de 2020 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLHL), por presunta vulneración del principio de no confiscatoriedad (art. 31.1 CE). 2. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) La entidad mercantil Tean y Tetoan, S.L., adquirió el 6 de febrero de 2004 una finca en el término municipal de Benalmádena (Málaga) por un precio en escritura pública de 781 315,74 euros, siendo transmitida el 2 de mayo de 2013 al tiempo de la constitución de la entidad Servicios Proactis, S.L., como aportación a su capital por un valor en escritura pública de 900 000 euros. b) Como consecuencia de la citada aportación, con fecha de 18 de septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Benalmádena giró a la entidad transmitente una liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (en adelante, IIVTNU) por una cuota tributaria de 70 006,19 euros. La base imponible se calculó aplicando al valor catastral del suelo al momento de la transmisión (808 152,33 euros) el porcentaje establecido por el ayuntamiento derivado de la aplicación de las normas de valoración previstas en el art. 107.4 TRLHL [del 31,5 por 100, a razón de un 3,5 por 100 por cada uno de los nueve años completos de permanencia del bien en el patrimonio del sujeto pasivo (de 2004 a 2013)]; base imponible de 254 567,98 euros sobre la que se aplicó el tipo de gravamen del 27,50 por 100 fijado en la correspondiente ordenanza municipal, dando lugar a la ya referida cuota tributaria de 70 006,19 euros. Asimismo, se le aplicó una sanción de 7000,62 euros y un recargo del 5 por 100 a ambas cantidades (cuota tributaria más sanción) de 3850,34 euros, por lo que la cantidad total a pagar ascendió finalmente a 80 857,15 euros. c) El 29 de noviembre de 2013 la parte actora interpuso recurso de reposición contra la referida liquidación administrativa solicitando su anulación: (i) por desproporción entre la cantidad liquidada y el valor real, al no haber existido incremento real del valor del terreno, y (ii) por exención de gravamen de la operación societaria realizada. Dicho recurso fue desestimado mediante resolución de la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Benalmádena de 9 de diciembre de 2014 al no haberse acreditado: (i) la inexistencia de incremento de valor del terreno, (ii) el ejercicio de una actividad económica de los aportantes a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), (iii) la aportación de los bienes a la actividad, o (iv) la llevanza de una contabilidad conforme al Código de comercio. d) Contra la anterior resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga (procedimiento ordinario núm. 104-2015) que, por sentencia núm. 766/2015, de 29 de octubre, estimó parcialmente, anulando la sanción y la parte correspondiente del recargo a ella aplicado. e) Promovido recurso de apelación (núm. 749-2016) contra la anterior sentencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, una vez tramitado y concluso el correspondiente procedimiento, mediante providencia de 12 de diciembre de 2019, con suspensión del término para dictar sentencia, se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 107.1, 107.2 a) y 107.4 TRLHL dada su posible oposición a los principios de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad (art. 31.1 CE). f) Evacuado el trámite de alegaciones conferido, tanto la recurrente en el proceso a quo, mediante escrito registrado el día 8 de enero de 2020, como el Ministerio Fiscal, por informe de 14 de enero de 2020, manifestaron su conformidad al planteamiento de la cuest ### RESUMEN: Sentencia sobre la plusvalía municipal: No se revisarán los pagos de este impuesto ya firmes ni las liquidaciones que no se impugnaron antes de la firma.

La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, establece el marco general de acción del Estado en el Exterior, regulando asimismo el Servicio Exterior. Sus artículos 22 y 23 se refieren, respectivamente, a la acción exterior en materia de empleo y Seguridad Social, así como de emigración e inmigración. Igualmente, sus artículos 42.6, 45.3, 45.5 y 47.3 establecen el funcionamiento de las Consejerías y Agregadurías sectoriales, así como de otros órganos técnicos especializados, además del procedimiento para su creación o supresión. En esta misma Ley 2/2014, de 25 de marzo, se incide, cuando se refiere a la Organización del Servicio Exterior del Estado, en particular en los artículos 41.1 y 45.1.c), en que se integran en la Misión Diplomática las unidades administrativas y medios humanos que actúan en el exterior pertenecientes a los distintos departamentos ministeriales. La Administración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el exterior está constituida actualmente por las Consejerías y las Secciones de Empleo y Seguridad Social. Las Consejerías de Empleo y Seguridad Social se regían hasta el momento por el Real Decreto 904/2003, de 11 de julio, por el que se regula la Administración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el exterior, mientras que las Secciones lo hacían hasta ahora mediante el Real Decreto 426/1993, de 26 de marzo, por el que se regulan las Secciones de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de las Oficinas Consulares. Ello ha provocado que, a día de hoy, convivan Secciones y Consejerías que en puridad carecen de una norma común de referencia. Así, el citado Real Decreto 426/1993, de 26 de marzo, autorizó la creación de las Secciones de Asuntos Laborales y de Seguridad Social como unidades integradas orgánicamente en las Oficinas Consulares, sin perjuicio de su dependencia funcional del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En aplicación de este real decreto, y mediante Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 12 de mayo de 1994, se suprimieron 37 Oficinas Laborales hasta entonces existentes y se crearon 31 Secciones Laborales, de Seguridad Social y de Asuntos Sociales, dependientes de las respectivas Oficinas Consulares. Mediante órdenes posteriores este número se incrementó hasta 34. Pese a las previsiones de la normativa citada, las respectivas relaciones de puestos de trabajo nunca llegaron a integrarse en las Oficinas Consulares, por lo que la pretendida integración tampoco llegó a completarse. Cuando en el año 2003 se aprueba el real decreto que regula la Administración del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el exterior, se pone claramente de manifiesto la disfunción que supone la existencia de estas Secciones, que se desenvuelven en el ámbito de las Oficinas Consulares, pero pertenecen a la estructura de la respectiva Consejería, que es la unidad que el Ministerio consideró idónea para su presencia en el exterior. Sin embargo, sólo de manera tímida se produce la integración formal de las plantillas de las Secciones en las respectivas Consejerías, y mediante Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 15 de junio de 2004, se integran las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas Laborales de Países Bajos, Reino Unido y Bélgica en sus correspondientes Consejerías. La necesidad de dar un nuevo impulso a la acción internacional en los ámbitos de la política de empleo y Seguridad Social, y también de emigración e inmigración, requiere la adopción de un nuevo real decreto que unifique y actualice en una sola norma el funcionamiento de las Consejerías. Todo ello sin olvidar la necesaria búsqueda de la eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos. La dotación de una estructura más flexible a las Consejerías, que formalmente no contarán con Secciones, facilita su adecuación y adaptación a las circunstancias concretas del colectivo de ciudadanos en el territorio de acreditación. Ello revertirá en una mayor capacidad de reacción y respuesta a sus demandas, manteniendo la calidad en la atención prestada. De este modo, se logra una estructura más racional y acorde de todas las Consejerías, junto con una mayor clarificación organizativa, al tiempo que mejora la calidad del servicio público que prestan a los ciudadanos en un entorno de creciente movilidad. Ello permite que las Consejerías adecuen su dimensión organizativa a un público diverso y cambiante, concentrando la atención allí dónde se identifican las necesidades, teniendo en cuenta que los movimientos migratorios de la población española se han intensificado en los últimos años, debido a la crisis económica, predominando un perfil con mayor cualificación. Durante su vida laboral en el exterior es preciso informar y atender a nuestros migrantes para garantizar una adecuada protección de sus derechos sociolaborales. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha realizado una auditoría de gestión de las Consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa. Entre las observaciones planteadas, destaca la relativa a la relación entre Consejerías y Secciones con la necesidad de aclarar la dependencia entre las mismas. Con este real decreto se da respuesta definitiva a dicha cuestión, al suprimir todas las Secciones de Empleo y Seguridad Social, cuyas funciones son asumidas por las Consejerías de Empleo y Seguridad Social como los únicos órganos técnicos especializados del Ministerio en el exterior. Otra de las cuestiones planteadas por dicho organismo ponía el acento en la necesidad de dotar a las Consejerías de una planificación homogénea. A partir de ahora, se generaliza la planificación operativa de las actuaciones de las Consejerías, que establecerá indicadores de seguimiento y sobre la que se hará una valoración de resultados alcanzados, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las mismas. Este real decreto ha sido informado por el Consejo Ejecutivo de Política Exterior. En su virtud, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, DISPONGO: CAPÍTULO I De las Consejerías de Empleo y Seguridad Social Artículo 1. Denominación y definición. Las Consejerías de Empleo y Seguridad Social son órganos técnicos especializados de las Misiones Diplomáticas y de las Representaciones Permanentes del Reino de España, para el desarrollo de las funciones que, en el marco de las competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, les encomienda la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, y este real decreto. Artículo 2. Dependencia. 1. Las Consejerías de Empleo y Seguridad Social dependen orgánica y funcionalmente de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General Técnica, y mantienen una dependencia jerárquica del Embajador. Corresponderá a la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General Técnica, definir las acciones y programas de actuación, su organización interna y dotación presupuestaria, así como su inspección técnica y control. 2. El seguimiento y coordinación de la actividad de las Consejerías se ejercerá desde la Secretaría General Técnica a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales Sociolaborales, en virtud de lo previsto en el real decreto de estructura correspondiente. La Secretaría General Técnica mantendrá una fluida relación con las Consejerías, especialmente en lo que se refiere al diseño, ejecución y seguimiento de los planes operativos y herramientas de gestión. 3. En el ámbito de la dependencia funcional prevista en el apartado primero, se tendrán en cuenta las funciones que el real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social pudiera atribuir a los distintos órganos directivos del Departamento. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la coordinación reconocida a la Subsecretaría en la materia. Artículo 3. Creación, modificación y supresión. La creación, modificación o supresión de una Consejería de Empleo y Seguridad Social se realizará por real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo informe del titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Las Consejerías de Empleo y Seguridad Social existentes a la entrada en vigor de este real decreto se recogen en la relación que figura en el anexo. Artículo 4. Funciones. 1. La actuación de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social se desarrollará en el marco de los instrumentos de planificación regulados en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, y se sujetará a los principios, directrices, fines y objetivos de la Acción Exterior del Estado en materia de empleo, relaciones laborales, Seguridad Social y emigración e inmigración, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2. Con carácter general, las Consejerías de Empleo y Seguridad Social apoyarán el ejercicio de las funciones correspondientes a los distintos órganos superiores y directivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el ámbito de sus competencias, y en particular desempeñarán las siguientes funciones: a) De carácter institucional: 1.ª Representar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social ejecutando las directrices y actividades que resulten necesarias para tal fin. 2.ª Representar al Jefe de Misión, cuando se le encomiende específicamente. 3.ª Prestar su asesoramiento, asistencia técnica y colaboración a la Jefatura y demás órganos de la Misión Diplomática en las áreas de su competencia. 4.ª Mantener y perfeccionar las relaciones bilaterales entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las autoridades competentes en el ámbito sociolaboral, así como con interlocutores sociales y organizaciones de participación social del país de acreditación. 5.ª Apoyar la realización de actividades de cooperación técnica en el país de acreditación en materias de su competencia. 6.ª Colaborar en el desarrollo de los acuerdos migratorios. b) De carácter informativo: 1.ª Operar como unidad de información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en materias de su competencia, recopilando información sociolaboral y migratoria de instituciones y organizaciones del país de acreditación y facilitando las propias en materias de competencia del Departamento. 2.ª Proporcionar a la ciudadanía española información, y en su caso, asesoramiento en materia de empleo, relaciones laborales, seguridad social y migratoria en el ámbito de sus competencias. 3.ª Fomentar acciones para facilitar a la ciudadanía española la búsqueda de empleo en el país de acreditación. c) De carácter asistencial: Sin perjuicio de las competencias de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, desempeñarán las siguientes funciones: 1.ª Atender a los ciudadanos españoles en el exterior con el fin de facilitar tanto su integración laboral y personal en el país de acogida, como facilitar, cuando sea posible, el regreso a España de aquellos que deseen retornar, adverando si procede la documentación laboral y de seguridad social para su posible toma en consideración por la Administración Española, en orden a la emisión del Certificado de Emigrante Retornado. 2.ª Fortalecer las relaciones con las asociaciones y centros de emigrantes españoles en el extranjero, sobre la base de la cooperación mutua. 3.ª Gestionar las pensiones asistenciales en el extranjero y los programas específicos de atención médico sanitaria a los emigrantes que lo necesiten. 4.ª Participar en la tramitación de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social. 5.ª Informar, difundir y tramitar las solicitudes de los programas de ayudas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en favor de los emigrantes. 6.ª Participar en la gestión de los programas de subvenciones financiadas por el Ministerio y orientadas a los españoles en el exterior para cuya resolución sean competentes. d) Cualquier otra función que les sea encomendada en el marco de sus competencias. 3. Para el desarrollo adecuado de las mencionadas funciones la programación de las actuaciones de cada Consejería quedará reflejada en un plan operativo anual, con indicadores de seguimiento, sobre el que dará cuenta y valoración de cumplimiento, además de emplear cualquier otra herramienta de planificación que resulte adecuada. Artículo 5. Recursos humanos. Para el desempeño de las funciones a que se refiere el artículo 4, las Consejerías de Empleo y Seguridad Social dispondrán del personal contemplado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo para funcionarios y para el personal laboral. Artículo 6. Recursos económicos y presupuestarios. Las Consejerías de Empleo y Seguridad Social estarán dotadas de recursos económicos adecuados destinados a sufragar sus gastos de funcionamiento y de inversión. Dichos recursos serán asignados por la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social en función de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado y serán gestionados de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones que se impartan desde la propia Subsecretaría. Artículo 7. Estructura. En cada Consejería de Empleo y Seguridad Social habrá un Consejero de Empleo y Seguridad Social. También existirá un Secretario General cuando las especiales circunstancias de la Consejería lo hagan necesario. El titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá acreditar a los Consejeros de Empleo y Seguridad Social para el desempeño de sus funciones en otros Estados o ante Organismos Internacionales, en régimen de acreditación multilateral. CAPÍTULO II De los Consejeros de Empleo y Seguridad Social y de los Secretarios Generales Artículo 8. El Consejero de Empleo y Seguridad Social. 1. Al frente de cada Consejería habrá un Consejero de Empleo y Seguridad Social que ostentará la jefatura de la misma. Al Consejero le corresponde ejercer las funciones de dirección, inspección, control de la gestión, supervisión y coordinación de la Consejería. 2. El nombramiento y el cese de los Consejeros corresponden al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, oído el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El nombramiento se producirá por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública. Una vez efectuados los nombramientos, se dará traslado de los mismos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al que corresponde la acreditación ante el Estado o Estados receptores u organización de que se trate. Artículo 9. Requisitos y criterios para la designación de Consejero. 1. La designación para un puesto de Consejero de Empleo y Seguridad Social exigirá el cumplimiento, en el momento de la designación, de los siguientes requisitos: a) Ser funcionario de carrera de alguno de los Cuerpos y Escalas del subgrupo A1 al que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. b) Encontrarse en la fecha de publicación de la convocatoria en alguna de las situaciones administrativas relacionadas en el artículo 85 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 2 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, excluidas la excedencia voluntaria incentivada, la suspensión de funciones y las excedencias voluntarias por interés particular y por agrupación familiar durante sus dos primeros años. c) No haber ocupado un puesto de Consejero de Empleo y Seguridad Social en los tres años anteriores a la fecha de la convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.2. d) Cualquier otro requisito que, en función de la naturaleza y situación del puesto de trabajo, se exija en la convocatoria. 2. Se especificarán en la convocatoria pública de Consejero de Empleo y Seguridad Social los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración de las candidaturas previa a la resolución. Artículo 10. El Secretario General. 1. El Secretario General prestará su apoyo técnico al Consejero de Empleo y Seguridad Social, a quien sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad, y asumirá la coordinación de los diferentes servicios administrativos, especialmente en materia económica y de personal, bajo la dirección del Consejero respectivo. 2. El nombramiento y el cese de los Secretarios Generales corresponde al Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, conforme al procedimiento de libre designación. El nombramiento se producirá previa convocatoria pública, entre funcionarios de carrera de alguno de los Cuerpos y Escalas de los subgrupos A1 o A2, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 11. Permanencia y cese. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en este mismo artículo, el periodo de permanencia del Consejero de Empleo y Seguridad Social y del Secretario General de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social será de un mínimo de tres años y un máximo de cuatro. Previa petición del interesado presentada dentro de los seis últimos meses del plazo máximo, el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social podrá acordar la prórroga en el puesto de trabajo hasta un quinto año, con carácter excepcional. 2. No obstante, y en atención a las necesidades del servicio, el titular de uno de estos puestos podrá ser nombrado para otro puesto de Consejero de Empleo y Seguridad Social o de Secretario General en distinta Consejería de Empleo y Seguridad Social siempre que haya cumplido el periodo mínimo de permanencia previsto en el apartado anterior. En estos casos, el plazo máximo de permanencia continuada entre ambos puestos no podrá superar los ocho años. 3. Excepcionalmente, el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, a solicitud del interesado y por causas debidamente justificadas de carácter personal, podrá dejar sin efecto el periodo mínimo de permanencia en los puestos en el extranjero. 4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este mismo artículo, el personal nombrado por el procedimiento de libre designación a que se refiere este capítulo podrá ser cesado en sus puestos de trabajo con carácter discrecional. Dicho personal cesará igualmente por el transcurso de los plazos máximos previstos en este artículo, teniendo en cuenta las prórrogas que hayan podido concederse. CAPÍTULO III De los Consejeros de Empleo y Seguridad Social de las Representaciones Permanentes Artículo 12. Los Consejeros de Empleo y Seguridad Social de las Representaciones Permanentes. 1. En las Representaciones Permanentes de España ante organizaciones internacionales cuyos objetivos o ámbito de actuación se relacionen con las competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrán existir, bajo la dependencia del Embajador Representante Permanente, y en atención a las necesidades del servicio, los puestos de Consejero de Empleo y Seguridad Social que se estimen necesarios para el desempeño de las funciones de la Representación, de acuerdo con la correspondiente relación de puestos de trabajo. Cuando exista más de un puesto de Consejero se designará entre ellos a un Consejero Coordinador al que estarán subordinados los restantes. 2. Sin perjuicio de la regulación específica de cada Representación Permanente correspondiente, las funciones de los Consejeros de Empleo y Seguridad Social en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, en la Representación Permanente de España ante las Agencias de las Naciones Unidas acreditadas en Ginebra, y ante la Representación Permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, comprenderán, en todo caso, las siguientes: a) Asesoramiento, apoyo y, en su caso, asistencia en las sesiones de los órganos de gobierno en las respectivas instituciones en las cuestiones de competencia del Departamento. b) Asesoramiento, apoyo y, en su caso, participación en las sesiones de comités, grupos de trabajo y grupos específicos de cooperación, sin perjuicio de la participación de expertos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o de otros departamentos en cualquiera de los mencionados organismos, así como el mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones y contactos con los miembros de dichos grupos. c) Elaboración de informes, notas y comunicaciones sobre temas de interés que se aborden en la UE, la OIT o la OCDE. d) Apoyo a los expertos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o de otros departamentos, según el caso, cuando aborden materias relacionadas con las citadas organizaciones que afecten a la competencia del Departamento. Artículo 13. Régimen jurídico. Los Consejeros de Empleo y Seguridad Social de las Representaciones Permanentes de España se regirán por este real decreto en lo referente a su dependencia, nombramiento, permanencia, cese y funciones, sin perjuicio de las peculiaridades que pudieran derivarse de la normativa específica y características de la respectiva representación. CAPÍTULO IV Del régimen del resto del personal destinado en las Consejerías de Empleo y Seguridad Social Artículo 14. Personal funcionario. 1. Los puestos de trabajo que conlleven la realización de funciones administrativas, supongan la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado, así como las que conlleven una especial responsabilidad o labores de coordinación y supervisión de las diferentes áreas funcionales o geográficas de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social, serán desempeñados por personal funcionario. Únicamente podrán ser desempeñados por personal laboral los puestos que impliquen labores auxiliares de carácter instrumental o de apoyo administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 2. Las características de los puestos de trabajo a desempeñar por este personal funcionario serán las determinadas en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. En todo caso solo los puestos de trabajo de especial responsabilidad así previstos en la Relación de Puestos de Trabajo, de acuerdo con la legislación vigente, se proveerán a través del procedimiento de libre designación vigente en el ámbito de la Administración General del Estado, sin perjuicio de las especialidades incluidas en el presente Real Decreto. 3. El periodo de permanencia de los funcionarios en un mismo puesto de trabajo será de un mínimo de dos años y un máximo de cuatro. Previa petición del interesado presentada dentro de los seis últimos meses del plazo máximo, la autoridad competente podrá acordar la prórroga en el puesto de trabajo hasta un quinto año, con carácter excepcional. 4. Ningún funcionario podrá ocupar más de dos puestos de trabajo consecutivos en el exterior, ni permanecer más de ocho años consecutivos sumando el tiempo total de desempeño en ambos puestos, incluidas las posibles prórrogas que se hayan concedido. 5. Los funcionarios destinados a España tras haber agotado el periodo máximo de permanencia previsto en el apartado anterior, no podrán ser destinados a nuevos puestos de trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el exterior sin haber transcurrido previamente un periodo de dos años a contar desde su cese en aquél. Excepcionalmente, por razones justificadas derivadas de las necesidades del servicio, podrá reducirse dicho periodo mínimo. Artículo 15. Personal laboral. 1. El personal laboral con destino en las Consejerías de Empleo y Seguridad Social ocupará los puestos previstos en la correspondiente relación de puestos de trabajo. 2. La selección del personal laboral se efectuará por convocatoria pública en el país de acreditación, mediante sistemas de selección que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad. La contratación será de acuerdo con la legislación laboral de dicho país. 3. Este personal se regirá por lo dispuesto en su contrato de trabajo. Disposición adicional primera. Ausencia de incremento de gasto público. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición adicional segunda. Supresión de Secciones de Empleo y Seguridad Social. Quedan suprimidas las Secciones de Empleo y Seguridad Social, así como las Oficinas Laborales no suprimidas en la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de 12 de mayo de 1994, cuyas funciones son asumidas por las Consejerías de Empleo y Seguridad Social, de las que pasará a depender el personal de aquellas. El personal de la hasta ahora sección de Empleo y Seguridad Social en Países Bajos pasará a depender, a efectos de organización interna y dotación presupuestaria, de la Consejería del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Bélgica. El personal de la hasta ahora sección de Empleo y Seguridad Social en Costa Rica pasará a depender, a efectos de organización interna y dotación presupuestaria, de la Consejería del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en México. Quedan suprimidas las secciones de Empleo y Seguridad Social y las Oficinas Laborales en: Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo, Hannover, Múnich, Stuttgart; Varsovia; Andorra; Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Rosario; Luxemburgo; Lieja; Río de Janeiro, São Paulo; Ottawa, Montreal; San José; La Habana; Burdeos, Estrasburgo, Lyon, Marsella, Montpellier, Pau, Perpiñán, Toulouse; Bucarest; Tánger; La Haya; Manchester; Ginebra, Zúrich, Lausana, Basilea; Bogotá y Santo Domingo. Disposición transitoria primera. Plazos de permanencia. Los plazos de permanencia en las Consejerías de Empleo y Seguridad Social previstos en el artículo 11, así como el plazo establecido en el apartado 1.c) del artículo 9, también serán aplicables a las situaciones iniciadas antes de la entrada en vigor de este real decreto, computándose a efectos de los periodos de permanencia en las Consejerías de Empleo y Seguridad Social la totalidad del tiempo que se haya desempeñado de forma efectiva el actual puesto de trabajo o dos puestos de trabajo consecutivos en las mismas. Disposición transitoria segunda. Personal de secciones extintas. El personal que a la entrada en vigor del presente real decreto viniera prestando servicios en las extintas secciones, mantendrá su residencia en el país de destino de dichas secciones, pasando a tener su dependencia orgánica y funcional de la respectiva Consejería de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de esta norma, todo ello sin perjuicio de futuras modificaciones organizativas que pudieran realizarse. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto y, expresamente, el Real Decreto 426/1993, de 26 de marzo, por el que se regulan las Secciones de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de las Oficinas Consulares, así como el Real Decreto 904/2003, de 11 de julio, por el que se regula la Administración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el exterior. Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 1. Se autoriza al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para desarrollar, en el ámbito de sus competencias, lo previsto en este real decreto. 2. Se autoriza al Subsecretario de Empleo y Seguridad Social para dictar las instrucciones precisas para el funcionamiento de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 20 de noviembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO ANEXO Relación de Consejerías de Empleo y Seguridad Social – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania. Acreditación en Polonia. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica. Acreditación en Luxemburgo. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Canadá. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Chile. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en China. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Cuba. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Dinamarca. Acreditación en Suecia, Finlandia, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Ecuador. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Estados Unidos de América. Acreditación ante la Organización de Estados Americanos. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia. Acreditación ante la OCDE y en Andorra. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Italia. Acreditación en Grecia y Rumanía. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Marruecos. Acreditación en Túnez. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en México. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Perú. Acreditación en Bolivia y Comunidad Andina de Naciones. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Portugal. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Reino Unido. Acreditación en Irlanda. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Senegal. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Suiza. Acreditación en Austria y Liechtenstein. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en la Representación Permanente de España ante las Agencias de Naciones Unidas en Ginebra. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay. Acreditación en Paraguay. – Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela. Acreditación en Colombia y República Dominicana.

Sin requisitos mínimos para ser Consejero de Empleo en el exterior, basta con ser A1 (licenciado).

La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, establece el marco general de acción del Estado en el Exterior, regulando asimismo el Servicio Exterior. Sus artículos 22 y 23 se refieren, respectivamente, a la acción exterior en materia de empleo y Seguridad Social, así como de emigración e inmigración. Igualmente, sus artículos 42.6, 45.3, 45.5 y 47.3 establecen el funcionamiento de las Consejerías y Agregadurías sectoriales, así como de otros órganos técnicos especializados, además del procedimiento para su creación o supresión. En esta misma Ley 2/2014, de 25 de marzo, se incide, cuando se refiere a la Organización del Servicio Exterior del Estado, en particular en los artículos 41.1 y 45.1.c), en que se integran en la Misión Diplomática las unidades administrativas y medios humanos que actúan en el exterior pertenecientes a los distintos departamentos ministeriales. La Administración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el exterior está constituida actualmente por las Consejerías y las Secciones de Empleo y Seguridad Social. Las Consejerías de Empleo y Seguridad Social se regían hasta el momento por el Real Decreto 904/2003, de 11 de julio, por el que se regula la Administración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el exterior, mientras que las Secciones lo hacían hasta ahora mediante el Real Decreto 426/1993, de 26 de marzo, por el que se regulan las Secciones de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de las Oficinas Consulares. Ello ha provocado que, a día de hoy, convivan Secciones y Consejerías que en puridad carecen de una norma común de referencia. Así, el citado Real Decreto 426/1993, de 26 de marzo, autorizó la creación de las Secciones de Asuntos Laborales y de Seguridad Social como unidades integradas orgánicamente en las Oficinas Consulares, sin perjuicio de su dependencia funcional del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En aplicación de este real decreto, y mediante Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 12 de mayo de 1994, se suprimieron 37 Oficinas Laborales hasta entonces existentes y se crearon 31 Secciones Laborales, de Seguridad Social y de Asuntos Sociales, dependientes de las respectivas Oficinas Consulares. Mediante órdenes posteriores este número se incrementó hasta 34. Pese a las previsiones de la normativa citada, las respectivas relaciones de puestos de trabajo nunca llegaron a integrarse en las Oficinas Consulares, por lo que la pretendida integración tampoco llegó a completarse. Cuando en el año 2003 se aprueba el real decreto que regula la Administración del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el exterior, se pone claramente de manifiesto la disfunción que supone la existencia de estas Secciones, que se desenvuelven en el ámbito de las Oficinas Consulares, pero pertenecen a la estructura de la respectiva Consejería, que es la unidad que el Ministerio consideró idónea para su presencia en el exterior. Sin embargo, sólo de manera tímida se produce la integración formal de las plantillas de las Secciones en las respectivas Consejerías, y mediante Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 15 de junio de 2004, se integran las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas Laborales de Países Bajos, Reino Unido y Bélgica en sus correspondientes Consejerías. La necesidad de dar un nuevo impulso a la acción internacional en los ámbitos de la política de empleo y Seguridad Social, y también de emigración e inmigración, requiere la adopción de un nuevo real decreto que unifique y actualice en una sola norma el funcionamiento de las Consejerías. Todo ello sin olvidar la necesaria búsqueda de la eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos. La dotación de una estructura más flexible a las Consejerías, que formalmente no contarán con Secciones, facilita su adecuación y adaptación a las circunstancias concretas del colectivo de ciudadanos en el territorio de acreditación. Ello revertirá en una mayor capacidad de reacción y respuesta a sus demandas, manteniendo la calidad en la atención prestada. De este modo, se logra una estructura más racional y acorde de todas las Consejerías, junto con una mayor clarificación organizativa, al tiempo que mejora la calidad del servicio público que prestan a los ciudadanos en un entorno de creciente movilidad. Ello permite que las Consejerías adecuen su dimensión organizativa a un público diverso y cambiante, concentrando la atención allí dónde se identifican las necesidades, teniendo en cuenta que los movimientos migratorios de la población española se han intensificado en los últimos años, debido a la crisis económica, predominando un perfil con mayor cualificación. Durante su vida laboral en el exterior es preciso informar y atender a nuestros migrantes para garantizar una adecuada protección de sus derechos sociolaborales. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha realizado una auditoría de gestión de las Consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa. Entre las observaciones planteadas, destaca la relativa a la relación entre Consejerías y Secciones con la necesidad de aclarar la dependencia entre las mismas. Con este real decreto se da respuesta definitiva a dicha cuestión, al suprimir todas las Secciones de Empleo y Seguridad Social, cuyas funciones son asumidas por las Consejerías de Empleo y Seguridad Social como los únicos órganos técnicos especializados del Ministerio en el exterior. Otra de las cuestiones planteadas por dicho organismo ponía el acento en la necesidad de dotar a las Consejerías de una planificación homogénea. A partir de ahora, se generaliza la planificación operativa de las actuaciones de las Consejerías, que establecerá indicadores de seguimiento y sobre la que se hará una valoración de resultados alcanzados, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las mismas. Este real decreto ha sido informado por el Consejo Ejecutivo de Política Exterior. En ### RESUMEN: Sin requisitos mínimos para ser Consejero de Empleo en el exterior, basta con ser A1 (licenciado).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Congreso de los Diputados. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Departamento de Contratación. 2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 4) Teléfono: 913907235 5) Telefax: 913907829 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.congreso.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de cafetería y restauración del Congreso de los Diputados. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.187.500 euros. Importe total: 2.406.250 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 21.875 euros. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, Subgrupo 6, Categoría D. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Departamento de Contratación. 2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo, s/n. c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante del Congreso de los Diputados, una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones. Madrid, 16 de mayo de 2013.- Don Manuel Alba Navarro, Secretario General del Congreso de los Diputados.

La licitación de la cafetería del Congreso por importe total de 2.406.250 euros

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Congreso de los Diputados. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Departamento de Contratación. 2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 4) Teléfono: 913907235 5) Telefax: 913907829 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.congreso.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de cafetería y restauración del Congreso de los Diputados. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.187.500 euros. Importe total: 2.406.250 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 21.875 euros. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, Subgrupo 6, Categoría D. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Departamento de Contratación. 2) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo, s/n. c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante del Congreso de los Diputados, una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones. Madrid, 16 de mayo de 2013.- Don Manuel Alba Navarro, Secretario General del Congreso de los Diputados. ### RESUMEN: La licitación de la cafetería del Congreso por importe total de 2.406.250 euros

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, el Presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. La designación o separación, una vez haya sido comunicada a la Ministra de Fomento, será publicada en el correspondiente diario oficial y en el «Boletín Oficial del Estado». El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha procedido al cese de doña Manuela Adelaida de Paz Báñez como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, mediante Decreto 515/2015, de 29 de diciembre. Dicho cese ha sido comunicado debidamente a la Ministra de Fomento. En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dispongo: Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» al Decreto 515/2015, de 29 de diciembre, de la Junta de Andalucía, por el que se cesa a doña Manuela Adelaida de Paz Báñez como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva. Madrid, 8 de enero de 2016.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.

Cese de Manuela de Paz como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, el Presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. La designación o separación, una vez haya sido comunicada a la Ministra de Fomento, será publicada en el correspondiente diario oficial y en el «Boletín Oficial del Estado». El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha procedido al cese de doña Manuela Adelaida de Paz Báñez como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, mediante Decreto 515/2015, de 29 de diciembre. Dicho cese ha sido comunicado debidamente a la Ministra de Fomento. En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dispongo: Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» al Decreto 515/2015, de 29 de diciembre, de la Junta de Andalucía, por el que se cesa a doña Manuela Adelaida de Paz Báñez como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva. Madrid, 8 de enero de 2016.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián. ### RESUMEN: Cese de Manuela de Paz como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 386.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don Rafael Fernández Montalvo, Magistrado del Tribunal Supremo con destino en la Sala de lo Contencioso Administrativo, por cumplir la edad legalmente establecida de 70 años el día 27 de mayo de 2015, con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada. Dado en Madrid, el 27 de febrero de 2015. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO

Jubilación forzosa (cumple 70 años) en el Supremo a Rafael Fernández Montalvo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 386.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don Rafael Fernández Montalvo, Magistrado del Tribunal Supremo con destino en la Sala de lo Contencioso Administrativo, por cumplir la edad legalmente establecida de 70 años el día 27 de mayo de 2015, con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada. Dado en Madrid, el 27 de febrero de 2015. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO ### RESUMEN: Jubilación forzosa (cumple 70 años) en el Supremo a Rafael Fernández Montalvo.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se procede a la publicación de la siguiente baja en el Registro de entidades de crédito: «Con fecha 9 de marzo de 2015 se ha inscrito en el Registro de entidades de crédito la baja de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, con código 2424, por transformación en fundación ordinaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.» Madrid, 13 de marzo de 2015.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez.

Baja de Sa Nostra en el registro de entidades de crédito

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se procede a la publicación de la siguiente baja en el Registro de entidades de crédito: «Con fecha 9 de marzo de 2015 se ha inscrito en el Registro de entidades de crédito la baja de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, con código 2424, por transformación en fundación ordinaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.» Madrid, 13 de marzo de 2015.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez. ### RESUMEN: Baja de Sa Nostra en el registro de entidades de crédito

Por Resolución de 8 de mayo de 2013 («Boletín Oficial del Estado» del 18), se convocó el Premio Nacional de Historia de España, correspondiente a 2013, desarrollando la normativa que regula su concesión. El Jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue designado por Orden ECD/1665/2013, de 2 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 16). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través de la Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro, de conformidad con lo dispuesto en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales, dispongo: Conceder el Premio Nacional de Historia de España, correspondiente a 2013, a don José Ángel Sánchez Asiain (José Ángel Asiain), por su obra «La financiación de la Guerra Civil española». Madrid, 2 de diciembre de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.

Premio Nacional de Historia de España 2013 a José Ángel Sánchez Asiain

Por Resolución de 8 de mayo de 2013 («Boletín Oficial del Estado» del 18), se convocó el Premio Nacional de Historia de España, correspondiente a 2013, desarrollando la normativa que regula su concesión. El Jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue designado por Orden ECD/1665/2013, de 2 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 16). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través de la Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro, de conformidad con lo dispuesto en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales, dispongo: Conceder el Premio Nacional de Historia de España, correspondiente a 2013, a don José Ángel Sánchez Asiain (José Ángel Asiain), por su obra «La financiación de la Guerra Civil española». Madrid, 2 de diciembre de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega. ### RESUMEN: Premio Nacional de Historia de España 2013 a José Ángel Sánchez Asiain

Ante el desconocimiento de los interesados en este procedimiento procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acuerda iniciar el procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización del producto Maxman Capsules y adoptar, de acuerdo con el artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como medidas cautelares la prohibición de comercialización y la retirada del mercado del producto Maxman Capsules. El texto completo del acuerdo de iniciación del procedimiento de retirada del mercado y prohibición de comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas cautelares puede consultarse en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, calle Campezo, 1, edificio 8, 28022 Madrid, teléfono: +34 91 822 52 01, fax: +34 91 822 52 43, correo electrónico: [email protected]. Madrid, 27 de noviembre de 2013.- Francisco Javier Muñoz Aizpuru, Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Sanidad retira del mercado unas cápsulas milagrosas que agrandaban el pene y hacían felices a todos

Ante el desconocimiento de los interesados en este procedimiento procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acuerda iniciar el procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización del producto Maxman Capsules y adoptar, de acuerdo con el artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como medidas cautelares la prohibición de comercialización y la retirada del mercado del producto Maxman Capsules. El texto completo del acuerdo de iniciación del procedimiento de retirada del mercado y prohibición de comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas cautelares puede consultarse en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, calle Campezo, 1, edificio 8, 28022 Madrid, teléfono: +34 91 822 52 01, fax: +34 91 822 52 43, correo electrónico: [email protected]. Madrid, 27 de noviembre de 2013.- Francisco Javier Muñoz Aizpuru, Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ### RESUMEN: Sanidad retira del mercado unas cápsulas milagrosas que agrandaban el pene y hacían felices a todos

I El incremento del contrabando de determinados géneros, en especial drogas y tabaco, es consecuencia parcialmente del uso cada día más habitual por parte de las organizaciones criminales de las denominadas embarcaciones de alta velocidad neumáticas y semirrígidas. El uso de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad para la rápida introducción de géneros de contrabando (fundamentalmente hachís, cocaína y cigarrillos) mediante el trasbordo o el alijo en la playa es una de las principales amenazas a la que se enfrentan diariamente el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Recientemente, además, estas embarcaciones de alta velocidad están siendo utilizadas también para el transporte ilegal de inmigrantes. Actualmente resulta muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando ya han alijado la droga o el tabaco, o cuando en el transcurso de una persecución los géneros son arrojados al mar. En estos casos resulta especialmente complejo proceder administrativa o penalmente contra los patrones y tripulantes, y las embarcaciones continúan siendo utilizadas por las organizaciones criminales una y otra vez para sus actividades ilícitas. Ello produce una sensación de impunidad en la ciudadanía y de cierta impotencia y desánimo entre los miembros de las fuerzas y cuerpos que tienen encomendada la represión del contrabando y el narcotráfico, generando la percepción de que existen ciertas áreas del litoral español –especialmente el más próximo a Gibraltar– en las que el control efectivo del Estado se ve muy mermado cuando no totalmente imposibilitado. Esta sensación es muy evidente en lo que se refiere a la represión de las actividades de contrabando y narcotráfico en las que se emplean embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, que se realizan frecuentemente a plena luz del día y en presencia de ciudadanos que disfrutan de los espacios públicos, y que, bien por la rapidez con que se llevan a cabo los alijos, sin tiempo para que las fuerzas policiales puedan actuar, bien porque la actuación de éstas se ve imposibilitada por la presencia de grupos numerosos de colaboradores con los contrabandistas en actitud agresiva, no pueden ser impedidas por los agentes de la autoridad. La situación descrita, que ocurre con más frecuencia en los últimos meses, aumenta los riesgos para la seguridad y salud pública de la población. Al problema del tráfico ilícito y su impunidad se une el riesgo que para la seguridad marítima suponen estas embarcaciones que navegan a alta velocidad, a menudo en la oscuridad y sin dispositivos de localización o señalización alguno, causando un grave peligro de colisión con otras embarcaciones o incluso de atropello. La propia acción de las fuerzas encargadas de la represión de estos ilícitos en la persecución de estas embarcaciones exige a menudo la asunción de importantes riesgos para la seguridad de los tripulantes y de las embarcaciones, ante las arriesgadas maniobras evasivas que habitualmente llevan a cabo los pilotos de las semirrígidas que han llegado a ocasionar accidentes con pérdida de vidas humanas. Por otro lado, se ha constatado que, en los últimos tiempos se han venido utilizando este tipo de embarcaciones para el transporte ilegal de personas, concretamente de inmigrantes africanos, suponiendo una clara amenaza al orden público y social. Finalmente, no es despreciable la amenaza que para determinadas infraestructuras críticas (de titularidad pública o privada) existentes en zonas concretas, como por ejemplo en la Bahía de Algeciras, puede suponer el desplazamiento a altas velocidades de embarcaciones sin control alguno en sus proximidades con el consiguiente riesgo para la seguridad pública que ello supone. El objetivo de mejorar la eficacia en la prevención y lucha contra el contrabando practicado por medio de este tipo de embarcaciones justifica la calificación de las mismas como género prohibido a efectos de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, tomando en consideración sus características técnicas, su titularidad y la finalidad de su uso, permitiendo incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes. La definición del género prohibido se realiza de forma objetiva, excluyendo de la misma a aquellas embarcaciones de titularidad pública o que se destinan a determinados usos que son en todo caso legítimos, sin perjuicio, no obstante, de establecerse un régimen de registro operadores y autorización de uso de embarcaciones en relación con algunos de dichos usos a efectos de hacer efectivo el control y evitar la utilización indebida de las mismas. Se considera imprescindible completar la calificación de las embarcaciones utilizadas para el contrabando como género prohibido mediante la extensión de la misma a otros supuestos en los que, en atención a las circunstancias concurrentes, se pueda acreditar la existencia indicios racionales de que el destino de las embarcaciones es la realización de actos de contrabando. El principio de seguridad jurídica exige que se considere la situación jurídica de los titulares de este tipo de embarcaciones a la entrada en vigor de la Ley y un periodo transitorio adicional para el cumplimiento de las obligaciones de autorización y registro. II El texto consta de una exposición de motivos, un artículo único, dividido a su vez en diez apartados, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El apartado 1 del artículo único establece la calificación como género prohibido determinado tipo de embarcaciones tipo RHIB o similares, así como aquellas otras que, en atención a las circunstancias concurrentes, se pueda acreditar la existencia indicios racionales de que el destino de las mismas es la realización de actos de contrabando. Se determinan cuáles son, salvo prueba en contra, estos indicios. En los siguientes apartados del artículo único se establecen definiciones, así como una serie de exenciones a la calificación de género prohibido, se crea el Registro de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y se regula el procedimiento de autorización e inscripción en el mismo, las consecuencias en caso de incumplimiento y el procedimiento de inspección y control. III El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Las indicadas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad concurren en el presente caso, ya que se trata de hacer frente a una situación concreta difícil de prever y que precisa ser atajada inmediatamente, como es el uso de este tipo de embarcaciones para el contrabando y, en las últimas semanas, para el tráfico ilegal de personas, en especial en zonas geográficas del sur de España. La finalidad de la norma constituye uno de los objetivos gubernamentales, como es la lucha contra el contrabando y la inmigración ilegal de personas. El comportamiento de las organizaciones criminales en el uso de este tipo de embarcaciones de forma generalizada para el contrabando y, en las últimas semanas, para el transporte ilegal de inmigrantes, no se podía prever y, la incidencia del uso de este tipo de embarcaciones en el crecimiento de la acción delictiva y su efecto en el aumento de riesgos para la seguridad y la salud pública en el tejido social de determinadas zonas geográficas del sur de España, justifican la aprobación del presente real decreto-ley, con el objeto de hacer frente con inmediatez a la situación de alarma social grave que tales prácticas delictivas están originando en las indicadas zonas geográficas, estableciendo el marco jurídico apropiado para que el Servicio de Vigilancia Aduanera y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan frenar de forma inmediata tales prácticas delictivas. Las novedades que el real decreto-ley incorpora y, de manera destacada, la calificación como género prohibido de este tipo de embarcaciones a los efectos previstos en la normativa de contrabando, permite contribuir de manera eficaz a la erradicación del contrabando cometido mediante su utilización (permitiendo incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes) así como impedir el desarrollo de actividades de transporte ilegal de personas mediante el uso de dichas embarcaciones, incrementando con ello notablemente las posibilidades de los órganos del Estado de actuar ágil y eficazmente sobre el instrumento básico usado por las organizaciones criminales para la realización de las actividades delictivas mencionadas. Estos motivos justifican ampliamente su aprobación para hacer frente a una situación determinada que pone en entredicho la seguridad pública en las costas españolas. Queda, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4)». La figura del real decreto-ley resulta además admisible en este caso, por no vulnerarse los límites establecidos en el artículo 86.1 de la Constitución, dado que no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I ni al régimen de las comunidades autónomas, ni al Derecho electoral general. En particular, por lo que se refiere a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, no afecta al derecho de propiedad, ya que la condición de género prohibido sólo es consecuencia del uso de las embarcaciones sin su previo registro o en condiciones distintas a la autorización. Incluso no afectaría a los actuales propietarios que cumpliesen con la obligación de registro, habiéndose establecido las salvaguardas necesarias para garantizar los derechos adquiridos. El contenido del real decreto-ley respeta, por tanto, la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con este aspecto, sintetizada en la STC 139/2016, de 31 de julio, en los siguientes términos: «1.º) El artículo 86.1 CE impide que con el decreto-ley queden afectados los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I CE, pero este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo “inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la Constitución”. 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores). (…)» Los motivos que acaban de exponerse justifican ampliamente la concurrencia de los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno para aprobar el presente real decreto-ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución. Concurren también las notas de excepcionalidad, gravedad y relevancia que hacen necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de una ley, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia. IV Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los apartados 10 y 29 del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia exclusiva sobre régimen aduanero y arancelario y seguridad pública, respectivamente. Esta norma se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En tanto que persigue un interés general al contribuir a una más eficiente represión del contrabando, no se han encontrado otras alternativas regulatorias menos restrictivas que permitan lograr este objetivo, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Hacienda y del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2018, DISPONGO: Artículo único. Consideración como género prohibido de determinadas embarcaciones. 1. Tendrán la consideración de género prohibido, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, las siguientes embarcaciones: a) Las embarcaciones neumáticas y semirrígidas susceptibles de ser utilizadas para la navegación marítima que cumplan alguna de las siguientes características: i. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea menor o igual a 8 metros de eslora total, que dispongan de una potencia máxima, independientemente del número de motores, igual o superior a 150 kilovatios. ii. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea mayor de 8 metros de eslora total. b) Las embarcaciones neumáticas o semirrígidas diferentes de las descritas en el apartado anterior, así como cualquier otra embarcación y los buques de porte menor cuando se acredite la existencia de elementos o indicios racionales que pongan de manifiesto la intención de utilizarlas para cometer o para facilitar la comisión de un acto de contrabando. Salvo prueba en contrario, se considerarán elementos o indicios racionales: i. El incumplimiento de la obligación de registro y matriculación que resulten aplicables a la embarcación o buque de porte menor. ii. La modificación significativa de las partes integrantes de la embarcación o buque de porte menor con relación al proyecto constructivo original, especialmente cuando existan refuerzos que permitan aumentar la potencia propulsora sin obras adicionales, tomas para tanques adicionales u otras obras que permitan aumentar la autonomía inicialmente prevista, a menos que la modificación hubiera sido debidamente autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante. iii. La modificación de las partes integrantes de la embarcación o buque de porte menor para habilitar dobles fondos o espacios que permitan la estiba de carga no prevista en el diseño inicial. iv. La manipulación de los sistemas visuales, acústicos, radioeléctricos de posicionamiento y ayudas tecnológicas, o la existencia de dispositivos, sistemas o tecnologías que permitan la manipulación de aquéllos. v. La navegación sin exhibir las luces reglamentarias o la navegación errática a rumbos diversos, con o sin cambios injustificados de velocidad, desatendiendo, en ambos casos, las indicaciones de los buques o embarcaciones de Estado debidamente identificados, especialmente la indicación de parar y someterse a control. vi. La incongruencia manifiesta entre el propósito declarado de la derrota o actividad propuesta y las pertenencias náuticas e incluso de la tripulación o pasajeros que se encuentren a bordo. vii. El empleo de equipamientos o materiales que dificulten la detección o identificación de la embarcación o buque de porte menor, tales como pinturas antirradar, dispositivos atenuantes de las señales electrónicas, detectores de radar, así como el empleo de pinturas, estructuras o elementos de camuflaje o que simulen el aspecto o las marcas identificativas de una embarcación o buque de Estado. El carácter de género prohibido se extenderá a la fabricación, reparación, reforma, circulación, tenencia o comercio de las embarcaciones citadas en el presente apartado, así como a la navegación por cualquier punto de las aguas interiores, mar territorial español o zona contigua. 2. A los efectos previstos en este real decreto-ley los conceptos de buque, embarcación, así como buque y embarcación de Estado serán los recogidos en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. A los mismos efectos, se entenderá por: a) Buque de porte menor: Aquél de menos de ciento cincuenta toneladas de arqueo neto. b) Embarcaciones neumáticas o semirrígidas: Aquellas que tengan flotadores rellenables o insuflables o en las que la totalidad o parte de su casco esté constituida por elementos no rígidos. c) Eslora total: La eslora de casco para embarcaciones de recreo definida en la normativa reguladora de la inspección y certificación de buques civiles. d) Potencia máxima: La suma de la potencia máxima de cada uno de los motores que equipe la embarcación, medida en kilovatios. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la potencia máxima es la especificada en el certificado de navegabilidad. e) Operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad: Quienes por cualquier título ostenten la posesión legal de las embarcaciones. 3. La calificación como género prohibido no alcanzará a las siguientes embarcaciones neumáticas y semirrígidas: a) Las adscritas a la defensa nacional. b) Las que tengan la consideración de buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas. c) Las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria adscritas al Servicio de Vigilancia Aduanera. d) Las utilizadas para el cumplimiento de sus fines por los demás órganos del Estado, comunidades y ciudades autónomas, entidades locales o por organismos públicos vinculados o dependientes de los mismos, así como las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en el Reino de España. e) Las embarcaciones auxiliares, cualquiera que sea su eslora, que se encuentren efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal. f) Las embarcaciones distintas de las previstas en la letra c) que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima. g) Las utilizadas para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles. h) Las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación. i) Las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización. En los supuestos previstos en las letras f), g), h) e i) anteriores la exclusión de la calificación como género prohibido requerirá como condición previa la inscripción del operador en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y la autorización de uso e inscripción en el mismo Registro de cada una de las embarcaciones en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1, letra a), previa solicitud formulada por el operador. A los efectos de este real decreto-ley, la afectación a los usos previstos en las letras f), g), h) e i) habrá, en todo caso, ser efectiva y exclusiva en relación con uno o varios de dichos usos. La transmisión de la propiedad o la cesión de uso de las embarcaciones contempladas en la letra a) del apartado 1, cualquiera que sea el título por el que se realicen o el procedimiento judicial o administrativo como consecuencia del cual se produzcan, requerirá que las mismas se destinen efectiva y exclusivamente a la realización de alguna de las actividades enumeradas en las letras a) a i) y que los adquirentes o cesionarios que pretendan utilizar las embarcaciones para los usos contemplados en las letras f), g), h) e i), acrediten ante los transmitentes o cedentes que se encuentran debidamente inscritos en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y que han obtenido la autorización de uso e inscripción en el Registro de la embarcación. 4. Se crea el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, el cual será único para todo el territorio español y se ubicará en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que corresponderá la gestión y mantenimiento del mismo. 5. Los procedimientos de inscripción y autorización, tanto para los operadores nacionales como extranjeros, se realizarán por vía electrónica. 6. Tendrán acceso a la información contenida en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, que podrán ser cedidos sin consentimiento del interesado, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en la investigación de los delitos de terrorismo, crimen organizado y contrabando, el Centro Nacional de Inteligencia y la Dirección General de la Marina Mercante, integrada en el Ministerio de Fomento. 7. La autorización de uso de las embarcaciones podrá establecer, para cada una de ellas, el ámbito geográfico a que se extiende, así como las condiciones que se juzguen necesarias para garantizar el uso exclusivo de la embarcación para la actividad o actividades a que se extiende la autorización, incluida en su caso la obligación de instalar dispositivos de localización. 8. El incumplimiento de las condiciones de la autorización de uso e inscripción determinará la calificación de la embarcación como género prohibido a efectos de lo previsto en el apartado 12 del artículo 1 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 2, ambos de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. 9. La inspección y control de los operadores y de las embarcaciones para el cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo se extenderá a todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, las aguas interiores y la zona contigua, y se llevará a cabo en los términos previstos en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando y en su normativa de desarrollo. 10. Reglamentariamente se regulará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, el procedimiento y los criterios aplicables para la inscripción de operadores y la autorización de uso de embarcaciones, el régimen de utilización, circulación y tenencia de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, así como las normas necesarias para la adecuada coordinación del Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad con el Registro de Buques y Empresas Navieras.» Disposición transitoria única. Aplicación a titulares anteriores de estas embarcaciones. 1. Quienes a la entrada en vigor de este real decreto-ley sean operadores de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad contempladas en las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley para solicitar su inscripción en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y la autorización de las embarcaciones que la precisen con arreglo a lo previsto en los mencionados preceptos. 2. El régimen de transmisión y cesión de las embarcaciones a que se refiere el apartado anterior se someterá, en todo caso, a lo previsto en el apartado 3 del artículo único. 3. Mientras no entre en vigor la reglamentación de desarrollo prevista en el apartado 10 del artículo único, las solicitudes de inscripción en el Registro de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y de autorización de uso de las embarcaciones deberán ser realizadas a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con las siguientes reglas: 1.ª Las solicitudes de inscripción en el Registro de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad deberán especificar los datos identificativos del solicitante, la actividad para la que solicita la inscripción de las previstas en las letras en las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único y el área geográfica en la que se propone desarrollar la misma. 2.ª Las solicitudes de autorización de uso de las embarcaciones deberán especificar los datos identificativos del solicitante, la descripción de las características de la embarcación especificando eslora y potencia de motores, la actividad para la que solicita la autorización de uso de la embarcación de las previstas en las letras en las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único y el área geográfica en la que se propone utilizar la embarcación. A la solicitud se deberá unir la documentación técnica de la embarcación. 3.ª En tanto no recaiga resolución expresa sobre las solicitudes de inscripción de los operadores o de autorización de uso de las embarcaciones, las mismas se entenderán provisionalmente concedidas, sin que ello condicione la decisión final que se deba adoptar. Disposición derogatoria. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley. Disposición final primera. Habilitación normativa. Se habilita al Gobierno y a la Ministra de Hacienda, en el ámbito de sus competencias, a dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley. Disposición final segunda. Títulos competenciales. Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los apartados 10 y 29 del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre régimen aduanero y arancelario y seguridad pública, respectivamente. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2018. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Decreto ley que prohíbe lanchas neumáticas. Habla de su uso para transporte ilegal de inmigrantes, “suponiendo una clara amenaza al orden público y social”.

I El incremento del contrabando de determinados géneros, en especial drogas y tabaco, es consecuencia parcialmente del uso cada día más habitual por parte de las organizaciones criminales de las denominadas embarcaciones de alta velocidad neumáticas y semirrígidas. El uso de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad para la rápida introducción de géneros de contrabando (fundamentalmente hachís, cocaína y cigarrillos) mediante el trasbordo o el alijo en la playa es una de las principales amenazas a la que se enfrentan diariamente el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Recientemente, además, estas embarcaciones de alta velocidad están siendo utilizadas también para el transporte ilegal de inmigrantes. Actualmente resulta muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando ya han alijado la droga o el tabaco, o cuando en el transcurso de una persecución los géneros son arrojados al mar. En estos casos resulta especialmente complejo proceder administrativa o penalmente contra los patrones y tripulantes, y las embarcaciones continúan siendo utilizadas por las organizaciones criminales una y otra vez para sus actividades ilícitas. Ello produce una sensación de impunidad en la ciudadanía y de cierta impotencia y desánimo entre los miembros de las fuerzas y cuerpos que tienen encomendada la represión del contrabando y el narcotráfico, generando la percepción de que existen ciertas áreas del litoral español –especialmente el más próximo a Gibraltar– en las que el control efectivo del Estado se ve muy mermado cuando no totalmente imposibilitado. Esta sensación es muy evidente en lo que se refiere a la represión de las actividades de contrabando y narcotráfico en las que se emplean embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, que se realizan frecuentemente a plena luz del día y en presencia de ciudadanos que disfrutan de los espacios públicos, y que, bien por la rapidez con que se llevan a cabo los alijos, sin tiempo para que las fuerzas policiales puedan actuar, bien porque la actuación de éstas se ve imposibilitada por la presencia de grupos numerosos de colaboradores con los contrabandistas en actitud agresiva, no pueden ser impedidas por los agentes de la autoridad. La situación descrita, que ocurre con más frecuencia en los últimos meses, aumenta los riesgos para la seguridad y salud pública de la población. Al problema del tráfico ilícito y su impunidad se une el riesgo que para la seguridad marítima suponen estas embarcaciones que navegan a alta velocidad, a menudo en la oscuridad y sin dispositivos de localización o señalización alguno, causando un grave peligro de colisión con otras embarcaciones o incluso de atropello. La propia acción de las fuerzas encargadas de la represión de estos ilícitos en la persecución de estas embarcaciones exige a menudo la asunción de importantes riesgos para la seguridad de los tripulantes y de las embarcaciones, ante las arriesgadas maniobras evasivas que habitualmente llevan a cabo los pilotos de las semirrígidas que han llegado a ocasionar accidentes con pérdida de vidas humanas. Por otro lado, se ha constatado que, en los últimos tiempos se han venido utilizando este tipo de embarcaciones para el transporte ilegal de personas, concretamente de inmigrantes africanos, suponiendo una clara amenaza al orden público y social. Finalmente, no es despreciable la amenaza que para determinadas infraestructuras críticas (de titularidad pública o privada) existentes en zonas concretas, como por ejemplo en la Bahía de Algeciras, puede suponer el desplazamiento a altas velocidades de embarcaciones sin control alguno en sus proximidades con el consiguiente riesgo para la seguridad pública que ello supone. El objetivo de mejorar la eficacia en la prevención y lucha contra el contrabando practicado por medio de este tipo de embarcaciones justifica la calificación de las mismas como género prohibido a efectos de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, tomando en consideración sus características técnicas, su titularidad y la finalidad de su uso, permitiendo incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes. La definición del género prohibido se realiza de forma objetiva, excluyendo de la misma a aquellas embarcaciones de titularidad pública o que se destinan a determinados usos que son en todo caso legítimos, sin perjuicio, no obstante, de establecerse un régimen de registro operadores y autorización de uso de embarcaciones en relación con algunos de dichos usos a efectos de hacer efectivo el control y evitar la utilización indebida de las mismas. Se considera imprescindible completar la calificación de las embarcaciones utilizadas para el contrabando como género prohibido mediante la extensión de la misma a otros supuestos en los que, en atención a las circunstancias concurrentes, se pueda acreditar la existencia indicios racionales de que el destino de las embarcaciones es la realización de actos de contrabando. El principio de seguridad jurídica exige que se considere la situación jurídica de los titulares de este tipo de embarcaciones a la entrada en vigor de la Ley y un periodo transitorio adicional para el cumplimiento de las obligaciones de autorización y registro. II El texto consta de una exposición de motivos, un artículo único, dividido a su vez en diez apartados, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El apartado 1 del artículo único establece la calificación como género prohibido determinado tipo de embarcaciones tipo RHIB o similares, así como aquellas otras que, en atención a las circunstancias concurrentes, se pu ### RESUMEN: Decreto ley que prohíbe lanchas neumáticas. Habla de su uso para transporte ilegal de inmigrantes, “suponiendo una clara amenaza al orden público y social”.

Por Orden HAP/205/2013, de 6 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero), se anunció convocatoria para proveer, por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de Subdelegado del Gobierno en Madrid. En uso de las competencias que confieren los artículos 23 y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Delegación del Gobierno ha dispuesto el nombramiento de don Manuel Francisco Quintanar Díez, funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, con NRP 2541616002 A0504, como Subdelegado del Gobierno en Madrid. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Delegación del Gobierno en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o, a su elección, donde se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses, a contar asimismo desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Madrid, 23 de abril de 2013.–La Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes Cuencas.

Nombramiento del subdelegado de Gobierno en Madrid, Manuel Francisco Quintanar Díez

Por Orden HAP/205/2013, de 6 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero), se anunció convocatoria para proveer, por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de Subdelegado del Gobierno en Madrid. En uso de las competencias que confieren los artículos 23 y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, una vez acreditada la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Delegación del Gobierno ha dispuesto el nombramiento de don Manuel Francisco Quintanar Díez, funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, con NRP 2541616002 A0504, como Subdelegado del Gobierno en Madrid. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Delegación del Gobierno en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o, a su elección, donde se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses, a contar asimismo desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Madrid, 23 de abril de 2013.–La Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes Cuencas. ### RESUMEN: Nombramiento del subdelegado de Gobierno en Madrid, Manuel Francisco Quintanar Díez

Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de los dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Por su parte, de acuerdo con los artículos 4 y 14.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente delegada en sus áreas de responsabilidad, queda habilitado para dictar cuantos actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Además, de conformidad con el artículo 14.4, por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento. El Reglamento (CE) n.º 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97, constituye la norma básica que regula en la Unión Europea los requisitos de bienestar animal que se han de cumplir cuando se transportan animales vertebrados vivos en relación con una actividad económica. La Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, establece, en su artículo 47, que los medios de transporte de animales (salvo de animales domésticos) y las empresas propietarias deben estar autorizados como requisito previo para el ejercicio de su actividad. Por su parte, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, establece en su artículo 8 que los transportistas de animales, sus vehículos, contenedores o medios de transporte, deben disponer de la correspondiente autorización y estar registrados, en los términos que reglamentariamente se determinen. Dichas normas fueron desarrolladas reglamentariamente por medio del Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte, en particular en lo relativo a autorización y registro de transportistas, de medios de transporte y contenedores, de documentos de transporte, de formación del personal y de obligaciones de transportistas y otros operadores sobre la protección de los animales durante el transporte y operaciones conexas. Es preciso, a fin de garantizar el abastecimiento, permitir la utilización de las autorizaciones de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así como de los certificados de formación de los conductores o cuidadores que no hayan podido renovarse o cumplimentar los requisitos formales. Asimismo, es conveniente flexibilizar lo relativo a las horas de viaje y descanso de los animales, en línea con lo establecido en la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías, o las que se puedan aprobar posteriormente por razón del estado de alarma. Por ello, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y en virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 14 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispongo: Artículo 1. Vigencia de las autorizaciones establecidas en la normativa veterinaria sobre transporte de animales. 1. Se declara la validez de autorizaciones de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así como de los certificados de formación de los conductores o cuidadores cuya fecha de expiración se haya producido a partir del día 1 de marzo, hasta 120 días después de la finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo. Dicho plazo de 120 días podrá ser ampliado mediante resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si las circunstancias lo hicieran necesario, por un máximo de 30 días adicionales. 2. Los cuadernos de a bordo u hojas de ruta tendrán validez a pesar de no haber sido sellados por la autoridad competente hasta 7 días después de la finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo, pudiendo ser ampliado dicho plazo mediante resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si las circunstancias lo hicieran necesario, por un máximo de 7 días adicionales. 3. Estas previsiones tendrán efectos en todo el territorio nacional, sin perjuicio de su comunicación a la Comisión Europea. Artículo 2. Eliminación de los tiempos de descanso de la normativa sobre protección de los animales durante el transporte. Se exceptúa del cumplimiento de los tiempos de descanso establecidos en el capítulo V del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/1997, para todos aquellos movimientos de animales que se realicen durante el estado de alarma. La duración del tiempo total de viaje será la máxima permitida en dicho capítulo exceptuando el tiempo de descanso. Disposición final única. Vigencia. Esta Orden será de aplicación desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» hasta la finalización del periodo del estado de alarma. Madrid, 24 de marzo de 2020.–El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco.

Las medidas para transportistas en general (prórroga autorizaciones, eliminación descansos...) se aplican también para el transporte de animales vivos.

Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de los dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Por su parte, de acuerdo con los artículos 4 y 14.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente delegada en sus áreas de responsabilidad, queda habilitado para dictar cuantos actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Además, de conformidad con el artículo 14.4, por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento. El Reglamento (CE) n.º 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97, constituye la norma básica que regula en la Unión Europea los requisitos de bienestar animal que se han de cumplir cuando se transportan animales vertebrados vivos en relación con una actividad económica. La Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, establece, en su artículo 47, que los medios de transporte de animales (salvo de animales domésticos) y las empresas propietarias deben estar autorizados como requisito previo para el ejercicio de su actividad. Por su parte, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, establece en su artículo 8 que los transportistas de animales, sus vehículos, contenedores o medios de transporte, deben disponer de la correspondiente autorización y estar registrados, en los términos que reglamentariamente se determinen. Dichas normas fueron desarrolladas reglamentariamente por medio del Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte, en particular en lo relativo a autorización y registro de transportistas, de medios de transporte y contenedores, de documentos de transporte, de formación del personal y de obligaciones de transportistas y otros operadores sobre la protección de los animales durante el transporte y operaciones conexas. Es preciso, a fin de garantizar el abastecimiento, permitir la utilización de las autorizaciones de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así como de los certificados de formación de los conductores o cuidadores que no hayan podido renovarse o cumplimentar los requisitos formales. Asimismo, es conveniente flexibilizar lo relativo a las horas de viaje y descanso de los animales, en línea con lo establecido en la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías, o las que se puedan aprobar posteriormente por razón del estado de alarma. Por ello, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y en virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 14 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispongo: Artículo 1. Vigencia de las autorizaciones establecidas en la normativa veterinaria sobre transporte de animales. 1. Se declara la validez de autorizaciones de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así como de los certificados de formación de los conductores o cuidadores cuya fecha de expiración se haya producido a partir del día 1 de marzo, hasta 120 días después de la finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo. Dicho plazo de 120 días podrá ser ampliado mediante resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si las circunstancias lo hicieran necesario, por un máximo de 30 días adicionales. 2. Los cuadernos de a bordo u hojas de ruta tendrán validez a pesar de no haber sido sellados por la autoridad competente hasta 7 días después de la finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo, pudiendo ser ampliado dicho plazo mediante resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si las circunstancias lo hicieran necesario, por un máximo de 7 días adicionales. 3. Estas previsiones tendrán efectos en todo el territorio nacional, sin perjuicio de su comunicación a la Comisión Europea. Artículo 2. Eliminación de los tiempos de descanso de la normativa sobre protección de los animales durante el transporte. Se exceptúa del cumplimiento de los tiempos de descanso establecidos en el capítulo V del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/1997, para todos aquellos movimientos de animales que se realicen durante el estado de alarma. La duración del tiempo total de viaje será la máxima permitida en dicho capítulo exceptuando el tiempo de descanso. Disposición final única. Vi ### RESUMEN: Las medidas para transportistas en general (prórroga autorizaciones, eliminación descansos...) se aplican también para el transporte de animales vivos.

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de fecha 27 de mayo de 2014, firme al haber sido casada parcialmente por sentencia de fecha 23 de septiembre de 2015 del Tribunal Supremo, condenó al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía don Abundio Navas Miguel, con DNI número 12.730.820, adscrito a la Jefatura Superior de Cataluña, como autor de un delito de cohecho y un delito de falsificación de documento oficial a las penas, entre otras, de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 años. Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.1.e) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; 63.e) y 66 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: «La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia». Esta Secretaría de Estado dispone: Declarar la pérdida de la condición de funcionario del Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía don Abundio Navas Miguel, por la pena de inhabilitación especial a que ha sido condenado. Madrid, 1 de marzo de 2016.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez.

El inspector, Abundio Navas, pierde ahora su plaza

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de fecha 27 de mayo de 2014, firme al haber sido casada parcialmente por sentencia de fecha 23 de septiembre de 2015 del Tribunal Supremo, condenó al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía don Abundio Navas Miguel, con DNI número 12.730.820, adscrito a la Jefatura Superior de Cataluña, como autor de un delito de cohecho y un delito de falsificación de documento oficial a las penas, entre otras, de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 años. Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.1.e) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; 63.e) y 66 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: «La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia». Esta Secretaría de Estado dispone: Declarar la pérdida de la condición de funcionario del Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía don Abundio Navas Miguel, por la pena de inhabilitación especial a que ha sido condenado. Madrid, 1 de marzo de 2016.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez. ### RESUMEN: El inspector, Abundio Navas, pierde ahora su plaza

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General - Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos. c) Número de expediente: G/160/11/1/0035/OSC1/0000/012017. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.osakidetza.euskadi.eus. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de licencias de uso de revistas de la editorial Elsevier. c) Lote: No. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22200000-2. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sujeto a regulación armonizada. 4. Valor estimado del contrato: 2.022.469,22 € (sin IVA). 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.022.469,22 € (sin IVA).. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 27/02/2017. b) Fecha de formalización del contrato: 21/03/2017. c) Contratista: Ebsco Subsription Services España, S.L.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 2.022.469,22 € (sin IVA). Vitoria-Gasteiz, 29 de marzo de 2017.- El Presidente suplente de la Mesa de Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia.

El Servicio Vasco de Salud contrata el suministro de licencias de uso de revistas de la editorial Elsevier a Ebsco Subsription Services España, S.L.U. por importe total de 2.022.469,22 de euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General - Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos. c) Número de expediente: G/160/11/1/0035/OSC1/0000/012017. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.osakidetza.euskadi.eus. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de licencias de uso de revistas de la editorial Elsevier. c) Lote: No. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22200000-2. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sujeto a regulación armonizada. 4. Valor estimado del contrato: 2.022.469,22 € (sin IVA). 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.022.469,22 € (sin IVA).. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 27/02/2017. b) Fecha de formalización del contrato: 21/03/2017. c) Contratista: Ebsco Subsription Services España, S.L.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 2.022.469,22 € (sin IVA). Vitoria-Gasteiz, 29 de marzo de 2017.- El Presidente suplente de la Mesa de Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia. ### RESUMEN: El Servicio Vasco de Salud contrata el suministro de licencias de uso de revistas de la editorial Elsevier a Ebsco Subsription Services España, S.L.U. por importe total de 2.022.469,22 de euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). b) Dependencia que tramita el expediente: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). c) Número de expediente: 003/12/MA/01. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Reparación estructural de los trabajos de pintura correspondientes, trabajos de mantenimiento correctivo y de la inspección periódica al helicóptero matrícula EC-DXH, modelo BO-105 de la flota del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía, con sus componentes y equipos anexos. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50211000 (Servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 27 de agosto de 2012 y DOUE: 23 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 200.500,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 200.500,00 euros. Importe total: 200.500,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 3 de diciembre de 2012. c) Contratista: 'Eurocopter España, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 200.500,00 euros. Importe total: 200.500,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única empresa presentada y cumplir con los pliegos de bases. Madrid, 3 de diciembre de 2012.- El Jefe de la División Económica y Técnica.

Mano de pintura a un helicóptero de la policia por importe total de 200.500,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). b) Dependencia que tramita el expediente: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). c) Número de expediente: 003/12/MA/01. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Reparación estructural de los trabajos de pintura correspondientes, trabajos de mantenimiento correctivo y de la inspección periódica al helicóptero matrícula EC-DXH, modelo BO-105 de la flota del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía, con sus componentes y equipos anexos. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50211000 (Servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 27 de agosto de 2012 y DOUE: 23 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 200.500,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 200.500,00 euros. Importe total: 200.500,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 3 de diciembre de 2012. c) Contratista: 'Eurocopter España, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 200.500,00 euros. Importe total: 200.500,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la única empresa presentada y cumplir con los pliegos de bases. Madrid, 3 de diciembre de 2012.- El Jefe de la División Económica y Técnica. ### RESUMEN: Mano de pintura a un helicóptero de la policia por importe total de 200.500,00 euros.